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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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01 Octubre 2017 04:03:00
El desmantelamiento constitucional
Cien años y 743 artículos reformados lleva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ellos, 154 han sido modificados durante el régimen actual, lo que representa casi el 20% del total de las reformas efectuadas anteriormente.

La última –¿ominosamente?– se publicó el día mismo en que se conmemora el inicio de la guerra de independencia, el 15 de septiembre pasado.

La mayoría de esas reformas han tenido por motivo central ampliar las facultades de los órganos del gobierno de la Unión, en detrimento de las atribuciones de las correspondientes a los gobiernos estatales.

El vehículo de concentración, primero, fueron la leyes “generales”, una clasificación que, en rigor, sólo merecen aquellas disposiciones que, en desarrollo de una disposición constitucional, regulan el ejercicio de las facultades concurrentes, es decir, aquellas que la propia constitución otorga a los órdenes federal y estatales como excepción a la regla general de facultades exclusivas.

Después, de plano y ya sin rubor alguno, se dio en la práctica de emitir leyes y códigos “nacionales”, que desplazan a las legislaciones locales en materias que, según el equilibrado diseño original, les correspondían.

Un par de datos interesantes y que usualmente pasan desapercibidos: durante el largo periodo de estabilidad económica y social, pocas fueron las reformas efectuadas a la ley suprema; en cambio, el frenesí de los cambios empezó en los 70, se agudizó en los 80 –para propiciar el suave aterrizaje en nuestro país del entonces abiertamente pujante “neoliberalismo, que aún sigue vivo, pero casi soterradamente– y ha tenido un verdaderamente grande apogeo en los dos últimos sexenios.

¿No es de llamar la atención que a la inestabilidad constitucional correspondan los tiempos de mayor inestabilidad política y social? ¿Es mera coincidencia?

Incluso en materia económica, respecto de la que se pregonan condiciones de prosperidad y estabilidad macroeconómica, los índices de pobreza son mayúsculos y la brecha entre los muy pocos ricos y el resto de la población cada vez más pronunciada, lo que es en sí mismo injusto y, además, propicio para la inconformidad creciente que, ya con visos de acre rebeldía, es perfectamente perceptible entre la gente de nuestro país.

Lo grave del asunto es que, a pesar de esa crispación social, los argumentos desplegados por los centros de poder impulsores del retroceso estructural, a pesar de su retórica retorcida y gastada, no son rebatidos; al contrario, frecuentemente se aplauden, incluso desde sectores ordinariamente críticos, quizás porque la inmediatez de los problemas que se dice pretenden ser resueltos con las reformas, impide ver el panorama que ofrece el horizonte profundo de las intenciones de control que ellas conllevan, pues es evidente que mientras más disperso y limitado se encuentre el poder, más difícil será ejercerlo en favor de intereses particulares.

Hay que recordar que nuestra Constitución es, en el papel, rígida, precisamente para evitar que a voluntad de los poderosos se modifique sin ton ni son, en favor de ellos y perjuicio de los seres humanos cuyos intereses y derechos está destinada a proteger.

En los hechos, esa característica se ha esfumado. Los órganos que deberían protegerla, los partidos políticos incluidos, se han sumado al pequeño grupo rector de la política –¿recuerda usted el llamado Pacto por México?– para decidir, incluso al margen de los órganos legislativos, sobre los asuntos que atañen a todo el país y afectan a todos sus habitantes. Eso rompe el orden institucional y opera contra la democracia.

Ferdinand La Salle, ese jurista alemán marxista decimonónico que habló desde entonces sobre el tema, sostuvo que, a pesar de la generalizada creencia de que la Constitución es una ley suprema, protectora del interés general, en realidad no es sino una expresión de la voluntad de los poderosos, que en la cúspide se dan la mano y coinciden en la adopción de medidas para cuidar sus intereses, “legalizando” las vías para conseguirlo desde la fuente misma de la supremacía jurídica.

¿Acaso La Salle tenía razón?
19 Mayo 2019 04:00:00
Slim y la planeación de largo plazo
En la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, el ingeniero Carlos Slim afirmó que la sociedad está harta de que hayan pasado ya muchos años sin que pase nada, lo que atribuyó a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Es una pena que ese acontecimiento solo se vea como una nota relevante y se presente sin más análisis referencial de la postura de un hombre tan influyente como es él, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el político.

La sola existencia del foro, muy a tono con los mecanismos de operación del poder en las inéditas condiciones que ofrece la globalidad es ya significativa; paso por alto aquí las significaciones que a mi juicio ofrece, para evitar vías de distracción.

Me concentro en los elementos esenciales de la declaración del señor Slim: la sociedad está harta, porque las cosas no han cambiado, y eso se debe a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Yo creo, respecto de la primera aseveración, que la gente está harta de que las cosas no hayan cambiado para bien, porque para mal ¡vaya que ha habido cambios! A ese hartazgo, me parece, habría que agregar, por eso, la indignación.

La afirmación de que falta de planeación a largo plazo, como causa de que las cosas no mejoren para los más (aunque para unos pocos inmoralmente privilegiados sexenalmente sí haya existido bonanza), es correcta, pero requiere, a mi juicio, de algunas precisiones.

En primer lugar, esa planeación no podrá hacerse mientras se pretenda que es una responsabilidad del “gobierno”, y menos aun cuando a éste se le identifica, en craso error, con el Poder Ejecutivo. En todo caso, la convergencia en la planeación y ejecución de acciones deberá responder a criterios claros y perdurables, no a la arbitrariedad pasajera.

Es imposible acceder a una “visión de estado que trascienda los sexenios presidenciales –ineludible para dar cabida al plazo largo– si se pierde de vista que en el “estado de derecho” el poder público es sólo un elemento y que su actuación está sujeta a la ley –en sentido amplio– y no a la inversa.

En rigor, se trata, como lo han definido tradicionalmente los juristas anglosajones, del “gobierno de la Ley, no de los hombres”.

Es imprescindible, para ello, contar con una constitución que de verdad sea suprema y primera; no inmutable, pero sí rígida, para dotar de una base firme y suficientemente duradera para que todo mundo sepa a que atenerse perdurablemente y pueda verse el horizonte de planeación con la claridad suficiente para poder definir y poner en práctica sus estrategias en el espacio que a cada uno corresponde.

Es un problema de cultura, sí, pero también de razonamiento. En los últimos 20 años, las enmiendas constitucionales se han sucedido vertiginosamente, sin mucha reflexión –me temo– y dando lugar no sólo a contradicciones, frivolidades e inadecuaciones técnicas (leves y graves), sino con un efecto adverso a las mejoras que se requieren, con consecuencias aun más perniciosas para la vida social en general, por la función estructural que el derecho tiene sobre ella y todas las facetas que presenta.

Hablar de “estado de derecho” no es hablar de normas jurídicas, es hablar de estructuras firmes, sólidas, flexibles sin ser laxas, que permitan una previsión de horizonte profundo y doten a la vida social, en suma, de “reglas de juego” que sean claras y en las que se pueda confiar, desterrando la zozobra de la incertidumbre.

Mientras eso no ocurra, este país –y cualquiera en tales condiciones– estará condenado al capricho de las veleidades que dicte la voluntad del “dueño” en turno del poder público y, con ello, al fracaso en la construcción de su identidad y de su propio futuro.
19 Mayo 2019 04:00:00
Slim y la planeación de largo plazo
En la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, el ingeniero Carlos Slim afirmó que la sociedad está harta de que hayan pasado ya muchos años sin que pase nada, lo que atribuyó a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Es una pena que ese acontecimiento solo se vea como una nota relevante y se presente sin más análisis referencial de la postura de un hombre tan influyente como es él, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el político.

La sola existencia del foro, muy a tono con los mecanismos de operación del poder en las inéditas condiciones que ofrece la globalidad, es ya significativa; paso por alto aquí las significaciones que a mi juicio ofrece, para evitar vías de distracción.

Me concentro en los elementos esenciales de la declaración del señor Slim: la sociedad está harta, porque las cosas no han cambiado, y eso de debe a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Yo creo, respecto de la primera aseveración, que la gente está harta de que las cosas no hayan cambiado para bien, porque para mal ¡vaya que ha habido cambios! A ese hartazgo, me parece, habría que agregar, por eso, la indignación.

La afirmación de que falta de planeación a largo plazo, como causa de que las cosas no mejoren para los más (aunque para unos pocos inmoralmente privilegiados sexenalmente sí haya existido bonanza), es correcta, pero requiere, a mi juicio, de algunas precisiones.

En primer lugar, esa planeación no podrá hacerse mientras se pretenda que es una responsabilidad del “gobierno”, y menos aun cuando a este se le identifica, en craso error, con el Poder Ejecutivo. En todo caso, la convergencia en la planeación y ejecución de acciones deberá responder a criterios claros y perdurables, no a la arbitrariedad pasajera.

Es imposible acceder a una “visión de estado que trascienda los sexenios presidenciales -ineludible para dar cabida al plazo largo- si se pierde de vista que en el “estado de derecho” el poder público es solo un elemento y que su actuación está sujeta a la ley -en sentido amplio- y no a la inversa.

En rigor, se trata, como lo han definido tradicionalmente los juristas anglosajones, del “gobierno de la Ley, no de los hombres”.

Es imprescindible, para ello, contar con una constitución que de verdad sea suprema y primera; no inmutable, pero sí rígida, para dotar de una base firme y suficientemente duradera para que todo mundo sepa a que atenerse perdurablemente y pueda verse el horizonte de planeación con la claridad suficiente para poder definir y poner en práctica sus estrategias en el espacio que a cada uno corresponde.

Es un problema de cultura, sí, pero también de razonamiento. En los últimos veinte años, las enmiendas constitucionales se han sucedido vertiginosamente, sin mucha reflexión -me temo- y dando lugar no solo a contradicciones, frivolidades e inadecuaciones técnicas (leves y graves), sino con un efecto adverso a las mejoras que se requieren, con consecuencias aun más perniciosas para la vida social en general, por la función estructural que el derecho tiene sobre ella y todas las facetas que presenta.

Hablar de “estado de derecho” no es hablar de normas jurídicas, es hablar de estructuras firmes, sólidas, flexibles sin ser laxas, que permitan una previsión de horizonte profundo y doten a la vida social, en suma, de “reglas de juego” que sean claras y en las que se pueda confiar, desterrando la zozobra de la incertidumbre.

Mientras eso no ocurra, este país -y cualquiera en tales condiciones- estará condenado al capricho de las veleidades que dicte la voluntad del “dueño” en turno del poder público y, con ello, al fracaso en la construcción de su identidad y de su propio futuro.
12 Mayo 2019 04:01:00
Legitimidad, democracia y gobierno
Hay quien piensa que la legitimidad de un gobierno se identifica con el número y porcentaje de votos obtenidos en la elección y se mide –a través de encuestas, por ejemplo– en el grado de aceptación que mantiene entre la ciudadanía.

Quien así discurre, comúnmente considera que la democracia se agota en los procesos electorales, limitándose en el fondo y en última instancia, a cuestiones de números.

Ambas posiciones son, a mi juicio, incorrectas y no sólo conducen a errar en los análisis y cursos de la vida política, sino que debilitan, hasta el grado de la anulación, al debate político, imprescindible en las democracias.

Se quedan ellas en la superficie o peor, en las apariencias, sin tocar la sustancia misma de la acción de gobierno, que no es otra cosa que ejercer la soberanía, conforme a la estructura jurídica que les proporciona sustento, dirección y cauce.

Esa dirección se nutre de valores extendidamente aceptados, se conoce, desde antes de nuestra era, como “interés general, que en el fondo coincide con lo que la escolástica denomina “bien común”.

Si asumimos que la democracia es, sobre todo, gobierno, ese interés general tendrá que ser siempre el rumbo en la ruta del gobernante, si quiere actualizar esa presunción de legitimidad que proporcionan los comicios.

Por eso, a mi juicio, es que la legitimidad en el acceso al poder y, de manera relevante, en su ejercicio, sólo puede alcanzarse cuando converjan el interés general, la democracia y el derecho, sistemáticamente integrados.

Será imposible, en este breve espacio, profundizar sobre el tema, pero bien puede plantearse una hipótesis a partir de la siguiente cuestión: ¿Existe un elemento en el que coincidan todos los miembros de una comunidad, de tal manera que pueda ser llamado “interés general?

Sostengo que sí porque, independientemente de las convicciones y preferencias ideológicas, nadie en su sano juicio podrá negar que la convergencia en el reclamo de ver garantizados sus derechos y libertades fundamentales es plena.

Esa convicción me lleva a afirmar que en esa “triada” compuesta por la democracia -como gobierno, no solo como proceso electoral- el interés general ha de ser concebido como la necesidad de fincar la convivencia civilizada sobre una base de derechos y libertades iguales y armónicamente coexistentes.

En democracia, como método permanente de gobierno encaminado, ha de ejercerse la autoridad de modo que se pueda llevar a la práctica el mandato constitucional de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, y hacerlo conforme a un marco jurídico cuya ordenación tienda congruentemente a esa función, en aras de cuyo equilibrio ha de contemplar también, y respetar, las responsabilidades y obligaciones que les son irremisiblemente correlativas para garantizar su coexistencia armónica.

El estudio de las nociones de poder, democracia y derecho carecería de sentido si no se efectúa desde una perspectiva en la que, estructuralmente, se considere su interacción sistémica indisoluble.

Toda escisión –conceptual y práctica– que entre ellos se pretenda, será inconveniente, porque daría lugar –como en efecto ha ocurrido– a equívocos y errores en el funcionamiento de las instituciones, produciendo graves fallos y consecuencias funestas

En este punto es ineludible decir que, como bien lo percibiera Sartori, hay en estas cuestiones dos niveles de realidad: la “prescriptiva”, que es aquella que recoge el ideal democrático y lo plasma en las normas, y la “descriptiva”, aquella que ofrece la realidad empíricamente.

Es claro que, para que pueda hablarse de “estado de derecho” con propiedad, el ideal democrático deberá coincidir, en términos óptimos, con la realidad democrática y, viceversa; como eso es utópico, bien vale considerar que el acercamiento mayor, constante y consistente, es imprescindible.

Vendría bien, para enriquecer el debate, pero sobre todo para afinar el rumbo, revisar conceptos y conocer bien los paradigmas que se dice querer cambiar, para no seguir inmersos en el remolino de confusión e inconsistencia que parece ir en camino de volverse crónico.
12 Mayo 2019 04:00:00
Legitimidad, democracia y gobierno
Hay quien piensa que la legitimidad de un gobierno se identifica con el número y porcentaje de votos obtenidos en la elección y se mide -a través de encuestas, por ejemplo- en el grado de aceptación que mantiene entre la ciudadanía.

Quien así discurre, comúnmente considera que la democracia se agota en los procesos electorales, limitándose en el fondo y en última instancia, a cuestiones de números.

Ambas posiciones son, a mi juicio, incorrectas y no sólo conducen a errar en los análisis y cursos de la vida política, sino que debilitan, hasta el grado de la anulación, al debate político, imprescindible en las democracias.

Se quedan ellas en la superficie o peor, en las apariencias, sin tocar la sustancia misma de la acción de gobierno, que no es otra cosa que ejercer la soberanía, conforme a la estructura jurídica que les proporciona sustento, dirección y cauce.

Esa dirección se nutre de valores extendidamente aceptados, se conoce, desde antes de nuestra era, como “interés general, que en el fondo coincide con lo que la escolástica denomina “bien común”.

Si asumimos que la democracia es, sobre todo, gobierno, ese interés general tendrá que ser siempre el rumbo en la ruta del gobernante, si quiere actualizar esa presunción de legitimidad que proporcionan los comicios.

Por eso, a mi juicio, es que la legitimidad en el acceso al poder y, de manera relevante, en su ejercicio, sólo puede alcanzarse cuando converjan el interés general, la democracia y el derecho, sistemáticamente integrados.

Será imposible, en este breve espacio, profundizar sobre el tema, pero bien puede plantearse una hipótesis a partir de la siguiente cuestión: ¿Existe un elemento en el que coincidan todos los miembros de una comunidad, de tal manera que pueda ser llamado “interés general?

Sostengo que sí porque, independientemente de las convicciones y preferencias ideológicas, nadie en su sano juicio podrá negar que la convergencia en el reclamo de ver garantizados sus derechos y libertades fundamentales es plena.

Esa convicción me lleva a afirmar que en esa “triada” compuesta por la democracia -como gobierno, no solo como proceso electoral- el interés general ha de ser concebido como la necesidad de fincar la convivencia civilizada sobre una base de derechos y libertades iguales y armónicamente coexistentes.

En democracia, como método permanente de gobierno encaminado, ha de ejercerse la autoridad de modo que se pueda llevar a la práctica el mandato constitucional de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, y hacerlo conforme a un marco jurídico cuya ordenación tienda congruentemente a esa función, en aras de cuyo equilibrio ha de contemplar también, y respetar, las responsabilidades y obligaciones que les son irremisiblemente correlativas para garantizar su coexistencia armónica.

El estudio de las nociones de poder, democracia y derecho carecería de sentido si no se efectúa desde una perspectiva en la que, estructuralmente, se considere su interacción sistémica indisoluble.

Toda escisión -conceptual y práctica- que entre ellos se pretenda, será inconveniente, porque daría lugar -como en efecto ha ocurrido- a equívocos y errores en el funcionamiento de las instituciones, produciendo graves fallos y consecuencias funestas

En este punto es ineludible decir que, como bien lo percibiera Sartori, hay en estas cuestiones dos niveles de realidad: la “prescriptiva”, que es aquella que recoge el ideal democrático y lo plasma en las normas, y la “descriptiva”, aquella que ofrece la realidad empíricamente.

Es claro que, para que pueda hablarse de “estado de derecho” con propiedad, el ideal democrático deberá coincidir, en términos óptimos, con la realidad democrática y, viceversa; como eso es utópico, bien vale considerar que el acercamiento mayor, constante y consistente, es imprescindible.

Vendría bien, para enriquecer el debate, pero sobre todo para afinar el rumbo, revisar conceptos y conocer bien los paradigmas que se dice querer cambiar, para no seguir inmersos en el remolino de confusión e inconsistencia que parece ir en camino de volverse crónico.
05 Mayo 2019 04:00:00
La intervención social y los derechos humanos
El sábado 4 de mayo -ayer- tuve la oportunidad honrosa de presenta, durante el LVII Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social “Retos y Perspectivas de los Modelos de Intervención del Trabajo Social en la Construcción de la Realidad Contemporánea”, el libro “Visión Social de los Derechos Humanos”.

Inmejorable oportunidad para destacar que hablar de derechos humanos y trabajo social es tratar temas propios de disciplinas, más que complementarias, casi simbióticas.

Así lo considero porque, en la dicotomía sujeto-objeto del trabajo social, es imposible evitar, a mi juicio, una posición “constructivista” dado que el objeto del trabajador social no consiste en una descripción empírica de las realidades sociales –como podría corresponder al sociólogo- sino en intervenir en una cierta comunidad para desarrollar su propio potencial en condiciones óptimas.

El trabajador social “construye” su objeto, pero al establecer la diferenciación sistémica frente a su ambiente no puede perder de vista el interés general que anima la vida social toda y sus estándares mínimos, esos que resguardan los valores comunitarios junto a los que vinculan con el gran sistema social de que forman parte, que hoy es, a no dudarse, de dimensiones globales.

Creo que ese ejercicio es uno en el que resulta imposible dejar de reconocer que el denominador que vincula a toda comunidad es la integralidad que descansa en el valor supremo de la dignidad humana -universal, innata, e irrenunciable- cuya expresión más genuina son esas prerrogativas que son inherentes a toda persona y se expresan a través de la plataforma mínima que conocemos como “derechos humanos”.

Cuando el trabajador social quien analiza e interviene el objeto y su entorno, no despersonaliza a las personas que lo componen, sino que, al contrario, las considera imprescindibles porque sabe que trata con sujetos capaces de reconocer y analizar su propia realidad y los problemas que ella plantea, tanto como aportar, como protagonistas, a la búsqueda e instrumentación de las soluciones, tiene muchos más visos de encontrar el buen éxito de sus acciones.

El potente renacimiento que, frente a circunstancias inéditas en la historia del mundo, han experimentado las reivindicaciones de los derechos humanos, no solo da cabida a ese tipo de intervenciones, sino que las demanda urgentemente.

¿Cómo pasar por alto la necesidad de intervenir socialmente para inducir, en medio del caos y la confusión que parecen haberse adueñado del entorno, una cultura que promueva las reivindicaciones sociales significadas por los derechos y libertades fundamentales y sus consiguientes obligaciones y responsabilidades?

En los términos de la acción social se comprenden, irremisiblemente, las realidades políticas, económicas y las correspondientes a sus estructuras jurídicas, y solo con una acción socialmente dirigida, específica y objetiva podrán alcanzarse los cambios en la cultura que lleven a mejores condiciones de vida para todos, y en eso, que atañe a la promoción de los derechos humanos como cultura de respeto y participación, consiste precisamente el objetivo primordial de la acción de transformación social que es, hoy por hoy, imprescindible, tanto en términos de consciencia como de participación activa.

De ahí la importancia de analizar el trabajo social desde la perspectiva de los derechos humanos y la complementariedad ineludible del trabajo social con ellos, materia en la que, a mi juicio, el libro que fue presentado, coordinado por Leticia Cano Soriano y Joaquín Narro Lobo, es una aportación de gran valía.

Se ha puesto a disposición de todas y todos los interesados en el tema con el objetivo de estimular la reflexión creativa y crítica de su contenido, y su mejor destino será ser leído, analizado y criticado, para estimular -provocar, si se quiere- nuevas ideas, construir paradigmas que sustituyan a los caducos, generar nuevos instrumentos de trabajo, redefinir métodos y rediseñar proyectos.

Ojalá que, a la postre, cumpla el libro con ese propósito y sirva para “plantar una pica en Flandes” ante los retos y desafíos del futuro que ya nos alcanzó..
05 Mayo 2019 03:55:00
La intervención social y los derechos humanos
El sábado 4 de mayo –ayer– tuve la oportunidad honrosa de presentar, durante el 57 Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social, Retos y Perspectivas de los Modelos de Intervención del Trabajo Social en la Construcción de la Realidad Contemporánea, el libro Visión Social de los Derechos Humanos.

Inmejorable oportunidad para destacar que hablar de derechos humanos y trabajo social es tratar temas propios de disciplinas, más que complementarias, casi simbióticas.

Así lo considero porque, en la dicotomía sujeto-objeto del trabajo social, es imposible evitar, a mi juicio, una posición “constructivista” dado que el objeto del trabajador social no consiste en una descripción empírica de las realidades sociales –como podría corresponder al sociólogo– sino en intervenir en una cierta comunidad para desarrollar su propio potencial en condiciones óptimas.

El trabajador social “construye” su objeto, pero al establecer la diferenciación sistémica frente a su ambiente no puede perder de vista el interés general que anima la vida social toda y sus estándares mínimos, esos que resguardan los valores comunitarios junto a los que vinculan con el gran sistema social de que forman parte, que hoy es, a no dudarse, de dimensiones globales.

Creo que ese ejercicio es uno en el que resulta imposible dejar de reconocer que el denominador que vincula a toda comunidad es la integralidad que descansa en el valor supremo de la dignidad humana –universal, innata, e irrenunciable– cuya expresión más genuina son esas prerrogativas que son inherentes a toda persona y se expresan a través de la plataforma mínima que conocemos como “derechos humanos”.

Cuando el trabajador social quien analiza e interviene el objeto y su entorno, no despersonaliza a las personas que lo componen, sino que, al contrario, las considera imprescindibles porque sabe que trata con sujetos capaces de reconocer y analizar su propia realidad y los problemas que ella plantea, tanto como aportar, como protagonistas, a la búsqueda e instrumentación de las soluciones, tiene muchos más visos de encontrar el buen éxito de sus acciones.

El potente renacimiento que, frente a circunstancias inéditas en la historia del mundo, han experimentado las reivindicaciones de los derechos humanos, no sólo da cabida a ese tipo de intervenciones, sino que las demanda urgentemente.

¿Cómo pasar por alto la necesidad de intervenir socialmente para inducir, en medio del caos y la confusión que parecen haberse adueñado del entorno, una cultura que promueva las reivindicaciones sociales significadas por los derechos y libertades fundamentales y sus consiguientes obligaciones y responsabilidades?

En los términos de la acción social se comprenden, irremisiblemente, las realidades políticas, económicas y las correspondientes a sus estructuras jurídicas, y solo con una acción socialmente dirigida, específica y objetiva podrán alcanzarse los cambios en la cultura que lleven a mejores condiciones de vida para todos, y en eso, que atañe a la promoción de los derechos humanos como cultura de respeto y participación, consiste precisamente el objetivo primordial de la acción de transformación social que es, hoy por hoy, imprescindible, tanto en términos de consciencia como de participación activa.

De ahí la importancia de analizar el trabajo social desde la perspectiva de los derechos humanos y la complementariedad ineludible del trabajo social con ellos, materia en la que, a mi juicio, el libro que fue presentado, coordinado por Leticia Cano Soriano y Joaquín Narro Lobo, es una aportación de gran valía.

Se ha puesto a disposición de todas y todos los interesados en el tema con el objetivo de estimular la reflexión creativa y crítica de su contenido, y su mejor destino será ser leído, analizado y criticado, para estimular –provocar, si se quiere– nuevas ideas, construir paradigmas que sustituyan a los caducos, generar nuevos instrumentos de trabajo, redefinir métodos y rediseñar proyectos.

Ojalá que, a la postre, cumpla el libro con ese propósito y sirva para “plantar una pica en Flandes” ante los retos y desafíos del futuro que ya nos alcanzó...
27 Abril 2019 04:00:00
Una paz duradera
En el marco de los foros de consulta destinada a recabar información, puntos de vista y otras aportaciones que puedan nutrir el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se perfila uno sobre el tema de la paz, y tiene lugar en la semana siguiente a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, a quien se suele atribuir el aforismo que dice: “Entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho es la paz”, aunque eso sea solo parcialmente exacto, porque la idea de que la paz entre las naciones solo poder alcanzarse cuando exista respeto al orden jurídico y no sea ya la guerra quien le conceda perpetuidad en los sepulcros (La paz perpetua, 2000, Porrúa, México).


La aportación de don Benito, sin embargo, no es peregrina, porque mientras Kant se refería a la paz mundial, él tradujo el valor de la consigna a términos de vida cotidiana entre los seres humanos.


Pero vale la pena, precisamente por eso y porque se iniciará el análisis del tema en la semana que hoy arranca, profundizar algo más en lo dicho por Kant, que mucho tiene que ver con circunstancias que se viven hoy en día.


Dice Kant que “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la constitución republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz-, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.


Sigue: “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la constitución republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz-, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.


Aunque la referencia es hecha, en esencia, a las naciones, la correcta transferencia juarista obliga a considerar que solo en una auténtica república, sometida a un orden jurídico justo e igualitario, podrán alcanzarse los ideales de paz pretendidos, no de otra manera ¿Es ese el caso de nuestras aparentes repúblicas?
21 Abril 2019 04:00:00
Derechos Humanos: Lucro y mediatización política
Los que llamamos “derechos humanos” son, en esencia, el reconocimiento universal a la dignidad humana. Su quebrantamiento, porque son ellos el timbre de legitimidad por excelencia para el ejercicio de todo poder político, se ha vuelto “políticamente incorrecto” para la autoridad.

Pero, por desgracia, eso no ha conducido siempre a un efectivo respeto de ellos y a la garantía de su reparación integral para los casos de violación, sino -muchas veces- a un afán evidente de abanderarlos mediante actos de simulación que, si bien nunca serán inocuos, se ven comúnmente agravados por la revictimización que significa esa que atinadamente ha dado en llamarse “administración del sufrimiento”, ya referida en esta columna.

Si el dolor, las penalidades y las penurias fueron aceptadas en un tiempo como sufrimiento expiatorio, aceptables para merecer una recompensa futura, en esta era de reivindicaciones humanísticas frente a los poderes irrefrenables desatados por la debilidad de las estructuras jurídicas y políticas tradicionales, los gobiernos, invocando la representación del estado, se han apropiado de la gestión del dolor individual, diluyéndolo al integrarlo, no sin la participación de algunos actores privados y sociales, en contextos de “dolor colectivo”.

De esa manera se ha dado lugar a procesos interminables de gestión sociopolítica que, lejos de resultar efectivos en términos de sus propósitos expresos, instauran diferimientos indefinidos, que se vuelven eficaces medios de control, mientras se alejan del objetivo central al que dicen tender.

Hay abundantes muestras de ello. Por ejemplo, en el muy doloroso -y penoso- caso de las desapariciones forzadas, se ha dado lugar a múltiples distracciones respecto del que debiera ser el objetivo central de todo empeño vinculado con el tema: Encontrar a los desaparecidos y reparar integralmente el daño causado a las víctimas.

En lugar de eso, hay múltiples distractores que, por más bondadosos que quieran presentarse, no pasan de ser paliativos periféricos frente al que debiera ser objetivo central de la acción gubernamental en el caso.

Es ese un solo ejemplo. Lo peor de todo es que, en general, no solo no hay resultados satisfactorios ni se exigen las responsabilidades procedentes, estimulando la impunidad, sino que, además, se ha generado una gama amplia de organizaciones, institutos y agrupaciones que, sumadas a aquellas que son legítimas y mantienen un verdadero interés en la lucha por la implantación ética -y no solo jurídica- de la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales, se han dedicado a medrar con su promoción y a generar particulares beneficios económicos y políticos, creando espacios de acción más parecidos a los consorcios empresariales que a los ámbitos de la política, sin la licitud de aquellos.

La existencia de redes que agrupen a instancias gubernamentales con algunos de esos verdaderos consorcios tampoco es extraña, porque resulta mutuamente conveniente: Mientras se disminuyen los riesgos y presiones políticas provenientes de los colectivos genuinos que se logra incorporar a esos procesos, favoreciendo su control político, se abren vías nada despreciables de financiamiento, público y privado, para los agentes no gubernamentales -o aparentemente “no gubernamentales”- involucrados en estos procesos de mediatización política y fuente financiera.

Esos contubernios son evidentes despropósitos que con frecuencia empañan -y hasta llegan a ocultar- el quehacer y compromiso de las muchas y muy activas asociaciones que, con verdadero altruismo y entrega, ocupan su tiempo en promover los derechos humanos y buscar su garantía universal efectiva.

Se sabe que el sufrimiento producido socialmente, es “el ensamblaje de problemas humanos que tienen sus orígenes y consecuencias en las heridas devastadoras que las fuerzas sociales infligen a la experiencia humana. Los individuos intentan comprender sus experiencias y trabajar para sanar en el marco de la vida colectiva” (Kleinman, Das, y Lock; Introduction; Daedalus, Vol. 125, No.1: pp. XI -XX. 1996).

Es así; por eso, cualquier afán digno de crédito en pro de los derechos humanos pasa por la buena fe y una genuina solidaridad. Lo demás es demagogia y lucro con el dolor, necropolítica pura.
14 Abril 2019 04:00:00
Bachelet en Coahuila
Visitó México y se dio tiempo para un corto viaje a Saltillo. En esta ciudad se reunió, en privado, con familiares de víctimas de desaparición forzada, integrados en, al menos, 35 organizaciones del norte del país. Tuvo, además, una reunión pública con el gobernador del estado, parte de su gabinete, y otros invitados.

De la primera reunión trascendió poco; de la segunda algo más. Aquélla se llevó a cabo en un recinto de la sede episcopal, y fue a puerta cerrada, a pesar de lo cual trascendió, según informaron los medios, lo dicho por algunas de las asistentes a la reunión privada, quienes habrían expresado en ella su pesar frente a la ineficacia de las acciones para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos.

De la segunda se dijo que el objetivo habría sido “reflexionar sobre la agenda de derechos humanos en Coahuila”, y según la nota de prensa del portal del gobierno de Coahuila, en esa reunión, la Academia Iberoamericana de Derechos Humanos de la U. A. de C., presentó “la agenda de trabajo para el Programa Estatal de Derechos Humanos (2019-2023), en el que se expusieron los problemas, retos y desafíos que en materia de personas desaparecidas, migrantes, refugiados, periodistas, defensores y víctimas por razón de género y diversidad y orientación sexual”.

Eso está muy bien, porque sin duda son temas álgidos que merecen la mayor atención, aunque la limitación en la referencia podría distorsionar el panorama real que presentan el respeto, la protección, la promoción y la garantía efectiva de los derechos humanos en Coahuila.

Bastaría con asomarse al portal electrónico de la CDHEC para percatarse de que, solamente en los dos años anteriores y lo que va de 2019, se han producido 1496 quejas por ejercicio indebido de la función pública; 928 por detención arbitraria, y 663 por lesiones, entre otras muchas violaciones a los derechos fundamentales cometidas por servidores públicos del gobierno estatal y los municipales, respecto de los cuales nada se dice en el boletín citado.

Preocupante es, además, que tras la fugaz visita de Michelle Bachelet se haya organizado, no sin precipitación, un evento denominado “Plan de Derechos Humanos para Coahuila de Zaragoza 2019-2023”, que tuvo lugar en la infoteca universitaria de Arteaga, Coahuila, en el que se presentaron los ejes rectores previstos para el plan, y sus líneas estratégicas, entre las que no se cuentan las enumeradas en el párrafo anterior.

Destaca en la propuesta también la extensa participación ofrecida de académicos y expertos, pero no de la sociedad civil, a la que se dedica una sola mención entre la que se hace del sector privado, del sector público, de la “sociedad” (colectivos, sindicatos, partidos), y “líderes de opinión (expertos en el tema)”.

Se dice que la doctora Bachelet reconoció el compromiso de Coahuila en cuanto a política de derechos humanos, lo que no le impidió recalcar “la necesidad de fortalecer la agenda para tener mayores avances (se diría que “verdaderos avances”) de la autoridad, a fin de que las víctimas de violencia grave puedan obtener justicia, verdad y reparación”.

