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Carlos Ramírez
Carlos Ramírez
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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país.

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20 Enero 2019 04:00:00
EZLN 25: Hubo una vez una guerrilla en México
Luego de una guerrilla que tambaleó al sistema institucional en 1994, de tres derrotas presidenciales del PRI y de tres victorias presidenciales de la oposición --dos de la derecha y una del populismo--, México parece haberse quedado en el vacío político del mismo sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional de perfil priísta.

Han pasado 25 años, un cuarto de siglo, cuatro gobiernos sexenales, el quinto que comienza… y las cosas siguen igual; o mejor: han empeorado porque precisamente no han cambiado. En 1994 se anunció la peor ruptura institucional, se pugnó por una transición a la democracia tipo España y hasta corrió el rumor de una guerra civil.

Los peores augurios no se cumplieron. El alzamiento guerrillero zapatista el 1 de enero de 1994 de manera paradójica facilitó una alternancia presidencial a la derecha: el PRI perdió la presidencia en el 2000 después de 71 años de regentearla, el PRI regresó a la presidencia en el 2012 luego de dos gobiernos del PAN y en el 2018 ganó las elecciones el candidato populista-expriísta Andrés Manuel López Obrador.

El EZLN zapatista, formado por ex guerrilleros de los setenta asentados en el estado lejano de Chiapas, resultó una fugaz esperanza frustrada. Después de la ruptura en el PRI en 1987 con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas --hijo de uno de los presidentes más venerados por el PRI, Lázaro Cárdenas--, las elecciones de 1988 decepcionaron a muchos: el resultado no fue creíble, pero el PRI controlaba las instituciones e impuso la victoria cuestionada de Carlos Salinas de Gortari. Con habilidad, Salinas reconstruyó el PRI y recuperó en las elecciones de 1991 las posiciones legislativas perdidas. En ese sexenio México firmó el tratado comercial con los EE. UU. y Canadá y reactivó la economía.

El pronunciamiento guerrillero del EZLN y su jefe el subcomandante insurgente Marcos el 1 de enero de 1994 sorprendió al país y al mundo, pero no por el hecho de ocurrir porque ya habían surgido muchos otros grupos guerrilleros. Lo que llamó la atención fue la imagen fresca, simpática y humorística de Marcos y la respuesta no autoritaria del gobierno de Salinas.

El EZLN declaró la guerra al ejército federal, anunció que avanzaría desde San Cristóbal de las Casas, a 750 kilómetros, hasta el Palacio Nacional en la capital de la república y exigiría la renuncia del presidente Salinas para imponer un nuevo gobierno popular; hasta aquí la versión castrista-cubana de EZLN.

La guerrilla, sin embargo, avanzó poco: a diez días de la declaración de guerra, los guerrilleros fueron frenados por el ejército en el mercado de Ocosingo, un municipio a 150 kilómetros de la capital estatal Tuxtla Gutiérrez. Luego de una sangrienta batalla, los guerrilleros fueron replegados y el gobierno de Salinas enfrentó la decisión de fuerza: perseguirlos y aplastarlos con más batallas y más muertos o abrir una negociación de paz. La salida fue la paz.

Con esa decisión, el sistema político priísta neutralizó la guerra y le quitó la bandera política a la guerrilla. El EZLN se sentó a negociar una agenda indígena que nada tenía que ver con el cambio de régimen y el gobierno priísta garantizó la institucionalidad. El ambiente se enrareció más con el asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo y en las elecciones presidenciales de agosto ganó el PRI casi sin impugnaciones de fraude; el miedo había regresado al PRI a la sociedad irritada.

El año de 1994 mostró una guerra de estrategias, personalidades y enfoques políticos entre el presidente Salinas de Gortari y el líder guerrillero Marcos, el primero forjado en el ejercicio del poder y el segundo solo en el espacio mediático de los comunicados escritos. Marcos abandonó la reforma de régimen, se centró en la agenda indígena, negoció una paz que le impide a la fecha regresar a las armas, fracasó en su intento de aprobar el concepto de naciones indígenas en la Constitución, perdió su carisma en el 2000 cuando arribó a la Ciudad de México protegido por policías y militares a los que había combatido y decidió defender agendas radicales de lucha por la tierra de grupos minoritarios.

Marcos fue un universitario que pasó a la guerrilla en Chiapas en los ochenta, cuando ya los grupos guerrilleros habían sido aplastados por fuerzas de seguridad. Su formación ideológica fue castrista, cubana, foquista, sin cuadros políticos con formación política, en tiempos en que el Partido Comunista Mexicano había abandonado la línea de ruptura institucional y se había legalizado en 1978 para participar en la lucha partidista, electoral y parlamentaria.

Con un buen impacto de imagen, Marcos potenció su figura individual, no supo liderar los grupos disidentes, nunca se entendió con el PRD como la fuerza partidista fusionada de excomunistas y expriístas, no se interesó por construir un partido y en las elecciones presidenciales de 1994, 2000, 2006, 2012 y 2018 se encerró en la selva chiapaneca repudiando el institucionalismo. A pesar de que nunca entregó las armas, tampoco optó por reactivar la guerra guerrillera.

El escenario político mexicano cambió por Marcos, pero Marcos nunca pudo darle un nuevo sentido político al sistema priísta. Casi de modo autopoiético, el régimen priísta se autorreformó hacia la democratización institucional y controlada, ya sin una izquierda socialista o armada. La última foto en diciembre mostró a un Marcos pasado de peso, ya sin municiones verbales dialécticas en su discurso. La victoria populista de López Obrador lo marginó más de la lucha abierta.

México cambió mucho en 25 años por Marcos pero sin Marcos. El péndulo derecha (PAN)-centro (PRI)-populismo (PRD-Morena) exhibe la institucionalización política que tuvo en la guerrilla de Marcos y el EZLN el detonador definitivo. Pero México sigue siendo el mismo con el priísmo estilístico de López Obrador.


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@carlosramirezh
18 Enero 2019 04:00:00
Estrategia de seguridad y GN, sin memoria de lo prometido en 2008
La revisión de todos los discursos ayer en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para aprobar la ya aprobada Guardia Nacional fue el tercer déjà vu en clave de dos fracasos anteriores: El Acuerdo de Seguridad del 21 de agosto de 2008 por el caso Martí y las promesas del 14 de octubre del 2011 por el caso del hijo del poeta Javier Sicilia.

Las dos crisis de seguridad que movilizaron a la sociedad mexicana para exigir resultados ocurrieron durante el sexenio panista de Felipe Calderón y sobre todo a lomo de su estrategia de seguridad al lanzar a las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas policiales en contra de los cárteles del crimen organizado. Con Peña Nieto estalló la crisis de Ayotzinapa y denuncias de abuso de fuerza, pero no llevaron a un replanteamiento de su estrategia continuista porque se trataron en ministerio público.

La reunión más importante fue la del 2008 porque marcó dos puntos clave: la aprobación de un plan de modernización de la justicia policial y penal y la maldición del empresario Alejandro Martí, padre del joven asesinado, de que “si la vara está muy alta y no puede, renuncien”.

En el gobierno lopezobradorista, el Plan de Paz y la creación de la GN carecieron de un diagnóstico de crimen y la situación del aparato de justicia y sobre todo sin una evaluación crítica del fracaso del Acuerdo de 2008 en el que estuvieron involucrados muchos de los políticos y funcionarios hoy en el poder. Inclusive, el propio López Obrador, en el 2008 en confrontación contra las instituciones y con el cargo de presidente legítimo, afirmó que las propuestas de Calderón eran cuestionables y agregó que “en esencia prepone un nuevo modelo policiaco”, “es pura faramalla” y para ir a fondo entonces debería “cambiar la política económica” --que hoy es la misma del gobierno de AMLO-- y destituir “cuando menos” al secretario de Gobernación (Juan Camilo Mouriño) y al de Seguridad Pública (Genaro García Luna).

Pero lo interesante y novedoso del Acuerdo del 2008 fue no sólo propuestas de reorganización, sino que se le dieron plazos calendario muy precisos: de los 74 compromisos con fechas de realización, apenas se atendieron los más fáciles; los demás quedaron en el limbo burocrático. Y pese al reclamo del poeta Sicilia por el asesinato de su hijo en un conflicto de cantina que el muchacho no inició pero que enardeció a sicario, Calderón y Peña Nieto se olvidaron de sus promesas.

En acuerdo del 2008 fue exacto:

--4 meses para modelo de control de confianza.

--1 año para centros de control de confianza.

--1 año para evaluación permanente de funcionarios de seguridad.

--6 meses para un sistema nacional de desarrollo policial.

--2 años para un sistema de desarrollo de ministerios públicos locales.

--6 meses para apoyar a estados y municipios con crisis de seguridad.

--6 meses para acabar con narcomenudeo.

--18 meses para fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra Delincuencia Organizada.

--6 meses para una estructura contra el lavado de dinero.

18 meses para fortalecer ministerios públicos federales.

--6 meses para red de atención a víctimas.

--6 meses para controlar celulares.

--3 meses para estructura de denuncias contra la corrupción.

--6 meses ara un sistema único de información criminal.

--Y, entre otras, 2 meses para la creación de un observatorio ciudadano para vigilar el cumplimiento de los compromisos.

Nada se hizo y la inseguridad escaló por el fracaso de lo que se prometió arreglar.

El diagnóstico del 2008 reconoció el fracaso del Estado y “el deterioro institucional y estructural, el “alto grado de impunidad” y, lo más grave, “el control territorial” de grupos criminales sobre territorios de la soberanía del Estado.

Este diagnóstico de 2008 y los compromisos asumidos apabullan la estrategia del gobierno entrante de centrar el éxito de su estrategia en la Guardia Nacional con personal de policía militar y policía naval, porque el problema es de estructuras policiales, de seguridad, del Estado y de la sociedad que protege a criminales.

Los compromisos del 2008 revelaron lo inservible de la estructura de seguridad, justicia y penal y la Guardia Nacional será sólo un organismo operativo en vigilancia y persecución de delincuentes. Paradójicamente, el modelo de la GN y el Plan de Paz se parece al que López Obrador en 2008 calificó de modelo policiaco calderonista, sin contenido social, sin reorganización del Estado y sin programas sociales efectivos y no solo asistencialistas.

Peor aún, el Plan de Paz de López Obrador es menor al Acuerdo de Calderón, aunque con las pruebas de que el del 2008 fue demagógico y se abandonó apenas firmado.

Y si la bancada de Moderna llevo la consigna presidencial de aprobar la GN, la oposición resultó mediocre porque un pudo hacer una revisión crítica de lo prometido en 2008 y 2011 ni exigió rendición de cuentas de lo fracasado.

Política para dummies: La política que no revisa sus errores está condenada a… acumular fracasos.

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@carlosramirezh
17 Enero 2019 04:00:00
La Guardia, ineficaz; la clave de seguridad está en la inteligencia
Los debates sobre la configuración real y formal de la Guardia Nacional servirán para la construcción de otro cuerpo operativo contra la inseguridad; sin embargo, la clave para abatir al crimen organizado y desorganizado se encuentra en un territorio abandonado por el Estado o usado para menesteres políticos de facciones: la inteligencia como acopio y procesamiento de información.

El error de todos los gobiernos posteriores a la crisis del 68 e incluyendo al de López Obrador consiste en el enfoque ingenuo sobre los enemigos del Estado: sólo el pueblo salva al pueblo; pero el pueblo, sin el dominio ideológico de los valores sociales de la Revolución Mexicana, se volvió mezquino, para decir lo menos.

El Estado debe seguir siendo el factor de equilibrio social, pero al mismo tiempo prepararse para combatir a organizaciones sin reglas ni escrúpulos en todos los niveles de la criminalidad. La ofensiva contra los huachicoleros es un ejemplo: el gobierno cerró la válvula del producto, pero afectó a la sociedad consumidora de gasolinas y de paso no se ha decidido a procesar a las decenas de bandas y sus protectores políticos y económicos. La razón: el gobierno desconoce esa organización criminal como estructura de poder.

La Guardia Nacional debe ser una cuarta parte de la estructura de seguridad del Estado; otras dos son igualmente importantes: la estructura militar operativa y la estructura civil-política; pero la cuarta es decisiva: la inteligencia como acopio y procesamiento de información criminal, civil y política de los adversarios o enemigos del Estado.

La estrategia de seguridad de López Obrador se ha centrado en la GN y cometió el error de someterla a consenso social y legislativo donde predomina una mayoría antisistema y antiestado. Salga lo que salga esta semana en la Cámara de Diputados sobre la GN, la estructura de la Guardia estará acotada por los remiendos.

La única posibilidad de que el gobierno lopezobradorista logre abatir al crimen organizado y desorganizado será con una estructura de inteligencia. El Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) fue un organismo maldito del gobierno, todos lo usaban y nadie le daba su utilidad real. El gobierno de López Obrador lo desmanteló y lo redujo a Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, a labores policiacas.

Las organizaciones criminales organizadas y desorganizadas son bandas que luchan contra el Estado. Y en el caso de los huachicoleros, el CNI retrocedió del espacio político de Gobernación al policiaco de la Secretaría de Seguridad y se le entregó al general Audomaro Martínez Zapata, un militar ya distante de las doctrinas de seguridad del ejército y del Estado y sometido al control del presidente López Obrador. Su principal contradicción radica en asumir las tareas del CISEN-Gobernación para la seguridad del Estado, pero como CNI-SSPC para acotadas tareas de seguridad pública.

La nueva política de seguridad carece de una estructura de centralización de políticas y decisiones. Es decir, se trata de una estrategia que no es estrategia.

En el fondo, la crisis de seguridad, el debilitamiento del Estado, la complicidad institucional con las bandas criminales, los acotamientos a la respuesta gubernamental de seguridad y los miedos a efectos colaterales civiles han creado limitaciones a la política gubernamental de seguridad y han beneficiado a los criminales.

A México le llegó la hora de profesionalizar su seguridad. Hace falta un Consejo de Seguridad Nacional, una Agencia Central de Inteligencia, una Agencia de Seguridad Nacional y, sobre todo, como en los Estados Unidos, una Dirección Nacional de Inteligencia que coordina a las 17 oficinas civiles y militares que conforman la oficialmente conocida comunidad de inteligencia.

En México existen varias oficinas de inteligencia: la militar, la naval, la aérea, la policiaca, la política y la financiera, pero persiste la carencia de una oficina que centralice la información. Todos los presidentes le han tenido miedo a la centralización de las labores de inteligencia, pero esos temores han llevado a la ausencia de información para la seguridad del Estado. La inteligencia política de Gobernación fue destruida por Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, cuando la Federal de Seguridad se vio involucrada en el asesinato del columnista Manuel Buendía y, sobre todo, cuando sus jefes aparecieron protegiendo a los primeros cárteles del narcotráfico con credenciales de la DFS firmadas por el propio secretario de Gobernación.

De poco servirá la GN como Frankenstein civil-militar si no va acompañado de un servicio de inteligencia articulado. La actual Policía Federal y la Gendarmería han demostrado su incapacidad por quedarse en lo operativo por tener servicios ineficaces de inteligencia. Sin inteligencia, la GN será otra policía grandotota.

Política para dummies: La política es inteligencia como reflexión, pero es más inteligencia como acopio de información privilegiada.

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@carlosramirezh
16 Enero 2019 04:00:00
Sin ley de seguridad interior, el Plan de Paz de AMLO fracasará
Los militares fueron llamados a labores de apoyo a la seguridad pública en diciembre de 2006 cuando los civiles habían fracasado: Policías, jueces, funcionarios de los tres niveles y hasta medios formaban parte de la estructura de poder del crimen organizado. López Obrador afirmó primero que los militares regresarían a sus cuarteles y luego propuso la formalización de la participación militar en seguridad pública.

La iniciativa lopezobradorista para la creación de una Guardia Nacional con efectivos y mandos militares se aprobó en las comisiones legislativas y se desaprobó en las audiencias públicas. Estas vacilaciones gubernamentales responden a la falta de una doctrina de seguridad del Estado que debiera ser el principio rector de los gobiernos. El movimiento estudiantil del 68 demostró la disminución de la legitimidad del Estado, sin espacios de apertura democrática para la disidencia y la oposición.

El procedimiento de participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública (Calderón y Peña Nieto) y ahora con López Obrador se ha hecho sin ningún método. Antes de enviar a militares y marinos a combatir delincuentes, el gobierno como Estado debió haber definido primero tres principios rectores: Una doctrina de seguridad interior, una ley de seguridad interior y una doctrina de defensa nacional.

Las estrategias de seguridad de Calderón, Peña Nieto y López Obrador han sido improvisadas. El punto más sensible fue el repudio del candidato López Obrador a la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública y la decisión del presidente López Obrador, luego de recibir de los militares información de inteligencia del tamaño del problema de la inseguridad, de profundizar la militarización de las fuerzas de seguridad. Lo malo del gobierno actual fue su impreparación para defender la iniciativa de la GN y de su Plan de Paz.

López Obrador, la renacida Secretaría de Seguridad y el Plan de Paz no funcionarán si antes no se resuelve el problema conceptual-político-de poder de la seguridad interior, un concepto que viene de la Constitución de Cádiz de 1812 y que se reproduce en las tres constituciones aprobadas en el Congreso. La clave en este concepto radica en que el escalamiento de capacidad ofensiva y de corrupción de los grupos criminales ha convertido la seguridad pública del ciudadano en un tema de seguridad interior del estado.

Si el gobierno de López Obrador no le entra a la reglamentación de la seguridad interior, su plan carecerá de posibilidades de ganar la lucha contra la delincuencia, con o sin GN y con o sin fuerzas armadas. Hay, cuando menos, tres esfuerzos de fijación de los principios de seguridad interior.

1.- EL Glosario de Términos del Colegio de Defensa Nacional de la Sedena, que forma parte del cuerpo doctrinario educativo de los militares, dice:

“Función del Estado, de velar por la seguridad y el orden interno manteniendo así el imperio de la Constitución y demás leyes que de esta emanen, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación; obteniendo y controlando actos antisociales o contra el Estado, llevadas a cabo por personas o grupos transgresores de la ley, cuya actuación delictiva se encuentra previsto por las leyes del fuero común y federal”.

2.- El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto asumió los considerandos militares:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

3.- El Plan de Paz de López Obrador contiene un primer párrafo que podría decirse que asume puntualmente el concepto del Estado-Leviatán de Thomas Hobbes de 1651 que fundó la teoría del Estado-autoridad:

“La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: El pacto básico entre este y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.

Sin doctrina, ley y definiciones legales de seguridad interior, la seguridad pública seguirá al garete.

Política para dummies: La política es el ejercicio del poder legitimado ante poderes ilegítimos.


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@carlosramirezh
15 Enero 2019 04:00:00
La Guardia Nacional será otra PF; su mando, a los civiles que fallaron
1.- Las vacilaciones, los avances y retrocesos y la falta de confianza en su propio proyecto llevaron al presidente López Obrador a fracasar su propuesta-eje de seguridad pública: La Guardia Nacional.

2.- Se dijo desde el principio: Las consultas y audiencias públicas sirven para fortalecer una decisión ya tomada o como pretexto para destruirla.

3.- La decisión presidencial durante las audiencias cambiaron el sentido original. El Gobierno federal cedió en las tres partes fundamentales que le darían al nuevo cuerpo la fortaleza que perdieron las instituciones de seguridad en doce años de lucha contra el crimen organizado y treinta y cinco años desde que estalló la crisis en 1984 con la revelación de los mariguaneros en el campo y el asesinato del columnista Manuel Buendía, cuando se disponía a publicar datos de las complicidades oficiales con los cárteles.

4.- Los cuatro retrocesos dejaron las cosas como estaban antes del compromiso presidencial de la GN: Mando civil de la GN a pesar de que el comisario general actual de la Gendarmería es un marino, fragmentación de competencias institucionales para no quitarles el poder y acceso a recursos presupuestales a gobernadores y alcaldes, demasiados controles que llevarían al nuevo cuerpo a operar evitando recriminaciones y no combatiendo al crimen organizado y exclusión de los superdelegados federales de temas de seguridad, dejándole a gobernadores y alcaldes manos libres en ese tema.

5.- El mando civil a la GN no haría más que regresar al modelo fracasado de policía federal con mando civil.

6.- El problema operativo mayor estará en la incorporación de severos policías militares y navales como parte fundamental de los efectivos de la GN, pero ponerlos ahora bajo el mando de un civil acotado por las restricciones prioritarias y funcionamientos burocráticos.

7.- A pesar de que las quejas, sentencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las fuerzas de seguridad civiles-militares desde 2007, han sido proporcionalmente menores al total de efectivos desplegados, número de operaciones desarrolladas y desarticulación del crimen organizado con la mayoría de sus cabecillas muertos, presos o extraditados. Con la GN el congreso privilegió el respeto vigente a garantías y derechos por encima de la capacidad criminal de las bandas delincuenciales.

8.- La GN era el eje del Plan de Paz del gobierno del presidente López Obrador porque anunciaba una fase de ofensiva contra la delincuencia en general --carteles de narcos y bandas delictivas en otras especialidades-- aprovechando el entrenamiento de las policías militar y naval en tareas de investigación y confrontación, pero con mando civil el espíritu castrense de disciplina, lealtad y valores no será utilizado porque los efectivos castrenses tendrán que descender a los niveles de policías federales preventivos.

9.- El debate sobre la militarización de la GN fue falaz porque en la conformación de la Policía Federal y en la Gendarmería ya había habido un traslado de policías militares a labores de seguridad civil.

10.- El debate sobre violaciones de derechos humanos por efectivos militares en operaciones del 2006 al 2018 fue menor en cifras con respecto a la estridencia mediática. De 10 mil 637 quejas presentadas en dos sexenios, la CNDH concluyó apenas 133 recomendaciones de casos investigados y probados (1.2%), sobre un total de casi 215 mil efectivos militares y sólo 45 mil asignados a la lucha contra el crimen organizado civil. La estridencia de la CNDH magnificando casos ha servido sólo para posicionar en escalas burocráticas a su presidente Luis Raúl González Pérez --ahora busca la rectoría de la UNAM-- y para ocultar su incapacidad para defender a la sociedad ante el abuso policiaco a costa de debilitar a los organismos de seguridad. Hay una correlación entre las denuncias de la CNDH contra el aparato de seguridad y el aumento de la inseguridad en zonas acotadas por disminución de operatividad.

11.- Del asesinato del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984 al 10 de diciembre de 2006 que arrancó la guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico usando fuerzas militares en nombre de la seguridad interior, el crimen organizado se había asentado en zonas territoriales de la soberanía del Estado nacional y gobernaba municipios y hasta estados en su totalidad y lo hacía con la complicidad de políticos, funcionarios, policías y la misma sociedad. Hoy, doce años después de esa guerra, el Estado recuperó esos territorios, encarceló y deportó a capos y desarticuló los carteles.

12.- López Obrador tuvo muchas oscilaciones respecto a la seguridad y avanzó-retrocedió en materia de la GN. Su propuesta de nuevo cuerpo con efectivos militares en labores de seguridad policiaca fue audaz y era el paso necesario para una nueva fuerza de seguridad; sin embargo, aceptar el mando civil limitar la acción federal demeritará la autoridad del próximo jefe civil policiaco de la GN.

Política para dummies: La política se mide por sus resultados, y los medios sólo sirven para saber en qué se fracasó.

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@carlosramirezh
14 Enero 2019 04:00:00
Guardia Nacional paga descuidos, errores y contradicciones de AMLO
El presidente López Obrador, la creación de la Guardia Nacional y el papel preponderante en su arranque de mandos militares están pagando los errores, contradicciones, descuidos y costos del discurso de campaña del candidato López Obrador: se comprometió que los militares regresarían a sus cuarteles y acusó a las fuerzas armadas de represoras. Ese discurso ha empedrado el camino de la GN con mando y cuadros militares como el único camino en la nueva estrategia de seguridad,

Los opositores a la GN con mandos militares han usado las argumentaciones del candidato López Obrador. Sin embargo, el presidente López Obrador posee información estratégica que concluye que las fuerzas armadas son las únicas con capacidad, entrenamiento y valores para construir un nuevo cuerpo de seguridad preventivo y operativo contra el crimen organizado.

La organización de las audiencias públicas fue otro error estratégico porque los sectores favorables a la creación de la GN han perdido la batalla semántica y política contra quienes de manera estridente se oponen a ese cuerpo. Lo paradójico es que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados está obligada a aprobar la iniciativa presidencial, pero a la hora de las discusiones serias los morenistas apoyan a los opositores.

La creación de la GN tiene tres puntos inevitables:

1.- No será un cuerpo de adorno, sino que formará parte de una política de Estado. Por tanto, no puede ser sujeto a simpatías. Luego del fracaso de la policía judicial, la policía federal y la gendarmería, la lucha contra el crimen organizado y desorganizado --cárteles, bandas y delincuencia al menudeo--, la única salida será la de la GN. Pero si por esa prioridad de Estado del gobierno de López Obrador carece de apoyo de sus propios aliados, entonces lo que salga de la Cámara de Diputados será un remedo de cuerpo profesional de seguridad. Lo que le queda al gobierno es repetir el numerito de la consulta tramposa sobre el aeropuerto para que la consulta sobre la GN gane sobre sus opositores.

2.- La militarización de la seguridad pública es un discurso tramposo. Los militares que participan en apoyo a labores de seguridad dependen directamente del mando civil superior: el presidente de la república, además de que sus errores y excesos son castigados por la autoridad civil. Lo que aportan los militares es experiencia, enfoques estratégicos, principios de seguridad, disciplina y valores patrióticos. Los militares, por el fracaso de la seguridad civil, representan la última línea de defensa del Estado y de la sociedad ante el poder criminal, armado y corruptor de la delincuencia.

3. La oposición de gobernadores al mando civil en la GN tiene que ver con el hecho de que el nuevo cuerpo de seguridad acabaría con el negocio de los recursos de seguridad, las complicidades con el crimen organizado y el poder absoluto de los mandatarios estatales como verdaderos Califas. El fracaso estatal y municipal de la seguridad se le debe acreditar a los gobernadores y alcaldes. El caso del huachicol, por ejemplo, involucra complicidades de funcionarios, empleados y trabajadores de Pemex y autoridades estatales y municipales. La creación y funcionamiento de la GN implicaría una redistribución del poder a favor de la federación y en contra de los Califas estatales y municipales.

Por más popular que quiera ser un gobierno, hay decisiones de Estado que escapan de la consulta al pueblo. Pero con la circunstancia agravante de que la presencia de militares en labores de seguridad pública ha sido aplaudida, consolidada y apoyada por la sociedad en los territorios ocupados o dominados por las bandas del crimen. La indisciplina, desorganización, actos de corrupción, bajo armamento y escasez de recursos contribuyeron a la ineficacia en las acciones de la policía federal y la gendarmería.

Por tanto, el debate sobre la GN nada tiene que ver con los derechos humanos, sino que su trasfondo afecta inclusive el financiamiento público a organizaciones no gubernamentales que operan como complicidad formal o informal. La exigencia de un mando civil inicial en la GN va a beneficiar a las bandas delincuenciales, a los poderes estatales y municipales y a las propias ONG’s, porque el nuevo cuerpo nacería con un mando débil, politizado e ineficiente, porque en estos doce años de inseguridad creciente el gobierno y el Estado no pudieron crear cuadros policiales directivos civiles con capacidad y liderazgo.

Y al final de cuentas, la GN no será un cuerpo de seguridad como poder autónomo, sino que dependerá en sus funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en última instancia del Presidente de la República como jefe de gobierno y su funcionamiento tendrá que acatar no sólo la vigilancia crítica de sociedad y medios, sino de los poderes legislativo y judicial.

Si la GN no nace o surge mutilada, habrán ganado los malos.

Política para dummies: La política es el arte de enredar lo sencillo, pero para obtener beneficios y no para perder lo ganado.

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@carlosramirezh
13 Enero 2019 04:00:00
Cuba: Lo que nunca fue
A lo largo de 66 años --desde el asalto al Cuartel Moncada-- y 60 como gobierno Cuba ha sido más bien una nostalgia de lo que no fue; y peor, de lo que siempre se supo que no sería, pero que había que mantener como un contrapeso ideológico de lo que pudiera ser.

Tres datos, entre muchos:

1.- En su famoso discurso “Condenadme, no importa, la historia le absolverá”, el jefe guerrillero Fidel Castro hizo una apología de la lucha por la democracia occidental ante la dictadura de Batista. En enero de 1959 Castro se apoderó del gobierno, se lo heredó a su hermano Raúl en el 2006 y en el 2018 Raúl Castro puso a un regente al frente de la presidencia cubana.

2.- Mientras en la Plaza de la Revolución en julio de 1959 había una fiesta para celebrar desde el poder el aniversario del inicio de la revolución con el asalto al Cuartel Moncada, en el Palacio el guerrillero Camilo Cienfuegos, tímido, avergonzado y disciplinado, arrestaba al comandante Hubert Matos por haber señalado que Fidel Castro iba a instaurar el comunismo en Cuba bajo el discurso de la democracia. Por cierto, en esa fiesta en la Plaza estaba el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, defensor de la revolución cubana.

3.- A mediados de 1961, para justificar un acto de censura cinematográfica que se extendió a la censura literaria, Fidel Castro pronunció su frase más revolucionaria: “Con la revolución, todo; contra la revolución ningún derecho”. Ahí nació el control de la creación intelectual que llevaría a intelectuales pro Castro en 1971 a romper con la revolución por el arresto del escritor Heberto Padilla. Esta historia en 1971 tendría un testimonio histórico: La novela realista Persona non grata, del escritor y diplomático chileno Jorge Edwards.

Cuba pasó de sueño a símbolo y derivó en pesadilla. Por eso sus excesos casi no importaban. Fidel Castro representó la posibilidad tropical de un comunismo diferente al soviético, en América más bailador y sentimental que el burocrático de Moscú, aunque los dos igualmente dañinos como utopía. A Fidel le perdonaron todo: desde su concepción dictatorial de la realidad y las decisiones de gobierno, hasta su negociación secreta con la Casa Blanca para seguir existiendo después del fracaso de la crisis de los misiles en octubre de 1962.

El problema en América radicó en la inexistencia de una alternativa a la lógica capitalismo estadunidense-comunismo soviético. El eurocomunismo de los setenta no pudo consolidarse como proyectos de gobierno y el socialismo de derechos sociales --la verdadera izquierda nacida en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa-- devino en socialdemocracia de mercado. En América el socialismo de instituciones ni siquiera ha llegado a socialdemocracia y se ha ahogado en populismos redentores de caudillos terminales.

Nadie esperaba ya un recuerdo simbólico de Cuba el pasado 1 de enero. En términos institucionales, Cuba perdió el simbolismo como revolución alegre en 1971 con el caso Padilla y la ruptura con intelectuales y medios y se convirtió en el Estado cubano con más vicios que virtudes. En el 2003 la ruptura de José Saramago con el socialismo autoritario cubano fue el último paso hacia la deslegitimación moral de la revolución guerrillera de 1953-1959.

Cuba sigue existiendo como un punto de referencia del comunismo autoritario de Estado, pero ya no como ejemplo de una revolución popular de los pobres para conseguir el bienestar. Cierto: Cuba tiene el más alto índice de salud y educación, pero mantiene vivos y educados a los cubanos para lamentar la falta de empleo, oportunidades y bienestar. La revolución se agotó en la socialización de la pobreza, en la depauperación del pueblo y el aburguesamiento de sus líderes revolucionarios.

Los últimos apadrinamientos de la revolución cubana han terminado en un desastre social, político y económico: Venezuela y Nicaragua, los dos debido a la mano astuta de Fidel Castro. Venezuela se está deshaciendo como sociedad y como nación y Nicaragua se consolida de manera paradójica como una dictadura al estilo somocista; esas dos revoluciones fueron un sueño que terminó en pesadilla. Y aunque Castro no condujo el proceso chileno, sus consejos a Salvador Allende no lograron el experimento de un socialismo por la vía electoral-democrática.

El 66 aniversario del inicio formal de la guerrilla castrista y el 60 aniversario de la conquista del poder mostraron a una Cuba triste, sin futuro, dominada por el discurso castrista de que más vale vivir cubano pobre que cubano capitalista con desigualdades sociales. Lo significativo es que paulatinamente Cuba se abre más a la dinámica de mercado capitalista, aunque de manera vergonzante que más bien pudiera conducir a un capitalismo-comunista --un verdadero oxímoron-- que tampoco solucionaría las exigencias crecientes de libertad, democracia y mercado.

La Cuba de hoy no es la alegre de la guerrilla, del sueño de justicia y bienestar, de una nueva forma de democracia; los testimonios recientes de quienes han viajado a Cuba muestran un país anulado, pobre, cayéndose a pedazos, con una sociedad sumisa ante el poder y violando la ley con negocios individuales que han regresado ese individualismo egoísta que no debió de tener el nuevo hombre que vislumbró El Ché Guevara en 1965.

Lo que queda claro es que Cuba ya no es un referente del socialismo ideal, a pesar de que figuras importantes de la academia y la política sigan exaltando a Cuba como el ejemplo socialista, como tampoco lo son China o Corea del Norte. El 2018 se recordaron en silencio los cien años de nacimiento de Karl Marx. Sin embargo, la crisis general del capitalismo podría sentar las bases del rescate teórico del socialismo como contrapunto del mercado y pudiera alentar los avances en el diseño ideológico de un socialismo democrático, de mercado y de justicia social.


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@carlosramirezh
11 Enero 2019 04:00:00
Censura cuando periodistas atacan a periodistas para defender a políticos
Uno de los indicios que revela elementos de descomposición en los regímenes populistas y de caudillos se percibe en la poca resistencia a la crítica. Pero el asunto entra en los linderos de la censura autoritaria cuando periodistas atacan a periodistas para defender a políticos, sacándoles a éstos las castañas del fuego.

La prensa nada tiene que hacer defendiendo políticos y gobernantes. El uso de la prensa para que los políticos ataquen a periodistas y adversarios es una perversa herencia del sistema político priísta.

En un ensayo provocador de 1932, el comunista Paul Nizan --compañero entrañable de Jean-Paul Sartre-- atacó a los profesores de filosofía que defendían a los regímenes conservadores y los caracterizó como “los perros guardianes”; en los EE.UU. los periodistas que critican al poder se asumen como “perros vigilantes”. Han sido los dos extremos.

El columnista y editor digital Federico Arreola, que fue asesor del candidato López Obrador en las elecciones del 2006, rompió lanzas contra el columnista Ricardo Alemán, conocido como el más severo crítico de López Obrador. Alemán conoció al tabasqueño en los noventa en el edificio de La Jornada donde el tabasqueño tenía unas oficinas sin ser periodista y mantuvo relaciones nada agradables porque sus despachos colindaban.

Lo malo de Arreola, en una columna última publicada en el sitio de El Sendero del Peje, no fue defender al presidente López Obrador, sino atacar sin reglas y a mordidas al columnista Alemán y de paso regañar al periódico El Debate --una cadena de varios diarios en Sinaloa-- por publicar los textos de Alemán. El dato no debe pasar de largo: Ningún periodista tiene la autoridad política o moral para delimitar la sección de colaboradores de los diarios, y menos cuando se trata de diarios prestigiados, con años de lucha contra los abusos del poder y con formación de empresa privada.

El título de la columna de Arreola dibuja al autor: ¿por qué el miserable periodismo de El Debate contra López Obrador?; Arreola ataca al medio y no al columnista crítico. La connotación critica del adjetivo miserable no sólo es desproporcionadamente ofensivo, sino que hace asumir a su autor la defensa apasionada del presidente en turno. Lo que queda por indagar es el papel actual de Arreola con López Obrador, porque el presidente en funciones suele azuzar a sus aliados para criticar a sus críticos como perros de presa, como lo confirman los textos incendiarios del otro asesor funcional: Epigmenio Ibarra.

Toda la historia de credibilidad, lucha contra el poder y papel social responsable frente a sus lectores de los periódicos El Debate fueron desprestigiados por Arreola por el solo hecho de que esa cadena publica, en su derecho como empresa privada, las columnas de Alemán. Pero en lugar de criticar el contenido de las columnas de Alemán, Arreola utiliza el viejo esquema de desprestigiar al autor y al medio que lo hospeda. En realidad, Arreola carece de argumentos analíticos y periodísticos para refutar a Alemán y por eso se lanza contra su credibilidad.

Llamar “miserable periodismo” al que practica El Debate no es en realidad un insulto sino una expresión de impotencia intelectual, política y moral. Y se completa con la cadena, llena de resentimiento apasionado, de insultos del periodista Arreola al periodista Alemán; desquiciado, odiador, enfermo, perverso, lucrados, resentido, loco…, entre otros.

Lo mas grave de la columna Arreola es que está armada para presionar a El Debate para que despida a Alemán de sus páginas, en los mismos estilos que Alemán ha sido despedido de otros medios --El Universal, La Jornada, Milenio--: por el contenido periodístico crítico de sus textos. Es decir, un periodista (ex)asesor de López Obrador sale en defensa de López Obrador y pide que el autor de la crítica contra López Obrador sea corrido --ya no digamos despedido, en términos de ley-- de un periódico.

Los periodistas no deben estar inmunes a las críticas, inclusive con estilos similares a los que usan para criticar; la polémica entre comunicadores es una especie de vacuna contra los excesos y los abusos de la prensa. Pero la columna de Arreola recuerda los estilos usados por el poder en los tiempos priístas para anular, inhibir, cuestionar y acallar a la crítica. Hay que recordar los lenguajes y acciones de Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación del presidente De la Madrid para quitarle --una verdadera expropiación por razones de censura-- la revista Impacto a Mario Sojo por el contenido crítico de muchos de sus colaboradores.

Mal comienza el presidente López Obrador si permite abusos autoritarios de sus simpatizantes contra la crítica justo en los momentos en que en El Financiero afirmó que nada haría contra la libertad de expresión. Y aquí no opera el argumento de que Arreola se manda por sí mismo, porque su cercanía a poder lopezobradorista le confiere al columnista facultades plenipotenciarias.

Política para dummies: La política es el territorio del debate para evitar el uso de la fuerza autoritaria.


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@carlosramirezh
10 Enero 2019 04:00:00
Gasolina, huachicol, desabasto, negación y ¿chalecos amarillos?
Un aumento en los impuestos a las gasolinas en Francia inició en octubre del año pasado un masivo movimiento de protesta social contra el presidente Emmanuel Macron, escaló la violencia y tiene a las autoridades contra la pared. La movilización de los chalecos amarillos produjo ya la caída de un ministro y el propio Macron está tambaleándose.

Las gasolinas han sido un punto sensible en la economía y la estabilidad social de México. Se trata de un precio relativo conectado a otros precios por su uso en el transporte de alimentos. El candidato López Obrador hizo de su compromiso de bajar el precio de las gasolinas una de las banderas que le dieron muchos votos, pero el presiente López Obrador entendió la lógica económica y sólo pudo darles a los precios de combustibles una relación inflacionaria.

Cuando todavía no se apagaba en las benditas-malditas redes sociales las quejas amargas por el aumento inflacionario de las gasolinas --subir en el mismo porcentaje que la inflación nacional, una decisión improvisada, mediática, espectacular y sobrevendida en el discurso oficial --cerrar las llaves de ductos de gasolinas para evitar el robo de gasolina-- derivó en un desabasto lógico e inevitable. La negación oficial de derrumbo estrepitosamente cuando la falta de gasolinas ocurrió en la sensible Ciudad de México.

Ni la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, ni el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, salieron a encarar la crisis y el presidente López Obrador cometió el error estratégico en comunicación de centralizar las justificaciones con argumentaciones de la lógica elemental, cuando la crisis requería de la lógica dialéctica. El nuevo gobierno se ha sostenido en sus primeros treinta y cinco días con el nono político del candidato López Obrador. Lo significativo radica en el hecho de que López Obrador sabe muy bien el papel sensible de los energéticos en la vida cotidiana, sobre todo cuando en 1996 apoyó a campesinos a bloquear la entrada a pozos petrolero en Tabasco y provocar desabasto local y alzas de precios. Hoy al tabasqueño le tocó estar al otro lado de la mesa y padecer los efectos de decisiones que afectan la continuidad de los principales insumos nacionales.

Hasta hoy no existen indicios de que se esté gestando una protesta por las gasolinas como el Francia la organizada por los transportistas afectados por el alza en precios, pero de todos modos no tardarán en organizarse movilizaciones que lleven chalecos amarillos como símbolos de otras luchas. Las primeras organizaciones de protestas por decisiones del gobierno de López Obrador se realizaren en torno al aeropuerto internacional en Texcoco, pero todavía sin sumar seguidores.

El error en México no es el mismo que el de Francia, pero sus efectos en la sociedad han sido los similares. El hecho de que la crisis de disponibilidad de gasolinas haya sido motivado por compras adicionales ante el temor del agotamiento del combustible creó situaciones de violencia social urbana, de todo creciente de insultos al gobierno y de temores por los efectos adicionales en precios y disponibilidad de alimentos por escasez de gasolinas en el transporte de bienes.

La psicosis urbana ha formado parte ya de la estabilidad social en grandes conglomerados urbanos fragmentados políticamente. La normalización de la vida cotidiana tardará unos días adicionales al momento en que la gasolina logre en la Ciudad de México una sobre oferta para garantizar el consumo.

En todo caso, queda pendiente el efecto político en la estructura de gobierno. La primera gran decisión de la administración lopezobradorista en Pemex exhibió la incapacidad del director Romero Oropeza y de la secretaria Nahle García, quien se encontraba en un partido de futbol a la hora del estallamiento de la crisis de abasto y se dedico a repetir que no había desbasto ni compra de pánico cuando las gasolineras exhibían colas de kilómetros a la espera de surgir combustible y al llegar a las bombas les racionaron el producto. Las redes se han convertido en factores multiplicadores del pánico social.

En Francia el presidente Macron reculó y anuló los ajustes en precios de las gasolinas y pronto va a hacer una reorganización --otra-- de su gabinete ante la profundización de la crisis social derivada en crisis política. La protesta de los chalecos amarillos se potenció por el aumento en los precios de las gasolinas, pero de manera inmediata se engarzó con el descontento social y político y llevó a la exigencia de renuncia del presidente y a la petición de adelanto de elecciones.

Si el presidente López Obrador sigue centralizando en su figura y sus conferencias matutinas la crisis de abasto de las gasolinas, el efecto será negativo en su bono democrático. Una cosa es que haya ganado las elecciones por encabezar el hartazgo social contra el PRI, el PEN y el PR y otra que no tenga funcionarios capaces de manejar decisiones estratégicas.

Política para dummies: La política se creó para solucionar problemas, no para aumentar los que ya estaban ni crear nuevos.


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@carlosramirezh
09 Enero 2019 04:00:00
Guardia Nacional: La Policía Militar sin violación de derechos humanos
Si el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad es un candado contra los abusos del poder, también puede ser un indicio de institucionalidad. La Policía Militar que será el eje de la Guardia Nacional no tiene ninguna recomendación en materia de violación a los derechos humanos.

El dato no es menor: Casi 25 mil policías militares forman parte de la totalidad de efectivos militares. El cuerpo especial de la Policía Militar fue una decisión estratégica y con visión de seguridad interior del anterior general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda en noviembre de 2014, como contexto del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018.

A la distancia, la Policía Militar formó parte de la modernización de las fuerzas armadas y de la construcción de una estructura de control interno del Ejército; a mediados de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional creó su Dirección General de Derechos Humanos para adoctrinamiento de los efectivos en derechos constitucionales y para procesar quejas antes de llegar a los organismos civiles.

De acuerdo con datos reales, de 2007 a finales de 2018, los dos sexenios de la estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado, el sector militar acreditó más de 10 mil 600 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en la CNDH, apenas 151 involucraron a personal de la Policía Militar y ninguna ameritó recomendación de la CNDH por falta de evidencias o por aplicación a tiempo de correctivos militares.

