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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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24 Mayo 2019 04:00:00
Ingenuidad política
El presidente López Obrador cometerá un craso error si deja intactas las estructuras que permitieron a los gobernadores convertir a los estados en feudos personales y familiares como ocurrió en Coahuila durante el moreirato. Los mandatarios locales se le rinden por conveniencia, y en algunos casos por temor, no tanto persuadidos por las políticas de la administración federal, la cual los somete a la supervisión de los superdelegados, les recorta presupuesto y concentra el manejo de los programas sociales.

Los gobernadores aprovecharon la debilidad e indolencia de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto para apropiarse de los organismos teóricamente autónomos e imponer sus intereses y el de sus partidos sobre los del Estado. Las comisiones de derechos humanos y los institutos electorales, de acceso a la información pública, las fiscalías generales y los sistemas anticorrupción fueron desnaturalizados al integrarse con funcionarios y empresarios adictos al gobernante. Los ejecutivos estatales utilizaron a “sus” congresos para imponer agendas personales y blindarse contra investigaciones futuras.

Poner a Coahuila de ejemplo en materia de derechos humanos, como lo hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su reciente visita a Saltillo, constituye: o una declaración basada en la ignorancia o la ingenuidad política –en cualquier caso ofensiva para miles de familias afectadas por la barbarie registrada en el docenio moreirista– o, peor aún, un homenaje a Rubén Moreira, cuyo juego consistió en crear un montaje para ser reconocido como defensor del pueblo. ¿Ignora la funcionaria que los Moreira fueron denunciados por la Federación Internacional de Derechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Allende y en la cárcel de Piedras Negras?


Con el control de las legislaturas locales y otros contrapesos ficticios, los gobernadores eran –y son– absolutos. Apoderarse de los tribunales de justicia les permitió además convertirse en intocables. Coahuila es un ejemplo irrefutable. El Poder Judicial es uno de los reductos del tándem perverso, donde lo mismo cabe el exprocurador que obstaculizó las investigaciones por la deuda y las empresas fantasma, que pajes del poder, políticos vencidos en las urnas y juniors del clan.

Si las estructuras no cambian y los poderes Legislativo y Judicial siguen en manos de los gobernadores, la corrupción profundizará y extenderá aún más sus raíces. Frente a esa situación, el presidente López Obrador ha pedido que, en consonancia con la Suprema Corte de Justicia, los tribunales estatales se depuren a sí mismos. Para ello planteó la alternativa de darles “libertad, autonomía, o que el Poder Judicial en los estados se rebele. La libertad no se implora, se conquista”, sentencia.

Las asambleas legislativas y las instituciones encargadas de impartir justicia no pueden estar subordinadas al Poder Ejecutivo, dijo el 30 de abril en Palacio Nacional. «(…) sería muy bueno que los presidentes de los tribunales superiores de justicia no fuesen empleados de los gobernadores”. Sin embargo, esperar que los ejecutivos locales liberen a los otros dos poderes de su yugo, es también una ingenuidad. Si el presidente López Obrador se desentiende de los estados, como previamente lo hicieron Fox, Calderón y Peña, el compromiso principal de la Cuarta Transformación, de combatir la corrupción, devendrá en engaño.
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