Las palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cobran especial relevancia en el contexto de la realidad coahuilense -más allá de las proclamas triunfales y la retórica- porque aun si el marco jurídico y la planeación fueran de verdad encomiables y hasta referencias nacionales, de nada servirán mientras la voluntad política no se traduzca en la verdadera actualización de las aspiraciones de quienes habitan nuestro estado, sean ellas víctimas o no (que siempre pueden serlo) de un ejercicio de autoridad que no responda a las exigencias básicas de la legitimidad que establecen la constitución mexicana y los tratados que, junto a ella, son ley suprema.

Volver la cara a la gente, con sus problemas y agravios reales para resolverlos y prevenirlos, sin revictimización alguna, son una necesidad imperiosa y un deber inexcusable si se quiere ser eficaz en el empeño descrito.
14 Abril 2019 03:54:00
Bachelet en Coahuila
Visitó México y se dio tiempo para un corto viaje a Saltillo. En esta ciudad se reunió, en privado, con familiares de víctimas de desaparición forzada, integrados en, al menos, 35 organizaciones del norte del país. Tuvo, además, una reunión pública con el Gobernador del Estado, parte de su gabinete, y otros invitados.

De la primera reunión trascendió poco; de la segunda algo más. Aquélla se llevó a cabo en un recinto de la sede episcopal y fue a puerta cerrada, a pesar de lo cual trascendió, según informaron los medios, lo dicho por algunas de las asistentes a la reunión privada, quienes habrían expresado en ella su pesar frente a la ineficacia de las acciones para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos.

De la segunda se dijo que el objetivo habría sido “reflexionar sobre la agenda de derechos humanos en Coahuila”, y según la nota de prensa del portal del Gobierno de Coahuila, en esa reunión, la Academia Iberoamericana de Derechos Humanos de la U. A. de C., presentó “la agenda de trabajo para el Programa Estatal de Derechos Humanos (2019-2023), en el que se expusieron los problemas, retos y desafíos en materia de personas desaparecidas, migrantes, refugiados, periodistas, defensores y víctimas por razón de género y diversidad y orientación sexual”.

Eso está muy bien, porque sin duda son temas álgidos que merecen la mayor atención, aunque la limitación en la referencia podría distorsionar el panorama real que presentan el respeto, la protección, la promoción y la garantía efectiva de los derechos humanos en Coahuila.

Bastaría con asomarse al portal electrónico de la CDHEC para percatarse de que, solamente en los dos años anteriores y lo que va de 2019, se han producido mil 496 quejas por ejercicio indebido de la función pública; 928 por detención arbitraria, y 663 por lesiones, entre otras muchas violaciones a los derechos fundamentales cometidas por servidores públicos del gobierno estatal y los municipales, respecto de los cuales nada se dice en el boletín citado.

Preocupante es, además, que tras la fugaz visita de Michelle Bachelet se haya organizado, no sin precipitación, un evento denominado Plan de Derechos Humanos para Coahuila de Zaragoza 2019-2023, que tuvo lugar en la infoteca universitaria de Arteaga, Coahuila, en el que se presentaron los ejes rectores previstos para el plan, y sus líneas estratégicas, entre las que no se cuentan las enumeradas en el párrafo anterior.

Destaca en la propuesta también la extensa participación ofrecida de académicos y expertos, pero no de la sociedad civil, a la que se dedica una sola mención entre la que se hace del sector privado, del sector público, de la “sociedad” (colectivos, sindicatos, partidos), y “líderes de opinión (expertos en el tema)”.

Se dice que la doctora Bachelet reconoció el compromiso de Coahuila en cuanto a política de derechos humanos, lo que no le impidió recalcar “la necesidad de fortalecer la agenda para tener mayores avances (se diría que “verdaderos avances”) de la autoridad, a fin de que las víctimas de violencia grave puedan obtener justicia, verdad y reparación”.

Las palabras de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cobran especial relevancia en el contexto de la realidad coahuilense –más allá de las proclamas triunfales y la retórica– porque aun si el marco jurídico y la planeación fueran de verdad encomiables y hasta referencias nacionales, de nada servirán mientras la voluntad política no se traduzca en la verdadera actualización de las aspiraciones de quienes habitan nuestro estado, sean ellas víctimas o no (que siempre pueden serlo) de un ejercicio de autoridad que no responda a las exigencias básicas de la legitimidad que establecen la Constitución mexicana y los tratados que, junto a ella, son Ley Suprema.

Volver la cara a la gente, con sus problemas y agravios reales para resolverlos y prevenirlos, sin revictimización alguna, son una necesidad imperiosa y un deber inexcusable si se quiere ser eficaz en el empeño descrito.
07 Abril 2019 04:00:00
El desdén hacia los vulnerables
En estos tiempos de “corrección” fingida, el lenguaje de la política se ha llenado de eufemismos para distraer la atención de lo esencial y poder administrar las crisis.

A los afanes, que han sido exitosos a ese propósito, de colectivizar el dolor individual y apropiarse de este para poder gestionarlo mediante las técnicas que algunos, no sin razón, han llamado “necropolíticas públicas”, hay que agregar otro tema que le resulta afín: el rechazo social a las personas vulnerables, una condición que pareciera ser atávica y que solo podrá redirigirse si ese distintivo de la humanidad que es la ética entra en juego, y que es requisito para el ejercicio de la libertad en su mejor acepción.

Adela Cortina, estudiosa del fenómeno, lo llama “aporofobia”, porque insiste -y yo con ella- en que es necesario nombrar con claridad y precisión a las cosas -entre ellas ese rechazo- porque de otra manera resultará imposible percibir en su justa medida la asimetría entre las personas “bien y mal situadas” en los estratos sociales, con toda la trascendencia que tal imprecisión conlleva, como ya se ha constatado sobradamente en este mundo entregado a las vicisitudes del mercado, casualmente favorables, por lo común, al poderoso.

La “aporofobia” se origina -dice Cortina- en la tendencia a desentenderse los seres humanos de todo aquello que les molesta o estorba, lo que es “improductivo” en términos de la creación de satisfactores, perspectiva que, añado, no puede juzgarse sino como franca e injustificadamente discriminatoria, y por lo tanto indigna, merecedora de condena.

Ese rechazo, empero, en realidad no solo es al pobre, sino a toda aquella persona que atraviese por alguna situación que debilite su condición social y la haga presa fácil del desdén. Caben en la categoría los niños, niñas y adolescentes frente a los abusos de sus mayores o compañeros en mejor posición de fuerza, como sucede en el llamado “bullying”, o cualquier otra forma de acoso. También en la violencia de género y en los abusos de autoridad; en la explotación del dolor ajeno, o de la migración, sacando raja político-electoral o beneficio económico.

¿Hay antídoto? Sin duda: la historia ha demostrado que sí, porque frente a la supuestamente atávica tendencia a desechar lo incómodo y competir por los bienes materiales -siempre escasos, sobre todo para las personas codiciosas- está el escrúpulo de la conciencia social, que bien cultivada da en la construcción colectiva del mundo libre, pero justo, que la condición humana reclama para todos porque dignidad significa, precisamente, pertenencia.

Para alcanzar ese propósito, sin embargo, es necesario corregir el vacío ocasionado por el abandono que han sufrido en la educación las humanidades, en aras de formar técnicos aptos para integrarse, “competitivamente”, a las industrias manufactureras, olvidando el cultivo de aquello que es distintivo del género humano y le permite aprender a conducirse con responsabilidad individual y socialmente.

Es claro que, mientras quienes deberían enmendar esa situación no acometan la tarea, nada bueno pasará.

En una entrevista concedida a la revista electrónica “hoy es arte”, Adela Cortina dijo: “A mi juicio los políticos deberían esmerarse por pensar en el bien común y en resolver los problemas de la ciudadanía y no en sus intereses particulares y en ganar votos. Creo que estamos permanentemente en democracias electoralistas. Da la sensación, por cómo actúan muchos políticos, [de] que siempre estamos en campaña y, en consecuencia, las decisiones que se toman dependen más de una campaña electoral que de los ciudadanos y de la resolución de los problemas. Sería muy interesante que los políticos se dieran cuenta de que están al servicio de las personas y no a la inversa, en sus batallas particulares, en sus argucias particulares…” ( HYPERLINK “https://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/adela-cortina-una-parte-de-la-sociedad-actua-como-si-los-mejor-situados-fueran-superiores_261286/”
https://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/adela-cortina-una-parte-de-la-sociedad-actua-como-si-los-mejor-situados-fueran-superiores_261286/).

También creo que esa es una de las causas del vacío en la conciencia de responsabilidad social, y por lo tanto de la explotación indebida del sufrimiento y las asimetrías; no puedo menos, entonces, que adherirme a la opinión y al exhorto transcritos.
07 Abril 2019 03:25:00
El desdén hacia los vulnerables
En estos tiempos de “corrección” fingida, el lenguaje de la política se ha llenado de eufemismos para distraer la atención de lo esencial y poder administrar las crisis.

A los afanes, que han sido exitosos a ese propósito, de colectivizar el dolor individual y apropiarse de este para poder gestionarlo mediante las técnicas que algunos, no sin razón, han llamado “necropolíticas públicas”, hay que agregar otro tema que le resulta afín: el rechazo social a las personas vulnerables, una condición que pareciera ser atávica y que solo podrá redirigirse si ese distintivo de la humanidad que es la ética entra en juego, y que es requisito para el ejercicio de la libertad en su mejor acepción.

Adela Cortina, estudiosa del fenómeno, lo llama “aporofobia”, porque insiste –y yo con ella– en que es necesario nombrar con claridad y precisión a las cosas –entre ellas ese rechazo– porque de otra manera resultará imposible percibir en su justa medida la asimetría entre las personas “bien y mal situadas” en los estratos sociales, con toda la trascendencia que tal imprecisión conlleva, como ya se ha constatado sobradamente en este mundo entregado a las vicisitudes del mercado, casualmente favorables, por lo común, al poderoso.

La “aporofobia” se origina –dice Cortina– en la tendencia a desentenderse los seres humanos de todo aquello que les molesta o estorba, lo que es “improductivo” en términos de la creación de satisfactores, perspectiva que, añado, no puede juzgarse sino como franca e injustificadamente discriminatoria, y por lo tanto indigna, merecedora de condena.

Ese rechazo, empero, en realidad no solo es al pobre, sino a toda aquella persona que atraviese por alguna situación que debilite su condición social y la haga presa fácil del desdén. Caben en la categoría los niños, niñas y adolescentes frente a los abusos de sus mayores o compañeros en mejor posición de fuerza, como sucede en el llamado “bullying”, o cualquier otra forma de acoso. También en la violencia de género y en los abusos de autoridad; en la explotación del dolor ajeno, o de la migración, sacando raja político-electoral o beneficio económico.

¿Hay antídoto? Sin duda: la historia ha demostrado que sí, porque frente a la supuestamente atávica tendencia a desechar lo incómodo y competir por los bienes materiales –siempre escasos, sobre todo para las personas codiciosas- está el escrúpulo de la conciencia social, que bien cultivada da en la construcción colectiva del mundo libre, pero justo, que la condición humana reclama para todos porque dignidad significa, precisamente, pertenencia.

Para alcanzar ese propósito, sin embargo, es necesario corregir el vacío ocasionado por el abandono que han sufrido en la educación las humanidades, en aras de formar técnicos aptos para integrarse, “competitivamente”, a las industrias manufactureras, olvidando el cultivo de aquello que es distintivo del género humano y le permite aprender a conducirse con responsabilidad individual y socialmente. Es claro que, mientras quienes deberían enmendar esa situación no acometan la tarea, nada bueno pasará.

En una entrevista concedida a la revista electrónica Hoy es Arte, Adela Cortina dijo: “A mi juicio los políticos deberían esmerarse por pensar en el bien común y en resolver los problemas de la ciudadanía y no en sus intereses particulares y en ganar votos. Creo que estamos permanentemente en democracias electoralistas. Da la sensación, por cómo actúan muchos políticos, [de] que siempre estamos en campaña y, en consecuencia, las decisiones que se toman dependen más de una campaña electoral que de los ciudadanos y de la resolución de los problemas. Sería muy interesante que los políticos se dieran cuenta de que están al servicio de las personas y no a la inversa, en sus batallas particulares, en sus argucias particulares…” ( HYPERLINK “https://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/adela-cortina-una-parte-de-la-sociedad-actua-como-si-los-mejor-situados-fueran-superiores_261286/”https://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/adela-cortina-una-parte-de-la-sociedad-actua-como-si-los-mejor-situados-fueran-superiores_261286/).

También creo que esa es una de las causas del vacío en la conciencia de responsabilidad social, y por lo tanto de la explotación indebida del sufrimiento y las asimetrías; no puedo menos, entonces, que adherirme a la opinión y al exhorto transcritos.
31 Marzo 2019 04:00:00
Derechos humanos: Lucro y mediatización política
Los que llamamos “derechos humanos” son, en esencia, el reconocimiento universal a la dignidad humana. Su quebrantamiento, porque son ellos el timbre de legitimidad por excelencia para el ejercicio de todo poder político, se ha vuelto “políticamente incorrecto” para la autoridad.

Pero, por desgracia, eso no ha conducido siempre a un efectivo respeto de ellos y a la garantía de su reparación integral para los casos de violación, sino -muchas veces- a un afán evidente de abanderarlos mediante actos de simulación que, si bien nunca serán inocuos, se ven comúnmente agravados por la revictimización que significa esa que atinadamente ha dado en llamarse “administración del sufrimiento”, ya referida en esta columna.

Si el dolor, las penalidades y las penurias fueron aceptadas en un tiempo como sufrimiento expiatorio, aceptables para merecer una recompensa futura, en esta era de reivindicaciones humanísticas frente a los poderes irrefrenables desatados por la debilidad de las estructuras jurídicas y políticas tradicionales, los gobiernos, invocando la representación del estado, se han apropiado de la gestión del dolor individual, diluyéndolo al integrarlo, no sin la participación de algunos actores privados y sociales, en contextos de “dolor colectivo”.

De esa manera se ha dado lugar a procesos interminables de gestión sociopolítica que, lejos de resultar efectivos en términos de sus propósitos expresos, instauran diferimientos indefinidos, que se vuelven eficaces medios de control, mientras se alejan del objetivo central al que dicen tender.

Hay abundantes muestras de ello. Por ejemplo, en el muy doloroso -y penoso- caso de las desapariciones forzadas, se ha dado lugar a múltiples distracciones respecto del que debiera ser el objetivo central de todo empeño vinculado con el tema: encontrar a los desaparecidos y reparar integralmente el daño causado a las víctimas.

En lugar de eso, hay múltiples distractores que, por más bondadosos que quieran presentarse, no pasan de ser paliativos periféricos frente al que debiera ser objetivo central de la acción gubernamental en el caso.

Es ese un solo ejemplo. Lo peor de todo es que, en general, no solo no hay resultados satisfactorios ni se exigen las responsabilidades procedentes, estimulando la impunidad, sino que, además, se ha generado una gama amplia de organizaciones, institutos y agrupaciones que, sumadas a aquellas que son legítimas y mantienen un verdadero interés en la lucha por la implantación ética -y no solo jurídica- de la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales, se han dedicado a medrar con su promoción y a generar particulares beneficios económicos y políticos, creando espacios de acción más parecidos a los consorcios empresariales que a los ámbitos de la política, sin la licitud de aquéllos.

La existencia de redes que agrupen a instancias gubernamentales con algunos de esos verdaderos consorcios tampoco es extraña, porque resulta mutuamente conveniente: mientras se disminuyen los riesgos y presiones políticas provenientes de los colectivos genuinos que se logra incorporar a esos procesos, favoreciendo su control político, se abren vías nada despreciables de financiamiento, público y privado, para los agentes no gubernamentales -o aparentemente “no gubernamentales”- involucrados en estos procesos de mediatización política y fuente financiera.

Esos contubernios son evidentes despropósitos que con frecuencia empañan -y hasta llegan a ocultar- el quehacer y compromiso de las muchas y muy activas asociaciones que, con verdadero altruismo y entrega, ocupan su tiempo en promover los derechos humanos y buscar su garantía universal efectiva.

Se sabe que el sufrimiento producido socialmente, es “el ensamblaje de problemas humanos que tienen sus orígenes y consecuencias en las heridas devastadoras que las fuerzas sociales infligen a la experiencia humana. Los individuos intentan comprender sus experiencias y trabajar para sanar en el marco de la vida colectiva” (Kleinman, Das, y Lock; Introduction; Daedalus, Vol. 125, No.1: pp. XI -XX. 1996).

Es así; por eso, cualquier afán digno de crédito en pro de los derechos humanos pasa por la buena fe y una genuina solidaridad. Lo demás es demagogia y lucro con el dolor, necropolítica pura.
31 Marzo 2019 03:44:00
Derechos humanos: Lucros y mediatización política
Los que llamamos “derechos humanos” son, en esencia, el reconocimiento universal a la dignidad humana. Su quebrantamiento, porque son ellos el timbre de legitimidad por excelencia para el ejercicio de todo poder político, se ha vuelto “políticamente incorrecto” para la autoridad.

Pero, por desgracia, eso no ha conducido siempre a un efectivo respeto de ellos y a la garantía de su reparación integral para los casos de violación, sino –muchas veces– a un afán evidente de abanderarlos mediante actos de simulación que, si bien nunca serán inocuos, se ven comúnmente agravados por la revictimización que significa esa que atinadamente ha dado en llamarse “administración del sufrimiento”, ya referida en esta columna.

Si el dolor, las penalidades y las penurias fueron aceptadas en un tiempo como sufrimiento expiatorio, aceptables para merecer una recompensa futura, en esta era de reivindicaciones humanísticas frente a los poderes irrefrenables desatados por la debilidad de las estructuras jurídicas y políticas tradicionales, los gobiernos, invocando la representación del estado, se han apropiado de la gestión del dolor individual, diluyéndolo al integrarlo, no sin la participación de algunos actores privados y sociales, en contextos de “dolor colectivo”.

De esa manera se ha dado lugar a procesos interminables de gestión sociopolítica que, lejos de resultar efectivos en términos de sus propósitos expresos, instauran diferimientos indefinidos, que se vuelven eficaces medios de control, mientras se alejan del objetivo central al que dicen tender.

Hay abundantes muestras de ello. Por ejemplo, en el muy doloroso –y penoso– caso de las desapariciones forzadas, se ha dado lugar a múltiples distracciones respecto del que debiera ser el objetivo central de todo empeño vinculado con el tema: encontrar a los desaparecidos y reparar integralmente el daño causado a las víctimas.

En lugar de eso, hay múltiples distractores que, por más bondadosos que quieran presentarse, no pasan de ser paliativos periféricos frente al que debiera ser objetivo central de la acción gubernamental en el caso.

Es ese un solo ejemplo. Lo peor de todo es que, en general, no solo no hay resultados satisfactorios ni se exigen las responsabilidades procedentes, estimulando la impunidad, sino que, además, se ha generado una gama amplia de organizaciones, institutos y agrupaciones que, sumadas a aquellas que son legítimas y mantienen un verdadero interés en la lucha por la implantación ética -y no solo jurídica- de la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales, se han dedicado a medrar con su promoción y a generar particulares beneficios económicos y políticos, creando espacios de acción más parecidos a los consorcios empresariales que a los ámbitos de la política, sin la licitud de aquéllos.

La existencia de redes que agrupen a instancias gubernamentales con algunos de esos verdaderos consorcios tampoco es extraña, porque resulta mutuamente conveniente: mientras se disminuyen los riesgos y presiones políticas provenientes de los colectivos genuinos que se logra incorporar a esos procesos, favoreciendo su control político, se abren vías nada despreciables de financiamiento, público y privado, para los agentes no gubernamentales –o aparentemente “no gubernamentales”– involucrados en estos procesos de mediatización política y fuente financiera.

Esos contubernios son evidentes despropósitos que con frecuencia empañan –y hasta llegan a ocultar– el quehacer y compromiso de las muchas y muy activas asociaciones que, con verdadero altruismo y entrega, ocupan su tiempo en promover los derechos humanos y buscar su garantía universal efectiva.

Se sabe que el sufrimiento producido socialmente, es “el ensamblaje de problemas humanos que tienen sus orígenes y consecuencias en las heridas devastadoras que las fuerzas sociales infligen a la experiencia humana. Los individuos intentan comprender sus experiencias y trabajar para sanar en el marco de la vida colectiva” (Kleinman, Das, y Lock; Introduction; Daedalus, Vol. 125, No.1: pp. XI -XX. 1996).

Es así; por eso, cualquier afán digno de crédito en pro de los derechos humanos pasa por la buena fe y una genuina solidaridad. Lo demás es demagogia y lucro con el dolor, necropolítica pura.
24 Marzo 2019 04:00:00
Una paz duradera
En el marco de los foros de consulta destinada a recabar información, puntos de vista y otras aportaciones que puedan nutrir el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se perfila uno sobre el tema de la paz, y tiene lugar en la semana siguiente a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, a quien se suele atribuir el aforismo que dice: “Entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho es la paz”, aunque eso sea solo parcialmente exacto, porque la idea de que la paz entre las naciones solo poder alcanzarse cuando exista respeto al orden jurídico y no sea ya la guerra quien le conceda perpetuidad en los sepulcros (La paz perpetua, 2000, Porrúa, México).

La aportación de don Benito, sin embargo, no es peregrina, porque mientras Kant se refería a la paz mundial, él tradujo el valor de la consigna a términos de vida cotidiana entre los seres humanos.

Pero vale la pena, precisamente por eso y porque se iniciará el análisis del tema en la semana que hoy arranca, profundizar algo más en lo dicho por Kant, que mucho tiene que ver con circunstancias que se viven hoy en día.

Dice Kant que “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la constitución republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz-, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.

Sigue: “la constitución republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la constitución republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz-, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.

Aunque la referencia es hecha, en esencia, a las naciones, la correcta transferencia juarista obliga a considerar que solo en una auténtica república, sometida a un orden jurídico justo e igualitario, podrán alcanzarse los ideales de paz pretendidos, no de otra manera ¿Es ese el caso de nuestras aparentes repúblicas?
24 Marzo 2019 03:42:00
Una paz duradera
En el marco de los foros de consulta destinada a recabar información, puntos de vista y otras aportaciones que puedan nutrir el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se perfila uno sobre el tema de la paz, y tiene lugar en la semana siguiente a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, a quien se suele atribuir el aforismo que dice: “Entre los hombres, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, aunque eso sea solo parcialmente exacto, porque la idea de que la paz entre las naciones solo podrá alcanzarse cuando exista respeto al orden jurídico y no sea ya la guerra quien le conceda perpetuidad en los sepulcros (La paz perpetua, 2000, Porrúa, México).

La aportación de don Benito, sin embargo, no es peregrina, porque mientras Kant se refería a la paz mundial, él tradujo el valor de la consigna a términos de vida cotidiana entre los seres humanos.

Pero vale la pena, precisamente por eso y porque se iniciará el análisis del tema en la semana que hoy arranca, profundizar algo más en lo dicho por Kant, que mucho tiene que ver con circunstancias que se viven hoy en día.

Dice Kant que “la Constitución Republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello. En la Constitución Republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz–, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto- que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.

Sigue: “la constitución Republicana, además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz perpetua”, y explica: “He aquí los motivos de ello.

En la constitución Republicana no puede por menos ser necesario el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra. Nada más natural, por tanto, que, ya que ellos han de sufrir los males de la guerra –como son los combates, los gastos, la devastación, el peso abrumador de la deuda pública, que trasciende a tiempos de paz–, lo piensen mucho y vacilen antes de decidirse a tan arriesgado juego. En cambio, en una constitución en la cual el súbdito no es ciudadano, en una constitución no republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo. El jefe del Estado no es un conciudadano, sino un amo, y la guerra no perturba en lo más mínimo su vida regalada, que transcurre en banquetes, cazas y castillos placenteros. La guerra, para él, es una especie de diversión, y puede declararla por levísimos motivos, encargando luego al cuerpo diplomático –siempre bien dispuesto– que cubra las apariencias y rebusque una justificación plausible”.

Aunque la referencia es hecha, en esencia, a las naciones, la correcta transferencia juarista obliga a considerar que solo en una auténtica república, sometida a un orden jurídico justo e igualitario, podrán alcanzarse los ideales de paz pretendidos, no de otra manera ¿Es ese el caso de nuestras aparentes repúblicas?
17 Marzo 2019 04:00:00
La administración del sufrimiento como política pública
Uno de los efectos negativos del renacimiento más o menos reciente de los derechos humanos como categoría política es, a no dudarlo, el vaciamiento de la noción causado por el abuso de su invocación como recurso retórico, sin que en el fondo se les considere como imperativos políticos.

Esa circunstancia ha conducido, incluso, a la creación de rituales protocolarios no solo innecesarios, sino altamente inconvenientes, porque tienden cortinas de humo ocultan la inacción, aparentando preocupación por la materia. Así, por ejemplo, se firman convenios para establecer compromisos que ya constan en la constitución, los tratados y las leyes, que no requieren de compromisos o declaraciones adicionales para que sus imperativos sean válidos.

Hay todavía un efecto más pernicioso y socialmente corrosivo: “Los poderes de dominación elaboran diversas intervenciones tecnológicas para <> el sufrimiento social, mismas que intensifican este debido a sus efectos morales, económicos y de género, y a que terminan normalizando patologías sociales o patologizando la psicología del terror”, según con tino afirma Ariadna Estévez en su artículo “Los derechos humanos como administración del sufrimiento: el caso del derecho de asilo” (Gaceta “Políticas”, No. 270, “Sin fronteras”, febrero 2019), en referencia a la obra “Social Sufering” (coordinada por los investigadores Arthur Kleinman, Veena Das y Margaret M. Lock (1997, University of California Press).

“Estas políticas transforman las expresiones locales de las víctimas en lenguajes profesionales universales de queja y restitución —como el de derechos humanos, lo cual rehace las representaciones y experiencias de sufrimiento, induciendo a la intensificación del mismo”, y a su juicio, esa “burocratización” del sufrimiento social “tiene el objetivo de manipular el tiempo de las víctimas, pues la espera es una dimensión simbólica de la subordinación política”.

Es así como la vida de aquellos que sufren “acontece en un tiempo orientado por agentes poderosos, en una dominación que se transforma en espera” y anula la acción política adversa de esos colectivos sociales.

En cambio, se construyen sujetos “funcionales” y se conjuntan diversos tipos de lo que los autores citados denominan “necropolítica pública”, como son los “comités y comisiones especiales, reglamentos, unidades de atención a víctimas”, cuya operación se da a través de tecnologías que regulan la agencia política.

La primera de esas tecnologías que identifican es la “complejidad interinstitucional”, por medio de la cual se conjuntan “representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en comités o consejos en los que las organizaciones pueden o no tener representación, pero que sirven de foros de colaboración sin influencia real”.

A partir del andamiaje así construido, se pone en práctica “un complejo juego de trámites burocráticos que dan al sujeto la ilusión de que están avanzando hacia la justicia…aunque la característica fundamental sea la espera”.

La segunda es la “subjetivación”, por medio de la cual, las políticas públicas “construyen” a un “sujeto pasivo”, que es sujeto de intervención para gestionar “positivamente” su sufrimiento; los individuos se convierten en “objetos de intervención gubernamental que sólo esperan, y la espera genera comportamientos sumisos”.

La práctica nos ha enseñado que esa tecnología de las “necropolíticas públicas” ha sido ampliamente empleada, con efectos muy cercanos a la descripción de los que Kleiman, Das y Lock detectaron como conclusión de sus estudios en la materia.

Lo peor del caso es que no solo se han generado complejas tramas burocráticas y rituales de simulación para prolongar el efecto de la ilusión y la capacidad de control de las situaciones políticas derivadas del sufrimiento y el dolor, sino que también han dado lugar a la construcción de verdaderas organizaciones corporativas, con todo y “holding”, para encubrir -al margen de la ley o, cuando menos, con gran riesgo de ello- lucrativas gestiones que favorecen a unos cuantos que no son , precisamente, aquellas personas aquejadas por el sufrimiento.

En conclusión y por lo visto, el nombre de “necropolíticas públicas” que los autores en cita les dan a estas prácticas, por crudo que parezca, podría ser acertado.
17 Marzo 2019 03:13:00
La administración del sufrimiento como política pública
Uno de los efectos negativos del renacimiento más o menos reciente de los derechos humanos como categoría política es, a no dudarlo, el vaciamiento de la noción causado por el abuso de su invocación como recurso retórico, sin que en el fondo se les considere como imperativos políticos.

Esa circunstancia ha conducido, incluso, a la creación de rituales protocolarios no solo innecesarios, sino altamente inconvenientes, porque tienden cortinas de humo que ocultan la inacción, aparentando preocupación por la materia.

Así, por ejemplo, se firman convenios para establecer compromisos que ya constan en la Constitución, los tratados y las leyes, que no requieren de compromisos o declaraciones adicionales para que sus imperativos sean válidos.

Hay todavía un efecto más pernicioso y socialmente corrosivo: “los poderes de dominación elaboran diversas intervenciones tecnológicas para ‘tratar’ el sufrimiento social, mismas que intensifican este debido a sus efectos morales, económicos y de género, y a que terminan normalizando patologías sociales o patologizando la psicología del terror”, según con tino afirma Ariadna Estévez en su artículo Los Derechos Humanos como Administración del Sufrimiento: el Caso del Derecho de Asilo (Gaceta Políticas, No. 270, Sin Fronteras, febrero 2019), en referencia a la obra Social Sufering (coordinada por los investigadores Arthur Kleinman, Veena Das y Margaret M. Lock (1997, University of California Press).

“Estas políticas transforman las expresiones locales de las víctimas en lenguajes profesionales universales de queja y restitución –como el de derechos humanos–, lo cual rehace las representaciones y experiencias de sufrimiento, induciendo a la intensificación del mismo”, y a su juicio, esa “burocratización” del sufrimiento social “tiene el objetivo de manipular el tiempo de las víctimas, pues la espera es una dimensión simbólica de la subordinación política”.

Es así como la vida de aquellos que sufren “acontece en un tiempo orientado por agentes poderosos, en una dominación que se transforma en espera” y anula la acción política adversa de esos colectivos sociales.

En cambio, se construyen sujetos “funcionales” y se conjuntan diversos tipos de lo que los autores citados denominan “necropolítica pública”, como son los “comités y comisiones especiales, reglamentos, unidades de atención a víctimas”, cuya operación se da a través de tecnologías que regulan la agencia política.

La primera de esas tecnologías que identifican es la “complejidad interinstitucional”, por medio de la cual se conjuntan “representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo en comités o consejos en los que las organizaciones pueden o no tener representación, pero que sirven de foros de colaboración sin influencia real”.

A partir del andamiaje así construido, se pone en práctica “un complejo juego de trámites burocráticos que dan al sujeto la ilusión de que están avanzando hacia la justicia… aunque la característica fundamental sea la espera”.

La segunda es la “subjetivación” por medio de la cual las políticas públicas “construyen” a un “sujeto pasivo”, que es sujeto de intervención para gestionar “positivamente” su sufrimiento; los individuos se convierten en “objetos de intervención gubernamental que sólo esperan, y la espera genera comportamientos sumisos”.

La práctica nos ha enseñado que esa tecnología de las “necropolíticas públicas” ha sido ampliamente empleada, con efectos muy cercanos a la descripción de los que Kleiman, Das y Lock detectaron como conclusión de sus estudios en la materia.

Lo peor del caso es que no sólo se han generado complejas tramas burocráticas y rituales de simulación para prolongar el efecto de la ilusión y la capacidad de control de las situaciones políticas derivadas del sufrimiento y el dolor, sino que también han dado lugar a la construcción de verdaderas organizaciones corporativas, con todo y “holding”, para encubrir –al margen de la ley o, cuando menos, con gran riesgo de ello– lucrativas gestiones que favorecen a unos cuantos que no son , precisamente, aquellas personas aquejadas por el sufrimiento.

En conclusión y por lo visto, el nombre de “necropolíticas públicas” que los autores en cita les dan a estas prácticas, por crudo que parezca, podría ser acertado.
10 Marzo 2019 04:00:00
Cien días
Cien días es una cifra arbitraria y un periodo muy corto, en general, para evaluar las acciones de política y gestión pública efectuadas, pero se hizo hábito, desde los últimos regímenes presidenciales del PRI, hacer un corte al concluirse ese lapso tras la asunción del poder ejecutivo por el ciudadano electo para ese fin.

Fiel a la tradición, el actual presidente ha dejado saber que hará un balance de su propia centuria inicial, de lo que habrá que estar pendientes. Mientras tanto, no está de más revisar, así sea someramente, algunas líneas de acción que sin duda apuntan al rumbo que él mismo se ha trazado.

Es claro que se ha empeñado en dos direcciones, que son políticamente complementarias: en primer lugar, de manera hasta hoy exitosa, ha puesto énfasis en el debilitamiento de los obstáculos que, a su juicio, enfrenta su perspectiva, sin parar mientes en las instituciones que le resultan incómodas; coincidentemente, sus esfuerzos por concentrar el poder en sus manos, y no compartirlo con nadie, son evidentes.

Ha podido hacerlo gracias al muy amplio margen de maniobra que le concedió el proceso electoral del año pasado cuando configuró las cámaras legislativas del país con correligionarios suyos, dando lugar a la capacidad de construir un orden jurídico, y por lo tanto un “estado de derecho”, a la medida. Eso, que no es promisorio, es, en cambio, enfáticamente riesgoso.

En los primeros tiempos, aún antes de rendir la protesta de ley, tomó decisiones drásticas de negativo impacto económico y muy discutible beneficio político en el largo plazo, lo que quizás no sea para él muy importante, porque es evidente que su mirada está puesta en la consolidación de su poder en la elección intermedia.

Aun así, las reacciones de las agencias financieras y la prospectiva económica auguran turbulencias severas si no se le pone la debida atención a la circunstancia económica en que México se desenvuelve inevitablemente.

En lo político, si bien es cierto que su actuación ha discurrido como cuchillo en mantequilla templada, también lo es que entre sus huestes han surgido diferendos que, muy pronto, podrían convertirse en fracturas severas de su aparentemente monolítico soporte.