La Policía Militar es uno de los cuerpos castrenses más efectivos en el mantenimiento de las leyes y reglamentos dentro del Ejército. Su profesionalización en 2014 con instalaciones propias fue un paso en la profesionalización del Ejército. El adiestramiento de sus efectivos es un poco diferente al de los soldados porque el orden interno en las fuerzas armadas es muy similar al civil: Respeto a la legalidad. Y no es tarea fácil cuando los soldados manejan armas.

La tarea más difícil en una sociedad organizada es el mantenimiento de la disciplina militar, con reglamentos y leyes aún más estrictas que las civiles. La participación de policías militares en la Guardia Nacional ayudaría a este nuevo cuerpo de seguridad a tener referentes concretos de disciplina interna como cuerpo policiaco, toda vez que los policías del sector civil carecen de entrenamiento en disciplina y son más propensos a la corrupción.

La participación de la Policía Militar en la Guardia Nacional le daría a la seguridad pública un nuevo enfoque estratégico con personal ya capacitado y entrenado en labores de vigilancia del cumplimiento de las leyes, a diferencia de los efectivos normales del Ejército que están capacitados para la confrontación con líneas claras de delimitación de derechos, pero rebasadas a veces en acciones operativas.

La formación educativa de los policías militares es especial, a diferencia de los policías civiles. El reglamento de la Escuela de Policía Militar, promulgado por el presidente panista Vicente Fox en abril del 2001, exige una capacitación de sus elementos mucho más estrictos y a fondos que las escuelas policiales que promueven generaciones al vapor. La calidad educativa en las aulas de la Policía Militar ha sido un ejemplo para otras organizaciones castrenses en el extranjero.

En este sentido, la oposición a la aprobación legal de la Guardia Nacional nada tiene que ver en los hechos con la participación de policías militares. No hay acceso a las cifras exactas de eficacia en la labor de los policías militares, pero el saldo se mide en el reconocimiento a la labor de este cuerpo especial. La Policía Militar es la encargada de hacer cumplir la disciplina militar, los reglamentos y las leyes que tienen que ver con los militares.

Las policías federales, estatales y municipales carecen de una estructura formativa de cuadros lo suficientemente sólida y enérgica como para cuidar la seguridad pública y atender las denuncias de la sociedad y el saldo se mide por las quejas contra sus comportamientos ilegales. Más que una militarización de la Policía, la incorporación de policías militares a la Guardia Nacional proveería al nuevo organismo de una estructura de organización, valores y disciplina que hoy carecen las policías tradicionales.

Al final de cuentas, a pesar de tener una connotación militar, los policías militares en la actualidad no se mueven por los principios militares de defensa de la seguridad interior y la seguridad nacional con armas ante enemigos de la nación, sino que su tarea es el cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos militares y civiles por parte de soldados.

Los policías militares, en estricto sentido, no son militares, sino policías forjados en la disciplina militar para vigilar a militares en el cumplimiento estricto de las leyes. Esa garantía no la ha tenido hasta ahora ninguna de las policías creadas desde el 2000, lo que explica su fracaso.

Política para dummies: La política debería ser el esfuerzo de decidir para mejor, no para ganar y que los demás pierdan.

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@carlosramirezh
08 Enero 2019 04:00:00
La causa de la crisis huachicolera, en Transporte de Pemex-Logística
La estrategia gubernamental de seguridad del tema candente del huachicol o robo de gasolina por los ductos de Pemex se ha quedado en la superficie: Atacar el efecto cerrando la llave de ductos; sin embargo, la causa se encuentra en Pemex, la empresa cardenista ocupada por la corrupción.

Varias investigaciones --algunas de legisladores de la oposición-- han localizado el origen del conflicto en Pemex-Logística y sobre todo en la Subdirección de Transporte, cuyo titular Juan Francisco Rivera Cavazos sigue a cargo y sobre quien pesan señalamientos que cuando menos debieran llevar a investigaciones oficiales.

El robo de combustible no es cualquier cosa: Más de 30 mil millones de pesos constituyen un negocio operado con eficiencia: Grupos interceptan ductos, extraen gasolinas y las venden al consumidor o a gasolineras que obtienen producto a menores precios de los oficiales y con ello abaratan insumos y aumentan utilidades.

La decisión gubernamental de cierre de ductos ha impactado en escasez de gasolinas en cuando menos diez entidades de la república, cinco de ellas en situaciones de emergencia. Las protestas sociales podrían hacer ineficaces las medidas porque habrá que abrir las llaves nuevamente, pero sin tener garantizada la desarticulación del cártel del Huachicol.

El funcionamiento de la Subdirección de Transportes de Pemex-Logística, con cuatro años de funcionamiento, ha sido deficiente, pero sobre todo hay quejas de irregularidades que ameritaban investigaciones anticorrupción internas de la empresa Pemex y del Gobierno federal. Los huachicoleros operan en cuando menos 20 entidades de la república, involucrando a trabajadores de Pemex, delegaciones estatales y funcionarios de administraciones municipales y estatales.

Una de las funciones de la Subdirección de Transporte de Pemex-Logística es la vigilancia del robo de combustibles; pero pese a indicios que llevaran a una indagación muy a fondo, Rivera Cavazos fue ratificado por el gobierno lopezobradorista sin mediar pesquisas indispensables y a pesar de que el funcionario se ha negado a dar a conocer su declaración patrimonial.

Pero hasta ahora ninguna investigación oficial ha sido hecha para ir a las causas del robo de combustibles: El negocio del tráfico de combustible-robo no puede hacerse sin la complicidad de funcionarios de Pemex y de funcionarios gubernamentales estatales y municipales.

A pesar del tamaño criminal, social, regional y político del conflicto y de la multiplicación de complicidades por el robo de combustibles, la Subdirección de Transporte de Pemex-Logística decidió ahorrar fondos presupuestales terminando contratos con empresas privadas dedicadas a la investigación de tomas clandestinas y hacerlo con personal propio; el efecto fue obvio: el robo aumentó de manera escandalosa y las denuncias de complicidades de Pemex con los grupos huachicoleros también crecieron. Algunos especialistas han encontrado que el personal de la Subdirección de Transporte realiza reparaciones superficiales -“aparentes”, dicen expertos-- que no impiden el regreso de los ladrones de gasolinas. Una auditoria anticorrupción independiente podría probar que las reparaciones forman parte del negocio del robo de gasolinas.

El PRD en el Senado ha exigido una investigación a fondo del huachicoleo y la corrupción en Pemex, porque hay datos que llevarían al involucramiento de esa oficina en casos sonados de fraude como el de Odebrecht y de la empresa Conjunto de Servicios Industriales (CSI). Lo grave del asunto es que funcionarios de Pemex y miembros del sindicato han construido una verdadera mafia de corrupción y negocios ilegales en la paraestatal, sin que el nuevo gobierno hubiera tomado cartas en el asunto. El nuevo director de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, llegó de fuera y sin tener personal propio experimentado en el manejo de la paraestatal y sólo sostenido por su vieja relación de amistad con el presidente López Obrador. Y si estos datos fueran irrelevantes, la parte más importante radica en su desconocimiento de los pasadizos secretos del petróleo en México.

El problema del huachicoleo está en Pemex, con un dato espectacular: el 70% de empleados detenidos por la ordeña de combustibles laboraba en Pemex-Logística.

GOBERNADORES. De los pendientes de fin de año estuvo la encuesta que repercutió en espacios políticos. Basado en encuestas a más de seis mil personas, la empresa Arias Consultores dio a conocer a finales de año su lista de calificación de gobernadores. Los tres primeros mejor aprobados fueron el yucateco Mauricio Vila, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y el sinaloense Quirino Ordaz, con cifras arriba de 50%. En contraste, los peor calificados fueron el tabasqueño Arturo Núñez con 1.4% y el oaxaqueño Alejandro Murat con 9.7%. Destaca el hecho de que Quirino Ordaz es el único priísta que mantiene altas cifras de aceptación, luego de la debacle electoral del PRI el pasado 1 de julio, algo para analizar.

Política para dummies: La política es la habilidad para administrar los problemas, no para crear otros nuevos sobre los existentes

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@carlosramirezh
07 Enero 2019 04:00:00
AMLO: Qué quiere, qué no quiere; pero qué podrá y qué no podrá
Los cinco meses de interregno, los tres meses de ejercicio legislativo de su mayoría y su primer mes de gobierno han definido ya el perfil real del sexenio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un dilema:

Si logró asimilar los deseos de cambio de sistema político de una mayoría de mexicanos que se desencantaron de la política priísta de 1970 a 2000, del panismo 2000-2012 y de la nueva oportunidad para el PRI en el 2012-2018, el López Obrador empoderado ha consolidado ya su propio proyecto de nación basado en una síntesis neoclásica --lo viejo y lo nuevo-- del PRI populista cardenista, del PRI presidencialista de Alemán a Echeverría y del neoliberalismo económico salinista.

El bono político de las elecciones perdió tasa de interés en el mercado social de apoyos-rechazos básicamente por el modelo de reorganización del Estado, porque no se ha tratado de rehacer para mejorar sino para desplazar a la clase gobernante del priísmo-panismo 1976-2018 y sustituirla por una amorfa neoburocracia morenista. Los burócratas que han logrado sobrevivir tuvieron que sacrificar salarios, nivel de vida e ideas y afiliarse a Morena.

El problema del proyecto político sexenal-transexenal de López Obrador radica en las leyes del desarrollo de las contradicciones políticas: el populismo asistencialista basado en el consumo no logra configurar un nuevo modelo de desarrollo que incida sobre la oferta y la maquinaria productiva; por tanto, depende de los ingresos y éstos serán limitados por la relación circulante-inflación y sus efectos devaluatorios.

Pero no todo se localiza en el limitado alcance discursivo y no programático de su proyecto, sino en que le ha faltado pensamiento estratégico. El quiebre de modelo decidido por Carlos Salinas en 1983 tuvo una masa de pensamiento intelectual económico, político, social y geoestratégico, encabezado por Joseph-Marie Córdoba Montoya en lo económico, Manuel Camacho Solís en lo político, Luis Donaldo Colosio en lo social, Rogelio Montemayor en lo programático y el propio Salinas en lo geoestratégico. Asimismo, construyó su superestructura política con intelectuales orgánicos.

López Obrador aparece solitario en el escenario del poder-gobierno-burocracia y administra sus propuestas en las caóticas, impreparadas y sin concierto programático conferencias de prensa matutinas. Su modelo económico, político, social y estratégico carece de una estructura intelectual, a pesar de que a lo largo de su lucha por el poder presidencial --1988-2018-- fue sumando intelectuales críticos. La crisis en Hacienda por la negativa de Gerardo Esquivel a profundizar gasto social sin ingreso la resolvió sustituyendo a su subsecretario que lo acompañó de años y poniendo otro más dócil.

Antes de entrar al debate del contenido del proyecto lopezobradorista y su viabilidad determinada por la dinámica de las relaciones sociales de producción y el acotamiento del modelo de estabilidad macroeconómica neoliberal que durará todo el sexenio, la parte más significativa del lopezobradorismo del 1 de julio de 2018 al 2 de enero de 2019 se ha centrado en la estructura de colaboradores. Lo de menos es ver a Manuel Bartlett Díaz del 1988 y copatrocinador del modelo neoliberal salinista ahora denostando al neoliberalismo. Lo importante es que todos los priístas sumados a amloísmo-morenista no representan un nuevo pensamiento político estratégico.

La verdadera lucha del proyecto lopezobradorista se dará en la economía, no en la funcionalidad del poder para cancelar un aeropuerto, imponer un presidente aliado en la Suprema Corte o gobernar a base de consultas --antes era vía decretos o facultades extraordinarias, como Benito Juárez--; el desafío lo presentó en 1977 Carlos Tello Macías y en 1981 el mismo Tello y Rolando Cordera: Construir un modelo de desarrollo integral alternativo al neoliberal que había prefigurado Salinas de Gortari vía Miguel de la Madrid en 1979-1980 con el Plan Global de Desarrollo como quiebra de enfoque económico del populismo al mercado.

Sin una reflexión teórica sobre el nuevo modelo, el saldo del primer año será el de gasto social improductivo, presiones de inflación-devaluación y PIB menor a 2%, en medio de presiones sociales por nuevos sectores incorporados a la demanda y sectores marginados del desarrollo. Ahí se verá que la reactivación de la economía será imposible sin un acuerdo productivo con los sectores empresariales e inversionistas nacionales y extranjeros porque el Estado carecerá de capacidad económica para inversión productiva y tendrá menos con la carga financiera de proyectos cancelados que de todos modos tendrán que pagarse.

El problema del populismo radica en su funcionamiento vía discurso estimulante y gasto social improductivo, cuando en la realidad los gobiernos se legitiman con estabilidad, bienestar y desarrollo. La crisis estará incubándose en un sistema/régimen/Estado que ya no funciona y un proyecto personal que depende de la voluntad de una sola persona.

Política para dummies: La política es, al final del día, el arte del poder, aunque algunos la practican a machetazos.

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@carlosramirezh
06 Enero 2019 04:00:00
México: AMLO y la prueba del tiempo
Todo nuevo gobierno --y más cuando se trata del relevo en el grupo gobernante, de ideas y edades-- tiene una luna de miel. Basta recordar que a mediados del 2017, hace no mucho tiempo, el político casi independiente francés Emmanuel Macron sorprendía con su imagen y llevaba a un entusiasmo en América. En México algunos comenzaron a declarar: “todos somos Macron”. La realidad del poder bajó bonos políticos y hoy nadie quiere poner a Macron de ejemplo.

El entusiasmo que despertó en la campaña el discurso anti sistema de López Obrador tuvo una fugaz luna de miel. Puede decirse, inclusive, que la luna de miel se dio antes de jurar el cargo oficialmente. A la espera de la ceremonia de investidura, la mayoría lopezobradorista en el Congreso aprobó una ley de salarios a la baja y el despido de decenas de miles de trabajadores públicos, además de una austeridad determinada por un presupuesto de gastos limitado con cada vez mayores beneficiarios sociales.

Los más afectados por la reducción de salarios y empleos públicos fueron votantes de López Obrador. Y los simpatizantes dudosos perdieron confianza por el manejo del aeropuerto de Texcoco y algunas obras públicas polémicas. Por eso es que la verdadera prueba de fuego de López Obrador comenzó el 2 de enero, cuando el sector público comenzó sus funciones ya con restricciones y demandas legales.

El peor enemigo de los políticos populistas mexicanos es el tiempo en tres niveles: la no reelección que deja a los presidentes un espacio de seis años, aunque en realidad son cuatro porque el primero se gasta en equilibrios precarios de poder y el último se pierde en la operación desde la oficina presidencial de la designación del candidato del partido en el poder; el relevo total de los 500 diputados en julio del tercer año, el 2021, y ahí siempre el partido en el poder paga el desgaste de las inconformidades con pérdida de asientos y por tanto mayorías debajo de 50% e incluso menor; y la dinámica en la élite gobernante en la disputa por posicionarse en la lista de candidatos presidenciales, desde semanas antes de la toma de posesión y en la distribución de los ministerios.

López Obrador es un político de acción, de liderazgo único y de dominación de grupo. Todo presidente en el cargo sueña con imponer a su candidato, conducirlo en la campaña, hacerlo ganar y quedarse como jefe político tras bambalinas. Quince presidentes violaron las reglas de protocolo del poder para imponer a su candidato para seguir gobernando a trasmano y fracasaron, porque en México el poder presidencial es indivisible.

El proyecto de gobierno de López Obrador requiere --como lo necesitó el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)-- de cuando menos cuatro sexenios o un cuarto de siglo. Sin embargo, las leyes de la circulación de las élites y el fuerte poder de la presidencia sólo han permitido, desde la institucionalización con la Constitución de 1917, solo dos sexenios, y no siempre tersos porque han ocurrido magnicidios de por medio o rupturas inevitables.

A ello se agregan los reacomodos naturales entre los grupos de poder del sistema político mexicano. Las guerrillas burocráticas perfilan espacios de dominación con miras a la candidatura presidencial de 2024. López Obrador es un político enérgico, pero su tendencia al liderazgo individual lo debilita ante una burocracia de casi 4 millones de personas. Muchas de sus decisiones han sido personales y no estratégicas o desde una estrategia personal que no mide la administración de rechazos.

La mayoría legislativa de 53% de diputados de su partido-movimiento Morena tendrá un ajuste a la baja en la renovación de la Cámara en el 2021, pero con el dato adicional de que cuando menos un tercio de los votos del pasado 1 de julio de 2018 se irán al voto de repudio por el recorte de salarios y de puestos públicos y de protesta por la forma unilateral de tomar algunas decisiones. El sistema legislativo mexicano es de coaliciones porque por mandato constitucional de 1993 ningún partido puede tener más de 300 diputados (60%), a pesar de acreditar votos, a fin de obligar a coaliciones para alcanzar el 67% de votos (334 diputados) que exige la ley para modificar la Constitución.

El PRI tuvo una votación superior al 67% hasta las elecciones legislativas de 1982; a partir de 1985 sólo lograba la primera minoría debajo de 50%: hoy tiene apenas el 9.5% de diputados, 47 de un total de 500. Morena se estrenó como partido electoral en las elecciones legislativas de 2015 y apenas logró 8.8% de los votos y 35 de 500, pero con la candidatura presidencial dio un salto cualitativo en 2018 al conseguir 256 diputados, el 51.2% de la Cámara; para conseguir la mayoría calificada necesitaría 80 diputados mas que, en efecto, sí podría conseguir con sus aliados electorales y algunos descontentos de partidos de oposición.

El primer mes de gobierno de López Obrador sacudió la estructura del sistema, pero a costa de perder aliados afectados con la austeridad y sin sumar nuevos seguidores. El problema del modelo lopezobradorista radica en su perfil populista: beneficios sociales a cambio de lealtad electoral; si no hay beneficios sino perjuicios, entonces la fórmula se invierte: a más afectados, más votos en contra de López Obrador en el 2021.

Lo que más afecta a la política mexicana es la normalización de las sorpresas y el desgaste del cargo. López Obrador lleva un mes con conferencias de prensa de 7 a 8 de la mañana de lunes a viernes y el interés nacional ha declinado. En cambio, las bajas salariales y de personal han generado mayores críticas que apoyos.

Todo liderazgo populista cotidiano necesita todos los días revalidar las expectativas. Y en México las expectativas comienzan a disminuir simpatías.

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@carlosramirezh
27 Diciembre 2018 04:00:00
Detrás de la Guardia Nacional
El nuevo equipo de seguridad del gobierno de López Obrador tiene que cargar con la responsabilidad de los enredos en la formalización de la Guardia Nacional. El problema no radica en la oposición a crearla, sino en la falta de difusión de argumentos sólidos para crearla.

El asunto de la GN se ha centrado en la militarización del nuevo organismo porque sus cuadros de tropa vienen de la Policía Militar y de la Policía Naval, sus mandos superiores son militares y dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero la razón de fondo radica en que todos los cuerpos civiles en materia de seguridad podrían estar comprados por el crimen organizado.

El segundo punto radica en el hecho de que los militares tienen la disciplina castrense para operar en situaciones extremas, en tanto que los cuerpos civiles viven cómodamente su situación laboral. Las policías federales, estatales y municipales fueron penetradas por el crimen organizado. Por tanto, el nuevo cuerpo de la GN necesita nacer con garantías de blindaje interno mínimo.

Y en tercer lugar la sociedad carece de un diagnóstico de la crisis de seguridad y la capacidad de operación de los cárteles del crimen organizado. El enfoque humanista --por decirlo de algún modo-- basado en la pobreza contrasta con la capacidad de seducción de la delincuencia. Hay indicios de que el gobierno ya entendió que la legalización de las drogas tampoco disminuirá la violencia criminal. Y que el modelo de garantía de plazas por parte del gobierno apenas ha disminuido ciertos grados de violencia, pero a costa de administrar desde el Estado el poder de los cárteles.

El tema de la seguridad fue manoseado por el candidato López Obrador cuando asumió el enfoque social y llegó al punto de primero anunciar una guardia nacional, luego anularla y más tarde revivirla. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, fue instruido por López Obrador desde hace más de dos y medio años para elaborar un programa integral de seguridad. O sea, que el programa no ha sido inventado en unos días.

Los problemas en la elaboración de una verdadera estrategia ocurren por la necesidad de un cuerpo coercitivo y los compromisos de derechos humanos. López Obrador centró su enfoque de seguridad en un asunto de seguridad nacional del Estado después de una reunión que tuvo como presidente electo con el entones general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda. Ahí conoció muchos secretos de la inseguridad, pero sobre todo uno: la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado y los nombres de funcionarios presuntamente involucrados en la protección de delincuentes.

El debate sobre la GN en el Congreso tiene que ver con el hecho de haber comenzado con el final. Antes de la guardia, el diagnóstico y la implementación de programas debió de tener una Ley de Seguridad Interior; si la de Peña Nieto fue destruida por la Suprema Corte, el nuevo gobierno debió haber redactado la suya para poner orden en los tiempos del nuevo programa de seguridad.

La militarización de la seguridad pública no significa la militarización de la República y sus instituciones civiles. La disciplina militar es clave en los nuevos cuerpos de seguridad. Los mandos militares en la GN no implican un fuero militar en seguridad civil ni en la capacidad de operación. Inclusive si la GN depende de la Sedena, sus acciones serán vigiladas por cortes civiles. Pero sin una disciplina militar los nuevos cuerpos de seguridad caerían fácilmente en la desidia y la corrupción.

Las nuevas autoridades de seguridad le deben al país un diagnóstico descarnado de la inseguridad, en datos tan indispensables como los cómplices civiles del Chapo o las relaciones de poder que han permitido la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en entidades de la república o las razones por las que Ismael El Mayo Zambada opera como el gran capo sin ser alcanzado por los brazos de la ley.

O las complicidades institucionales en bandas criminales diezmadas por toda la república.

Por su formación política, Durazo Montaño entiende bien el valor de la información para la toma de decisiones.

Por tanto, los problemas reales alrededor de la GN no están en la militarización de sus cuadros, sino en el diagnóstico que tienen las autoridades de la situación real del crimen organizado en México.

Y falta saber el papel clave que va a jugar EU en la estrategia mexicana contra el crimen organizado, toda vez que la política de seguridad nacional de Washington se basa en el enfoque de organismos criminales transnacionales que extienden las acciones de la Casa Blanca dentro de México. Los cárteles mexicanos, según organismos estadunidenses, dominan la venta al menudeo en tres mil ciudades americanas.

El sentido político de Durazo Montaño puede desenredar la crisis en la GN. Si lo dejan.

Barandilla

•La actriz Kate del Castillo regresó a México con ganas de demandar a todos de su relación secreta con Joaquín El Chapo Guzmán. Culpa al actor Sean Penn de la captura del narco, pero ya quedó claro que las autoridades mexicanas la siguieron a ella y a su abogado. Así que debería tenerle mas miedo al Chapo, aunque sigue sin aclararse la profundidad de las relaciones entre el narco enamoradizo y la bella actriz.

•La desaparición del cuerpo de granaderos dejo al gobierno de CDMX sin un cuero de contención de multitudes. La crisis en el Palacio Legislativo el viernes 21 careció de una policía de atención a eventos masivo.

•El juicio del Chapo en Brooklyn está dejando muchas pistas de mensajes sobre la penetración del crimen organizado en estructuras del Estado, lo suficientemente solidas como para seguir una limpia radical. Y el dato mayor es que las nuevas autoridades de seguridad no confían en nadie en la reorganización de los cuerpos de seguridad porque no saben quiénes siguen a sueldo de los malandrines.
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23 Diciembre 2018 04:00:00
México: Experimento de populismo-neoliberal
Las ciencias sociales sirven para explicar o para enredar. Los enfoques sobre propuestas económicas de gobierno se han encasillado en los extremos: neoliberal o de mercado o populista o de beneficio a las masas. En la realidad, sin embargo, las cosas suelen ser menos estrictas.

El programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede ser asumido como un laboratorio político y económico. El ahora presidente mexicano por seis años ha refrendado sin dobleces su fe en el modelo populista de atención a los más pobres; pero desde que perfiló su victoria casi al arrancar el proceso legal de campañas tuvo que rendirse ante las evidencias de los candidatos estabilizadores; lo dijo con claridad desde el comienzo de la contienda: respetará la estabilidad macroeconómica, concepto éste que se reduce sólo a controlar la variable inflación como la determinante de las demás.

El debate sobre la inflación viene de mediados del siglo pasado. La comisión Económica Para América Latina (CEPAL) fue el centro de debate ideológico entre las corrientes progresistas de economía social con las posiciones de mercado. Fueron los tiempos, por cierto, en que la CEPAL era progresista y buscaba revolucionar los modelos de desarrollo en la región sur de América, pues hoy es una oficina de pensamiento neoliberal.

Hacia finales de los cincuenta el economista mexicano Juan F. Noyola estableció la tesis estructuralista de la inflación: que los precios no subían sólo por el circulante monetario (argumento de Friedrich von Hayek y Milton Friedman), sino de manera principal por la estructura productiva desigual. Por tanto, la inflación podría estabilizarse cambiando la estructura y no nada más controlando la demanda. Noyola, lamentablemente, murió en 1862 en un accidente de aviación cuando se dirigía a una reunión de la CEPAL en su condición de asesor económico de la Revolución Cubana.

La inflación en su vertiente monetarista se asentó en México en 1975 cuando el Fondo Monetario Internacional obligó al presidente populista Luis Echeverría a bajar la demanda para controlar la inflación, porque ésta estaba llevando a México a la devaluación, como ocurrió el 30 de agosto de 1976. El periodo 1954-1970 fue conocido como desarrollo estabilizador: aumento del PIB a una tasa promedio anual de 6%, con inflación promedio anual de 3%. La clave no era secreta: primero controlar la inflación y después reasignar el gasto a planes sociales y controlar los salarios.

México entró en un ritmo pendular largo: populismo con estabilidad de precios y salarios de 1934 a 1982 y monetarismo de control de la inflación 1983-2018 bajando salarios, gasto social y PIB promedio anual de 2.2%. El populismo 1970-1976 se dio por la acumulación de rezagos sociales en la etapa del desarrollo estabilizador.

Y ahora llega López Obrador con su discurso populista, pero su reducida capacidad de movilización económica por la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica. El rezago social está cuantificado: PIB promedio anual de 2%, rebote inflacionario de 6% en 2017, 80% de los mexicanos viviendo con una a cinco carencias sociales y 80% de los mexicanos con el 48% del ingreso y el 20% acaparando el 52% restante.

Los primeros indicios del programa económico y social de López Obrador han mostrado el oxímoron de un populismo neoliberal; es decir, gasto social asistencialista improductivo a sectores vulnerables, pero sin romper hasta ahora con la estabilidad macroeconómica de techo inflacionario de 3%. La variable inflacionaria condicionará el PIB a 2%, déficit presupuestal de 2% y gasto público limitado. Para darle recursos a sus promesas sociales ha tenido que bajar salarios burocráticos, disminuir el aparato del Estado y combatir la corrupción oficial porque se comprometió a no aumentar la deuda, ni a aumentar el dinero circulante, ni a subir los impuestos.

Es decir, su modelo populista arranca con el cumplimiento de las restricciones neoliberales, cuando menos en el primer año. Lo malo es que sus primeros programas sociales ayudan a sectores marginados --jóvenes desempleados, amas de casa, tercer edad y campesinos empobrecidos--, pero no rompen su estructura social de marginación. El año 1 de López Obrador será, en los hechos, neoliberal. El candado de la inflación es vital porque las devaluaciones en México son producto del diferencial inflación ario México-EE. UU. En cuarenta y dos años, de 1976 a 2018, el precio del dólar pasó de 12.50 pesos a 21 mil pesos. Y todo por el desorden inflacionario.

Con un enfoque pragmático, López Obrador ha decidido atender las restricciones estabilizadoras, pero el saldo de su primer año será negativo en lo social. Los apoyos a jóvenes, mujeres y ancianos no moverán la estratificación social y sí agotarán los pocos recursos presupuestales. Los programas de infraestructura de el nuevo gobierno exigen recursos que no hay.

Los distintos ciclos de política económica han tenido sus espacios de debate teórico. El siglo XX, por el efecto político, ideológico y moral de la Revolución Mexicana, ha oscilado entre el populismo y el neoliberalismo. Los centros de pensamiento populista han estado en la UNAM y la burocracia económica nacionalista uy los del neoliberalismo se refugiaron sobre todo en el instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) por sus vinculaciones académicas con la escuela de economía de la Universidad de Chicago y el dominio de ese pensamiento conservador en Banco de México por el control del pensamiento neoliberal a través de Francisco Gil Díaz, ex alumno y ex profesor adjunto de Friedman, como jefe de los Chicago boy mexicanos.

El pensamiento económico crítico nacionalista fue lobotomizado por el PRI y ese mismo PRI potenció la vigencia intelectual del neoliberalismo. Y López Obrador carece de una masa de pensamiento critico para reelaborar teorías. El saldo final del populismo neoliberal se verá en las cifras sociales y de inflación, cuya incompatibilidad explica los ciclos populistas cortos.

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21 Diciembre 2018 04:00:00
Payán, la Belisario como en el PRI; y AMLO como la Virgen de Guadalupe
Como primera premiación de la Belisario Domínguez de un nuevo gobierno con siglas diferente al PRI, impulsado por la mal llamada 4ª Transformación y salido de la disidencia priísta, la entrega de la presea al periodista Carlos Payán Velver se debe medir por el discurso de aceptación: el viejo modelo de loas al presidente en turno para significar la sumisión de la prensa crítica y del legislativo.

Como dato anecdótico se debe registrar el hecho de que Payan nació en 1929, año de la fundación formal del Partido Nacional Revolucionario que perfeccionó el presidencialismo santanista-juarista-porfirista-obregonista y cuyos protocolos de poder han dominado no solo la era del PRI 1929-2000 y 2012-2018, sino que fijaron las reglas del juego del poder en el ciclo panista 2000-2012 y por lo visto ya pusieron su sello real en los comportamientos morenistas 2018-2024.

Payán se subió el tren de los iluminismos religiosos pagano-cristianos del bastón de mando indígena y la solicitud de permiso a la Madre Tierra, además de sus referencias a los Cuatro Jinetes del Apocalipsis bíblico:

“Ha llegado al poder un incansable luchador que, con la población a su favor, arrasó en casi todo el país. No ha tenido esta gloria otra nación, como dice el letrero luminoso que corona la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México”. Además de augurarle al nuevo gobierno “buen viento y buen mar”, a nivel de tierra, Payán pidió --con el perdón de don Belisario-- un reparto más equitativo de la publicidad gubernamental.

Y nada, pero nada de nada, en recuerdo de don Belisario y su lucha a muerte contra el usurpador Victoriano Huerta; nada sobre los discursos del chiapaneco pre-EZLN contra el cuartelazo de 1913; nada que recordara aunque fuera de pasada que el discurso de don Belisario fue critico a los abusos del poder y que por ello le cortaron la lengua; nada, pues, que cuando menos justificara el premio a un periodista sin más significancia que su papel como director de La Jornada, un periódico del establishment priísta, un poco a la izquierda, pero dentro, hoy despidiendo trabajadores por luchar por sus derechos como cualquier periódico de derecha, como el viejo Heraldo de México de los Alarcón.

Ni una palabra de Payán al hecho histórico que prohijó la medalla con su nombre para reconocer la lucha contra los poderes opresores. No ha sido, de todos modos, el único: la Medalla Belisario Domínguez ha sido demeritada por los legisladores de todos los partidos hasta llevarla a nivel de mero corcholatazo: la recibió Fidel Velázquez en 1979; Salvador González Blanco (1984), el secretario del Trabajo de los tres presidentes --Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz-- que reprimieron físicamente a los trabajadores; el empresario Gilberto Borja que recibió contratos del gobierno; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa (2008) por imposición perredista; el creador del desarrollo estabilizador que empobreció a los mexicanos Antonio Ortiz Mena (2009); el empresario Alberto Bailleres (2025) sin ninguna significancia social ni de apoyo al país; el gasolinero Gonzalo Miguel Rivas Cámara (2016) que murió tratando de salvar a una persona en un atentado de la CNTE; y la funcionaria Julia Carabias Lillo (2017) con escasa presencia en labores sociales.

Por tanto, la asignación de la Medalla Belisario 2018 a Payán no se salió del guión de usar la presea como premio político al grupo político dominante. De nueva cuenta quedó al margen Rosario Ibarra de Piedra, la mexicana que sin duda representa la verdadera lucha disidente --no meramente institucional-- contra el régimen priísta en sus versiones panista y ahora morenista, quien, como don Belisario, encaró a los gobiernos de Echeverría y López Portillo por el arresto ilegal, secuestro, tortura y desaparición física de su hijo Jesús Piedra Ibarra un luchador guerrillero.

Doña Rosario hizo visible la parte más cruel y criminal del periodo priísta: la represión mortal a disidentes. Su lucha llevo a la cárcel al cancerbero de la temible Dirección Federal de Seguridad y agente al servicio de la CIA, Miguel Nazar Haro, pero el propio sistema lo liberó. Nazar fue señalado con pruebas de haber torturado a Jesús y ordenado su desaparición.

Y con Jesús comenzó la etapa de represión clandestina del régimen priísta: la desaparición de disidentes. Por esa lucha que abrió la cloaca de la política criminal del sistema priísta la Medalla Belisario la debieron de haber recibido doña Rosario y su sacrificado hijo Jesús, y más cuando el candidato López Obrador había afirmado que su voto presidencial el pasado 1 de julio había sido justamente para doña Rosario.

Pero no. El gobierno de Morena prefirió una salida menos conflictiva para el PRI, más de compromiso con un periodista que no se dignó a mencionar a don Belisario, que hizo un discurso internacionalista y que solo pidió más publicidad gubernamental para los medios.
 
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20 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO 2024: Construir república chaira con funcionarios chairos
En una de sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador contestó la queja de personal del servicio diplomático sobre la baja en salarios y prestaciones en el exterior con un argumento de largo plazo: habrá personas que sí trabajen con los nuevos salarios.

Ahí se localiza una buena parte de la explicación oculta sobre la política salarial a la baja: propiciar un relevo de servicio civil con funcionarios comprometidos con la vocación de trabajar por poco. Los únicos con posibilidad de aceptar salarios bajos serán los seguidores de López Obrador que vendrían de salarios más bajos y el ajuste sería, en la lógica económica, un ascenso con mejor paga.

La nueva burocracia lopezobradorista construiría, como lo hicieron priístas y panistas en su momento, una clase burocrática con nuevos valores de servicio y de permanencia en el poder. No garantiza, eso sí, una mejor burocracia, pero sí una realmente comprometida con el discurso del nuevo jefe en Palacio Nacional.

La nueva burocracia chaira estaría en la lógica de la definición dada por el Diccionario del Español de México de El Colegio de México al concepto chairo: “Persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes”.

Sin llegar al fondo y como pretexto para relevo de burocracia, el presidente Vicente Fox instauró el servicio civil de carrera para profesionalizar los cargos y establecer una relación directa entre el mercado educativo de capacitación profesional y el mercado de trabajo en el sector público. Al asegurar permanencia en cargos por capacidad, el funcionamiento del Estado habría de ser mejor. A lo mejor sin saberlo, esa propuesta daba un paso adelante a uno de los problemas de la burocracia priísta mexicana y por tanto de la corrupción; el Estado patrimonialista, un concepto acuñado por Max Weber como forma de liderazgo y dominación.

Para México, Octavio Paz, en una carta escrita al historiador trotskista Adolfo Gilly en 1972, centró el problema de la corrupción justamente en el Estado patrimonialista; la burocracia se apropió de las estructuras del Estado y no fue una casta al servicio de la sociedad. El modelo comparado que usó Paz fue el de las dinastías chinas y la contratación de letrados para operar las funciones del aparato de poder ya con relaciones con la sociedad. La nueva casta burocrática se apoderó de la estructura como reflejo del dominio dinástico sobre el poder civil.

Peter Smith, en Los laberintos del poder, estableció la ruta para acceder a los cargos públicos y a funciones de servicio civil y ahí encontró, al revisar miles de biografías de políticos y funcionarios, que el único camino para acceder a posiciones estatales era inscribirse al PRI y adherirse a un grupo político.

Las República Chaira de la 4T está en un proceso apresurado de relevo de funcionarios y políticos para echar a los priístas y panistas y consolidar a los morenistas. Por las circunstancias de haber vivido toda su vida política en la disidencia mal pagada, los salarios bajos del ciclo lopezobradoristas son mayores. La tentación del salario público la mostró el largo periodo perredista en las delegaciones-alcaldías del DF-CDMX con el manejo irresponsable y sin limites de presupuestos para contratación de compañeros de sector y de partido.

Los puestos de miles de funcionarios que renunciaron a sus cargos al anunciarse el periodo de austeridad juarista han comenzado a ser ocupados por militantes de Morena. El efecto será multiplicador porque el siguiente paso seria la toma del control de los sindicatos del sector público olvidados por el PRI y por el PAN y deteriorados por la burocracia sindical tradicional. A López Obrador y Morena le ha ayudado el hecho de que los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado fueron anulados como instancias de representación proletaria. Si el lopezobradorismo se apropia de esos sindicatos, la profundización del relevo de funcionarios y mandos burocráticos medios y bajos ayudará a la construcción de una burocracia chaira a favor de una república chaira.

El gato político-burocrático-proletario encerrado en la austeridad juarista estaría buscando un relevo de cientos de miles de funcionarios profesionales que lamentablemente fueron educados políticamente para oscilar entre el PRI y el PAN y que por la vía salarial estarían siendo expulsados del paraíso terrenal de la casta burocrática que perdió el apoyo social por sus comportamientos de casta privilegiada.

La capacidad operativa de la nueva casta morenista comienza a percibirse con los miles de errores en el funcionamiento del Estado, algunos de los cuales ya metieron en problemas a López Obrador: los bonos buitre del aeropuerto de Texcoco, los subsidios a universidades, la cancelación de la autonomía universitaria y muchos otros que no se conocen.

Política para dummies: La política se sustenta en resultados, no en prefiguraciones.

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@carlosramirezh
19 Diciembre 2018 04:00:00
Presupuesto 2019: No habrá 4T, tampoco nuevo proyecto de nación
El análisis del contenido del ingreso-gasto 2019 y los tiempos políticos sexenales han dejado en claro una certeza: No hay ni habrá 4ª Transformación; la política económica/modelo de desarrollo/Estado de bienestar que se deriva del presupuesto es un híbrido de neoliberalismo con asistencialismo mínimo.

El principal pivote de la estrategia de desarrollo del gobierno de López Obrador es el desarrollo energético, pero en un ciclo largo hacia delante de inestabilidad en el mercado petrolero. A cambio, el proyecto presupuestal hace un recorte al sector público, campo, industria, educación, servicios y turismo. La cuenta no sale: A cambio de beneficiar a jóvenes sin empleo y población vulnerable no productiva, las restricciones afectan a los principales sectores del desarrollo productivo.

El detonador energético solo funcionaría, y no se ve que pudiera ser así por la declinación del sector a nivel internacional, si el Estado tuviera una planta productiva propia; por tanto, la autosuficiencia energética beneficiaría a un sector privado hacia el cual el Estado carece de una propuesta de modernización, reconversión industrial y control fiscal.

En todo caso, el control energético por el Estado dotaría al gobierno --en caso de que el mercado internacional cambiara de nuevo hacia el consumo de combustibles fósiles-- de recursos para financiar sus programas asistencialistas improductivos; mientras ello ocurre, ese gasto social será financiado con recortes de salarios públicos, baja en programas de inversión y desvió de recursos fiscales.

Toda estrategia de desarrollo se basa en tres variables articuladas: Política económica/modelo de desarrollo/Estado de bienestar. Así ha sido con los ciclos del desarrollo nacional: Sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, desarrollo compartido, neoliberalismo de mercado y globalización. La propuesta populista de López Obrador se resume a un compromiso del Estado con sectores vulnerables, apoyos directos sin efecto multiplicador en la economía y acción del Estado en el sector energético.

López Obrador tuvo cuando menos dos años --desde que arrancó su certeza de que ganaría las elecciones-- para redefinir el proyecto nacional; pero sus libros y múltiples listas de propuestas de gobierno resultaron meros voluntarismos políticos de campaña. Sus asesores económicos nunca tuvieron el apoyo necesario para reflexionar el cambio de modelo de desarrollo. Sus ataques al neoliberalismo fueron solo retóricas de campaña, vista ahora su propuesta económica basada en toda la ideología neoliberal.

El único acierto de López Obrador fue su discurso contra el agotamiento del modelo neoliberal, pero lo hizo más por convicción política que por enfoque de estadista sobre los escenarios del desarrollo. La crisis estadounidense del 2008 agotó el periodo de vigencia de la globalización financiera y orilló al mundo capitalista a encontrar un nuevo modelo de desarrollo. La decisión de los principales países fue la de insistir en la globalización.

López Obrador tuvo ante sí el desafío de encontrar un nuevo modelo de desarrollo; pero toda su expectativa de 4T se perdió con el papel activo del equipo lopezobradorista en la renegociación del Tratado de Comercio Libre y darle una salida aún menos benéfica para el desarrollo mexicano.

El problema de López Obrador ha sido su personalismo dominante. A partir del control del escenario político, debió haber reunido a grupos de economistas y politólogos para buscar un nuevo camino para salir de la crisis por el agotamiento de los tres pilares del proyecto nacional: Sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional. Y para redefinir las tres variables del sistema productivo: Estado/sector privado/equidad social.

En este contexto, la propuesta de ingreso-gasto para 2019 demostró que la crisis le quedó grande a López Obrador; y que su objetivo no será buscar un nuevo proyecto nacional sino solo cumplir con sus promesas sociales de campaña. Por eso su primer año se ahogará en la política presupuestal de la cobija encogida: Para cobijar a nuevos beneficiarios del gobierno, tuvo que descobijar a otros.

La ley de ingresos y el presupuesto de egresos representaron la principal pérdida de oportunidad del país para encontrar una alternativa a la crisis de modelo de desarrollo estatista (1934-1982) y neoliberal (1983-2018); la propuesta económica del primer año ofreció la imagen de un híbrido de populismo por el gasto social y de neoliberalismo por la estabilidad macroeconómica antiinflacionaria. Como este modelo se va a mantener un sexenio, entones el paso de López Obrador por la presidencia de la República será irrelevante vis a vis las expectativas que explayó.

Más que transformador, el gobierno de López Obrador será continuador del largo ciclo definido en la Constitución de 1917: Populismo al servicio del capitalismo.

Política para dummies: La política es el instrumento para conciliar intereses, no para polarizarlos.


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@carlosramirezh
18 Diciembre 2018 04:00:00
Presupuesto 2019: Con la novedad de que el neoliberalismo no está muerto
En medio de actos populistas distractores como las críticas contra los ricos y la resurrección de la Madre Tierra, la esencia de todo gobierno se resume en la definición de su política económica. Y esta, a su vez, se concentra en la política antinflacionaria.

En este contexto, el presupuesto del primer año del gobierno del presidente López Obrador no deja lugar a las dudas: El neoliberalismo que se cantó muerto apenas el pasado 1 de diciembre protestar el cargo sigue vivito y coleando. Ingresos y egresos del 2019 no cambian la política económica neoliberal definida en 1983-1993 por Carlos Salinas de Gortari.

La política económica se resume en el manejo de la política estabilizadora de baja inflación y a partir de ahí se desarrolla una política presupuestal que no genere inflación. La estrategia neoliberal salinista-lopezobradorista es la que definió en 1976 Milton Friedman y por la que recibió el premio Nobel de Economía: La inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario.

