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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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14 Diciembre 2018 04:07:00
¿Y si revive Texcoco?
El 19 de noviembre pasado, Andrés Manuel López Obrador fue tajante ante la pregunta de Joaquín López Dóriga en el programa Tercer Grado. ¿Está muerto el aeropuerto en Texcoco?, inquirió el periodista. “Sí”, contestó sin cortapisas. Este jueves, a una pregunta sobre el status de la obra y las negociaciones con tenedores de bonos que financiaron parte de la construcción, el Presidente dijo algo que nunca había señalado, que la Secretaría de Hacienda se maneja con autonomía para tomar decisiones que considere convenientes. Si se lee a López Obrador al pie de la letra, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, estaría en condiciones de tomar una decisión tan importante como, ¿continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco?

Políticamente, la proposición luce descabellada. Si López Obrador empeñó su palabra durante la campaña para cancelar Texcoco y presentar la Base Aérea de Santa Lucía como proyecto alterno, y durante la transición inventó una consulta para justificar su decisión política, que fue reforzando con denuncias de corrupción en la construcción de la obra que no ha dejado de llamar “faraónica”, ¿en dónde habría espacio para que rectificara su decisión? Sólo si actúa como Presidente y toma una decisión impopular con sus clientelas que, en el mediano y largo plazo, se verían beneficiadas de ese incumplimiento de promesa de campaña. Es un tema de números.

El costo que tendría la cancelación de la obra sin demandas de los tenedores de bonos o contratistas está estimado en el Gobierno entre 10 mil y 12 mil millones de dólares –muy superior a lo que saldría terminarla–, por lo que la decisión tendría que ser basada en la relación costo-beneficio que, no hay que olvidar, jamás ha determinado sus acciones. Aunque el matiz sobre la autonomía de la Secretaría de Hacienda sugiere que López Obrador se encuentra en un estadio de entendimiento en donde no caben los arrebatos o posiciones sin visión estratégica, su carácter nunca le ha permitido aceptar equivocaciones. Todo lo contrario. Cuando yerra, acelera y profundiza en la misma dirección del traspiés cometido. Como se ha salido con la suya, debe pensar que nunca le va a fallar.

Pero en el caso del aeropuerto en Texcoco, ese tipo de comportamiento provocó un quiebre fundamental en su proyecto de nación, al introducir presiones a su presupuesto por la elevación de las tasas de interés que afecta el servicio de la deuda y modificar los parámetros macroeconómicos, la pérdida nominal de 16 mil millones de pesos en las afores, congelamiento de inversiones y fuga de capitales, así como cuestiones subjetivas, como es la pérdida de confianza de inversionistas y la incertidumbre sobre el rumbo por el que llevará al país.

Los dos intentos del Gobierno para recomprar una tercera parte de los bonos que sirvieron para financiar parte de la obra de Texcoco han resultado fallidos. Los tenedores de los bonos no están de acuerdo con los términos planteados, aunque en la segunda oferta les prometieron pagar dólar por dólar de lo invertido. Los bonistas están acorralando al Gobierno, y en la medida que avancen los días sin arreglo, se irá encareciendo la solución. Argentina se peleó con los inversionistas que la ayudaron a resolver su crisis económica, y la presidenta Cristina Fernández terminó pagando 15 dólares por cada uno de lo originalmente prestado. Ese escenario es lejano en México, pero probable. La obra en Texcoco, mientras tanto, tiene que seguir de acuerdo con lo programado, porque de no cumplirse el cronograma habrá incumplimiento de contrato y permitiría a los tenedores de bonos exigir el pago inmediato de lo que invirtieron.

El solo anuncio de la cancelación de la obra en Texcoco ya está costando más de lo que habría significado terminar la obra que, además, iba a ser financiada por la tarifa de uso de aeropuerto. La segunda oferta del Gobierno es que se use la TUA, no para finalizar Texcoco, sino para pagar el costo de su cancelación. Financieramente hablando, no parece la decisión más inteligente que tomó el Presidente. El secretario Urzúa deslizó el miércoles la posibilidad de que una nueva terminal en Santa Lucía nunca sea construida, lo que refleja discusiones con López Obrador sobre las opciones que se tienen. En la segunda oferta a los tenedores de bonos se incluye también que el aeropuerto en Toluca no tendría más de 5 millones de pasajeros anuales, que es otro ajuste a la idea original del Gobierno de adaptarlo para generar un volumen de 8 millones.

Urzúa está hablando con sensatez financiera. No se sabe qué tipo de diálogo o mensajes ha recibido de los inversionistas. Entre ellos, cuando se pregunta que podrían hacerse para que el presidente López Obrador recuperara la credibilidad de los inversionistas y que se volviera a abrir el beneficio de la duda, sugieren en primer lugar continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco. Políticamente, parece un obstáculo insalvable, pero López Obrador podría hacerlo sin dejar de revisar la probable corrupción y bajar los gastos suntuosos. Puede haber un rediseño de la terminal, menos asiática, como es en la actualidad, y más sobria, sin perder sus certificaciones internacionales. También puede expropiar los terrenos en los alrededores del aeropuerto para atajar la especulación inmobiliaria, y revisar los contratos de los servicios no aeroportuarios. Hacer un aeropuerto kosher sin sueños de grandeza cosméticos es una opción al alcance del deseo de López Obrador, si piensa más en el largo plazo y no en la coyuntura electoral. Sus clientelas políticas, aunque no lo vean hoy, se lo agradecerán.