Para muestra, tres botones: las sucesiones gubernamentales de Baja California y de Puebla -tras el todavía inexplicado suceso en que perdieran la vida la gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle- y un tema que parece apuntar más a ser estructural que de coyuntura y que surgió con fuerza el día mismo de la mujer y que tiene que ver con su reclamo al derecho de interrumpir el embarazo, tema que AMLO rehúye cada vez que con él se le confronta y que, independientemente de las creencias y convicciones de cada quien, está y estará presente en el debate político, especialmente desde la izquierda.

Han sido cien días, además, de “conferencias mañaneras” de prensa, cuyo propósito aparente es mantener informado al pueblo, pero que evidentemente tiene el objetivo de señalar la agenda política y llevar el debate hacia terrenos propicios para sus estrategias, con el efecto adicional de que con esa táctica ha conseguido mantener un verdadero “cerco informativo”, porque no existe tema que pueda abordarse mediáticamente si no es de los tratados por él; en términos periodísticos, estaría desfasado del tópico del momento, que no es otro que el elegido por él.

Cien días en los que lo único incontestable es el intenso proceso de concentración de poder, sin que todavía pueda saberse para qué, porque las proclamas reivindicatorias de los derechos “del pueblo” distan de permitir vislumbrar apenas resultados factibles, sobre todo cuando se prenden, como se van ya prendiendo las alarmas económicas.

Tampoco las políticas se antojan convenientes, porque la división y la confrontación no hacen comunidad; la rompen y provocan discriminación.

El poder es instrumento destinado a la cohesión social y la preservación de los valores generales, no a su destrucción. No está de más recordarlo ahora, para tenerlo presente siempre.
10 Marzo 2019 03:59:00
Cien días
Cien días es una cifra arbitraria y un periodo muy corto, en general, para evaluar las acciones de política y gestión pública efectuadas, pero se hizo hábito, desde los últimos regímenes presidenciales del PRI, hacer un corte al concluirse ese lapso tras la asunción del poder Ejecutivo por el ciudadano electo para ese fin.

Fiel a la tradición, el actual Presidente ha dejado saber que hará un balance de su propia centuria inicial, de lo que habrá que estar pendientes. Mientras tanto, no está de más revisar, así sea someramente, algunas líneas de acción que sin duda apuntan al rumbo que él mismo se ha trazado.

Es claro que se ha empeñado en dos direcciones, que son políticamente complementarias: en primer lugar, de manera hasta hoy exitosa, ha puesto énfasis en el debilitamiento de los obstáculos que, a su juicio, enfrenta su perspectiva, sin parar mientes en las instituciones que le resultan incómodas; coincidentemente, sus esfuerzos por concentrar el poder en sus manos, y no compartirlo con nadie, son evidentes.

Ha podido hacerlo gracias al muy amplio margen de maniobra que le concedió el proceso electoral del año pasado cuando configuró las cámaras legislativas del país con correligionarios suyos, dando lugar a la capacidad de construir un orden jurídico, y por lo tanto un “estado de derecho”, a la medida. Eso, que no es promisorio, es, en cambio, enfáticamente riesgoso.

En los primeros tiempos, aún antes de rendir la protesta de ley, tomó decisiones drásticas de negativo impacto económico y muy discutible beneficio político en el largo plazo, lo que quizás no sea para él muy importante, porque es evidente que su mirada está puesta en la consolidación de su poder en la elección intermedia.

Aun así, las reacciones de las agencias financieras y la prospectiva económica auguran turbulencias severas si no se le pone la debida atención a la circunstancia económica en que México se desenvuelve inevitablemente.


En lo político, si bien es cierto que su actuación ha discurrido como cuchillo en mantequilla templada, también lo es que entre sus huestes han surgido diferendos que, muy pronto, podrían convertirse en fracturas severas de su aparentemente monolítico soporte.

Para muestra, tres botones: las sucesiones gubernamentales de Baja California y de Puebla –tras el todavía inexplicado suceso en que perdieran la vida la gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle– y un tema que parece apuntar más a ser estructural que de coyuntura y que surgió con fuerza el día mismo de la mujer y que tiene que ver con su reclamo al derecho de interrumpir el embarazo, tema que AMLO rehuye cada vez que con él se le confronta y que, independientemente de las creencias y convicciones de cada quien, está y estará presente en el debate político, especialmente desde la izquierda.

Han sido cien días, además, de “conferencias mañaneras” de prensa, cuyo propósito aparente es mantener informado al pueblo, pero que evidentemente tiene el objetivo de señalar la agenda política y llevar el debate hacia terrenos propicios para sus estrategias, con el efecto adicional de que con esa táctica ha conseguido mantener un verdadero “cerco informativo”, porque no existe tema que pueda abordarse mediáticamente si no es de los tratados por él; en términos periodísticos, estaría desfasado del tópico del momento, que no es otro que el elegido por él.

Cien días en los que lo único incontestable es el intenso proceso de concentración de poder, sin que todavía pueda saberse para qué, porque las proclamas reivindicatorias de los derechos “del pueblo” distan de permitir vislumbrar apenas resultados factibles, sobre todo cuando se prenden, como se van ya prendiendo las alarmas económicas.

Tampoco las políticas se antojan convenientes, porque la división y la confrontación no hacen comunidad; la rompen y provocan discriminación.

El poder es instrumento destinado a la cohesión social y la preservación de los valores generales, no a su destrucción. No está de más recordarlo ahora, para tenerlo presente siempre.
03 Marzo 2019 04:00:00
Las falacias en la política (2)
Si la política es una actividad que pretende convencer a los demás miembros de una comunidad de que aquello que se propone como acción o programa es conveniente y positivo, la destreza en el arte de mover voluntades a partir de planteamientos que descansan en valores generalmente aceptado se convierte en un imperativo inexcusable.

Apelar a la razón con ese fin debería ser, como parece, lo natural. Sin embargo, según se ha comprobado por la moderna sicología social, las decisiones humanas no siempre se rigen por la razón, sino que lo hacen en muy buena medida desde reacciones por o principalmente emocionales, sobre todo cuando ese proceso tiene lugar en el seno de conglomerados masivos.

Los oradores políticos lo saben bien, o lo intuyen, y acuden al recurso de figuras retóricas grandilocuentes como instrumento eficaz para la consecución de tal propósito, no siempre veraces, no siempre bien construidas.

A pesar de eso, hay límites. Cuando el planteamiento falaz se confronta con las realidades y se ve contradicho por ellas, la razón emerge; no se deja engañar y se convierte, idealmente, en el antídoto.

De ahí que, por infortunio, el engaño y la simulación hagan acto de aparición en la escena, disfrazados de verdades incontestables, en argumentos que son sutilmente tramposos por incorrectos en su construcción, o por partir de premisas erróneas o de plano falsas.

Ya en la entrega anterior se ofrecieron algunos ejemplos típicos de construcción falaz, de entre los muchos que componen el universo de aquellos a los que más frecuente acuden quienes anteponen el interés personal a los destinos comunitarios que se les han confiado, los “aduladores del pueblo”, como también se llamaba en la antigüedad clásica a los demagogos.

Hoy se mencionan otras, con ningún otro fin que convocar a la reflexión frente a los argumentos falaces que por desgracia abundan y a los que no poco debe el declive en que los valores humanísticos han caído, corrompiendo el tejido social.

¿Quién no ha enfrentado apelaciones al sentimiento de piedad para justificar una acción o apoyarla? ¿Quién no se ha visto ante el intento de conducirlo a conclusiones determinadas bajo el argumento de autoridad?

De las últimas es frecuente toparse con aquellas que desde la antigüedad se llaman “ad verecundiam”, que quieren fundarse en la autoridad individual; o con las que ya entonces se agrupaban en la categoría denominada “ad populum”, que invocaba la autoridad del pueblo.

De las primeras, la apelación al temor o la amenaza de usar la fuerza, que se conocen como falacias “ad baculum”, en referencia a la contundencia que el báculo o bastón de la autoridad puede aportar a la aceptabilidad de los argumentos de quien lo porta.

También, por desgracia, son frecuentes las llamadas “falacias de transferencia”, aquellas que pretenden predicar de un todo determinado lo que solo cabe decir de una de sus partes, o a la inversa, como ocurre cuando se aduce que, porque una de las partes es disfuncional, lo es también el todo.

O la descalificación “ad hominem”, que tiene lugar cuando se pretende refutar una tesis a partir de la descalificación de la persona que la propone, en lugar de rebatir la propuesta misma.

Cosa similar pasa cuando se aduce que quien propone lo hace porque tiene intereses que se verían beneficiados si su proposición lógica fuera admitida, en lugar de atender al fondo y a la corrección formal del argumento mismo.

La lista puede seguir casi infinitamente, porque casi infinita es la capacidad de los seres humanos para encontrar sofismas capaces de aparecer como argumentos válidos, aunque en el fondo encierren engaños y falsedades; nada más lejos, además, de los propósitos de este artículo.

Valga, pues, cerrar estas reflexiones sobre los riesgos que representan tales argucias para la cotidiana tarea de construir civilidad, no sea que lleguen las horas de asumir desagradables consecuencias si son desestimados, como la historia enseña que ha sido siempre que eso acontece.

03 Marzo 2019 04:00:00
Las falacias en la política (2)
Si la política es una actividad que pretende convencer a los demás miembros de una comunidad de que aquello que se propone como acción o programa es conveniente y positivo, la destreza en el arte de mover voluntades a partir de planteamientos que descansan en valores generalmente aceptado se convierte en un imperativo inexcusable.

Apelar a la razón con ese fin debería ser, como parece, lo natural. Sin embargo, según se comprobado por la moderna sicología social, las decisiones humanas no siempre se rigen por la razón, sino que lo hacen en muy buena medida desde reacciones por o principalmente emocionales, sobre todo cuando ese proceso tiene lugar en el seno de conglomerados masivos. Los oradores políticos lo saben bien, o lo intuyen, y acuden al recurso de figuras retóricas grandilocuentes como instrumento eficaz para la consecución de tal propósito, no siempre veraces, no siempre bien construidas.

A pesar de eso, hay límites. Cuando el planteamiento falaz se confronta con las realidades y se ve contradicho por ellas, la razón emerge; no se deja engañar y se convierte, idealmente, en el antídoto.

De ahí que, por infortunio, el engaño y la simulación hagan acto de aparición en la escena, disfrazados de verdades incontestables, en argumentos que son sutilmente tramposos por incorrectos en su construcción, o por partir de premisas erróneas o de plano falsas.

Ya en la entrega anterior se ofrecieron algunos ejemplos típicos de construcción falaz, de entre los muchos que componen el universo de aquellos a los que más frecuente acuden quienes anteponen el interés personal a los destinos comunitarios que se les han confiado, los “aduladores del pueblo”, como también se llamaba en la antigüedad clásica a los demagogos.

Hoy se mencionan otras, con ningún otro fin que convocar a la reflexión frente a los argumentos falaces que por desgracia abundan y a los que no poco debe el declive en que los valores humanísticos han caído, corrompiendo el tejido social.

¿Quién no ha enfrentado apelaciones al sentimiento de piedad para justificar una acción o apoyarla? ¿Quién no se ha visto ante el intento de conducirlo a conclusiones determinadas bajo el argumento de autoridad?

De las últimas es frecuente toparse con aquellas que desde la antigüedad se llaman “ad verecundiam”, que quieren fundarse en la autoridad individual; o con las que ya entonces se agrupaban en la categoría denominada “ad populum”, que invocaba la autoridad del pueblo. De las primeras, la apelación al temor o la amenaza de usar la fuerza, que se conocen como falacias “ad baculum”, en referencia a la contundencia que el báculo o bastón de la autoridad puede aportar a la aceptabilidad de los argumentos de quien lo porta.

También, por desgracia, son frecuentes las llamadas “falacias de transferencia”, aquellas que pretenden predicar de un todo determinado lo que solo cabe decir de una de sus partes, o a la inversa, como ocurre cuando se aduce que, porque una de las partes es disfuncional, lo es también el todo.

O la descalificación “ad hominem”, que tiene lugar cuando se pretende refutar una tesis a partir de la descalificación de la persona que la propone, en lugar de rebatir la propuesta misma. Cosa similar pasa cuando se aduce que quien propone lo hace porque tiene intereses que se verían beneficiados si su proposición lógica fuera admitida, en lugar de atender al fondo y a la corrección formal del argumento mismo.

La lista puede seguir casi infinitamente, porque casi infinita es la capacidad de los seres humanos para encontrar sofismas capaces de aparecer como argumentos válidos, aunque en el fondo encierren engaños y falsedades; nada más lejos, además, de los propósitos de este artículo.

Valga, pues, cerrar estas reflexiones sobre los riesgos que representan tales argucias para la cotidiana tarea de construir civilidad, no sea que lleguen las horas de asumir desagradables consecuencias si son desestimados, como la historia enseña que ha sido siempre que eso acontece.
24 Febrero 2019 04:00:00
Las falacias en la política
En toda actividad social la comunicación es imprescindible. Compartir los códigos conceptuales es básico para entender los mensajes e ideas destinadas a establecer relaciones claras, que permitan el libre y consciente acceso a los acuerdos necesarios para establecer plataformas comunes.

Eso -que es válido lo mismo para las relaciones jurídicas, que para las transacciones económicas y otros intercambios sociales- es especialmente relevante en el campo de la política, una actividad que gira en torno del ejercicio del poder, es decir, de la capacidad de convencer a los integrantes de una comunidad de que ir juntos hacia un destino determinado es bueno, por justo y conveniente.

Por eso es tan importante que aquello que se comunique por quienes ejercen el liderazgo se exprese a través de propuestas claras y bien fundadas, para que cumplan con su finalidad de comunicar con corrección material y formal. Así, los destinatarios entenderán bien lo que se propone y podrán evaluarlo y optar libre y conscientemente por acceder al acuerdo o rechazarlo.

Aunque no se perciba a golpe de vista, el vehículo para establecer ese diálogo es siempre argumentativo, por lo que no está de más tener en cuenta que un argumento es una “serie de razones articuladas (premisas) que se aportan con el propósito de justificar o sostener otra (llamada conclusión”, como tan clara como concisamente expone Ricardo García Damborenea ( HYPERLINK “http://www.usoderazon.com/”
http://www.usoderazon.com/).

Los argumentos sirven, dice también, “para sostener la verdad (verosimilitud, conveniencia) de una conclusión”. Todo buen argumento ha de partir de premisas verdaderas y transitar hacia la conclusión mediante inferencias que garanticen, por bien justificadas, la corrección en el planteamiento.

Con frecuencia, sin embargo, los argumentos son construidos mal, “con lo que su finalidad no se alcanza”. Por infortunio, no es infrecuente encontrar “argumentos aparentes”, cuya consecuencia es engañar, distraer o descalificar al adversario.

Esas formas de argumentación que encierran errores o persiguen fines ilegítimos, son conocidas como falacias, de las cuales el autor citado incluye, en su diccionario, las que considera más frecuentes. De ellas, a guisa de ejemplo, entresaco un par que aquí, allá y acullá, es fácil distinguir en el quehacer de conducir los destinos de las diferentes “polis” que en el mundo existen y han existido.

Ese par es el que componen las falacias llamadas “ad hominem” y las que se conocen como “muñeco de paja”. Ambas categorías desvían la atención del asunto que se discute hacia la persona del adversario o sus circunstancias. Ambas se basan en el hecho de que el valor persuasivo de una persona descansa, determinantemente, en su prestigio, especialmente en los casos dudosos o cuando se trata de sostener afirmaciones basadas en conjeturas, o son de plano indemostrables.

La primera se refiere a la elusión de la cuestión debatida, enderezando la respuesta contra la persona que lo formuló, con la intención, precisamente, de descalificarla, y no contra los elementos del argumento que habría que refutar.

La segunda, a la creación de un personaje irreal, al cual, sin necesidad de nombrar a nadie particularmente identificado, se le achaquen las culpas, errores y descalificaciones que, en el caso anterior, tenían un objetivo preciso.

“La difamación es tan frecuente en la vida pública -dice García Damborenea- porque los políticos comprenden instintivamente la necesidad de arruinar el crédito moral de sus adversarios. En un dirigente sin prestigio los argumentos parecerán argucias, las emociones farsa, y la sinceridad, hipocresía”.

Muchas categorías más de falacias existen y todas ellas caben -unas más, otras menos- en el ámbito de lo político, pero estas dos son especialmente frecuentes. En la política, no importa dónde ni cuándo tenga lugar, la pugna por ensalzar la imagen propia y desprestigiar la ajena es un ardid muy socorrido.

Lo cierto es que, por inducir al error, vengan de donde vengan, esas y cualesquier otras falacias resquebrajan el pacto social, incluso uno bien fincado; por eso resulta ineludible guardarse de su amenaza y sería imperdonable dejar de hacerlo.
24 Febrero 2019 03:55:00
Las falacias en la política
En toda actividad social la comunicación es imprescindible. Compartir los códigos conceptuales es básico para entender los mensajes e ideas destinadas a establecer relaciones claras, que permitan el libre y consciente acceso a los acuerdos necesarios para establecer plataformas comunes.

Eso -que es válido lo mismo para las relaciones jurídicas, que para las transacciones económicas y otros intercambios sociales- es especialmente relevante en el campo de la política, una actividad que gira en torno del ejercicio del poder, es decir, de la capacidad de convencer a los integrantes de una comunidad de que ir juntos hacia un destino determinado es bueno, por justo y conveniente.

Por eso es tan importante que aquello que se comunique por quienes ejercen el liderazgo se exprese a través de propuestas claras y bien fundadas, para que cumplan con su finalidad de comunicar con corrección material y formal. Así, los destinatarios entenderán bien lo que se propone y podrán evaluarlo y optar libre y conscientemente por acceder al acuerdo o rechazarlo.

Aunque no se perciba a golpe de vista, el vehículo para establecer ese diálogo es siempre argumentativo, por lo que no está de más tener en cuenta que un argumento es una “serie de razones articuladas (premisas) que se aportan con el propósito de justificar o sostener otra (llamada conclusión”, tan clara como concisamente expone Ricardo García Damborenea (
http://www.usoderazon.com/).

Los argumentos sirven, dice también, “para sostener la verdad (verosimilitud, conveniencia) de una conclusión”. Todo buen argumento ha de partir de premisas verdaderas y transitar hacia la conclusión mediante inferencias que garanticen, por bien justificadas, la corrección en el planteamiento.

Con frecuencia, sin embargo, los argumentos son construidos mal, “con lo que su finalidad no se alcanza”. Por infortunio, no es infrecuente encontrar “argumentos aparentes”, cuya consecuencia es engañar, distraer o descalificar al adversario.

Esas formas de argumentación que encierran errores o persiguen fines ilegítimos, son conocidas como falacias, de las cuales el autor citado incluye, en su diccionario, las que considera más frecuentes. De ellas, a guisa de ejemplo, entresaco un par que aquí, allá y acullá, es fácil distinguir en el quehacer de conducir los destinos de las diferentes “polis” que en el mundo existen y han existido.

Ese par es el que componen las falacias llamadas “ad hominem” y las que se conocen como “muñeco de paja”. Ambas categorías desvían la atención del asunto que se discute hacia la persona del adversario o sus circunstancias. Ambas se basan en el hecho de que el valor persuasivo de una persona descansa, determinantemente, en su prestigio, especialmente en los casos dudosos o cuando se trata de sostener afirmaciones basadas en conjeturas, o son de plano indemostrables.

La primera se refiere a la elusión de la cuestión debatida, enderezando la respuesta contra la persona que lo formuló, con la intención, precisamente, de descalificarla, y no contra los elementos del argumento que habría que refutar.

La segunda, a la creación de un personaje irreal, al cual, sin necesidad de nombrar a nadie particularmente identificado, se le achaquen las culpas, errores y descalificaciones que, en el caso anterior, tenían un objetivo preciso.

“La difamación es tan frecuente en la vida pública -dice García Damborenea- porque los políticos comprenden instintivamente la necesidad de arruinar el crédito moral de sus adversarios. En un dirigente sin prestigio los argumentos parecerán argucias, las emociones farsa, y la sinceridad, hipocresía”.

Muchas categorías más de falacias existen y todas ellas caben -unas más, otras menos- en el ámbito de lo político, pero estas dos son especialmente frecuentes. En la política, no importa dónde ni cuándo tenga lugar, la pugna por ensalzar la imagen propia y desprestigiar la ajena es un ardid muy socorrido.

Lo cierto es que, por inducir al error, vengan de donde vengan, esas y cualesquier otras falacias resquebrajan el pacto social, incluso uno bien fincado; por eso resulta ineludible guardarse de su amenaza y sería imperdonable dejar de hacerlo.
17 Febrero 2019 04:00:00
Las buenas intenciones
Las causas pueden ser justas y los propósitos loables; los postulados y reclamos, irrebatibles; las intenciones, buenas. Se pueden compartir y hasta aplaudir muchos objetivos: sanar el cuerpo social de la corrupción, combatir la extendida criminalidad, recuperar la seguridad pública perdida, y un largo etcétera cuya obviedad lacera y obstruye el desarrollo pleno de México y quienes lo componemos.

¿Quién puede negar que las inequidades sociales en nuestro país son execrables y perniciosas, no sólo en el ámbito de la moral, sino también como rémora para el crecimiento del país entero? ¿Quién negaría que la corrupción ha corroído muchas instituciones hasta las bases? ¡Y qué decir de la extendida dimensión del crimen organizado!

Ni en el marco de la ética pragmática más extrema –que sólo buscara la utilidad de unos pocos– podrían encontrarse argumentos para rebatir la condena de tales lacras. Aun así, es imposible dejar de lado el hecho de que el gran peso del subdesarrollo se convertiría en un lastre, insuperable a la postre, y eso en el caso de que el poder destructivo de la delincuencia organizada dejara lugar para que pudiera alentar la vida civilizada en nuestro país.

Por eso es inevitable disentir de la metodología empleada hasta hoy por la autodenominada “cuarta transformación”, que ha hecho gala de ímpetu e intensidad, pero creo que también de insubsistencia estratégica. Tiene además, la debilidad de depender de un liderazgo carismático y no de una clara, sólida y vasta plataforma programática, fundada en algo más que buena fe, que hay que presumir según un viejo principio, salvo prueba en contrario.

Es indudable que las instituciones necesitan de remozamiento, de una “puesta al día” que las haga funcionar en vista de la misión que les corresponde. Ese es un imperativo de auténtica legitimidad, la que se construye día a día ejerciendo el poder del Gobierno en procura del bien de toda la comunidad, y no sólo
parte de ella.

También es cierto que los viejos paradigmas están en crisis, pero no es destruyendo aquéllas y éstos como podrán establecerse los nuevos diseños estructurales y de operatividad que se necesitan. Verdad de Perogrullo es decir que su destrucción indiscriminada no sólo impediría mejorar su desempeño, sino que lo haría imposible.

Tampoco sirven a ese fin las descalificaciones, diatribas y denuestos, ni la retórica que distrae o se funda en los buenos deseos, la imaginación o cualquier otro argumento portador de premisas o inferencias que pudieran ser tachados de falacia.

Mientras no se instrumenten verdaderos diagnósticos –no meras percepciones, por difundidas y cercanas que pudieran ser a la realidad– y se diseñen los planes y programas estratégicos indispensables para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas imprescindibles para erradicar los males y reorientar hacia un rumbo correcto el quehacer del país a través del derecho, los buenos augurios no serán sino ilusiones inconsistentes.

No es cuestión de ideologías, como tampoco de utilitarismo. Es cosa de describir en detalle la circunstancia, definir los propósitos, precisarlos a fondo para volverlos objetivos, que cuantificados se conviertan en metas, y sea así posible no nada más definir la ruta, sino instrumentar las políticas públicas correctamente diseñadas para evaluar su calidad y
evolución permanentemente.

La buena política se sustenta en valores generalizados, pero se concreta a través de una gestión congruente con ellos, técnicamente adecuada. No se puede ir por el mundo a trocha y a mocha, como tumbando caña, a menos que lo que se quiera sea nada más y precisamente eso: la destrucción de las estructuras básicas del país, con fines inconfesados y ocultos, lo que creo que sólo en un ejercicio “ad absurdum” cabría considerar.

Diagnósticos precisos, no apreciaciones vagas y difusas; responsabilidades, y no sólo acusaciones. Planes y programas, estrategias y tácticas, es lo que se echa de menos para que el ejercicio gubernativo sea más que buenas intenciones, porque de ellas, ya lo dice la voz del pueblo sabio, “está sembrado el
camino del infierno”.

17 Febrero 2019 04:00:00
Las buenas intenciones
Las causas pueden ser justas y los propósitos loables; los postulados y reclamos, irrebatibles; las intenciones buenas. Se pueden compartir, y hasta aplaudir, muchos objetivos: Sanar el cuerpo social de la corrupción, combatir la extendida criminalidad, recuperar la seguridad pública perdida, y un largo etcétera cuya obviedad lacera y obstruye el desarrollo pleno de México y quienes lo componemos.

¿Quién puede negar que las inequidades sociales en nuestro país son execrables y perniciosas, no solo en el ámbito de la moral, sino también como rémora para el crecimiento del país entero? ¿Quién que la corrupción ha corroído muchas instituciones hasta las bases? ¡Y qué decir de la extendida dimensión del crimen organizado!

Ni en el marco de la ética pragmática más extrema, que solo buscara la utilidad de unos pocos, podrían encontrarse argumentos para rebatir la condena de tales lacras. Aun así, es imposible dejar de lado el hecho de que el gran peso del subdesarrollo se convertiría en un lastre, insuperable a la postre, y eso en el caso de que el poder destructivo de la delincuencia organizada dejara lugar para que pudiera alentar la vida civilizada en nuestro país.

Por es inevitable disentir de la metodología empleada hasta hoy por la autodenominada “cuarta transformación”, que ha hecho gala de ímpetu e intensidad, pero creo que también de insubsistencia estratégica. Tiene, además, la debilidad de depender de un liderazgo carismático, y no de una clara, sólida y vasta plataforma programática, fundada en algo más que buena fe, que hay que presumir según un viejo principio, salvo prueba en contrario.

Es indudable que las instituciones necesitan de remozamiento, de una “puesta al día” que las haga funcionar en vista de la misión que les corresponde. Ese es un imperativo de auténtica legitimidad, la que se construye día a día ejerciendo el poder del gobierno en procura del bien de toda la comunidad, y no solo parte de ella.

También es cierto que los viejos paradigmas están en crisis, pero no es destruyendo aquéllas y éstos como podrán establecerse los nuevos diseños estructurales y de operatividad que se necesitan. Verdad de Perogrullo es decir que su destrucción indiscriminada no solo impediría mejorar su desempeño, sino que lo haría imposible.

Tampoco sirven a ese fin las descalificaciones, diatribas y denuestos, ni la retórica que distrae o se funda en los buenos deseos, la imaginación o cualquier otro argumento portador de premisas o inferencias que pudieran ser tachados de falacia.

Mientras no se instrumenten verdaderos diagnósticos -no meras percepciones, por difundidas y cercanas que pudieran ser a la realidad- y se diseñen los planes y programas estratégicos indispensables para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas imprescindibles para erradicar los males y reorientar hacia un rumbo correcto el quehacer del país a través del derecho, los buenos augurios no serán sino ilusiones
inconsistentes.

No es cuestión de ideologías, como tampoco de utilitarismo. Es cosa de describir en detalle la circunstancia, definir los propósitos, precisarlos a fondo para volverlos objetivos, que cuantificados se conviertan en metas, y sea así posible no nada más definir la ruta, sino instrumentar las políticas públicas correctamente diseñadas y evaluar su calidad y evolución permanentemente.

La buena política se sustenta en valores generalizados, pero se concreta a través de una gestión congruente con ellos, técnicamente adecuada. No se puede ir por el mundo a trocha y a mocha, como tumbando caña, a menos que lo que se quiera sea nada más y precisamente eso: la destrucción de las estructuras básicas del país, con fines inconfesados y ocultos, lo que creo que solo en un ejercicio “ad absurdum” cabría considerar.

Diagnósticos precisos, no apreciaciones vagas y difusas; responsabilidades, y no solo acusaciones. Planes y programas, estrategias y tácticas, es lo que se echa de menos para que el ejercicio gubernativo sea más que buenas intenciones, porque de ellas, ya lo dice la voz del pueblo sabio, “está sembrado el camino del infierno”.
10 Febrero 2019 04:00:00
Machetazo a caballo de espadas
Concluyó una semana agitada. Dentro del cúmulo de acontecimientos noticias y efemérides importantes, destaco una nota que trasciende el folclore político en que aparentemente podría inscribirse, porque se trata de un acto de taumaturgia retórica que quiso invertir los polos del control social del poder público: AMLO presentó, según el mismo afirmó en su cotidiana conferencia de prensa el 8 de febrero pasado, una queja ante la CNDH, relativa al bloqueo de las vías ferroviarias en Michoacán por personas pertenecientes a la CNTE.

Un reportero preguntó: “Oiga, hoy se cumplen 25 días de este bloqueo que mantiene la CNTE en Michoacán, la verdad es que un día bloquean una vía férrea, al siguiente lo desbloquean, pero vuelven a bloquear de nuevo una vía férrea… ¿Cómo está leyendo el gobierno federal? Pareciera que la CNTE siempre se convierte en un problema para los gobiernos, sí, estatales, pero también para el gobierno federal, ¿cómo lo están leyendo?”

Tras una breve preámbulo para precisar su punto de vista acerca de la necesidad de distinguir entre la CNTE y el “grupo de maestros” de Michoacán, así como para expresar una breve referencia a su noción de democracia, dijo: “Entonces, yo vuelvo a hacerles un exhorto, un llamamiento, de que liberen las vías y también informarles que hace dos días tomamos la decisión de presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos…Le instruí al consejero jurídico que presentara ante la Comisión de Derechos Humanos una queja por violación a derechos humanos, para que la Comisión de Derechos Humanos recomiende lo que deba de hacerse”.

No solo eso. El reportero interlocutor siguió preguntando: “¿Esta queja se presentó contra los líderes o contra los que están bloqueando?” La respuesta fue: “Contra quien resulte responsable y que la Comisión dé una recomendación, porque hay la costumbre o había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad. Y ahora lo que se va a hacer en estos casos es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos recomiende, o sea, ¿qué se hace en estos casos?”.

La respuesta no se Hizo esperar. El mismo día, la CNDH publicó un comunicado de prensa en el que asienta: “Ante el anuncio hecho el día de hoy por la Presidencia de la República, en el sentido de que habría instruido al titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que presentara una queja ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que la misma recomiende las acciones que se deban tomar en relación con los bloqueos de vías férreas que actualmente se llevan a cabo, este Organismo Nacional buscará un acercamiento con dichas autoridades para abordar el tema partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos”.

La CNDH concluyó diciendo: “El que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos. Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas”.

Más claro, el agua. El intento de reversión argumentativa anticipada tuvo una respuesta adecuada y oportuna. Las autoridades y los entes públicos solo pueden hacer aquello para lo que han sido creados y dotados de atribuciones. Esa facultad no es potestativa; si es límite, también es impulso; la atribución impele a cumplir con las funciones encomendadas, sin excusa ni pretexto.

Esa es la esencia del “estado de derecho”, no otra.
10 Febrero 2019 03:31:00
Machetazo a caballo de espadas
Concluyó una semana agitada. Dentro del cúmulo de acontecimientos noticias y efemérides importantes, destaco una nota que trasciende el folclor político en que aparentemente podría inscribirse, porque se trata de un acto de taumaturgia retórica que quiso invertir los polos del control social del poder público: AMLO presentó, según él mismo afirmó en su cotidiana conferencia de prensa el 8 de febrero pasado, una queja ante la CNDH, relativa al bloqueo de las vías ferroviarias en Michoacán por personas pertenecientes a la CNTE.

Un reportero preguntó: “Oiga, hoy se cumplen 25 días de este bloqueo que mantiene la CNTE en Michoacán, la verdad es que un día bloquean una vía férrea, al siguiente lo desbloquean, pero vuelven a bloquear de nuevo una vía férrea… ¿Cómo está leyendo el Gobierno federal? Pareciera que la CNTE siempre se convierte en un problema para los gobiernos, sí, estatales, pero también para el Gobierno federal, ¿cómo lo están leyendo?”.

Tras un breve preámbulo para precisar su punto de vista acerca de la necesidad de distinguir entre la CNTE y el “grupo de maestros” de Michoacán, así como para expresar una breve referencia a su noción de democracia, dijo: “Entonces, yo vuelvo a hacerles un exhorto, un llamamiento, de que liberen las vías y también informarles que hace dos días tomamos la decisión de presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos… Le instruí al consejero jurídico que presentara ante la Comisión de Derechos Humanos una queja por violación a derechos humanos, para que la Comisión de Derechos Humanos recomiende lo que deba de hacerse”.

No sólo eso. El reportero interlocutor siguió preguntando: “¿Esta queja se presentó contra los líderes o contra los que están bloqueando?”. La respuesta fue: “Contra quien resulte responsable y que la Comisión dé una recomendación, porque hay la costumbre o había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad. Y ahora lo que se va a hacer en estos casos es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos recomiende, o sea, ¿qué se hace en estos casos?”.

La respuesta no se hizo esperar. El mismo día, la CNDH publicó un comunicado de prensa en el que asienta: “Ante el anuncio hecho el día de hoy por la Presidencia de la República, en el sentido de que habría instruido al titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para que presentara una queja ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que la misma recomiende las acciones que se deban tomar en relación con los bloqueos de vías férreas que actualmente se llevan a cabo, este organismo nacional buscará un acercamiento con dichas autoridades para abordar el tema partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos”.

La CNDH concluyó diciendo: “El que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos. Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas”.

Más claro, el agua. El intento de reversión argumentativa anticipada tuvo una respuesta adecuada y oportuna. Las autoridades y los entes públicos sólo pueden hacer aquello para lo que han sido creados y dotados de atribuciones. Esa facultad no es potestativa; si es límite, también es impulso; la atribución impele a cumplir con las funciones encomendadas, sin excusa ni pretexto.