Los gobiernos populistas suelen aumentar el gasto sin incrementar los ingresos sanos -sobre todo fiscales- y el nuevo dinero en circulación empuja los precios hacia arriba y la inflación, sobre todo en América Latina, ha llevado históricamente a devaluaciones

De ahí que el neoliberalismo monetarista centre su estabilidad en el control de la inflación por el lado del dinero-demanda. En este sentido, el marco macroeconómico del gobierno de López Obrador es exactamente el mismo de los gobiernos neoliberales: PIB de 2%, inflación de 3%, déficit presupuestal de 1% y tipo de cambio de 20 pesos. Lo demás, los discursos pomposos de compromiso social, el primero los pobres, salen sobrando porque el ancla estabilizadora es mantener la inflación compatible con la de los EE. UU.

Lo que hacen los gobiernos neoliberales disfrazados de populistas es descobijar a algunos sectores con recortes de gasto para tapar a los sectores más vulnerables que fortalecen los discursos populistas. El populismo 1982-1984 logró tasas de PIB de 6% por manejos cuidadosos con el gasto y un entorno internacional estable; el ciclo neoliberal logró regresar la inflación a tasas de 3%-4%, pero bajando el PIB, el gasto público y los programas sociales.

El gobierno de López Obrador que anunció el fin del ciclo neoliberal estaba obligado a redefinir la política económica y su escenario de estrategia antiinflacionaria. Pero no: La política económica del Gobierno 2018-2019 es la misma de los Criterios Generales de Política Económica del ciclo neoliberal 1982-2018. En campaña y en el interregno se dijo que las cosas cambiarían, pero al final resultaron iguales.

El estratega presupuestal de López Obrador es el economista ortodoxo Carlos Urzúa, forjado en el pensamiento económico estabilizador. El equipo lopezobradorista tuvo cuando menos dos años para diseñar un cambio, desde que el propio López Obrador fijó en su ánimo la victoria y comenzó a designar a sus encargados de gabinete. Por lo que se ve no hubo en su equipo económico una intención de generar un nuevo pensamiento económico funcional al discurso populista.

El lado populista del presupuesto se nota en la cobertura de sectores vulnerables con programas de asignación directa de dinero, pero sin efectos multiplicadores productivos. Para lograrlo hizo recortes en sectores determinantes para la actividad productiva como las universidades. Es cierta la tesis de que las universidades públicas con un pozo de ineficiencia, gasto corriente y corrupción, pero la SEP de López Obrador carece de un enfoque reorganizador eficiente.

En el tránsito del populismo al neoliberalismo hubo solo un esfuerzo para replantear el pensamiento económico. Carlos Tello Macías en 1977 fue despedido por el presidente López Portillo porque sus propuestas como secretario de Programación y Presupuesto eran contrarias a las pactadas con el FMI. Sin gran análisis de fondo, el presupuesto lopezobradorista de 2019 va a pasar con excelencia la vigilancia del FMI. En efecto, a López Obrador le ha faltado un Carlos Tello Macías para buscar un nuevo enfoque de política económica.

Con un PIB de 2% cuando menos en 2019 y 2020, el PIB promedio anual en el sexenio será de 3%, ante una necesidad de lograr el 6% que aporte los empleos anuales en el sector formal para la población económicamente activa que se incorpora cada año a la fuerza de trabajo. Para lograr la meta lopezobradorista sexenal de 4%, el Gobierno tendrá que impulsar un PIB de 5% en 2021-2024 que será imposible si antes no reorganiza de manera total la política económica en materia de demanda-oferta y desarrollo productivo.

Por lo pronto, el 2019 será igual a los últimos 35 años: Política económica neoliberal basada en control de la inflación por el lado de la demanda y con más marginación social, aunque con discurso populista,

Política para dummies: La política, y López Obrador es la muestra palpable, es el arte de engañar con la verdad.
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@carlosramirezh
17 Diciembre 2018 04:00:00
Ocho días que vivimos el peligro; AMLO y Morena soltaron al tigre
Para que no pueda abusarse del poder es absolutamente preciso que el poder contenga al poder
El espíritu de las leyes, barón de Montesquieu, 1748.

A siete días de haber jurado cumplir la Constitución, el presidente López Obrador metió al país durante otros siete días a una confrontación de poderes que terminó el jueves 13 con el sometimiento al mandato constitucional de división republicana. Sin embargo, el raspón final fue el indicio de la violencia que viene: huestes morenistas al estilo Nicolás Maduro fueron al edificio de la Corte a gritar y terminaron agrediendo a un funcionario de la institución al confundirlo con un ministro.

El otro punto de referencia es local, pero con efectos nacionales: Morena en Puebla movió sus piezas para tratar de impedir, como López Obrador en 2006, la toma de posesión de la gobernadora panista-perredista Marta Érika Alonso, quien fue investida del cargo por el órgano constitucional legal: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese acto de venganza política fue el anuncio de que las huestes morenistas van a mantener la inestabilidad violenta en Puebla por haber perdido, legal y legítimamente, la gubernatura.

Cuando se reunió con empresarios en la campaña en año, el candidato López Obrador dijo que impedirle la victoria anunciada por las encuestas iba a “soltar el tigre” de la protesta violenta y a ver quién lo amarraba otra vez. López Obrador ganó, las instituciones se plegaron a la legalidad y ahora resulta que el tigre fue soltado por el presidente López Obrador y su partido Morena para tratar de tomar el control total de las instituciones políticas y de gobierno.

La crisis con la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó el viernes 7 cuando el ministro Pérez Dayán dio entrada a la controversia constitucional por la Ley de Remuneraciones que centralizaba el salario de funcionarios público en la figura del presidente de la república, cuyo cargo trae implícitos ciertos gastos cargados al erario y no a su salario. La mayoría morenista en las dos cámaras se lanzó contra la Corte porque la controversia llevó a la congelación de dicha ley, aunque más con discursos incendiarios de comité de salud pública francesa y amenazas de guillotinazos.

El ambiente se crispó porque muy claro quedó desde el principio que el tema central no era el salario del poder judicial, sino la intención de subordinar al poder judicial autónomo bajo del nuevo poder presidencial. La disputa entre poderes por la jerarquía de los poderes iba a derivar en actos dictatoriales de la presidencia. Al final, López Obrador tuvo que ceder, estuvo presente en el informe anual del presidente de la Corte y enfrió las calenturas revolucionarias de sus mosqueteros legislativos. Eso sí, dejó que las hordas morenistas estallaran la violencia física contra el edificio y funcionarios de la Corte.

El centro del debate López Obrador-Corte fue la fijación de territorios de poder. Es cierto que el poder judicial a ciertos niveles ha abusado de su autonomía, pero la intención presidencial fue subordinar al poder judicial a los mandos del poder ejecutivo. La teoría de la división de poderes nada tiene que ver con el Benito Juárez que asumió de manera simultánea funciones de ejecutivo y legislativo, sino que se relaciona con la tesis de Charles Louis de Secodant, barón de Montesquieu, cuya propuesta de división de poderes hizo pasar a mediados del siglo XVIII del absolutismo monárquico al principio fundador de la democracia: el equilibrio de poderes.

La argumentación del barón de Montesquieu fue sencilla: Para evitar el abuso del poder era necesario que el poder acotara al poder. “No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación. ¡Quién lo diría! Ni la virtud puede ser ilimitada”, escribió en el capitulo IV del libro XI. Y ahí fijó otro de los principios generales del derecho en las democracias: respeto a la Constitución, pues “una Constitución puede ser tal, que no sea obligado a hacer lo que la ley no manda expresamente ni a no hacer lo que expresamente prohíbe”. Estas tesis señalaron los límites del poder absolutista.

Al final, López Obrador y Morena perdieron y la Corte habrá de pagar su arrogancia salarial, pero la ganadora fue la democracia porque la estridencia encendió los focos rojos de alarma absolutista del nuevo presidencialismo totalizador de López Obrador. La mayoría morenista en la Cámara ha seguir amenazando, pero ya como tigre desdentado. A la corte le corresponderá ajustar salarios y prestaciones adicionales.

Pero las preocupaciones siguen vigentes. El presidencialismo de López Obrador quiere retrotraer su poder absolutista a 1982 y derogar la desarticulación del poder presidencial del Estado con la anulación de los organismos autónomos; ya tiene el ejecutivo y el legislativo y le falta controlar al judicial.

Política para dummies: La política es, cuando quiere ser ética, el equilibrio de poderes.

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@carlosramirezh
16 Diciembre 2018 04:00:00
México: AMLO como laboratorio populista
Quizá la principal lección que ofrece el arranque del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se localiza en la (in)existencia de un puente de plata entre los deseos y la realidad. Y es probable que los primeros días de gobierno sean un laboratorio sociopolítico para analizar el funcionamiento de la relación entre el Estado y la sociedad.

López Obrador ganó el 53% de los votos el pasado 1 de julio, cifra que no se veía en elecciones presidenciales desde 1982. Pero de 1917 a 1982, la votación a favor de candidatos de la élite política de la Revolución Mexicana tuvo un promedio de 90%. Los presidentes de 1988 a 2018 --cinco elecciones en total-- lograron un promedio de 42%.

En materia legislativa, el PRI mantuvo hasta 1982 la mayoría calcificada de dos terceras partes para reformar por sí mismo la Constitución, de 1985 a 1991 afianzó la mayoría absoluta mayor a 50% y de 1997 a 2015 logró la primera minoría con bancada menor a 50% pero con alianzas para sostener mayoría absoluta.

Estos datos refieren el tamaño de la victoria de López Obrador: mayoría absoluta en votación presidencial y su partido con mayoría absoluta de 52% en la Cámara de Diputados.

Pero… El sistema político mexicano no se maneja solo por cifras, sino por una estructura legal que a veces no es correspondiente con las votaciones legislativas. Los presidentes Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) no alcanzaron la mayoría absoluta para su partido en el Congreso, pero con habilidad política construyeron alianzas para tener una mayoría calificada que les permitiera modificar la Constitución en temas delicados como las privatizaciones. Los gobiernos panistas de Fox y Calderón (2000-2006 y 2006-2012) pactaron con la bancada del PRI y también modificaron la Carta Magna.

El problema de López Obrador radica en su condición de caudillo, no de líder político; comenzó a tomar decisiones de gobierno aún antes de haber jurado legalmente el cargo, a costa de crear sobresaltos en la estabilidad de la burocracia. Su bancada asumió la mayoría legislativa desde el pasado 1 de diciembre y aprobó con rapidez leyes complejas que requerían cierta dosis de negociación con la oposición y con la sociedad.

López Obrador está moviéndose como líder de masas en campaña y no como jefe del ejecutivo federal. Tres decisiones le han complicado su comienzo legal: la cancelación del aeropuerto en la zona de Texcoco --goteras de la ciudad de México--, una ley de salarios que coloca el salario nominal presidencial de 108 mil pesos mensuales --algo así como 4 mil 500 euros-- como tope para todos los salarios del sector público, los tres poderes y los funcionarios de organismos autónomos del Estado y la aprobación del presupuesto de egresos para 2019.

Loas tres han generado efectos negativos: la pérdida de confianza de inversionistas que compraron bonos del aeropuerto y que pueden perder 10% de su inversión, una orden de la Suprema Corte para congelar la ley salarial cuando menos 2019 y la preocupación inclusive en su propio gabinete económico por el volumen de gasto que implicaría un déficit presupuestal de 5% o más, con nocivos efectos inflacionarios-devaluatorios.

Lo interesante del caso de López Obrador no radica en la llamada curva del aprendizaje del costo social, político y económico que debe de pagarse para aprender a usar el poder. Lo significativo se localiza en el tránsito de un ciclo de gobiernos neoliberales (1983-2018) a un nuevo periodo populista como mezcla de presidentes que gobernaron --decían-- para el pueblo de 1920 a 1982. En resumen, los gobiernos neoliberales ajustaron sus expectativas a la estabilidad del mercado y los populistas decidieron en función de las necesidades del pueblo. Cada uno de estos dos grandes ciclos del México moderno tuvo sus condiciones, circunstancias y posibilidades.

El punto más sensible del gobierno de López Obrador estará en el manejo macroeconómico. Su encargado de gasto ya fue cesado a siete días de haber tomado posesión porque le dijo al Presidente que el ingreso no alcanzaba para el gasto que quería el nuevo mandatario. El marco macroeconómico estabilizador requiere de mayor control: 2% de PIB, 4% de inflación y 1% de déficit público. Su configuración ha partido de la meta de inflación y se han acomodado las otras variables. López Obrador quiere que México crezca a 4% del PIB y tenga gasto social nuevo de 1% del PIB y que las demás cifras se acomoden. Y su meta está fijada sin cambios en las fuentes del gasto: deuda, impuestos y ganancias de empresas públicas.

El tránsito de una economía estabilizadora a una economía populista definirá el rumbo del modelo populista de López Obrador. Los gobiernos populistas de Cárdenas (1934-1940), Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) iniciaron con gasto financiado con déficit y a la mitad de su sexenio estaban metidos en problemas inflacionarios y devaluatorios.

El problema ha radicado en el manejo presidencial de las finanzas públicas con criterios políticos y populares y no técnicos. Los populismos latinoamericanos entraron en crisis y colapsos cuando decidieron la economía con razonamientos políticos. Y el problema no radica en que por fuerza la economía deba imponerse sobre la política, sino en la realidad de que la política suele causar estragos económicos.

La función del estadista consiste en equilibrar política y economía. Y en definir modelos de desarrollo en función de políticas económicas especificas. Las crisis económicas prueban el error de cuando la política avasalla a la economía.


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@carlosramirezh
14 Diciembre 2018 04:00:00
Disputa por salarios rompe orden constitucional de división de poderes
Los todopoderosos hombre de la toga y birrete demostraron que nada entienden de política y lucha por el poder, pero lo más grave fue que también demostraron ser ignorantes de los caminos secretos del litigio judicial. La crisis López Obrador-Suprema Corte no fue por salarios, sino por una nueva redistribución del poder real que implica la ruptura del orden constitucional en materia de división de poderes.

Ninguno de los pomposos ministros de la dependencia encargada de resguardar la Constitución entendió la lógica de la disputa por el poder. La controversia constitucional no se localizó en intentar bajar salarios, sino en el hecho de que una ley impuso la figura personal del Presidente de la República en materia salarial como factor de definición de un poder sobre los otros dos poderes.

La ley de remuneraciones no puede estar por encima de la autonomía de los otros dos poderes, el Legislativo y sobre todo el Judicial. La tarea de la Corte, por tanto, no estaba en analizar el contenido salarial de esa ley sino de determinar si era válido que el salario del presidente de la república pudiera determinar funcionamiento autónomo del Poder Judicial.

La intención final de López Obrador en realidad no radica en un asunto de justicia distributiva salarial, sino en dejar claro que el presidente de la república por la vía de los salarios era el poder supremo. Los legisladores lopezobradoristas tuvieron la importunidad de fijar el salario máximo con alguna otra unidad de valor --por ejemplo, los UDIs posteriores a la crisis de tasas de interés bancarias de 1995--; pero al poner el salario del presidente de la república --“nadie puede ganar más que yo”, declaró López Obrador en una variante del luiscatorcesco “el salario soy yo”-- se dejó clara una nueva jerarquía de mando piramidal con dominación presidencial.

El trasfondo de lucha por la supremacía del poder legislativo lo reveló la bancada de Morena con su amenaza a la Corte: o se bajan los salarios o se los bajamos, un acto de destrucción de la autonomía del Poder Judicial al querer dictar el Poder Legislativo el funcionamiento interno del Judicial. La salida institucional es más sencilla: Aprobar un presupuesto bajo y que la Corte se haga bolas ejerciéndolo con restricciones.

Pero la intención de convertir el salario presidencial en el eje de gasto corriente lleva el mensaje de anunciar el regreso del presidencialismo absolutista.

No se trata, por cierto, de la construcción de una dictadura como la de Venezuela. El objetivo, en realidad, es el de reconstruir el viejo modelo presidencialista dominante priísta que funcionó con base electoral de mayoría calificada hasta 1982, con mayoría absoluta hasta 1991 y como primera minoría desde 1997. El modelo presidencialista funcionalizado por base legislativa ha operado siempre.

En los hechos, el sistema presidencialista --que no presidencial-- ha sido el eje de los diferentes sistemas políticos desde el imperio de Agustín I de Iturbide. Pero al paso del tiempo, la maduración de la sociedad civil le fue quitando pedazos de poder de dominación al presidencialismo de Estado absolutista-filantrópico --aportación de Octavio Paz a la ciencia política mexicana en materia de teoría del Estado--. En este escenario, el modelo presidencialista de López Obrador es el totalizador --aportación de José Revueltas desde el marxismo-- y ha de necesitar la reconcentración de los poderes perdidos en un Estado dominante.

La oposición en la Cámara y los barones de la toga y el birrete no han entendido la lógica del poder de López Obrador. La defensa debe centrarse en la protección de la división de poderes, no del salario. Pero la astucia de López Obrador llevó la guerra de poderes al terreno de los abusos salariales del Poder Judicial, beneficiándose inclusive por la defensa salarial de la Corte.

Si la respuesta de la Suprema Corte fue equivocada porque ofreció la imagen mezquina de defender salarios y nivel de vida, la salida política e institucional puede aún ayudar a reorientar las argumentaciones: blindarse hacia dentro, profundizar su independencia del Ejecutivo y revolucionar la sociedad con la aplicación de las leyes. El gobierno mexicano no resistiría un poder judicial estricto porque el modelo de acusaciones que opera el Ejecutivo está más corrompido que la defensa salarial del poder judicial.

El debate está en el terreno de la división de poderes. El hoyo anticonstitucional de la ley de remuneraciones radicó en poner la figura del Presidente de la República o jefe del Poder Ejecutivo federal por encima del autónomo e independiente poder judicial. El Ejecutivo tiene la facultad de entregar el presupuesto al Judicial y no meterse en su distribución. Y el Judicial perdió la oportunidad de autorregularse.
Si quien tiene el dinero tiene el poder, también quien tiene el poder puede dominar al dinero.

Política para dummies: La política es el campo de batalla por la jerarquía del poder.

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13 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO: Presidencialismo de sistema priísta o absolutista/autoritario
Sin tener una alternativa al sistema político/régimen de gobierno/Estado priísta, el presidente López Obrador está metiéndose en problemas porque su objetivo se ha reducido a reconstruir la estructura de dominación del régimen priísta anterior para su propio modelo de presidencialismo caudillista, solo que con dos variables negativas: Morena no es un PRI de corporaciones y el presidencialismo lopezobradorista no negocia con nadie.

La clave de la fuerza del Estado mexicano fue descubierta por José Revueltas en dos tiempos, 1958 y 1976: El mexicano es un Estado “total y totalizador”, no totalitario: y depende de dos variables: “El control total de las relaciones sociales” y la dominación a través de la ideología oficial como instrumento de las luchas sociales de Independencia, Reforma y Revolución.

Las partes débiles del proyecto de López Obrador han sido detectadas: Morena es un partido de rescoldos del viejo PRI, no controla las relaciones sociales derivadas del modo de producción capitalista y la presidencia lopezobradorista es más personal que de proyecto ideológico.

El PRI fue el sistema político porque en su seno el presidente de la república ejercía su poder para distribuir bienes y beneficios. López Obrador sacó las protestas sociales del PRI-sistema, las acrecentó con acciones directas en las calles y dejó a su partido como lo que fue el PRI en su decadencia, crisis y descomposición sistema: una agencia de colocaciones, no el espacio de control de las relaciones de poder.

La otra carencia de estructura de dominación se localiza en el Estado. El Estado populista perdió credibilidad en las crisis devaluatorias de 1976, 1982 y 1995 y se quedó sin estructura de poder con las privatizaciones de empresas públicas porque le redujeron ingresos e influencia productiva. El Estado social del ciclo populista 1917-1982 fue sustituido por Carlos Salinas de Gortari en 1983-1993 por el Estado autónomo de las relaciones sociales que derivan en relaciones políticas y le dan al Estado y al presidente el control de hilos de poder.

Ahí se localiza el objetivo del proyecto de López Obrador de regresar al Estado a su intervención directa en la producción; sus primeros pasos han sido dados en la industria energética: suspender concesiones privadas y regresarle al Estado la tarea directa de exploración, explotación, refinación y comercialización para utilidades e impuestos que financien programas sociales. Se trata de la idea original del presidente Cárdenas cuando expropió el petróleo.

El estatismo de López Obrador no es socialista ni pretende proletarizar el modo de producción, pues el Estado lopezobradorista tampoco le entregará el control directo y total del Estado y la producción a los trabajadores; será su burocracia la que se encargue de dirigir el modelo.

El PRI-sistema giraba con cuatro engranes fundamentales: el presidente de la república, el PRI como administrador de las demandas-soluciones, el Estado de bienestar para dotarlo de una base social popular y la ideología de la historia oficial. López Obrador ha avanzado sólo con su presidencialismo verticalista, centralizador y autoritario y el olvidado discurso histórico de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas como ideología sin fuerza. Sin un partido que sea el administrador de las demandas-soluciones y sin una disminución sensible y rápida de la desigualdad social y la pobreza (80% de los mexicanos 104 millones de mexicanos, vive con una a cinco carencias sociales), la legitimidad de la presidencia lopezobradorista carecerá de bases.

Y el pivote dinamizador era la fuerza sexenal del presidente en función no de haber llegado sino de decidir su propia sucesión presidencial. Y López Obrador no se va a reelegir y Morena está muy lejos de ser el PRI de las sucesiones ordenadas. La crisis del PRI comenzó en 1988 cuando no pudo administrar la designación del candidato desde Los Pinos.

Y ahí entra la opción absolutista/autoritaria del presidencialismo lopezobradorista. Al carecer de un partido-sistema con liderazgos de clase por su configuración tipo Torre de Babel y sin ninguna posibilidad de revertir la pobreza en cuando menos seis años, entonces al discurso populista sólo le queda la imposición autoritaria. Por eso la confrontación mediática y de credibilidad con los poderes fácticos: empresarios, burocracia priísta, poder judicial, medios críticos.

Los antecedentes del lopezobradorismo están en los líderes caudillistas y populistas que usaron la fuerza del presidencialismo para imponerse: Obregón con su golpe a Carranza, Calles con el control del aparato militar, Cárdenas con la expropiación petrolera, Díaz Ordaz con su presidencialismo paternalista-represor, Echeverría con el poder del Estado, López Portillo con la expropiación de la banca y Salinas con sus golpes contra líderes empresariales y sindicales.

Pro los presidencialismos autoritarios son temporales y terminan en colapsos económicos.

Política para dummies: La política radica en escoger el peor de los caminos para que las cosas más o menos caminen.

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@carlosramirezh
12 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO vs. Corte, gobernadores medios, empresarios, militares…
La disputa del presidente López Obrador y sus bancadas legislativas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la ley de salarios, es otra de las batallas que no tiene como fondo un cambio de régimen porque el actual es y seguirá siendo presidencialista, sino revela un reacomodo de poderes a favor de la nueva élite lopezobradorista mayoritaria.

En la realidad, ninguna de las decisiones polémicas del nuevo presidente de la república modifica el régimen priísta republicano, federal, representativo, democrático y presidencialista. Y en el fondo, tampoco las decisiones de López Obrador crean nuevas formas de ejercer el poder, sino que se agotan en la toma del control y del poder por los nuevos funcionarios.

La confrontación con la Corte es por salarios, con los gobernadores por seguridad publica, con los medios porque muchos representan a la élite del anterior régimen, con los empresarios porque construyeron un poder fáctico, con los militares porque son la fuerza del régimen y con los que vengan por el desplazamiento de priístas-panistas-perredistas que se apropiaron del régimen priísta.

En los hechos, el régimen seguirá siendo priísta con López Obrador, solo que con dos variantes: Morena tiene hasta el 2021 la mayoría absoluta en la Cámara y la primera minoría en el Senado hasta el 2024 y López Obrador viene con una clase morenista propia formada en su mayoría por ex priístas, expanistas, experredistas y exfuncionarios del viejo régimen y con la lealtad a López Obrador y a Morena.

El régimen seguirá siendo republicano, federal, representativo, democrático y presidencialista y la nueva élite con el sello AMLO-Morena carece de una propuesta alternativa y ha mostrado las mismas prácticas y vicios porque salieron del anterior régimen priísta.

En materia de presidencialismo, López Obrador no ha inventado nada: quiere el liderazgo de Obregón, la astucia de Calles, el carisma de Cárdenas, el pragmatismo de Alemán, el estatismo social de Echeverría, el petróleo de López Portillo y la capacidad de Salinas parea renovar a la clase política.

En este contexto, López Obrador es en realidad copia del modelo Salinas: la renovación de la élite dirigente por una funcional a los nuevos lineamientos del poder. Salinas modifico el PRI, le puso nuevos cuadros salidos del pensamiento económico neoliberal, los hizo legisladores, gobernadores y funcionarios y llevó su proyecto a la sucesión presidencial de 1994 con Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, para asegurar la continuidad del proyecto económico modernizador neoliberal.

El modelo político de López Obrador es una extraña mezcla entre populismo y neoliberalismo, el primero para aumentar gasto y distribuir el ingreso y lo segundo con el cumplimiento de la condicionalidad estabilizadora de control de la inflación como ancla principal.

La estrategia populista se percibe en la reconstrucción de la capacidad del Estado para usar los recursos fiscales en la consolidación de un nuevo aparato paraestatal que Salinas privatizó en su sexenio. El congelamiento de las concesiones petroleras va a facilitar que el Estado regrese a la economía productiva con inversiones en petróleo (al estilo López Portillo) y con ello volver a reactivar los ingresos de las paraestatales como vía de financiamiento del gasto público social.

La privatización del petróleo también privatizó el producto de la venta de crudo y le dejó al Estado sólo el área fiscal. López Portillo utilizó la deuda y los primeros ingresos extraordinarios de petróleo para construir una plataforma petrolera estatal y dejarle al Estado todos los beneficios. Sólo que el riesgo del modelo de López Obrador radica en que la exploración es la más profunda y por tanto la que más requiere de recursos.

En este sentido hay que contextualizar los conflictos de López Obrador: la reorganización de las instituciones del régimen priísta para que le sirvan a su propio proyecto, sin suponer ningún nuevo régimen. De todos, el más innecesario ha sido el de la Corte por los salarios, porque el poder judicial era fácil de reorientar en sus funciones y convertirlo en aliado en la redefinición de las nuevas reglas del juego.

La baja de salarios públicos era necesaria por el desorden y desbocamiento en los últimos años, pero esa operación política careció de sensibilidad social y jurídica. Sus operadores legislativos atropellaron derechos y provocaron el alineamiento de todos los afectados. Si la Corte resiste las presiones mediáticas y se ajusta a los criterios legales, la batalla puede ser ganada. Pero si decide politizar sus designaciones, el resultado será adverso.

Todo el desorden tiene, en síntesis, la intención de fijar los parámetros del poder presidencial con el mismo régimen político priísta, aunque con nuevos jugadores.

Política para dummies: La política es un juego de tensión dinámica entre dos fuerzas en sentido contrario, muna tratando de sacar a la otra y ocupar su augur.


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@carlosramirezh
11 Diciembre 2018 04:00:00
Puebla: Barbosa endosó a AMLO su derrota ante Martha Érika Alonso-PAN
A lo mejor no va a ser necesario tomar tan en serio al presidente López Obrador en sus abruptos políticos: En el 2006 mandó al diablo a las instituciones electorales y en el 2018 las elogió porque le dieron la victoria.

De todos modos, resulta preocupante que el proceso electoral en Puebla pasó por todos los filtros de la democracia y ahora resulta que la determinación legal y legítima a favor de la candidata panista Martha Érika Alonso fue antidemocrática para López Obrador.

El problema radicó en que el Presidente de la República con apenas ocho días en el poder haya llevado a la sociedad atenta al caso Puebla a dos opciones: O preocuparse por la acusación del jefe del Estado contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque implicaría un proceso de disolución de esa institución electoral, o mirar hacia otro lado con desdén diciendo que se trata de otro de los desplantes de López Obrador que a nada conducen y que responden a momentos anímicos.

Al final, el que perdió fuerza política, posición institucional y credibilidad como gobernante fue López Obrador porque careció de pruebas para afianzar su exabrupto contra el Tribunal Federal Electoral.
El PAN y la gobernadora electa Martha Érika Alonso, por su parte, cumplieron con toda la normatividad legal en tribunales y probaron la falsedad de las acusaciones de un magistrado que había sido asimilado por Morena con la extensión de su gestión y en el pleno se demostró que no hubo tal cúmulo de irregularidades.

El presidente López Obrador, Morena y sus piezas de poder estaban obligados a deslindarse del caso Puebla porque el riesgo era mayor: Si ganaban y se anulaban las elecciones, habría quedado la certeza de aplastamiento de las autoridades electorales; si perdían, habrían de mostrar que la fuerza en las calles es menor a la capacidad de decisión de las instituciones que habían sido mandadas al diablo. Y así fue: La decisión del Tribunal Electoral representó una sonada derrota del presidente López Obrador y no de Morena ni del impresentable Miguel Barbosa.

La estridencia de Barbosa contra la candidata Martha Érika Alonso y su familia mostró la condición política de baja estofa de sus comportamientos y sí utilizó discriminaciones sexuales y de género, aunque en el fondo estos comportamientos trogloditas fueron el aviso de que batalla en tribunales estaba perdida.

Lo que viene ahora es una segunda prueba para López Obrador: O reproduce con la gobernadora Alonso los estilos de Peña Nieto con el gobernador de Chihuahua usando el aparato de poder para castigarlo por la persecución contra un priísta, o le da vuelta a la hoja y asume a la nueva mandataria de Puebla como la representante del pueblo y sociedad de Puebla. Cualquiera que sea la decisión sumida, representará una segunda derrota para los actuales estilos presidencialistas autoritarios.

Lo más grave de todo fue observar que el presidente López Obrador tiene 53% de los votos y 30 millones de votos, pero no le alcanzan para reformular las estructuras de poder del sistema/régimen/Estado priístas: Ya enlodó a la Suprema Corte, ya castigó a los legisladores levantándole la canasta presupuestal, ya definió la política en términos del ideólogo autoritario Carl Schmitt en la relación amigo-enemigo, ya le quitó publicidad a los medios escritos porque lo criticaron mucho y les subirá apoyos a Televisa y TV Azteca porque se sometieron a su voluntad y ahora ya manchó la reputación de las dos instituciones determinantes en la transición mexicana a la democracia: La versión poblana del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral.

En este sentido, sin siquiera proponérselo, la elección de gobernador en Puebla fue una derrota de López Obrador. Los abogados del PAN sí hicieron su tarea y lograron invalidar las quejas de Morena. El problema de fondo local estuvo en el apoderamiento de Morena en Puebla por el grupo priísta del exgobernador Mario Marín Torres. El principal colaborador de Marín en su gubernatura es hoy el jefe máximo de Morena y por tanto aspirante a la gubernatura: Alejandro Armenta, quien por cierto acaba de ser derrotado porque presentó una iniciativa de castración química a violadores y fue desdeñado por el presidente López Obrador. Esa iniciativa viola los derechos humanos y Armenta llegó al Senado como suplente de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Una muestra más del desorden político e ideológico en Morena.

La gobernadora Martha Érika Alonso llega con toda la legalidad, legitimidad y capital político-electoral --mayor a la que tenía cuando se registró como candidata-- porque logró en tribunales políticos y legales la primera victoria contra el poder de Morena como partido mayoritario.

Política para dummies: La política es el arte de convencer de hechos buenos o malos, no el de imponer caprichos presuntamente buenos que al final son peores.

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@carlosramirezh
10 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO en Palacio Nacional 5.- Populismo neoliberal
Una de las palabras que podría resumir las posibilidades del proyecto de gobierno del Presidente López Obrador es oxímoron, la mezcla de dos posiciones encontradas y hasta excluyentes. Su populismo político estará acotado por la dominación del neoliberalismo en economía y desarrollo: Será populismo neoliberal.

El anuncio del presidente López Obrador en su toma de posesión en el sentido de que se había terminado el ciclo económico neoliberal no fue sino un deseo político, coyuntural, de plaza publica. La política económica y presupuestalº de la administración 2018-2024 no podrá salirse del modelo neoliberal porque estará atada a la variable suprema: La inflación asumida --dice la teoría monetarista del neoliberalismo-- como fenómeno monetario.

En este sentido, la única viabilidad lopezobradorista estaría en asumir sus posibilidades reales --y no demagógicas-- en función del oxímoron populismo neoliberal. La primera crisis en su equipo económico estalló cuando el subsecretario de Egresos de Hacienda, Gerardo Esquivel, le dijo al Presidente López Obrador que no se podía aumentar el gasto social. La discusión subió de tono hasta el punto en que Esquivel le dijo: “Andrés Manuel, no-se-puede”. Al salir de la reunión Esquivel ya había sido reasignado al Banco de México, por cierto, la catedral del pensamiento inflacionario neoliberal, ortodoxo, monetarista y friedmaniano.

Los populismos de 1934 a 1982 duraron hasta que la inflación colapsó la estabilidad macroeconómica y condujo a las devaluaciones. En 1975 el presidente Echeverría tuvo que aceptar la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional para obtener créditos que ayudaran a inyectar el mercado de dólares; en 1977 López Portillo despidió a sus secretarios de Hacienda y Programación porque no encontraron una síntesis entre la condicionalidad neoliberal de baja de gasto y los compromisos sociales del candidato. En 1978 López Portillo aprovechó los descubrimientos petroleros para un programa de inversiones que, de todos modos, llevaron a la inflación de 1981 y 1982 y a otra devaluación. Los tecnócratas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari dieron un paso adelante en el pensamiento neoliberal: Redefinieron el papel del Estado mexicano, haciéndolo pasar de social a Estado autónomo de compromisos sociales.

La caída de Esquivel reprodujo la crisis de 1977 de López Portillo: La imposibilidad de una síntesis entre populismo y neoliberalismo. El propio López Portillo padeció más directamente su crisis: En 1973 ascendió a secretario de Hacienda de Echeverría cuando Hugo B. Margain se negó a aumentar el gasto y a imprimir más billetes. De 1973 a 1976 siguió subiendo el gasto sin mayores ingresos y en agosto de 1976 terminó el modelo de desarrollo estabilizador basado en un tipo de cambio atado a un presupuesto condicionado por la inflación.

La política presupuestal de López Obrador quiere aumentar el gasto social y de inversión de sus compromisos de campaña sin más impuestos ni mayor deuda; por tanto, solo queda la reasignación de recursos disponibles. En la realidad Hacienda ya entendió que nunca existió la posibilidad de que baja en la corrupción y disminución de salarios de la alta burocracia y organismos autónomos pudiera aportar 600 mil millones de pesos para las inversiones lopezobradoristas. Fue lo que le dijo Esquivel al presidente de la república… y por eso lo mandaron a panteón neoliberal del Banxico.

Si quisiera encontrarse una explicación económica a la decisión de López Obrador de suspender mayores concesiones petroleras y anunciar que el gobierno haría la exploración, extracción y comercialización del crudo, estaría en el modelo de López Portillo de usar el petróleo como actividad productiva del Estado y las utilidades petroleras destinarse al gasto público. La apuesta se perdió cuando el ingreso petrolero fue menor a los programas de inversión pública y aumentó la inflación.

A menos que la estrategia económica de López Obrador encuentre fuentes de ingreso gubernamental más allá de los impuestos, el ahorro por corrupción, baja del gasto corriente, la deuda y la impresión de billetes, las posibilidades del populismo lopezobradorista estarán acotadas por las limitaciones de la condicionalidad neoliberal. Y ya no se trata solo del FMI, sino del efecto inflacionario de la política económica y los objetivos sociales del desarrollo.

Al populismo de López Obrador le falta reflexión teórica para confrontar las mentiras neoliberales. El problema no se localiza en mayor o menor gasto y en mayor o menor inflación, sino en el rediseño del modelo de desarrollo y por tanto el replanteamiento de su correlativa política económica.

La crisis con Esquivel, su cese en Hacienda y su envío al templo del neoliberalismo del Banco de México fue el primer aviso de la crisis tradicional de los populismos sin política económica.

Política para dummies: La política es el reino de las pesadillas, no de los sueños guajiros.

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@carlosramirezh
09 Diciembre 2018 04:00:00
México: Con AMLO, otro ciclo populista, no de izquierda
Buena parte de observadores internacionales han señalado que con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la república llegó al poder “la izquierda”. Nada más… confuso. El nuevo presidente no es de izquierda, sus aliados vienen del PRI reciente y del PAN conservador, cuyo salto político se explica sólo por cargos públicos. La propuesta del gobierno entrante es de capitalismo de mercado, con regulaciones decrecientes del Estado y programas asistencialistas a sectores improductivos.

Los héroes simbólicos del gobierno de López Obrador son cinco: Hidalgo y Morelos (promotores de la independencia de España en 1810), Benito Juárez (el indígena que llegó a la presidencia para construir el capitalismo sobre las propiedades de la iglesia y los indígenas), Francisco I. Madero (el impulsor de la línea democrática de la Revolución Mexicana que antes había solicitado al dictador Porfirio Díaz ser su candidato a la vicepresidencia) y Lázaro Cárdenas (el repartidor de tierras a campesinos y expropiador-privatizador del petróleo).

Los pequeños datos biográficos anteriores destacan los aspectos negativos de las personalidades, pero todos ellos forman parte de la Historia Oficial (capital mayúscula para destacar el oficialismo) que la ideología oficial de la Revolución Mexicana ha diseñado como parte de la ideología priísta. Esa ideología es impuesta a través de la educación obligatoria y los libros de texto gubernamentales que son los únicos válidos en la educación y que constituyen (Althusser) un aparato ideológico del Estado priísta. Así, la educación construye ideología en todos los niños. Por eso el politólogo critico y radical Luis Javier Garrido había diseñado una frase que se hizo célebre: En México todos somos priístas (por la educación) hasta demostrar lo contrario.

La izquierda mexicana ha tenido dos grandes vertientes: la marxista y marxista-leninista y la nacionalista-revolucionaria del PRI en sus formaciones anteriores como Partido Nacional Revolucionario y Partido de la Revolución Mexicana. La marxista-leninista (el Partido Comunista Mexicano) fue legalizada en 1978 y sobrevivió legalmente hasta 1989 en que entregó su registro a los expriístas Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador para dar a luz al Partido de la Revolución democrática, cuyo venero ideológico viene del PRI progresista-cardenista, pero priísta de todos modos. Morena, el partido de López Obrador, fue un desprendimiento del PRD.

Cárdenas y Muñoz Ledo se asumieron de la izquierda del PRI --progresista, no marxista, un poco socialdemócrata, con un Estado promotor de la acumulación privada de capital-- y López Obrador se dijo tibiamente de izquierda hasta 1999 en que terminó su periodo como presidente del PRD. La izquierda oficial no promueve la lucha de clases, aunque Cárdenas la invocó no para potenciarla sino para controlarla en una versión bonapartista del progresismo, organizó a la clase trabajadora como masa y no como clase proletaria y desde siempre afirmó que el proletariado nunca sería propietario de los medios de producción ni tendría el poder presidencial directo.

La ruptura de Cárdenas, Muñoz Ledo y López Obrador con el PRI ocurrió en 1987 cuando el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se negó a abrir a votación pública la nominación del candidato presidencial de 1988 y señaló con su dedo todopoderoso (dedazo, en la gramática autoritaria del PRI) a Carlos Salinas de Gortari, un tecnócrata neoliberal. Enojados, aquellos tres abandonaron el PRI, compitieron con un frente amplio, les hicieron un fraude para impedir acercarse al poder y provocaron la fundación del PRD con más bases priístas que comunistas.

De 1981 a 1988 se dio en el seno de la clase gobernante priísta una disputa por el rumbo ideológico y político del desarrollo (tesis de Carlos Tello y Rolando Cordera en México: La disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo) entre dos corrientes: La neoliberal de los tecnócratas De la Madrid y Salinas dentro del modelo del Fondo Monetario Internacional que tomó el control de la política económica mexicana en 1975 y la popular impulsada por el progresista Colegio Nacional de Economistas y la coalición obrera en el Congreso del Trabajo. La línea victoriosa fue la neoliberal y duró de 1987 a 2018. La progresista pasó a la marginalidad y fue reactivada por Cárdenas y su populismo poscardenista en las elecciones presidenciales de 1988, 1994 y 2000, pero con bajo rendimiento electoral: del 30% en 1988 a 16% en 2000. López Obrador, construido por Cárdenas, se alejó del PRD, fijo su propia personalidad disidente e ideó un liderazgo bonapartista personal sustentado en el lumpenproletariado de los beneficiarios de programas sociales.

Lo que dicen que la izquierda llegó al poder con López Obrador debieran primero definir qué tipo de izquierda. El nuevo presidente, en realidad, es populista y personalista; su modelo económico es de estabilidad macroeconómica en las exigencias del FMI, pero con gasto asistencialista para beneficiar apenas a tercera edad, becas a jóvenes y apoyos a mujeres. Su primer programa económico para 2019 será la continuidad del neoliberal establecido en México desde 1983. En suma, López Obrador mantendrá el régimen priísta: Federal, democrático, representativo y presidencialista. Morena está buscando ocupar el espacio del PRI, aunque sin la cohesión de disciplina e ideología del priísmo.

En este sentido, el proyecto político del gobierno de López Obrador es populista, priísta en métodos, tácticas e ideas y con respeto a la estabilidad macroeconómica del FMI. Morena no es un partido cohesionado, sino una Torre de Babel conformada por militantes de todos los partidos, sin que tenga una ideología, y como partido carece de ideología real. Al final, el modelo de gobierno de López Obrador será presidencialista, de liderazgo personalista, bonapartista y de plaza pública, viviendo de la vieja ideología priísta de la Revolución Mexicana.
En síntesis, el gobierno de López Obrador no representa una ruptura revolucionaria, sino una continuidad priísta en clave pendular dentro del PRI.

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07 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO en Palacio Nacional 4.- Presidencia retro-posmoderna
Como era de esperarse, del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador como movilizador de masas quiere reproducirse como presidencialismo de pueblo. Por esos objetivos, su modelo presidencial representa un retroceso al avance en la deconstrucción de la institución que ha dominado y controlado la política y la sociedad desde las comunidades indígenas originarias.

Y quizá nada ilustre el regreso al centralismo presidencialista que la ley de remuneraciones de la administración publica y la fijación del salario presidencial como el punto de referencia de la punta de la pirámide política del poder: el Estado en clave imperial. Lo fijó con precisión el propio presidente cuando personalizó poderes en dictámenes legales: “Nadie puede ganar más que yo”. Se trata del yo no-institucional, sino personal, único, el yo de Luis XIV, el yo-pueblo del Estado de Nietzsche. La encarnación del Estado en el yo presidencial: Pueblo, poder, padre-patrón.

La lucha por la democracia había corrido, de 1968 al 2018, en una larga batalla de medio siglo precisamente para disminuir el poder del presidente de la república y equilibrarlo con poderes desprendidos de la institución presidencial: La muy modesta y parcial transición mexicana a la democracia formal. Ahora comienza el camino de regreso: la reconfiguración lopezobradorista del presidencialismo priísta que históricamente potenciaron Santa Anna con su necesariato, Benito Juárez con facultades extraordinarias y Cárdenas con el poder corporativo de clases en el Partido Revolucionario Institucional.