12 Diciembre 2018 04:07:00
La rebelión de las togas
El choque entre poderes del Estado mexicano que se está dando en este país, es más profundo de lo que se ve. Hay una mezcla de intereses que se están moviendo detrás, no sólo por la defensa de sus privilegios, como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por un desafío directo a su Presidencia por parte del sector conservador dentro del máximo tribunal que busca, si no le alcanza para boicotear, estorbar.

La cabeza de la rebelión de las togas es el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, quien llegó a esa posición en enero de 2015, tras derrotar a Arturo Zaldívar en 32 votaciones, y que utilizó como instrumento de choque al ministro Alberto Pérez Dayán.

El ministro Pérez Dayán detonó el conflicto el viernes pasado al ordenar la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores de oposición, quienes argumentaron que la ley violaba los artículos 75 y 127 constitucionales.

La respuesta de López Obrador y de los coordinadores parlamentarios de Morena, provocaron que el desafío de los jueces contra el Presidente se expresara con protestas en 30 estados este lunes, afirmando que la decisión de recortar salarios afectaba la autonomía del Poder Judicial y dañaba el equilibrio de poderes. La paradoja es que Pérez Dayán mismo, violó la ley que dice defender.

El Artículo 64 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional que aborda los actos de constitucionalidad, establece: “Iniciado el procedimiento, conforme al Artículo 24 (que habla de las libertades), si el escrito en que se ejercita la acción fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro de un plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucional”.

Esto quiere decir que Pérez Dayán no tenía la facultad para suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. “En acciones de inconstitucionalidad no procede la suspensión de la norma”, dijo un experto. “No importa el fondo de la controversia; no procede la suspensión, que está expresamente prohibido por los artículos 64 (de procedimiento) y 14 (de suspensión) de la Ley Reglamentaria”.

Su acción incorrecta no alcanza para fincarle un juicio político, como dijo el abogado constitucionalista Gabriel Regino en una entrevista en W Radio con Enrique Hernández, al no considerarse un delito. Lo que sí procedería, en opinión de los expertos, es una sanción por responsabilidad administrativa, lo cual tendría que aplicar el órgano interno de la Suprema Corte de Justicia, lo que significaría una medida histórica.

Difícilmente podría entenderse como un error del ministro el haber suspendido la ley que recorta salarios. Para comprender la magnitud de lo que desató, hay que entender lo que está sucediendo dentro de la Corte en función de cómo iban a quedar los equilibrios dentro del tribunal, tras el final de la gestión del ministro José Ramón Cossío.

Abogados que conocen los manejos internos de la Corte, dijeron que Aguilar buscó retrasar la comunicación al Ejecutivo y al Legislativo de la salida de Cossío, con el propósito de que la votación para un nuevo presidente, prevista para el próximo 2 de enero, se diera únicamente entre los 10 ministros que hay en este momento, sin darle la oportunidad a López Obrador de colocar a su primer ministro y eventualmente modificar el resultado de la elección.

El viernes pasado, en un texto sobre la Corte titulado “Conservadores contra Liberales”, se publicó en este espacio: “Si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cossío.

“Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se ha aproximado a posiciones liberales en el pasado.

“Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la exministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.

De la correlación de fuerzas dentro de la Corte se puede argumentar que el ministro Aguilar buscaría impedir que Zaldívar fuera electo presidente, y garantizar a un conservador como su sucesor. También se puede apreciar un choque de posiciones dentro del equipo de López Obrador, entre Sánchez Cordero, que estaría por la opción conservadora, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que respalda a Zaldívar.

El estruendoso ruido por el choque entre poderes está ocultando las intrigas dentro de la Suprema Corte y el intento del ala conservadora de cruzársele a López Obrador para impedir que comience a construir un tribunal acorde con su proyecto de nación. La confrontación no sólo es por la autonomía, sino ideológica y política, confrontando a López Obrador.


11 Diciembre 2018 04:08:00
La Corte, dónde sí, dónde no
Los arrebatos belicosos del presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque suspendieron la ley para recortar salarios, no deben esconder el problema de fondo en el Poder Judicial. No es la institución per se lo que debe analizarse y eventualmente fustigarse, sino la integridad de los ministros, sus mecanismos de autorregulación y la calidad de sus decisiones, que deben ser pasados por una revisión crítica. La discusión sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que suspendió la Corte para revisar si hay violaciones a la Constitución, tampoco debe quedarse en ese punto como si fuera lo único o lo más importante en términos de lo que beneficia e interesa más a la nación. Hay que ver más alto y más lejos, como dijo alguna vez José Ortega y Gasset, y examinar con mayor profundidad el papel de los ministros de la Corte.