Esa es la esencia del “estado de derecho”, no otra.
03 Febrero 2019 04:00:00
La migración, los derechos y la diplomacia
La migración, un fenómeno tan antiguo como la humanidad, se ha incrementado en proporciones alarmantes durante las últimas décadas y sigue creciendo en todo el mundo.

A Europa llegan oleadas de seres humanos que escapan de África en busca de la vida que no pueden tener en su tierra de
origen.

En América, las personas emigran, sobre todo de Centroamérica hacia Estados Unidos, por razones similares, arriesgando su vida misma, porque dicen que “el perdido va a todas”.

Deslumbrados por el fulgor del “American way of life” y movidos por la esperanza de una vida mejor, se echan a andar la legua sin parar en los peligros y desazones que los acechan.

México ha sido, tradicionalmente, expulsor de migrantes hacia su vecino norteño, donde muchísimos compatriotas han sentado sus reales. Hoy, sin perder ese papel, se ha vuelto también corredor de paso para quienes, por oleadas, huyen de la pobreza, las maras y la desesperanza de sus países.

No todos llegan, y quienes lo logran, lo hacen mermados y con el riesgo inminente de ser rechazados por el país al que se han empeñado en llegar.

Mientras tanto, a su paso por el nuestro, siempre será necesario tener presente que, como seres humanos que son, tienen derechos que demandan el mismo respeto que merecen todas las personas que pisan nuestro suelo.

Las razones humanitarias, además, piden que sean atendidas sus necesidades elementales, tema en el que las comunidades han dado muestras sobradas de hospitalidad solidaria y las autoridades, en general, no han hecho menos.

A pesar del impacto mayúsculo que implica el arribo inesperado de los contingentes que a últimas fechas han llegado a las fronteras del norte y el que representará la llegada de muchos más, se ha hecho lo posible por darles cobijo.

Eso no basta ni servirá para resolver los problemas que han impulsado a esos miles de personas a emprender la riesgosa
travesía.

Tienen derechos, qué duda cabe; en México deben respetarse, pero también en cualquier otro país, incluido Estados Unidos, que tanto se han beneficiado, además, con la contribución de quienes desde este sur suyo han llegado para aportar, no sólo mano de obra, sino también impuestos, ingenio y
emprendimiento.

No ha sido así, lamentablemente. Las fronteras del norte mexicano están comprimidas por ambos lados: de una parte, la oleada migratoria que quiere llegar al destino elegido; de otra, por la inhumana e ilegal reacción del Gobierno estadunidense que ha decidido unilateralmente regresar al territorio mexicano a todos aquellos solicitantes de asilo político, mientras el prolongado trámite de su petición se resuelve.

A ellos hay que sumar numerosos contingentes de congéneres que, “repatriados”, en vez de ser enviados a sus lugares de origen, son puestos en las fronteras con México y dejados a su suerte.

Nada podrá resolverse mientras Estados Unidos persista en esa actitud suya rayana en la xenofobia.

Hace falta más, mucho más que adoptar medidas paliativas para mitigar las penalidades que aquejan a los migrantes y reconocer sus derechos. Se requiere una intensa, inteligente y diestra actividad diplomática, para despresurizar, primero, y abrir vías de solución, desde ya, a las causas profundas de tan intensa
emigración.

Esa es una asignatura pendiente de nuestra política exterior, que bien haría en volver la vista a tal lado para defender con más énfasis lo que es su deber hacerlo, antes que comprometer la autoridad moral buscando argumentos para justificar la “neutralidad” ante situaciones palmariamente opresivas e ilegítimas, como ha ocurrido.

Nuestra cancillería y el Departamento de Estado, en Washington, harían bien en tener presente la frase que Ortega y Gasset inscribió en Meditaciones del Quijote, citada con frecuencia de manera incompleta: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

Esos miles de mujeres, niños y varones migrantes, y sus comunidades de origen, son nuestra circunstancia; si no la salvamos, tampoco nos salvaremos nosotros.

03 Febrero 2019 04:00:00
La migración, los derechos y la diplomacia
La migración, un fenómeno tan antiguo como la humanidad, se ha incrementado en proporciones alarmantes durante las últimas décadas, y sigue creciendo en todo el mundo.

A Europa llegan oleadas de seres humanos que escapan de África en busca de la vida que no pueden tener en su tierra de origen.

En América, las personas emigran, sobre todo de Centroamérica hacia Estados Unidos, por razones similares, arriesgando su vida misma, porque dicen que “el perdido va a todas”.

Deslumbrados por el fulgor del “American way of life” y movidos por la esperanza de una vida mejor, se echan a andar la legua sin parar mientes en los peligros y desazones que los acechan.

México ha sido, tradicionalmente, expulsor de migrantes hacia su vecino norteño, donde muchísimos compatriotas han sentado sus reales. Hoy, sin perder ese papel, se ha vuelto también corredor de paso para quienes, por oleadas, huyen de la pobreza, las maras y la desesperanza de sus países.

No todos llegan, y quienes lo logran, lo hacen mermados y con el riesgo inminente de ser rechazados por el país al que se han empeñado en llegar.

Mientras tanto, a su paso por el nuestro, siempre será necesario tener presente que, como seres humanos que son, tienen derechos que demandan el mismo respeto que merecen todas las personas que pisan nuestro suelo.

Las razones humanitarias, además, piden que sean atendidas sus necesidades elementales, tema en el que las comunidades han dado muestras sobradas de hospitalidad solidaria y las autoridades, en general, no han hecho menos.

A pesar del impacto mayúsculo que implica el arribo inesperado de los contingentes que a últimas fechas han llegado a las fronteras del norte y el que representará la llegada de muchos más, se ha hecho lo posible por darles cobijo.

Eso no basta ni servirá para resolver los problemas que han impulsado a esos miles de personas a emprender la riesgosa travesía.

Tienen derechos, qué duda cabe; en México deben respetarse, pero también en cualquier otro país, incluidos los Estados Unidos, que tanto se han beneficiado, además, con la contribución de quienes desde este sur suyo han llegado para aportar, no solo mano de obra, sino también impuestos, ingenio y emprendimiento.

No ha sido así, lamentablemente. Las fronteras del norte mexicano están comprimidas por ambos lados: De una parte, la oleada migratoria que quiere llegar al destino elegido; de otra, por la inhumana e ilegal reacción del gobierno estadounidense, que ha decidido unilateralmente regresar al territorio mexicano a todos aquellos solicitantes de asilo político, mientras el prolongado trámite de su petición se resuelve.

A ellos hay que sumar numerosos contingentes de congéneres que, “repatriados”, en vez de ser enviados a sus lugares de origen, son puestos en las fronteras con México y dejados a su suerte.

Nada podrá resolverse mientras Estados Unidos persista en esa actitud suya, rayana en la xenofobia.

Hace falta más, mucho más, que adoptar medidas paliativas para mitigar las penalidades que aquejan a los migrantes y reconocer sus derechos. Se requiere una intensa, inteligente y diestra actividad diplomática, para despresurizar, primero, y abrir vías de solución, desde ya, a las causas profundas de tan intensa emigración.

Esa es una asignatura pendiente de nuestra política exterior, que bien haría en volver la vista a tal lado para defender con más énfasis lo que es su deber hacerlo, antes que comprometer la autoridad moral buscando argumentos para justificar la “neutralidad” ante situaciones palmariamente opresivas e ilegítimas, como ha ocurrido.

Nuestra cancillería y el Departamento de Estado, en Washington, harían bien en tener presente la frase que Ortega y Gasset inscribió en “Meditaciones del Quijote”, citada con frecuencia de manera incompleta: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.

Esos miles de mujeres, niños y varones migrantes, y sus comunidades de origen, son nuestra circunstancia; si no la salvamos, tampoco nos salvaremos nosotros.
27 Enero 2019 04:00:00
México, Venezuela y la ‘Doctrina Estrada’
México ha sido un país acosado por las grandes potencias; no es extraño, entonces, que haya desarrollado, en su defensa, los principios de “autodeterminación de los pueblos” y “no intervención”, constitutivos propiamente la “doctrina Estrada” y fueron el embrión del conjunto que hoy establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción X de su artículo 89, como “principios normativos” de la política exterior mexicana: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

La noción original se ha visto enriquecida de modo que, sin perder el sentido pacifista que la fundara en el tiempo de su creación, se ha superado la posición pasiva de la abstención, a la muy activa de la “protección y promoción de los derechos humanos”.

En esos extremos se encuentra hoy el desafío que para la política exterior mexicana representa la cuestión venezolana, que tan extensamente tiene agitado al mundo y parece plantear una paradoja irresoluble.

Para salvar ese obstáculo, me parece, habría que formular el planteamiento desde la perspectiva que ofrece el contexto sociopolítico de nuestros días, que dista mucho de aquel imperante en la primera mitad del siglo pasado, cuando la doctrina Estrada fue adoptada y promovida por México.

En aquel entonces el mundo estaba parcelado entre comunidades bien delimitadas por la estructura estatal que a cada una correspondía y la noción de “soberanía” -renacentista, por cierto- era la piedra de toque de una presunción de legitimidad que bastaba como recurso técnico constitucional para conjugar el poder jurídico -la autorización de la ley para actuar de una manera determinada- con el poder político -la capacidad real de mover las decisiones mayoritarias en un sentido determinado- que podían así caminar en paralelo, aunque hubiera tensiones entre ambos.

Cuando se rompen las barreras fronterizas para la comunicación, esas comunidades se transforman en un sistema global, mientras que el poder político real se desplaza a centros fuera del alcance de los contrapesos tradicionales, puesto que no están sujetos al derecho internacional, porque le son ajenas, ni a un régimen estatal determinado, porque su operación es global.

El nuevo poder, que no tiene límites y cuyo fin es primordialmente económico, aduce que solo en el “libre mercado”, sin ataduras, es posible estructurar viablemente todo orden social.

La pugna por recuperar las libertades y derechos conculcados ante tal aberrante falacia no se hizo esperar; la reacción ha tenido tanto vigor que obligó a los gobiernos y a los organismos internacionales a adoptarlos como bandera prioritaria. De ahí su calidad de “idea fuerza” de una auténtica legitimidad hoy en día.

En esas condiciones cabe preguntarse: ¿es lícito mantenerse al margen de situaciones que, a todas luces, implican vulneración grave de los derechos fundamentales, sea donde sea que ellas ocurran?

La sana convivencia y la buena vecindad implican respeto de las cosas ajenas y abstención de intervenir en las decisiones de la casa vecina, pero ¿cabe permanecer pasivo cuando en ella se masacra a sus habitantes o el dueño decide efectuar actividades ilícitas?

Valga esa hipérbole para ilustrar cómo es necesario establecer prioridades basadas en la ponderación justa de los bienes tutelados por los principios y las normas, como ha de hacerse en el caso que ocupa la atención.

¿Acaso el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano no implica abogar por la protección y promoción de sus derechos? ¿El hecho de no intervenir en su libre determinación deja lugar a la pasividad, sobre todo si se atiende al principio, parte del sistema rector de la política exterior mexicana, que manda “asumir la cooperación internacional para el desarrollo”?

Creo primordial el planteamiento de esas cuestiones para romper cualquier paradoja.
20 Enero 2019 04:00:00
Entre el poder y la fuerza
En el centro del debate político de nuestros días, está la tensión que se da entre el poder, especialmente el político, y la fuerza. Esa cuestión, a mi juicio, merece una mayor reflexión. La confusión entre “poder” y “fuerza” es frecuente, tal vez por la fuerte reminiscencia de Weber, que permanece impregnado en las corrientes dominantes del pensamiento en la materia.

Da la impresión de que se pierde de vista que los sistemas sociales siempre se forman a través de la comunicación –solo así pueden establecerse los vínculos– y ella suponen procesos de selección entre opciones diversas, que sólo podrá realizarse si se está en libertad de aceptarlas o rechazarlas.

En ese contexto, el poder tiene que ver con la capacidad de orientar, y con ello distribuir, las preferencias ante las alternativas posibles y, por lo tanto, depende mucho de cómo se planteen las ofertas de ellas. Supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio e implica, si es efectivo, influir en la selección de las acciones u omisiones propuestas, frente a otras posibilidades; por eso es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de otras posibilidades de acción que pudieran ser atractivas y aun podrá aumentarse cuando se amplíe la libertad de elección para quien sea objeto de él.

Si el poder supone libertad de elección, debe diferenciarse de la fuerza, que reduce a cero las opciones para quien por ella se vea limitada. Emplear la coerción implica, por eso, renunciar a las ventajas que proporcionan los símbolos generalizadamente aceptados –es decir, los valores compartidos– que guían la selectividad de cada miembro de la sociedad. Quien ejerce la fuerza asume la carga de seleccionar y decidir; la coerción, por tanto, se da donde y cuando hay carencia de poder.

Por eso, la capacidad de inducir una conducta determinada en otro u otros es específicamente política cuando esa capacidad se inscribe en el orden totalizador de una comunidad determinada –hasta hoy y desde el renacimiento, típicamente el estado– y es suficiente para influir en el curso de las decisiones y acciones propias de sus funciones, sin importar si la fuente de esa capacidad es económica, ideológica, cultural o de cualquier otra naturaleza, y no importa si esa capacidad se expresa –o es expresable– en un ambiente de conflicto o de concordia, aunque comúnmente se reconoce sobre todo en aquel.

Fuerza y poder son cosas diferentes; es más: se excluyen recíprocamente. El poder es siempre capacidad de hacer algo, y en el terreno de las conductas sociales, ese “algo” consiste en conjugar las voluntades individuales, de manera generalizada o cuando menos mayoritaria, para orientarlas articuladamente hacia un propósito o propósitos determinados. Es, si se quiere, poder de convicción.

Así las cosas, el grado poder político se define por la capacidad de mover voluntades hacia el rumbo que señala otra en cuestiones relevantes para la vida comunitaria. Necesita, por tanto, ser ejercido por alguien, pero también acatado por otros que, si son suficientemente numerosos, determinarán el rumbo colectivo o, cuando menos, influirán en él.

En el contexto sociopolítico del tiempo que corre, es claro que las posibilidades de opción se han visto disminuidas, habiendo sufrido un paulatino deterioro desde hace ya mucho tiempo.

Revertir esa tendencia requerirá algo más que discursos y negociaciones de coyuntura; hacen falta adecuaciones estructurales, no sólo ni principalmente en las leyes, sino en la cultura cívica, para recuperar los valores genuinos.

Recuperarlos, es tarea de todos; en el diálogo, no en la diatriba. No estaría mal tener presente, para ello, lo que escribió Hermann Hesse en Narciso y Goldmundo: “No es nuestro objetivo fundirnos los unos en los otros, como tampoco lo hacen el sol y la luna o el mar y la tierra. Nuestro fin es reconocernos mutuamente y aprender a ver y a honrar en el otro lo que es: contraposición y complemento de uno mismo”.
20 Enero 2019 04:00:00
Entre el poder y la fuerza
En el centro del debate político de nuestros días, está la tensión que se da entre el poder, especialmente el político y la fuerza. Esa cuestión, a mi juicio, merece una mayor reflexión.

La confusión entre “poder” y “fuerza” es frecuente, tal vez por la fuerte reminiscencia de Weber, que permanece impregnado en las corrientes dominantes del pensamiento en la materia.

Da la impresión de que se pierde de vista que los sistemas sociales siempre se forman a través de la comunicación -solo así pueden establecerse los vínculos- y ella suponen procesos de selección entre opciones diversas, que solo podrá realizarse si se está en libertad de aceptarlas o rechazarlas.

En ese contexto, el poder tiene que ver con la capacidad de orientar, y con ello distribuir, las preferencias ante las alternativas posibles y, por lo tanto, depende mucho de cómo se planteen las ofertas de ellas. Supone la existencia de opciones en quien lo tiene y en quien es objeto de su ejercicio e implica, si es efectivo, influir en la selección de las acciones u omisiones propuestas, frente a otras posibilidades; por eso es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de otras posibilidades de acción que pudieran ser atractivas y aun podrá aumentarse cuando se aumente la libertad de elección para quien sea objeto de él.

Si el poder supone libertad de elección, debe diferenciarse de la fuerza, que reduce a cero las opciones para quien por ella se vea limitada. Emplear la coerción implica, por eso, renunciar a las ventajas que proporcionan los símbolos generalizadamente aceptados -es decir, los valores compartidos- que guían la selectividad de cada miembro de la sociedad. Quien ejerce la fuerza asume la carga de seleccionar y decidir; la coerción, por tanto, se da donde y cuando hay carencia de poder.

Por eso, la capacidad de inducir una conducta determinada en otro u otros es específicamente política cuando esa capacidad se inscribe en el orden totalizador de una comunidad determinada -hasta hoy y desde el renacimiento, típicamente el estado- y es suficiente para influir en el curso de las decisiones y acciones propias de sus funciones, sin importar si la fuente de esa capacidad es económica, ideológica, cultural o de cualquier otra naturaleza, y no importa si esa capacidad se expresa –o es expresable- en un ambiente de conflicto o de concordia, aunque comúnmente se reconoce sobre todo en aquél.

Fuerza y poder son cosas diferentes; es más: se excluyen recíprocamente. El poder es siempre capacidad de hacer algo, y en el terreno de las conductas sociales, ese “algo” consiste en conjugar las voluntades individuales, de manera generalizada o cuando menos mayoritaria, para orientarlas articuladamente hacia un propósito o propósitos determinados. Es, si se quiere, poder de convicción.

Así las cosas, el grado poder político se define por la capacidad de mover voluntades hacia el rumbo que señala otra en cuestiones relevantes para la vida comunitaria. Necesita, por tanto, ser ejercido por alguien, pero también acatado por otros que, si son suficientemente numerosos, determinarán el rumbo colectivo o, cuando menos, influirán en él.

En el contexto sociopolítico del tiempo que corre, es claro que las posibilidades de opción se han visto disminuidas, habiendo sufrido un paulatino deterioro desde hace ya mucho tiempo.

Revertir esa tendencia requerirá algo más que discursos y negociaciones de coyuntura; hacen falta adecuaciones estructurales, no solo ni principalmente en las leyes, sino en la cultura cívica, para recuperar los valores genuinos.

Recuperarlos, es tarea de todos; en el diálogo, no en la diatriba. No estaría mal tener presente, para ello, lo que escribió Hermann Hesse en “Narciso y Goldmundo”: “No es nuestro objetivo fundirnos los unos en los otros, como tampoco lo hacen el sol y la luna o el mar y la tierra. Nuestro fin es reconocernos mutuamente y aprender a ver y a honrar en el otro lo que es: contraposición y complemento de uno mismo”.
13 Enero 2019 04:00:00
La guardia nacional
Desde sus orígenes, por su misión y funciones, la institución que se conoce como “guardia nacional” es de naturaleza militar. Se llama así al sistema de cuerpos voluntarios -es muy importante destacar esta característica- que con diferentes nombres operan, aun antes de la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, en cada uno de los estados de ese país.

Son milicias estatales que se constituyeron en cada una de las trece colonias británicas en América para contar con fuerzas aptas para su defensa frente a los peligros provenientes del exterior.

Fueron reconocidas por la constitución de Filadelfia y hasta nuestros días se conservan. Se engloban bajo la denominación genérica “guardia nacional”, acuñada por Lafayette para referirse al conjunto y se adoptó, oficialmente, por una ley federal de 1903.

El comandante supremo de cada cuerpo es el gobernador del estado respectivo, quien puede convocarla para hacer frente a desastres naturales o disturbios civiles de gran escala, como sucedió en California durante el llamado “Los Angeles riot” de 1992.

Puede ser convocada por el presidente estadounidense para asignarle misiones en el territorio del país o fuera de él, como en efecto ha ocurrido, en casos de necesidad, casos en los que, si la participación es en el exterior, los cuerpos convocados se integran temporalmente a los ejércitos regulares, de los que, por ley, son reserva.

Es precisamente por esta última función que existe, dentro del Departamento de Defensa, una unidad -la Oficina de la Guardia Nacional- que debe ocuparse de la supervisión del sistema, para asegurar el cumplimiento de las normas y los estándares fijados por el congreso federal, así como de supervisar que se haga un uso debido de los materiales, equipos y demás pertrechos suministrados por el Gobierno federal, a quien por ley le corresponde hacerlo.

A cargo de la mencionada oficina está un militar de carrera, con rango de general, pero los miembros de las diferentes milicias integrantes de la “guardia nacional” no son regulares y solo se reúnen, para ejercicios de entrenamiento, los fines de semana y, esporádicamente, por periodos más largos, usualmente no más de una semana.

Ese modelo plantea un instituto complejo, con profunda raigambre histórica estadounidense, no regular, con una misión precisa y sin funciones policiacas, sino militares, que interviene solo en casos extremos de excepción.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, como su antecesora de 1857, lo adoptó, mencionando la institución, sin definirla. Ha sido letra muerta por dos principales razones: Porque en México no existían cuerpos como los descritos, y porque nunca fueron creados, seguramente a raíz del riesgo que hubieran representado para la frágil paz interior debida a la volátil situación política de todo el primer siglo de existencia independiente de México.

Las circunstancias de tiempo y lugar en que nació la figura en cuestión explican su génesis y evolución, tanto como justifican su existencia en los Estados unidos, que no son ni remotamente las imperantes en el México de nuestros días, que demandan creatividad informada e inteligente, para diseñar las estrategias adecuadas a la solución de la maraña cada vez más enredada de problemas delincuenciales, es decir, policiacos, no militares.

Impera en México, hace ya varios lustros, una “perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, que en los términos del artículo 29 constitucional, amerita la adopción de las medidas de emergencia ahí previstas, pero en lugar de ello, y sin satisfacer los requisitos que ese artículo establece, se ha militarizado la función policiaca y, en los hechos, se han efectuado acciones ilegales que, para peor, no han conducido al resultado apetecido.

Hoy, que se pretende utilizar aquélla figura para satisfacer objetivos distintos de los que le son propios, cabe preguntarse: ¿Hay razón para suponer que el artificio de crear un nuevo cuerpo policiaco, dentro de las Fuerzas Armadas y bajo su mando, bastará para resolver la crisis estructural presente?
13 Enero 2019 03:30:00
La Guardia Nacional
Desde sus orígenes, por su misión y funciones, la institución que se conoce como “Guardia Nacional” es de naturaleza militar. Se llama así al sistema de cuerpos voluntarios –es muy importante destacar esta característica– que con diferentes nombres operan, aún antes de la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, en cada uno de los estados de ese país.

Son milicias estatales que se constituyeron en cada una de las 13 colonias británicas en América para contar con fuerzas aptas para su defensa frente a los peligros provenientes del exterior.

Fueron reconocidas por la Constitución de Filadelfia y hasta nuestros días se conservan. Se engloban bajo la denominación genérica “Guardia Nacional”, acuñada por Lafayette para referirse al conjunto y se adoptó, oficialmente, por una Ley federal de 1903.

El comandante supremo de cada cuerpo es el gobernador del estado respectivo, quien puede convocarla para hacer frente a desastres naturales o disturbios civiles de gran escala, como sucedió en California durante el llamado “Los Angeles Riot” de 1992.

Puede ser convocada por el Presidente estadunidense para asignarle misiones en el territorio del país o fuera de él, como en efecto ha ocurrido, en casos de necesidad, casos en los que, si la participación es en el exterior, los cuerpos convocados se integran temporalmente a los ejércitos regulares, de los que, por ley, son reserva.

Es precisamente por esta última función que existe, dentro del Departamento de Defensa, una unidad –la Oficina de la Guardia Nacional– que debe ocuparse de la supervisión del sistema, para asegurar el cumplimiento de las normas y los estándares fijados por el congreso federal, así como de supervisar que se haga un uso debido de los materiales, equipos y demás pertrechos suministrados por el Gobierno federal, a quien por ley le corresponde hacerlo.

A cargo de la mencionada oficina está un militar de carrera, con rango de general, pero los miembros de las diferentes milicias integrantes de la “Guardia Nacional” no son regulares y sólo se reúnen, para ejercicios de entrenamiento, los fines de semana y por periodos más largos, usualmente no más de una semana.

Ese modelo plantea un instituto complejo, con profunda raigambre histórica estadunidense, no regular, con una misión precisa y sin funciones policiacas, sino militares, que interviene sólo en casos extremos de excepción.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, como su antecesora de 1857, lo adoptó, mencionando la institución, sin definirla. Ha sido letra muerta por dos principales razones: porque en México no existían cuerpos como los descritos, y porque nunca fueron creados, seguramente a raíz del riesgo que hubieran representado para la frágil paz interior debida a la volátil situación política de todo el primer siglo de existencia independiente de México.

Las circunstancias de tiempo y lugar en que nació la figura en cuestión explican su génesis y evolución, tanto como justifican su existencia en los Estados Unidos, que no son ni remotamente las imperantes en el México de nuestros días, que demandan creatividad informada e inteligente, para diseñar las estrategias adecuadas a la solución de la maraña cada vez más enredada de problemas delincuenciales, es decir, policiacos, no militares.

Impera en México, hace ya varios lustros, una “perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, que en los términos del Artículo 29 constitucional, amerita la adopción de las medidas de emergencia ahí previstas, pero en lugar de ello, y sin satisfacer los requisitos que ese artículo establece, se ha militarizado la función policiaca y, en los hechos, se han efectuado acciones ilegales que, para peor, no han conducido al resultado apetecido.


Hoy, que se pretende utilizar aquella figura para satisfacer objetivos distintos de los que le son propios, cabe preguntarse: ¿Hay razón para suponer que el artificio de crear un nuevo cuerpo policiaco, dentro de las Fuerzas Armadas y bajo su mando, bastará para resolver la crisis estructural presente?


06 Enero 2019 04:07:00
Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades
Dice un conocido aforismo oriental que toda crisis es, al mismo tiempo, una oportunidad. Es bien sabido, incluso, que el ideograma que representa ambos conceptos, en el idioma mandarín, es el mismo. Recordarlo es pertinente en los tiempos que corren, aunque esta referencia se haya convertido en un lugar común.

En el mundo entero los modelos y esquemas económicos, políticos y jurídicos que habían estructurado a los sistemas sociales desde el renacimiento, se han vuelto obsoletos, inútiles para explicar las realidades nuevas y, por lo tanto, para ordenarlas de manera justa y democrática.

México, que no podía sustraerse a tal fenómeno, ve hoy aguzada la situación a causa del giro que han dado los planteamientos formulados por el nuevo Gobierno, que han puesto al descubierto, y exacerbado, enconos y confrontaciones que no se habían hecho patentes de manera tan obvia, aunque hubieran ya estado presentes en el escenario desde hace ya mucho tiempo, porque es verdad que la entronización desenfrenada de la codicia, acompañada del deterioro de muchas virtudes cívicas, ha desplazado los valores de cohesión comunitaria, dando lugar a inequidades y exclusiones
injustificables.

Había, ya, que tomar medidas para enmendar las cosas, pero para poder arreglarlas hace falta restaurar el tejido social, lo que sólo puede lograrse construyendo comunidad, no desgarrándola.

El hecho es que nuestro país atraviesa una crisis, y que las crisis, a fin de cuentas acaban por resolverse; lo importante es que no se resuelvan solas y al azar, sino que lo hagan favorablemente, y eso sólo puede lograrse actuando sobre ellas de manera inteligente y edificante; si es verdad que hacen tabla rasa de las cosas y cierran procesos, también lo es que abren puertas a nuevas maneras de enfrentar las circunstancias y ofrecen la posibilidad de reorientar los factores sociales de modo civilizado.

No hay que filosofar para percatarse de que las actitudes beligerantes y la violencia que han proliferado en los últimos meses y han arreciado al final del año, conducen precisamente al polo opuesto: la disgregación y el encono.

Lo peor de todo es que los denuestos y descalificaciones irreflexivas en boga, además, distraen la atención respecto de lo
importante.

Lejos de buscarse en el fondo las causas de la inequidad imperante y la indignación que ella ha causado y tan abrumadoramente se expresó en las urnas el verano pasado, el énfasis ha sido puesto en la inmediatez de los acontecimientos y se ha quedado por eso, en general, sobre la agreste superficie de los insultos, las falacias y las agresiones inconducentes.

A las instituciones, que no son otra cosa que redes de relaciones, hay que transformarlas, no mandarlas al diablo, porque con ellas se irían los cimientos del país que se dice querer salvar.

Para conseguir la transformación debida –no una caprichosamente soñada– hay que voltear a la historia, sí, pero también al mundo contemporáneo, y con sensatez y prudencia tener en cuenta que el poder que se ejerce no es propio, sino delegado; que ese poder, que se llama “soberanía”, lo ejercen los tres poderes, no uno solo; además, que hacerlo con responsabilidad implica tener en cuenta una voluntad popular sustentada en valores fundamentales, que se manifiestan y se han manifestado secularmente de manera generalizada y consuetudinaria, no en expresiones parciales y segmentadas de opinión “ad hoc”.

Es cierto: el signo de todo ciclo que inicia es la esperanza, y en el anual que comienza, tanto como en el sexenal que también lo hace, la cosa no es diferente; pero para que la crisis se resuelva con fortuna para todos, es necesario reforzar la trama y la urdimbre del tejido social –solidariamente, buscando las confluencias y tejiendo las congruencias– para ayudarlo a que se regenere, no sea que, aunque las intenciones sean buenas, el camino por el que nos lleven vaya a dar a un infierno no deseado.

El único modo eficaz de esperar un futuro mejor es, sin duda, construyéndolo entre todos.



06 Enero 2019 04:00:00
Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades
Dice un conocido aforismo oriental que toda crisis es, al mismo tiempo, una oportunidad. Es bien sabido, incluso, que el ideograma que representa ambos conceptos, en el idioma mandarín, es el mismo. Recordarlo es pertinente en los tiempos que corren, aunque esta referencia se haya convertido en un lugar común.

En el mundo entero los modelos y esquemas económicos, políticos y jurídicos que habían estructurado a los sistemas sociales desde el renacimiento, se han vuelto obsoletos, inútiles para explicar las realidades nuevas y, por lo tanto, para ordenarlas de manera justa y democrática.

México, que no podía sustraerse a tal fenómeno, ve hoy aguzada la situación a causa del giro que han dado los planteamientos formulados por el nuevo gobierno, que han puesto al descubierto, y exacerbado, enconos y confrontaciones que no se habían hecho patentes de manera tan obvia, aunque hubieran ya estado presentes en el escenario desde hace ya mucho tiempo, porque es verdad que la entronización desenfrenada de la codicia, acompañada del deterioro de muchas virtudes cívicas, ha desplazado los valores de cohesión comunitaria, dando lugar a inequidades y exclusiones injustificables.

Había, ya, que tomar medidas para enmendar las cosas, pero para poder arreglarlas hace falta restaurar el tejido social, lo que solo puede lograrse construyendo comunidad, no desgarrándola.

El hecho es que nuestro país atraviesa una crisis, y que las crisis, a fin de cuentas, acaban por resolverse; lo importante es que no se resuelvan solas y al azar, sino que lo hagan favorablemente, y eso solo puede lograrse actuando sobre ellas de manera inteligente y edificante; si es verdad que hacen tabla rasa de las cosas y cierran procesos, también lo es que abren puertas a nuevas maneras de enfrentar las circunstancias y ofrecen la posibilidad de reorientar los factores sociales de modo civilizado.

No hay que filosofar para percatarse de que las actitudes beligerantes y la violencia que han proliferado en los últimos meses y han arreciado al final del año, conducen precisamente al polo opuesto: la disgregación y el encono.

Lo peor de todo es que los denuestos y descalificaciones irreflexivas en boga, además, distraen la atención respecto de lo importante.

Lejos de buscarse en el fondo las causas de la inequidad imperante y la indignación que ella ha causado y tan abrumadoramente se expresó en las urnas el verano pasado, el énfasis ha sido puesto en la inmediatez de los acontecimientos y se ha quedado por eso, en general, sobre la agreste superficie de los insultos, las falacias y las agresiones inconducentes.

A las instituciones, que no son otra cosa que redes de relaciones, hay que transformarlas, no mandarlas al diablo, porque con ellas se irían los cimientos del país que se dice querer salvar.

Para conseguir la transformación debida -no una caprichosamente soñada- hay que voltear a la historia, sí, pero también al mundo contemporáneo, y con sensatez y prudencia tener en cuenta que el poder que se ejerce no es propio, sino delegado; que ese poder, que se llama “soberanía”, lo ejercen los tres poderes, no uno solo; además, que hacerlo con responsabilidad implica tener en cuenta una voluntad popular sustentada en valores fundamentales, que se manifiestan y se han manifestado secularmente de manera generalizada y consuetudinaria, no en expresiones parciales y segmentadas de opinión “ad hoc”.

Es cierto: el signo de todo ciclo que inicia es la esperanza, y en el anual que comienza, tanto como en el sexenal que también lo hace, la cosa no es diferente; pero para que la crisis se resuelva con fortuna para todos, es necesario reforzar la trama y la urdimbre del tejido social -solidariamente, buscando las confluencias y tejiendo las congruencias- para ayudarlo a que se regenere, no sea que, aunque las intenciones sean buenas, el camino por el que nos lleven vaya a dar a un infierno no deseado.

El único modo eficaz de esperar un futuro mejor es, sin duda, construyéndolo entre todos.
23 Diciembre 2018 04:07:00
Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 (2)
La semana anterior fue imposible agotar las reflexiones suscitadas por el discurso de Luis Raúl González Pérez en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, conferido este año al maestro Héctor Fix Zamudio.

En esta que concluye, llena de acontecimientos y de intensidad política como fue, sigue siendo pertinente la referencia –quizá lo sea todavía más hoy– a las ideas expresadas por ese orador en tal ocasión.

Empezó con un párrafo que, desde los prolegómenos y sin dilación, puso el dedo en la más dolorosa llaga que en el cotidiano ejercicio del poder en México escuece: el desdén que, en los hechos, caracteriza de manera generalizada la actitud de las autoridades frente a los derechos humanos.