El presidencialismo mexicano ha sido una necesidad cohesionadora y un obstáculo democratizador. Cada presidente ha inventado su tipo de presidencia:

--Obregón como la autoritaria populista.
--Elías Calles como la autoritaria instrumental.
--Cárdenas como la presidencia paternalista resumida en la condición del Tata o padre sustituto.
--Alemán como la presidencia corruptora.
--López Mateos como la presidencia carismática.
--Díaz Ordaz como la presidencia-Soler, esa imagen de padre autoritario y enérgico de jóvenes que lo veían como abuelo y a quien había que dirigirse de usted, como en las películas de Fernando Soler.
--Echeverría como la presidencia agitadora.
--López Portillo como la presidencia Don Q: frívola-racional-filosófica.
-- De la Madrid como la presidencia timorata.
--Salinas como la presidencia-ambición.
--Zedillo como la presidencia administrativista o ejecutivista.
--Fox como la presidencia de caporal de rancho.
--Calderón como la presidencia invisible.
--Peña Nieto como la presidencia set.
--Y ahora López Obrador con la presidencia Tata.

El problema de López Obrador radica en que su perfil de presidencia tiene que regresar etapas de modernización política institucional. Hasta ahora se ha visto una presidencia a ras de tierra con vuelos en líneas aéreas comerciales, acceso del pueblo a tocarlo y conferencias de prensa diarias que distorsionan programas de gobierno. Ya se deshizo de su gabinete descentralizándolo y ahora va por la anulación de los organismos autónomos del Estado que le quitaron tentáculos de dominación presidencial totalizadora y la inmovilización de la Conferencia Nacional de Gobernadores para someterlos a la autoridad virreinal del presidencialismo con seguridad y superdelegados federales.

Nada ilustra más la intención presidencialista o presidencializadora que la recepción del Bastón de Mando de comunidades indígenas que no llegan a 10% de la población total, pero cuyas formas tradicionales de gobierno --heredadas y perfeccionadas a lo largo del tiempo político mexicano-- se basan en la autoridad superior de Tlatoani con el mandato de los dioses. Este Bastón se equiparó con la banda presidencial constitucional, sólo que el primero se otorga por un misterioso consejo de ancianos indígena con representación divina y el segundo se legitima a través de los votos democráticos.

Al final, la presidencia lopezobradorista se parece más a la presidencia bonapartista de Luis Napoleón caracterizada por Karl Marx en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte: No el perfil personal que señalaba Víctor Hugo, sino como “producto de la lucha de clases en Francia” y las condiciones y sus circunstancias que permitieron el ascenso de Luis Napoleón de líder populista del lumpenproletariado desclasado a segundo Emperador.

El desafío de López Obrador no radicaba en reconstruir el viejo presidencialismo imperial mexicano, sino en avanzar en la conversión del presidencialismo en una pieza más de la necesaria y ahora alejada transición mexicana a la república. Por donde se le vea, el presidencialismo-Tata es un retroceso político que afectará las relaciones sociales y políticas y de producción que habían adquirido una autonomía relativa de los controles presidencialistas.

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06 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO en Palacio Nacional 3.- Neoliberalismo vergonzante
1.- El neoliberalismo entró a México de la mano del Fondo Monetario Internacional. La política económica del gobierno de Echeverría aumentó el gasto y expandió el Estado en 10 puntos porcentuales, pero sin asegurar incremento en los ingresos. La inflación pasó de un promedio anual de 2% hasta 1970 a 20% en 1973-1976 y subió a 35.7% en el sexenio de López Portillo.

2.- La inflación fue catapultada por aumentos en salarios, pero sin incremento de la productividad ni de disponibilidad de mayor oferta de bienes y servicios. El factor detonante de la crisis fue el choque Estado-empresarios de 1973 a 1982 y la fuga de capitales. Sin reservas internacionales, los gobiernos de Echeverría y López Portillo primero devaluaron y luego solicitaron el apoyo del FMI.

3.- De todos modos, la ideología del neoliberalismo ya estaba aquí. El periodo de desarrollo estabilizador 1958-1970 de Antonio Ortiz Mena --sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz-- fue la aplicación de la doctrina neoliberal oculta: El monetarismo o el enfoque de Milton Friedman de que la inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario. Las alzas de salarios y gasto en el desarrollo estabilizador fueron subordinadas a la tasa inflacionaria y esta se ató como ancla al tipo de cambio: Sin gasto desordenado no habría inflación y por lo tanto tampoco devaluación. Era la clave de la estabilización macroeconómica que elogia López Obrador.

4.- El FMI determinó la sucesión presidencial de 1976 y 1982: el conservadurismo estabilizador; solo que a López Portillo lo salvó el petróleo y aumentó el gasto hasta el colapso de 1982. El eje ideológico conservador neoliberal del grupo de De la Madrid fue Carlos Salinas de Gortari, quien transitó del Estado social al Estado autónomo de responsabilidades sociales. El gasto se ató a la inflación y paulatinamente disminuyeron las presiones inflacionarias y devaluatorias. El jefe político del grupo neoliberal salinista fue Francisco Gil Díaz, doctorado en la Universidad de Chicago donde fue alumno y luego adjunto de Milton Friedman, el padre del neoliberalismo en fase monetarista.

5.- El grupo monetarista-neoliberal giró en torno al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde Gil Díaz asentó su poder desde 1972 como director del Departamento de Economía. El grupo de economistas monetaristas fue conocido como Chicago boys por depender del venero Friedman-Gil Díaz-Universidad de Chicago. Como director de Política de Ingresos en Hacienda Gil Díaz en 1983 contrató como asesor a Arnold Harberger, socio de Friedman en servicios a la dictadura de Pinochet. El neoliberalismo fue caracterizado por René Villarreal en 1984 como “contrarrevolución monetarista”.

6.- Las devaluaciones de 1976 y de 1982 intensificaron la condicionalidad de política económica del FMI: Apoyo crediticio a cambio de aprobación por el FMI de la política económica vía Cartas de Intención. El neoliberalismo del FMI fue impuesto por la crisis, pero luego el grupo salinista de neoliberales lo asumió por convicción vía Gil Díaz y su alumno brillante Pedro Aspe Armella. De 1983 a 2018, la política económica fue neoliberal en su fase monetarista: Controlar la inflación por la vía del circulante monetario y disminuciones estructurales del gasto social porque el Estado salinista había decretado la autonomía de sus responsabilidades sociales.

7.- El neoliberalismo se basa en puntos concretos: Estado con bajo gasto social, mercado en lugar de Estado e inflación como ancla estabilizadora. El punto clave radica en la teoría de la inflación: El neoliberalismo del FMI se apoya en Friedman y afirma que es por circulante monetario; bajando dinero disminuiría la inflación y recomienda tres bajas: PIB, gasto social y salarios. El enfoque estructuralista nunca reconocido por los neoliberales Gil Díaz-Aspe señala que la inflación es responsabilidad de la estructura productiva. Los dos aceptan que el aumento en producción y productividad reduce el motor inflacionario del circulante. La estructura productiva, sin embargo, no se refiere al modo de producción, sino a la apropiación privada del capital y a la prioridad por las utilidades empresariales.

8.- La muerte del neoliberalismo no se logra por decreto o por afirmación en plaza pública. López Obrador ha anunciado un modelo de neoliberalismo vergonzante: Baja salarios gubernamentales para aumentar gasto público improductivo y asistencialista y afecta calidad del empleo. Al final, esta estrategia socializa el empobrecimiento generalizado. La clave del neoliberalismo se localiza en mantener o interrumpir la apropiación privada de la riqueza. El neoliberalismo vergonzante lopezobradorista sigue privilegiando al empresario privado sin tocar sus utilidades.

Política para dummies: La política es la habilidad para eludir responsabilidades culpando a otros.
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05 Diciembre 2018 04:00:00
Elección de Puebla en tribunal definirá a Morena como PRI
La resolución final de la elección de gobernador en Puebla va a definir el rumbo de la política electoral del gobierno del presidente López Obrador: O seguir los pasos del viejo PRI que se quedaba con todas las posiciones electorales usando su fuerza institucional o fundar un mecanismo realmente democrático donde impere el respeto al voto.

La filtración de la propuesta de dictamen del magistrado José Luis Vargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su twitter contaminó el proceso legal y tuvo una mala intención por la visita de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al Tribunal.

Si la hoy flamante funcionaria política del régimen en turno Sánchez Cordero fuera coherente, entonces tendría que reconocer que su visita al Tribunal fue un acto de presión institucional que interrumpió el debido proceso electoral y por tanto la resolución del magistrado Vargas debiera quedar sin efecto por ser lo que en derecho se conoce como “fruta de un árbol envenenado”.

Y el asunto compromete más a la ministra jubilada de la Suprema Corte en tanto que utilizó esa argumentación para dictaminar la liberación absoluta de la secuestradora Florence Cassez en enero de 2013. A menos, claro, que la ministra jubilada haya ya transitado a la velocidad de la luz del Estado de derecho al derecho absolutista del Estado de dictar reglas que beneficien a la nueva élite del poder.

En todo caso, la decisión final sobre las elecciones en Puebla que va a dictaminarse esta semana va a definir si el gobierno de López Obrador pondrá la democracia por delante o utilizará los mecanismos, instrumentos y formas absolutistas del poder presidencial para quedarse con todas las elecciones por venir. Lo que se juega en Puebla no es un resultado electoral ya dictaminado a favor de la candidata del PAN-PRD, Martha Érika Alonso, por pruebas endebles en contra, sino la existencia --como en los tiempos del PRI-- de un pasadizo nada secreto que iría de la Presidencia de la República a Morena como partido con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República.

En el pasado reciente, el PRI-Gobierno-presidente de la república presionaba a las autoridades electorales para determinar victorias sin pasar por las urnas, desde que el poblano Manuel Bartlett Díaz forzó a la Comisión Federal Electoral a dictar la victoria de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones presidenciales de 1988. El IFE-INE y el Tribunal Electoral se separaron del gobierno justamente para evitar que el sistema político presidente de la república-PRI ganará elecciones por consigna y no por votos.

La filtración del dictamen del magistrado Vargas envenenó el ambiente electoral para generar presiones morenistas y anular las elecciones de julio pasado, a fin de beneficiar al experredista y neomorenista Miguel Babosa con una victoria en la mesa de negociaciones y no en las urnas. Puebla podría sentar el precedente para que Morena impugne y presione a las autoridades electorales --como lo hacia el PRI hasta no hace mucho-- y con amenazas legislativas violentar el debido proceso electoral.

Alrededor del caso Puebla y el comportamiento sospechoso del magistrado Vargas coloca al entrante gobierno morenista ante revelaciones de presiones sobre el magistrado Vargas: La visita de la ministra jubilada de la Corte y secretaria de Gobernación y una propuesta de la bancada de Morena en la Cámara para despedir al magistrado Vargas de su cargo.

Justo después de estas acciones, el magistrado circuló su dictamen proponiendo anulación de elecciones y con ello desvirtuando el Estado de derecho en una elección de gobernador.

Por razones de la dimensión de su victoria, Morena y el presidente López Obrador están obligados a abandonar las viejas prácticas priístas de controlar procesos electorales para demeritar a la oposición. Una de las argumentaciones de respuesta del PAN al dictamen del magistrado Vargas deber dominar en la serenidad de la votación en el pleno:
“El proyecto de sentencia es un absurdo a la razón jurídica: El propio magistrado reconoce que no hay variaciones en los votos obtenidos por la candidata panista entre el primer cómputo y el recuento total que hizo el mismo magistrado Vargas con decenas de funcionarios del Poder Judicial Federal”.

Si Morena usa todo su poder para obligar al Tribunal Electoral federal a anular la elección de gobernador en Puebla sólo porque ganó la coalición PAN-PRD-MC, el arranque del sexenio Morena-AMLO despertará las certezas de que no hay cambio de sistema ni de régimen sino solo relevo de partido en una estructura de poder marcadas por los vicios priístas del absolutismo político.

Política para dummies: La política debiera ser el juego democrático, no las tensiones del poder absolutista.

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04 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO en Palacio Nacional 2.- Populismo o socialdemocracia
Si el presidente López Obrador quiere iniciar su sexenio 2018-2024 con una nueva etapa en el ejercicio del poder, lo más importante radicará en dos cosas: reconocer que su modelo es populista y convertir al populismo es una propuesta de socialdemocracia con nuevos pactos sociales con empresarios, trabajadores y grupos sociales y presidencialismo acotado.

El único contrapeso real que puede tener López Obrador y que además pudiera serle de utilidad es el de la crítica reflexiva que no existió en la alternancia del 2000, ni en la conflictiva elección presidencial del 2006, ni en el regreso sin gloria del PRI al poder y en la elección de mayoría absoluta y gobierno unificado presidencia-congreso de 2018.

A pesar de los pomposos discursos morenistas de “cambio de régimen” o de “4ª Transformación”, en realidad apenas asistimos a un relevo en los poderes ejecutivo y legislativo a través de una clase dirigente expriísta y populista. Para un cambio de régimen real se deben dar, articuladas, cuatro reformas estructurales:

1.- Sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional.

2.- Modelo de desarrollo/política económica/bienestar social.

3.- Rectoría del Estado/acuerdo empresarial/distribución de la riqueza.

4.- Presidencia de la república/estatalidad/proyecto nacional.
Los datos que se tienen sobre las restricciones en la política económica para el 2019 girarán en tres puntos definitorios: Reorganización del gasto, meta inflacionaria y política fiscal para ingresar y distribuir. El punto central de la política económica lopezobradorista estará en la inflación, porque sus ritmos crecientes por alzas de gasto derivarían de manera inevitable en devaluaciones y estas regresarían en mayores distorsiones.

La parte más importante del proyecto de López Obrador es la doctrinaria: Una cosa han sido las frases hechas al calor de la campaña y sin sustento teórico y otra reflexionar sobre la gramática de la crisis; una cosa es haber ganado la mayoría absoluta en la presidencia y el congreso y otra redistribuir el poder político; una cosa es fijar una meta de PIB con criterios de equidad social y otra mover los instrumentos y las herramientas económicas para que el crecimiento económico no sea falso.

Existen cuando menos tres puntos centrales que el lopezobradorismo --no solo el Presidente en funciones sino su estructura política-- necesita reflexionar desde la teoría, porque sus bases teóricas mostradas en la campaña respondieron a la plaza y no a los instrumentos de dirección política.

1.- El Estado, base del populismo. Los populismos progresistas de Cárdenas, Echeverría y López Portillo taparon hoyos y destaparon otros, y el populismo neoliberal de Salinas de Gortari salvó la inflación, pero llevó la pobreza y la marginación al 80% de los mexicanos. Del Estado hegemónico de Cárdenas se pasó al Estado intervencionista de Echeverría y al Estado despilfarrador de López Portillo y al Estado autónomo de Salinas. Ya en el poder, López Obrador necesitará definir su tipo de Estado.

2.- La inflación como el eje de la política económica. A finales de los cincuenta el estructuralismo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, hoy hundida en el neoliberalismo de mercado) debatió la tesis liberal que luego seria neoliberal de Friedman de que la inflación era un fenómeno monetario, de circulante; hoy se sabe sin debatir que la inflación es producto de estructuras de producción y distribución de la riqueza. La teoría económica fue expropiada por el Fondo Monetario Internacional. Para aumentar su ingreso y gasto, López Obrador necesita de un nuevo cuerpo teórico sobre la inflación.

3.- La democracia como principio dinamizador de la sociedad. México ha consolidado la democracia electoral, pero la desigualdad social diluye las prácticas democráticas. Su meta de abaratar la democracia disminuyendo al Instituto Electoral es indispensable, pero ahora el tema de la democracia no es el respeto al voto sino un asunto más complejo: la calidad de la democracia. Sin una reflexión sobre las nuevas formas de democracia social se puede regresar al modelo populista del caudillismo vía la engañosa democracia directa con consultas amañadas al pueblo.

El grave problema de López Obrador estará en el peso abrumador de los problemas cotidianos, el corto espacio de tiempo político de gobierno y la sociedad que va a esperar el paraíso prometido en la campaña. Pero la academia y la sociedad crítica pueden ayudar con la reflexión y el debate sobre la construcción de un nuevo proyecto nacional como una forma de evitar la restauración del viejo populismo paternalista autoritario que suele tener poco tiempo de vigencia.

El dilema de López Obrador será restaurar para sobrevivir o reconstruir para resolver.

Política para dummies: La política, en su última instancia, es el acto de supervivencia en la selva salvaje del poder.



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03 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO-4ª Transformación: Largo y sinuoso camino del PRI… al priísmo
1.- La nueva fase histórica de México que se inauguró el sábado 1 de diciembre de 2018 con López Obrador en realidad comenzó en 1981: En el escenario de un congreso del Colegio Nacional de Economistas se confrontaron dos posiciones de proyectos de nación; de un lado, el popular encabezado por sectores progresistas de profesionales ligados al Congreso del Trabajo; de otro, el neoliberal perfilado por la élite gobernante administrativista y tecnocrática que se encaramó en la presidencia de la mano del Fondo Monetario Internacional en 1975 y su cabeza de playa José López Portillo.

2.- De 1981 a 1986 se dio en el país un quiebre en el enfoque ideológico de la política económica y el desarrollo. Las reformas constitucionales de 1977-1986 deslindaron al Estado de sus compromisos sociales y el ideólogo fue Carlos Salinas de Gortari a partir de sus lecturas de Theda Scokpol y el Estado autónomo de la sociedad, un giro de 180 grados del Estado social de la Revolución Mexicana. Hacia la sucesión presidencial de 1988, el presidente De la Madrid rompió la oscilación pendular progresismo-conservadurismo e impuso a Salinas de Gortari como candidato de la continuidad neoliberal.

3.- Los grupos progresistas se aglutinaron alrededor de la figura simbólica de Lázaro Cárdenas en la presencia física de su hijo Cuauhtémoc y consolidaron un grupo disidente dentro del PRI, el cual fue caracterizado como Corriente Crítica-Corriente Democrática. La tesis central de este grupo fue la de abrir el mecanismo de designación del candidato presidencial priísta para pasar del dedazo unipersonal del presidente saliente a una votación interna abierta. La propuesta de Cuauhtémoc fue la recuperación del modelo de desarrollo social de la Revolución Mexicana: Solo regresar al Estado social y abandonar el camino del capitalismo de mercado salvaje diseñado por el FMI y firmado por México desde 1975 por Echeverría con el Fondo. Por tanto, la candidatura presidencial de López Portillo no se entendería sin el FMI, para romper con la continuidad populista de Echeverría y el PRI. Solo que López Portillo, por el petróleo, se volvió más populista, aunque aceptando al FMI.

4.- Al terminar su periodo de gobernador priísta de Michoacán el 14 de septiembre de 1986, Cárdenas conjuntó al grupo priísta disidente, no pudo reorientar la XIII asamblea del PRI de marzo de 1987 en la que Salinas de Gortari y los tecnócratas encabezados por Pedro Aspe Armella tomaron al PRI por asalto, aceptó en septiembre la candidatura del PARM a la presidencia y en octubre de 1987 fue expulsado del PRI por la candidatura por otro partido. Con la alianza de grupos y partidos construyó el Frente Democrático Nacional que sacudió las elecciones de julio de 1988, puso al PRI (en conteo oficial fraudulento) en 50% y en 1989 usó el registro legal del Partido Comunista Mexicano y sus variantes PSUM y PMS para fundar el Partido de la Revolución Democrática. Como candidato a gobernador del FDN por Tabasco inscribió a Andrés Manuel López Obrador.

5.- El PRD se configuró de tres corrientes: las progresistas del PRI, los satélites del PRI con identificación socialista y los comunistas del PCM. De ellos salió la propuesta de plataforma ideológica de gobierno de regresar al Partido de la Revolución Mexicana de Cárdenas que sería luego PRI, rescatar el proyecto social (caracterizado ya por los politólogos como populismo) de ese PRM-PRI cardenista y reasumir el valor del nacionalismo revolucionario. Del PRD de 1989 a Morena de 2018 el proyecto de nación ha sido, para la CC-CD, PRD y Morena, el poscardenismo en grado de neocardenismo: un capitalismo de Estado, con dominio del capital privado y política social asistencialista. No es socialista por ausencia del proletario como propietario de los medios de producción, pero tampoco estatista porque el Estado garantiza la acumulación privada de capital y desarrolla una política social asistencialista.

6.- Así que la 4ª Transformación de López Obrador y Morena no es una ruptura revolucionaria tipo Independencia, Reforma o Revolución, sino que será la reactivación del PRI que fue anulado en la fase neoliberal del PRI alemanista. Se trata de regresar a una mezcla extraña: el caudillismo de Obregón-Calles, los programas sociales de Cárdenas, el impulso a la iniciativa privada de Alemán, la defensa ideológica del PRI con la fuerza por Díaz Ordaz, el estatismo de Echeverría y la euforia salarial de López Portillo. Es decir, una 3ª Bis: regreso al priísmo capitalista de Estado.
El arribo de López Obrador a la presidencia de la república corona el itinerario de un priísta social (de tierra y lodo en comunidades indígenas, pero priista al fin), de la mano de un proyecto mixto de capitalismo neoliberal fondomonetarista con programas asistencialistas no productivos y un Estado autoritario. Es decir, un modelo típico del PRI.
Política para dummies: La política es la esencia de lo que se es, no de lo que se quiere ser.
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@carlosramirezh
02 Diciembre 2018 04:00:00
España, Cuba, Iberoamérica y el fantasma de Stalin
La visita oficial del presidente socialista español Pedro Sánchez a La Habana causó desconcierto en sectores políticos progresistas de Iberoamérica, porque se puede interpretar como un apoyo a la dictadura del general Raúl Castro Ruz a través del intendente civil del poder militar Miguel Díaz-Canel. Sólo la demagogia en clave diplomática quiere hacer creer que Cuba se encuentra en un proceso de apertura democratizadora.

El asunto se puede resumir así: ¿Qué hubiera opinado el PSOE si Fidel Castro en la primera mitad de los setenta hubiera visitado Madrid para entrevistarse con Francisco Franco? El régimen de La Habana ha convertido a los presos políticos en monedas de cambio: Liberación a cambio de reconocimiento estratégico. En su visita, Sánchez se negó a entrevistarse con las organizaciones disidentes que padecen el autoritarismo represor de Castro.

El régimen político de España se encuentra desde 1959 --casi sesenta años-- bajo el férreo puño dictatorial de la familia Castro, primero Fidel y luego Raúl directa e indirectamente. La pantomima democrática cubana realiza elecciones sin la presencia de la oposición y con opositores perseguidos, torturados y encarcelados. El modelo marxista-leninista de Cuba no hace más que cumplir con sus propias expectativas: mantener el poder no por la vía de la democracia o del liderazgo, sino del control electoral del Estado.

El sistema comunista de Cuba es uno de los viejos resabios del mundo de la guerra fría que nació y terminó con la construcción y la demolición de Muro de Berlín 1961-1989. La historia de Cuba sigue latente en las páginas polvosas y llenas de telarañas de los libros de las certezas: asalto al cuartel Moncada en 1953, arresto y amnistía en 1955, exilio a México en 19546 a comprar armas, regreso en ese mismo año a La Habana a pelear en las montañas, victoria en los primeros minutos de 1959 con la huida del dictador Batista, pacto secreto con la URSS en 1960, invasión por Bahía de Cochinos en 1961, asunción de la doctrina comunista en 1961, crisis por la instalación de misiles ofensivos en octubre de 1962, fundación del partido Comunista en 1965 como partido único y satélite Moscú con el apoyo de Fidel Castro a la URSS en 1968 por la invasión de tanques soviéticos a Praga para terminar con el experimento del socialismo democrático.

De 1953 a la fecha, Cuba ha estado jugando con la realidad de una dictadura comunista y el simbolismo de lucha contra la dictadura. Fidel Castro en realidad no fue un comunista, sino un demócrata radical, pero ese radicalismo se polarizó cuando los EE. UU. atacaron a la isla. Y se volvió comunista en el poder, lo cual podría explicar la peculiaridad de su comunismo autoritario porque no se forjó en la lucha de clases entre burguesía y proletariado. Cuba se volvió socialista ya con el poder en manos de los Castro, por lo que no hubo una dictadura del proletariado sino una dictadura de la élite revolucionaria militarizada.

El mundo se dio cuenta --o decidió darse cuenta-- muy tarde; por ejemplo, el escritor portugués José Saramago rompió con Cuba en el 2003 por el fusilamiento de unos balseros que querían escapar de la isla; los intelectuales se sorprendieron del autoritarismo de Fidel Castro en 1971 por el arresto, la tortura y la autoconfesión incriminatoria del poeta Heberto Padilla. Pero en realidad la dictadura nació con la revolución misma. El 26 de julio de 1959, a seis meses de conquistado el poder, mientras en la Plaza de la Revolución se homenajeaba al expresidente mexicano Lázaro Cárdenas por el apoyo a los Castro, en el Palacio de gobierno el comandante Camilo Cienfuegos, por ordenes directas de Raúl y Fidel Castro, arrestaba al comandante Huber Matos porque éste había acusado a Fidel de comunista. A pesar de su papel en la lucha revolucionaria, Matos fue preso político por veinticinco años.

En el decenio de los sesenta la revolución cubana fue el portal que definía el pensamiento revolucionario, a pesar de los casos de autoritarismo, represión y dictadura. Los intelectuales fueron los primeros en romper relaciones en 1971, pero en 1961 Fidel dio los primeros indicios de su dictadura al reprimir a intelectuales cubanos que protestaban por la censura al documental P.M realizado por el hermano del escritor Guillermo Cabrera Infante. Ahí pronuncio Fidel las palabras que definieron su dictadura: “con la revolución, todo; contra la revolución ningún derecho”, la definición conceptual de una dictadura. Pero todavía de 1961 a 1971 muchos intelectuales, de manera sobresaliente Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, siguieron avalando a Fidel y su autoritarismo.

El viaje del presidente español a La Habana, en medio de este escenario histórico, respondió a una motivación de posicionamiento personal y de negocios, pero ajeno al contexto histórico no sólo de la Unión Europea sino de Iberoamérica por el papel aún activo de La Habana de apoyo a los populismos dictatoriales en la región: Nicaragua, Bolivia, Venezuela, la Argentina de los Kirchner, el Ecuador del expresidente Rafael Correa, el Brasil de Lula Da Silva, pero en una coyuntura de revalidación de la democracia representativa, de consolidación de la defensa de los derechos humanos y de institucionalización política.

Visitar Cuba sin atender a los organismos que luchan contra la represión por defender los derechos humanos es una aberración de la izquierda democrática europea que, paradójicamente, luchó contra la dictadura de Franco. La presencia de Sánchez en La Habana no hizo más que apuntalar el tambaleante régimen comunista de La Habana y de paso fortalecer al poder real detrás del trono presidencial cubano; el general Raúl Castro, el verdadero hombre fuerte que controla la isla con un puño militar.

El fantasma sartreano de Stalin oscurece no al general Castro, sino al líder del socialismo democrático español.
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30 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO: Cambiar para seguir igual, diferente de la misma continuidad
Para el politólogo José Luis Reyna, pionero del análisis del sistema-PRI

Al final de cuentas, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que comienza mañana sábado será una variante circunstancial, personal y continuista del proyecto nacional de la Revolución Mexicana en el largo ciclo de Francisco I. Madero a Enrique Peña Nieto.

En pocas palabras, López Obrador fue electo para salvar el proyecto priísta de nación.

Tres son los escenarios que revelan el lopezobradorismo como continuidad priísta.

1.- El mismo sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional de la Constitución de 1917 a la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1i929. El sistema político funciona con cuatro engranes: el presidente de la república, el partido en cuyo seno se distribuyen valores y beneficios, el Estado de bienestar y la legitimidad constitucional. El régimen histórico de gobierno ha tenido cuatro pivotes: representativo, democrático, federal y presidencialista. Y la Constitución es la fuente de legitimación del sistema/régimen/Estado como norma sistémica legal. En su presidencia interregna López Obrador apuntaló esta estructura del viejo régimen priísta, con el disfraz de Morena.

2.- El modelo de gobierno de López Obrador es populista, siguiendo las caracterizaciones de Arnaldo Córdova en La ideología de la Revolución Mexicana de 1973 al presentar tres rasgos del populismo: control de masas para conjurar una revolución social, sistema de gobierno paternalista-autoritario y desarrollo capitalista con lucha de clases administrada por el PRI, el presidente y el Estado. Y la ideología de ese populismo de la Revolución Mexicana tuvo diez rasgos mantenidos por López Obrador: Estado como eje, propiedad privada como principio de la organización social, ideología desarrollista que hermana porfirismo-revolución, orden y control social, conciliación de clases conducida por Estado, clases organizadas como masa y no como clase, reformas sociales para conjurar explosiones revolucionarias, política exterior nacionalista, nacionalismo revolucionario interno e ideología de la clase dominante capitalista como oficial.

3.- Proyecto capitalista de desarrollo. NI Cárdenas ni Echeverría quisieron modificar la estructura capitalista de desarrollo en cuanto a clases hegemónicas, apropiación privada del capital y Estado subordinado a esos objetivos. Salinas de Gortari no se salió del guion de los populistas anteriores, sino que las polarizó: Capitalismo expoliador y programas sociales para los más pobres. Y ahora López Obrador viene con la agenda neoliberal basada en dos puntos: Mantenimiento del modelo apropiación privada del capital y sus beneficios y programas sociales para controlar insurrecciones populares de marginados del desarrollo; es decir, atender a los pobres para tranquilizar al capital privado y disminuir las tensiones sociales. En este sentido, el proyecto económico de López Obrador es de continuidad, con el detalle de que buscará potenciar el estilo Salinas de Gortari de populismo social con estabilidad macroeconómica para garantizar la multiplicación de las utilidades privadas.

La clave de la viabilidad del gobierno de López Obrador depende de su capacidad para reproducir el modelo de funcionalidad del sistema político priísta: Presidente de la República fuerte y con apoyo social, un partido que funcione como la caja negra de la teoría del sistema político de David Easton en cuyo interior se distribuyan de manera autoritaria valores y beneficios y una ideología social basada en las funciones del Estado para redistribuir vía programas asistencialistas parte de los beneficios del desarrollo.

Al arrancar mañana su sexenio, López Obrador solo tiene cumplidos uno de los tres puntos anteriores: Una presidencia fuerte. Los otros dos podrían aguarle la fiesta: Morena tiene mayoría absoluta pero no es un partido sino una Torre de Babel de intereses particular y López Obrador actúa como caudillo bonapartista (objetivos personales). El genio político de Elías Calles, Cárdenas y Alemán logró potenciar al partido como el sistema político en cuyo seno administró la lucha de clases, las protestas sociales y las garantías de enriquecimiento de la burguesía capitalista. Morena es la suma de intereses de grupo.

Y el pasivo social del PRI-PAN 1929-2018 es mayor a la capacidad del Estado lopezobradorista: 80% de mexicanos con una a cinco carencias sociales, 20% de las familias más ricas con el 51.78% del ingreso nacional, salario mínimo de 55 centavos de dólar por hora y 50% de fuerza laboral en la informalidad. Y frente a ello, una política económica atada a tres anclas ineludibles: PIB menor de 2%, inflación tope de 3% y déficit presupuestal de 0%.

Para cambiar el rostro del México de la desigualdad, López Obrador necesita lo que le hace falta: Nuevo modelo de desarrollo, nueva política económica y nuevo pacto productivo con mayor gasto del Estado.

Política para dummies: La política sirve para engañar a los que se dejen y para desencantar a los que quieran.


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29 Noviembre 2018 04:00:00
Fiscal anticorrupción autónomo y no Constitución Moral-Savonarola
Justo después de que dio por perdonados a todos los corruptos del viejo régimen priísta en sus diferentes sexenios, el presidente electo López Obrador puso en marcha la redacción de la Constitución Moral que carecerá de espacio político efectivo y que quedará como un documento sin valor político real.

El problema de fondo es que López Obrador hizo una campaña presidencial en torno a la corrupción del sistema político priísta para mostrar el puño de persecución. Y una vez en el poder descubrió que la corrupción no solo es una aberración del sistema priísta, sino el engrane principal. Y como carece de una clase de relevo porque casi todos salieron del régimen priísta, lo mejor es disfrazar la corrupción con moralismo.

La falsedad del discurso anticorrupción de López Obrador se percibió con el perdón anticipado a los corruptos del pasado y en su decisión de evitar un fiscal anticorrupción realmente autónomo. Su intención de tener un fiscal carnal radica en la doble dimensión de sus escenarios: Evitar que la persecución de corruptos del pasado le rompa la precaria base política de su gobierno con muchos funcionarios del viejo régimen ahora como estrellas del nuevo sistema lopezobradorista y permitir que las complicidades de la corrupción sean los acuerdos de estabilidad del gobierno morenista-lopezobradorista.

Mientras está rechazando un fiscal autónomo que defina la defensa de la ética del poder, del mismo modo ha encontrado una puerta de fuga en la Constitución Moral. El contrapunto político-filosófico entre ética y moral ha mostrado que la corrupción le sirvió a López Obrador para ganar votos y no para combatir corruptelas. La moral es un concepto religioso para asustar ingenuos y se califica como pecado, es decir, una falta a las leyes de Dios, en tanto que la ética sería de definición de una práctica política: Castigar la perversión del servicio público. La moral tiene que ver con los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, en tanto que la ética tiene que ver con los delitos penados por las leyes del Estado.

Solo como referencia, la ética tiene como espacio natural la política, como lo señala Aristóteles en su Ética Magna y Ética para Nicómaco. Así lo tradujo directo del griego antiguo el doctor Jesús Araiza, especialista en Aristóteles: “Puesto que elegimos hablar de las cosas éticas, en primer lugar, habrá que examinar de qué ciencia es parte el carácter (ethos, ética). Pues bien, para decirlo brevemente, parece que no es parte de otra ciencia que de la política. Pues, en los asuntos políticos no es posible actuar en absoluto sin ser de cierta cualidad; digo, por ejemplo, excelente. Y ser excelente es poseer las virtudes. Por consiguiente, si alguien está a punto de actuar en los asuntos políticos, es necesario que sea excelente en cuanto al carácter”.

La Constitución Moral y el debate sobre el fiscal anticorrupción autónomo que enmarcan el arranque del gobierno de López Obrador revive el gran dilema de finales del siglo XV, en pleno renacimiento, entre moral religiosa y ética del poder, la primera encabezada por el monje Girolamo Savonarola y la segunda capitaneada nada menos que por Niccolò Machiavelli, el monje de acuerdo con las leyes de Dios y el pensador florentino a partir de la razón del Estado.

La Constitución Moral lopezobradorista, por tanto, perfila a Savonarola, en tanto que el fiscal anticorrupción recoge a Machiavelli. Las tesis de Savonarola fueron populistas y definieron su propuesta de gobierno: El Tratado acerca del régimen y el gobierno de la ciudad de Florencia, basado en los valores morales del dominio ideológico de la religión, la filosofía moral, la virtud tanto del gobernante como del súbdito y bajo el argumento de que “la ciudad que debe ser feliz debe de tener todas las virtudes”, además de “oír las causas de los pobres”.

Machiavelli, más racional, proponía el dominio del Estado. Para esas prácticas del Estado no sirven las condenas morales ni religiosas, sino que se necesita de la ética aristotélica, de los valores terrenales. Por tanto, la Constitución Moral se inclina por rezos como penitencia en tanto que la ética implica delitos del código penal; así, la Constitución Moral no sirve para regular las relaciones sociales y políticas derivadas de las relaciones de producción y de poder y sea necesario, en todo caso, un Código de Ética del sector público con castigos penales determinados por la fiscalía independiente anticorrupción.

La ética cataloga delitos, en tanto que la moral invoca pecados; la primera tiene que ver con la realidad de la sociedad y la segunda con la conciencia frente a Dios. Por eso la Constitución Moral sea más propia de una secta religiosa y no de un Estado constitucional. Los pecados llevan al infierno, en tanto que la violación de la ética conduce a la cárcel.

Política para dummies: En política, como estableció el pragmático priísta Gonzalo N. Santos El Alazán Tostado, la moral es un árbol que da moras.


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28 Noviembre 2018 04:00:00
Damián Zepeda juega contra el PAN y en la cancha Morena-AMLO
La crisis en el PAN quiere seguir profundizándose por los comportamientos de algunos de sus dirigentes, pero la presidencia de Marko Cortés y la coordinación senatorial de Rafael Moreno Valle parecen haber superado el colapso anayista con el aislamiento del senador Damián Zepeda.

El desplazamiento pactado de Zepeda primero de la presidencia del PAN y luego de la coordinación de la bancada panista en el Senado sería el último ajuste del desorden en los liderazgos que dejó Ricardo Anaya Cortés cuando tomó por asalto la presidencia y las principales posiciones de poder, se auto nombró candidato presidencial, dejó a Zepeda cono intendente y encabezó una alianza desaprovechada políticamente con el PRD.

En el escenario de la derrota de Anaya y las nuevas alianzas en el partido, la salida de Zepeda de la presidencia interina del partido y del Senado era más que obligada, sobre todo porque el PAN tiene mejores expectativas de reorganización para las batallas que vienen contra el populismo lopezobradorista. Pero Anaya y Zepeda han preferido el camino de la tribalización al estilo PRD, PRI y Morena y parece que han fracasado en inventar una crisis interna.

En los reacomodos en el PAN rumbo a las legislativas del 2021 y de las presidenciales del 2024 nada tienen ya qué hacer Zepeda y Anaya, no tanto porque carezcan de aliados o de ideas, sino porque sus comportamientos tribales quieren afectar la recomposición del PAN después de la derrota de Anaya. Como se perfilan los escenarios sucesorios, en el 2024 solo habrá dos fuerzas en pugna: Morena y el PAN.

La gestión de Zepeda en la presidencia del PAN y de Anaya como candidato presidencial llevaron al PAN a su peor derrota desde que en 1988 inició el partido su ciclo de partido en busca de la alternancia: 17% de voto presidencial, 16% de diputados y 18% de senadores. A nivel de votación presidencial, Anaya y Zepeda bajaron al partido del 26% de 1994 y dos victorias presidenciales al 17% como partido (sin los escasos votos del PRD), debajo del 25.7% que logró Josefina Vázquez Mota en el 2012 sin alianzas.

Anaya dejó a Zepeda como presidente interino del partido no para potenciar las campañas panistas, sino para proteger áreas internas de poder. El resultado fue el hundimiento electoral del PAN. Al final, Zepeda se apropió de una candidatura plurinominal de senador y no pudo manejar al partido en una de las campañas presidenciales más desafiantes por la figura dominante de López Obrador. Y con maniobras al estilo priísta, se auto promovió como jefe de la bancada panista en el Senado.

Desplazado del PAN por las reglas internas y las nuevas alianzas, ahora Zepeda se quiere convertir en el traidor que sirva a los intereses de Morena y el PRI. Y por sus primeras reacciones, Zepeda estaría revelando las principales preocupaciones en el ambiente por el cambio en la presidencia del PAN y el ascenso de Rafael Moreno Valle a la coordinación de la bancada en el Senado. Con pivotes en el Senado y en la Cámara, el PAN estaría formando un bloque de poder sólido, a diferencia de la fragmentación en el PRI y el PRD y la falta de cohesión interna en Morena como una Torre de Babel de grupos, intereses y tribus.

Por lo demás Zepeda podría estar ante el umbral de investigaciones sobre irregularidades en sus actividades como diputado federal 2012-2015, sobre todo por presuntos manejos no autorizados de recursos. Como legislador, Zepeda desvió recursos presupuestales para obra pública como candidato a la alcaldía de Hermosillo en 2015 a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). Algunas fuentes señalan que hay expedientes integrados. Pese al apoyo de Gustavo Madero, Zepeda perdió la elección a la alcaldía de la capital de Sonora.

Luego de ser desplazado de la presidencia del partido y de la coordinación senatorial que se auto escrituró, ahora Zepeda se quiere convertir en el ariete de Morena contra la coordinación de Moreno Valle, exgobernador de Puebla. Sin embargo, hasta ahora ha fracasado en su intento de conformar una tribu disidente en la bancada panista. Y su jefe político Ricardo Anaya Cortés decidió por lo pronto marcar distancia del PAN y de sus principales dirigentes, como consecuencia de su estrepitosa derrota, y pasará un tiempo dando clases en los EU.

Los escenarios del PAN después de la derrota presidencial contextualizan la ofensiva de Zepeda contra Moreno Valle por el debate en tribunales de la votación para gobernador de Puebla que ganó el PAN y que Morena ha impugnado para anularlas y la lucha de gobernadores panistas contra la jerarquía intermedia de Morena-López Obrador en la figura de superdelegados estatales que quieren a anular a los mandatarios electos.

Objetivamente, Zepeda le hace el juego a Morena y a López Obrador.

Política para dummies: La política, en pocas palabras, es lo contrario de la ingenuidad: es un juego de poder como conquista y dominación.


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27 Noviembre 2018 04:00:00
TV Azteca se suma a Televisa como “soldado” de Morena y del presidente
Como en los tiempos de Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto la televisión privada ha asumido con el presidente electo López Obrador su papel de aparato ideológico de dominación del poder político en turno. Si Televisa fue “soldado del PRI, soldado del presidente”, ahora TV Azteca ha suplido ese papel con el gobierno López Obrador-Morena.

El tono de Ricardo Salinas Pliego en la visita de López Obrador al espacio físico de la televisora y el uso del principal presentador de noticias Javier Alatorre rindiendo pleitesía y homenaje al visitante regresó el reloj de la historia a los tiempos de las televisoras --Televisa con Emilio Azcárraga y el priísta Miguel Alemán Velasco-- subordinadas a los lineamientos presidenciales.

La pluralidad informativa no tan profunda pero presente de TV Azteca se perdió con su postración a los intereses del gobierno de López Obrador, no solo con Salinas Pliego, sino con un vicepresidente de la cadena como secretario del gabinete presidencial (Esteban Moctezuma Barragán en Educación) y con Banco Azteca y sus comisiones bancarias usureras como distribuidora del efectivo de los programas asistencialistas de López Obrador.

No sería la primera vez en que TV Azteca juega al poder entregándose a los intereses de un gobierno. En el sexenio de Vicente Fox hubo un alto funcionario de la televisora trabajando en directo con Marta Sahagún como encargada de comunicación social del presidente: Ernesto Vidal Córdoba, para subordinar a la televisora a Los Pinos.

Las televisoras mexicanas no son canales de comunicación social, sino aparatos de control del discurso ideológico del régimen, sea populista o neoliberal. Los dueños de las tres cadenas se sumaron al poder central de Los Pinos vía su participación en el consejo asesor empresarial: TV Azteca, el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, y el dueño de grupo TV Imagen-periódico Excélsior (calificado por López Obrador en septiembre de 2016 como pasquín), Olegario Vázquez Raña.

La incorporación de las televisoras a instancias de dependencia directa del presidente de la república tiene un significado clave: La ratificación de que las concesiones televisivas son hechos políticos y de poder para reafirmar alianzas estratégicas entre los que controlan los espacios de comunicación nacional y el gobierno que los usa para multiplicar consensos y construir ideologías. Y los dueños de los medios quedan como meros intendentes de los intereses de la clase gobernante.

Echeverría, Salinas de Gortari y Peña Nieto ratificaron el papel de control del inconciente de la sociedad vía la televisión no educativa. La campaña de Echeverría para doblegar a Televisa de Azcárraga (controlaba ya a Televisa de Alemán) se basó en contrastar la idiotización de la televisión con la construcción de ciudadanía en las escuelas con la educación.

El modelo lo definió Emilio Azcárraga Milmo en mayo de 1982, a lomo del cambio de gobierno de López Portillo a De la Madrid con su declaración: “Soy priísta por convicción; soy soldado del PRI y del presidente”.

El papel de los medios debe ser justamente el de medios: El canal de comunicación e intermediación entre la sociedad y su entorno, incluyendo la estructura de toma de decisiones del gobierno. Pero las televisoras, como ha venido ocurriendo desde los años cincuenta del siglo pasado, han sido parte de las estructuras de dominación del sistema político/régimen de gobierno/Estado del PRI, del PAN en dos sexenios, nuevamente del PRI con Peña Nieto y ahora de López Obrador.