El presidente López Obrador estableció los términos del enfrentamiento con la Suprema Corte de Justicia con un argumento descalificador y reduccionista, pero persuasivo en la opinión pública, de que forma parte de una lucha contra los privilegios, al mencionar los “estratosféricos” salarios de los ministros, como si fuera sinónimo de corrupción. La Suprema Corte le respondió, a través de su cuenta de Twitter, tildándolo sibilinamente de mentiroso, al afirmar que “nadie gana, ni remotamente”, los 600 mil pesos mensuales que el Presidente afirmó que era su salario.

La Corte tampoco está siendo apegada a la verdad. Si se ven los salarios nominales, que oscilan aproximadamente entre 130 mil y 270 mil pesos mensuales, sí están lejos de los 600 mil pesos que señaló el Presidente, quien debió haber utilizado el dato de los salarios integrados, en donde están la prima vacacional, el pago de riesgo por 46 mil pesos mensuales, el aguinaldo, el pago a uno o dos personas en su servicio doméstico, automóvil que pueden incluso blindarlo y gastos de representación, con lo cual si no llega a la suma señalada por López Obrador, tampoco se aleja mucho de ella.

El tema de los salarios es relevante porque la suspensión de la Ley los atañe directamente, al ser los ministros de la Corte uno de los grupos que ha denunciado que la reducción de los salarios de manera transversal, es inconstitucional en órganos como el máximo tribunal, o los órganos autónomos. De tal forma, la discusión sobre un conflicto de interés no es ociosa. ¿Pueden los ministros actuar con apego a lo que establece la Constitución? O, ¿cómo interpretarán la propia ley? ¿Hay indicios de veracidad en la crítica que les hizo López Obrador? Según el ministro Arturo Zaldívar, uno de los candidatos más fuertes a ser Presidente de la Suprema Corte de Justicia el próximo año, sí.

En septiembre pasado, al dar la bienvenida a 10 nuevos jueces de Distrito, urgió a la autocrítica en la Corte e “imaginar un México diferente” que corresponda al mensaje de hartazgo y frustración mostrada en las urnas que le dieron la victoria a López Obrador que votó por un cambio de régimen, y aprovechar la coyuntura para reconquistar la confianza de los ciudadanos. Entre sus llamados, que reiteró posteriormente, es la austeridad que debía seguir la Corte. “La sociedad debe saber con toda transparencia cuánto gastamos, cómo gastamos y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios”, dijo Zaldívar.

La forma como planteó la discusión el presidente López Obrador, quedó plasmada como un repudio a las instituciones, sobre las cuales ha mostrado reiteradamente su inconformidad y disgusto por la forma como operan. Esto ha llevado durante esta semana a un plano unidimensional, en donde lo que sobresale es un choque entre poderes, y un avasallamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, que ubica la confrontación en el contexto de la eliminación de pesos y contrapesos. Hay que salirse de esa discusión coyuntural y plantear un debate de largo aliento y alcance.

Abogados constitucionalistas sostienen que la Corte no es independiente ni apartidista. Efectivamente, las designaciones de los ministros se han dado por las cuotas de los partidos del viejo régimen, el PRI, PAN y PRD, donde algunas de sus decisiones han sido altamente controversiales. Por ejemplo, el PRI metió en diciembre de 2012 a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con cuyo voto se le otorgó la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada. Dos semanas después de su liberación, la misma Corte votó en sentido opuesto sobre el caso de dos indígenas acusadas de la privación de libertad de dos policías federales.

Pero también, de manera muy relevante, está la ausencia de mecanismos de autorregulación, que han llevado a la Corte a situaciones absolutamente indefendibles. El último caso de escándalo se dio a conocer en febrero pasado, cuando se dio un fraude jueces de ascenso, cuyo concurso interno fue anulado por el Consejo de la Judicatura Federal debido a que se filtraron las respuestas a las preguntas del examen.

No hay que quedarse en la batalla por los salarios. Que se resuelva, pero que se profundice el análisis de la Corte. No como el principio para eliminar la institución, sino para revisar si los ministros actuales están o no a la altura de la nueva realidad mexicana o si, como otras instituciones, son ellos o ellas lo que hay que cambiar, sin afectar la institución que debe seguir siendo contrapeso de los otros poderes.
07 Diciembre 2018 04:07:00
Conservadores contra liberales
Atrás ya dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador la etiqueta de “la mafia del poder” para referirse a sus adversarios y a quienes discrepan de su proyecto de nación. Ahora los llama conservadores, al evocar la República Restaurada de Benito Juárez, que es en donde él gusta ubicarse, y que acabó con el imperio de Maximiliano. El discurso juega en las antípodas y difícilmente existen áreas grises entre sus dos polos. No es fácil ubicar la confrontación cotidiana entre liberales y conservadores salvo en un solo lugar, en este momento, de alta relevancia para el equilibrio del poder y la definición de México en los próximos años, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a principios de 2019, en la primera decisión de gran calado, los ministros elegirán a su presidente por los próximos cuatro años.