Dijo: “A través de los años, los representantes del Gobierno de la República han atestiguado en estas ceremonias de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos el compromiso y labor de muchas mexicanas y mexicanos que han asumido la causa de la dignidad humana como propósito y camino de vida, aunque los llamados y denuncias que desde este estrado se han formulado por un mayor respeto a la legalidad, a los derechos y libertades básicas de las personas, así como por la defensa y atención a los reclamos de las víctimas y de la sociedad, no han encontrado suficiente eco, ni obtenido las respuestas integrales esperadas”.

Es cierto. En el argot político, hablar de “derechos humanos” se ha vuelto un lugar común, pero la retórica sustentada en ellos suele ser vacía, pletórica de lugares comunes y, sobre todo, carente de congruencia y sentido práctico.

Se hacen discursos interminables, con ineludibles referencias a “las víctimas” en abstracto, hasta que algunas de ellas se hacen concretas al hacer presencia para reclamar sus derechos y exigir la reparación de los daños que a ellos ocasionó la afrenta recibida; se expiden leyes que no se observan y se crean mecanismos que parecen diseñados más para administrar las crisis y atemperar sus impactos –políticos y económicos, principalmente– que para prevenir problemas, solucionarlos o reparar integralmente sus consecuencias, como debería ser, provocando así, incluso, la revictimización de quienes han sufrido el quebrantamiento de sus derechos y la violación de sus libertades.

Para que en verdad exista un “estado de derecho” hace falta “el reconocimiento y respeto de la dignidad humana” y ese propósito, dijo, “hace necesario…que no se condene o estigmatice el legítimo ejercicio y defensa de los derechos; que se respete la pluralidad y el disenso; que no se debilite la institucionalidad democrática precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante; que se respete el equilibrio de poderes y las competencias constitucionalmente establecidas; que la ignorancia y la pobreza no sean vistas como virtudes, sino como condiciones que deben superarse si en realidad se busca el desarrollo del país, partiendo del bienestar de sus habitantes. Que se respete la Constitución y las leyes, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo…Los diferendos entre los Poderes de la Unión deben dirimirse en el marco de la Constitución y de sus leyes, no deben transformarse en confrontaciones que polaricen posiciones y dividan a las instituciones y a la sociedad”.

La voz del ombudsman nacional fue también la de todos los defensores de los derechos humanos –públicos y privados, mexicanos o no– y de la sociedad civil entera, que concurrió al evento a través de una muy representativa y copiosa asistencia. En testimonio de ello queda el vigoroso y prolongado aplauso –de varios minutos y de pie– que se prodigó al orador.

En su turno, el titular del Poder Ejecutivo asumió el compromiso de aceptar y cumplir las recomendaciones. Ojalá que así sea, para honra suya y para bien del país entero.

Nota: Con esta entrega concluyo las que corresponden a 2018. Que tengan una feliz Navidad y que 2019 sea un año pleno de paz, logros y bendiciones. Nos reencontramos el 13 de enero, Dios Mediante.


23 Diciembre 2018 04:00:00
Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 (2)
La semana anterior fue imposible agotar las reflexiones suscitadas por el discurso de Luis Raúl González Pérez en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, conferido este año al maestro Héctor Fix Zamudio.

En esta que concluye, llena de acontecimientos y de intensidad política como fue, sigue siendo pertinente la referencia -quizá lo sea todavía más hoy- a las ideas expresadas por ese orador en tal ocasión.

Empezó con un párrafo que, desde los prolegómenos y sin dilación, puso el dedo en la más dolorosa llaga que en el cotidiano ejercicio del poder en México escuece: el desdén que, en los hechos, caracteriza de manera generalizada la actitud de las autoridades frente a los derechos humanos.

Dijo: “A través de los años, los representantes del Gobierno de la República han atestiguado en estas ceremonias de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos el compromiso y labor de muchas mexicanas y mexicanos que han asumido la causa de la dignidad humana como propósito y camino de vida, aunque los llamados y denuncias que desde este estrado se han formulado por un mayor respeto a la legalidad, a los derechos y libertades básicas de las personas, así como por la defensa y atención a los reclamos de las víctimas y de la sociedad, no han encontrado suficiente eco, ni obtenido las respuestas integrales esperadas”.

Es cierto. En el argot político, hablar de “derechos humanos” se ha vuelto un lugar común, pero la retórica sustentada en ellos suele ser vacía, pletórica de lugares comunes y, sobre todo, carente de congruencia y sentido práctico.

Se hacen discursos interminables, con ineludibles referencias a “las víctimas” en abstracto, hasta que algunas de ellas se hacen concretas al hacer presencia para reclamar sus derechos y exigir la reparación de los daños que a ellos ocasionó la afrenta recibida; se expiden leyes que no se observan y se crean mecanismos que más parecen diseñados más para administrar las crisis y atemperar sus impactos -políticos y económicos, principalmente- que para prevenir problemas, solucionarlos o reparar integralmente sus consecuencias, como debería ser, provocando así, incluso, la revictimización de quienes han sufrido el quebrantamiento de sus derechos y la violación de sus libertades.

Para que en verdad exista un “estado de derecho” hace falta “el reconocimiento y respeto de la dignidad humana” y ese propósito, dijo, “hace necesario…que no se condene o estigmatice el legítimo ejercicio y defensa de los derechos; que se respete la pluralidad y el disenso; que no se debilite la institucionalidad democrática precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante; que se respete el equilibrio de poderes y las competencias constitucionalmente establecidas; que la ignorancia y la pobreza no sean vistas como virtudes, sino como condiciones que deben superarse si en realidad se busca el desarrollo del país, partiendo del bienestar de sus habitantes. Que se respete la Constitución y las leyes, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo…Los diferendos entre los Poderes de la Unión deben dirimirse en el marco de la Constitución y de sus leyes, no deben transformarse en confrontaciones que polaricen posiciones y dividan a las instituciones y a la sociedad”.

La voz del ombudsman nacional fue también la de todos los defensores de los derechos humanos -públicos y privados, mexicanos o no- y de la sociedad civil entera, que concurrió al evento a través de una muy representativa y copiosa asistencia. En testimonio de ello queda el vigoroso y prolongado aplauso -de varios minutos y de pie- que se prodigó al orador.

En su turno, el titular del Poder Ejecutivo asumió el compromiso de aceptar y cumplir las recomendaciones. Ojalá que así sea, para honra suya y para bien del país entero.

Nota: Con esta entrega concluyo las que corresponden a 2018. Que tengan una feliz Navidad y que 2019 sea un año pleno de paz, logros y bendiciones. Nos reencontramos el 13 de enero, Dios
mediante.
16 Diciembre 2018 04:00:00
Premio Nacional de Derechos Humanos 2018
En medio del atribulado clima político que atraviesa nuestro país, el Presidente de la República entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos al Dr. Héctor Fix Fierro, quien acudió a recibirlo en representación de su padre, el Dr. Héctor Fix Zamudio, a quien merecidamente correspondió este año el galardón.

En ese acto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez pronunció un discurso claro, conciso y puntual en el que planteó cuestiones muy interesantes.

“México atraviesa por una situación particularmente grave en cuanto a derechos humanos”, empezó diciendo cuando y ante quien debía hacerlo.

“Las víctimas -dijo- y la sociedad mexicana acumulan una serie de demandas no cumplidas y otros agravios que deberán ser atendidas y subsanados si se aspira a recuperar la confianza y cercanía de la gente con las instituciones. México demanda un cambio y una transformación, pero sustentada en el respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos, así como a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas”.

Si el “estado de derecho” ha de restaurarse, partir del respeto a la constitución y a las instituciones fundantes del estado mexicano, es vital.

Muy importante posición es la que fijó, correctamente, cuando dijo que “México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no están subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales. Donde el respeto y aplicación de la ley, así como la debida investigación y persecución de los delitos sean cuestiones prioritarias. Nuestro país no puede permitirse renunciar a la institucionalidad civil y
democrática”.

Llamó la atención “sobre los riesgos implícitos en privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de una Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las fuerzas armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, así como por principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito”.

Con razón aseveró además que “los problemas de seguridad requieren ser abordados de manera integral. Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad sino contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles”.

Este párrafo, expresamente dirigido al Ejecutivo, no tiene desperdicio: “La decisión mayoritaria de los votantes que permitió su elección como Presidente de México, lo volvió representante no sólo de quienes sufragaron a su favor, sino de todas las mexicanas y mexicanos. Usted nos ha convocado a participar y fijado como meta de su administración que sea la cuarta transformación del país, junto con la independencia, la reforma y la revolución en las que se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional, lograr el predominio del poder civil y la restauración de la República, así como la justicia y la democracia, respectivamente. En esta transformación usted marca como su objetivo convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno”.

El que le sigue tampoco: “Las tres primeras trasformaciones estuvieron marcadas por la división interna, la violencia y la confrontación fratricida. Estas no deben ser las pautas o características de esta cuarta transformación, por el contrario, el ideal de fraternidad marca la necesidad de que este cambio se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación”.

Sigo con la reflexión la semana próxima. Lo amerita.
16 Diciembre 2018 04:00:00
Premio Nacional de Derechos Humanos 2018
En medio del atribulado clima político que atraviesa nuestro país, el Presidente de la República entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos al doctor Héctor Fix Fierro, quien acudió a recibirlo en representación de su padre, el doctor Héctor Fix Zamudio, a quien merecidamente correspondió este año el galardón.

En ese acto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pronunció un discurso claro, conciso y puntual, en el que planteó cuestiones muy interesantes.

México atraviesa por una situación particularmente grave en cuanto a derechos humanos, empezó diciendo cuando y ante quien debía hacerlo.

“Las víctimas –dijo– y la sociedad mexicana acumulan una serie de demandas no cumplidas y otros agravios que deberán ser atendidas y subsanados si se aspira a recuperar la confianza y cercanía de la gente con las instituciones. México demanda un cambio y una transformación, pero sustentada en el respeto a la Constitución, a las leyes, a los derechos, así como a los recursos y garantías que nuestro sistema jurídico concede y reconoce a todas las personas”.

Si el “estado de derecho” ha de restaurarse, partir del respeto a la constitución y a las instituciones fundantes del Estado mexicano, es vital.

Muy importante posición es la que fijó, correctamente, cuando dijo que “México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no están subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales. Donde el respeto y aplicación de la ley, así como la debida investigación y persecución de los delitos sean cuestiones prioritarias. Nuestro país no puede permitirse renunciar a la institucionalidad civil y democrática”.

Llamó la atención “sobre los riesgos implícitos en privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de una Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución, así como por principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito”.

Con razón aseveró además que “los problemas de seguridad requieren ser abordados de manera integral. Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles”.

Este párrafo, expresamente dirigido al Ejecutivo, no tiene desperdicio: “La decisión mayoritaria de los votantes que permitió su elección como Presidente de México, lo volvió representante no sólo de quienes sufragaron a su favor, sino de todas las mexicanas y mexicanos. Usted nos ha convocado a participar y fijado como meta de su administración que sea la cuarta transformación del país, junto con la independencia, la reforma y la revolución en las que se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional, lograr el predominio del poder civil y la restauración de la República, así como la justicia y la democracia, respectivamente. En esta transformación usted marca como su objetivo convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno”.

El que le sigue tampoco: “Las tres primeras trasformaciones estuvieron marcadas por la división interna, la violencia y la confrontación fratricida. Estas no deben ser las pautas o características de esta cuarta transformación, por el contrario, el ideal de fraternidad marca la necesidad de que este cambio se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación”.

Sigo con la reflexión la semana próxima. Lo amerita.

09 Diciembre 2018 04:05:00
Transformación con sensatez
Mientras más se profundice la brecha entre los ricos y los que menos tienen, mientras más pobres haya y mientras más se prolongue en el tiempo esa situación, más inminentes serán las crisis estructurales de cualquier país.

Las elecciones de julio en México, la intensa actividad política del ganador en ellas desde que se anunció su triunfo, y el frenesí legislativo de la mayoría absoluta del equipo ganador en el Congreso de la Unión y más de la mitad de los congresos locales, reventaron todas las válvulas de contención que el inequitativo y alienante sistema de control político-económico había imperado en México, particularmente en las más recientes décadas.

De pronto, el “peligro para México”, un perseverante líder sureño que se empeñó en recorrer el país repartiendo esperanza, canalizó la indignación producida por esa marginación social política y económica. No hizo sino capitalizar el encono de los muchos compatriotas que han recibido, inveteradamente, tratos diferenciales, discriminatorios, desde las cumbres del poder y las clases pudientes, sin importar que fueran económicas o políticas, que, a fin de cuentas, allá en las alturas ambas suelen ir de la mano.

Ese líder, AMLO, endosa los males al “neoliberalismo” y sus instrumentadores, pero yo creo que la cosa no queda ahí.

Mucho antes de que Carlos Salinas, con el imprescindible preámbulo de Miguel de la Madrid, impulsara las reformas estructurales que abrieron las puertas a ese modelo económico, ya se había construido un andamiaje mediatizador para dar, con una mano, apariencia de legitimidad –cuando que sólo se trataba, si mucho, de legalidad– mientras que, con la otra y “en lo oscurito”, las “reglas no escritas” del “sistema” prevalecían sobre el interés general.

Los artilugios de la hegemonía llegaron, incluso, a la ilusa pretensión de justificar los excesos aduciendo unas “facultades metaconstitucionales” inexistentes y de imposible existencia jurídica.

Tal era –y mucho me temo que es– el fervor por la disciplina “institucional”, de verticalidad imperial, que en México se ha padecido desde su declaración de independencia.

Nada de eso puede, en rigor, justificarse, pero hablar de una cuarta transformación sin haber logrado la primera –domeñar los impulsos viscerales y el arbitrio irreflexivo, en aras de la civilidad– tampoco.

El giro de 80 grados era inevitable, pero esta cuestión, mucho me temo, sigue pendiente: hay todavía un sinnúmero de interrogantes respecto de la viabilidad de las pretensiones expresas del nuevo Gobierno, a las que incluso ronda la duda, a juzgar por las contradicciones internas que son evidentes en las variantes “oficial” y “popular” del discurso público, aunadas, para más, a las incongruencias que pueden apreciarse, a simple vista, entre lo dicho y lo hecho.

En todo caso, el eficaz cultivo de la esperanza masiva que ha tenido lugar, junto con el énfasis de las referencias a los “adversarios” como “fifíes” y “conservadores”, lejos de cohesionar a los factores diversos del sistema social para orientar sus energías conjuntadas en orden del interés general, ha potenciado las diferencias al grado de convertirlas –el lenguaje que el grupo en el poder y sus seguidores emplean así lo acredita– en verdaderos enconos que no sólo apuntan a una escisión que podría llegar a ser insalvables, sino a confrontaciones exacerbadas, cargadas potencialmente de gran violencia.

Es un hecho que el ejemplo del líder –muy bien lo sabe don Andrés Manuel– es un vector de gran poder para influir en las actitudes de sus seguidores. El amor a la patria, las responsabilidades adquiridas por todos y la sensatez aconsejan sumar, una vez que se ha vencido, en vez de dividir.

Estamos a tiempo. Ojalá que la reflexión serena propicie el impulso de acciones congruentes con la construcción de los consensos que al país le hacen falta, ahuyentando al fantasma de la confrontación.

Hay que construir nuevos paradigmas sobre lo mejor de nuestros valores. Hay que recordar que la democracia es gobierno que eligen las mayorías, pero se ejerce integrando a las minorías, con absoluto respeto del derecho de todos.

09 Diciembre 2018 04:00:00
Transformación con sensatez
Mientras más se profundice la brecha entre los ricos y los que menos tienen, mientras más pobres haya y mientras más se prolongue en el tiempo esa situación, más inminentes serán las crisis estructurales de cualquier país.

Las elecciones de julio en México, la intensa actividad política del ganador en ellas desde que se anunció su triunfo, y el frenesí legislativo de la mayoría absoluta del equipo ganador en el Congreso de la Unión y más de la mitad de los congresos locales, reventaron todas las válvulas de contención que el inequitativo y alienante sistema de control político-económico había imperado en México, particularmente en las más recientes décadas.

De pronto, el “peligro para México”, un perseverante líder sureño que se empeñó en recorrer el país repartiendo esperanza, canalizó la indignación producida por esa marginación social política y económica. No hizo sino capitalizar el encono de los muchos compatriotas que han recibido, inveteradamente, tratos diferenciantes, discriminatorios, desde las cumbres del poder y las clases pudientes, sin importar que fueran económicas o políticas, que, a fin de cuentas, allá en las alturas ambas suelen ir de la mano.

Ese líder, AMLO, endosa los males al “neoliberalismo” y sus instrumentadores, pero yo creo que la cosa no queda ahí.

Mucho antes de que Carlos Salinas, con el imprescindible preámbulo de Miguel de la Madrid, impulsara las reformas estructurales que abrieron las puertas a ese modelo económico, ya se había construido un andamiaje mediatizador para dar, con una mano, apariencia de legitimidad -cuando que solo se trataba, si mucho, de legalidad- mientras que, con la otra y “en lo oscurito”, las “reglas no escritas” del “sistema” prevalecían sobre el interés general.

Los artilugios de la hegemonía llegaron, incluso, a la ilusa pretensión de justificar los excesos aduciendo unas “facultades metaconstitucionales” inexistentes y de imposible existencia jurídica.

Tal era -y mucho me temo que es- el fervor por la disciplina “institucional”, de verticalidad imperial, que en México se ha padecido desde su declaración de independencia.

Nada de eso puede, en rigor, justificarse, pero hablar de una cuarta transformación sin haber logrado la primera -domeñar los impulsos viscerales y el arbitrio irreflexivo, en aras de la civilidad- tampoco.

El giro de ochenta grados era inevitable, pero esta cuestión, mucho me temo, sigue pendiente: hay todavía un sinnúmero de interrogantes respecto de la viabilidad de las pretensiones expresas del nuevo gobierno, a las que incluso ronda la duda, a juzgar por las contradicciones internas que son evidentes en las variantes “oficial” y “popular” del discurso público, aunadas, para más, a las incongruencias que pueden apreciarse, a simple vista, entre lo dicho y lo hecho.

En todo caso, el eficaz cultivo de la esperanza masiva que ha tenido lugar, junto con el énfasis de las referencias a los “adversarios” como “fifíes” y “conservadores”, lejos de cohesionar a los factores diversos del sistema social para orientar sus energías conjuntadas en orden del interés general, ha potenciado las diferencias al grado de convertirlas -el lenguaje que el grupo en el poder y sus seguidores emplean así lo acredita- en verdaderos enconos que no solo apuntan a una escisión que podría llegar a ser insalvables, sino a confrontaciones exacerbadas, cargadas potencialmente de gran violencia.

Es un hecho que el ejemplo del líder -muy bien lo sabe don Andrés Manuel- es un vector de gran poder para influir en las actitudes de sus seguidores. El amor a la patria, las responsabilidades adquiridas por todos y la sensatez aconsejan sumar, una vez que se ha vencido, en vez de dividir.

Estamos a tiempo. Ojalá que la reflexión serena propicie el impulso de acciones congruentes con la construcción de los consensos que al país le hacen falta, ahuyentando al fantasma de la confrontación.

Hay que construir nuevos paradigmas sobre lo mejor de nuestros valores. Hay que recordar que la democracia es gobierno que eligen las mayorías, pero se ejerce integrando a las minorías, con absoluto respeto del derecho de todos.
02 Diciembre 2018 04:06:00
El ‘Estado de bienestar’
Comienza una nueva era, según la peculiar costumbre mexicana de dividir la historia en sexenios. Se anunció ayer oficialmente al rendir protesta el presidente López Obrador, como se había anticipado ya por él mismo y su equipo cercano, que en ella será instaurado el “estado de bienestar”.

Las características de ese modelo y los resultados de su desempeño en la historia, en vista de lo que podrá ocurrir en México a partir de hoy, bien merecen mayor atención que la que ha recibido hasta hoy.

La idea surgió en el siglo 19, en la Alemania de Bismarck. En esos días las estructuras sociales y las de poder eran rígidas y las diferencias sociales prácticamente infranqueables, en tanto que las condiciones de explotación de los trabajadores en el seno de un capitalismo sin restricciones y una clase trabajadora en la que habían permeado las ideas marxistas, produjeron una efervescencia que amenazaba severamente al
“statu quo”.

Para neutralizar esa tendencia, el parlamento emitió un paquete de leyes que conferían a los trabajadores protección a través de la cobertura elemental de riesgos tales como enfermedades, accidentes, edad avanzada o invalidez, por ejemplo. Varios lustros después, Inglaterra adoptó medidas legales que incorporaron las mismas garantías, pero añadieron el seguro de desempleo.

Después vendrían, en los Estados Unidos y otros países industrializados, el seguro de salud, la asistencia a las familias con hijos a su cargo, la vivienda para familias de bajos ingresos, los subsidios para otro tipo de vivienda, la formación profesional y otras prestaciones destinadas a cubrir las necesidades de los menos dotados de medios propios para hacerlo.

La inclusión en la agenda estatal de los asuntos sociales, según este modelo, tiende a evitar la alienación de grandes conglomerados de seres humanos, así como su marginación frente a los beneficios del progreso, entendido este en su extensión más amplia y
comprensiva.

La debilidad de ese modelo, ahí donde se ha aplicado, es la dependencia que mantiene frente a la disponibilidad de recursos suficientes para financiar sus programas, puesto que los fondos públicos requieren primordialmente de fuentes impositivas, que sólo crecerán en la medida en que crezcan los ingresos que son su fuente, y esto no puede tener lugar sin una creciente inversión privada en la actividad económica.

Ha ocurrido así por diferentes razones. Ocupa un lugar relevante, entre las que se han aducido, la resistencia de los sectores capitalistas; siendo eso verdad, no deja de tener importancia –quizás mayor, inclusive– el impacto inhibitorio de las energías productivas, sociales e individuales, que conlleva la instauración de políticas públicas meramente asistenciales y paternalistas.

La dignidad a la que la gente aspira –y a la que tiene un derecho irrenunciable– demanda contar con posibilidades de proveer, por sí misma y con decoro, a la satisfacción de sus necesidades y las de quienes sean sus dependientes.

Es entonces cuando se presenta la necesidad de replantear los términos del modelo y nace la idea del “estado social” que, si bien no deja de ser prestacional y redistribuidor, introduce principios propios de la justicia social y sus aplicaciones políticas y económicas, tal como son los principios de solidaridad y subsidiaridad.

En este caso se trata, en primer lugar, de un estado que proclama al trabajo como un deber y no sólo como un derecho fundamental; en segundo, que se ocupa de garantizar los derechos y libertades fundamentales, incluida la promoción de condiciones propicias para que tenga lugar un más equitativo reparto de las rentas.

En el modelo de “estado social”, que es democrático y está sometido al orden jurídico, lo que procede es estimular la participación de todos, equitativamente, en la construcción del desarrollo pleno del potencial individual y comunitario, asumiendo el Gobierno, siempre conforme a derecho, la función de conducir la “cosa pública” en orden de hacer viable el desarrollo pleno de la comunidad y de quienes la integran.

Considerar esos matices podría contribuir a limar las asperezas del terreno por recorrer.




02 Diciembre 2018 04:00:00
El ‘Estado de Bienestar’
Comienza una nueva era, según la peculiar costumbre mexicana de dividir la historia en sexenios. Se anunció ayer oficialmente al rendir protesta el Presidente López Obrador, como se había anticipado ya por él mismo y su equipo cercano, que en ella será instaurado el “estado de bienestar”.

Las características de ese modelo y los resultados de su desempeño en la historia, en vista de lo que podrá ocurrir en México a partir de hoy, bien merecen mayor atención que la que ha recibido
hasta hoy.

La idea surgió en el siglo 19, en la Alemania de Bismarck. En esos días las estructuras sociales y las de poder eran rígidas y las diferencias sociales prácticamente infranqueables, en tanto que las condiciones de explotación de los trabajadores en el seno de un capitalismo sin restricciones y una clase trabajadora en la que habían permeado las ideas marxistas, produjeron una efervescencia que amenazaba severamente al “statu quo”.

Para neutralizar esa tendencia, el parlamento emitió un paquete de leyes que conferían a los trabajadores protección a través de la cobertura elemental de riesgos tales como enfermedades, accidentes, edad avanzada o invalidez, por ejemplo. Varios lustros después, Inglaterra adoptó medidas legales que incorporaron las mismas garantías, pero añadieron el seguro de desempleo.

Después vendrían, en los Estados Unidos y otros países industrializados, el seguro de salud, la asistencia a las familias con hijos a su cargo, la vivienda para familias de bajos ingresos, los subsidios para otro tipo de vivienda, la formación profesional y otras prestaciones destinadas a cubrir las necesidades de los menos dotados de medios propios para hacerlo.

La inclusión en la agenda estatal de los asuntos sociales, según este modelo, tiende a evitar la alienación de grandes conglomerados de seres humanos, así como su marginación frente a los beneficios del progreso, entendido este en su extensión más amplia y comprensiva.

La debilidad de ese modelo, ahí donde se ha aplicado, es la dependencia que mantiene frente a la disponibilidad de recursos suficientes para financiar sus programas, puesto que los fondos públicos requieren primordialmente de fuentes impositivas, que solo crecerán en la medida en que crezcan los ingresos que son su fuente, y esto no puede tener lugar sin una creciente inversión privada en la actividad económica.

Ha ocurrido así por diferentes razones. Ocupa un lugar relevante, entre las que se han aducido, la resistencia de los sectores capitalistas; siendo eso verdad, no deja de tener importancia -quizás mayor, inclusive- el impacto inhibitorio de las energías productivas, sociales e individuales, que conlleva la instauración de políticas públicas meramente asistenciales y paternalistas.

La dignidad a la que la gente aspira -y a la que tiene un derecho irrenunciable- demanda contar con posibilidades de proveer, por sí misma y con decoro, a la satisfacción de sus necesidades y las de quienes sean sus dependientes.

Es entonces cuando se presenta la necesidad de replantear los términos del modelo y nace la idea del “estado social” que, si bien no deja de ser prestacional y redistribuidor, introduce principios propios de la justicia social y sus aplicaciones políticas y económicas, tal como son los principios de solidaridad y subsidiaridad.

En este caso se trata, en primer lugar, de un estado que proclama al trabajo como un deber y no solo como un derecho fundamental; en segundo, que se ocupa de garantizar los derechos y libertades fundamentales, incluida la promoción de condiciones propicias para que tenga lugar un más equitativo reparto de las rentas.

En el modelo de “estado social”, que es democrático y está sometido al orden jurídico, lo que procede es estimular la participación de todos, equitativamente, en la construcción del desarrollo pleno del potencial individual y comunitario, asumiendo el gobierno, siempre conforme a derecho, la función de conducir la “cosa pública” en orden de hacer viable el desarrollo pleno de la comunidad y de quienes la integran.

Considerar esos matices podría contribuir a limar las asperezas del terreno por recorrer.
25 Noviembre 2018 04:00:00
El desmantelamiento de la federación mexicana
A pasos agigantados avanza, aun antes de asumir el cargo, el plan general de AMLO para implantar su visión de país.

En el camino se ha arremetido contra algunas instituciones, pero eso no es nuevo. La historia reciente de México está plagada de acciones al margen de la ley y aun contra ella, en aras de no sé qué intereses oscuros, cada vez menos disimulados tras la cortina de humo que ha producido la invocación de motivos indefinidos, tales como “el pueblo”, el “interés público”, “el bien de la República, y otros por el estilo.

Las cosas tenían –y tienen– que cambiar, pero hay que tener buen cuidado en no desmantelar los puntales de nuestra estructura, y todavía más, de evitar los defectos del pasado.

Aparentemente, la distribución del poder que implica el sistema federal, adoptado por nuestro país como medida de integración desde su fundación misma, se ha percibido como obstáculo para la transformación anunciada, pero no es así.

Si, como muchas instituciones, no ha cumplido con su propósito, no es por deficiencias propias sino a causa de la impericia, o la intención desviada, de quienes han estado a cargo de los gobiernos. Se corrompen las personas, no las instituciones.

El sistema federal no es esa la causa de los males y puede ser uno de los ingredientes para remediar los abusos de poder, si bien se emplea el instrumento.

Por eso hay que rescatarlo y no desmantelarlo. Para ello, conviene repasar sus características sustanciales y recordar que ese sistema cabe cuando coexisten varias comunidades políticas que cuentan con autonomía originaria, en ejercicio de la cual deciden unirse para formar una nueva entidad y para el caso se inhiben, voluntaria y simultáneamente, de algunas atribuciones soberanas para cederlas a un nuevo orden gubernamental que se erige para atender los intereses comunes, creando además una entidad distinta de cada una de ellas, que a todas las comprende, respetando las peculiaridades de cada una.

En el sistema federal, contra lo que suele pensarse, coexisten tres órdenes jurídicos: a) el que corresponde a cada uno de los estados miembros; b) el correspondiente al orden federal, y c) aquel que es supremo y abarca a los dos anteriores.

No hay jerarquías gubernamentales, sino ámbitos normativos distintos, aglutinados en torno a la supremacía constitucional.

El esquema federal adoptado para la organización del poder refuerza el sistema de separación de poderes, cuyo principal objetivo no es la división de tareas, sino el equilibrio que habrá de resultar del control mutuo entre ellos, para evitar los excesos que tienden a darse cuando el poder se concentra, como se corre el riesgo de que ocurra actualmente, en perjuicio, a la postre, de los derechos y libertades de los menos favorecidos.

En el sistema federal, esos controles se duplican y por eso es por lo que conviene restablecer su vigencia plena, tan disminuida a estas alturas, es cierto, que ya casi no queda de él sino poco más que el nombre, pero no es anulándolo, sino reconstituyéndolo, como habrá de serle restituida su eficiencia política.

Las iniciativas, ya lo he dicho aquí mismo y en otros foros también, que propenden a unificar el poder, centralizándolo, por más que se aduzca lo contrario, acaban por deteriorar la calidad de vida de los seres humanos sin acceso al poder –económico o político– que son quienes componen eso que llamamos “sociedad civil”.

El antídoto está en el respeto a las normas, en general, y en la garantía de los derechos fundamentales, evitando ceder a la tentación cómoda de dejar en pocas manos ese valioso instrumento de desarrollo social –o de sometimiento, depende de quién y cómo lo use– que es el poder político.

El “estado de derecho” es, por definición, comunidad políticamente organizada y jurídicamente estructurada, gobernada por el derecho, no por la voluntad arbitraria de alguien, o algunos pocos, por bien intencionada que sea. Para evitar que eso pase, conviene acotar el poder.
25 Noviembre 2018 04:00:00
El desmantelamiento de la Federación mexicana
A pasos agigantados avanza, aún antes de asumir el cargo, el plan general de AMLO para implantar su visión de país.

En el camino se ha arremetido contra algunas instituciones, pero eso no es nuevo. La historia reciente de México está plagada de acciones al margen de la ley y aun contra ella, en aras de no se que intereses oscuros, cada vez menos disimulados tras la cortina de humo que ha producido la invocación de motivos indefinidos, tales como “el pueblo”, el “interés público”, “el bien de la República, y otros por el estilo.

Las cosas tenían -y tienen- que cambiar, pero hay que tener buen cuidado en no desmantelar los puntales de nuestra estructura, y todavía más de evitar los defectos del pasado.

Aparentemente, la distribución del poder que implica el sistema federal, adoptado por nuestro país como medida de integración desde su fundación misma, se ha percibido como obstáculo para la transformación anunciada, pero no es así.

Si, como muchas instituciones, no ha cumplido con su propósito, no es por deficiencias propias sino a causa de la impericia, o la intención desviada, de quienes han estado a cargo de los gobiernos. Se corrompen las personas, no las instituciones.

El sistema federal no es esa la causa de los males y puede ser uno de los ingredientes para remediar los abusos de poder, si bien se emplea el instrumento.

Por eso hay que rescatarlo y no desmantelarlo. Para ello, conviene repasar sus características sustanciales, y recordar que ese sistema cabe cuando coexisten varias comunidades políticas que cuentan con autonomía originaria, en ejercicio de la cual deciden unirse para formar una nueva entidad y para el caso se inhiben, voluntaria y simultáneamente, de algunas atribuciones soberanas para cederlas a un nuevo orden gubernamental que se erige para atender los intereses comunes, creando además una entidad distinta de cada una de ellas, que a todas las comprende, respetando las peculiaridades de cada una.

En el sistema federal, contra lo que suele pensarse, coexisten tres órdenes jurídicos: a) el que corresponde a cada uno de los estados miembros; b) el correspondiente al orden federal, y c) aquel que es supremo y abarca a los dos anteriores.

No hay jerarquías gubernamentales, sino ámbitos normativos distintos, aglutinados en torno a la supremacía constitucional.

El esquema federal adoptado para la organización del poder refuerza el sistema de separación de poderes, cuyo principal objetivo no es la división de tareas, sino el equilibrio que habrá de resultar del control mutuo entre ellos, para evitar los excesos que tienden a darse cuando el poder se concentra, como se corre el riesgo de que ocurra actualmente, en perjuicio, a la postre, de los derechos y libertades de los menos favorecidos.

En el sistema federal, esos controles se duplican y por eso es por lo que conviene restablecer su vigencia plena, tan disminuida a estas alturas, es cierto, que ya casi no queda de él sino poco más que el nombre, pero no es anulándolo, sino reconstituyéndolo, como habrá de serle restituida su eficiencia política.

Las iniciativas -ya lo he dicho aquí mismo y en otros foros también- que propenden a unificar el poder, centralizándolo, por más que se aduzca lo contrario, acaban por deteriorar la calidad de vida de los seres humanos sin acceso al poder –económico o político- que son quienes componen eso que llamamos “sociedad civil”.

El antídoto está en el respeto a las normas, en general, y en la garantía de los derechos fundamentales, evitando ceder a la tentación cómoda de dejar en pocas manos ese valioso instrumento de desarrollo social –o de sometimiento, depende de quién y cómo lo use- que es el poder político.