El problema no radica en las relaciones inevitables entre el gobierno y los medios electrónicos, sino en la incorporación de estos a las estructuras del poder ejecutivo a través del consejo asesor empresarial de la presidencia de la República, es decir, las televisoras han dejado de representar a la sociedad --en teoría, si acaso alguna vez lo hicieron en la realidad-- para convertirse en estructuras subordinadas a la autoridad superior de la presidencia de la república.

La única forma que tienen las televisoras privadas de honrar su espacio social sería separando el área empresarial de la noticiosa o de servicios sociales por medio de grupos sociales representativos que garanticen la pluralidad de ideas y de accesos. Durante su largo ciclo priísta, Televisa se cerró a la oposición y solo la tozudez de Manuel J. Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas y el grupo #YoSoy132 pudo abrir a golpes la difusión no-priísta.

Si López Obrador quiere un nuevo régimen, entonces podría comenzar con la reorganización de las concesiones de televisión y radio para evitar que sus dueños sean intendentes del poder político como Televisa, TV Azteca e Imagen.

Política para dummies: La política es circular cuando no hay ideas ni proyectos: Se repite para cambiar y llegar al mismo lugar.

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26 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO: El extraño caso de una araña que quedó atrapada en su telaraña
Un poco porque parece que sigue en campaña, otro porque no quiere dejar hilos sueltos y otro más porque está siendo empujado por sus aliados, el caso es que el presidente electo López Obrador quedó atrapado en la telaraña de las consultas y de las agendas de los intereses de la élite desplazada del poder.

Arrinconado por Carmen Aristegui, López Obrador aceptó someter a consulta ciudadana irregular (no legal porque no cumple con las exigencias del artículo 35 constitucional, fracción VIII, numeral 5) tres temas: Su alianza con los dueños de las tres principales televisoras, la guardia nacional y la persecución penal contra expresidentes de la república.

Sin embargo, quedó atrapado en su propia telaraña. Hay dos formas de trampas de las cuales no se salen: La saducea en que metieron a Jesucristo y la Trampa 22 del escritor Joseph Heller en 1961. La primera fue una pregunta que le hicieron al hijo de Dios: Una viuda que tuvo ocho maridos, ¿con cuál se quedará cuando llegue la Resurrección? Y la de Heller es más divertida: Un piloto de guerra para maniobras extremas no quiso seguir peleando y se declaró loco, pero en el hospital le dijeron que no tenía salida: Si lo declaraban loco, tendría que regresar a volar porque solo los locos volaban; y si lo declaraban cuerdo, tendría que regresar a volar porque carecía de impedimentos.

Así quedó López Obrador: sea cual sea la respuesta a las tres preguntas, quedará mal; escoger entre sus aliados anti medios y los dueños de medios que fueron antes “soldados del PRI y soldados del presidente”, sin dejar contento a ninguno; dar marcha atrás o mantener la Guardia Nacional como eje de su estrategia de seguridad cuando el anuncio de la consulta fortaleció a los opositores nacionales e internacionales a la estrategia; y perseguir a expresidentes y enfrentar a sus temibles estructuras de poder o perdonarlos y con ello fortalecerlos para seguir minando al nuevo presidente.

Hábil en el escapismo político, el problema hoy de López Obrador radica en su condición de presidente en acto por el repliegue del presidente emérito Peña Nieto y todo lo que haga o no haga generará efectos sociales, económicos y políticos. La crisis económica --caída de la Bolsa y alza en el dólar-- por la iniciativa de bajar comisiones a bancos y de regulación de minas rompió el equilibrio macroeconómico.

El punto de partida de la crisis de credibilidad, confianza y gobernabilidad de López Obrador comenzó con la consulta irregular sobre el aeropuerto de Texcoco, la decisión de transformar Santa Lucía en la nueva sede a pesar de las advertencias de aerolíneas y organismos reguladores de la aviación internacional y las pérdidas multimillonarias por lo adelantado de la obra. Si persiste la determinación de Santa Lucía, lo más probable es que no haya nuevo aeropuerto por las objeciones internacionales, decida fortalecer el actual en Ciudad de México con todas sus restricciones y trasladar el nuevo aeropuerto al próximo sexenio.

Si uno de los misterios de la naturaleza radica en saber por qué las arañas no quedan atrapadas en su propia telaraña, el de la política radica en indagar por qué algunos políticos cometen errores estratégicos a sabiendas que las repercusiones serán contrarias. Las respuestas de López Obrador a los tres temas candentes fueron las de un candidato y no las de un presidente ejerciendo el poder. Si hace la consulta, malo; si no la hace, malo; y cualquiera que sea el resultado, será negativo para sus alianzas y programas de gobierno.

La curva del aprendizaje de las razones y sinrazones del poder será lenta en López Obrador por su afán de abarcar la totalidad de la política. Esa curva funciona en relación de dos variables: tiempo de resultados a las iniciativas y éxitos/fracasos. Si para López Obrador y sus seguidores fue un éxito la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco a pesar de sus irregularidades y engaños, para el ambiente social, político y de negocios resultó desastroso y dejó malas señales en los mercados y los climas sociales.

Como el proyecto de gobierno de López Obrador no implica una ruptura de actual sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional priísta, entonces sus espacios de movilidad tendrán que ser sistémicos; sin embargo, sus aliados lo han llevado a confrontarse con el sistema vigente cuyos equilibrios indispensables para López Obrador dependen de nuevos acuerdos y no mayores conflictos.

Al final, la persecución de expresidentes seria una ruptura de sistema/régimen/Estado y no se ve que López Obrador y Morena estén preparados para las consecuencias desestabilizadoras, sobre todo por querer suplir la actual estructura de poder sin tener una nueva definida. Lo paradójico será prometer mantener las cosas igual para recuperar estabilidad, cuando ganó para cambiarlas.

Política para dummies: La política es el arte de la dominación del otro, pero también puede el error de dominarse a sí mismo.

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25 Noviembre 2018 04:00:00
Migración y la pesadilla en EE. UU.
Una caravana de entre diez mil y quince mil centroamericanos quiere entrar a los EE. UU. en busca del sueño americano. Lo hacen sin querer perder su propia nacionalidad al portar banderas, sin ceder cultura y exigiendo bienestar negado en sus naciones.

Sin embargo, esos migrantes de la pobreza ignoran que las masas hispanas en los EE. UU. sufren marginaciones y explotaciones peores que en sus países, aunque con pagos en dólares que representan mayores posibilidades de gasto. Es, dice una frase mexicana, salir de Guatemala para entrar a Guatepeor.

Los medios de comunicación exaltan el paraíso estadounidense de tiendas, centros comerciales, restaurantes; ponen las zonas urbanas ricas de Nueva York, Las Vegas y Miami como el sueño americano; y reconocen los altos niveles de educación y empleo.

Pero basta recorrer las zonas hispanas en Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami y Las Vegas para exhibir el infierno en la tierra: explotación drogadicción, aglomeración, prostitución, delincuencia y todos los pecados del infierno de Dante. Las imágenes de los hispanos exitosos ocultan que en la mayoría de los casos se ha logrado no por su origen sino por su incorporación casi absoluta a los niveles de competencia para sobresalir. Algunos, ciertamente, voltean sus ojos hacia sus comunidades, pero poco en realidad pueden hacer para cambiar las cosas.

El sueño americano es una pesadilla para los migrantes. Los ilegales hoy con Trump viven con la angustia diaria de que los descubran y los deporten sin miramientos; los legales saben que sólo van a sobresalir los que tengan la audacia de hacer negocios o si entran en la estructura educativa, y al final no son muchos. Alrededor del 70% de los hispanos en los EE. UU. sufren de pobreza en el nivel de vida estadounidense, aunque la aceptan porque el pago en dólares en sus países se multiplica en moneda local y logra paliar la pobreza de sus familiares. Es más, muchos migrantes aumentan su precariedad de vida en los EE. UU. a cambio de tener más dólares que enviar a sus familias en sus países de origen.

México es un ejemplo del papel de los dólares ganados por mexicanos en los EE. UU. El envío anual de remesas pronto alcanzará la cifra de 30 mil millones de dólares anuales. Ese dinero llega a familias de migrantes en estados de la república marcados por la miseria, la falta de empleos y sin atención gubernamental. Hay poblaciones mexicanas que han sido mejoradas en servicios con el dinero de la migración.

El dato actual que revela la caravana de migrantes centroamericanos que pretende ingresar a los EE. UU. radica en el hecho de que ya no se trata sólo de jefes de familia que entrarían de manera ilegal o legal, sino que son familias enteras: Esposas, hijos, padres y hasta abuelos, además de tíos y hasta familiares políticos. La abrumadora mayoría de los migrantes ha declarado que buscará entrar a los EE. UU. para trabajar, aunque las condiciones de asilo sólo permiten refugiados políticos o de seguridad.

Aunque hoy es una afirmación racista, debe usarse sólo para ilustrar la dimensión del problema: los hispanos aceptan en los EE. UU. los trabajos que ni los negros quieren. Usar así la frase le costó al presidente Fox una reprimenda de la comunidad afroamericana estadounidense. Sin embargo, en el fondo es cierta: los peores trabajos son para los hispanos, con salario mínimo si son legales o menos del mínimo si carecen de papeles legales para su estancia. En la actualidad hay alrededor de 11 millones de mexicanos expulsados por la crisis 1994-2018, de los cuales casi tres cuartas partes carecen de permiso para estar y trabajar y están en la mira de la deportación.

La zona centroamericana registra 50 millones de habitantes y tiene un PIB anual promedio de 3%, nada malo para las circunstancias de crisis. Sin embargo, el problema es la concentración de la riqueza, el desempleo y la violencia del crimen organizado. Los gobiernos centroamericanos han eludido las crisis y se han enfocado a la corrupción. Los sistemas políticos locales carecen de reglas democráticas, los modelos de desarrollo carecen de industrialización y los caudillismos corruptos han multiplicado la pobreza. México, Los Estados Unidos y Canadá --la zona de Norteamérica-- se han olvidado de Centroamérica.

Las caravanas de migrantes han sido impulsadas por la violencia y la pobreza. No se quieren quedar en México porque pagan poco y hay mayor inseguridad que en sus países. Exigen que los EE. UU. los dejen entran y les den empleo y bienestar y los dejen sumarse al sueño americano. Así de simple, pero así de complejo. Y lo malo de las caravanas masivas radica en la incorporación de personas indeseables y miembros de bandas criminales.

En lugar de organizarse para luchar para que sus países aumenten el bienestar y reduzcan la violencia, los migrantes masivos -personas de condición humilde, escasas de estudios y sin expectativas de desarrollo personal- prefieren caminar miles de kilómetros para meterse en los EE. UU., donde tampoco existen condiciones de bienestar, los niveles de empleo están copados, el consumo de drogas es cotidiano y los ascensos educativos son reducidos por la educación privada.

Como ocurre en Europa, los migrantes que se acercan a los objetivos de las grandes poblaciones se quedan en la periferia y complican la precaria organización social. Las ciudades fronterizas de México con los EE. UU. padecen ya violencia y rupturas sociales por los migrantes que se quedan.

EL debate serio debe llegar pronto: la migración forzada es producto del colapso del neoliberalismo y la falta de desarrollo en los países donde la prioridad es la estabilidad macroeconómica y no el bienestar de la sociedad.

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23 Noviembre 2018 04:00:00
Senado rompe Estado de Derecho con #LeyTaiboII hecha a la medida
A partir de su mayoría absoluta en el Senado, Morena y sus aliados rompieron el Estado de derecho al modificar una ley específicamente para permitir que el escritor naturalizado mexicano Paco Ignacio Taibo II pudiera ser director del Fondo de Cultura Económica, cargo reservado por ministerio de ley para mexicanos por nacimiento.

El problema fue la señal de torcer las leyes para ajustarlas a las decisiones del nuevo poder en el gobierno. Pese a su presupuesto y espacio, el FCE es un cargo menor, en el pasado reservado como consolación para políticos sacados de los primeros niveles. El bajo nivel de lectura y las muchas editoriales le quitaron al Estado el papel de los libros como aparatos ideológicos del sistema.

Sin embargo, el procedimiento legislativo de imponer una mayoría para fabricar una ley para una persona dejó pistas inquietantes sobre la forma de legislar de Morena y sus partidos satélites. Como sastrería del régimen, el poder legislativo morenista seguirá haciendo trajes a la medida de la nueva oligarquía gobernante.

La creación de la #LeyTaiboII rompió el Estado de derecho. De acuerdo con el maestro Andrés Serra Rojas --jurista y teórico de ciencia política-- en su Derecho Administrativo, “el concepto de ley se reduce a un acto jurídico creador de situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales”, no, como ocurrió con la #LeyTaiboII una ley sólo para una persona.

La ley como fuente del derecho establece restricciones estrictas para impedir el voluntarismo legal de dictadores que hacen leyes a la medida de sus intereses. Las tres características de las leyes --generales, abstractas, impersonales-- permiten una norma jurídica para regular el funcionamiento de la sociedad. Es posible que la restricción de nacionalidad en el caso del FCE haya sido una aberración, pero la forma de modificar la ley no se hizo en estricto sentido del derecho sino en función de beneficiar a Taibo II.

La cita de Serra Rojas aparece en un voto del pleno de la Corte en 2007 para sobreseer una acción de inconstitucionalidad sobre un decreto del gobierno de Jalisco, de acuerdo con el Semanario Judicial de la Federación tomo XXV de febrero de 2007. En su razonamiento, el pleno de la Corte resolvió la inconstitucionalidad de un decreto por los siguientes criterios:

“Acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables”.

Al ser asunto de una persona, el caso Taibo II debió haber caído en el terreno de un “acto administrativo”. Sin embargó, la ley es general y por tanto debió haber sido discutida con mayor amplitud. La prisa por procesar el nombramiento de Taibo II realizado por el presidente electo López Obrador con pleno desconocimiento de las restricciones legales terminó procesado como un acto de autoritarismo presidencialista-legislativo de fabricación de una reforma legal para beneficiar a una persona.

El mensaje que dejó el caso Taibo II en el corredor ejecutivo-legislativo está siendo procesado con preocupación por la forma en que decisiones voluntaristas destruyen el Estado de derecho con el uso de la mayoría legislativa morenista. El Estado de derecho es una de las partes fundamentales del modelo moderno de la calidad de la democracia, en donde el poder público se somete a las reglas legales para cumplirlas o para modificarlas con procedimientos plurales.

El Senado del doctor en derecho Ricardo Monreal Ávila convirtió un acto administrativo en un acto legislativo haciendo una ley particular para Taibo II. Lo de menos es que se hubiera tratado de una restricción nacionalista disfuncional. El caso fue que se reformó una ley para una persona. Lo democrático hubiera sido primero reformar la ley y luego hacer el nombramiento; al transitarse al revés, habrá una ilegitimidad jurídica dañina a los compromisos democráticos de López Obrador. O, de manera más sencilla, hubiera nombrado a Taibo II para otro puesto y no atropellar al Estado de Derecho.

Sinaloa. Quizá el único gobernador priísta que ha logrado sobrevivir después de la debacle del PRI el pasado 1 de julio, Quirino Ordaz dio cuenta en su segundo informe de gobierno de sus acciones de política social que --oh sorpresa-- apenas se localizan en el escenario de las ofertas de López Obrador, aunque el sinaloense las fijó desde su campaña hace tres años. Y Ordaz operó desde el inicio el fin de la tenencia vehicular, mayor fuerza de la auditoría superior fiscalizadora y un sistema anticorrupción. También antes de AMLO, redujo el número de diputados y de síndicos municipales. Mientras, el PRI se hace bolas con la agenda lopezobradorista.

Política para dummies: La política es la habilidad para esconder los secretos del poder, no para ejercerlo atropellando a todos.

PRECISIÓN. En columna de ayer se dijo que un hijo de Ricardo Monreal trabajó con Alejandro Murat en INFONAVIT. Fue la hija de Monreal quien laboró como subdirectora. 

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22 Noviembre 2018 04:00:00
PRI AMLO 2021 y 2024 vía Monreal, los Murat y Alito
La disputa por el PRI ha comenzado a subir de tono por el acoso contra el Presidente Enrique Peña Nieto en estos últimos días de gobierno, sobre todo por revelaciones sin pruebas sobre narcotráfico, los expedientes abiertos de corrupción y la presión social en redes cibernéticas.

La movilización de militantes que ha logrado el exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz ha comenzado a preocupar al priísmo peñista, porque en el interior de la República se han reactivado exgobernadores, exlegisladores y grupos de poder locales. El objetivo de Ruiz Ortiz es que la elección de la nueva dirigencia en el 2019 sea abierta a militantes para que el peñismo en declinación no se quede con los resabios del partido.

Pero en las últimas semanas comienza a perfilarse un tercer grupo en disputa por el PRI: Una corriente de priístas aliados con López Obrador, un poco porque el peñismo carece de horizonte y otro poco porque ese priísmo estaría en la lógica de las alianzas del expriísta morenista Ricardo Monreal ya asumido como precandidato presidencial para el 2024.

La pieza de Monreal en el PRI es el exgobernador oaxaqueño José Murat Casab, padre del actual gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa, este forjado en el grupo mexiquense de Peña Nieto --su credencial de elector es de Edomex y ahí tiene una notaría-- pero ya enfilado hacia el espacio de su padre. Murat Casab quiere apoderarse de la CNOP, luego de haber tenido una gestión inexistente en la Fundación Colosio del PRI.

Ante la debilidad de Peña Nieto y de su grupo en el legislativo, los temores hacia los militantes reactivados por Ruiz Ortiz y la necesidad de López Obrador de desactivar al PRI como oposición de alternancia y anhelante de una oposición leal al lopezobradorismo, el PRI vive sus penurias: Su parte del poder es mínima, Peña Nieto quedará arrinconado por expedientes abiertos en redes sociales y una base política apenas llega a 16% de voto presidencial, 9% de diputados, 11% de senadores y 12% de legisladores en Ciudad de México. Como el candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña no estaba afiliado al PRI, tomó sus cosas y dejo al PRI abandonado a su suerte.

El PRI entró en zona de tensión por la campaña del exgobernador oaxaqueño Ruiz Ortiz exigiendo que la elección de la nueva dirigencia del PRI quede en manos de sus militantes. En su recorrido por la República, Ruiz Ortiz ha logrado el apoyo de cuadros forjados en la lucha política, pero excluidos desde Salinas, Zedillo, Madrazo y Peña Nieto. Si esos líderes locales se mueven, le pueden quitar el control del PRI a Peña Nieto y colocar en posición de competitividad a Ruiz Ortiz.

El problema del PRI radica en la polarización de posiciones, sobre todo porque los activistas de base no se van a salir del partido para fundar otro y los peñistas carecen de militancia y de militantes. Los priístas están viendo con preocupación el regreso al PRI --vía Ruiz Ortiz-- de exgobernadores, exlegisladores e importantes figuras locales. El priísmo peñista, y sobre todo la dirigencia sin autoridad política ni moral de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, quedará con la expresidencia de Peña Nieto como una piedra atada al cuello.

El problema del grupo peñista radica en el reacomodo de grupos de poder priístas por el desmoronamiento del poder de Peña Nieto en el PRI. Ahí comienza a percibirse el activismo de cuando menos dos grupos priístas aliados al lopezobradorismo: La coalición Murat Casab-Murat Hinojosa en Oaxaca-gobernador priísta campechano Alejandro Moreno Alito vía Monreal y a partir del dato de que el hijo de Monreal fue subdirector del Infonavit de Alejandro Murat Hinojosa y el grupo zedillista ya incrustado en el lopezobradorismo: Santiago Levy-Esteban Moctezuma.

Los escenarios en la disputa por el PRI no han podido disminuirse de tensiones y ahora se han sobrecalentado por las dos semanas últimas de gobierno de Peña Nieto y las revelaciones hasta ahora no probadas en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en Nueva York que han sido potenciadas en redes y espacios políticos. López Obrador ha dicho que no habrá persecución de corrupciones, pero los casos ligados al narcotráfico tendrán que perseguirse de oficio por el efecto en el ambiente social y el factor Trump.

En el 2000 Zedillo alineó al PRI a apoyar a Fox, en el 2006 Madrazo pasó a la confrontación directa y en el 2006 Peña Nieto emergió como candidato único de las cenizas de un PRI destruido por la disputa Zedillo-Madrazo-Elba Esther Gordillo. En las derrotas presidenciales, el PRI oscila entre la ruptura final y el pacto con la oposición victoriosa.

De los cuatro grupos en pugna por el PRI --Peña Nieto, Zedillo, Ruiz Ortiz y Murat-Monreal-- saldrá la nueva definición del PRI: La disolución lenta como el PRD, el papel de aliado a Monreal 2024 o la reconstrucción desde la militancia.

Política para dummies: La política es el arte de tirar lastre o hundirse con el sobrepeso muerto.


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21 Noviembre 2018 04:00:00
Empresarios fifichairos y la 4ª Transformación como 3ª Bis del PRI
Si alguna prueba faltaba para caracterizar la 4ª Transformación como la 3ª Bis del PRI, la creación del consejo empresarial de asesoría del presidente López Obrador acomodó las cosas en su lugar.

Y más que el de Luis Echeverría, el modelo presidencial económico empresarial de López Obrador se parece al de José López Portillo: La incorporación del sector privado al Estado para crear una Alianza para la Producción sin distribución equitativa de la riqueza.

La lista de empresarios lopezobradorista refiere a beneficiarios del Estado:

--Ricardo Salinas Pliego, quien ya colocó a Esteban Moctezuma en el gabinete y aspira a sumarlo a la lista de la sucesión presidencial del 2024 y logró que su Banco Azteca sea parte de la entrega de beneficios asistencialistas en efectivo de López Obrador, fue una pieza de Carlos Salinas de Gortari y con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari adquirió TV Azteca. Y luego en el conflicto con Canal 40, usó la fuerza para apropiárselo.

--Bernardo Gómez, copresidente de Televisa, es un personero directo de Emilio Azcárraga Jean, cuyo imperio tambaleante fue fortalecido por un pacto político con Marta Sahagún, y hoy con Peña Nieto recibió buena parte del pastel publicitario. Televisa fue soldado del PRI, luego del PAN, nuevamente del PRI y ahora será de AMLO-Morena. Por contenido de sus programas, Televisa y TV Azteca son aparatos ideológicos del gobierno en turno.

--Olegario Vázquez Raña, empresario de salud, proveedor del ejército y dueño de Grupo Imagen TV y periódico Excelsior (“encarna la corrupción” y Excelsior es un “pasquín de quinta”, dijo López Obrador en 2016), se hizo del diario a través de una maniobra operada por Marta Sahagún.

--Carlos Hank González es presidente de Banorte y Grupo Maseca, dos de las piezas empresariales del PRI que proveyeron de recursos a Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo para sus campañas y recibió beneficios a través de Conasupo; además, es nieto del empresario y político Carlos Hank González, prototipo de la fusión del dinero y el poder y autor de la frase “un político pobre es un pobre político”. La fortuna del abuelo Hank se hizo desde Conasupo y se extendió a Pemex.

--Miguel Alemán Magnani, de Interjet, es nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés e hijo del exgobernador priísta Miguel Alemán Velasco, piezas del priísmo convertido a la empresa. El expresidente alemán logró un paquete de acciones de Telesistema Mexicano (hoy Televisa) y ahí se coló su hijo como funcionario. En la época del presidente Echeverría, Alemán Velasco fue vicepresidente de Televisa, director de televisión del PRI y director de medios electrónicos en la Presidencia de la República. Además, El presidente Alemán impuso la contrarrevolución en su sexenio para desmantelar las medidas revolucionarias del presidente Cárdenas, cuyo retrato preside los actos de López Obrador: El amparo agrario, la transformación del PRM en PRI, el fin del reparto de tierras y la educación al servicio del sistema priísta. Con Alemán comenzó la corrupción de los políticos vía el contratismo de obras vigente y mejorado en la actualidad. Por ello el retrato de Cárdenas con López Obrador es un acto de demagogia, no de congruencia política.

Ninguno de los empresarios del Consejo Empresarial de López Obrador representa al sector privado productivo de fábricas, por lo que estarían todos en lo que André Gunder Frank caracterizó como lumpenburguesía o grupos que no crean riqueza pero que sí se apoderan de ella vía sus compromisos con el gobierno y con el Estado.

Y en el lenguaje actual, esos empresarios lopezobradorizados serían los primeros fifichairos, una nueva casta estamental pegada al presupuesto. De acuerdo con la Real Academia Española, fifí quiere decir “persona presumida y que se ocupa de seguir las modas”, es decir, una casta parásita desligada de la realidad social: y según el Diccionario del Español de México de El Colegio de México, chairo es la “persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes”.

Sin organizaciones obreras o proletarias dentro de su sistema político, el proyecto de desarrollo de López Obrador será el mismo del viejo PRI: El capitalismo empresarial con el Estado como garante de la acumulación privada de capital y concentración de la riqueza, el mismo que ha funcionario desde 1983 como neoliberalismo diseñado por Carlos Salinas de Gortari. Con Echeverría y López Portillo el contrapeso a la empresarización del Estado estaba en el congreso del Trabajo y la vigencia, burocrática pero presente, de un sector obrero cuando menos como dique a la privatización total del Estado.

De ahí que la 4ª Transformación sea la 3ª Bis del PRI neoliberal salinista.

Política para dummies: La política, al final del día, acaba por mostrarse como es, a pesar de los esfuerzos por disfrazarla.


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20 Noviembre 2018 04:00:00
Desorden en nuevo gobierno por estilo caudillista de gobernar
Lo único que queda claro en el desorden en las decisiones que está tomando el próximo gobierno de López Obrador es que será un sexenio de decisiones personales, algo que no habíamos visto desde Luis Echeverría.

El caso de la crisis económica derivada de la decisión del Senado morenista de Ricardo Monreal sobre el fin del cobro de comisiones bancarias ilustra el estilo personal de gobernar de López Obrador. Apenas el 22 de octubre el presidente electo había comido en su casa con la todopoderosa banquera española Ana Botín, de Santander, y ahí le había dado seguridades de estabilidad a la porción mayoritaria de españoles en la banca en México (que no mexicana). El enojo de Botín afectó la credibilidad del presidente electo.

Lo mismo ocurrió con las consultas. Después del desprestigio lopezobradorista por la mal llamada consulta popular sobre el aeropuerto de Texcoco, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, se comprometió que no habría más consultas fuera del marco legal definido en la Constitución. Días después, López Obrador anunció (mal llamadas) consultas en cuando menos una docena de temas.

El fondo de la crisis en el grupo lopezobradorista es seria por el mensaje de desorden que deja en el funcionamiento del próximo gobierno. Por lo pronto, deja cuando menos cuatro indicios nada agradables para los lopezobradoristas:

1.- El modelo de dirección política de Morena, el gobierno y el Estado será caudillista, basado en la voluntad de López Obrador. Acostumbrado a soslayar el respecto a reglamentos, protocolos, reglas y leyes, bastara su voluntad personal. Por lo demás, no será nada nuevo porque presidentes caudillos, priístas y panistas hicieron lo mismo, aunque guardando un poco las formas.

2.- El grupo lopezobradorista en el poder carece de coordinación; ello quiere decir que han fracasado en sus funciones el jefe de la oficina, Alfonso Romo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los jefes legislativos Monreal-Batres en el Senado y Delgado-Porfirio Muñoz Ledo en Diputados, y el asesor jurídico Julio Scherer Ibarra por aquello de la legalidad. Lo malo es cuando los personalismos en la toma de decisiones derivan más bien en voluntarismos caprichosos.

3.- López Obrador decide en función de los 30 millones de votos ganados el pasado 1 de julio, 53% de los votantes que fueron a las urnas, pero son 34% del padrón electoral y 25% del total de los mexicanos. López Obrador usa esa votación sin atender compromisos de las alianzas; muchos de sus votantes han sido lastimados por decisiones impuestas: aeropuerto, salarios, descentralización. Inclusive, muchos de los que se pasaron a Morena sólo por una chamba no aceptan algunas decisiones. Ello quiere decir que la alianza del 1 de julio está desarticulándose y pagará la factura en las legislativas federales del 2021.

4.- Por si fuera poco, antes de la toma de posesión están decantándose ya las figuras y grupos con miras a las elecciones presidenciales del 2024 a partir de cierta certeza de que López Obrador no podrá reelegirse en la presidencia. El modelo de circulación de las élites que da dinamismo a la clase política y a los grupos en el poder central no aguantaría otro porfirismo u otro obregonismo. Los primeros aspirantes están ya armando sus alianzas y conquistando sus propios espacios de poder para evitar que el sucesor de López Obrador sea decidido al estilo priísta del dedazo como ocurrió con la candidatura perredista en el gobierno del DF en el 2006 al imponer a Marcelo Ebrard Casaubón.

El desorden en las decisiones anunciadas desde la noche del 1 de julio tiene que ver con tres indicios del estilo personal de gobernar de López Obrador.

1.- No existe un plan rector de sus decisiones, sino que todo dependerá de lo que disponga de manera personal el presidente electo-en funciones.

2.- No existe un grupo compacto real (aportación de Manuel Camacho al gobierno de Carlos Salinas de Gortari) para centralizar decisiones y hacerlas funcionales. La forma en que ha anulado a Alfonso Romo, Scherer Ibarra y Monreal es apenas un indicio del centralismo presidencialista.

3.- Si hay un modelo caudillista en el liderazgo, de todos modos la base político-electoral de López Obrador es variada porque ni él ni Morena representan un proyecto ideológico sino tan solo el oportunismo chambista. La única viabilidad de estas bases dispersas es la construcción de una coalición dominante, pero ésta requiere de liderazgos plurales y no caudillistas.

Como se han visto los ejemplos en la historia, los caudillismos personales carecen de horizonte histórico, se desgastan en gobiernos y Estados tan grandes y desordenados y caen cuando deciden no ser autoritarios, ni dictatoriales, ni represivos.

Política para dummies: La política es el ejercicio coordinado del poder para evitar conflictos e ingobernabilidades.

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@carlosramirezh
18 Noviembre 2018 04:00:00
Trump: Y sin embargo se mueve para 2020
Magnificar la pérdida de la Cámara de Representantes como gran victoria demócrata es parte del error estratégico del establishment liberal de los EE. UU. sobre Donald Trump. Mantener mayoría del Senado, de las gubernaturas y todo el control del centro del país pudiera darle a Trump los colegios electorales en las elecciones presidenciales del 2020.

El otro dato es más frío. A Trump le tundieron con todo: revelaciones, marchas, mentiras sobre su candidato a ministro de la Corte Suprema, los periódicos contabilizando día a día las mentiras, el uso de una prostituta publicándole un libro sobre el tamaño del órgano sexual del presidente, el libro de Bob Woodward aconsejando la aplicación de la vigésimo quinta enmienda para que su gabinete lo destituya, los insultos groseros de actores de fama internacional, la investigación de Robert Mueller como espada de Damocles…, más que se vaya sumando hasta noviembre de 2019.

A muchos no les gusta por su perfil oximorónico, pero en su último libro El coraje de la desesperanza. Crónicas del año en que actuamos peligrosamente (Editorial Anagrama, octubre de 2018 para edición mexicana) el filósofo eslovaco Slavoj Žižek dedica el capítulo 6 a deconstruir la mente y los estilos de Trump para revelar los errores en la lucha contra el atrabancado presidente estadounidenses.

Establece Žižek que lo más “deprimente” del periodo poselectoral no fueron las primeras medias de Trump, “sino la manera en que el grueso del Partido Demócrata reacciona ante la derrota histórica, oscilando entre los dos extremos: el horror al Lobo Feroz llamado Trump y el reverso de ese pánico y fascinación que consiste en normalizar la situación”. En efecto, la oposición demócrata esta determinada por las decisiones de Trump, no por su significado político y su efecto en la reestructuración del pensamiento social y el comportamiento de las clases.

El otro dato que señala Žižek tampoco ha gustado: el error histórico de nominar a Hillary Clinton como candidata demócrata y su falso feminismo. Y para ello, Žižek cita la crítica del demócrata socialista Bernie Sanders: “no basta con decir soy una mujer, vótenme. Lo que necesitamos es una mujer que tenga agallas de plantarle cara a Wall Street, a las compañías de seguros, a las empresas farmacéuticas, a la industria de los combustibles fósiles (cursivas de CR)”.

Sin mencionar a Barack Obama, Žižek hace presión en una herida aún abierta: el fracaso y la traición de Obama. Así lo dijo Sanders: “en los EE. UU. que una empresa importante tenga un director ejecutivo afroamericano es un paso adelante. Pero si ese sujeto va a deslocalizar los puestos de trabajo y explotar a los trabajadores, me importa un bledo que sea blanco, negro o latino”. En mi libro Obama escribí en 2009 que Obama iba a ser una constante crisis de expectativas porque no fue el primer presidente afroamericano de los afroamericanos, sino el primer presidente afroamericano de los blancos. Obama arribó a la Casa Blanca a rescatar de la quiebra al capitalismo y al imperio.

La derrota de Trump el pasado martes 6 de noviembre fue, en realidad, una victoria: el mapa político-electoral le sigue beneficiando. Y como adelanto, fue Trump el que estuvo en las boletas electorales por su apoyo a los candidatos. Y el Partido Demócrata no pudo más que apuntalar al viejo establishment de Hillary y Nancy Pelosi, sin ninguna figura sólida para el 2020, salvo la desgastada de Hillary. La única posibilidad que tienen los demócratas en el 2020 sería correr la candidatura de Hillary a Sanders, porque la nueva estrella Alexandria Ocasio-Cortez --de discurso socialista-- apenas ha comenzado su carrera como representante de Nueva York.

Paradójicamente, la salvación del capitalismo está en el nacionalista-racista o en un socialista anticapitalista. Los que quieran tratar de entender la consolidación de Trump no tienen más que ver el saldo de la economía: PIB más alto, mayor empleo, mejor clase media y sin tener que cargar con las crisis de los países aliados. El problema de los migrantes centroamericanos tiene una menor dosis de racismo que de consolidación de la economía para el estadunidense medio. Trump no quiere gastar dinero en países centroamericanos que están corroídos por la corrupción porque no representan una alianza estratégica, pero tampoco quiere dentro de los EE. UU. a migrantes sin capacidad productiva. Este razonamiento es bastante crudo, pero está en el ánimo de supremacía estadunidense.

El problema con Trump es que se le enfoca desde la crítica destructiva. Pero para derrotar a Trump primero hay que entenderlo sin prejuicios liberales. Trump es un producto del capitalismo depredador que construyó al imperio, de la clase que convirtió el asesinato de indios en un verdadero holocausto, que se robó la mitad del territorio mexicano y que lo quería sin habitantes mexicanos. Y detrás de Trump está el estadunidense de condado que detesta al Estado y a la burocracia parasitaria y que fija su sobrevivencia en alejar al Estadio hasta de sus ofertas de seguridad y por ello mantiene la Segunda Enmienda para la posesión de armas, porque quitarle implicaría cederle al Estado la seguridad ciudadana.

Las elecciones intermedias del 6 de noviembre dejaron muchos mensajes en clave local que deben de ser racionalizadas para entender la sobrevivencia de Trump y su estrategia de catapultar posiciones legislativas y estatales hacia las presidenciales del 2020. La consolidación interna del modelo Trump podría reconstruir un imperio más fuerte y más depredador, pero en un entorno mundial de mediocridad de líderes y sin figuras demócratas que lo intenten siquiera despeinar.

El único que podría derrotar a Trump es el socialista Sanders, pero el establishment liberal capitalista no lo dejará pasar.


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@carlosramirezh
16 Noviembre 2018 04:00:00
Ley de Seguridad Interior, SCJN y Maquiavelo redefinirán el Estado
En medio del avance imparable del crimen organizado en México, el Programa de Paz y Seguridad 2019-2024 del gobierno de López Obrador ofrece una propuesta retórica social frente al problema del Estado capturado por los cárteles y bandas criminales que gobiernan zonas territoriales de la república.

Mientras las autoridades, organizaciones sociales e instancias internacionales debaten los espacios de actuación del Estado ante el flagelo del crimen organizado en sus expresiones de violencia e inducción al consumo, México ve caer nuevas plazas en manos de los cárteles: Cancún, Los Cabos, Valle de México, Oaxaca y Guanajuato. Este dato es clave: El crimen organizado no ha retrocedido con las estrategias de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, sino que ha avanzado.

Lo que está a discusión en el contexto del Programa de Paz y Seguridad de López Obrador es la concepción de seguridad. Por sí misma, la seguridad no es bienestar sino una condición para lograrla. En términos de su esencia, la seguridad es la desaparición de los grupos delincuenciales en todos sus niveles por las vías de las leyes, los controles policiacos y las confrontaciones.

En el debate sobre las controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior aprobada en el Congreso y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, el tema central radica en la existencia o no de fundamentos constitucionales del concepto de seguridad interior y del uso de las fuerzas armadas. Y la seguridad interior tiene una base constitucional.

El artículo 89 establece las “facultades y obligaciones” del Presidente de la República y dice con claridad en el numeral VI: “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Es decir, el concepto de “seguridad interior” ya existe en la Constitución y viene desde la de Cádiz en 1812 y se mantuvo en las constituciones federales de 1824, 1857 y 1917 y no requiere de permiso alguno para ejecutarla.

En todo caso, la ley reglamentaria de la seguridad interior debe ser debatida en función de las acciones que se deben de tomar cuando esté en riesgo la seguridad interior. Paradójicamente, el gobierno de Peña Nieto aplicó la permisividad constitucional de fuerzas armadas en seguridad interior sólo con el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 de abril de 2014 (su gobierno había comenzado el primero de diciembre de 2012) sin ninguna reclamación legal. Calderón solo definió su programa de seguridad pública.

La diferencia entre la seguridad pública y la interior y nacional radica en los ataques contra el Estado-nación. La delincuencia común ataca al ciudadano, no al Estado ni a las instituciones. Y los cárteles del crimen organizado usan armamento superior al policiaco, forman parte de una cadena transnacional de intereses que llevan a la seguridad nacional y ocupan partes territoriales de la soberanía del Estado nacional.

El debate en la Suprema Corte, la terminación de la estrategia de seguridad del gobierno de Peña y la definición de la estrategia de seguridad del gobierno de López obrador contrastan con el avance del crimen organizado en zonas territoriales de la soberanía del Estado, el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en una Corte de Nueva York, la expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación y la supervivencia del Cártel de Sinaloa de El Chapo ahora aliado al mando de Ismael El Mayo Zambada, un capo sospechosamente alejado de la mira de las autoridades.

Mientras los criminales profundizan su copamiento de la república, la Corte quiere disminuir la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior y López Obrador reduce su estrategia a criterios humanistas de las víctimas y contra el prohibicionismo respecto a las drogas. Sin embargo, falta la parte más importante del escenario de la inseguridad mexicana: La decisión de los EE. UU. de definir el problema de las drogas en función de su seguridad nacional -poder extendido más allá de sus fronteras- y la caracterización de los cárteles como crimen organizado transnacional.

Las fuerzas armadas son la última línea de defensa de la seguridad interior. Y a propósito de la reactivación de Maquiavelo en los últimos días, hay que recuperar lo que escribió el florentino en el capitulo sobre la conservación de los principados y las repúblicas:

“Una guerra es legítima por el solo hecho de ser necesaria, y las guerras son actos de humanidad cuando no hay ya esperanzas más que en ellas”.


Política para dummies: La política es la sensibilidad para atender la realidad y no suponer que la realidad esta al servicio de los políticos.


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15 Noviembre 2018 04:00:00
Agenda prioritaria de AMLO en la ingobernabilidad de Oaxaca
El gobernador priísta de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, rendirá hoy jueves su segundo informe de gobierno con cuentas negativas no solo a nivel local, sino que afectan la agenda política del gobierno entrante de López Obrador: Seguridad, educación y estabilidad.

Oaxaca ha sido víctima de las alianzas del poder. En 2006 el PAN y el PRI del entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto se aliaron a la Sección 22 de maestros para tratar de derrocar al gobierno priísta de Ulises Ruiz Ortiz.

En el 2010 López Obrador construyó la candidatura aliancista PAN-PRD de Gabino Cué Monteagudo y lo acompañó a recorrer el estado para sellarlo como candidato lopezobradorista. Y si el tabasqueño exigió honestidad, el gobierno de Cué terminó con un desfalcó de --dicen los cálculos más conservadores-- de mucho más de 15 mil millones de pesos que se llevaron los funcionarios y empobrecieron al de por sí pobre estado oaxaqueño.

La gubernatura priÍsta de Murat Hinojosa tuvo una negociación secreta en 2016 del exgobernador José Murat Casab con López Obrador, a cambio del apoyo de Oaxaca a la campaña presidencial del tabasqueño. El PRI ganó por la división en la coalición PAN-PRD-Morena-Movimiento Ciudadano. En Morena hay molestia porque el gobierno muratista ha cooptado a morenistas para debilitar su bandada legislativa estatal.

El segundo informe de Murat Hinojosa estará marcado por cinco problemas graves con efectos nacionales:

1.- El gobierno de Murat ha fracasado en el manejo de la agenda magisterial porque la Sección 22 de Maestros tiene esta semana a la educación en paro ilegal, a pesar de que la 22 tiene un pacto con López Obrador y por lo menos dos diputados de Morena fueron dirigentes de la 22. Al final, eso sí, el paro de la 22 fue producto de la impericia de Murat Hinojosa, pero le conviene al PRI porque enturbia el compromiso de López Obrador de estabilizar al magisterio con la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto. En el círculo lopezobradorista consideran que el paro magisterial en Oaxaca afecta los compromisos de López Obrador.

2.- La inseguridad ha crecido exponencialmente en Oaxaca, con cifras ocultadas. Pero en este año en cifras mensuales ha habido más de 75 homicidios criminales, más de 25 delitos de narcomenudeo, 250 robos con violencia de vehículos y 4 feminicidios, con alza en secuestros y extorsión. Como dato revelador, el Cártel Jalisco Nueva Generación ya ocupó el territorio de Oaxaca, en el entendido de que solo pudo hacerlo con la complicidad activa o pasiva de las autoridades estatales y municipales. Las primeras estimaciones prevén un alza en la criminalidad por cárteles e ineficacia policiaca.

3.- Si todos esperaban que el gobierno priísta de Murat Hinojosa ajustara cuentas con la corrupción de su antecesor aliancista Cué Monteagudo, los datos hablan de una cobertura producto de la complicidad. El principal operador de los negocios de Cué fue Jorge Castillo, pero este pareció ya haber pactado impunidad con Murat Casab, el padre del gobernador. Los oaxaqueños han sido defraudados por el gobierno de Murat Hinojosa al perdonar la corrupción aliancista. Hubo tres grandes operadores de la corrupción del gobierno de Cué y los tres gozan de impunidad.

4.- En dos años de gobierno no se ha avanzado en la corrección de la pobreza estructural porque los recursos presupuestales siguen desviándose en negocios del poder y en pago de apoyos a organizaciones sociales que paradójicamente representan la lucha de los pobres por salir de la pobreza.

5.- Sin capacidad para enfrentar el poder violento de los maestros disidentes y sus protestas callejeras, el gobierno de Murat Hinojosa ha vuelto a pactar con la 22 el regreso a la realidad anterior a la reforma educativa de Peña Nieto que le quitó el control del Instituto de Educación o Secretaría estatal de Educación. Asimismo, Murat está negociando que la reforma educativa de la 22 sea el programa oficial de educación en el estado para profundizar el modelo de protesta contra el neoliberalismo. López Obrador había prometido lo mismo a la 22, pero ya ganada la presidencia está buscando los mismos objetivos de la reforma peñista con otros nombres y procedimientos.