Los punteros son dos ministros que no tienen una carrera judicial, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. El primero, respaldado por el actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se encuentra en el bloque de los conservadores. El segundo, Arturo Zaldívar, tan cercano a López Obrador que ha tenido muestras de gran afecto en público hacia él, está en el lado de los liberales. Las definiciones vendrán en los próximos días, al cerrarse el 13 de diciembre el ciclo de Pardo, quien rendirá su último informe como presidente de la Corte y se irán de vacaciones. Sin embargo, la decisión sobre a quién elegirán en enero, terminará de cocinarse mientras oficialmente están fuera del trabajo.

Las diferencias entre conservadores y liberales en una institución como la Suprema Corte, en México o en otras democracias occidentales, son notables. Un ministro conservador siempre se apega al texto del estatuto, sin márgenes para determinar con una visión amplia y creativa, por ejemplo una inconstitucionalidad, bajo la premisa que quienes cambian las leyes son las legislaturas, no las cortes.

Los liberales, en cambio, utilizan la historia y el propósito del estatuto como una herramienta para interpretar la ley, por lo cual tienden a darle a la gente una mayor libertad. Uno de los fallos donde más se aprecia esta división –que se replica en diversas cortes del mundo–, es sobre la despenalización del aborto, que así como parte a la sociedad, separa a los ministros de las cortes.

En estos momentos, si se diera la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte, a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José Ramón Cosío. Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza, pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a posiciones liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la exministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Si ellos dos votaran por Zaldívar, habría un empate y tendrían que ir a rondas subsecuentes, como sucedió hace tres años, cuando Aguilar, quien en tres rondas derrotó finalmente a Zaldívar. Debido a este equilibrio en los bloques, el presidente López Obrador jugó sus cartas y anunció la terna que enviará al Senado para el remplazo de Cosío, con lo cual podrían cambiar los números en apoyo a Zaldívar.

López Obrador nominó a Loretta Ortiz, Celia Maya y Juan Luis González Alcántara, lo que parece ser un trío donde las dos abogadas podrían ser descartadas por su vinculación directa con Morena. Ortiz fue asesora en el equipo de transición en materia de seguridad y la organizadora de los foros sobre reconciliación y paz, mientras que Maya fue candidata del partido a la Gubernatura en Querétaro y al Senado. González Alcántara, un liberal independiente, tiene además el mejor palmarés de la terna.

Con esta acción presidencial, el equilibrio en la Suprema Corte de Justicia se romperá, lo que de cualquier forma, de acuerdo con los observadores, no sería suficiente, y en la segunda quincena de diciembre tendría que darse un intenso cabildeo para conseguir el voto. La Corte, sin embargo, es una institución que mantiene dos posiciones. La externa es la que se expresa en los dictámenes y las votaciones, donde hay consensos y disensos, y la otra tiene que ver con la política interna, donde lo que se busca es unidad entre los ministros y compromiso con los principios constitucionales. Certidumbre en el actuar de los ministros, sin sorpresas, es lo que más aprecian a nivel interno. Por ser un ministro que generaba incertidumbres y no se sabía cómo iba a reaccionar, Cosío nunca pudo ser presidente de la Corte, pese a que técnicamente, su capacidad era impecable.

Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar no son vistos bajo la misma óptica dentro de la Corte, donde nadie tiene duda tampoco que la inclinación de López Obrador es por el segundo. En el lado de los conservadores, en caso de que fuera muy cerrada la lucha entre los dos punteros, existe un caballo negro que respalda el actual presidente, Mario Pardo, a quien no hay que descartar en este choque entre conservadores y liberales abierto en la Suprema Corte de Justicia.
06 Diciembre 2018 04:01:00
Las cuentas de la cocinera
La colocación de una oferta de recompra de bonos que financiaron parte de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco levantó en muchos las expectativas de que la construcción se continuaría.

No será así a menos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelva a nacer –y eso tampoco garantizaría un destino diferente–, o surjan contingencias inimaginables en este momento.

Texcoco está muerto, para efectos de aeropuerto, y la Base Aérea Santa Lucía, como dijo López Obrador, es la opción.

El futuro es claro desde su óptica, aunque valdría la pena que alguien, cuando menos para que no diga que nunca nadie le advirtió, le hiciera las cuentas de la cocinera sobre lo que significan los costos para el proyecto que está en el epílogo de su vida, y el que está en la mente de los asesores constructores del Presidente.

En números aproximados, las cuentas sobre la opción de Santa Lucía son las siguientes:

*El costo de la obra, promediando la cifra de 3 mil millones de dólares calculadas por el ingeniero José María Riobóo, autor intelectual del asesinato de Texcoco, y los 7 mil millones que estimó el Colegio de Ingenieros, quedaría en 5 mil millones de dólares.

*El costo de las vías de acceso a Santa Lucía y un tren rápido entre la Base Aérea y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez”de la Ciudad de México, mil 300 millones de dólares.

*Las adecuaciones al aeropuerto Benito Juárez, mil millones.

*El prepago de bonos, mil 800 millones.

*PARA El prepago de la Fibra E, otros mil millones.

*El acuerdo con las empresas constructoras mexicanas para la terminación de los contratos, 2 mil millones.

*La remediación ambiental en Texcoco, 2 mil millones.