El “estado de derecho” es, por definición, comunidad políticamente organizada y jurídicamente estructurada, gobernada por el derecho, no por la voluntad arbitraria de alguien, o algunos pocos, por bien intencionada que sea. Para evitar que eso pase, conviene acotar el poder.
18 Noviembre 2018 04:00:00
Paz y seguridad
Las políticas públicas, pensamiento en acción, son recursos técnicos para acometer problemas que aquejan a una comunidad, proveyendo los medios para solucionarlos.

Como esos problemas son usualmente complejos e interrelacionados, las vías de solución requieren de una identificación precisa de las causas, las formas recíprocas en que unos influyen en los otros y los efectos que producen cada uno y las sinergias que de su confluencia se desprenden.

Dependen de una estrategia bien definida, de tácticas y campañas congruentes con y de la participación de actores, públicos y privados, en una agenda que sea adecuada y determine prioridades, así como responsabilidades.

Toda política pública ha de traducirse en planes, programas, actividades y acciones que, bien concatenadas entre sí y alineadas a la solución del o los problemas del caso, aumentarán su posibilidad de que sea eficaz.

Hace falta, también, que se precisen sus objetivos y que éstos se conviertan en metas por la incorporación de indicadores cuantitativos en ellos.

Un diagnóstico preciso y claro es, por lo tanto, imprescindible. No basta experimentar el mal y la “sensación” de él, ni son suficientes las medidas para paliar el malestar, disimulando los síntomas y las molestias que causan, porque a la postre el daño se acrecienta y mata.

Cuando alguien se siente enfermo, no se automedica sin riesgos graves. Va al médico, y este determina, tras un análisis minucioso de los síntomas y el soporte de estudios clínicos profesionales, las causas de la enfermedad: sólo desde ahí puede determinar el
tratamiento.

Lo mismo sucede con los males públicos: es necesario diagnosticarlos bien, para luego definir las medidas que, efectivamente, puedan remediarlos.

En días pasados se anunció el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, elaborado por el equipo del presidente electo, cuyo propósito primordial es “formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores”.

Hay en él un buen número de enunciados de innegable bondad: nadie podría oponerse a la necesidad de erradicar la simulación, que se traduce en corrupción, catalizada por la impunidad, ni a la necesidad de “abandonar el autoritarismo y la violencia y avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos”, según el documento presentado propone, por ejemplo.

Se enuncian, es cierto, propósitos encomiables, como erradicar la corrupción; garantizar empleo, educación y bienestar; pleno respeto a los derechos humanos; reformular el combate a las drogas, aunque a quienes habría que combatir es a quienes impulsan su consumo y comercio ilícito.

Hay otros propósitos cuya bondad no es tan evidente, como el que se refiere a la “regeneración ética de la sociedad”, porque no deja de percibirse en este punto un dejo de “revolución cultural” y el riesgo de la tentación de imposición ideológica.

Algunos más que no dejan ver con claridad los medios de solución, aunque se refieran a los instrumentos pensados para conseguirla, como la anunciada Guardia Nacional, o el Consejo de Construcción de la Paz, del que nada en concreto se ha dicho.

Se echa de menos en todo ello, sin embargo, la precisión de los datos duros de un diagnóstico confiable, tanto como el examen y valoración de las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas que cualquier estrategia requiere para ser eficiente y eficaz. Tampoco se vislumbra la agenda que se requiere.

Hay, además, un elemento central por esclarecer: ¿se persigue la restauración del “estado de derecho”, o se quiere instaurar un “estado de bienestar”? Ambas expresiones se utilizan en el documento, pero no son lo mismo: aquél implica la idea de que gobiernan las leyes, y si se agrega el calificativo “social”, es porque el derecho se ordena hacia la justicia social.

El “estado de bienestar”, en cambio, confunde el “bienestar” con el “bien ser”, y la historia ha demostrado que no es un modelo exitoso.
18 Noviembre 2018 04:00:00
Paz y seguridad
Las políticas públicas, pensamiento en acción, son recursos técnicos para acometer problemas que aquejan a una comunidad, proveyendo los medios para solucionarlos.

Como esos problemas son usualmente complejos e interrelacionados, las vías de solución requieren de una identificación precisa de las causas, las formas recíprocas en que unos influyen en los otros y los efectos que producen, cada uno y las sinergías que de su confluencia se desprenden.

Dependen de una estrategia bien definida, de tácticas y campañas congruentes con y de la participación de actores, públicos y privados, en una agenda que sea adecuada y determine prioridades, así como responsabilidades.

Toda política pública ha de se traducirse en planes, programas, actividades y acciones que, bien concatenadas entre sí y alineadas a la solución del o los problemas del caso, si se quiere que sea eficaz.

Hace falta, también, que se precisen sus objetivos y que estos se conviertan en metas por la incorporación de indicadores cuantitativos en ellos.

Un diagnóstico preciso y claro es, por lo tanto, imprescindible. No basta experimentar el mal y la “sensación” de él, ni son suficientes las medidas para paliar el malestar, disimulando los síntomas y las molestias que causan, porque a la postre el daño se acrecienta y mata.

Cuando alguien se siente enfermo, no se automedica sin riesgos graves. Va al médico, y este determina, tras un análisis minucioso de los síntomas y el soporte de estudios clínicos profesionales, las causas de la enfermedad: Solo desde ahí puede determinar el tratamiento.

Lo mismo sucede con los males públicos: Es necesario diagnosticarlos bien, para luego definir las medidas que, efectivamente, puedan remediarlos.

En días pasados se anunció el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, elaborado por el equipo del presidente electo, cuyo propósito primordial es “formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores”.

Hay en él un buen número de enunciados de innegable bondad: Nadie podría oponerse a la necesidad de erradicar la simulación, que se traduce en corrupción, catalizada por la impunidad, ni a la necesidad de “abandonar el autoritarismo y la violencia y avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos”, según el documento presentad propone, por ejemplo.

Se enuncian, es cierto, propósitos encomiables, como erradicar la corrupción; garantizar empleo, educación y bienestar; pleno respeto a los derechos humanos; reformular el combate a las drogas, aunque a quienes habría que combatir es a quienes impulsan su consumo y comercio ilícito.

Hay otros propósitos cuya bondad no es tan evidente, como el que se refiere a la “regeneración ética de la sociedad”, porque no deja de percibirse en este punto un dejo de “revolución cultural” y el riesgo de la tentación de imposición ideológica.

Algunos más que no dejan ver con claridad los medios de solución, aunque se refieran a los instrumentos pensados para conseguirla, como la anunciada “Guardia Nacional”, o el “Consejo de Construcción de la Paz”, del que nada en concreto se ha dicho.

Se echa de menos en todo ello, sin embargo, la precisión de los datos duros de un diagnóstico confiable, tanto como el examen y valoración de las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas que cualquier estrategia requiere para ser eficiente y eficaz. Tampoco se vislumbra la agenda que se requiere.

Hay, además, un elemento central por esclarecer: ¿Se persigue la restauración del “estado de derecho”, o se quiere instaurar un “estado de bienestar”? Ambas expresiones se utilizan en el documento, paro no son lo mismo: Aquél implica la idea de que gobiernan las leyes, y si se agrega el calificativo “social”, es porque el derecho se ordena hacia la justicia social.

El “estado de bienestar”, en cambio, confunde el “bienestar” con el “bien ser”, y la historia ha demostrado que no es un modelo exitoso.
11 Noviembre 2018 04:00:00
Presidencialismo sin equilibrios
Leo, con detenimiento, la entrevista a Diego Valadés que publicó Proceso el lunes anterior y que desató gran revuelo en el círculo cercano a AMLO.

Encuentro en ella una sensata convocatoria a la reflexión sobre aspectos que representan riesgos evidentes para la democracia, e incluso para la gestión del próximo Presidente de México, sean cuales fueren sus planes íntimos respecto de ella.

Aunque la referencia que hace Valadés se centra específicamente en la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco, creo que bien puede extrapolarse, previsiblemente, a toda otra decisión presidencial futura, lo que me induce a formular algunos comentarios sobre el tema.

En cuanto a la preocupación expresada en el curso de la entrevista por la falta de proyecto “político, democrático e institucional” del Presidente electo, mucho me temo que debo disentir. Cuando el periodista pregunta “¿prevé que López Obrador gobierne a capricho?, y el jurista responde “a mí no me preocupa eso. A mí me preocupa una persona sola enfrentada a una constelación de intereses; entonces estamos destinados a naufragar”, tengo que decir que, a mí, como a una gran cantidad de mexicanos más, sí me preocupa ese riesgo por dos razones.

En primer lugar, porque creo que sí hay un proyecto político, inescindible de las facetas económica, social y ética, como AMLO mismo lo ha anunciado al proclamar una “cuarta transformación”, pero ese proyecto no es tan transparente como debiera y en su instrumentación –que ha comenzado aun antes de tomar posesión– deja entrever claramente rasgos de individualidad en las decisiones que no dejan de ser preocupantes.

En segundo lugar, porque el sistema de “frenos y contrapesos”, puntal indiscutible de la democracia, muestra una fragilidad que lo afectará seriamente en su funcionalidad, en vista del indiscutible ascendiente que ha mostrado tener el líder sobre sus seguidores, tanto como su control sobre el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, lo que puede afectar la solidez de la estructura jurídica –por algo se llama “estado de derecho”– y la estabilidad, que no estancamiento, que en ella descansa.

Lo que se vislumbra claramente, a mi juicio, es un ejercicio de transformación política de muy profundo calado, en el que, sin embargo, falta definición a causa de que el voluntarismo parece haber obnubilado la perspectiva de un escenario global que trasciende no solo las fronteras físicas, sino que también excluye toda posibilidad de escindir, en la práctica y en la teoría, los interactivos sistemas político, económico y normativo.

Falta también, hablando de ética pública, algo más que la pretensión de romper parcialmente los entramados de algunos intereses creados, dejando de lado otros y, lo que es peor, sin prevenir la creación de unos nuevos que sustituyan a los anteriores.

Sostiene Diego Valadés que el equipo que habrá de asumir formalmente responsabilidades próximamente da ya muestras de estar desarticulado y movido por intereses no necesariamente coincidentes. Aun así, cabe un matiz en su aserto al decir que tiene “la impresión de que todavía no están conscientes de que, dentro de un mes, ellos van a ser los que tomen las decisiones. Todavía tienen los reflejos de quien está en la oposición”.

Habría que considerar que, en realidad, ya están tomando esas decisiones y hasta que algunas, las torales, ya están tomadas y lo que se ve es solo el inicio de su instrumentación.

Pero es verdad: los círculos cercanos se ven fracturados y hasta movidos por intereses opuestos, lo que implicaría un resquebrajamiento del liderazgo fuerte que se ha visto. Ello implicaría un incremento del riesgo de caer en el autoritarismo, según el propio Valadés reconoce: “… si sus colaboradores tienden a construir un autócrata, ese autócrata no será producto de la voluntad de López Obrador, sino producto de quienes hayan contribuido a hacerle creer que es el único que puede ver las soluciones del país y adoptar las decisiones por el país”.

El escenario, de darse, de todos modos sería indeseable.
11 Noviembre 2018 04:00:00
Presidencialismo sin equilibrios
Leo, con detenimiento, la entrevista a Diego Valadés que publicó Proceso el lunes anterior y que desató gran revuelo en el círculo cercano a AMLO.

Encuentro en ella una sensata convocatoria a la reflexión sobre aspectos que representan riesgos evidentes para la democracia, e incluso para la gestión del próximo presidente de México, sean cuales fueren sus planes íntimos respecto de ella.

Aunque la referencia que hace Valadés se centra específicamente en la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco, creo que bien puede extrapolarse, previsiblemente, a toda otra decisión presidencial futura, lo que me induce a formular algunos comentarios sobre el tema.

En cuanto a la preocupación expresada en el curso de la entrevista por la falta de proyecto “político, democrático e institucional” del presidente electo, mucho me temo que debo disentir. Cuando el periodista pregunta “¿prevé que López Obrador gobierne a capricho?, y el jurista responde “A mí no me preocupa eso. A mi me preocupa una persona sola enfrentada a una constelación de intereses; entonces estamos destinados a naufragar”, tengo que decir que, a mí, como a una gran cantidad de mexicanos más, sí me preocupa ese riesgo, por dos razones.

En primer lugar, porque creo que sí hay un proyecto político, inescindible de las facetas económica, social y ética, como AMLO mismo lo ha anunciado al proclamar una “cuarta transformación”, pero ese proyecto no es tan transparente como debiera y en su instrumentación -que ha comenzado aun antes de tomar posesión- deja entrever claramente rasgos de individualidad en las decisiones que no dejan de ser preocupantes.

En segundo lugar, porque el sistema de “frenos y contrapesos”, puntal indiscutible de la democracia, muestra una fragilidad que lo afectará seriamente en su funcionalidad, en vista del indiscutible ascendiente que ha mostrado tener el líder sobre sus seguidores, tanto como su control sobre el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, lo que puede afectar la solidez de la estructura jurídica -por algo se llama “estado de derecho”- y la estabilidad, que no estancamiento, que en ella descansa.

Lo que se vislumbra claramente, a mi juicio, es un ejercicio de trasformación política de muy profundo calado, en el que, sin embargo, falta definición a causa de que el voluntarismo parece haber obnubilado la perspectiva de un escenario global que trasciende no solo las fronteras físicas, sino que también excluye toda posibilidad de escindir, en la práctica y en la teoría, los interactivos sistemas político, económico y normativo.

Falta también, hablando de ética pública, algo más que la pretensión de romper parcialmente los entramados de algunos intereses creados, dejando de lado otros y, lo que es peor, sin prevenir la creación de unos nuevos que sustituyan a los anteriores.

Sostiene Diego Valadés que el equipo que habrá de asumir formalmente responsabilidades próximamente da ya muestras de estar desarticulado y movido por intereses no necesariamente coincidentes. Aun así, cabe un matiz en su aserto al decir que tiene “la impresión de que todavía no están conscientes de que, dentro de un mes, ellos van a ser los que tomen las decisiones. Todavía tienen los reflejos de quien está en la oposición”.

Habría que considerar que, en realidad, ya están tomando esas decisiones y hasta que algunas, las torales, ya están tomadas y lo que se ve es solo el inicio de su instrumentación.

Pero es verdad: los círculos cercanos se ven fracturados y hasta movidos por intereses opuestos, lo que implicaría un resquebrajamiento del liderazgo fuerte que se ha visto. Ello implicaría un incremento del riesgo de caer en el autoritarismo, según el propio Valadés reconoce: “…si sus colaboradores tienden a construir un autócrata, ese autócrata no será producto de la voluntad de López Obrador, sino producto de quienes hayan contribuido a hacerle creer que es el único que puede ver las soluciones del país y adoptar las decisiones por el país”.

El escenario, de darse, de todos modos sería indeseable.
04 Noviembre 2018 04:00:00
La alternancia del sistema
Las graves consecuencias que, particularmente en lo económico, ha empezado a producir el inminente “estilo personal de gobernar” –Cosío Villegas dixit– ha provocado una polarización inusitada.

De una parte, no deleznable, el presidente electo es tachado de autoritario, caprichoso, mesiánico y “antisistema” –como si fuera tal cosa una anomalía inusitada en nuestro país– cuando en realidad surge y se desarrolla en el seno mismo del sistema político mexicano, del que sin duda forma parte. AMLO y sus seguidores abrevaron, aprendieron, se adiestraron, se han desarrollado y forman parte de él, con todo lo que eso significa.

¿Es acaso inédito que las decisiones, trascendentales o no, incluso las legislativas, se tomen en última instancia por el Presidente? ¿No es replicada la misma práctica en todo el esquema, repitiendo el esquema de las jerarquías políticas en “niveles”, al margen de lo que diga la ley, e incluso contra ella?

La descomposición del sistema –del que todos formamos parte– ha alcanzado un grado alarmante porque la primacía del interés de los gobernantes sobre la ley se ha convertido en regla, al grado de que el deber de fundar en la ley los actos públicos ya no sólo ha perdido importancia a sus ojos, sino que incluso ha llegado al grado de que quien se acoge a ella y no se pliega –o “alinea”– a la voluntad del poderoso en turno, aunque éste infrinja el derecho, sea denostado.

La centralización reforzada –hacia el centro, por una parte, y al Poder Ejecutivo por otra- que caracteriza a nuestro sistema político no es nueva, pero eso no justifica el autoritarismo, de cualquier signo, que siempre degrada la vida social.

Así se han deteriorado las instituciones y, en esas condiciones, no es extraño que se haya capitalizado el justificado malestar, la indignación incluso, de quienes, paulatina, pero consistentemente, han ido cayendo en la marginación.

A pesar de todo, la degradación del sistema político es algo que ha estado ausente en el debate. En cambio, la polarización ha inundado el espacio de la discusión, ocultando el verdadero problema.

Es muy difícil analizar los acontecimientos en medio del frenesí que provocan, pero es necesario intentar el ejercicio de ser espectador racional, aunque se esté en su vórtice, pero hace falta no sólo un análisis serio entre los partidos perdedores acerca de las causas medulares de su derrota, sino también un examen sereno y objetivo respecto de las razones del triunfo, porque la reacción de los votantes mayoritarios no fue tan sólo para sacar de Los Pinos al PRI y evitar que volviera el PAN, sino, según se ve a poco que se profundice, para erradicar la arbitrariedad ventajosa, la ilegalidad de los actos de autoridad, recubiertos muchas veces de un simulado apego a derecho.

Votaron las mayorías para demostrar su hartazgo y para recordar a la autoridad que el respeto de los seres humanos pasa por el respeto a las normas, así como que la elaboración o modificación de estas, sean generales o individualizadas, debe atenerse a los procedimientos establecidos y estar alineada hacia la garantía y protección de los derechos fundamentales, en igualdad de circunstancias, de toda persona.

Por la misma razón, el contundente vuelco en las urnas a favor de esta nueva alternancia, si bien resulta explicable, en modo alguno puede justificar imposiciones, y menos aún que, en nombre de las mayorías, sean conculcadas las libertades de los sectores minoritarios. Con ellos, en un régimen de verdad democrático, se requiere del respetuoso intercambio de ideas, de debatir las propuestas racionalmente, no de manera emocional, sin odios cervales y sin rencores. Hay que buscar, lealmente, construir los consensos necesarios.

La autoridad, o quien aspire a serlo, debe acatar, invariablemente, las reglas del juego para evitar que se instituya el caos, siempre pernicioso sin distingos, y si es necesario cambiarlas, hacerlo conforme a los procedimientos democráticos establecidos.

En democracia también las minorías cuentan, y la democracia que pasa por alto la ley, deviene demagogia.
04 Noviembre 2018 04:00:00
La alternancia del sistema
Las graves consecuencias que, particularmente en lo económico, ha empezado a producir el inminente “estilo personal de gobernar” -Cosío Villegas dixit- ha provocado una polarización inusitada.

De una parte, no deleznable, el presidente electo es tachado de autoritario, caprichoso, mesiánico y “antisistema” -como si fuera tal cosa una anomalía inusitada en nuestro país- cuando en realidad surge y se desarrolla en el seno mismo del sistema político mexicano, del que sin duda forma parte. AMLO y sus seguidores abrevaron, aprendieron, se adiestraron, se han desarrollado y forman parte de él, con todo lo que eso significa.

¿Es acaso inédito que las decisiones, trascendentales o no, incluso las legislativas, se tomen en última instancia por el presidente? ¿No es replicada la misma práctica en todo el esquema, repitiendo el esquema de las jerarquías políticas en “niveles”, al margen de lo que diga la ley, e incluso contra ella?

La descomposición del sistema -del que todos formamos parte- ha alcanzado un grado alarmante porque la primacía del interés de los gobernantes sobre la ley se ha convertido en regla, al grado de que el deber de fundar en la ley los actos públicos ya no solo ha perdido importancia a sus ojos, sino que incluso ha llegado al grado de que quien se acoge a ella y no se pliega -o “alinea”- a la voluntad del poderoso en turno, aunque éste infrinja el derecho, sea denostado.

La centralización reforzada -hacia el centro, por una parte, y al poder ejecutivo por otra- que caracteriza a nuestro sistema político no es nueva, pero eso no justifica el autoritarismo, de cualquier signo, que siempre degrada la vida social.

Así se han deteriorado las instituciones y, en esas condiciones, no es extraño que se haya capitalizado el justificado malestar, la indignación incluso, de quienes, paulatina pero consistentemente, han ido cayendo en la marginación.

A pesar de todo, la degradación del sistema político es algo que ha estado ausente en el debate. En cambio, la polarización ha inundado el espacio de la discusión, ocultando el verdadero problema.

Es muy difícil analizar los acontecimientos en medio del frenesí que provocan, pero es necesario intentar el ejercicio de ser espectador racional, aunque se esté en su vórtice, pero hace falta no solo un análisis serio entre los partidos perdedores acerca de las causas medulares de su derrota, sino también un examen sereno y objetivo respecto de las razones del triunfo, porque la reacción de los votantes mayoritarios no fue tan solo para sacar de Los Pinos al PRI y evitar que volviera el PAN, sino, según se ve a poco que se profundice, para erradicar la arbitrariedad ventajosa, la ilegalidad de los actos de autoridad, recubiertos muchas veces de un simulado apego a derecho.

Votaron las mayorías para demostrar su hartazgo y para recordar a la autoridad que el respeto de los seres humanos pasa por el respeto a las normas, así como que la elaboración o modificación de estas, sean generales o individualizadas, debe atenerse a los procedimientos establecidos y estar alineada hacia la garantía y protección de los derechos fundamentales, en igualdad de circunstancias, de toda persona.

Por la misma razón, el contundente vuelco en las urnas a favor de esta nueva alternancia, si bien resulta explicable, en modo alguno puede justificar imposiciones, y menos aún que, en nombre de las mayorías, sean conculcadas las libertades de los sectores minoritarios. Con ellos, en un régimen de verdad democrático, se requiere del respetuoso intercambio de ideas, de debatir las propuestas racionalmente, no de manera emocional, sin odios cervales y sin rencores. Hay que buscar, lealmente, construir los consensos necesarios.

La autoridad, o quien aspire a serlo, debe acatar, invariablemente, las reglas del juego para evitar que se instituya el caos, siempre pernicioso sin distingos, y si es necesario cambiarlas, hacerlo conforme a los procedimientos democráticos establecidos.


En democracia también las minorías cuentan, y la democracia que pasa por alto la ley, deviene demagogia.
28 Octubre 2018 04:00:00
Los ingredientes del autoritarismo
La reflexión expresada aquí hace una semana encuentra, por infortunio, un contexto adecuado en las circunstancias que embocan en nuestro país al nuevo sexenio.

Desde los primeros escarceos, se vislumbra ya claramente una metodología poco transparente, errática y confusa para la toma de decisiones, lo que no abona nada, pero sí resta, a la democracia y a la transparencia, que constituye uno de sus puntales más sólidos.

La condición que eso anuncia no es halagüeña, y lo es menos al advertir que lo más grave que se ha producido, además de la confusión, es un cúmulo de escisiones y fracturas sociales que tienden a profundizarse y pueden, a poco que se descuide el tema, convertirse en irreversibles.

Por eso he creído importante profundizar algo más en el examen de las raíces del autoritarismo, sin pretender exhaustividad alguna en el ejercicio, solo esbozar algunas líneas de reflexión que creo necesarias.

Los seres humanos, según Erich Fromm –como se reseñó aquí la semana anterior– temen a la libertad, y mientras más de ella dispongan, más sus temores y angustias serán, porque con ella aumenta su inseguridad.

¿Cómo enfrentar ese estado de ánimo? Según Fromm, hay dos principales vías de solución, entre otras posibles, a las que las personas suelen acudir: el autoritarismo y “la conformidad automática”.

El autoritarismo es, en primer lugar, un mecanismo de evasión. Se caracteriza por “la tendencia a abandonar la independencia del yo individual propio, para fundirse con algo o alguien exterior a uno mismo, que tiene autoridad o se le atribuye”.

Las personas proclives a refugiar sus temores libertarios tras la figura protectora de una autoridad reconocida por ellas. Se caracterizan por “una fuerte tendencia a la sumisión y la dependencia”, actitud que se arraiga en sentimientos de inferioridad, impotencia e insignificancia individual, que buscan guarecerse en una figura protectora que mucho recuerda la figura paterna.

Implica, desde luego, la contrapartida de un líder fuerte, capaz de asumir ese rol, con una tendencia –aunque variable, firme– a someter a los demás, usualmente de manera ilimitada y absoluta.

En esa relación, sin duda alguna anómala, los individuos sometidos tienden, con o sin prurito, a jugar el papel de meros instrumentos.

La otra vía, que se identifica como “conformidad automática”, implica que los individuos abandonan su “yo” propio, dejan de ser él o ella mismos, para convertirse en “uno de tantos” identificado con la mayoría, en la que se subsume y diluye.

“La raíz del problema –y por tanto también la posibilidad de solucionarlo– no está tanto en las condiciones socioeconómicas ambientales, cuanto en la estructura de la personalidad de los individuos que se someten a toda autoridad y a toda norma. Aunque, evidentemente, esa estructura de personalidad venga determinada por las estructuras socioeconómicas en que le ha tocado formarse”, dice Ovejero en el artículo que fue citado la semana anterior (El Autoritarismo: Enfoque Psicológico, El Basilisco, número 13, noviembre 1981-junio 1982,
http://www.fgbueno.es).

Es decir: se trata de un problema cultural, que no obedece a épocas ni regímenes, sino que subyace, más activo que latente, en la cotidianeidad de las relaciones sociales, tan disparejas, disímbolas y asimétricas en nuestro país, como son también diversas las culturas, tradiciones, creencias y condiciones de las comunidades que en su configuración concurren.

Es necesario cobrar conciencia de esa realidad y obrar en consecuencia, en la seguridad de que no es dividiendo y enconando, caprichosamente, sino uniendo y creando condiciones de identidad a partir del respeto a nuestra variedad sociocultural, como puede cimentarse el futuro establemente digno, dinámico, que en justicia debería –y puede– ser construido.

Por eso México es una república federal. El paulatino desmantelamiento que, sobre todo en los años recientes, ha padecido, no favorece la fortaleza, sino que debilita al cuerpo social y lo hace vulnerable a la corrupción.

Romper esa inercia requiere reconfigurar, racionalmente, las instituciones –no destruirlas– y hacerlo en democracia y con legitimidad permanente, no sólo con la que proporciona la mayoría
electoral.
28 Octubre 2018 04:00:00
Los ingredientes del autoritarismo
La reflexión expresada aquí hace una semana encuentra, por infortunio, un contexto adecuado en las circunstancias que embocan en nuestro país al nuevo sexenio.

Desde los primeros escarceos, se vislumbra ya claramente una metodología poco transparente, errática y confusa para la toma de decisiones, lo que no abona nada, pero sí resta, a la democracia y a la transparencia que constituye uno de sus puntales más sólidos.

La condición que eso anuncia no es halagüeña, y lo es menos al advertir que lo más grave que se ha producido, además de la confusión, es un cúmulo escisiones y fracturas sociales que tienden a profundizarse y pueden, a poco que se descuide el tema, convertirse en irreversibles.

Por eso he creído importante profundizar algo más en el examen de las raíces del autoritarismo, sin pretender exhaustividad alguna en el ejercicio, solo esbozar algunas líneas de reflexión que creo necesarias.

Los seres humanos, según Erich Fromm -como se reseñó aquí la semana anterior- temen a la libertad, y mientras más de ella dispongan, más sus temores y angustias serán, porque con ella aumenta su inseguridad.

¿Cómo enfrentar ese estado de ánimo? Según Fromm hay dos principales vías de solución, entre otras posibles, a las que las personas suelen acudir: El autoritarismo y “la conformidad automática”.

El autoritarismo es, en primer lugar, un mecanismo de evasión. Se caracteriza por “la tendencia a abandonar la independencia del yo individual propio, para fundirse con algo o alguien exterior a uno mismo, que tiene autoridad o se le atribuye”.

Las personas proclives a refugiar sus temores libertarios tras la figura protectora de una autoridad reconocida por ellas. Se caracterizan por “una fuerte tendencia a la sumisión y la dependencia”, actitud que se arraiga en sentimientos de inferioridad, impotencia e insignificancia individual, que buscan guarecerse en una figura protectora que mucho recuerda la figura paterna.

Implica, desde luego, la contrapartida de un líder fuerte, capaz de asumir ese rol, con una tendencia -aunque variable, firme- a someter a los demás, usualmente de manera ilimitada y absoluta.

En esa relación, sin duda alguna anómala, los individuos sometidos tienden, con o sin prurito, a jugar el papel de meros instrumentos.

La otra vía, que se identifica como “conformidad automática”, implica que los individuos abandonan su “yo” propio, dejan de ser él o ella mismos, para convertirse en “uno de tantos” identificado con la mayoría, en la que se subsume y diluye.

“La raíz del problema -y por tanto también la posibilidad de solucionarlo- no está tanto en las condiciones socioeconómicas ambientales, cuanto en la estructura de la personalidad de los individuos que se someten a toda autoridad y a toda norma. Aunque, evidentemente, esa estructura de personalidad venga determinada por las estructuras socioeconómicas en que le ha tocado formarse”, dice Ovejero en el artículo que fue citado la semana anterior (“El autoritarismo: Enfoque sicológico”, EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982,
http://www.fgbueno.es).

Es decir: se trata de un problema cultural, que no obedece a épocas ni regímenes, sino que subyace, más activo que latente, en la cotidianeidad de las relaciones sociales, tan disparejas, disímbolas y asimétricas en nuestro país, como son también diversas las culturas, tradiciones, creencias y condiciones de las comunidades que en su configuración concurren.

Es necesario cobrar conciencia de esa realidad y obrar en consecuencia, en la seguridad de que no es dividiendo y enconando, caprichosamente, sino uniendo y creando condiciones de identidad a partir del respeto a nuestra variedad sociocultural, como puede cimentarse el futuro establemente digno, dinámico, que en justicia debería -y puede- ser construido.

Por eso México es una república federal. El paulatino desmantelamiento que, sobre todo en los años recientes, ha padecido, no favorece la fortaleza, sino que debilita al cuerpo social y lo hace vulnerable a la corrupción.

Romper esa inercia requiere reconfigurar, racionalmente, las instituciones -no destruirlas- y hacerlo en democracia y con legitimidad permanente, no solo con la que proporciona la mayoría electoral.
21 Octubre 2018 04:08:00
El miedo a la libertad
¡Qué paradoja! Los tiempos revueltos del mundo han motivado un clamor creciente por el respeto y la garantía de los derechos humanos y, sin embargo, cada día se exhiben proclamas y se despliegan acciones que atentan en contra de la universalidad y la igualdad que, en la teoría más generalizada, los distinguen.

Los cambios delmundo se ven necesariamente reflejados en la crisis de los modelos tradicionales de organización y en los que tienen que ver, inclusive, con los patrones individuales de conducta.

Las rutinas y hábitos cotidianos se ven alterados en toda faceta, y la confusión se hace presente profundamente. La crisis se extiende y, aunque no se entiendan sus causas ni se comprendan sus manifestaciones, se resienten sus efectos y resulta imposible evitar inquietudes que nadie atina a disolver.

Según Anastasio Ovejero Bernal, esa, como cualquier otra crisis, tiene como una de sus consecuencias “la falta de estructuración del campo cognitivo del individuo, lo cual le crea al hombre moderno una gran ansiedad e inseguridad, fenómenos estos que le empujarán hacia el autoritarismo y hacia el prejuicio como soluciones a esa inseguridad y a esa ansiedad” (El Basilisco, número 13, noviembre 1981–junio 1982,
http://www.fgbueno.es).

En el fondo, se trata de ese añejo “miedo a la libertad” que tan bien describiera

Erich Fromm durante los años de la Segunda Guerra Mundial, en los tempranos cuarenta del siglo pasado.
Según la conocida tesis de Fromm, que bien sintetiza Ovejero, el ser humano, mientras más gana en libertad, más pierde en seguridad, lo que hace recordar el sorprendente resultado de una encuesta que hace ya algún tiempo levantó

Latinobarómetro entre los habitantes de países latinoamericanos que ya para entonces habían retomado el camino de la democracia, después de férreas dictaduras militares.

Coincidentemente, los índices de violencia también crecieron, a la par que la delincuencia organizada.

En ese contexto, la encuesta versó sobre las preferencias de la gente: ¿Más democracia y, por consiguiente, mayor libertad, o más seguridad, aunque ello fuera en detrimento de la democracia?

Sorprendentemente para la mayoría de los analistas políticos de la época, en aquellos países que tanto sufrieron por la imposición de lo que entonces se llamaba “la bota militar” y tantas vidas ofrendaron para restaurar la democracia, la opción mayoritaria es que optaban por mayor seguridad, aun a costa de las libertades.

AFromm seguramente no le hubiera sorprendido, como tampoco a Adorno, porque este último afirma que el autoritarismo muestra “una tendencia general a colocarse en situaciones de dominancia o sumisión frente a los otros como consecuencia de una básica inseguridad del yo”, en lo que puede encontrarse coincidencia con aquel.
Hay que decir que, si bien esos pensadores alemanes, afectados directamente por el régimen nazi de Hitler, enfocan sus baterías –sobre todo Adorno– a los autoritarismos fascistas, lo cierto es que si se hace abstracción del signo que según la tradicional geometría política lo distinga –derecha o izquierda– todo autoritarismo germina ahí donde concurren, cuando menos, estos diversos factores: un amplio margen de libertad, acompañado de un reducido sentido de responsabilidad; un contingente comunitario integrado, mayoritariamente, por personas más emocionalmente reactivas, que reflexivamente activas; una sensación generalizada de inseguridad y angustia; un régimen decadente, debilitado por la prevalencia de intereses sectarios y proclive, casi por consecuencia, a la simulación y el cinismo y, por último, un líder carismático, capaz de intuir los descontentos, temores y rencores de una base social amplia.

En esas condiciones, el terreno será feraz para que broten regímenes autoritarios de todo cuño –y hasta las dictaduras– que pueden parecer promisorios al principio, pero que a la postre suelen resultar tan perniciosos como las demagogias, o más, según la historia ha mostrado en innúmeras ocasiones.
21 Octubre 2018 04:00:00
El miedo a la libertad
¡Qué paradoja! Los tiempos revueltos del mundo han motivado un clamor creciente por el respeto y la garantía de los derechos humanos y, sin embargo, cada día se exhiben proclamas y se despliegan acciones que atentan en contra de la universalidad y la igualdad que, en la teoría más generalizada, los distinguen.