La crisis en Oaxaca se va a potenciar al grado de podría ser el primer caso del sexenio lopezobradorista en que tenga que aplicar el correctivo priísta del interinato. Oaxaca se presenta como la plaza operativa del CJNG en el sur-sureste y el foco de inestabilidad magisterial que afectaría el modelo educativo del nuevo gobierno, además de que el gobernador Murat Hinojosa --de residencia mexiquense y funcionario peñista-- fue una candidatura impuesta por el Presidente Peña Nieto como parte su grupo de poder.

Política para dummies: La política es la rendición de cuentas reales, no en la demagogia como discurso del poder.

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14 Noviembre 2018 04:00:00
La medalla Belisario para Rosario Ibarra de Piedra, no para Slim
La selección del candidato o la candidata a recibir la medalla Belisario Domínguez del Senado nunca había encontrado en años una nominación tan exacta como ahora: La lucha de la señora Rosario Ibarra de Piedra contra el autoritarismo represivo del PRI desde 1974 en que su hijo fue secuestrado, torturado y desaparecido por el sistema político priísta.

De los sesenta y siete galardonados desde 1954, solo Gustavo Madero emuló la lucha de Belisario Domínguez contra el usurpador Victoriano Huerta y por ello fue torturado, defenestrado y asesinado.

Jesús Piedra Ibarra era guerrillero y como tal participó en el intento de secuestro del empresario Eugenio Garza Sada que terminó en su muerte; Ibarra formaba parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Sólo que en lugar de ser juzgado, fue capturado, asesinado y desaparecido por el sistema priísta.

El subsecretario de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, el director de la Federal de Seguridad, Luis de la Barreda, y el torturador Miguel Nazar Haro capturaron a Piedra Ibarra en 1974 y lo desaparecieron de la faz de la tierra. Desde entonces, la señora Rosario Ibarra de Piedra ha encabezado la lucha contra el sistema priísta en su fase de criminalidad política.

La nominación de la señora Ibarra de Piedra contrasta con la del empresario Carlos Slim Helú, un beneficiario de la privatización salinista de las empresas propiedad de la nación. A lo largo de un cuarto de siglo, vía Teléfonos de México, Slim solo se ha dedicado a multiplicar su riqueza personal, sin ninguna retribución a la sociedad. Slim sería en segundo plutócrata que pudiera recibir la Belisario Domínguez, luego del empresario Alberto Bailleres.

El simbolismo de Belisario Domínguez en su lucha contra la dictadura de Huerta --le cortaron la lengua por sus discursos contra el usurpador- ha sido traicionado por todos los partidos, pero sobre todo por el PRI, quien en sus épocas de mayoría absoluta asignó la medalla por complicidades del poder y no por reconocimiento a luchas contra el autoritarismo.

Hoy que el PRI representa apenas el 11.7% de las curules en el Senado, la oposición antipriísta debiera reconocer la lucha de la señora Ibarra de Piedra y con ello llevar a la máxima tribuna parlamentaria el tema de los desaparecidos en México, primero por razones políticas del autoritarismo priísta y luego por la ineficacia del PAN y del PRI en la presidencia en el secuestro y desaparición de ciudadanos afectados por lucha contra el crimen organizado.

Si alguna persona podría encarnar por derecho propio la querella contra el autoritarismo priísta es, sin duda, la señora Ibarra de Piedra: Sus primeras acciones exhibieron al mundo la fase criminal del PRI desde los tiempos de Echeverría. Sin violentar el sistema y sí proyectando sus demandas por 500 disidentes desaparecidos, la señora Ibarra de Piedra quitó el velo de hipocresía al PRI en el poder: Los desaparecidos hasta finales de los ochenta fueron por razones políticas, de represión de Estado y para mantener el dominio autoritario del PRI.

Lo grave del caso de Jesús Piedra Ibarra fue el tiempo político de su represión: Después de Tlatelolco 68 y luego de la falsa apertura democrática de Echeverría. Está documentado que Piedra Ibarra fue capturado vivo por la Federal de Seguridad y entregado a Nazar Haro y su figura desapareció del sistema penal. En 1978, el entonces gobernador guerrerense Rubén Figueroa dijo con simplicidad pasmosa: “Los desaparecidos están muertos”. Muchos de los disidentes violentos fueron capturados y asesinados por el gobierno de Figueroa subidos con vida a helicópteros y tirados al mar.

La lucha de la señora Ibarra de Piedra fue reconocida por López Obrador como candidato presidencial en julio pasado al afirmar que había puesto el nombre de doña Rosario en su boleta. Pero ahora es el tiempo político para ir más allá: entregarle la medalla Belisario Domínguez a la señora Ibarra de Piedra y con ello reabrir la investigación de los crímenes del pasado que Vicente Fox usó como engañifa solo para cubrirle las espaldas al sistema priísta ya en la oposición en el 2000.

Si la oposición tiene una deuda con los deudos de la represión criminal del PRI de 1958 al 2018, bien podría comenzar con la medalla Belisario Domínguez, evitar que le sea adjudicada al empresario Slim y sobre todo crear una comisión investigadora sobre los crímenes del pasado, no una Comisión de la Verdad que suele servir para exonerar a criminales políticos, partiendo del hecho de que la desaparición forzada de personas es un crimen y delito que nunca prescribe.

La medalla a la señora Ibarra de Piedra podría representar el proceso de enjuiciamiento pendiente del PRI por crímenes del poder, si de verdad ahora sí Morena, el PRD y el PAN son partidos de oposición real.

Política para dummies: Al final del día, la política debe ser también un acto de justicia moral.

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13 Noviembre 2018 04:00:00
Maquiavelo y la paradoja Salinas: Dar consejos y no seguirlos en 1994
Como Maquiavelo dedicó su opúsculo El Príncipe a Lorenzo de Medici antes de su muerte en 1492 como una forma de actuar como consejero externo sin lograr siquiera un empleo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari convocó la semana pasada al espíritu de Maquiavelo para asustar a los ingenuos en pleno interregno de gobierno y soltar algunos consejos para el próximo gobernante mexicano.

Pero a Salinas se le escaparon los hilos del debate y prefirió salirse del conflicto: Sus palabras mal citadas de lo que dijo en un seminario con el principal historiador de Maquiavelo, Maurizio Viroli, provocaron un texto aclaratorio que se escondió en la versión digital de El Universal y no se publicó en la edición impresa. Quedó así la ambigüedad de si Salinas eludió pleitos con López Obrador o prefirió el consejo al escándalo.

En su texto aclaratorio Salinas, de todos modos, dejó ciertos mensajes al nuevo gobierno morenista sobre la realidad y el cambio y el papel del gobernante de cambiar ante nuevos escenarios para consolidarse o aferrarse a sí mismo y confiar en la fortuna y fracasar. El concepto de fortuna en Maquiavelo contrasta de la racionalidad del poder.

Salinas convocó el peso de la fortuna en Maquiavelo para señalar que a veces no basta para mantener a los gobernantes ni a los principados o repúblicas, pero Salinas no citó la referencia del florentino de que la fortuna “es mujer y es necesario, si se quiere tenerla sumisa, castigarla y golpearla”.

En su texto aclaratorio, Salinas centró su argumentación en el dilema fortuna-cambio asumido, citó una frase del Discurso 9 del Libro III de Discursos sobre la primera década de Tito Livio y la caracterizó como la “paradoja Maquiavelo”: “Si los tiempos y las cosas cambian, el gobernante se arruina porque no cambia su manera de proceder (…), porque habiendo siempre prosperado caminando una vía, no puede persuadirse de apartarse a ella”.

No se requiere mucho espíritu maquiavélico --no maquiaveliano-- para situar la cita en la realidad mexicana: López Obrador llegó a la presidencia siendo uno y sus comportamientos iguales en el interregno lo han metido en conflictos con sectores productivos y sociales. Para reforzar, Salinas hizo otra cita del florentino: “Un hombre que no está acostumbrado a actuar de una manera no cambia nunca y cuando las circunstancias cambian en sentido contrario a su forma de proceder, inevitablemente fracasa”.

Con dos citas de Maquiavelo Salinas le dio marco histórico maquiavélico a la crisis de López Obrador en el vacío político de un presidente electo que no tiene los hilos directos del poder. El Salinas como consejero del próximo Príncipe aporta una explicación al momento actual: López Obrador seguirá metido en problemas si insiste en gobernar un Estado-Principado-República igual a como lo funcionaba como líder de masas en las plazas.

Salinas se pone como ejemplo, pero en clave positiva: Llegó a la presidencia como candidato del sistema populista de Estado en 1988 y se encontró con la caída del Muro de Berlín, hecho histórico que lo “obligó a cambiar y proponer el tratado de Libre Comercio”. A ese giro le llama Salinas, en lenguaje maquiaveliano, “un golpe de fortuna”. Sin embargo, Salinas enfrentó de mayo de 1993 a diciembre de 1994 una crisis de sistema y se negó a cambiar su forma de hacer política. Esa crisis llevó a la disolución del grupo Salinas, a la alternancia en el 2000 y al arribo de López Obrador a la presidencia en el 2018.

La paradoja Salinas aparece con un expresidente tomando del brazo al fundador de la filosofía de la praxis para ofrecer consejos directos/indirectos al nuevo Presidente de la República sobre el realismo político: No se debe confiar en la fortuna, en la buena estrella o en el apoyo popular, porque lo que cambian no son las circunstancias sino la correlación de fuerzas sociales. Y a lo largo de sus obras, Maquiavelo hace gala de su conocimiento de la historia para usar fracasos políticos de gobernantes para sustentar sus consejos de ejercicio del poder para sobrevivir.

Aunque después de Maquiavelo llegó Marx para decir que la fortuna es una circunstancia y que el gobernante no debiera caer preso en las redes de las circunstancias, sino que la función del político revolucionario consiste en cambiar las circunstancias y en modificar la correlación de fuerzas sociales y productivas.

De todos modos, Salinas retomó la tesis de Viroli de que la lectura de El Príncipe debiera comenzar con el capítulo final donde Maquiavelo pide “un redentor” para expulsar a los bárbaros extranjeros y que toda la obra adquiere ya otra lectura.

En el fondo, Salinas abrió un debate maquiavélico sobre en el papel del próximo Príncipe gobernante.

Política para dummies: La política consiste en encontrar explicación de crisis propias aconsejando a otros.

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12 Noviembre 2018 04:00:00
Estrategia Astudillo en Guerrero: Turismo y sociedad Vs. cárteles
ACAPULCO. Gro.- En medio de un vacío de líneas estratégicas de seguridad en México por el gobierno que se va y el gobierno que viene, los estados y ciudades más afectados tienen que remar con sus propios remos y definir sin muchos recursos sus líneas de acción.

Ante la inminencia del Tianguis Turístico 2019 en abril próximo, Guerrero aparece apabullado por noticias de la coyuntura. El apoyo federal se agotó en el envío de tropas federales, pero sin contar con ningún mapa estratégico de asentamiento, funcionamiento, relaciones de poder y formas criminales de las bandas y cárteles.

No es gratuito que el crimen organizado se haya asentado en zonas clave: turísticas por manejo de dólares y lavado de dinero (Acapulco y Cancún), de acceso al mercado estadunidense (zonas fronterizas de Chihuahua y Tamaulipas) y zonas gobernadas por la oposición y con débiles estrategias de seguridad (Guanajuato).

Rumbo al Tianguis, el gobierno guerrerense de Héctor Astudillo le ha dado prioridad a una estrategia que consiste en aumentar el turismo y darle espacio a la sociedad. Las plazas donde el miedo ha llevado a replegar la actividad económica y la sociedad han sido ocupadas casi en automático por bandas del crimen organizado.

Un estudio que está realizando el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad (CEEPS) y la Agencia de Información Seguridad y Defensa (seguridadydefensa.mx) ha aportado indicios más precisos de la delincuencia. Hasta ahora las informaciones se basan en datos del día, en cifras globales. Un apunte revelador: en Guerrero, por ejemplo, la cifra real de homicidios es menor porque la cifra oficial que se maneja en medios es la totalidad y se incluyen los culposos. La cifra real de criminalidad está en los homicidios dolosos: y ahí la cifra enero-septiembre de este año en Guerrero es de 1,693, contra los 2,092 totales.

Un recorrido en zonas de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo precisa que los homicidios culposos son en mayoría entre bandas criminales por el control de territorios y los daños al turismo son colaterales, impactantes, sin duda, pero localizables a tres universos: la captura del Estado o la ocupación de espacios estratégicos del Estado nacional y sus áreas de seguridad por intereses del crimen organizado, delincuencia común y cárteles en siembra, trasiego y promoción del consumo.

La estrategia del gobernador Astudillo ha buscado ocupar los espacios locales que el gobierno federal prometió consolidar y se ha olvidado: las áreas sociales del turismo y de la sociedad local. La actividad de los cárteles y bandas criminales es un asunto de seguridad interior que le corresponde al gobierno federal por sus recursos, capacidad de fuego y movilización de fuerzas armadas.

La fragmentación partidista, el papel del PRD 2005-2015 en el debilitamiento del Estado local por sus complicidades con el crimen organizado y la ausencia de una estrategia integral del gobierno de la república no alcanzan a completar las acciones estatales. Por lo pronto, las oficinas de turismo estatal tienen datos de ocupación extraordinarias en las temporadas vacacionales y se preparan para las de fin de año, a pesar de la declinación de la estrategia federal de seguridad.

El Tianguis Turístico de abril del 2019 le corresponderá al gobierno de López Obrador y a su ambiciosa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En teoría, los lineamientos de López Obrador cubren un aspecto importante: recuperar las zonas territoriales con educación, salud, empleo y desarrollo social, aunque aún no han aterrizado propuestas concretas.

La percepción de inseguridad está afectando de manera altísima a zonas marcadas por el crimen organizado. La última encuesta del INEGI colocó a Ecatepec, Villahermosa, Reynosa, Cancún. Fresnillo y Tapachula como las más altas en temores, de 90% a 96%, y Acapulco está en 83% sobre una media nacional de 75%. Estos datos, de acuerdo con el análisis del CEEPS, no responden a cifras reales sino a las sensaciones de seguridad-inseguridad de la población, buena parte de ellas producto de la caja de resonancia de los medios.

La clave en Guerrero radica en el cambio de funcionamiento del gobierno estatal. Del 2005 al 2015 el PRD en la gubernatura rompió con los mecanismos de control, facilitó las complicidades y llegó al punto de ser el responsable directo de la entrega de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa al crimen organizado. El PRD fue derrotado en el 2015 por el PRI, pero dejó muy fuertes los amarres con la criminalidad.

En este escenario la estrategia de Astudillo de turismo/sociedad para ocupar espacios territoriales en poder del crimen hasta ahora ha dado resultados. Pero falta la acción federal estratégica para destruir bandas y cárteles.

Política para dummies: La política es cómo tratar de vencer al adversario sin que éste se dé cuenta como va perdiendo.


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11 Noviembre 2018 04:00:00
De Trump a AMLO: No es democracia directa sino lumpendemocracia
La pregunta no deja de ser maliciosa: ¿En qué se parecen Donald Trump, Nicolás Maduro, Evo Morales, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador? En que han tratado de ocultar liderazgos bonapartistas personalistas detrás de un discurso de democracia directa vis a vis el fracaso, dicen ellos mismos, de la democracia representativa.

El twitter, la plaza, el indigenismo, los vicios de la democracia y las consultas quieren revalidar el modelo de la democracia directa que nació, dice John Dunn, con la Grecia de Pericles y que luego tuvo dos expresiones fundacionales de formas de la democracia: La revolución americana del federalismo y la revolución francesa de la representación popular y los derechos del pueblo.

La victoria electoral de López Obrador en México y su mayoría absoluta en el congreso contrastan con su regreso a la democracia directa de consulta al pueblo para saber el destino de la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital de la república. La contradicción es obvia: ¿por qué usar el camino de la consulta directa al pueblo si tiene la mayoría absoluta en el congreso? Los plebiscitos y los referéndums han buscado siempre ratificar en consulta al pueblo decisiones tomadas en las estructuras de la democracia representativa.

La respuesta en los casos citados --Trump, Maduro, Morales, Bolsonaro y López Obrador-- se localiza no tanto en el fracaso de la democracia representativa que tiene en los procesos electorales su expresión más afinada, sino en la intención de construir liderazgos personales. En los EU, Venezuela, Bolivia, Brasil y México los sistemas de división de poderes y de ratificación de autoridades vía elecciones han funcionado al grado de que todos estos líderes llegaron al poder por la vía electoral. La decisión de poner la consulta directa al pueblo por encima de las instituciones de la democracia representativa responde, más bien, a afanes tipo bonapartistas, usando la expresión de Marx en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Y Marx dio la respuesta: No tanto la conquista del poder político, sino el poder personal.

Por tanto, lo que estamos viendo en América no es el regreso de la democracia representativa de finales del siglo 18 a una democracia directa de hace más de dos mil quinientos años --en la Grecia de Pericles en el siglo V a.C.-- en el ágora social, sino la utilización del concepto de democracia directa para fortalecimiento de liderazgos personales. Mal que bien, todos los gobernantes que se fortalecen por la democracia directa llegaron al poder por la democracia representativa.

La democracia directa es la simplificación de las reglas de la convivencia equitativa en una sociedad. En México existen ejemplos de cómo la democracia directa en realidad no cumple con las exigencias de la democracia --la representación de todas las ideas--: En Chiapas se han establecido municipios autónomos con gobiernos indígenas y en Oaxaca el 75% de los municipios eligen sus autoridades por usos y costumbres, una forma tradicional de democracia directa en donde autoridades sin elección democrática definen las reglas de selección de gobernantes en función de tradiciones y no de competencia.

El problema, sin embargo, radica en el hecho de que en ambos estados del sur de México con fuertes tradiciones indígenas existe una pluralidad social que no había en siglos anteriores. Por tanto, la representación político-administrativa tradicional no responde a la pluralidad de las clases y sectores sociales, entre ellos la más importante: Comunidades indígenas con comunidades mestizas. Lo mismo ocurre en sociedad políticas donde conviven tradicionalistas con modernos.

La democracia representativa nació justamente para democratizar la representación social. A mediados del siglo XIX, cuando México reorganizaba su orden constitucional en medio de invasiones extranjeras, fueros religiosos y pronunciamientos rebeldes, el constitucionalista Mariano Otero estableció la democracia representativa: que la composición del congreso represente la pluralidad de la sociedad. Esta teoría de las minorías obligó a abrir espacios de representación en las instituciones precisamente a los menos.

La democracia directa suele prohijar dictaduras personalistas. Desde el derrocamiento del dictador Porfirio Díaz en 1911, México ha tenido fases brillantes y oscuras de democracia representativa; sin embargo, el modelo de la representación plural ha alejado el fantasma de la dictadura personal. Aún con trampas autoritarias, las grandes decisiones mexicanas --sobre todo las que fueron llevando a la democracia electoral-- pasaron por las instituciones de representación.

Lo grave ocurre cuando se dice democracia directa existiendo reglas de mayorías en democracias representativas. La consulta de López Obrador sobre el aeropuerto la hizo su partido, sin control de boletas, sin representación de opositores, sin debate; las boletas eran del color de su partido y las urnas las pusieron sus militantes. La Constitución mexicana contiene reglas estrictas para consultas involucrando a los tres poderes y ninguna fue cumplida.

Por tanto, lo que hacen algunos mandatarios populistas es manipular la democracia directa para no tener que pasar por la democracia representativa y erigir dominios totalitaristas, eludiendo las reglas y equilibrios de toda democracia formal o real.

Así que lo que practican los aspirantes a dictadores no es democracia directa (Pericles nos libre), sino formas autoritarias de imposición de decisiones moviendo a las masas lumpen. Hay que releer el Dieciocho brumario para entender que la democracia representativa está siendo atacada por la lumpendemocracia de los pobres para erigir dictadores.

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09 Noviembre 2018 04:00:00
Disputa Salinas-Maquiavelo contra AMLO-Savonarola
La invocación del expresidente Carlos Salinas de Gortari del consejero florentino Maquiavelo para darle un marco histórico de referencia a la coyuntura actual pendular de la llegada de un grupo populista al gobierno federal puso nerviosos a muchos. Pero se trató de una lectura sesgada de una de las obras del italiano, El Príncipe, por cierto no la más brillante.

Salinas utilizó una categoría politológica que tiene otro escenario: habló del momento maquiavélico como una forma de caracterizar lo que ocurre hoy en México. Sin embargo, el “momento maquiavélico” tiene otra referencia: Es el estudio que realizó John Pocock en 1975 para definir el tiempo histórico que produjo las ideas del florentino y el discurso ideológico ajustado a ese instante histórico.

En todo caso, la invocación de Salinas de Gortari a Maquiavelo para tratar de explicar una situación política más de quinientos años después de haber publicado el opúsculo Acerca de los principados o El Príncipe, quiso extraer una lección de cómo acaban las democracias, una línea de pensamiento que conectó directamente a Aristóteles con Maquiavelo.

Pero seguramente sin quererlo, el expresidente convocó el momento maquiavélico de finales del siglo XV en el enfrentamiento entre Maquiavelo con el sacerdote ultraconservador Girolamo Savonarola entre las concepciones del Estado como ejercicio del poder y la religión como determinante en el funcionamiento de las instituciones públicas.

Savonarola fue, en términos conceptuales modernos, un populista conservador. Su Tratado acerca del régimen y el gobierno de la ciudad de Florencia se basa en el dominio ideológico de la religión, la filosofía moral, la virtud tanto del gobernante como del súbdito y bajo el argumento de que “la ciudad que debe ser feliz debe de tener todas las virtudes”, además de “oír las causas de los pobres”.

Fue Savonarola el que llevó la humildad cotidiana del poder hasta el extremo de quemar las vanidades, los artículos superfluos echados a una pira e incendiados en lo que se conoce históricamente como “la hoguera de las vanidades”. Arremetió contra la iglesia de lujos y le dijo al papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia) que “en la lujuria (Iglesia) te has convertido en una descarada meretriz”. En respuesta, el Papa lo juzgó y condenó y lo quemó en la Piazza della Signoria en Florencia, donde hay una placa redonda en el lugar exacto del cumplimiento de la sentencia.

Maquiavelo, en cambio, fue la racionalidad de la inteligencia, la razón de Estado. El momento maquiavélico que estudió Pocock nada tuvo que ver con instante de conflicto en su circunstancia histórica, Salinas de Gortari solo hizo referencia a algunas de las frases sacadas de El Príncipe o cómo pueden los monarcas mantener el control de los principados y de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio o cómo fortalecer las repúblicas.

El debate no directo entre Maquiavelo y Savonarola sí podría tener un referente en el momento político mexicano actual entre el sentido del Estado del primero y el populismo del segundo. En el capítulo LIII del Libro I Maquiavelo resaltó que “el pueblo, engañado por una falsa apariencia de bien, desea muchas veces su propia ruina”. Y agregó: “No existe camino más fácil para arruinar a una república en la que el pueblo tenga autoridad que embarcarla en empresas osadas”; “habiendo el pueblo dado por supuesta la victoria, cuando se produce el fracaso no culpa de ello a la fortuna, ni a la importancia de quien estaba al mando, sino a la maldad e ignorancia de éste, y por eso la mayoría de las veces le mata o le encarcela o le destierra”.

Y en el LVIII Maquiavelo señaló que “los gobiernos han necesitado ser regulados por las leyes, porque un príncipe que pueda hacer lo que quiera está loco y un pueblo que pueda hacer lo que quiera no es sabio”. Por ello, señala la traductora Ana Martínez Arancón, “para Maquiavelo la república es el gobierno que representa la normalidad, la vida cotidiana de un Estado bajo el imperio de la ley; y en cambio, el principado es casi siempre una situación de fuerza”.

Si algún momento maquiavélico existe hoy en México se localiza en dos rubros: El contrapunto del populismo de Savonarola y su república feliz y moral y el análisis de Maquiavélico sobre los discursos de Tito Livio para concluir que el modelo ideal de gobierno es la república de instituciones, contrapesos y Estado regulado y no los principados de voluntad de un solo hombre, no sólo el de López Obrador sino el del PRI salinista que fueron principados con disfraz de república.

Y no debe olvidarse que Maquiavelo fue un consejero gelatinoso que se inclinaba al mejor postor aconsejando a los príncipes como ser republicanos y a los republicanos como ser príncipes. Y Salinas de Gortari no es Maquiavelo moderno.

Política para dummies: La política es la síntesis de la lucha de contrarios.

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08 Noviembre 2018 04:00:00
Salarios: Resentimiento social, no austeridad ni justicia distributiva
Algunas notas sobre la nueva ley salarial:

1.- El salario es el precio que se paga por el valor de la participación del trabajador, empleado o funcionario.

2.- El salario se mide vis a vis con tres variables: El valor final del producto, la tasa de ganancia del patrón privado o público y las necesidades del trabajador.

3.- El salario tiene dos partes: El monetario o dinero en efectivo y el no monetario o prestaciones sociales. A ello se agrega una tercera para cierto nivel de élite gubernamental: El salario implícito en gastos cotidianos que corren por cuenta del presupuesto en los tres niveles de gobierno y en algunas instancias legislativas.

4..- El salario del presidente de la República no puede ser un punto de referencia porque el volumen salarial es mucho menor al no salarial y al presupuestal.

5.- La ley de Remuneraciones tiene un punto falso: Establece que el salario se paga “por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades”. Por tanto, el punto referencial no puede ser el salario del Presidente de la República porque es un cargo único y tiene la responsabilidad de conducir el Estado, el gobierno y resguardar la soberanía.

6.- Equiparar un catálogo de cientos de empleos públicos en los tres niveles de gobierno al del mando máximo es una aberración económica, social y racional.

7.- Cada mexicano con ingreso tiene que usarlo en nueve rubros de gasto, según el INEGI: Alimentos, bebidas y tabaco; transporte propio o alquilado y comunicaciones; educación y esparcimiento; vivienda propia o alquilada, luz y combustibles; cuidados personales; gasto doméstico; vestido y calzado; transferencia de gasto; y salud. Todos estos gastos del Presidente no salen de su salario, sino del cargo. Por lo tanto, el salario presidencial se puede dedicar íntegro al ahorro; a menos, claro, que el presidente López Obrador use su salario para pagar su comida, la gasolina del auto presidencial y su comitiva, use su casa o pague renta en Palacio Nacional --que sería altísima por la zona y el tamaño--, la luz de su casa en Palacio.

8.- El abuso en los ingresos de funcionarios no se localiza en el salario sino en las prestaciones con cargo al erario: Fondo de ahorro, seguro médico privado, autos, servicio de seguridad, gasolinas, telefonía, transporte fuera de su zona de trabajo, comedor en oficina o pago de notas de consumo y muchos otros rubros. Si todos los funcionarios de la gran élite pagaran sus propios gastos y solo tuvieran un salario, entonces habría una equidad.

9.- Según el INEGI cada mexicano dedica el 70% de su salario a alimentos y bebidas (35.2%), transporte (19.3%), vivienda (9.5%) y artículos del hogar (5.9%). En los salarios públicos y el presidencial existen prestaciones adicionales para estos rubros.

10.- Los salarios de funcionarios de todos los niveles son la superficie de un problema estructural: El servicio público no ha sido una planta laboral para la realización de funciones, sino que siempre ha sido una forma de construir una base social de lealtades. Antes de bajar salarios, el gobierno debería reducir su planta laboral total a la mitad y obligar a los altos funcionarios --con el Presidente de la República poniendo el ejemplo-- a pagar sus gastos con su salario, sin ningún apoyo del presupuesto.

11.- Si el salario determina el valor del esfuerzo humano para realizar una función, entonces los niveles salariales van a definir la calidad del producto. Un cálculo arbitrario pero cercano a la realidad puede concluir que en el sector público en todos los niveles se usan casi tres personas para hacer el trabajo de una. De ahí que antes de tocar salarios, el gobierno debiera cerrar la llave de prestaciones sociales, dotar a los funcionarios solo de salario y despedir cuando menos a la mitad de la burocracia reorganizando el papelerío inútil.

12.- En el fondo, la ley de remuneraciones es un acto de resentimiento social de la nueva élite gobernante y no un acto de racionalidad del gasto. Afectar el salario lleva a castigar el ingreso de los trabajadores de niveles medios y altos y a pauperizar la calidad del producto gubernamental, porque se pagarían salarios no en función del producto final --el servicio a la sociedad--, sino solo por castigo a la burocracia. Un abogado del Estado, por ejemplo, tendría que decidir con un tercio del salario actual. La relación capacitación/salario reduciría la calidad del trabajo final y sería la garantía de corrupción.

13.- La determinación de salarios por ley rompe la dinámica del proceso económico de mercado y acerca a la economía laboral a un socialismo primario.

15.- Colocar el salario irreal del Presidente como referencia es sencillamente un populismo de economía ficción.

Política para dummies: La política consiste en aprovechar el impulso de las leyes sociales, no imponer las propias.


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07 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO-Proceso: Restauración del autoritarismo con prensa crítica
La presencia de Julio Scherer Ibarra en la consejería jurídica de la presidencia de la república de López Obrador le dio otro tono a la confrontación por la portada de la revista Proceso esta semana: El hijo del fundador del semanario es miembro del consejo de administración y posee la parte más importante de las acciones de la revista.

Por tanto, los enojos del presidente electo y de su esposa debieron dirigirse a Scherer Ibarra, quien hasta ahora se encuentra metido en un conflicto de intereses: Proceso es la revista semanal más importante y su tarea ya fue fijada como de denuncia de abusos del poder de Morena, como antes los hizo contra los abusos del PRI.

La fricción López Obrador-Proceso sacó chispas en el medio periodístico porque nunca un presidente electo a punto de tomar posesión constitucional del cargo había confrontado la línea editorial de crítica de una publicación. Proceso no es una revista de oposición ni sirve a algún grupo político priísta, salvo al priísmo en el que militó Scherer Ibarra cuando trabajó como secretario particular del presidente nacional del PRI Gustavo Carvajal Moreno en tiempos de López Portillo.

Este dato es importante: Proceso encaró severas denuncias contra López Portillo como presidente mientras Scherer Ibarra estaba en el PRI, al grado de que de Los Pinos ordenaron dos suspensiones arbitrarias de publicidad: En 1981 por un documento de Pemex que hizo la Secretaría de Programación de Miguel de la Madrid enfrentándolo con Jorge Díaz Serrano, los dos en la lista de precandidatos presidenciales. Y en 1982 López Portillo dijo su frase más celebre para justificar el corte de publicidad: “No pago publicidad para que me peguen”, con el dato institucional de que el presidente de la república no es el dueño de los recursos presupuestales del gobierno y por tanto está impedido por las prácticas democráticas a usar esos dineros para su propia popularidad.

Lo interesante fue que Proceso nunca funcionó como una revista de oposición ni ha buscado alcanzar al poder, salvo por la carrera burocrática de Scherer Ibarra en el sistema de gobierno sin involucrar a Proceso. El propio Julio Scherer García contó en su libro Los Presidentes cómo el entonces director de Excélsior era considerado una pieza política en los hilos del poder institucional: Echeverría le adelantó a Scherer el nombre de López Portillo como su sucesor y le pidió que Excélsior hablara bien del precandidato para preparar el ambiente.

La historia de Scherer García y Excélsior es más compleja que la que afirmó Carlos Fuentes --“el Francisco Zarco del siglo XX”--, porque el escritor tenía el cargo de conciencia de haber trabajado con Echeverría como embajador en julio de 1976. Pero en su defensa, la historia del “golpe” a Excélsior ha dejado de ser sentimental porque formó parte de reacomodos institucionales en la sucesión presidencial de 1976 y porque Scherer perdió el control de la cooperativa.

Datos fundamentales para posicionar el mito de Excélsior están en la investigación de Arno Burkholder: La red de los espejos. Una historia de Excelsior 1916-1976, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2016. En este escenario de la historia política sistémica de Excélsior, el papel de Scherer García como pieza crítica del sistema priísta, el priísmo de Scherer Ibarra y ahora su posición prácticamente como brazo derecho del presidente electo ilustran las reacciones de López Obrador y de su esposa contra una portada.

Lo que queda fue la reacción directa del presidente electo en un video mensaje. El derecho de réplica tiene sus reglas legales. Sin embargo, el tono amenazante de López Obrador adelantando que va a responder a los medios anuncia tiempos de confrontación por el efecto inhibidor de la libertad de crítica. Solo en los tiempos autoritarios de Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo contra medios críticos --no opositores-- se escuchó el tono usado por el presidente electo en su mensaje.

Como todo populismo, el de López Obrador está pagando su cuota de reorganización del papel de los grupos de poder del régimen priísta: Militares, empresarios, los EU, burocracia del poder, poder judicial y ahora la prensa. Y en el fondo la intención de López Obrador es la fijar la nueva jerarquía política del mismo sistema presidencialista con intenciones de colocar a Morena como el partido-sistema de la misma estructura piramidal del poder que tenía el PRI.

Como López Obrador no representa una alternativa ideológica ni de nuevo grupo radical, sino que es sólo un relevo en la élite gobernante priísta y como Morena está armado con piezas desgastadas del viejo régimen priísta, López Obrador está usando su presidencia electa para fijar de manera autoritaria la nueva jerarquización del poder.

Los cuestionamientos de López Obrador a Proceso buscan restaurar el presidencialismo autoritario sobre la prensa para regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo.

Política para dummies: La política es el entendimiento de la realidad, no el enojo de los sentimientos.

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06 Noviembre 2018 04:00:00
Por qué Trump va ganando y ni quien se acuerde de Hillary
Si los estadounidenses liberales quieren identificar a los responsables del éxito político y de gobierno de Donald Trump y sus posibilidades para mantener el control republicano del legislativo, no deben ir muy lejos por las respuestas: Barack Obama, Hillary Clinton, el Partido Demócrata y el establishment liberal.

El problema con los liberales estadounidenses radica en que no se escuchan más que a sí mismos. A diferencia de los políticos que gobernaban para los empresarios, Trump es un empresario que gobierna para la gente que detesta la estructura de poder; y descubrió que la gente --el votante-- en realidad habla de derechos cuando quiere justificar el deterioro del bienestar; por eso Trump se dedicó a restaurar el bienestar y se olvidó de los derechos civiles, raciales, humanos.

El fenómeno Trump reveló --no se sabe si era su intención o si lo descubrió en el camino y lo potenció-- que los políticos le apuestan a que a la gente le vaya mal para fijar su propio necesariato y que son rehenes de su propia retórica. El modelo Obama de que los EE. UU. son necesarios y que hay que compartir la decadencia fue cambiado por Trump: Primero los americanos, porque si les va bien a ellos les tendría que ir bien a los aliados.

El debate intelectual en los EE. UU. sigue dominado por los liberales del establishment del poder. Por eso análisis heterodoxos son desdeñados. En su reciente libro El coraje de la desesperanza. Crónicas del año en que actuamos peligrosamente, el filósofo esloveno Slajov Žižek --en esa curiosa mezcla de conservador neocomunista-- logra darle una lectura dialéctica a Trump y su victoria en noviembre de 2016 para señalar que el gran triunfo político del empresario fue en la cultura del estadounidense.

Las elecciones legislativas de hoy martes 6 de noviembre que van a definir las mayorías en las dos cámaras han desorientado a los analistas porque siguen haciéndose en torno a los enfoques liberales del grupo de poder dominante demócrata y no a los nuevos parámetros culturales de la sociedad que ha logrado reorganizar Trump. En este sentido y por la jefatura política de Trump de los candidatos republicanos, la derrota demócrata podría estar cantada. Y en el supuesto caso de lograr la mayoría liberal, no indicaría que Trump pudiera perder su reelección en el 2020.

De acuerdo con Žižek, el único con capacidad para hacerle oposición real a Trump es el socialista Bernie Sanders porque su propuesta se basa en una reorganización del liberalismo en torno a propuestas contra el establishment empresarial, bancario y militar que representa Hillary Clinton. Por eso la mejor garantía de la reelección de Trump estaría en la candidatura presidencial de Hillary en el 2024.

Los grupos de poder fracasaron en la candidatura de Obama en 2008 y 2012 porque lo nominaron para atender a los sectores marginados atraídos por su condición de minoría racial, pero Obama dedicó sus ocho años de gobierno a salvar al capitalismo corporativo. En cambio, Trump por sí mismo se perfiló como el salvador del capitalismo para beneficio de las clases no propietarias, paradójicamente los estadounidenses de condado, la mayoría silenciosa productiva contra el Estado y la estructura de poder que había sido descubierta por Nixon.

Los demócratas equivocaron el camino, escribió Žižek en los días de la campaña del 2016, porque le apostaron al fracaso de Trump; ¿y si su proyecto acaba funcionando?, se preguntó. En las elecciones legislativas de hoy martes se sabrá si los electores votan por el establishment o por los resultados. Al final, la agenda anti bienestar de Trump --contra el cambio climático, por ejemplo-- se convirtió en la agenda por el crecimiento económico, el empleo y el bienestar.

La lógica de los liberales demócratas --Clinton y Obama-- y sus aliados conservadores --los Bush-- se basó en la responsabilidad mundial de los EE. UU., en tanto que la de Trump se sostuvo con el argumento de que primero los estadounidenses. Por eso Trump está ganando la batalla del muro migratorio y las deportaciones. La agenda liberal de los derechos en los sesenta --Kennedy y Johnson-- se alcanzó a costa de sacrificar bienestar mayoritario. A los seguidores de Trump no les preocupa el aborto, sino que quieren que las clínicas anti aborto no reciban dinero fiscal.

Los demócratas no entendieron la lógica social de las elecciones del 2016. La explicó Sanders: “No basta con decir: Soy una mujer, vótenme. Lo que necesitamos es una mujer que tenga agallas de plantarle cara a Wall Street, a las compañías de seguros, a las empresas farmacéuticas, a la industria de los combustibles fósiles”. Ahí falló Obama: No fue suficiente que un afroamericano gobernara, sino que lo hizo a favor de los poderes económicos.

Los ciudadanos votaron, dice Žižek, por el desastre (Trump) y no por la supervivencia (Hillary). Y van ganando.

Política para dummies: You are fired! (¡Están despedidos!)


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@carlosramirezh
05 Noviembre 2018 04:00:00
Presupuesto AMLO: Gasto sin ingreso llevaría a crisis económica 1970-1982
En la primera mitad de su sexenio, el presidente Echeverría buscó reactivar la economía en función del gasto social, pero rompiendo los acuerdos de economía mixta con los empresarios. Sin una nueva estructura de política económica, decidió suplir con gasto público la inversión privada, sólo que sin aumentar ingresos. La economía se inflacionó y llevó a la devaluación de agosto de 1976.

Esta semana el presidente electo López Obrador va a aprobar su política económica y sus márgenes presupuestales basado en el gasto de sus promesas de campaña, pero sin más ingresos. El aumento del gasto con relativos ahorros presupuestales ha mandado la señal a los mercados que el presupuesto 2019 tendrá un aumento en el déficit presupuestal, en el techo inflacionario y en el tipo de cambio.

En 1973, al cambiar al secretario de Hacienda técnico --Hugo B. Margain-- por un político --José López Portillo, enfilado a la candidatura presidencial--, Echeverría declaró que no había problemas “porque de todas maneras las finanzas se manejan desde la presidencia de la república” (Excélsior 30 de mayo, 1973). Así fue, escribió el ensayista Gabriel Zaid, “y así nos fue”. El gasto se fue al alza, el déficit presupuestal llegó a 8% y se financió con circulante y la devaluación fue inevitable.

La estructura del presupuesto de ingresos-egresos de López Obrador está atada al marco macroeconómico, según los Pre-Criterios de Política Económica para 2019 definidos por la hacienda de Peña Nieto: PIB de 2.5%-3.5%, inflación de 3%, aumento del gasto de 4.6% --3% de inflación y 1.6 de real-- y déficit presupuestal de 2%. Sin embargo, algunas variables han cambiado: la inflación anual podría ser de 4.5% y la necesidad de gasto del presupuesto lopezobradorista por compromisos sería de 1 billón de pesos, cerca del 20% más.

El problema de la política presupuestal de López Obrador radica en el regreso al presidencialismo económico o manejo de las finanzas públicas desde la presidencia. En España el gobierno del socialdemócrata Pedro Sánchez aumentó el gasto, pero con un incremento en el cobro de impuestos para mantener el déficit de gasto público exigido por mandato constitucional por la Unión Europea.

En sus primeras revisiones de las cifras de López Obrador no existe aumento en ingresos fiscales y se ha determinado un incremento sustancial en el gasto por costo de la cancelación del aeropuerto, aumento e las pensiones de tercera edad, becas a jóvenes, refinerías, tren maya y alza en el salario mínimo. En cambio, habría un ahorro en la reducción de los salarios, pero hasta ahora sin ser suficiente como para financiar el nuevo gasto.

En los tiempos del desarrollo estabilizador --1954-1970, con PIB de 6% promedio anual, inflación de 2%-4% y tipo de cambio fijo y libre a 12.50--, el secretario de Hacienda le explicaba al presidente de la república, en una hoja cuadriculada y a lápiz, la estructura sencilla de los ingresos y los gastos. Los tecnócratas introdujeron la matriz insumo-producto y ahora López Obrador regresa al diseño presidencial directo del gasto, a partir de los compromisos de campaña.

El problema, en el fondo, no radica en el aumento del gasto público, sino en su financiamiento con impuestos, ingresos de empresas públicas y deuda. Pero el punto más sensible radica en la variable inflación. La doctrina monetarista-neoliberal del salinismo se basó en el evangelio de Milton Friedman: La inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario: al aumentar el circulante, los precios subían. Por tanto, en el ciclo neoliberal se controló el circulante con PIB bajo, baja salarial y gasto decreciente.

La clave del primer presupuesto de López Obrador va a radicar en el marco macroeconómico: PIB, inflación y déficit presupuestal. Cualquier variación al alza en función de las cifras de los Pre-Criterios tendrá efectos inflacionarios y por tanto desestabilizadores. Los técnicos del presupuesto diseñan el gasto a partir de los ingresos, en tanto que los políticos fijan los egresos para determinar los ingresos. Hasta 1993 la presidencia controlaba al Banco de México y ordenaba imprimir más billetes; hoy la autonomía del Banco Central impide ese camino inflacionario.

Así que no hay muchos caminos para el presupuesto de López Obrador: o se ajusta a los ingresos, baja gasto, pospone promesas de campaña y fija una inflación de 3% o sube PIB, inflación y déficit presupuestal a costa de un nuevo ciclo inflación-devaluación. Una salida racional consistiría en posponer dos años sus compromisos, rehacer la estructura productiva no inflacionaria y reconocer que su plan ideal será imposible de alcanzar y tendrá que ajustarse a un populismo estabilizador modesto.

Política para dummies: La política es la racionalidad como justificación.

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04 Noviembre 2018 04:00:00
América: Migración como globalización negativa
Independientemente de las manos oscuras que mueven los hilos y de grupos políticos que quieren sacar ventajas de una crisis, la ola de migrantes centroamericanos que cruzaron México en estos días y quieren entrar por la buena o por la mala en Estados Unidos pueden ser consideradas como una muestra de la globalización negativa.

Con información analítica, pocos de los siete mil migrantes de la caravana centroamericana --podrían ser más y en un momento llegar a quince mil-- pudieran probar conflictos de violencia del crimen organizado en sus comunidades; la abrumadora mayoría huye de las condiciones de pobreza. Un dato no uniforma pero sí debe llamar la atención: una mujer en la caravana dijo que tiene ocho hijos, no le alcanza el dinero y quiere dólares que valen mucho en Honduras para mantener a su familia.

Los migrantes de la caravana no reflexionan el principal problema de su destino: No que no los vayan a dejar entrar y tengan que chocar con el ejército estadounidense en la frontera que no se preocupa por derechos humanos, sino que las minorías raciales padecen del racismo histórico redivivo por el presidente Donald Trump y su mayoría silenciosa; marginación, robos, condiciones de vivienda peores, explotación y empleos indignos, aunque mal pagados se cotizan en dólares que valen más que sus monedas locales.