*El costo de una nueva Base Aérea, mil millones.

Esto significaría un costo de 15 mil 100 millones de dólares, comparado con el costo del proyecto del NAIM en Texcoco, cuyo proyecto fue de 13 mil millones de dólares. En este caso, las cuentas finales son las siguientes:

*Los sobrecostos, porque se tuvieron que ampliar la terminal y el área de carga por un incremento en el número de pasajeros en 2017, son de 3 mil millones de dólares.

*Menos 3 mil millones por el avance de las obras.

*Menos 2 mil millones de dólares por el valor del terreno en el actual aeropuerto Benito Juárez.

*Menos el valor de la ciudad aeropuerto, que suma 2 mil millones de dólares.

En ambos casos se les quitan los 5 mil millones que tiene el Fideocomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

De esta forma, el costo de Santa Lucía, con esa reducción, requeriría recursos adicionales por 10 mil 100 millones de dólares, para que la opción propuesta por López Obrador se concrete, sin saber con certeza todavía si es posible que funcionen de manera simultánea las dos terminales. Para terminar el NAIM en Texcoco, se necesitarían 4 mil millones de dólares.

Visto en moneda, la diferencia de 5 mil 100 millones de dólares de diferencia entre concluir Santa Lucía, no parece la decisión financiera más inteligente haber cancelado Texcoco a favor de Santa Lucía.

Pero en los cálculos de López Obrador, las finanzas y la pérdida de confianza entre los inversionistas que provocó esa decisión de política pública, es menor importante que el cumplimiento de una promesa de campaña.

Para enfrentar las contingencias de una demanda colectiva en los tribunales neoyorquinos por la cancelación de la obra, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, contrató a tres instituciones financieras y a un despacho de abogados estadunidenses –cuyos costos no fueron calculados en lo que se tendrá que invertir en Santa Lucía– para que le diseñaran el plan de recompra del 30% de los bonos, con la expectativa de que participen en la subasta el 50+1 de los tenedores de los bonos, con lo cual se cancelan los términos en los que se firmaron los contratos y pueden renegociar con ellos otras condiciones para el pago de la deuda.

La oferta de compra es por 90 centavos por cada dólar, que si se toma en cuenta que la cancelación de Texcoco tiró el valor del bono hasta 77 centavos dólar, abre la posibilidad de que sí sea posible recuperar el 30% de los bonos que están en manos de inversionistas extranjeros.

La apuesta es alta, y no es algo cierto que se logre el cometido. Sin embargo, el Gobierno de López Obrador no tenía opción, porque cancelar la obra sin tomar esas previsiones habría provocado demandas multimillonarias en Nueva York, las cuales, por lo pronto, se pusieron en espera.

Las primeras señales del mercado no han sido positivas para el propósito buscado por el Gobierno.

La firma de abogados Hogan Lovelis, que representa a fondos como Blackrock y Prudential, que tienen más del 50% de los bonos del NAIM, ya adelantaron que no apoyarán la recompra en la forma como se presentó la oferta, lo que introdujo complicaciones para el Gobierno a menos de 72 horas de haber tomado la iniciativa.

Pero aun si consiguiera el objetivo de recomprar los bonos y renegociar los términos del contrato con el 70% de los tenedores de los bonos, no es una buena señal la que habrán mandado los mercados.

Dicho de otra manera, si el Gobierno de México recompró al precio más bajo y los inversionistas vendieron con ese descuento, significa que perdieron la confianza en la nueva Administración y prefieren recortar sus pérdidas. O sea, no quieren volverse a fijar en este país mientras no haya acciones que recuperen la credibilidad en el Gobierno.
05 Diciembre 2018 04:08:00
La Guardia Nacional, sí
El sexenio arrancó como se esperaba, pintado de rojo. La violencia no se detuvo a partir de sábado, cuando le dieron la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador en Guadalajara como Presidente.

Mientras reconocía en San Lázaro a los enviados del presidente Donald Trump a su toma de posesión, dos bombas fueron lanzadas contra el Consulado de Estados Unidos en esa capital, y hubo asesinatos de civiles y policías, además de la ejecución del primer periodista de su sexenio.

Cincuenta crímenes entre el sábado y el domingo, más decenas el lunes y martes. Pero no hay que equivocarse. La violencia no iba a detenerse sólo por un cambio de Gobierno. Una estrategia bien llevada tardará más de 3 años en empezar a dar resultados, siempre y cuando sea eficaz. Hasta ahora, no ha sido posible echarla andar en estos primeros días de nueva Administración.

Hay factores objetivos, como la implementación de la ley que crea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la que se agregaron funciones de la Secretaría de Gobernación, que requiere de modificaciones constitucionales para que, como lo establece el Plan del Gobierno, se cree una Guardia Nacional al mando de militares, a los que los policías y ministerios públicos tendrán que subordinarse.

Hay subjetivos, como los cambios de último momento que le impusieron al secretario de Seguridad Alfonso Durazo. El más importante fue el de Alejandro Gertz Manero, quien el miércoles estaba en la víspera de ser anunciado como subsecretario de Seguridad y comisionado de la Policía Federal, y que terminó en la fase de arranque del sexenio como procurador interino.