Los cambios del mundo se ven necesariamente reflejados en la crisis de los modelos tradicionales de organización y en los que tienen que ver, inclusive, con los patrones individuales de conducta.

Las rutinas y hábitos cotidianos se ven alterados en toda faceta, y la confusión se hace presente profundamente. La crisis se extiende y, aunque no se entiendan sus causas ni se comprendan sus manifestaciones, se resienten sus efectos y resulta imposible evitar inquietudes que nadie atina a disolver.

Según Anastasio Ovejero Bernal, esa, como cualquier otra crisis, tiene como una de sus consecuencias “la falta de estructuración del campo cognitivo del individuo, lo cual le crea al hombre moderno una gran ansiedad e inseguridad, fenómenos estos que le empujarán hacia el autoritarismo y hacia el prejuicio como soluciones a esa inseguridad y a esa ansiedad” (EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, HYPERLINK “http://www.fgbueno.es”
http://www.fgbueno.es).

En el fondo, se trata de ese añejo “miedo a la libertad” que tan bien describiera Erich Fromm durante los años de la segunda guerra mundial, en los tempranos cuarenta del siglo pasado.

Según la conocida tesis de Fromm, que bien sintetiza Ovejero, el ser humano, mientras más gana en libertad, más pierde en seguridad, lo que hace recordar el sorprendente resultado de una encuesta que hace ya algún tiempo levantó Latinobarómetro entre los habitantes de países latinoamericanos que ya para entonces habían retomado el camino de la democracia, después de férreas dictaduras militares.

Coincidentemente, los índices de violencia también crecieron, a la par que la delincuencia organizada.
En ese contexto, la encuesta versó sobre las preferencias de la gente: ¿Más democracia y, por consiguiente, mayor libertad, o más seguridad, aunque ello fuera en detrimento de la democracia?

Sorprendentemente para la mayoría de los analistas políticos de la época, en aquellos países que tanto sufrieron por la imposición de lo que entonces se llamaba “la bota militar” y tantas vidas ofrendaron para restaurar la democracia, la opción mayoritaria es que optaban por mayor seguridad, aun a costa de las
libertades.

A Fromm seguramente no le hubiera sorprendido, como tampoco a Adorno, porque este último afirma que el autoritarismo muestra “una tendencia general a colocarse en situaciones de dominancia o sumisión frente a los otros como consecuencia de una básica inseguridad del yo”, en lo que puede encontrarse coincidencia
con aquél.

Hay que decir que, si bien esos pensadores alemanes, afectados directamente por el régimen nazi de Hitler, enfocan sus baterías -sobre todo Adorno- a los autoritarismos fascistas, lo cierto es que si se hace abstracción del signo que según la tradicional geometría política los distinga -derecha o izquierda- todo autoritarismo germina ahí donde concurren varios factores: un amplio margen de libertad, acompañado de un reducido sentido de responsabilidad; un contingente comunitario integrado, mayoritariamente, por personas más emocionalmente reactivas, que reflexivamente activas; una sensación generalizada de inseguridad y angustia; un régimen decadente, debilitado por la prevalencia de intereses sectarios y proclive, casi por consecuencia, a la simulación y el cinismo y, por último, un líder carismático, capaz de intuir los descontentos, temores y rencores de una base social amplia.

En esas condiciones, el terreno será feraz para que broten regímenes autoritarios de todo cuño -y hasta las dictaduras- que pueden parecer promisorios al principio, pero que a la postre suelen resultar tan perniciosos como las demagogias, o más, según la historia ha mostrado en innúmeras ocasiones.
14 Octubre 2018 04:00:00
¿Un ‘localismo globalizado’?
La reciente visita del doctor Ricardo Rabinovich a la Universidad Autónoma del Noreste, campus Saltillo, sacudió algunas conciencias y, provocativo siempre –como cualquier buen profesor– despertó entre quienes lo oyeron –principalmente estudiantes de esa universidad, pero también profesores de ella, juristas e integrantes de la sociedad civil– reflexiones y visiones nuevas sobre el tema de los derechos humanos.

En cuanto a mí respecta, me hizo recordar algunas reflexiones de Boaventura de Sousa Santos, acerca de la noción “derechos humanos” y su universalidad, respecto de las cuales se formularon ya, hace algún tiempo, diversos comentarios.

Plantea Boaventura de Sousa que, mientras se presenta generalmente a los “derechos humanos” como “un producto histórico consensual, lineal y universal”, en realidad se trata de un discurso dialéctico en el que hasta hoy aparece como victoriosa esa idea, que se presenta como única capaz de reivindicar la dignidad en la vida de los seres humanos. La verdadera pregunta, en ese orden de ideas, dice, tendría que ser sobre si el modelo en boga de “derechos humanos” cumple con las expectativas que se les han asignado, y por lo tanto, si representan una victoria o un estrepitoso fracaso.

Un párrafo que bien ilustra su posición, y que por eso transcribo a la letra, dice: “El concepto de naturaleza humana es eurocéntrico, individualista, y como tal no es universal, es un localismo globalizado. En segundo lugar, el paradigma de los derechos humanos es bastante ‘estadocéntrico’, trabaja sobre el Estado y sobre las instituciones, y por eso no sabe dirigirse a otros actores que son grandes violadores de los derechos humanos, pero que no son el Estado. El Estado es, muchas veces, cómplice de ellos, pero no es el violador directo, y ahí́ tenemos un primer resultado: hay mucha violencia en el mundo que no se considera violación de los derechos humanos”
http://www.idhc.org/cat/documents/DUDHE_SousaB.pdf, consultado el 13 de octubre de 2018).

“…los derechos humanos –sigue diciendo– privilegian un universalismo abstracto, que no tienen espacio para las culturas propias, para las comunidades culturales”; por eso, entre tantos lenguajes para expresar la dignidad humana, “algunos se afirman como derechos humanos, otros como deberes humanos y otros a través de otros conceptos. La idea es ver cómo insertar este multiculturalismo progresista dentro de una estrategia de Derechos Humanos”.

El tema de la discordia, en este punto, sigue siendo la noción de “dignidad”. Cuando De Sousa señala que la idea del consenso en torno a los derechos humanos se ha sustentado en “espejismos” haciendo creer que se trata de un triunfo en beneficio de toda la humanidad, en tanto que se pregonan como universalmente válidos, en realidad se apoyan en una noción de dignidad sustentada en una concepción de naturaleza individual y desconocen otras ideas de dignidad, tanto como otras diversas lecturas de lo que debe considerarse como “derechos”, en función de cada cultura y momento histórico.

El tema da para mucho. Sería ingenuo pretender agotarlo en tan breve espacio, que sin embargo permite sembrar la inquietud –o cultivarla, si es que ya existe– de reflexionar acerca de que, en tanto que producto cultural –la idea misma de “consenso social” así lo acredita– los llamados “derechos humanos” son, en algunos casos, irreductibles, pero muchos otros de los que se suelen incluir en la perspectiva hegemónica no lo son, y aún hay que decir quedan supeditados a los primeros. Por eso, tomar en cuenta de la identidad y las peculiaridades históricas, axiológicas y culturales que caracterizan a cada comunidad de las que por lo general se llaman “naciones”, es imprescindible.

Bien hace la UANE en generar la reflexión de calidad e innovadora entre sus alumnos, porque sólo así se genera conocimiento útil. Ya se comentará la visión de Rabinovich. Por lo pronto, la tesis planteada por De Sousa en cuanto al discurso de los derechos humanos como visión vencedora, que por lo tanto no es universal, en tanto que impuesta, se antoja sugerente. ¿No lo cree así?
14 Octubre 2018 04:00:00
¿Un “localismo globalizado”?
La reciente visita del doctor Ricardo Rabinovich a la Universidad Autónoma del Noreste, campus Saltillo, sacudió algunas conciencias y, provocativo siempre -como cualquier buen profesor- despertó entre quienes lo oyeron -principalmente estudiantes de esa universidad, pero también profesores de ella, juristas e integrantes de la sociedad civil- reflexiones y visiones nuevas sobre el tema de los derechos humanos.

En cuanto a mí respecta, me hizo recordar algunas reflexiones de Boaventura de Sousa Santos, acerca de la noción “derechos humanos” y su universalidad, respecto de las cuales se formularon ya, hace algún tiempo, diversos comentarios.

Plantea Boaventura de Sousa que, mientras se presenta generalmente a los “derechos humanos” como un producto histórico consensual, lineal y universal”, en realidad se trata de un discurso dialéctico en el que hasta hoy aparece como victoriosa esa idea, que se presenta como única capaz de reivindicar la dignidad en la vida de los seres humanos. La verdadera pregunta, en ese orden de ideas, dice, tendría que ser sobre si el modelo en boga de “derechos humanos” cumple con las expectativas que se les han asignado, y por lo tanto, si representan una victoria o un estrepitoso fracaso.

Un párrafo que bien ilustra su posición, y que por eso transcribo a la letra, dice: “El concepto de naturaleza humana es eurocéntrico, individualista, y como tal no es universal, es un localismo globalizado. En segundo lugar, el paradigma de los Derechos Humanos es bastante ‘estadocéntrico’, trabaja sobre el estado y sobre las instituciones, y por eso no sabe dirigirse a otros actores que son grandes violadores de los derechos humanos, pero que no son el Estado. El Estado es, muchas veces, cómplice de ellos, pero no es el violador directo, y ahí tenemos un primer resultado: Hay mucha violencia en el mundo que no se considera violación de los derechos humanos” (“http://www.idhc.org/cat/documents/DUDHE_SousaB.pdf”
http://www.idhc.org/cat/documents/DUDHE_SousaB.pdf, consultado el 13 de
octubre de 2018).

“…los Derechos Humanos -sigue diciendo- privilegian un universalismo abstracto, que no tienen espacio para las culturas propias, para las comunidades culturales”; por eso, entre tantos lenguajes para expresar la dignidad humana, “algunos se afirman como derechos humanos, otros como deberes humanos y otros a través de otros conceptos. La idea es ver cómo insertar este multiculturalismo progresista dentro de una estrategia de derechos humanos”.

El tema de la discordia, en este punto, sigue siendo la noción de “dignidad”. Cuando De Sousa señala que la idea del consenso en torno a los derechos humanos se ha sustentado en “espejismos” haciendo creer que se trata de un triunfo en beneficio de toda la humanidad, en tanto que se pregonan como universalmente válidos, en realidad se apoyan en una noción de dignidad sustentada en una concepción de naturaleza individual y desconocen otras ideas de dignidad, tanto como otras diversas lecturas de lo que debe considerarse como “derechos”, en función de cada cultura y momento histórico.

El tema da para mucho. Sería ingenuo pretender agotarlo en tan breve espacio, que sin embargo permite sembrar la inquietud -o cultivarla, si es que ya existe- de reflexionar acerca de que, en tanto que producto cultural –la idea misma de “consenso social” así lo acredita- los llamados “derechos humanos” son, en algunos casos, son e irreductibles, pero muchos otros de los que se suelen incluir en la perspectiva hegemónica no lo son, y aún hay que decir quedan supeditados a los primeros. Por eso, tomar en cuenta de la identidad y las peculiaridades históricas, axiológicas y culturales que caracterizan a cada comunidad de las que por lo general se llaman “naciones”, es imprescindible.

Bien hace la UANE en generar la reflexión de calidad e innovadora entre sus alumnos, porque solo así se genera conocimiento útil. Ya se comentará la visión de Rabinovich. Por lo pronto, la tesis planteada por de Sousa en cuanto al discurso de los derechos humanos como visión vencedora, que por lo tanto no es universal, en tanto que impuesta, se antoja sugerente ¿No lo cree así?
07 Octubre 2018 04:00:00
De la democracia a la demagogia: el camino de la corrupción
El derecho al buen gobierno no es una proclama política de buenas intenciones ni puede limitarse a ser propaganda. Tampoco es sólo un imperativo moral, un postulado teórico de la ciencia o enunciado de la filosofía.

Es, además de todo eso, un imperativo jurídico que encuentra su fundamento, por si la demeritada Constitución no bastara, en los compromisos internacionales –que tanto se precian y temen hoy en día– contraídos por nuestro país. Por eso, la demagogia es contraria al buen gobierno.

Desde los tiempos clásicos del pensamiento socrático –ya Platón daba cuenta de ello– tres formas básicas puras y tres corrompidas de gobierno se han identificado. Las primeras, monarquía, aristocracia y democracia. Las segundas, la tiranía, la oligarquía y la demagogia.

¿Cómo es que unas, las primeras, dan en convertirse en su par degenerado? Desde aquellos remotos días se descubrió que la clave para que eso acontezca está en que se gobierne conforme lo dicta el Derecho, no el capricho o la conveniencia personal del gobernante o grupo en el poder.

Lamentablemente, los afanes napoleónicos de “meter” todo el derecho en un código ha dado en formar una cultura en la que pareciera que sólo el derecho escrito es ley, cuando no es así, porque hay principios y costumbres que también forman parte de él.

Tampoco puede decirse que todo lo legislado es derecho, cuando esa legislación surge de una mayoría que dicta normas en un mero ejercicio del poder, sin oír y atender las razones de las minorías, ese vicio que en la jerga parlamentaria mexicana se conoce bien como “mayoriteo”.

Cuando nadie se esmera en convencer a nadie, sino que se empeña a imponer su postura, ya la corrupción asoma más que la sola nariz a la escena. Pericles, según las palabras de Sócrates recogidas por Platón, afirmaba, con contundencia, que en esos casos no hay ley, sino violencia.

Son la razón y la buena intención, informada y honesta, las que deben privar en el debate, la toma de decisiones y la acción política; no la fuerza, que sólo se hace presente cuando falta el verdadero poder político, ese que descubre el verdadero interés general y mueve las voluntades en el sentido de garantizar los derechos y libertades de todas las personas, proveyendo los medios para compensar las desigualdades de origen, no desposeyendo a nadie para beneficiar a ninguno.

Cuando la cultura política se caracteriza por la concentración del poder, por el voluntarismo y la simulación, el Derecho se utiliza nada más como parapeto y falsa plataforma de “justificación” de los actos arbitrarios. La democracia deja de serlo y entonces, ya plenamente adentro, la demagogia corrompe todo el cuerpo social, ese sistema del que todos formamos parte (y, por lo tanto, a todos afecta lo que en él pase), aunque algunas y algunos actores políticos pretendan “deslindarse” de sus responsabilidades en el proceso de descomposición.

Cuando se soslayan los deberes de hacer o no hacer –impuestos por las normas– se inocula en el cuerpo social el germen que lo llevará a la putrefacción, si no se revierte el proceso.

Eso no se hace con juegos de palabras rimbombantes, sino con acciones sometidas a la ley justa, no la sumisión ante el poderoso.

En nuestro país la circunstancia es crítica, desde hace mucho tiempo. El remedio, aunque no se quiera ver, está a la mano: generar leyes justas y racionales, basadas en el interés general y no en el de facciones o individuos, y apegarse a ellas.

Cuando eso no ocurre y el desapego a la ley se generaliza, relajando las instituciones republicanas, la corrupción se hace dueña y señora del acontecer social, del que capaz de alcanzar hasta los rincones más escondidos.

Si eso llega a pasar, el poder corruptor de la demagogia no sólo habrá devorado a la democracia, sino que habrá carcomido también los cimientos de la vida civilizada.
07 Octubre 2018 04:00:00
De la democracia a la demagogia: El camino de la corrupción
El derecho al buen gobierno no es una proclama política de buenas intenciones ni puede limitarse a ser propaganda. Tampoco es solo un imperativo moral, un postulado teórico de la ciencia o enunciado de la filosofía.

Es, además de todo eso, un imperativo jurídico que encuentra su fundamento, por si la demeritada Constitución no bastara, en los compromisos internacionales -que tanto se precian y temen hoy en día- contraídos por nuestro país. Por eso, la demagogia es contraria al buen gobierno.

Desde los tiempos clásicos del pensamiento socrático -ya Platón daba cuenta de ello- tres formas básicas puras y tres corrompidas de gobierno se han identificado. Las primeras, monarquía, aristocracia y democracia. Las segundas, la tiranía, la oligarquía y la demagogia.

¿Cómo es que unas, las primeras, dan en convertirse en su par degenerado? Desde aquellos remotos días se descubrió que la clave para que eso acontezca está en que se gobierne conforme lo dicta el Derecho, no el capricho o la conveniencia personal del gobernante o grupo en el poder.

Lamentablemente, los afanes napoleónicos de “meter” todo el derecho en un código ha dado en formar una cultura en la que pareciera que solo el derecho escrito es ley, cuando no es así, porque hay principios y costumbres que también forman parte de él.

Tampoco puede decirse que todo lo legislado es derecho, cuando esa legislación surge de una mayoría que dicta normas en un mero ejercicio del poder, sin oír y atender las razones de las minorías, ese vicio que en la jerga parlamentaria mexicana se conoce bien como “mayoriteo”.

Cuando nadie se esmera en convencer a nadie, sino que se empeña a imponer su postura, ya la corrupción asoma más que la sola nariz a la escena. Pericles, según las palabras de Sócrates recogidas por Platón, afirmaba, con contundencia, que en esos casos no hay ley, sino violencia.

Son la razón y la buena intención, informada y honesta, las que deben privar en el debate, la toma de decisiones y la acción política; no la fuerza, que solo se hace presente cuando falta el verdadero poder político, ese que descubre el verdadero interés general y mueve las voluntades en el sentido de garantizar los derechos y libertades de todas las personas, proveyendo los medios para compensar las desigualdades de origen, no desposeyendo a nadie para beneficiar a ninguno.

Cuando la cultura política se caracteriza por la concentración del poder, por el voluntarismo y la simulación, el Derecho se utiliza nada más como parapeto y falsa plataforma de “justificación” de los actos arbitrarios. La democracia deja de serlo y entonces, ya plenamente adentro, la demagogia corrompe todo el cuerpo social, ese sistema del que todos formamos parte (y, por lo tanto, a todos afecta lo que en él pase), aunque algunas y algunos actores políticos pretendan “deslindarse” de sus responsabilidades en el proceso de descomposición.

Cuando se soslayan los deberes de hacer o no hacer- impuestos por las normas- se inocula en el cuerpo social el germen que lo llevará a la putrefacción, si no se revierte el proceso.

Eso no se hace con juegos de palabras rimbombantes, sino con acciones sometidas a la ley justa, no la sumisión ante el poderoso.

En nuestro país la circunstancia es crítica, desde hace mucho tiempo. El remedio, aunque no se quiera ver, está a la mano: generar leyes justas y racionales, basadas en el interés general y no en el de facciones o individuos, y apegarse a ellas.

Cuando eso no ocurre y el desapego a la ley se generaliza, relajando las instituciones republicanas, la corrupción se hace dueña y señora del acontecer social, del que capaz de alcanzar hasta los rincones más escondidos.

Si eso llega a pasar, el poder corruptor de la demagogia no solo habrá devorado a la democracia, sino que habrá carcomido también los cimientos de la vida civilizada.
30 Septiembre 2018 04:00:00
Trump: un garbanzo de a libra
“Creemos que cuando las naciones respetan los derechos de sus vecinos y defienden los intereses de su pueblo, pueden trabajar mejor para garantizar las bendiciones de seguridad, prosperidad y paz... Cada uno de nosotros aquí hoy es el emisario de una cultura distinta, una historia rica y un pueblo unido por lazos de la memoria, la tradición y los valores que hacen que nuestras patrias no se parezcan a ninguna otra parte de la Tierra”.

Aunque parezca mentira, esas fueron palabras pronunciadas por Donald Trump durante su comparecencia, hace apenas unos días, ante la Asamblea General de la ONU.

Cuando inició su discurso parecía dirigirse a una asamblea local del Partido Republicano, alardeando, como nos tiene ya acostumbrados, a las bondades y aciertos inusitados e inéditos, de su administración, lo que movió a risas y chunga de los dignatarios presentes.

En un momento de su alocución dijo: “Defendemos a los Estados Unidos y al pueblo estadunidense. Y también estamos defendiendo al mundo... Esta es una gran noticia para nuestros ciudadanos y para las personas amantes de la paz en todas partes”, expresión indefectiblemente inscrita en el contexto de la doctrina del destino manifiesto. Entonces no se sentía sorpresa alguna. Esa es su postura acostumbrada.

Pero, para sorpresa de quienes pusieron atención, dijo también: “Respeto el derecho de cada nación en esta sala a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Los Estados Unidos no le dirán cómo vivir, trabajar o rendir culto. Sólo te pedimos que honres nuestra soberanía a cambio”.

En esto último es imposible disentir y, quienes pudieron sobreponerse al tedio de la repetición cansina de contenido y estilo, poniendo atención, pudieron percatarse del acierto.

Incluso la postura explícita en la frase “Es por eso que los Estados Unidos siempre elegirán la independencia y la cooperación sobre la gobernanza, el control y la dominación globales”, tiene sentido y vale considerarla como un buen principio para la estructuración del orden que falta por el vacío jurídico que han dejado, confluyendo, la debilitación del Estado y la globalización económica, política y social.

Si al concepto de “nación”, en su sentido material, nos atenemos, podrá encontrarse, en efecto, una comunidad más o menos homogénea, que, basada en vínculos de identidad común, mantiene permanencia en el tiempo y, habiendo desarrollado una identidad cultural –en el mejor y más amplio sentido– una conciencia de comunidad digna de aspirar a autogobernarse.

Esa es una aspiración legítima que requiere, precisamente, de eso que dijo Trump: respeto, consideración, diversidad que enriquece y, por lo tanto, solidaridad internacional.

En esa diversidad, integrada con tolerancia y sin hostilidades codiciosas y soberbias estriba, ya Kant lo postulaba, una paz perpetua que no sea la de los sepulcros.

Es también el principio a que hace referencia el lema de la federación estadunidense, “e pluribus unum”, de muchos, peculiares y diversos, hacer uno.

Ese principio bien vale para orientar la construcción del “diálogo” entre naciones, culturas, países y regiones que en el mundo existen, para alcanzar un orden que sea positivo y fecundo.

Aunque en el fondo Trump no esté convencido, ni quizás entienda apenas el significado profundo de lo que dijo, bien vale la pena ese garbanzo de a libra que Trump dejó deslizarse desde su discurso, en este punto discordante de su retórica habitual.

¡Lástima que el señor Trump sea tan incongruente! La lejana e incipiente luz de esperanza que hubiera podido generar se extinguió tan pronto que casi pasó desapercibida.

A la postre, resultó evidente que sólo buscaba un pie para consolidar, en ese escenario, su conocido argumento imperial, a pesar de lo cual esa postura tiene miga y merece reflexión, especialmente en un contexto político tan inestable y difuso como el que caracteriza a los tiempos que corren.

Así son las cosas: una buena idea es un buen instrumento en las manos diestras y con oficio; si no es así, será inocua y puede ser que hasta perniciosa.
30 Septiembre 2018 04:00:00
Trump: Un garbanzo de a libra
“Creemos que cuando las naciones respetan los derechos de sus vecinos y defienden los intereses de su pueblo, pueden trabajar mejor para garantizar las bendiciones de seguridad, prosperidad y paz...Cada uno de nosotros aquí hoy es el emisario de una cultura distinta, una historia rica y un pueblo unido por lazos de la memoria, la tradición y los valores que hacen que nuestras patrias no se parezcan a ninguna otra parte de la Tierra”.

Aunque parezca mentira, esas fueron palabras pronunciadas por Donald Trump durante su comparecencia, hace apenas unos días, ante la Asamblea General de la ONU.

Cuando inició su discurso parecía dirigirse a una asamblea local del Partido Republicano, alardeando, como nos tiene ya acostumbrados, a las bondades y aciertos inusitados e inéditos, de su administración, lo que movió a risas y chunga de los dignatarios presentes.

En un momento de su alocución dijo: “Defendemos a los Estados Unidos y al pueblo estadounidense. Y también estamos defendiendo al mundo...Esta es una gran noticia para nuestros ciudadanos y para las personas amantes de la paz en todas partes”, expresión indefectiblemente inscrita en el contexto de la doctrina del destino manifiesto. Entonces no se sentía sorpresa alguna. Esa es su postura acostumbrada.

Pero, para sorpresa de quienes pusieron atención, dijo también: “Respeto el derecho de cada nación en esta sala a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Los Estados Unidos no le dirán cómo vivir, trabajar o rendir culto. Solo te pedimos que honres nuestra soberanía a cambio”.

En esto último es imposible disentir y, quienes pudieron sobreponerse al tedio de la repetición cansina de contenido y estilo, poniendo atención, pudieron percatarse del acierto.

Incluso la postura explícita en la frase “Es por eso que los Estados Unidos siempre elegirán la independencia y la cooperación sobre la gobernanza, el control y la dominación globales”, tiene sentido y vale considerarla como un buen principio para la estructuración del orden que falta por el vacío jurídico que han dejado, confluyendo, la debilitación del Estado y la globalización económica, política y social.

Si al concepto de “nación”, en su sentido material, nos atenemos, podrá encontrarse, en efecto, una comunidad más o menos homogénea, que, basada en vínculos de identidad común, mantiene permanencia en el tiempo y, habiendo desarrollado una identidad cultural -en el mejor y más amplio sentido- una conciencia de comunidad digna de aspirar a autogobernarse.

Esa es una aspiración legítima que requiere, precisamente, de eso que dijo Trump: respeto, consideración, diversidad que enriquece y, por lo tanto, solidaridad internacional.

En esa diversidad, integrada con tolerancia y sin hostilidades codiciosas y soberbias estriba, ya Kant lo postulaba, una paz perpetua que no sea la de los sepulcros.

Es también el principio a que hace referencia el lema de la federación estadounidense, “e pluribus unum”, de muchos, peculiares y diversos, hacer uno.

Ese principio bien vale para orientar la construcción del “diálogo” entre naciones, culturas, países y regiones que en el mundo existen, para alcanzar un orden que sea positivo y fecundo.

Aunque en el fondo Trump no esté convencido, ni quizás entienda apenas el significado profundo de lo que dijo, bien vale la pena ese garbanzo de a libra que Trump dejó deslizarse desde su discurso, en este punto discordante de su retórica habitual.

¡Lástima que el señor Trump sea tan incongruente! La lejana e incipiente luz de esperanza que hubiera podido generar se extinguió tan pronto que casi pasó desapercibida.

A la postre, resultó evidente que solo buscaba un pie para consolidar, en ese escenario, su conocido argumento imperial, a pesar de lo cual esa postura tiene miga y merece reflexión, especialmente en un contexto político tan inestable y difuso como el que caracteriza a los tiempos que corren.

Así son las cosas: una buena idea es un buen instrumento en las manos diestras y con oficio; si no es así, será inocua y puede ser que hasta perniciosa.
23 Septiembre 2018 04:00:00
¿Estado de derecho?
Con cuánta frecuencia se oye y se ve mencionada la expresión “estado de derecho”! Lo mismo la traen a colación los políticos que los “analistas”, los críticos, los medios de comunicación y hasta en las redes sociales hace frecuentemente acto de presencia.

Se ha vuelto un lugar común: que si falta el “estado de derecho”; que si se viola el “estado de derecho”; que es necesario construir el “estado de derecho”, etc.

De tanto ir y venir, y tan gratuita como ligeramente, ha dejado de tener sentido, me parece.

Ya voy pensando que hace falta que alguien nos explique qué debemos entender al verla o escucharla, para que al repetirla no la convirtamos en una de esas “palabras comodín”, que sirven bien para llenar los huecos en el discurso o el argumento, pero que, a poco de excavar en su superficie, se nota de inmediato que están vacías, aunque suenen bien en la retórica.

Por lo pronto, a poco que se medite, parecería repetitivo hablar de “estado de derecho”, porque el “estado” sin derecho ¿no sería un mero fenómeno de dominación, de fuerza bruta, en el que mandaría el capricho y no la razón impregnada de justicia?

Toda actividad humana requiere de “reglas del juego” objetivas y conocidas por todos los jugadores, de modo que sepan siempre a qué atenerse y puedan anticipar las consecuencias, para bien o para mal, de cada ficha que muevan en el tablero.

Uno podría pensar que, así, en la vida cotidiana de la comunidad, se necesitan reglas que todo mundo acate, que sean estables, para propiciar estabilidad, y que, si bien no sean inmutables, tampoco estén sujetas al capricho del “dueño del balón”, especialmente cuando el balón es de todos y nada más se le ha confiado su custodia a aquel a quien le es entregado para ese fin.

En la democracia –¿hay otra forma, hoy por hoy, de concebir al estado?–, la igualdad se impone y sólo en la salvaguarda de las libertades y derechos para todos por igual se justifica un aparato de reglas obligatorias, según las cuales toda la actividad pública debe dirigirse a tal propósito, sin ambigüedades ni desviaciones.

Cuando menos tal cosa se suponía. Por eso, cuando en el ambiente, sin importar época o lugar, reverberan los ecos de Luis XVI –“el Estado soy yo”– el oído se altera, el ánimo se sobresalta y la razón tiende a confundirse.

El pensador francés Teilhard de Chardin pensaba la evolución humana como una espiral ascendente, queriendo decir con ello que en el camino del desarrollo colectivo (y puede que hasta en el individual) a veces parece que se dan vueltas y se pasa muchas veces por el mismo lugar, lo cual es cierto, pero un poco más arriba.

Esa metáfora da cuenta de la dificultad en el ascenso, que no puede ser lineal, sino que requiere de rodear la montaña hasta llegar a la cima, lo que puede causar la impresión de que no se avanza y provocar la fatiga que mal aconseja. Quien se vea avasallado por ella y tire los instrumentos necesarios para el ascenso, perderá el piso y muy probablemente se despeñará al vacío.

El sentido común (y ya se que “es el menos común de los sentidos”) recomendaría, por lo tanto, no “romper los paradigmas”, sino revisarlos y modificarlos o sustituirlos, si cabe.

Si se mandaran “al diablo”, con ellos se irán el piso que sirve de sustento, los techos que guarecen y, lo que puede ser peor, los cauces por los que corren las aguas de las energías sociales.

Mejor es pensar las cosas con calma –“despacio, que llevo prisa”, decía Napoleón– y cimentar bien los nuevos caminos que, a no dudarlo, hacen falta.

La democracia es quehacer de legitimidad en el Gobierno, no nada más elecciones universales y libres.

Así me ha parecido hasta hoy, cuando menos. Espero que, si hay algún yerro en ello, alguien tenga la bondad de aclararlo.
23 Septiembre 2018 04:00:00
¿Estado de Derecho?
¡Con cuánta frecuencia se oye y se ve mencionada la expresión “estado de derecho”!

Lo mismo la traen a colación los políticos que los “analistas”, los críticos, los medios de comunicación y hasta en las redes sociales hace frecuentemente acto de presencia.

Se ha vuelto un lugar común: que si falta el “estado de derecho”; que si se viola el “estado de derecho”; que es necesario construir el “estado de derecho”, etc.

De tanto ir y venir, y tan gratuita como ligeramente, ha dejado de tener sentido, me parece.

Ya voy pensando que hace falta que alguien nos explique qué debemos entender al verla o escucharla, para que al repetirla no la convirtamos en una de esas “palabras comodín”, que sirven bien para llenar los huecos en el discurso o el argumento, pero que, a poco de excavar en su superficie, se nota de inmediato que están vacías, aunque suenen bien en la retórica.

Por lo pronto, a poco que se medite, parecería repetitivo hablar de “estado de derecho”, porque el “estado” sin derecho ¿no sería un mero fenómeno de dominación, de fuerza bruta, en el que mandaría el capricho y no la razón impregnada de justicia?

Toda actividad humana requiere de “reglas del juego” objetivas y conocidas por todos los jugadores, de modo que sepan siempre a qué atenerse y puedan anticipar las consecuencias, para bien o para mal, de cada ficha que muevan en el tablero.

Uno podría pensar que, así, en la vida cotidiana de la comunidad, se necesitan reglas que todo mundo acate, que sean estables, para propiciar estabilidad, y que, si bien no sean inmutables, tampoco estén sujetas al capricho del “dueño del balón”, especialmente cuando el balón es de todos y nada más se le ha confiado su custodia a aquel a quien le es entregado para ese fin.

En la democracia -¿hay otra forma, hoy por hoy, de concebir al estado?-, la igualdad se impone y solo en la salvaguarda de las libertades y derechos para todos por igual se justifica un aparato de reglas obligatorias, según las cuales toda la actividad pública debe dirigirse a tal propósito, sin ambigüedades ni desviaciones.

Cuando menos tal cosa se suponía. Por eso, cuando en el ambiente, sin importar época o lugar, reverberan los ecos de Luis XVI –“el Estado soy yo”- el oído se altera, el ánimo se sobresalta y la razón tiende a confundirse.

El pensador francés Teilhard de Chardin pensaba la evolución humana como una espiral ascendente, queriendo decir con ello que en el camino del desarrollo colectivo (y puede que hasta en el individual) a veces parece que se dan vueltas y se pasa muchas veces por el mismo lugar, lo cual es cierto, pero un poco más arriba.

Esa metáfora da cuenta de la dificultad en el ascenso, que no puede ser lineal, sino que requiere de rodear la montaña hasta llegar a la cima, lo que puede causar la impresión de que no se avanza y provocar la fatiga que mal aconseja. Quien se vea avasallado por ella y tire los instrumentos necesarios para el ascenso, perderá el piso y muy probablemente se despeñará al vacío.

El sentido común (y ya se que “es el menos común de los sentidos”) recomendaría, por lo tanto, no “romper los paradigmas”, sino revisarlos y modificarlos o sustituirlos, si cabe.

Si se mandaran “al diablo”, con ellos se irán el piso que sirve de sustento, los techos que guarecen y, lo que puede ser peor, los cauces por los que corren las aguas de las energías sociales.