En este sentido, los migrantes centroamericanos son la prueba del fracaso de las globalizaciones, de los sistemas económicos locales y de la falta de modelos de desarrollo generadores de riqueza social. En términos generales, la población de los siete países centroamericanos suma 50 millones de personas, pero con sistemas productivos arcaicos, polarización social de la riqueza y creciente economía de drogas. Hasta ahora, ningún país se preocupó por la región; aquí se reitera una percepción del imperio: Son “países no viables”, dijo Kissinger cuando era secretario de Estado de la Casa Blanca. Y se atendió a la zona cuando se vieron zona de cultivo de movimientos guerrilleros en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá y Honduras.

La globalización económica y comercial se saltó Centroamérica, a pesar de tener recursos naturales y ser una zona geoestratégica a partir de Panamá y su canal interoceánico. A treinta años de la globalización vía el Consenso de Washington, ahora Centroamérica es más pobre y sus pobres decidieron salir en caravana en busca de su Dorado: la economía de los EU. El PIB regional centroamericano de 3.6% choca con la tasa promedio de crecimiento de la población de 3%, contra 1.7% en EU y 1.9 en México. Sin desarrollo ni expectativas, nacen más niños que los que puede atender el modelo de desarrollo. En 1950 la población centroamericana era de 9 millones, hoy rebasa los 50 millones.

El problema no sólo es de Centroamérica. En los años del Tratado de Comercio Libre 1993-2018 más de once millones de mexicanos han ingresado en EU en busca de bienestar que su país le ha negado, a pesar de que la globalización del comercio permitió multiplicar por diez el comercio exterior. En este contexto, la migración de pobres hacia los EU. tiene su explicación en el modelo de crecimiento determinado por variables macroeconómicas y la presión demográfica que produce pobres y marginados del desarrollo.

Los Estados unidos son una ilusión migrante. Las leyes locales permiten empleo por trabajo productivo o asilo por persecución política en otros países. Todo migrante que quiera empleo debe de cumplir con requisitos legales: demanda explícita, sobre todo. Los millones de trabajadores Ilegales no cumplieron las leyes y están en la lista de deportables. Cada año los EU autorizan visas de trabajo, pero se deben de cumplir requisitos específicos.

Hasta ahora no se tienen datos de cómo quieren ingresar en masa alrededor de diez mil centroamericanos. Por la visa de trabajo sería muy tardado. Y por la forma ilegal en que se metieron a México, todos tienen ya un pasivo en las reglas estadunidenses. Si quieren ingresar por la fuerza serán reprimidos en la frontera, y los que pasen serán perseguidos y encarcelados. Las leyes estadunidenses han multiplicado las razzias o redadas en busca de trabajadores ilegales y los mismos estadunidenses racistas se han dedicado a delatar a empresas o familias que emplean a hispanos ilegales. Hasta ahora la fracción demócrata ha sido incapaz no sólo de reducir los arrestos violentos, sino de reordenar la migración.

La migración masiva en América y Europa es una globalización negativa que refleja la incapacidad productiva de las economías para atender las demandas de empleo y bienestar de sus nacionales. Las economías han crecido en su capacidad y han aumentado utilidades, pero paradójicamente se han concentrado en mecanismos de acaparamiento de la riqueza en cuando menos el 10% de la población propietaria y rica. Un dato debe merecer análisis de fondo: el hombre más rico del mundo es Jeff Bezos con 150 mil millones de dólares y su empresa Amazon agrupa a 225 mil empleados, pero datos publicados en la prensa revelan que son sobreexplotados y tienen problemas hasta para ir al baño.

La globalización de los mercados amplió las exportaciones pero redujo el bienestar en sus comunidades. Las zonas olvidadas sobre todo de Africa y Centroamérica deben obligar a los organismos internacionales a atender las desigualdades sociales. La invasión de países ricos por masas de países pobres apenas ha comenzado y puede ir avisando de conflictos graves; en España, por ejemplo, hace poco migrantes saltaron las bardas y agredieron a policías con cal viva y puñales, dejando ver que no se trata de pobres sino de delincuentes o de pobreza criminal.

Lo que se debe debatir es el desarrollo, no reglas para repudiar migraciones de la pobreza.


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31 Octubre 2018 04:00:00
Ninguna posibilidad, ni remota, de que caravana ingrese a EE.UU.
No solo por haber cruzado la frontera mexicana chiapaneca con violencia ni por la fuerza agresora exhibida contra la Policía, el caso es que las caravanas de centroamericanos que quieren entrar a los EE.UU. tendrán las puertas selladas porque incumplieron todos los trámites migratorios legales siquiera para ser considerados aspirantes a alguna visa de refugiados o asilados.

Las leyes migratorias estadounidenses tienen solo dos niveles de ingreso humanitario de extranjeros: Asilo y refugio, las dos exigen condiciones muy específicas, y en ello no hay excepciones: Un estatus reconocido por organismos de refugiados de la ONU y pruebas certificadas en embajadas y consulados estadounidenses de que en sus respectivos países peligran sus vidas y la de sus familiares.

Al ingresar por la fuerza a México, los miembros de las caravanas de centroamericanos no alcanzarán la calificación de asilados o refugiados. Las fotos que mostraron a jóvenes violentos luchando cara a cara con la Policía y el uso de bombas molotov, piedras, armas y cuchillos son parte de las pruebas de que todos los migrantes de la caravana no calificarían para ingresar. A pesar de protestas de todo tipo, los gobiernos estadounidenses de condado, estatales y federal obligan a respetar a la Policía y la agresión contra miembros de la ley son delitos federales muy penalizados.

Desde ahora los gobiernos salientes de Peña Nieto y entrante de López Obrador, tendrán que cargar con los 10 a 15 mil migrantes centroamericanos y los que se vayan acumulando; y a diferencia de los EE.UU. donde los solicitantes deben agotar una serie de presentación de pruebas que aclaren que no son miembros de pandillas, cárteles u organizaciones radicales, esos migrantes ilegales ya están siendo considerados en México con empleo, salarios y salud. Asimismo, en los EE.UU. tomaron nota de la forma en que miembros de las caravanas cruzaron a nado de manera ilegal por el río Suchiate para preparar operativos que impidan que repitan el modelo de cruzar a nado el río Bravo.

En descargo de los enfoques inhumanos y racistas de Trump y su gobierno, con los migrantes no necesitarán utilizar las formas sociales de exclusión: Simplemente nadie puede ingresar a los EE.UU. sin cumplir con las leyes migratorias; y los ilegales que sean descubiertos y arrestados, serán maltratados deliberadamente como una forma de decirle que de esa forma no serán aceptados.

Los organizadores de las caravanas están siendo identificados por organismos policiacos y migratorios de los EE.UU. como coyotes desde ahora. Pero los centroamericanos no reconocen que alguna parte de la condición de pobreza de los centroamericanos deriva de su pasividad política; y también existen consideraciones de falta de control poblacional: Una mujer entrevistada dijo que en su país no encuentra trabajo para alimentar a su familia, pero aclarando que tiene ocho hijos.

La politización de la migración no es un invento del pánico social estadunidense de Trump, sino una variable dependiente permanente de las estrategias de seguridad nacional antiterroristas. Los EE.UU. deben muchas como para desconfiar de todo, y de manera principal de su frontera Sur que es la más vulnerable.

Todos los planes de contención del terrorismo advierten sobre la frontera con México; y a pesar de que hasta ahora no ha habido algún caso concreto, de todos modos, los EE.UU. están usando todos los instrumentos bélicos y de espionaje de Vietnam y el Medio Oriente que están asentados en la frontera mexicana.
El despliegue de más de cinco mil efectivos militares en la frontera de los EE.UU. con México tampoco es un alarde, sino solo la confirmación de que México sigue siendo el riesgo de seguridad nacional número 1 de los EE.UU., sobre todo por el cruce ilegal de migrantes. En los últimos veinte años entraron alrededor de 12 millones de mexicanos, la mayor parte de ellos sin papeles legales. Y en las redadas de Trump se han encontrado con familias mexicanas fundadas en los EE.UU. de manera legal, pero con el padre o la madre usando papeles falsos y sobre ellos se ha intensificado las persecuciones para deportaciones sin piedad.

Por ello las caravanas centroamericanas deben saber desde ahora que nunca entrarán de manera legal a los EE.UU. porque carecen del reconocimiento de la ONU, de las autorizaciones migratorias mexicanas y de las embajadas. Quienes les digan que van a romper el cerco estadunidense los están engañando. O se regresan a sus países o se quedan como parias en México.

Política para dummies: La política es la sensibilidad para saber qué no se debe hacer.

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@carlosramirezh
30 Octubre 2018 04:00:00
Consulta, definición sexenal; 30 millones de votos avalan; ¿o no?
Aunque muchos esperaban del presidente electo López Obrador una de las características del hombre político: El sentido común, la consulta sobre el aeropuerto reafirmó al mismo líder de siempre.

El López Obrador de la consulta es el de:
--las protestas en las elecciones de gobernador en Tabasco por haber perdido las elecciones en 1988 y 1994,
--el éxodo por la democracia de Villahermosa a DF en 1991 como presidente estatal del PRD por las elecciones municipales,
--el que negoció con Zedillo la caída del gobernador electo tabasqueño Roberto Madrazo Pintado en 1994… y fracasó,
--El que apoyó el plantón de barrenderos de Villahermosa en el zócalo en 1993 y lo desocupó a cambio de un pago por “desgaste físico” que le hizo el regente Manuel Camacho Solís con fondos de la partida secreta del presidente Salinas de Gortari,
--la ocupación de pozos petroleros en Tabasco en 1996 que derivó en un choque policiaco y un toletazo que hirió a López Obrador en la cabeza,
--la presidencia perredista 1996-2000 con un pacto secreto de apoyo a Zedillo que irritó a Heberto Castillo,
--la candidatura a jefe de gobierno del DF con credencial de elector de Tabasco y con el apoyo de Zedillo a una elección de Estado operada por Rosario Robles Berlanga como jefa interina de gobierno,
--la construcción de segundos pisos por decisión personal y contratos ocultados por años,
--la arrogancia de determinar la validez política del debate legal en la campaña de 2006 ausentándose del procedimiento,
--la exigencia no legal de conteo de voto por voto y casilla por casilla para impedir la victoria legal de Calderón,
--el plantón en Reforma durante varias semanas en 2006 para presionar a las autoridades electorales a que le entregaran la presidencia,
--la orden directa al PRD de cerrar con cadenas las puertas del Palacio Legislativo en el 2006 para impedir la toma de posesión de Calderón y provocar una crisis constitucional que llevara a nuevas elecciones,
--la protesta jurando la Constitución como presidente legítimo de la república el 20 de noviembre de 2006, con todo y banda presidencial, silla del águila y gabinete formal,
--el acoso sexenal contra Calderón acusándolo de usurpador a pesar de haber pasado por todas las instancias institucionales y legales que el propio López Obrador había prometido respetar, así fuera por un voto de diferencia,
--la negativa aceptar por segunda ocasión los procedimientos institucionales de campaña, a pesar de participar en ella,
--la campaña en medios para acusar a la elección de ilegalidades nunca probadas,
--la negativa a aceptar el conteo legal de votos que le dio 6 puntos porcentuales menos que Peña Nieto,

--y el ejercicio institucional del poder en el 2018 antes de cumplir con los requisitos legales.

Entre muchas otras acciones similares.

Así que el López Obrador que hizo una mal llamada consulta --el concepto está regulado por la Constitución-- no es otro que el mismo López Obrador de siempre.

Los que suponían que la institucionalización del cargo presidencial iba a jalarlo hacia los protocolos del poder ya tienen con la mal llamada consulta los elementos para percibir cómo vendrá el próximo sexenio: El uso de la voluntad del poder, no las instituciones.

El mensaje más importante de la consulta de López Obrador sobre el aeropuerto está a la vista: Ejercer el poder antes de protestarlo constitucionalmente en el Palacio Legislativo. Es la primera ocasión en que un presidente sin poder afecta una decisión tomada por el presidente saliente aún con poder amparado en la Constitución y con el voto en contra de sectores de inversionistas y usuarios.

Lo que queda como certeza es el hecho de que López Obrador ejerce el poder derivado de 30 millones de votos (53%) y el 51.2% de bancada en la Cámara de Diputados. Es decir, que en el caso de la consulta sobre el aeropuerto no sólo se definió el estilo personal de gobernar de López Obrador, sino su decisión de eludir las reglas constitucionales y legales de la democracia representativa.

La única preocupación radica en las pruebas de que la consulta fue irregular, no controlada por instancias legales e involucrados en ella algunos beneficiarios del aeropuerto en Santa Lucía, es decir, de inversionistas, funcionarios y empresas que ganarán con la decisión.

Con la consulta viene la Era AMLO, pero a partir de borrar todo vestigio de gobernantes y partidos anteriores.

Política para dummies: La política es la justificación del poder.

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@carlosramirezh
29 Octubre 2018 04:00:00
“Iré tan lejos como el pueblo quiera”: AMLO; no, perdón, Luis Echeverría
Pase lo que pase con la votación, le haga caso o no y casi sin importar sus intenciones más ingenuas, la consulta sobre el aeropuerto va a definir el sentido, valor y validez del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

1.- El objetivo central del presidente electo es comenzar una nueva fase histórica de México; por eso usa el lema de “Juntos haremos historia”.

2.- Sin contar con un proyecto propio porque que el suyo se deriva del viejo PRI populista de Cárdenas, Echeverría y López Portillo, requiere por tanto de destruir no el modelo neoliberal 1983-2018, sino sustituir consigo mismo la imagen de Salinas y Peña.

3.- Hasta ahora López Obrador no tiene la intención de dar un giro de 180 grados al modelo neoliberal, sino que en medio de confusiones inducidas estaría dando un giro de 360 grados… para regresar al mismo lugar.

4.- El presidente electo tiene muchos problemas para inaugurar la Era López Obrador porque todas sus propuestas se basan en utilizar con mayor eficiencia lo hecho de Salinas a Peña Nieto, solo que sin los recuerdos de ambos.

5.- Las propuestas propias de López Obrador son menores, de bajo calado y sin efectos en la historia: El tren maya, las refinerías, la austeridad, la descentralización de secretarías de gabinete, la redefinición del CISEN, entre otras pequeñeces.

6.- El aeropuerto, la reforma educativa y la reforma energética tienen el sello de Peña Nieto; por tanto, López Obrador utilizará todo su capital político para rehacer las reformas y para liquidar el aeropuerto de Texcoco, sin importar los costos de inestabilidad macroeconómica, recursos tirados al caño del presupuesto y sobresaltos sociales con sindicatos.

7.- La Era AMLO es como un placebo de la medicina genérica: lo mismo pero más barato.

8.- El uso del interregno de su presidencia electa para adelantar decisiones de estructurales de gobierno fue una apuesta arriesgada porque sus resultados oscilarían en el reforzamiento del saldo electoral del 1 de julio o --como parece ser-- el debilitamiento ante la opinión pública.

9.- La consulta al pueblo sobre un nuevo aeropuerto ya le dio pérdidas políticas en medios, porque la ola crítica logró superar en redes sociales a los lopezobradoristas que dominaron la campaña electoral. López Obrador debió estudiar el caso de Juárez en 1867 cuando fracasó al querer colar en la convocatoria a elecciones un plebiscito para fortalecer el presidencialismo unipersonal.

10.- La consulta tramposa sobre el aeropuerto le hizo perder capital político, porque presidente en funciones desde el 1 de diciembre tendrá todas las facultades para cancelar el aeropuerto en Texcoco.

11.- La consulta no solo reactivó a los sectores anti López Obrador, sino que metió en el debate a las organizaciones políticas, económicas y sociales del régimen e inclusive le dio oportunidad a organismos internacionales de lanzar advertencias de costos de inestabilidad macroeconómica del estilo populista del presidente electo.

12.- La estrategia política de López Obrador radica apuntalar su proyecto en el pueblo y no en los sectores del sistema político priísta. El fracaso de la consulta distorsionó la conceptualización de pueblo.

13.- El debate derivado de la consulta ha llevado a un punto de definición: Texcoco es la decisión más viable en función de su utilidad, Santa Lucía es un capricho presidencial y una tercera mixta implicaría una salida de emergencia y no una solución. Un dato: el traslado de Ciudad de México a Texcoco es la mitad del tiempo a Santa Lucía.

14.- Por razones más reactivas que políticas, López Obrador introdujo en la consulta el factor Loret de Mola al acusarlo de prácticamente tumbar la consulta.

15.- El problema de la transición política mexicana no radica en regresar a la democracia de plaza pública a mano alzada ni seguir los senderos de la democracia representativa de grupos de interés, sino en avanzar hacia una democracia republicana vía la elevación de los índices de la calidad de la democracia. Pero, enojado, López Obrador atacó a Loret de Mola como una forma de cerrar los espacios a la información crítica que toda sociedad debe tener para analizar, aceptar o rechazar en función de sí misma y no de condenas de los líderes de plazas.

En términos de racionalidad analítica de los elementos a la vista, la consulta sobre el aeropuerto no sólo fue un fracaso en su objetivo central, sino que de paso demostró que en México tiene más presencia la sociedad organizada que el pueblo echeverrista.

Política para dummies: La política se deriva de polis y poder, no de pueblo.

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@carlosramirezh
28 Octubre 2018 04:00:00
Centroamérica:  Éxodo de pobreza
La crisis de migrantes en México la semana pasada --alrededor de cinco mil cruzaron con violencia la frontera por encima de la endeble barrera policiaca-- no es nueva, era esperada y quizá se adelantó. Ahora fueron hondureños, pero otros seis países están pasando por un nuevo ciclo de crisis económica, sobre todo por las restricciones del crecimiento y bienestar debido a las políticas monetaristas de sacrificar ingresos como mecanismo de control de demanda.

La pequeña zona de Centroamérica --Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá-- fue caracterizada en los setenta por Henry Kissinger como países “no viables” y en este año el Presidente Trump se refirió a El Salvador --junto con países africanos y Haití-- como “shithole”, que podría traducirse como un hoyo de desechos humanos.

A pesar de su tamaño físico y su bajo y sobre todo desigual nivel de desarrollo en cada país y uno con otros, Centroamérica ha sido un dolor político de cabeza de la Casa Blanca: Excepto Belice, las otras seis naciones consolidaron en los ochenta conflictos de lucha ideológica guerrilla apoyadas por la Cuba de Castro; de todos, Panamá tiene una posición estratégica por el Canal que era propiedad de Washington y que el presidente Carter se los entregó al pueblo panameño y por ser sede de la Escuela de las Américas de Washington para entrenar a militares latinoamericanas en técnicas de espionaje y tortura.

Honduras tenía una posición estratégica en el mapa militar de los EE. UU. A finales de los setenta, el embajador estadounidense en Honduras fue el espía John Dimitri Negroponte, quien instaló un cuartel estadounidense del Pentágono para labores de espionaje y convirtió a ese pequeño país, en palabras del latinoamericanólogo progresista Gregorio Selser, en “el portaviones terrestre US Honduras” en el periodo 1980-1984. La zona de tensión guerrillera procubana abarcaba a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Nicaragua atravesó por una guerra de guerrillas 1970-1979 que culminó con el derrocamiento del presidente pro estadounidense Anastasio Somoza Debayle, de quien el presidente Franklin Roosevelt dijo; “puede que Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Eran los tiempos de América, del Suchiate a la Patagonia, como “el patio trasero” de los EE. UU. y un grupo de “repúblicas bananeras” porque eran gobernadas por políticos impuestos por las principales empresas estadounidense que explotaban los recursos naturales sin dejar riqueza local. Hoy, algunas han andado el camino del capitalismo local y solo Nicaragua funciona como un “imperio socialista” con un gobernante que se va a reelegir hasta su muerte y heredar el poder a su esposa, todo en nombre del socialismo a la cubana.
La crisis social centroamericana no tiene que ver con su capacidad de crecimiento, sino con las estructuras de apropiación privada de la riqueza. Por ejemplo, un dato vinculado a la crisis actual de migrantes hondureños: El PIB promedio de Centroamérica en lo que va de este año es de 3.6%. México, en cambio, aparece como el paraíso económico social simbólico, porque sus cifras no alcanzan: PIB promedio en los últimos cinco años de 2%, 80% de mexicanos con una a cinco carencias sociales y con una tasa de empleo informal --trabajadores sin protecciones sociales-- de 57%.

Ante la crisis de los cinco mil migrantes estacionados en la frontera de Guatemala con México --más los que se sumen en estos días--, el Presidente Peña Nieto condicionó visas y permisos de trabajo en función de caso por caso, en tanto que el presiente electo que asumirá el poder en cuarenta días ya dijo que habrá visas y empleos para todos. La tasa real de desempleo, subempleo y empleo en la informalidad de México es casi el doble de la de Honduras. Pero el problema no es México, sino que Trump amenazó con militarizar su frontera y desechar el tratado si México no detenía, contenía e impedía el cruce de migrantes.

El problema de los migrantes hondureños no es de México porque México aparece solo como el territorio a cruzar para llegar a los EE. UU. Y ahí sí hay un problema: Los asilos humanitarios tienen que ver con vidas en riesgo por amenazas criminales o situaciones de hambruna. En cambio, los hondureños quieren cruzar México para meterse de manera legal o ilegal en los EE. UU. en busca del paraíso del dólar, aunque sin entender que la situación social de los migrantes ilegales o legales en empleos bajos es igual en explotación y condiciones de vida, con el atractivo de cobrar en dólares. Cada año los mexicanos en los EE. UU. remiten a sus familias más de 25 mil millones de dólares.

La crisis que se viene para México será de aglomeración de 50 mil centroamericanos en los últimos años que no logran cruzar la frontera y se quedan en las zonas de informalidad y criminalidad. Los empleos formales mexicanos exigen capacidad, educación y experiencia y los que vienen carecen de ellas. Por tanto, están creándose en México campos de refugiados o bandas delincuenciales de centroamericanos. Y a ellos se agregan los venezolanos que huyen de Maduro y ya controlan tráfico de drogas, prostitución y asaltos a casas.

Las políticas de asilo fueron creadas para situaciones excepcionales, casi siempre políticas. Ahora, en cambio, se trata de una migración social impulsada por falta de empleos y bienestar en sus países. Y si bien los centroamericanos tienen los EE. UU. destino final, ya se están conformando con quedarse con la visa y el empleo prometido por López Obrador. Sin embargo, la violencia social exhibida en la frontera al enfrentarse los hondureños contra la policía que estaba regulando caso por caso adelantó un poco el carácter impositivo de los demandantes.

Lo peor de todo es que la crisis de migrantes centroamericanos en México apenas comienza.

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@carlosramirezh
26 Octubre 2018 04:00:00
José Ramón Cossío y la trunca transición del constitucionalismo
Una de las transiciones menos atendidas ha sido la del pensamiento jurídico constitucional. Como la educación, el derecho fue un aparato ideológico del Estado priísta porque las leyes se subordinaron al dominio político del sistema/régimen del PRI.

Uno de los abogados clave en el impulso a esa transición del pensamiento jurídico fue José Ramón Cossío Díaz, cuya gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye en diciembre próximo, luego de un periodo de quince años. Como académico y como ministro, Cossío logró abrir los enfoques jurídicos del derecho a horizontes más allá del pensamiento jurídico priísta.

El derecho había sido uno de los enclaves fundamentales del pensamiento político priísta, al grado de que la Constitución de 1917 y sus reformas posteriores se convirtieron en el marco ideológico-jurídico al subordinar el derecho a las justificaciones políticas del sistema de poder. El verdadero templo del derecho priísta nunca estuvo en la Corte ni en los juzgados, sino en la Facultad de Derecho de la UNAM y su correlativo Instituto de Investigaciones Jurídicas.

El ciclo de relevos de las élites dirigentes encontró en el derecho a su segunda generación de líderes al arribar el abogado unamita Miguel Alemán Valdés a la presidencia en 1946 y el poder de gremio se extendió hasta 1988 en que llegaron los economistas. En esos cuarenta y dos años el derecho se convirtió en el instrumento legitimador del dominio institucional del PRI. En esos años, la Suprema Corte formó parte de la agencia de colocaciones priístas, al grado de que el ministro Carlos del Río fue renunciado en 1990 por asistir a un acto público en representación del poder ejecutivo. En diciembre de 1994 se transformó la Corte en Tribunal Constitucional y paulatinamente sus ministros fueron seleccionados por carrera, aunque por ahí se colaron hasta 2015 representantes de grupos políticos y de poder priístas.

La tarea de Cossío Díaz destacó por los efectos no políticos de sus votaciones, pero sobre todo por incidir en la reconstrucción del pensamiento jurídico institucional del Estado priísta que estuvo dominada por el cacicazgo de Jorge Carpizo McGregor. Como director de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Cossío Díaz contribuyó a redefinir el papel del derecho por encima de los intereses y de la Constitución como defensora de la sociedad y no sólo del orden político priísta.

Si su tesis de licenciatura fue una declaración de principios --“Control constitucional de las leyes”, y no al revés--, su ensayo Dogmática constitucional y régimen autoritario representó en 1998 un giro del pensamiento jurídico y hasta epistemológico del papel del derecho en la realidad de un sistema/régimen/Estado.

En 1998 había comenzado la transición del régimen priísta con la autonomía del Instituto Electoral y la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en la Cámara y en el DF. Por tanto, Cossío Díaz fijó ese escenario con precisión jurídica y sensibilidad política del derecho: “la desaparición de las condiciones de dominación política imperantes en el país en los últimos setenta años”. Y agregó: “la formación del paradigma para el estudio de la Constitución se realizó en relación directa con las condiciones de dominación política vigentes en el país; al variar tales condiciones perdió relevancia la representación que se habían hecho los juristas de la Constitución y las explicaciones que sobre las normas habían formulado”.

La tarea no fue fácil por los resabios del pensamiento oficial dominante, pero a partir de 1998 Cossío Díaz se ha dedicado a tratar de construir un nuevo paradigma jurídico para la nueva realidad sociopolítica. La terminación de su periodo en la Corte coincide, de manera lamentable, con la ola regresiva en lo político y los intentos de reconstruir el modelo sistémico de dominación presidencialista sobre el derecho, como se advierte en la lista de precandidatos del nuevo gobierno lopezobradoristas para los relevos en la Corte y con el anunció de sustitución de la Corte por un Tribunal Constitucional neopresidencialista.

Lo que viene lo advirtió Cossío Díaz en 1998 como funcionamiento en el ciclo pasado: la Constitución prohijó al régimen priísta y éste se legitimaba aplicando la Constitución.

La próxima batalla por consolidar un régimen republicano --no sólo democrático-- estará en el campo de batalla del derecho. Y ahí veremos a Cossío Díaz.

Política para dummies: La política debe ser la dogmática del derecho.

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@carlosramirez
25 Octubre 2018 04:00:00
AMLO, ante el PRI de Peña Nieto: Hay un nuevo sheriff en el pueblo
Sin partido real, sin una propuesta de alternativa de sistema/régimen/Estado y a partir de su formación política priísta, el presidente electo López Obrador está usando casos como el del aeropuerto --y otros-- solo para señalar que hay un nuevo sheriff en el pueblo.

Luego de una lucha personal de treinta años, lo peor que le podría ocurrir al tabasqueño sería aparecer como el continuador de obras priístas como las reformas estructurales, los contratos ya adjudicados y obras como el aeropuerto.
De ahí que el sentido de la consulta no sea en realidad preguntarle al “pueblo” qué aeropuerto y dónde desarrollarlo, sino quitarle a Enrique Peña Nieto la identificación de la obra.

Y el punto central está muy claro: mostrarle a la sociedad civil y a la sociedad política quién estará a cargo del próximo gobierno. En el caso del aeropuerto se va a dejar muy en claro que el mando es presidencial, personal y directo, sin importar los costos económicos, de estabilidad y de confianza.

No es la primera vez que ocurre. Todos los candidatos presidenciales y presidentes electos tienden a adelantar la asunción del poder, a veces por las tentaciones transexenales de algunos salientes y otros por el costo político de la identificación. Luis Echeverría rompió con Díaz Ordaz desde la campaña, a pesar de haber tenido una alianza férrea desde la crisis del sindicato magisterial en 1956-1958, Díaz Ordaz como oficial mayor de Gobernación y Echeverría como oficial mayor de la SEP.

Desde 1924 cada presidente entrante está urgido de liberarse de la sombra del saliente. En el caso de López Obrador existe una mayor necesidad, no solo por el perfil caudillesco del tabasqueño, sino porque necesita dejar muy en claro que las cosas van a cambiar, aunque en el fondo y por la formación política práctica las cosas van a seguir igual. En todo caso, la forma de ir cuestionando y deshaciendo algunos compromisos de Peña Nieto ha dejado muy en claro que no habrá continuidad transexenal personal o del PRI y han precisado quién va a mandar, lo mismo acusando que exonerando y hasta perdonando vidas.

El caso del aeropuerto en Texcoco es emblemático. A lo largo de dos meses, el presidente electo lo ha usado para fijar con claridad que hay un nuevo mando político y que todos los involucrados en esa obra tendrán que reconocerlo. Por eso la consulta no importa en sus fallas, sus maniobras amañadas, sus engaños morenistas; la decisión será unipersonal en función de las intenciones de López Obrador para determinar quién será el nuevo mando sexenal.

Detrás de este estilo personal de ejercer el poder se localiza el hecho de que el presidente electo entiende que carece de un partido real para fundar un nuevo sistema político, que su paso a la historia estará en regresar al modelo presidencialista que se fue desarticulando con el anterior tratado de comercio libre y la globalización y los organismos autónomos y la organización ciudadana.

Sin un partido de control de las relaciones sociales de producción y con organismos ciudadanos acotando el mando centralizado, la presidencia lopezobradorista no llegaría muy lejos porque en los hechos no es más que la continuidad del proyecto priísta del capitalismo de Estado dominante.

En términos de política comparada, la propuesta política de López Obrador se parece a la de Echeverría, quien pasó del sometimiento absoluto al presidente como funcionario desde 1956 a una campaña de deslindamiento en 1969-1970. De un gobierno diazordacista ajeno al pueblo priísta, Echeverría definió su propuesta con una frase que hoy parece reverberar en las paredes del lopezobradorismo; “iré tan lejos como el pueblo quiera”.

La consulta sobre el aeropuerto de hoy jueves al domingo será irrelevante no solo por su carencia de exigencias técnicas, sino porque servirá para que el país y el mundo --sobre todo la clase empresarial inversionista que se la jugó con Peña Nieto y su fallido candidato José Antonio Meade Kuribreña-- entiendan quién va a mandar desde la presidencia. La decisión de la consulta será, pues, directa del presidente electo, a sabiendas --y no fue burla sino mensaje político-- de que el proceso nunca pasaría un examen técnico de la democracia participativa real.

La decisión sobre el aeropuerto será personal de López Obrador y fijará el estilo de gobernar --directo, personal, autoritario, verticalista-- del próximo presidente de la República.

Política para dummies: Por amigos y estudiosos de la obra del poeta, ensayista y premio Nobel Octavio Paz se abrió el sitio
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@carlosramirezh
24 Octubre 2018 04:00:00
AMLO: Secretarios de Defensa y Marina, para su sistema político
Detrás del método de selección de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina del presidente electo López Obrador se localiza un mensaje de poder que debiera tranquilizar y no inquietar: El próximo sexenio será una continuidad del sistema político priísta, solo que con sus toques especiales que diferencian estilos y no nuevas definiciones.

Los datos están
a la vista:

1.- López Obrador no rompió el modelo de selección castrense; los dos designados estaban en las listas entregadas por los titulares salientes, aunque sin posición privilegiada.

2.- La intención de López Obrador fue la de adquirir una autonomía relativa de lo que significa el papel de los titulares administrativos, políticos y operativos de las fuerzas armadas. Fox, Calderón y Peña Nieto tuvieron imágenes menores a las de sus secretarios de fuerzas armadas.

3.- López Obrador no será solo comandante en jefe de las fuerzas armadas por ministerio de ley, también el jefe operativo de la estrategia de seguridad conduciendo todas las mañanas desde Palacio Nacional.

4.- La presencia del secretario designado de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, en la reunión de presidente electo con los altos mandos castrenses rompió el protocolo de seguridad, pero dejó claro que el mando de seguridad que involucra a las fuerzas armadas será civil.

5.- Los estilos de López Obrador pudieran ser entendidos como un primer avance --quién sabe si se consolide en su sexenio-- para la designación de civiles como secretarios de Defensa y de Marina, dejando un comando conjunto de estados mayores para el manejo operativo de las tropas. Altos mandos militares, antes de López Obrador, estaban convencidos de que los jefes militares se desgastan al cumplir con funciones políticas y administrativas en los gabinetes.

Los mensajes de López Obrador rumbo a su toma de posesión van aclarando el panorama: Busca una autonomía relativa frente a los poderes del sistema. El presiente electo no tiene una propuesta nueva de sistema, por lo que ha aprovechado el interregno de cinco meses para fijar de manera autoritaria las nuevas relaciones de poder del presidente con los miembros del sistema priísta.

López Obrador sabe que carecerá de horizonte personal si subordina a Morena al modelo de sistema priísta, pero Morena carece de fuerza para constituirse en el partido-sistema que era el PRI. Por eso el presidente electo busca imponer sus reglas al sistema. En síntesis, el sistema priísta tiene tres pistas:

--Los seis pilares: presidente de la República, partido del Estado, Estado de bienestar, relaciones con los sectores invisibles del sistema, Constitución y cultura política (ideología, educación, pensamiento histórico).

--Los sectores invisibles del sistema fueron priístas y militantes y hoy aparecen como priístas funcionales: Medios de comunicación, intelectuales, empresarios, oposición leal, gobierno de los EE. UU., Iglesia católica, indígenas, movimientos sociales no corporativos, poderes fácticos (grupos criminales, corruptos) y burocracia del poder. El Ejército, que fue el cuarto sector del partido del Estado con Lázaro Cárdenas, se institucionalizó y garantizó las alternancias al PAN y a Morena.

--Las fuentes de legitimidad: Constitución, ideología priísta como pensamiento oficial-educativo y bienestar social.

En cada una de estas instancias, López Obrador ha buscado imponer su dominio a partir de su mayoría absoluta y la de Morena. Sin embargo, Morena es un partido Babel formado en su mayor parte con los resabios del PRI y de priístas chambistas que se colocan con el que gane. López Obrador percibe que los seis años de gobierno --cuatro reales-- no le alcanzan para su reforma del sistema y por eso quiere aprovechar la estructura del sistema priísta ajustándola a sus propias necesidades.

En todo caso, el principal mensaje de estos cinco meses de interregno radica en la decisión de López Obrador de volver al modelo de sistema político priísta, presidencialista, centralista y dominante. Lo malo es que la restauración presidencialista necesitaría de un Morena corporativo como PRI, de un Lázaro Cárdenas, de una oposición total leal, de medios-bocinas y no redes críticas y de una ciudadanía priízada en su sumisión voluntaria.

Y López Obrador requerirá dos reelecciones presidenciales o dos sucesiones funcionales a su proyecto, pero con la realidad de que su liderazgo es único y el PRI mantuvo el poder por la continuidad del PRI en la presidencia evitando las reelecciones funcionales.

Política para dummies: La política es el juego de intereses, no la filosofía de la demagogia.

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@carlosramirezh
23 Octubre 2018 04:00:00
Caso hondureños: asilo, invasión, provocación, éxodo o seguridad
A pesar de que Centroamérica tiene un PIB regional de 3.6% y México del 2% y una tasa de pobreza de 60% allá y 80% aquí, la oleada centroamericana inducida por hondureños tiene todas las características sociales y políticas, menos la de asilo laboral. El desempleo real total en México es de 15% en todos los rubros y en Honduras de 7.5%.

En su etapa final, la caravana de centroamericanos tiene el objetivo de cruzar la frontera de México con los EE.UU. y entrar de cualquier forma al paraíso estadounidense. La Casa Blanca parece lograr su estrategia: Convertir a México en el país colchón con campos de refugiados que podría recibir dólares de ayuda, aunque con problemas sociales graves en el espacio mexicano.

El caso no es único: España atraviesa por una peligrosa fase de invasión de africanos que saltan las bardas; el pasado 22 de agosto cien inmigrantes saltaron la valla de Ceuta e hirieron a seis agentes de la Policía rociándolos con cal viva e hiriendo a otros con puñales, lo que hizo pasar el problema de la migración a la etapa de violencia criminal exigiendo asilo humanitario. Los migrantes legales son ambulantes de productos piratas en las calles de Madrid y Barcelona.

Lo que está a debate en el caso de la migración centroamericana no es el derecho de asilo, ni el asilo político por causas de violencia, ni el asilo humanitario por hambruna. Las condiciones de vida en nivel de pobreza en Centroamérica son producto de la concentración de la riqueza. La tasa de criminalidad en Honduras, por ejemplo, es de 44 personas por cada cien mil habitantes, en tanto que en México es de 25. Las condiciones sociales de los que aparecen en la caravana son similares a las de los millones de mexicanos que viven en zonas marginadas de las ciudades, porque en el campo la miseria social mexicana es mucho peor.

En este sentido y porque ningún país puede recibir migrantes a ciegas o sin registros legales, la crisis de los centroamericanos es un asunto de seguridad nacional y de estrategias fronterizas como asuntos de soberanía del Estado. Los EE.UU. y México han señalado que los migrantes deben primero solicitar visas y pasaportes en los consulados extranjeros en sus países. El cruce a nado de miles de migrantes puede ser definido como una invasión de un país a otros y más cuando traen la bandera de Honduras.

La política migratoria mexicana entró en colapso en los últimos diez años por la incapacidad de controlar sus cuatro fronteras --las territoriales y las marítimas en los dos océanos--, por la falta de recursos y por la preocupación por proteger las caravanas migrantes que han atravesado la República de Sur a Norte. Los ataques contra los trenes, los secuestros de migrantes y los asesinatos en masa forman parte del cuadro político de fracaso migratorio y diplomático mexicano. La Presidencia, la cancillería, el Congreso, los gobiernos estatales y municipales y la misma sociedad que se indigna por las fotos recientes revelan que el problema destaca en su fase última y no en sus causas.

El vacío de poder entre el gobierno que termina y ya no gobierna y el gobierno que entra y carece de instrumentos formales para gobernar solo atiza la parafernalia en redes y lleva a exigencias absurdas de puertas abiertas sin controles de seguridad. En 1980 el presidente estadunidense Jimmy Carter abrió las puertas a la migración cubana de Mariel y llegaron a los EE.UU. 150 mil refugiados sin información de seguridad; Fidel Castro aprovechó el viaje para sacar de Cuba a delincuentes, drogadictos y mafiosos.

La política poblacional --interna y fronteriza-- es una variable central en la seguridad nacional de un Estado. Y más cuando la migración violenta centroamericana quiere usar a México como camino de paso hacia los EE.UU. La reacción del Presidente Trump de amenazar con militarizar su frontera fue extrema, pero lógica: La política de seguridad nacional de los EE.UU. no está determinada por el sentimiento humanitario del asilo, sino por los criterios de terrorismo. Aún convirtiendo a México en un campo de refugiados centroamericanos que nunca serán recibidos legalmente en los EE.UU., es de prever desde ahora que la comunidad de los servicios de inteligencia, seguridad nacional, espionaje, policiacos y antiterrorismo van a aumentar su presión en la frontera México-EE.UU.

Lo de menos será encontrar espacio a los migrantes; lo grave estará en México porque el caso de los centroamericanos no es un asunto de asilo sino de seguridad nacional.

Política para dummies: La política es saber mirar, no saber sentir.

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@carlosramirezh
22 Octubre 2018 04:00:00
Entre EU y Centroamérica, migración como asunto de seguridad nacional
Entre los mexicanos deportados por los gobiernos de Clinton, Obama y ahora Trump y la creciente migración centroamericana que pasa a los EE. UU. o se queda aquí, los gobiernos mexicanos de Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador han ignorado que no se trata de un asunto social sino de seguridad nacional.
Los diez mil centroamericanos que pudieran estacionarse en la puerta sur de México son producto de la desidia de la política exterior de Peña Nieto y serán un asunto de seguridad en las frágiles relaciones de López Obrador con Trump.
Lo más grave ha sido el hecho de que Trump definió su candidatura presidencial y su victoria en las urnas justamente en el tema de los migrantes mexicanos ilegales que están sido deportados sin piedad hacia México. Y a pesar de ello, Peña Nieto y López Obrador han reducido su estrategia con Trump a soportar agresiones contra migrantes e insultos desde el twitter presidencial de la Casa Blanca.
Desde el 2006 ha aumentado el flujo de centroamericanos hacia los EE. UU. pasando por México, sin que las autoridades mexicanas diseñaran un programa especial. La militarización estadunidense de su frontera sur fue una decisión extrema de la Casa Blanca, pero previsible en el discurso racista del presidente Trump, y será una marca negativa para el gobierno entrante de López Obrador.

Los migrantes centroamericanos en estos años han sido extorsionados por policías mexicanos al cruzar el Suchiate, asesinados y atacados por los cárteles del crimen organizado y arrestados sin piedad por los policías estadunidenses. El gobierno mexicano ha reducido su política a intentar sin lograrlo atenuar las penurias y ha creado zonas sin control de aglomeración de migrantes en ciudades de la frontera.

La salida de corto plazo en proceso de negociación de funcionarios de Trump con funcionarios de Peña Nieto y López Obrador se ha reducido a convertir a México en zona de refugio con fondos estadunidenses, bajo el pretexto de que en los EE. UU. tendrían que estudiar caso por caso, aunque como forma más de alargar la negativa que en realidad abrirse al asilo humanitario. En este modelo, México sería, con mayor razón, el patio trasero de los EE. UU.

Sin enfoques estratégicos, los funcionarios mexicanos permitieron que el problema migratorio de los EE. UU. con México y Centroamérica se colara en el proceso electoral legislativo estadunidense del próximo martes 6 de noviembre para beneficio de los republicanos anti migrantes que de los demócratas que quieren puertas abiertas para el cruce indiscriminado de migrantes. Si en más o menos veinte años ingresaron de manera ilegal a los EE. UU. más de once millones migrantes, las estimaciones de ingreso migrante sin control fronterizo sería muchísimo mayor.

México ha quedado en medio del conflicto: De un lado, el gobierno de Trump exige detener a toda costa a los migrantes en la frontera de Guatemala; de otro lado, la política migratoria mexicana de puertas abiertas en la frontera sur se estancó el argumento de que los centroamericanos tienen a los EE. UU. como destino final. Si México los deja pasar o se los prohíbe, el costo social, político y diplomático será enorme.

El esquema de campo de refugiados que quiere Trump carece de viabilidad por la falta de personal capacitado; la idea de López Obrador darles empleo choca con las cifras de la realidad: 15% de desempleo real con subempleo de sobrevivencia, 57% de la fuerza laboral en el sector informal, PIB de 2% promedio anual y 80% de mexicanos con una a cinco carencias sociales. Si México no puede darle bienestar a su población, menos podría atender a una población estimada de cien mil refugiados centroamericanos y caribeños.

Esta desidia e incapacidad para atender la crisis de migración centroamericana le dará bonos electorales a Trump. Sin embargo, parece que los responsables de la política exterior de Peña Nieto y López Obrador prefieren que Trump capitalice la crisis con el endurecimiento del discurso que encontrar una salida a un problema que carece de puertas de emergencia para resolverlo.

Pero si se pudiera contener el problema en las semanas electorales de Trump, al final la crisis seguiría creciendo por la acumulación de migrantes en la frontera sur de México. La salida que contempla el equipo de López Obrador sería abrir el ingreso a una población hasta de veinte mil centroamericanos y lidiar con ellos, a reprimir a quienes crucen a la fuerza. Y Trump quedaría tranquilo….

y agradecido.

