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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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01 Junio 2020 04:05:00
Derecho al pataleo
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Si la situación financiera de los estados y municipios ya era de por sí difícil, la pandemia de coronavirus la volvió angustiante. Los tiempos cuando Humberto Moreira regalaba de un plumazo cientos de millones de pesos a una de las firmas cerveceras más poderosas del país (hoy propiedad de extranjeros) para construir un estadio de futbol, o para remodelar un parque de beisbol y adquirir títulos con cargo al erario, no volverán jamás.

Lo que subyace tras la demanda de un grupo de gobernadores para renovar el pacto fiscal es el gasto discrecional e irresponsable de gobiernos anteriores y presentes.

Reunidos el 22 de mayo en Parras de la Fuente, siete gobernadores (dos del PRI, dos del PAN, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PRD y uno independiente) ratificaron el acuerdo de presentar una controversia constitucional contra la Ley de Coordinación Fiscal, vigente desde 1978. El proceso será largo y difícilmente la Corte modificará su contenido.

Lo procedente es revisar el pacto con Hacienda y llevarlo al Congreso para convertirlo en ley, lo cual, dados los tiempos, no sucederá en la actual legislatura, cuyo periodo terminará el 31 de agosto del año próximo. El presidente López Obrador ya había tratado tangencialmente el asunto, pero en la rueda de prensa el 25 de mayo fue al grano y abrió la posibilidad de analizarlo.

Los estados –dijo– reciben puntualmente las transferencias federales, sin que los gobernadores tengan “que andarle haciendo la barba a ningún funcionario”. Para AMLO, sin embargo, el movimiento de los mandatarios locales –al cual no se han sumado dos estados clave: México y Ciudad de México– es electoralista.

Cuestionado sobre la oportunidad para revisar el convenio fiscal en medio de la pandemia, AMLO advirtió que no lo es. “Como estamos ya en víspera de las elecciones, ya se agarran banderas. (…) no se vale que digan que no tienen recursos porque la Federación no les entrega los recursos (…) sí, hay una situación difícil, pero eso afecta a todos, al Gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales (…), al pueblo, a todos”.

Frente a la emergencia financiera, la receta del Presidente es la austeridad: compactar la Administración, reducir sueldos, dejar de rentar aviones y helicópteros para el traslado de funcionarios.

En el país hay exceso de regidores, y en municipios como Acapulco llegan a ganar hasta 200 mil pesos mensuales, señaló el Presidente.

Pero también existen estados donde se pagan ejércitos de guardaespaldas para proteger a exgobernadores, exprocuradores y exfuncionarios acusados de desviar recursos y de haber pactado con la delincuencia organizada. Algunos de ellos son ahora diputados, magistrados o gozan de exilios dorados mientras a la población le faltan servicios esenciales.

La otra fórmula de AMLO es “que no haya corrupción, que no haya lujos (…), reducir el costo del Gobierno al pueblo y liberar fondos para el desarrollo, para las obras, para los servicios públicos”. En ese sentido, organismos como la Academia Interamericana de Derechos Humanos de Coahuila, creada para tender cortinas de humo, lavarle la cara a exgobernadores acusados ante la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad, inflar egos y satisfacer vanidades, absorben más de 40 millones de pesos anuales, necesarios en salud y otros sectores prioritarios.
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