Mejor es pensar las cosas con calma –“despacio, que llevo prisa”, decía Napoleón- y cimentar bien los nuevos caminos que, a no dudarlo, hacen falta.

La democracia es quehacer de legitimidad en el gobierno, no nada más elecciones universales y libres.

Así me ha parecido hasta hoy, cuando menos. Espero que, si hay algún yerro en ello, alguien tenga la bondad de aclararlo.
16 Septiembre 2018 04:00:00
La verdad desnuda
“El Estado es el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y esta es la mentira que se desliza de su boca: ‘Yo, el Estado, soy el pueblo’”, dijo Federico Nietzsche por boca de Zaratustra.

Voltaire, en su turno, y no sin desentonar, afirmaba: “Sólo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa sólo tiene cómplices; la gente interesada tiene socios; la gente política, tiene partidarios; la gente de la realeza tiene cortesanos; únicamente la gente buena, tiene amigos”.

Pero ni Zaratustra ni Voltaire conocieron a Jean-Léon Gérôme, quien fue un pintor y escultor francés que, en la segunda mitad del siglo 19, y alcanzó fama en París por sus obras preferentemente dedicadas a temas históricos y
mitológicos.

Destacó en el retrato, pero me temo que se había pasado por alto su talento literario, a juzgar por una breve alegoría que cayó recientemente en mis manos y se le atribuye a él.

Narra en esa pieza cómo fue que un día, según la leyenda, se encontraron la verdad y la mentira.

Corteses ambas, y bien educadas, se saludaron.

- “Buen día”, dijo la mentira.

- “Buenos sean para su merced”, contestó la verdad.

- “Hermoso día”, dijo entonces la mentira, como con ganas de entablar una plática.

La verdad, que buen cuidado tenía de su dicho siempre, se asomó entonces para ver si eso era cierto. Como constató que lo era, contestó:

- “Es muy cierto, hermoso día”.

Y ya puestas a conversar, así fuera de trivialidades -como el clima, según recomienda la etiqueta británica- la mentira añadió: “Aún más hermoso está el lago”.

Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió.

Corrió la mentira hacia el agua y, zambulléndose en ella, dijo:

- “El agua está aún más hermosa. Nademos”.

La verdad tocó el agua con su mano y se percató de que, en efecto, el agua estaba realmente hermosa y muy agradable su temperatura.

Confió en la mentira y, como ella, se despojó de la ropa y se metió en el lago a nadar.

Después de un rato, salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue tan campante.

La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar desnuda.

“Todos se horrorizaban al verla pasar así”, y desde entonces, según el buen Gérôme, “es que la gente, aún hoy en día, prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad, mientras que rechaza la verdad al desnudo”.

Es posible que alguna persona dada a simular y a prodigar engaños convincentes venga a la mente de quien lo anterior lea. Si es así, no se precipite ni la trate como alguien execrable y ruin, que merece desprecio y condena, nunca confianza.

Piénselo bien, deje que las sabias palabras de Gérôme conmuevan su corazón y toquen su entendimiento ¡No se precipite!

Tenga en cuenta que aquello que usted ha considerado como actitud viciosa, ayuna de la más elemental virtud, es, por el contrario, una persona pudibunda, el pudor mismo redivivo, que se hace presente en ella.

La caridad compasiva es quien dicta a esas buenas personas ese comportamiento, y su aversión al escándalo. Su conducta, lejos de ser reprensible, acreedora se hace de reconocimiento y estímulo.

¡Que bueno que aquel desconocido filósofo francés, que todos creían que era solo pintor y escultor, dejó ese legado de sabiduría! ¡Gracias a él se pudieron abrir los ojos!

Por eso, antes de proferir improperios contra quienes pudiera haberse imputado cinismo –¡líbrennos los arcanos de tal imprudencia!–, téngase en cuenta que puede tratarse –y hasta quizá sea eso lo más probable– de gente consciente del sacrosanto deber ciudadano, asumido con valor y con enjundia, de precaver la inocencia e ingenuidad de los pueblos, evitando a la gente el escándalo y la perturbación que la verdad desnuda podría provocarles.

¡Es un alivio contar con esas personas!
09 Septiembre 2018 04:00:00
Entre la regresión y la ‘neocolonización’
La “cuarta transformación” se ha iniciado entre traspiés. Las promesas de campaña, las tajantes oposiciones al “establishment”, se han atenuado y empiezan a mostrar matices de incongruencia que han dado lugar, apenas empezando la ruta, a discordancias notorias en el no tan coherente y bien cohesionado contingente vencedor.

Los pactos marginales entre partidos para asegurar intereses sectarios, las reformas apresuradas en la legislación de algunos estados, aparentemente para blindar a los poderes ejecutivos locales contra las mayorías adversas a ellos cuyo arribo se avecina, o ya llegó, dan cuenta, por si alguien tenía duda, de la lejanía entre las motivaciones reales de los más notorios actores políticos y su discurso bañado de sedicente democracia.

Pronto ha sido posible corroborar que el único y verdadero factor de unidad, el más vigoroso (que no es, por lo pronto, poca cosa), es el culto y la devoción por un líder que, desde hace ya mucho tiempo, ha demostrado ser carismático.

El clima que se ha generado, y no hay por qué sentirse llamado a sorpresa, tiene la desventaja, si se ha de oír a la historia, que los regímenes fincados en el caudillismo tienden, inexorablemente, a convertirse en dictaduras excluyentes, en “dictaduras de las mayorías”, mientras existe una amplia base social de apoyo, lo que no suele ser perdurable.

La propia historia enseña -Nicaragua es una lección viva- cómo es que aun esos regímenes tienden a endurecerse y a incurrir en excesos de fuerza, que siempre se hará presente cuando el poder político se ausenta.

El riesgo de una regresión a épocas de dictaduras es patente, pero eso no es lo único riesgo, porque ese cúmulo de contradicciones, con la disgregación que conlleva, sus quebrantos la confusión que conllevan, hacen propicio el terreno, en el contexto político mundial, para un debilitamiento institucional que abre la puerta a las renovadas formas de colonialismo, ya perceptibles en el panorama nacional.

Ya se ha visto que las grandes corporaciones enfrentan a los países y a los gobiernos para obtener ventajas, no solo económicas, sino, hoy por hoy, políticas.

Subastan las inversiones, las promesas de empleo, y el crecimiento económico “al mejor postor internacional y se niegan a instalarse en países cuyos impuestos o costes laborales les parecen altos o donde las condiciones son severas o no se les conceden subvenciones o préstamos, y si ya están instaladas, amenazan con marcharse” (Noreena HERTZ, El poder en la sombra. La globalización y la muerte de la democracia, Barcelona, Planeta, 2002).

Trabajan a través de fundaciones diversas y no es infrecuente que hagan causa común con algunas agencias gubernamentales para conseguir sus propósitos.

“Open Society Foundations”, por ejemplo, creada por el financiero internacional George Soros en 1979, fue muy activa en promover y subsidiar proyectos que, si bien pueden haber acarreado beneficios tangenciales a los países, han promovido modificaciones en las estructuras institucionales de ellos que permiten influir en las decisiones políticas, conforme a los “valores” que él sustenta y, a fin de cuentas, sus propios intereses.

Entre las agencias gubernamentales, juega un papel destacado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Según ella misma, su trabajo favorece “la seguridad nacional y la prosperidad económica de los Estados Unidos”, mientras “demuestra la generosidad estadounidense y promueve un camino hacia la autosuficiencia y resiliencia de los receptores” de la ayuda que prodiga.

A estas dos organizaciones se les ha visto muy activas recientemente por estas tierras. Si su apoyo no tendría que ser “per se” deleznable, habrá que cuidar bien que su participación responda a propósitos concertados con plena responsabilidad, no sea que la resiliencia que la segunda ofrece generosamente conseguir se traduzca en la adaptación a un “agente perturbador” contrario a los mejores intereses del humanismo en México.

En ese contexto, el verdadero reto es evitar las regresiones degradantes, tanto como las nuevas formas de colonización, que aniquilan la identidad que todavía, como país, estamos en camino de definir.
02 Septiembre 2018 04:00:00
Globalización y política (2)
La política es y será siempre un comportamiento encaminado a sumar adeptos, o dicho de otra manera, a mover voluntades en asuntos concernientes a las cuestiones que interesan a una comunidad determinada.

Esa intención no siempre es fructífera, porque habrá ocasiones en que la voluntad promotora sea incapaz de llagar al resultado que pretendía, es decir, mover suficientes voluntades en favor de su causa.

Si consigue hacerlo, y para ello se vale de símbolos generalizados, como lo refiere Niklas Luhmann, se estará en presencia del poder político.

En el escenario global, caracterizado por una expansión sin precedentes del sistema social hasta alcanzar una extensión que comprende al territorio que comprende al mundo entero, y aun lo excede por la creación del ciberespacio, el ámbito de lo político, y el poder implícito en él, también han cambiado.

En ese contexto, el Estado ha visto disminuidas sus capacidades y la “soberanía”, definida por Bodino como el poder “irresistible hacia el interior e independiente hacia el exterior”, ya no es tal.

En cambio, ha surgido un fenómeno que se distingue por la existencia de grandes corporaciones, conglomerados y fundaciones que compiten por la primacía en la capacidad de ordenar las conductas de los seres de todo el orbe en vista de sus intereses.

El poder se ha desplazado a un territorio, además, en el que la estructura jurídica es inexistente, porque no hay normas en rigor globales, y el entramado del derecho internacional ha sido construido por los mismos estados, cuyas potencias han sido rebasadas.

El primer instrumento de que se han valido los nuevos actores en la escena política global es, precisamente, valerse de todos los instrumentos a su alcance para convertirse en un vehículo de penetración cultural importante y en un factor fundamental de influencia ahí donde se asentó.

La revolución de la tecnología de la información, factor determinante en esta era, no solo ha dado lugar a una nueva economía, sino que ha transformado completamente las relaciones tradicionales de poder: se ha convertido el funcionamiento en red en una forma fundamental de organización en todos los ámbitos de la sociedad.

Las nuevas redes globales de información y riqueza han desplazado paulatinamente al estado, y ocupado su lugar con mucha mayor presencia, en toda actividad relacionada con la generación de conocimiento, producción económica, de comunicación y también poder militar y político.

Han desarrollado capacidades suficientes para hacer que la población del mundo se convenza de la conveniencia, o incluso el deber, de hacer algo o abstenerse de hacerlo, a través de la propaganda política, que puede conseguir mover así las voluntades de grandes masas en el mundo, influyendo sus preferencias y hasta imbuyendo valores, de modo que, quien es guiado, cree firmemente que es él, o ella, quien decide.

Como bien dice Arnoletto: “La disponibilidad actual de poderosos medios de comunicación social ha ampliado muchísimo las posibilidades de la persuasión, que es en definitiva el objetivo de la propaganda” (Arnoletto, E.J.: Glosario de Conceptos Políticos Usuales, Ed. EUMEDNET 2007, texto completo en HYPERLINK “http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3”
http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3).

Es evidente que esos medios están al alcance y bajo el control de núcleos que irradian su influencia con un alcance global.

¿Serán con ello y por ello capaces de hacer posible “concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que utilice las formas del gobierno democrático”, según propone el profesor Kenneth Boulding, de la Universidad de Michigan, citado por Vance Packard en uno de los epígrafes de su libro The Hidden Persuaders?

La respuesta la tendrá el tiempo, pero entretanto, ese es el revuelto contexto en que se desenvolverán la administración y el gobierno encabezados por Andrés Manuel López Obrador y, con ellos, todo México.
02 Septiembre 2018 04:00:00
Globalización y política (2)
La política es y será siempre un comportamiento encaminado a sumar adeptos, o dicho de otra manera, a mover voluntades en asuntos concernientes a las cuestiones que interesan a una comunidad determinada.

Esa intención no siempre es fructífera, porque habrá ocasiones en que la voluntad promotora sea incapaz de llagar al resultado que pretendía, es decir, mover suficientes voluntades en favor de su causa.

Si consigue hacerlo, y para ello se vale de símbolos generalizados, como lo refiere Niklas Luhmann, se estará en presencia del poder político.

En el escenario global, caracterizado por una expansión sin precedentes del sistema social hasta alcanzar una extensión que comprende al territorio que comprende al mundo entero, y aun lo excede por la creación del ciberespacio, el ámbito de lo político, y el poder implícito en él, también han cambiado.

En ese contexto, el Estado ha visto disminuidas sus capacidades y la “soberanía”, definida por Bodino como el poder “irresistible hacia el interior e independiente hacia el exterior”, ya no es tal.

En cambio, ha surgido un fenómeno que se distingue por la existencia de grandes corporaciones, conglomerados y fundaciones que compiten por la primacía en la capacidad de ordenar las conductas de los seres de todo el orbe en vista de sus intereses.

El poder se ha desplazado a un territorio, además, en el que la estructura jurídica es inexistente, porque no hay normas en rigor globales, y el entramado del derecho internacional ha sido construido por los mismos estados, cuyas potencias han sido rebasadas.

El primer instrumento de que se han valido los nuevos actores en la escena política global es, precisamente, valerse de todos los instrumentos a su alcance para convertirse en un vehículo de penetración cultural importante y en un factor fundamental de influencia ahí donde se asentó.

La revolución de la tecnología de la información, factor determinante en esta era, no solo ha dado lugar a una nueva economía, sino que ha transformado completamente las relaciones tradicionales de poder: se ha convertido el funcionamiento en red en una forma fundamental de organización en todos los ámbitos de la sociedad.

Las nuevas redes globales de información y riqueza han desplazado paulatinamente al estado, y ocupado su lugar con mucha mayor presencia, en toda actividad relacionada con la generación de conocimiento, producción económica, de comunicación y también poder militar y político.

Han desarrollado capacidades suficientes para hacer que la población del mundo se convenza de la conveniencia, o incluso el deber, de hacer algo o abstenerse de hacerlo, a través de la propaganda política, que puede conseguir mover así las voluntades de grandes masas en el mundo, influyendo sus preferencias y hasta imbuyendo valores, de modo que, quien es guiado, cree firmemente que es él, o ella, quien decide.

Como bien dice Arnoletto: “La disponibilidad actual de poderosos medios de comunicación social ha ampliado muchísimo las posibilidades de la persuasión, que es en definitiva el objetivo de la propaganda” (Arnoletto, E.J.: Glosario de Conceptos Políticos Usuales, Ed. EUMEDNET 2007, texto completo en HYPERLINK “http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3”
http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3).

Es evidente que esos medios están al alcance y bajo el control de núcleos que irradian su influencia con un alcance global.

¿Serán con ello y por ello capaces de hacer posible “concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que utilice las formas del gobierno democrático”, según propone el profesor Kenneth Boulding, de la Universidad de Michigan, citado por Vance Packard en uno de los epígrafes de su libro “The Hidden Persuaders”?

La respuesta la tendrá el tiempo, pero entretanto, ese es el revuelto contexto en que se desenvolverán la administración y el gobierno encabezados por Andrés Manuel López Obrador y, con ellos, todo México.
26 Agosto 2018 04:00:00
Globalización y política
Quien piense que la globalización es sólo cuestión de economía, yerra de cabo a rabo. El ámbito global ha sido propicio para la expansión de los intereses económicos, pero también ha tenido efectos políticos que cada vez son más evidentes.

Hace ya algún tiempo que Alvin Toffler advirtió que, a pesar de que lo tradicional en la cultura occidental ha sido pensar en el poder en términos cuantitativos, esa visión oculta el que quizás sea el factor más importante de todos, y en el que los cambios están realmente operando: la calidad del poder (Power Shift, 1991, N. Y., Bantam Books).

Clasificaba entonces a la fuerza y la economía como fuentes de poder. De la primera, decía que dudaba de que, en realidad, confiriera poder alguno; de la segunda, a la que confiere mayor grado cualitativo porque es capaz de mover las voluntades en el sentido que lo desee aquel que pueda disponer de ella, le asigna un lugar intermedio en la escala cualitativa del poder, porque, sin negarle potencial alguno, no logra alcanzar la cumbre.

En cambio, en tercer lugar y en la cúspide de la escala, colocaba ya al poder que proviene de la aplicación del conocimiento, del que dice que no es meramente la habilidad de hacer que otros hagan lo que uno quiere que hagan, sino que es, sobre todo y antes que nada, eficiencia, y frecuentemente puede ser usado de manera que a la parte a quien se dirige no sólo le guste la idea de obrar en el sentido en que el poderoso quiere, sino que incluso puede aquél llegar a pensar, si se maneja el instrumento con la destreza debida, que en él se originó la idea misma de actuar del modo inducido.

La tercera es, además, la más versátil, ya que puede ser empleada para castigar, premiar, persuadir, y aun transformar, por ejemplo, a un enemigo en aliado.

Lo que es todavía mejor: su empleo permite eludir las circunstancias peligrosas inmediatas, a fin de evitar los desperdicios que habitualmente se producen por las otras dos fuentes de poder que identifica, es decir, la fuerza y la riqueza, mismas que, por el contrario, pueden verse multiplicadas cuando interviene el conocimiento.

Es claro que una combinación de las tres fuentes, inteligentemente integrada y hábilmente aplicada, estará todavía en mejor posición de alcanzar un resultado óptimo.

Vance Packard, más de cuarenta años antes que Toffler, había ya identificado a los que denominó “persuasores ocultos”, capaces de compeler una conducta, individual o colectiva, porque consiguen canalizar nuestros “hábitos no pensantes”, nuestras decisiones y nuestros procesos mentales, por debajo de nuestro nivel consciente.

Así, los estímulos que nos mueven frecuentemente están “ocultos” y su uso, dirigido a las masas, ha sustituido la búsqueda “a tientas” de otros tiempos, dice Packard.

Cuando eso se escribió, ni por pienso aparecía en el panorama el ingente potencial que para la operación de esos mecanismos de manipulación ofrece la tecnología de la información hoy en día, ni se había extendido su uso al grado en que para estos tiempos lo ha hecho, aun en el campo de la política.

La palpitante actualidad de las aseveraciones de Packard, contemplada a la luz de las posibilidades y el desarrollo que ha sufrido la materia a que se refiere, hace que, especialmente en un mundo que sobrepasa las capacidades regulatorias del estado, sea fácil concluir que quienes hoy detentan el poder a nivel mundial, cuenten con un instrumento de incalculable valía para sus fines.

Lo que hoy pueden hacer los “persuasores profesionales” ha alcanzado niveles superlativos, de modo que su eficacia para vendernos sus mercancías –trátese de productos, de ideas, de actitudes, de candidatos, de metas–, o aun de “estados de ánimo”, se ha potenciado geométricamente.


¿Quién detenta hoy ese poder? ¿Dónde reside? ¿Cuáles son los efectos de su actuación?

El tema da para mucho. La próxima entrega se destinará a intentar dilucidar esas cuestiones.
26 Agosto 2018 04:00:00
Globalización y política
Quien piense que la globalización es solo cuestión de economía, yerra de cabo a rabo. El ámbito global ha sido propicio para la expansión de los intereses económicos, pero también ha tenido efectos políticos que cada vez son más evidentes.

Hace ya algún tiempo que Alvin Toffler advirtió que, a pesar de que lo tradicional en la cultura occidental ha sido pensar en el poder en términos cuantitativos, esa visión oculta el que quizás sea el factor más importante de todos, y en el que los cambios están realmente operando: la calidad del poder (Power Shift, 1991, N. Y., Bantam Books).

Clasificaba entonces a la fuerza y la economía como fuentes de poder. De la primera, decía que dudaba de que, en realidad, confiriera poder alguno; de la segunda, a la que confiere mayor grado cualitativo porque es capaz de mover las voluntades en el sentido que lo desee aquel que pueda disponer de ella, le asigna un lugar intermedio en la escala cualitativa del poder, porque, sin negarle potencial alguno, no logra alcanzar la cumbre.

En cambio, en tercer lugar y en la cúspide de la escala, colocaba ya al poder que proviene de la aplicación del conocimiento, del que dice que no es meramente la habilidad de hacer que otros hagan lo que uno quiere que hagan, sino que es, sobre todo y antes que nada, eficiencia, y frecuentemente puede ser usado de manera que a la parte a quien se dirige no sólo le guste la idea de obrar en el sentido en que el poderoso quiere, sino que incluso puede aquél llegar a pensar, si se maneja el instrumento con la destreza debida, que en él se originó la idea misma de actuar del modo inducido.

La tercera es, además, la más versátil, ya que puede ser empleada para castigar, premiar, persuadir, y aun transformar, por ejemplo, a un enemigo en aliado.

Lo que es todavía mejor: Su empleo permite eludir las circunstancias peligrosas inmediatas, a fin de evitar los desperdicios que habitualmente se producen por las otras dos fuentes de poder que identifica, es decir, la fuerza y la riqueza, mismas que, por el contrario, pueden verse multiplicadas cuando interviene el conocimiento.

Es claro que una combinación de las tres fuentes, inteligentemente integrada y hábilmente aplicada, estará todavía en mejor posición de alcanzar un resultado óptimo.

Vance Packard, más de cuarenta años antes que Toffler, había ya identificado a los que denominó “persuasores ocultos”, capaces de compeler una conducta, individual o colectiva, porque consiguen canalizar nuestros “hábitos no pensantes”, nuestras decisiones y nuestros procesos mentales, por debajo de nuestro nivel consciente.

Así, los estímulos que nos mueven frecuentemente están “ocultos” y su uso, dirigido a las masas, ha sustituido la búsqueda “a tientas” de otros tiempos, dice Packard.

Cuando eso se escribió, ni por pienso aparecía en el panorama el ingente potencial que para la operación de esos mecanismos de manipulación ofrece la tecnología de la información hoy en día, ni se había extendido su uso al grado en que para estos tiempos lo ha hecho, aun en el campo de la política.

La palpitante actualidad de las aseveraciones de Packard, contemplada a la luz de las posibilidades y el desarrollo que ha sufrido la materia a que se refiere, hace que, especialmente en un mundo que sobrepasa las capacidades regulatorias del estado, sea fácil concluir que quienes hoy detentan el poder a nivel mundial, cuenten con un instrumento de incalculable valía para sus fines.

Lo que hoy pueden hacer los “persuasores profesionales” ha alcanzado niveles superlativos, de modo que su eficacia para vendernos sus mercancías –trátese de productos, de ideas, de actitudes, de candidatos, de metas, o aun de “estados de ánimo”, se ha potenciado geométricamente.

¿Quién detenta hoy ese poder? ¿Dónde reside? ¿Cuáles son los efectos de su actuación?

El tema da para mucho. La próxima entrega se destinará a intentar dilucidar esas cuestiones.
19 Agosto 2018 04:00:00
La confusión de un escéptico
En los prolegómenos de un sexenio que promete ser diferente (al menos así lo han querido hacer sentir quienes forman parte del contingente triunfador en la pasada elección) se oye una vez y otra que México habrá de entrar a una cuarta transformación.

En ella reinarán el orden, habrá “estado social y democrático de derecho”, entre las ramas del poder público relucirán los equilibrios que contendrán a cada rama del poder público frente a los posibles (¿también probables?) excesos, imperarán la paz y la justicia, no será el Ejecutivo un “superpoder” ni “dará línea” a los otros. No habrá corrupción ni olvido, pero sí perdón.

De tanto oírlo, y con tanta enjundia dicho, empiezan a verse bien las perspectivas de un cambio que, así contemplado, promete mucho a este país, que tanto lo necesita para salir de los muchos escollos que en el camino del desarrollo cívico, económico y social enfrenta.

Madero, Carranza y otros muchos mexicanos que enfrentaron con las armas a Porfirio Díaz, sus ejércitos y otras fuerzas políticas y económicas, lo hicieron para derrocar a un régimen que aparentaba cumplir las formalidades que la Constitución de 1857 mandaba, mientras soslayaba, en los hechos, los compromisos con la legitimidad que ella misma le imponía, en tanto que se perpetuaba de un modo dictatorial.

Para muchos, enfrentar 100 años después circunstancias equiparables de hegemonía, sea eso cierto o sea exagerado, explica que la gente común –aquella que a fin de cuentas quedó marginada del progreso– se volcara en las urnas con la esperanza de un nuevo, radical, efectivo y perdurable cambio.

En el curso de esas consideraciones, sin embargo, surge de pronto una inquietud: tantas cosas como se prometen y esperan ¿no deberían acaso ser, en su mayoría, consecuencias naturales del buen funcionamiento del gobierno y la gestión pública? ¿Es que tendrían los ciudadanos que esperar otra cosa menos satisfactoria?

En los hechos y prácticas, a pesar de que en el papel constitucional están plasmados los equilibrios de poder, el sistema federal y otras muchas cosas que también fundamentan nuestra república democrática, se habían diluido nuevamente. Por eso la oferta se hizo valiosa a los ojos del elector.

En esas andanzas yendo, algún irredento escéptico se ve, como muchas otras personas, por otra preocupación: muchas de las promesas hechas requerirán recursos –y tiempo– de los que no se dispone ¿qué pasará si no se cumple lo prometido? ¿Cómo reaccionarán esos millones de mexicanas y mexicanos, ya de suyo crispados, cuando vean su frustración crecer al paso del tiempo sin ver acercarse la tierra prometida?

Para aumentar su inquietud, el mismo personaje se topa con una infinidad de noticias que dan cuenta de diversos compromisos expresados por el equipo de colaboradores del presidente electo, y aun por este, en el sentido de aportar recursos o “no reducir el presupuesto a las universidades e instituciones de educación superior”.

Esa noticia lo puso a pensar: ¿no es a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a quien toca decretar el Presupuesto de Egresos de la Federación, y hacerlo en equilibrio con los ingresos esperados? ¿Cómo va a cumplir ese compromiso quien no tiene facultades para ello y ha prometido no interferir o dar línea a los otros poderes?

Al ver después cómo, quienes serán coordinadores de las bancadas mayoritarias en las cámaras legisladoras, se comprometieron a llevar a cabo las reformas necesarias para cumplir con las decisiones de quien es su líder indiscutido, el mismo escéptico exclama: “¡Qué chiste! ¡Así ni falta hace que les dé línea!”.

“¡Mal andamos –exclama– si un vendedor viene a vendernos nuestra propia casa, y peor todavía si se la compramos!”.

Contempló el horizonte y vio que se avecinaba una tormenta. Guardó las manos en los bolsillos y se echó a andar, en su personal confusión, pensando: “¿No será que por eso México no atina a prosperar en el camino de su propia construcción con prosperidad y justicia?”.
19 Agosto 2018 04:00:00
La confusión de un escéptico
En los prolegómenos de un sexenio que promete ser diferente (al menos así lo han querido hacer sentir quienes forman parte del contingente triunfador en la pasada elección) se oye una vez y otra que México habrá de entrar a una cuarta transformación.

En ella reinarán el orden, habrá “estado social y democrático de derecho”, entre las ramas del poder público relucirán los equilibrios que contendrán a cada rama del poder público frente a los posibles (¿también probables?) excesos, imperarán la paz y la justicia, no será el Ejecutivo un “super poder” ni “dará línea” a los otros. No habrá corrupción ni olvido, pero sí perdón.

De tanto oírlo, y con tanta enjundia dicho, empiezan a verse bien las perspectivas de un cambio que, así contemplado, promete mucho a este país, que tanto lo necesita para salir de los muchos escollos que en el camino del desarrollo cívico, económico y social enfrenta.

Madero, Carranza y otros muchos mexicanos que enfrentaron con las armas a Porfirio Díaz, sus ejércitos y otras fuerzas políticas y económicas, lo hicieron para derrocar a un régimen que aparentaba cumplir las formalidades que la Constitución de 1857 mandaba, mientras soslayaba, en los hechos, los compromisos con la legitimidad que ella misma le imponía, en tanto que se perpetuaba de un modo dictatorial.

Para muchos, enfrentar cien años después circunstancias equiparables de hegemonía, sea eso cierto o sea exagerado, explica que la gente común -aquella que a fin de cuentas quedó marginada del progreso- se volcara en las urnas con la esperanza de un nuevo, radical, efectivo y perdurable cambio.

En el curso de esas consideraciones, sin embargo, surge de pronto una inquietud: Tantas cosas como se prometen y esperan ¿no deberían acaso ser, en su mayoría, consecuencias naturales del buen funcionamiento del gobierno y la gestión pública? ¿Es que tendrían los ciudadanos que esperar otra cosa menos satisfactoria?

En los hechos y prácticas, a pesar de que en el papel constitucional están plasmados los equilibrios de poder, el sistema federal y otras muchas cosas que también fundamentan nuestra república democrática, se habían diluido nuevamente. Por eso la oferta se hizo valiosa a los ojos del elector.

En esas andanzas yendo, algún irredento escéptico se ve, como muchas otras personas, por otra preocupación: Muchas de las promesas hechas requerirán recursos -y tiempo- de los que no se dispone ¿qué pasará si no se cumple lo prometido? ¿Cómo reaccionarán esos millones de mexicanas y mexicanos, ya de suyo crispados, cuando vean su frustración crecer al paso del tiempo sin ver acercarse la tierra prometida?

Para aumentar su inquietud, el mismo personaje se topa con una infinidad de noticias que dan cuenta de diversos compromisos expresados por el equipo de colaboradores del presidente electo, y aun por este, en el sentido de aportar recursos o “no reducir el presupuesto a las universidades e instituciones de educación superior”.

Esa noticia lo puso a pensar: ¿No es a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a quien toca decretar el Presupuesto de Egresos de la Federación, y hacerlo en equilibrio con los ingresos esperados? ¿Cómo va a cumplir ese compromiso quien no tiene facultades para ello y ha prometido no interferir o dar línea a los otros poderes?

Al ver después cómo, quienes serán coordinadores de las bancadas mayoritarias en las cámaras legisladoras, se comprometieron a llevar a cabo las reformas necesarias para cumplir con las decisiones de quien es su líder indiscutido, el mismo escéptico exclama: “¡Qué chiste! ¡Así ni falta hace que les de línea!”.

“¡Mal andamos -exclama- si un vendedor viene a vendernos nuestra propia casa, y peor todavía si se la compramos!”

Contempló el horizonte y vio que se avecinaba una tormenta. Guardó las manos en los bolsillos y se echó a andar, en su personal confusión, pensando: “¿No será que por eso México no atina a prosperar en el camino de su propia construcción con prosperidad y justicia?”
12 Agosto 2018 04:00:00
Entre la guerra y la paz
Se puede decir que es impulsivo, obcecado, egocéntrico y algunas cosas más, pero nadie puede negar que es “entrón”.

No bien se hubo sabido de la tendencia irreversible que le daba el triunfo, el día mismo de la elección, AMLO empezó a gobernar.

Su beligerancia contra Peña Nieto, por ejemplo, y con la Suprema Corte de Justicia, no fueron impedimento para que en esta semana se reuniera, a puerta cerrada (¿y la transparencia?), con el Presidente de la República y con el pleno de la Corte.

Además, acostumbrado a nadar contra la corriente, aunque no necesariamente para bien, se propuso efectuar foros de consulta para sustentar sus proyectos –o para promoverlos, quizás, que bien pensados ya los tenía– y lo hizo a pesar de que encontró límites legales para dar algún sentido jurídicamente vinculatorio a esas reuniones, porque la previsión de ellos impone que coincidan con algún proceso electoral, y este ya había pasado.

“Haiga sido como haiga sido”, según la célebre frase de su antiguo contrincante Felipe Calderón, los foros van, y ya se celebraron dos: uno en Ciudad Juárez, lugar tan tristemente célebre por desgracia, al que mucho se le “dio vuelo”, posiblemente por ser el primero; el segundo, en nuestra también golpeada Torreón, sin tanto bombo y platillo,
inexplicablemente.

La constante que ya se vislumbra en esos foros será, sin duda, la insistencia en recordar, perdonando, sin que hasta hoy haya encontrado eco esa proclama entre las víctimas, que ni olvidan ni perdonan los gravísimos agravios que han sufrido, sobre todo quienes lo han sido en los casos de desapariciones forzadas.

Ardua tarea será esa, especialmente si se insiste en la cuantificación y las cifras, olvidando que, detrás de cada número, hay una persona que guarda pesares que nadie más carga, aunque porten otros y otras algunos del mismo tamaño y naturaleza, y que cada uno requiere atención inmediata, personal, y soluciones, no promesas.

Un buen signo, me parece, es que se vio al futuro secretario de Seguridad Pública bien plantado en la tribuna, muy dueño de sí mismo, insistiendo en que el proyecto es “por la paz”, lo que implica, según entiendo, que la situación imperante es de guerra (¿da con eso la razón a Calderón Hinojosa?), y apuntó, en buen momento durante su discurso en Juárez, que lo que ahí plantearan los asistentes les sería devuelto en forma de políticas públicas, rama en la que reconoció ser especialista, aunque no lo sea en materia de seguridad.

En todo caso, es bueno tener al frente de una dependencia tan importante como la que se le ha destinado a alguien que entiende que las políticas públicas son cursos de acción, una técnica de gestión y no sólo una frase para ocupar espacio en los documentos programáticos.

Habría sido mucho pedir que en ese evento y en tan poco tiempo describiera mejor los elementos, etapas y responsables de esas políticas públicas, que requerirán, de partida y necesariamente, un diagnóstico puntual, preciso, del muy complejo problema de descomposición social que ha llevado las cosas al punto en que se encuentran, pero cuando menos ya delineó algunas metas –objetivos cuantificados– que se propone alcanzar el nuevo gobierno y, lo que es mucho más importante, enfatizó algo sin lo que cualquier política pública estaría condenada al fracaso: la participación de las personas afectadas por el daño, toda la comunidad, sí, pero muy especialmente las víctimas directas de tan execrables crímenes como los que más dolorosamente han afectado a nuestras comunidades..

Todavía no se ven los “cómos”, pero no deja de ser alentador –esperanzador, dirán algunos– que el enfoque sea el adecuado.

Queda por verse la efectividad del empeño y los diseños metodológicos para su evaluación permanente y participativa, que tampoco puede faltar si de verdad se quiere saltar la brecha entre las promesas y su cumplimiento cabal, entre las esperanzas que se han alentado y las realidades puestas en práctica.

Veremos y diremos.

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