Política para dummies: La política es el olfato del poder para prever hechos y adelantarse a ellos.

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@carlosramirezh
21 Octubre 2018 04:00:00
Iberoamérica: Avanza derecha por culpa de la izquierda
Al solicitar su registro como partido legal en 1978, el Partido Comunista Mexicano señaló que régimen priísta estaba en una ruta de derechización. En respuesta, el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, orteguiano, progresista, intelectual, respondió con dialéctica: La derechización de un régimen es culpa de la izquierda.

El modelo mexicano no servía para sentar una tesis política. Reyes Heroles se refería a la izquierda institucional del PRI, la del nacionalismo revolucionario, la de la Revolución Mexicana en su agenda social. Nacido en 1919, el PCM había emergido de una larga noche de estalinismo y corrupción apenas en 1963; y semiclandestino, había logrado conquistar dirigencias sindicales a finales de los cincuenta que fueron aplastadas por el autoritarismo del PRI y en los sesenta se refugió en las universidades públicas.

La oscilación pendular progresismo-conservadurismo en México se hacía dentro de las élites priístas. El sector progresista del PRI había terminado su ciclo en 1940, al final del periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas. De 1940 a 1978, la izquierda del PRI se fue burocratizando, corrompiendo y subordinando, en tanto que el conservadurismo se asentó en el control de los órganos del poder. Echeverría (1970-1976) se había inclinado al progresismo, pero la crisis económica generada por el aumento desordenado de gasto público había abierto la puerta primero a los administradores --López Portillo y Miguel de la Madrid-- y luego a los tecnócratas de Salinas a Peña Nieto.

En los regímenes institucionales que cumplen con las reglas mínimas de la democracia --no los marxistas como Cuba y ahora Nicaragua--, la oscilación pendular progresismo-conservadurismo-progresismo es casi una regla política. La explicación de lo que comenzó a ocurrir en Brasil con la primera vuelta y que podría confirmarse en la segunda aporta los datos indispensables: el progresismo de Lula derivó en corrupción y la derecha llegará al poder. Ya ocurrió en Argentina, Ecuador y Chile.

En México los ciclos pendulares han sido largos: conservadurismo 1920-1934, progresismo 1940-1946, conservadurismo 1946-1970, progresismo 1970-1982, conservadurismo 1982-2018 y ahora comienza el periodo progresista con López Obrador 2018-2024. Las razones de los ciclos pendulares han tenido que ver con relevos electorales democráticos o con reacomodos en las élites en sistemas semiautoritarios; en ambos, la supervivencia de los regímenes ha optado por el modelo pendular.

La característica que define a cada régimen progresista es su intención de lucha contra la desigualdad y la pobreza, en tanto que los regímenes conservadores se sustentan en la estabilidad macroeconómica. En cada caso los objetivos no se cumplen: por el gasto desordenado suele aumentar la pobreza y por el manejo macroeconómico se distorsionan las variables estabilizadoras. Los resultados en cada caso determinan la movilidad de los ciclos.

La izquierda en el poder en Iberoamérica no ha podido consolidar ciclos largos; sus políticas económicas expansivas de gasto y del papel del Estado sin reformas estructurales han contribuido a crisis periódicas. Los gobiernos progresistas aumentan el gasto sin equidistancia fiscal. El modelo tradicional de economía de mercado no ha podido sustituirse por un nuevo modelo de Estado económico. Los gobernantes progresistas sólo se dedican a aumentar el gasto, subir algunos impuestos y administrar los resultados, aunque casi siempre el déficit presupuestal alto y la inflación impactan en los tipos de cambio y general reacciones sociales.

El elemento novedoso --Argentina, México, Brasil, Venezuela-- es la corrupción de los gobernantes y sus aliados empresariales. Las quejas sociales existen hasta que algún líder progresista o conservador las asume como programa de gobierno. Sin embargo, una vez en el poder los nuevos gobernantes caen en las tentaciones de la corrupción y el ciclo perverso vuelve a reactivarse. Cristina Fernández, Enrique Peña Nieto, Lula y Dilma Rousseff y las presiones contra Maduro ilustran el papel de la corrupción como detonadores de presiones para la alternancia de grupo político en el gobierno.

El problema radica en que progresistas y conservadores llegan al poder para permanecer largo tiempo, sin atender el hecho de que las leyes de la economía capitalista están determinadas por la estabilidad macroeconómica y ahí los márgenes de maniobra son muy estrechos. Los progresistas han fallado en encontrar mejores fórmulas de política económica y los conservadores administran los dineros a favor de la estabilidad y tampoco han encontrado estrategias de desarrollo que ayuden a combatir la desigualdad sin generar crisis.

En este sentido, los relevos presidenciales en Brasil y México no deben analizarse en función de las meras ideas políticas conservadoras o progresistas; Brasil destituyó a Rousseff y encarceló a Lula por corrupción y López Obrador supo concitar el voto de los marginados del desarrollo para derrotar al PRI. Si Jair Bolsonaro no entiende que su posible victoria no terminará con la derrota de los seguidores de Lula y que Brasil requiere otro modelo de desarrollo, el ciclo pendular se ira acortando. El mismo reto tiene López Obrador construir un nuevo modelo de desarrollo para suplir al del PRI o dejar que las contradicciones revienten su presupuesto populista de gasto.

El fracaso de la izquierda para proponer nuevos modelos de desarrollo se localiza en la derechización de los regímenes y en sus oscilaciones pendulares.

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19 Octubre 2018 04:00:00
Por EU, seguridad pública aquí es seguridad nacional del estado
La conformación en la Casa Blanca de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado Transnacional y sus objetivos centrales en dos cárteles mexicanos fue el aviso de que la política de seguridad nacional de los EU. se extendió a México, mientras aquí el presidente electo López Obrador diseña una estrategia para salirse del combate y pasar a los acuerdos de una pax narca.

Aunque no hay un documento central, todo indica que el próximo gobierno buscará bajar la violencia criminal disminuyendo la persecución de criminales y apelando a un acuerdo de reparto de plazas entre los cárteles para llegar a la pacificación cuando las bandas no se maten entre sí por mercados, aunque a costa de legalizar consumo de drogas y socializar a los criminales.

Pero el próximo gobierno primero debiera definir con claridad su marco conceptual estratégico. Como se desconoce hasta ahora ese esfuerzo --si es que lo hay--, entonces podría empezar con lo avanzado en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018:

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: Conocimiento sistematizado y jerarquizado que tiene como propósito fundamental suministrar un marco de referencia evaluativo y prospectivo para la toma de decisiones orientadas a la atención integral de vulnerabilidades, riesgos y amenazas mediante la consideración del vínculo entre seguridad, defensa y desarrollo en sus tres vertientes: Humana, político-militar y económico-ambiental. Ello, con el fin de anticiparse a los hechos, bien para administrar el cambio, adaptarse a él y prevenir o mitigar sus efectos oportunamente o, en su caso, atender sus consecuencias.

INTERESES NACIONALES: Síntesis de las aspiraciones nacionales que, gestionadas por el poder político del Estado, tienen el potencial de convertirse en objetivos nacionales. Se trata de elementos constitutivos del Estado mexicano (conformados por la población, la soberanía y el territorio nacionales, así como por el orden constitucional, el gobierno y la democracia) que resultan indispensables para su consolidación y viabilidad.

PODER NACIONAL: Capacidad del Estado movilizada para alcanzar y preservar los intereses y objetivos nacionales. Es la expresión del conjunto de recursos políticos, culturales, económicos, sociales, demográficos, tecnológicos y geográficos de los cuales dispone el Estado mexicano que han sido organizados para su empleo estratégico. Se encuentra integrado por los campos político, económico, social, cultural, militar, tecnológico y diplomático.

SEGURIDAD INTERIOR: Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Se trata de una función política que, al garantizar el orden constitucional y la gobernabilidad democrática, sienta las bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de su población.

SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL: Sistema integrado por las instituciones, procesos e instrumentos que la Ley de Seguridad Nacional establece con la misión expresa de preservar la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado Mexicano, mediante la generación de políticas públicas, la toma de decisiones políticas fundamentales y la ejecución de acciones coordinadas y dirigidas a hacer frente a las amenazas, riesgos y vulnerabilidades tendientes a dañar o poner en peligro los elementos esenciales que le dan existencia o que pueden obstaculizar el desarrollo nacional.

SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA: Conjunto interconectado de dependencias o entidades federales, unidades de información o inteligencia, que vincula los procesos e instrumentos que satisfacen la función de generar inteligencia necesaria para que el Sistema de Seguridad Nacional cumpla con su misión.
El modelo seguridad nacional del gobierno de Peña Nieto fue claro en sus prioridades: Primero “restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, a través del combate a toda manifestación de violencia y delincuencia de alto impacto” y después “justicia e inclusión social, combate a la pobreza, educación con calidad, prevención y atención de enfermedades, equilibrio ecológico y protección al ambiente, promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación”.

La fórmula es sencilla: sin seguridad no habrá bienestar, no al revés.

Política para dummies: La política consiste en desconfiar de los aliados, porque ellos quieren para si el reino de los cielos.

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18 Octubre 2018 04:00:00
Aviso de EU a AMLO: Invasión de seguridad por crimen transnacional
Si el equipo de seguridad pública del gobierno electo de López Obrador sabe leer con mentalidad estratégica, el anuncio del fiscal general de la Casa Blanca, Jeff Sessions, de una ofensiva contra el crimen organizado transnacional tiene que ver con la estrategia timorata mexicana del próximo sexenio ante la violencia de los cárteles.

La decisión de Washington ocurre cuando el gobierno electo mexicano está pensando en disolver al Ejército, establecer una estrategia de lucha contra el crimen por el lado de la amnistía a criminales y convertir a las Fuerzas Armadas en un cuerpo de paz.

La lección de inteligencia geopolítica, seguridad nacional e intereses estadounidenses como prioridad en las relaciones bilaterales se complementa con el reforzamiento por parte del presidente Donald Trump del taponamiento de la frontera EU.-México para contener a los migrantes que quieren cruzar la frontera de manera ilegal.

El mensaje no puede ser peor: Trump está redefiniendo las relaciones bilaterales en los temas vitales de seguridad nacional, migración y comercio. Y mientras el presidente electo López Obrador parece seguir disfrutando los elogios formidables que le ha hecho Trump, el equipo de seguridad de Gobernación y Seguridad Pública --Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo Montaño-- perdieron el rumbo y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón anda sencillamente desaparecido de las definiciones estratégicas y fracasó en su intención de traer a Trump a la toma de posesión del 1 de diciembre.

La Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado Transnacional de los EU. será la definición estratégica de la Casa Blanca con López Obrador, justo cuando aquí siguen sin entender el papel de seguridad nacional-seguridad interior de las fuerzas armadas. Hasta ahora la Secretaría de la Defensa Nacional del general Salvador Cienfuegos Zepeda había logrado poner un dique de contención al aparato militar del Pentágono, al grado de lograr la presidencia de la Conferencia de los Ejércitos Americanos. A pesar de la resistencia, el Pentágono llegó a respetar al Ejército mexicano y a reconocer su papel determinante en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Los regateos de López Obrador a las Fuerzas Armadas mexicanas fueron entendidas por las oficinas de seguridad nacional e inteligencia geopolítica de Washington como la oportunidad para conseguir su deseo de meterse de manera activa en la lucha mexicana contra los cárteles mexicanos que han invadido los EU., al grado de que el mercado al menudeo en cuando menos tres mil ciudades americanas está controlado por los narcos mexicanos.

Si el gobierno de López Obrador desensambla el aparato de seguridad militar de México como se percibe en los regateos al papel de las fuerzas armadas en seguridad interior, de modo automático los estadounidenses van a penetrar a México al amparo de la nueva doctrina de seguridad definida como “crimen transnacional”, es decir, bandas criminales en ambos países que le otorgarían a Washington el derecho de intervención en México como parte de su escudo de seguridad nacional y con más razón si ganan los grupos lopezobradoristas antimilitares.

El aviso adelantado por el gobierno de Trump sobre la Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado Transnacional obliga a una respuesta urgente de López Obrador en cuatro puntos: un secretario de Defensa Nacional funcional a lo avanzado en la gestión y contactos del secretario saliente Cienfuegos Zepeda, la definición de su doctrina de defensa nacional, una respuesta contundente de Ebrard, Sánchez o Durazo y la definición de sus principios de relación bilateral con los Estados Unidos vis a vis la seguridad nacional de México como resistencia al acoso de la seguridad nacional e imperial de Washington. Y de paso, designar a un czar mexicano de relaciones de seguridad bilaterales como punto de contención de los avances estadunidenses que acote las tareas del nuevo zar estadounidense Rod Rosenstein

Como el gobierno de Peña Nieto ya terminó su ciclo y el de López Obrador viene con principios de derechos humanos, entonces el aviso no pudo haber sido más directo: Los EU van a intervenir en México para combatir aquí al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel del Chapo y por tanto apoderarse del diseño, definición y control de la política mexicana de lucha contra el crimen organizado.

Los EU acorralaron el Estado mexicano y ya mandaron a López Obrador un mensaje de amenaza a la soberanía nacional.

Política para dummies: La política consiste en mirar el lado oscuro de la luna.

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@carlosramirezh
17 Octubre 2018 04:00:00
Cuidado con el Juárez de AMLO; creó dictadura presidencial en 1867
Benito Juárez y la invocación al pueblo son un coctel políticamente peligroso. La fascinación del presidente electo López Obrador por el Benemérito no puede ocultar la intentona del oaxaqueño en 1867 para instaurar la dictadura presidencial… clamando al pueblo.

Luego de haber provocado dos solicitudes legislativas de renuncia por su afianzamiento al poder y de haber vencido y fusilado a Maximiliano, Juárez restableció los poderes federales en Ciudad de México en 1867 y convocó a nuevas elecciones ante las presiones en su contra por carecer de legitimidad electoral. Con astucia, Juárez injertó en la convocatoria electoral un plebiscito simultáneo para reconfigurar el Estado y su sistema semiparlamentario y crear un sistema presidencialista absolutista.

Siempre en nombre del pueblo, Juárez se saltó el procedimiento de reforma constitucional que debía pasar por el congreso y se lanzó a apelar por el apoyo directo del pueblo, porque “con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”. La propuesta de Juárez quería liquidar el dominio del legislativo que nació con las diputaciones provinciales en la Constitución de Cádiz de 1812 y mantenidas por las constituciones federales de 1824 y 1857.

La trampa de Juárez fue apelar al pueblo y darle la vuelta al Congreso en materia de reformas constitucionales; las principales reformas incluidas en el plebiscito fueron: Reformar o adicionar la Constitución desde el ejecutivo, restablecimiento del Senado como contrapeso a los diputados, derecho de veto del presidente y entrega del informe por escrito y disminuir el poder de la comisión permanente. El sistema político juarista pasaría del predominio legislativo como estructura de control del ejecutivo a un presidencialismo absolutista.

La clave de la iniciativa de Juárez consistía en consultar directamente al pueblo sobre reformas constitucionales, cuando la propia Constitución de 1857 contenía procedimientos estrictos. De manera mañosa, Juárez quiso esconder su propuesta de presidencialismo absolutista en una convocatoria electoral que tenía casi ganada por su papel de héroe civil en contra del invasor francés y por encima del héroe militar Porfirio Díaz que también quería ser presidente. Al votar por el héroe civil, el pueblo tendría que votar a favor de reformas escondidas en la convocatoria electoral.

Ahí se exhibió el Juárez del poder centralizado en la presidencia. Pero en lugar de respetar a un Congreso como representante de la soberanía popular y único reformador de la Constitución por mandato de la propia Carta magna, Juárez trasladó ilegalmente al pueblo vía un plebiscito el poder reformador constitucional. Cuando el plebiscito reformador amañado fue apabullado por legisladores, prensa liberal y sobre todo gobernadores, Juárez dijo que “el Gobierno ha obrado de buena fe” y que su intención había sido que “el pueblo decida”.

La derrota de Juárez en su lucha por el presidencialismo absolutista se completó el 8 de diciembre de 1857, cuando se vio obligado a regresarle al congreso las facultades extraordinarias que había solicitado en 1861 para gobernar sin legislativo con el argumento de que se trataba un gobierno sin sede física por las guerras civiles. “Si en el uso de ellas (las facultades extraordinarias) he cometido errores, os pido vuestra indulgencia, en el concepto de que en todos mis actos no he tenido más móvil que el interés nacional y la salvación de nuestra querida patria”.

A partir de este ejemplo de Juárez, el presidente López Obrador ha invocado al pueblo y no a las instituciones en reformas que revierten los controles políticos y legales al absolutismo presidencial priísta que se nutrió de los ejemplos de Antonio López de Santa Anna, Juárez y Díaz. El modelo de las consultas lopezobradoristas responden más al modelo Juárez de 1867 que a la democracia participativa moderna: Saltarse los procedimientos legales, por ejemplo, en el caso del aeropuerto; y viene un asunto que tiene que ver directamente con Juárez: La revocación del mandato a mediados de sexenio, no para evaluar resultados presidenciales, sino para poner al presidente de la república en la boleta electoral y volver a someter al legislativo a la figura dominante del ejecutivo.

La invocación de López Obrador a Juárez no tiene que ver con el héroe que derrotó al conservadurismo, la iglesia y el invasor, sino con el que construyó el presidencialismo absolutista y redentor a partir del modelo de Santa Anna de que el poder real estuviera en un solo hombre.

Política para dummies: Parafraseando a los historiadores, la política es el conocimiento de la historia para no cometer los mismos errores.

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@carlosramirezh
16 Octubre 2018 04:00:00
Murat en CNOP para mantener PRI de Peña-Nuño-Videgaray-Del Mazo
La disputa por el PRI será destructiva y se resolverá antes del 1 de diciembre porque tiene que ver con los tiempos del Presidente Peña Nieto. Esta semana el principal indicio estará en la imposición del exgobernador oaxaqueño José Murat Casab como secretario general de la CNOP y punta de lanza de la candidatura del gobernador campechano Alejandro Moreno Alito a la presidencia del partido.

Sin embargo, la lucha no será fácil. Murat aparece como uno de los responsables de la debacle del pasado 1 de julio porque tenia a su cargo la presidencia de la Fundación Luis Donaldo Colosio y el diseño de la propuesta de campaña del candidato priísta-no priísta José Antonio Meade Kuribreña y sencillamente ese proyecto nunca se elaboró.

El PRI de Peña Nieto la tiene complicada porque se trata del grupo que llevó al partido de una votación presidencial de 38.2% de votos y 19.2 millones de sufragios en las presidenciales del 2012 a 16.4% de votos y 9.3 millones de sufragios en el 2018, la peor debacle electoral, inclusive peor que la de Roberto Madrazo Pintado en el 2006 cuando el PRI cayó a 22.5% de votos y 9.3 millones de sufragios.

Y lo más grave es que se trata del PRI peñista que impuso en el 2010, desde la gubernatura del Estado de México como centro de toma de decisiones del PRI nacional, a candidatos a gobernador que ganaron sus elecciones pero terminaron en la cárcel por corrupción o escondidos en alguna parte del mundo para evitar su aprehensión. Los gobernadores priístas son solo doce, el 37.5% de la República y no los más importantes. Y la base legislativa del PRI es insignificante: De 9.4% de diputados y 10.9% de senadores.

La imposición de Murat Casab como dirigente de la CNOP será tóxica y nada tendrá que ver con los inexistentes grupos populares que ya no militan. Pero es un espacio político para otros menesteres y uso de un presupuesto sin control partidista, además de estar formada por los grupúsculos del PRI que mantienen el control del reparto de posiciones.

En la guerra sin reglas al interior del PRI se localiza la circulación de una charla entre el entonces gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa con Murat Casab para operar el seguro popular como una forma de lavado de dinero para desviarlo a actividades partidistas.

La estrategia del presidente Peña consiste en mantener el control del PRI, esperar la caída de expectativas lopezobradoristas en las elecciones legislativas del 2021 y preparar al candidato presidencial del PRI en el 2024; en la lista peñista solo hay dos nombres: Aurelio Nuño Mayer y el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, el primero repudiado en el PRI por sus estilos autoritarios de operar la campaña presidencial de julio pasado y el segundo sin la astucia de Peña Nieto en el 2006 para hacerse del control del PRI.

Los grupos en pugna contra Peña Nieto son varios, pero pocos con influencia real: Democracia Interna del exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, César Augusto Santiago rumbo a la salida y el endeble de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari que es solo pieza movible de otros grupos en la oscuridad.

En este contexto, la maniobra para imponer a Murat Casab en la CNOP sería el campo de guerra más importante del PRI, bastante por la figura polémica y atrabancada del propio Murat y también en mucho por la alianza Murat y el gobernador campechano Alejandro Moreno Cárdenas Alito como pieza peñista para el PRI en el relevo el próximo año, pero con el costo de tener que abandonar la gubernatura de Campeche que termina el segundo semestre del 2021.

La guerra de posiciones en el PRI será diferente a la del 2000 y el 2006 cuando el partido perdió la presidencia y muy parecida a la del 2012 cuando Peña Nieto ganó las elecciones y se posesionó del poder con el Pacto por México, aunque a pique a partir del 2014 hasta llevar a la debacle del 2018.

Por lo pronto, la alianza Murat-Alito va a afectar al gobernador campechano por los negativos del exgobernador oaxaqueño y por intentar llegar a la presidencia del partido como pieza del presidente saliente Peña Nieto. La ruptura en el PRI por Murat será desastrosa para los planes del PRI de regresar a la presidencia en el 2024 porque ni Alito ni Del Mazo Maza tienen la astucia política de Peña Nieto en el 2006 para quedarse con el PRI y trabajar su candidatura mediática sin oposiciones internas.

La imposición de Murat en la CNOP escalará la guerra interna en el PRI.

Política para dummies: La política suele ser la forma de acreditar responsabilidades a los adversarios para salvar proyectos fracasados.

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@carlosramirezh
15 Octubre 2018 04:00:00
Crimen organizado amenazó foros y por eso los suspendieron
Los foros sobre seguridad no se suspendieron por razones de organización y tiempo para diseño de estrategias, sino porque bandas criminales amenazaron con atacar las reuniones con violencia.

Sin un organismo de inteligencia, con el CISEN desprestigiado y diezmado, con las fuerzas armadas humilladas por el próximo poder civil y con enfrentamientos entre la secretaria designada de Gobernación. Olga Sánchez Cordero, y el secretario designado de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, el presidente electo López Obrador está acercándose al infierno de la realidad.

Los mensajes de la realidad son inocultables: si el crimen organizado ha aumentado sus acciones para acotar las intenciones del próximo gobierno, los grupos radicales también están revelando sus propias limitaciones. La violencia a sillazos de la Coordinadora de maestros disidentes contra el foro organizado en Acapulco por el secretario designado de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, fijó los límites de la alianza: o se regresa al punto en el que la relación gobierno era vía canales ilimitados de dinero a los líderes y el manejo sindical de la política educativa o las protestas violentas seguirán estallando.

Lo que parece que nadie ha entendido es que la famosa Cuarta Transformación --de existir en los planes reales de López Obrador-- implica un rediseño del Estado, aunque sin perder sus resortes priístas de control social. Sólo que en los tiempos del viejo régimen el PRI era el aparato de control, conducción y mediación de reformas por su cohesión interna y sus liderazgos eficaces y ahora Morena es una Torre de Babel de intereses sin orden y todos ellos muy mezquinos.

Nada ilustra mejor como los morenistas van por el poder que las disputas minúsculas por la oficina de comunicación social de la Cámara de Diputados. El presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, llegó hasta la estridencia con López Obrador para que le dejaran poner a su operadora de prensa, sin entender que la mayoría absoluta morenista no implica la imposición del interés de uno de sus legisladores. Al final gano Muñoz Ledo, pero perdió el sentido democrático de Morena.

Hasta ahora parecen dominar los intereses de los morenistas que llegan por primera vez al poder real, en tanto que los morenistas del PRI, del PRD y del PAN prefieren asegurar sus parcelas tribales de poder. Pero ambos se han olvidado que llegaron a la mayoría legislativa no para relevar sólo a figuras priistas, sino para reconstruir al Estado. Nosotros ya nos vamos, les acaba de decir el canciller Luis Videgaray, y ustedes se quedarán solos.

La confusión ocurre en la seguridad pública; López Obrador y sus aliados se han dedicado más a desprestigiar a las fuerzas federales, estatales y municipales de seguridad, que a ofrecer un programa coherente, rápido y eficaz para arrancar el 1 de diciembre con una estrategia que vaya más allá de donde llegaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La idea central que ha prevalecido es la de enfocar el problema desde la óptica de la buena voluntad y los derechos humanos, pero las amenazas creíbles de que bandas criminales atacarían sedes de los foros probaron que la inseguridad no es producto de la pobreza o de la falta de oportunidades, sino de la asunción del mal como una opción directa. Las amenazas fueron tan reales que la decisión del equipo de López Obrador fue cancelar los foros que faltaban ante la incapacidad de resistir un ataque masivo.

Asimismo, las amenazas de los grupos criminales contra los foros fueron la prueba de que los criminales no andan en busca de amnistía o perdones sin olvido, sino que en la crisis de seguridad se disputan tres cosas: el dominio del poder de violencia de los grupos criminales sobre el Estado, la decisión de evitar la socialización del debate sobre seguridad y el mensaje de que los criminales no quieren un pacto con el Estado, sino que harán uso de toda su violencia para mantener el control de sus territorios. Es decir, que las amenazas de atacar los foros fue el primer enfrentamiento de la estrategia de seguridad de López Obrador contra los intereses de dominación criminal de los grupos delincuenciales.

Las amenazas contra los foros de seguridad y los sillazos de la CNTE en Acapulco adelantaron la bienvenida de López Obrador a la presidencia el próximo 1 de julio. Y lo más grave fue el hecho de que sólo esos dos indicios revelaron que López Obrador aún no asume el gobierno y ya ha visto fracasar ante la realidad sus estrategias de conciliación.

Política para dummies: La política es el reino de la realidad, porque las ficciones sólo son demagogia o ilusiones.


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@carlosramirezh
14 Octubre 2018 04:00:00
México 68: Al final ganó el PRI
Los recuerdos históricos suelen disfrazarse de victorias de la retórica y a veces de la demagogia. El México 68 quedó marcado por la violencia de la tarde del 2 de octubre que aún no se aclara, a pesar de que ha pasado medio siglo. La razón es explicable: Nadie ha investigado el caso, la polarización progresista acusa al demonio de la represión y el Estado carga con vergüenza los saldos de muerte.

Si en conflictos sociales no hay ganadores ni perdedores absolutos, en el caso mexicano podríamos decir que el ganador-ganador del conflicto del 68 fue el PRI: El movimiento estudiantil fue en contra del partido del Estado y su élite gobernante autoritaria, el PRI salió desprestigiado por el saldo sangriento y el PRI ha sido acusado de ser el responsable histórico --si los hay-- del 68; sin embargo, el PRI ganó: Depuró sus filas, encabezó un largo proceso de reformas políticas para distensionar el ambiente, llevó a la oposición de izquierda y derecha a la institucionalidad del poder para disminuirla, operó como sistema de poder aún sin el PRI en la presidencia y ganó con López Obrador y su origen y comportamiento priístas.

El fondo de la explicación se puede resumir así: El PRI no fue el grupo de funcionarios que chocaron en la oscuridad del 68, sino que el PRI ha sido desde su fundación en 1929 y antes como élite revolucionaria que redactó la Constitución de 1917 una estructura de poder, una ideología oficial y un pensamiento histórico único. El nuevo gobierno de López Obrador --tan crítico del PRI-- eludió la responsabilidad histórica de una comisión investigadora sobre el 68 y, como los gobiernos panistas de 2000 y 2006, decidió dejar el 68 en la historia oral.

Las actividades para recordar los 50 años del 68 mexicano, por lo demás, giraron en torno a lo mismo: Acusar al sistema sin análisis de responsabilidad jurídica, repetir la historia oficial disidente de que fue una represión de Estado y centrar sus acusaciones en el entonces presidente Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Alvarez. Los nuevos libros de la coyuntura señalan la amargura de la derrota y el del activista del 68 Joel Ortega Juárez decidió convocar con el título de su libro a un Adiós al 68.

Como analista político, yo publiqué dos libros sobre el tema --los dos se encuentran en Amazon-Kindle para los interesados con mensajes novedosos: El 68 no existió y Octavio Paz y el 68: Crisis del sistema político priísta. El primero borda sobre el enfoque de que la crisis del 68 fue una pugna al interior del sistema priísta entre aspirantes a la candidatura presidencial de 1969 para la elección de 1970 y el segundo ajusta cuentas con un pasivo de desdén de la academia y las organizaciones de lucha hacia Octavio Paz, el único que razonó el 68 en octubre de 1969 como una crisis autoritaria del sistema político priísta y que definió que la salida estaba en la democracia.

Como análisis del 68 mexicano fuera de fechas simbólicas aquí expondré cinco enfoques de aquella crisis que casi nadie quiere articular:
1.- Disputa por la candidatura presidencial. Después de las elecciones legislativas de 1967, el PRI, como siempre, salió con el 100% del Senado y el 85% de la Cámara de Diputados. También como siempre, la disputa por la candidatura presidencial del PRI comenzó después de ese reacomodo del poder de mediados de sexenio. La tradición autoritaria del poder señalaba que el presidente en turno designaba de manera directa al candidato del PRI, pero permitía el juego entre cuando menos tres aspirantes: Echeverría como secretario de Gobernación, Emilio Martínez Manautou como secretario de la Presidencia y Antonio Ortiz Mena como secretario de Hacienda; un cuarto aspirante se metió a la lista forzando las reglas: El general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, jefe político de la capital de la república.

2.- Lucha dentro del gobierno. Y como señala la tradición, los aspirantes a la candidatura generan batallas burocráticas para convencer al presidente saliente. El nuevo actor en la lucha por el poder fue el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, miembro del PRI, contendiente contra Díaz Ordaz en 1963 en la lucha por la candidatura del PRI y enemigo político de Díaz Ordaz.

3.- Resistencia, no revolución. La lucha de los estudiantes fue de resistencia y contra el autoritarismo. El pliego de peticiones exigía desaparición del cuerpo antimotines de la policía, la renuncia de los jefes policiacos y la indemnización de víctimas. La crisis se complicó cuando el rector de la UNAM se pasó al lado de los estudiantes y el conflicto se polarizó entre gobierno y estudiantes, sin ningún espacio de negociación.

4.- Trampa en Tlatelolco. Iniciada la crisis el 22 de julio, una luz de negociación llegó el 1 de octubre: Reunión entre funcionarios del gobierno y líderes estudiantiles. Encauzada la negociación, el mitin el 2 de octubre fue para informar de la negociación. Pero grupos radicales de los estudiantes y de la milicia del estado mayor presidencial precipitaron la violencia.

5.- Ganar-ganar. Derrotado el movimiento estudiantil, sus líderes presos o exiliados, el sistema priísta emprendió una larga lista de reformas políticas para democratizar el sistema sin que el PRI perdiera el poder y el dominio. La alternancia en la presidencia del PRI al PAN en el 2000, del PAN al PRI en el 2012 y del PRI a Morena en 2018 no ha cambiado los tres espacios dominantes del PRI: Sistema político/régimen de gobierno/Estado Constitucional.

De ahí la tesis de que el PRI precipitó el colapso político autoritario en 1968, lideró las reformas de distensión autoritaria y como política/ideología/poder salió reforzado y demostró que México es priísta sin el PRI.

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12 Octubre 2018 04:00:00
AMLO, Fuerzas Armadas, cárteles, ley de seguridad interior y congreso
En medio de dardos envenenados que parece que nada tienen que ver con definiciones de fondo pero envenenan el ambiente de inseguridad, el tema central que va a definir la línea estratégica del gobierno formal de López Obrador será el de la seguridad interior.

Por primera vez López Obrador utilizó el concepto de seguridad interior al salir de un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, el 25 de agosto pasado. Lo platicado no pudo haber sido un secreto: La seguridad pública se colapsó cuando el crimen organizado rebasó a las fuerzas policiacas de seguridad --por incapacidad y corrupción-- y entonces se puso en riesgo la soberanía del Estado en zonas territoriales controladas por las bandas delincuenciales de todo tipo: esta es la seguridad interior.

En esta situación de dominio criminal en importantes zonas de la República se explica y justifica la intervención de las fuerzas armadas en función del mandato constitucional de defensa de la seguridad interior. Las fuerzas armadas comenzaron a actuar a comienzos de 2007 sin una ley reglamentaria de la seguridad interior.

El marco legal se fijó en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, publicado el 30 de abril del 2015 en el Diario Oficial de la Federación por facultad exclusiva del presidente Peña Nieto. Ahí se dan las explicaciones jurídicas y formales sobre las tres seguridades --pública, interior y nacional-- y sus interrelaciones justificadas por el grado de afectación criminal a la estabilidad nacional. En base a este Programa y luego de un debate nacional, el 21 diciembre de 2017 se promulgó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Interior, aunque con la decisión presidencial de congelarla hasta desahogar las controversias presentadas en la Suprema Corte de Justicia.

En este contexto, la primera y fundamental decisión del gobierno en funciones de López Obrador a partir del 1 de diciembre será dotar a la estrategia de seguridad contra el crimen organizado de un marco jurídico que no puede ser otro que una Ley de Seguridad Interior --la aprobada o una nueva-- porque las fuerzas armadas ya no pueden seguir combatiendo el crimen organizado en nivel de seguridad interior sin un marco jurídico que determine las responsabilidades no solo de los militares y marinos, sino sobre todo de los funcionarios civiles.

Todos los planes que tienen que ver con la seguridad pública del próximo gobierno --foros, funcionarios, oficinas, facultades, nuevas reglas-- debería tener antes el marco legal de la seguridad interior, sobre todo a partir del reconocimiento de López Obrador de que las Fuerzas Armadas seguirán en el campo porque el país carece de una fuerza policiaca y judicial con capacidad de respuesta ante el pode criminal corruptor de las bandas delincuenciales.

Pero hasta ahora no se percibe que en los grupos lopezobradoristas de Gobernación y Seguridad Pública estén trabajando sobre la seguridad interior. Y en el Congreso, las comisiones respectivas tampoco han iniciado labores sobre el tema, con la circunstancia agravante de que van a prevalecer los grupos anti seguridad en nombre de los derechos humanos.

Si en los diputados el presidente de la comisión de defensa nacional es el general Benito Medina Herrera (PRI), en el Senado quedó al frente de la comisión respectiva el militante Félix Salgado Macedonio (Morena), responsable de haber permitido el crecimiento del crimen organizado durante su gestión como alcalde perredista de Acapulco en 2005-2008, durante la gubernatura perredista de Zeferino Torreblanca. El narco se consolidó en Guerrero durante el largo periodo perredista 2005-2015.

Los pasivos del gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad tendrán que ser resueltos por el gobierno de López Obrador: Ley de seguridad interior, doctrina de defensa nacional, doctrina de seguridad, reforma a la ley de seguridad nacional, ley de inteligencia y hasta una ley de espionaje. El punto de partida es la certeza de que México es una nación madura para regular las actividades de seguridad y evitar las indefiniciones que benefician siempre al crimen organizado.

La clave en el congreso estará en el armado de secretarías técnicas en las comisiones con expertos en la materia y con decisiones para un marco jurídico en materia de seguridad sin afectar derechos civiles ni democráticos. Lo peor sería seguir en la ambigüedad ante la falta de liderazgo político para conducir la nave del estado.

Política para dummies: La política es el espacio de los acuerdos, no de las imposiciones estilo viejo régimen priísta.
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12 Octubre 2018 04:00:00
AMLO, Fuerzas Armadas, cárteles, ley de seguridad interior y congreso
En medio de dardos envenenados que parece que nada tienen que ver con definiciones de fondo pero envenenan el ambiente de inseguridad, el tema central que va a definir la línea estratégica del gobierno formal de López Obrador será el de la seguridad interior.

Por primera vez López Obrador utilizó el concepto de seguridad interior al salir de un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, el 25 de agosto pasado. Lo platicado no pudo haber sido un secreto: La seguridad pública se colapsó cuando el crimen organizado rebasó a las fuerzas policiacas de seguridad --por incapacidad y corrupción-- y entonces se puso en riesgo la soberanía del Estado en zonas territoriales controladas por las bandas delincuenciales de todo tipo: esta es la seguridad interior.

En esta situación de dominio criminal en importantes zonas de la República se explica y justifica la intervención de las fuerzas armadas en función del mandato constitucional de defensa de la seguridad interior. Las fuerzas armadas comenzaron a actuar a comienzos de 2007 sin una ley reglamentaria de la seguridad interior.

El marco legal se fijó en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, publicado el 30 de abril del 2015 en el Diario Oficial de la Federación por facultad exclusiva del presidente Peña Nieto. Ahí se dan las explicaciones jurídicas y formales sobre las tres seguridades --pública, interior y nacional-- y sus interrelaciones justificadas por el grado de afectación criminal a la estabilidad nacional. En base a este Programa y luego de un debate nacional, el 21 diciembre de 2017 se promulgó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Interior, aunque con la decisión presidencial de congelarla hasta desahogar las controversias presentadas en la Suprema Corte de Justicia.

En este contexto, la primera y fundamental decisión del gobierno en funciones de López Obrador a partir del 1 de diciembre será dotar a la estrategia de seguridad contra el crimen organizado de un marco jurídico que no puede ser otro que una Ley de Seguridad Interior --la aprobada o una nueva-- porque las fuerzas armadas ya no pueden seguir combatiendo el crimen organizado en nivel de seguridad interior sin un marco jurídico que determine las responsabilidades no solo de los militares y marinos, sino sobre todo de los funcionarios civiles.

Todos los planes que tienen que ver con la seguridad pública del próximo gobierno --foros, funcionarios, oficinas, facultades, nuevas reglas-- debería tener antes el marco legal de la seguridad interior, sobre todo a partir del reconocimiento de López Obrador de que las Fuerzas Armadas seguirán en el campo porque el país carece de una fuerza policiaca y judicial con capacidad de respuesta ante el pode criminal corruptor de las bandas delincuenciales.

Pero hasta ahora no se percibe que en los grupos lopezobradoristas de Gobernación y Seguridad Pública estén trabajando sobre la seguridad interior. Y en el Congreso, las comisiones respectivas tampoco han iniciado labores sobre el tema, con la circunstancia agravante de que van a prevalecer los grupos anti seguridad en nombre de los derechos humanos.

Si en los diputados el presidente de la comisión de defensa nacional es el general Benito Medina Herrera (PRI), en el Senado quedó al frente de la comisión respectiva el militante Félix Salgado Macedonio (Morena), responsable de haber permitido el crecimiento del crimen organizado durante su gestión como alcalde perredista de Acapulco en 2005-2008, durante la gubernatura perredista de Zeferino Torreblanca. El narco se consolidó en Guerrero durante el largo periodo perredista 2005-2015.

Los pasivos del gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad tendrán que ser resueltos por el gobierno de López Obrador: Ley de seguridad interior, doctrina de defensa nacional, doctrina de seguridad, reforma a la ley de seguridad nacional, ley de inteligencia y hasta una ley de espionaje. El punto de partida es la certeza de que México es una nación madura para regular las actividades de seguridad y evitar las indefiniciones que benefician siempre al crimen organizado.

La clave en el congreso estará en el armado de secretarías técnicas en las comisiones con expertos en la materia y con decisiones para un marco jurídico en materia de seguridad sin afectar derechos civiles ni democráticos. Lo peor sería seguir en la ambigüedad ante la falta de liderazgo político para conducir la nave del estado.

Política para dummies: La política es el espacio de los acuerdos, no de las imposiciones estilo viejo régimen priísta.
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11 Octubre 2018 04:00:00
AMLO y el ejército: Ignorancia, resentimiento o simple desdén
A pesar de que a partir del 1 de diciembre será formalmente el comandante supremo de las fuerzas armadas, el presidente electo López Obrador aún no ha entendido lo obvio: El mando civil siempre ha estado por encima del militar, sin necesidad de regaños, humillaciones y menosprecios.

El anuncio de López Obrador en redes en el sentido de que va a reinstalar a un mando de la fuerza aérea que supuestamente fue castigado por entregarle información militar al equipo del presidente electo encargado del nuevo aeropuerto, ha causado estragos al interior de las fuerzas armadas. Y no porque se sientan intocables, sino porque el próximo mandatario violentó la ley de disciplina militar.

La nueva fricción innecesaria entre López Obrador y los mandos militares ocurrió en el contexto de una ofensiva de los aliados antimilitares de la coalición lopezobradorista y de los grupos de Morena que usaron los cincuenta años del 68 estudiantil para golpear al Ejército y no a los mandos civiles que dieron las órdenes de participación castrense.

En un mensaje en redes, López Obrador reveló que un mando de la Fuerza Aérea había compartido información sobre la base aérea militar de Santa Lucía con el civil Javier Jiménez Espriú, sin cargo oficial en el gobierno y apenas secretario designado del próximo gabinete de gobierno. En su mensaje, el presidente electo le “ofreció” al general “cesado injustamente” que lo reinstalaría en su cargo. El asunto puede enredarse porque fuentes militares dicen que el general Manuel Enrique Vallín estaba en situación de retiro por edad.

Lo grave del asunto tiene dos aristas:

De una parte, los mandos en las fuerzas armadas se rigen por la Ley de Disciplina Militar y por el Código de Justicia Militar. Las reglas son estrictas porque las fuerzas armadas son las responsables de la soberanía exterior e interior de México y por el manejo de información delicada que tiene que ver con la capacidad de fuerza castrense. Y en ambos reglamentos se establece el delito militar de filtrar información fuera de los espacios estrictos militares.

De otra parte, el gobierno civil y menos aún políticos que carecen de intervención formal regulada en asuntos militares pueden reinstalar por orden directa a ningún mando castrense, si no pasa antes por los procedimientos de juicios establecidos en las leyes militares.

López Obrador aceptó que un militar en funciones le había entregado información militar a un civil sin representación legal formal para tener ventajas en el debate sobre la instalación del nuevo aeropuerto. La información tenía que ver con la base militar de Santa Lucía, una instalación que se rige bajo estrictas medidas de seguridad militar. En un juicio militar hubiera podido hablarse inclusive de traición a las normas militares, porque de la misma manera el señalado hubiera podido entregar información militar a otras instancias no autorizadas, nacionales y extranjeras.

Al airear el asunto en redes sociales, López Obrador socializó un incidente que debió de haber sido dirimido por los estrictos cauces de la justicia militar; en consecuencia, López Obrador volvió a meter a las fuerzas armadas en litigios judiciales en tribunales civiles mediáticos. El asunto tendrá un efecto mayor porque López Obrador será el 1 de diciembre el comandante en jefe de las fuerzas armadas y por tanto habrá de regirse en función de las leyes militares vigentes, con todo el derecho de cambiarlas con la mayoría absoluta de Morena en el Congreso.

La moral de las fuerzas armadas depende del apoyo ciudadano hasta ahora latente y sólido y del respeto institucional de los mandos civiles. A lo largo de la campaña López Obrador hizo graves acusaciones a las fuerzas militares, cuestionó su eficacia en la lucha contra la inseguridad interior, las acusó de violentar los derechos humanos y llegó al punto de decir que “no sirven”. Ya como presidente electo y luego de una charla privada con el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, López Obrador anunció que las fuerzas armadas continuarían en seguridad interior por el fracaso policiaco.

Los comportamientos de López Obrador hacia las fuerzas armadas aún no se aclaran: ¿Resentimiento civil, ignorancia de su importante papel en la estabilidad nacional o presión del ala anarquista de Morena? Lo único cierto es que López Obrador será el comandante supremo de las fuerzas armadas que hoy ofende en su credibilidad.

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