Lo más complejo, sin embargo, es la Guardia Nacional, al carecer de una ley para que empiece a funcionar. La Guardia Nacional está operando de facto con un despliegue tímido y limitado, con tres brigadas de infantería la Policía Militar.

La Primera Brigada se desplazó a seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda está concentrada en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango.

La Tercera se encuentra en otros seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que no es la más violenta, pero que por la cercanía con la Ciudad de México, donde se concentra el poder económico, el político y los medios de comunicación nacionales, su impacto se multiplica.

Esa semilla de la policía nacional que está dispuesto a crear el presidente López Obrador está coja por cuanto a su arquitectura institucional, y se suma al despliegue de soldados y marinos que no dejaron de patrullar las calles y combatir a la delincuencia al cambio de Gobierno.

Una reforma constitucional que le dé todas las atribuciones que desea no va a ser fácil de lograr, luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidó a mediados de noviembre la Ley de Seguridad Interior, al declararla inconstitucional.

La Ley, que fue firmada por el expresidente Enrique Peña Nieto casi un año antes, pero que no la aplicó hasta esperar el fallo de la Corte, se aprobó en las cámaras para regular la actuación del Ejército y la Marina en las funciones de seguridad pública.

Desde que era precandidato presidencial, López Obrador y Morena, su partido, habían expresado su oposición a esa ley.

Sin embargo, tras la elección presidencial, López Obrador comenzó a rectificar su posición. En agosto cambió su postura de manera abierta de regresar a los militares a sus cuarteles por mantenerlos en las calles combatiendo a los delincuentes.

La explicación del Presidente para ese giro radical es que no existe ni la capacidad ni la confianza en las policías Federal, estatales y municipales para hacer esas tareas. El retiro de las Fuerzas Armadas de esa responsabilidad vendrá después.

Pero el Presidente se encuentra en una encrucijada de la cual puede fácilmente salir. ¿Por qué insistir en crear la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Por qué no al revés, y convierte a soldados en policías?

El antecedente es enero de 1999, cuando el presidente Ernesto Zedillo expidió el decreto mediante el cual se creaba la Policía Federal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Zedillo trasladó toda la Tercera Brigada de la Policía Militar de la Zona Militar 37 en San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México, al ámbito civil, y más de 5 mil elementos quedaron bajo el mando de Genaro García Luna, quien salió del Cisen con la encomienda de formarla.

Se le sumaron la Policía Federal de Caminos y la Policía Fiscal, y pasaron a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública, creada por el presidente Vicente Fox.

No se puede convertir a civiles en militares, como es su pretensión, al tener estructuras de mando verticales a las que se llega mediante un escalafón castrense, bajo una misma doctrina que rige a la totalidad de las Fuerzas Armadas.

En las policías no existe el escalafón institucional ni hay una doctrina rectora.

La Guardia Nacional que propone López Obrador es en el fondo una Policía Nacional con mando único. La puede tener rápidamente, sin tener que ir al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia ante la posibilidad de que exista una controversia constitucional, con militares a cargo de ella.

Lo que necesita es seguir el ejemplo de Zedillo: que los militares pasen a retiro en el Ejército y asuman el control de la nueva institución, con su doctrina, tácticas y entrenamiento, pero dentro del ámbito civil, desde donde construirían con las policías que sobrevivan el modelo y los nuevos reclutas, una Guardia Nacional a la medida de lo que necesita el presidente López Obrador, urgido de enfrentar el fenómeno de la violencia, su prioridad número uno en este momento.
04 Diciembre 2018 04:00:00
El nuevo contrato social
Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República y planteó inmediatamente un nuevo contrato social. La Cuarta Transformación no se aprecia sólo en el primer plano de su primer discurso como jefe de Estado el sábado en San Lázaro, sino a través de la forma como empaquetó todas sus frases y mensajes de campaña, junto con los golpes de timón que dio durante la transición para establecer claramente el mando nacional. Vista en su árbol, está claro para dónde va. De saque minimizó a quienes piensan que ese proyecto es pretencioso o exagerado, pero escaló. No sólo comenzaba el cambio de Gobierno, sino del régimen. Quiere el que existió entre 1930 y 1970, con crecimientos del 6%, y abolir el que se instaló a partir de 1982, con crecimientos del 2%. Son los dos mundos de López Obrador que explican el cambio, del neoliberalismo al neonacionalismo.

El discurso de López Obrador, para no perder legitimidad, ignoró la valoración del periodo entre 1970 y 1982, donde el modelo de siete décadas anteriores chocó con la realidad de un mundo que había cambiado. El gobierno de Luis Echeverría, que siguió el modelo de los cuatro anteriores, llegó a tener una inflación de 26% y una devaluación de 76%. El de José López Portillo alcanzó una inflación de 99% y una devaluación de 582%. Después de esos 12 años es donde el presidente ubica el principio del neoliberalismo, que controló los fundamentos macroeconómicos (empleo, inflación y tasas de interés), pero produjo crecimientos bajos, producto, según los expertos, de la elevada informalidad, la debilidad de los mercados de crédito, y los altos costos de producción.

Aunque habló de una larga época donde la construcción del sistema político acompañó la bonanza y el fortalecimiento del PRI, López Obrador se refiere específicamente, porque así lo señala, a los años del llamado “milagro mexicano” y del “desarrollo estabilizador”, entre 1956 y 1970, donde no hubo crisis y sí bienestar. El salario mínimo era el equivalente en valor actual a 110 pesos, contra el vigente de 88.36 pesos, y la inflación controlada estaba en 3.75% anual. Ese modelo se aplicó en la cola del cambio de un país agrícola a uno manufacturero, acelerado por la alta demanda de materias primas y demanda como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, donde había un mercado cautivo por el modelo de sustitución de importaciones (consumir sólo lo que producía el mercado interno, que es lo que quiere López Obrador) y el proteccionismo del gobierno, que hizo que las empresas perdieran competitividad en el mundo y como resultado, que la segunda gran industrialización no se consumara.

En aquel México, el gobierno lo era todo. Controlaba las tasas, el tipo de cambio y la inflación, mientras el sector privado, que estaba blindado de la competencia externa, se ocupaba del mercado interno, distribuyendo la riqueza bajo la tutela de la Presidencia. Las escaramuzas de López Obrador y sus cercanos durante la transición, buscaron restablecer el orden vertical de aquellos años. La decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco y la amenaza sobre las comisiones bancarias, fueron manotazos sobre la mesa para mostrar quién manda. Cuando anunció el destino del nuevo aeropuerto, sentó a su lado a Alfonso Romo, quien es el jefe de la Oficina de la Presidencia, que días antes había asegurado a los inversionistas que la obra en Texcoco seguiría. Aunque para la mayoría quedó desacreditado ante sus interlocutores, López Obrador le comentó que con esa acción él ya no tendría que ir a buscar a los inversionistas, porque serían ellos quienes acudirían a él. Días después de aquel anuncio, varias empresas involucradas en la obra fueron a ver a López Obrador, lo cual debe haber reforzado su vieja idea de quién debe mandar y qué hay que hacer.

Texcoco no se hará, ha dicho López Obrador, porque hubo corrupción. En su discurso en San Lázaro, cuando habló de no perseguir a los corruptos del pasado, amplió por primera vez su mirada inquisitiva a los empresarios. En el mismo mensaje se refirió a que con los ahorros en corrupción se podrán hacer todos sus proyectos para consolidar la Cuarta Transformación. Un país de bienestar, como entre 1956 y 1970, donde se distribuye la riqueza mediante un proceso regulado por el gobierno. Si él manda sobre el sector privado y ataca la corrupción, entre líneas, la transferencia de recursos para el país que viene, podría salir de esos capitales.

López Obrador parece apuntar a los márgenes de utilidades, bajo la creencia de que todo termina en sus bolsillos. De ahí parte de su repulsión al uso de aviones privados y helicópteros, no a que tengan dinero por el que han trabajado. Lo que desea es que eliminen lo superfluo para que distribuyan parte de lo que tienen y se logre una sociedad igualitaria. Que los márgenes de utilidad se utilicen mayormente en inversiones para crecer, no le es relevante. Ya dijo que les dará obra pública. No habrá “moches”, sino transferencia de recursos para su programa social “Bienestar”, mediante esfuerzos como dar empleo a quienes les diga.

La deconstrucción de sus propuestas, en perspectiva, muestra el nuevo contrato social que está buscando López Obrador. Lo que ha planteado todo el año detrás de la estridencia de sus palabras, es un nuevo reacomodo que busque el bienestar y la paz, tal como lo escribió Juan Jacobo Rousseau en su libro El Contrato Social o sea, los Principios del Derecho Político, hace 256 años. La búsqueda de la igualdad de todos sigue vigente. Lo que cambió fue el mundo.
03 Diciembre 2018 04:09:00
Me canso ganso
En su discurso en la plaza pública el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de señal.

En Santa Lucía, como determinó tras una consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y Texcoco, donde originalmente estaría, será un cementerio de cemento y fierro.

El domingo, en el primer Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una nueva administración, se acordó mantener las obras mientras se hace una nueva reevaluación. Lo que hará el nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar para salirse con su cometido sin afectación financiera.

La clave se encuentra en la segunda página del borrador de la minuta que trascendió el domingo por la mañana –la definitiva tiene matices–, donde señala que este mismo lunes emitirá en Nueva York una oferta de compra por mil 800 millones de dólares.

Es decir, no significa que el aeropuerto en Texcoco será terminado, sino que seguirán la obra hasta que logren eliminar la contingencia de una demanda colectiva –denominada Class Action– de los tenedores de bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores en Nueva York.

Se desconoce cuántos y cuáles fondos extranjeros estarían involucrados en la demanda colectiva. Algunos de estos fondos han hecho pública su participación en el aeropuerto de Texcoco.

Por ejemplo Paul Hastings LLP, un despacho de abogados global, anunció en 2016y 2017dos ofertas por un total de seis millones de dólares para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, en representación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities y J.P Morgan Securities, cuya cancelación podría acelerar el pago del bono y el interés.

Varios manejadores de fondos viajaron a la Ciudad de México tras la cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo resolvería el nuevo gobierno las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero no hubo quién atendiera sus preocupaciones.

Tras las frustradas gestiones se empezó a preparar una demanda colectiva que se presentaría tan pronto como oficialmente el Gobierno del presidente López Obrador cancelara la obra en Texcoco.

La decisión de continuar las obras fue un primer paso para evitar una acción legal. Ir a comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción estratégica.

De otra forma, lo que podría enfrentar el nuevo Gobierno es una situación similar a la que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica que provocó disturbios y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39 personas.

El Gobierno argentino reestructuró la deuda y el 93% de los tenedores de bonos aceptaron los términos de la negociación.

Ese 7% restante de los tenedores de los bonos demandaron al Gobierno argentino en un largo litigio en la corte en Nueva York. En octubre de 2012 el juez Thomas Griesa determinó que Argentina debía pagar el 100% de la deuda.

El gobierno de Cristina Fernández apeló, y se fue dos años más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se llamó “los fondos buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle activos en el extranjero.

Los tenedores de bonos recibieron casi 5 mil millones de dólares, y en cuando menos un caso, se estima que su retorno fue de mil 500% sobre la inversión original, profundizando la crisis económica con la que recibió el Gobierno de Mauricio Macri. Este precedente es el contexto de la decisión adoptada por el Gobierno de López Obrador para evitar un juicio colectivo en Nueva York, donde residiría ese litigio porque el sistema de la Bolsa de Valores le otorga esa competencia.

La decisión, por esta razón, es estratégica. La nueva administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo la dirección de Gerardo Ferrando, mantendrá activa la obra y los contratos mientras que el Gobierno va recomprando bonos en poder de los fondos internacionales.

Mil 800 millones de dólares no serán suficientes, por lo que se esperarían mayores ofertas de compra.

El problema es que por más lento que avance la obra, seguirán concluyéndose etapas y los costos de la cancelación se incrementarán. Esto, sin embargo, no parece importarle al presidente López Obrador, cuando menos por ahora.

La apuesta tendrá que ser por la Fibra E y las afores, para seguir financiando las obras del aeropuerto Benito Juárez y la construcción en Santa Lucía, que en el borrador del presupuesto para 2019 no tiene asignado recursos. Las afores Pensionissste, Inbursa y XXI Banorte participaron en la emisión de la Fibra E con una inversión de 30 mil millones de pesos, que también congregó a fondos institucionales y privados, bancos y aseguradoras.

No será algo sencillo de lograr, por la pérdida de valor que tendrán que absorber al cambiar la escala del proyecto, pero al ser empresas mexicanas que tienen un alto número de contratos con el Gobierno, garantiza que no habrá demandas ni litigios.

El aplazamiento de la cancelación de la obra en Texcoco y la oferta de compra de bonos, tampoco es un camino sencillo y tiene que explicarse bien en México.

La percepción de que el presidente López Obrador reculó es amplia. La comunicación tiene que ser precisa, sin márgenes a la confusión, y dirigida a dos mercados simultáneos: el doméstico, particularmente quienes se opusieron a Texcoco, que ratifique que la cancelación es definitiva; y a los mercados, que antes de parar la obra, pagarán lo que se invirtió. Las dos conviven y no son excluyentes, no hay que olvidar.
30 Noviembre 2018 04:08:00
El beneficio de la duda
La transición de Gobierno entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador fue tan larga en términos de horas, intensidad y acciones que provocaron turbulencias políticas y financieras, que como bromeó en algún momento el Presidente electo, el 1 de diciembre no tomaría posesión, sino rendiría un informe de todo lo que hizo durante este tiempo. Muchas de sus decisiones políticas tuvieron impacto en la confianza interna y externa sobre lo que será su Gobierno, y antepusieron obstáculos a su deseo de transformación del país. El monto de recursos que se estimaba tendría tras ganar la elección quedó reducido ante la incertidumbre que generó, que frenó inversiones y aceleró la salida de capitales. 

Mucho temor generó por todos lados, menos en sus bases electorales sólidas e incondicionales a él bajo cualquier circunstancia. El López Obrador que despertaba miedos en 2006 y en 2012 y pareció desaparecer en 2018, regresó ante la sorpresa de unos, la decepción de otros y el desasosiego de quienes pensaban que el político que siempre ha sido congruente sería incongruente. ¿Por qué un pensamiento tan arraigado por décadas que siempre tuvo como meta la conquista del poder, tendría que cambiarlo cuando lo alcanzara? No hay ninguna razón objetiva que dé sustento a esa idea que ha sido causa, por cierto, del desencanto de algunos que nunca lo habían visto como opción, pero votaron por él. López Obrador es lo que siempre fue y a nadie quiso engañar. ¿De qué se sorprenden tantos?

La consistencia y congruencia, si bien no compartida cuando proyecta el país con el que sueña, por millones de mexicanos, han sido sus principales valores, y los desplegó durante toda una transición que se sintió eterna. Comenzó oficialmente el 20 de agosto, cuando la iniciaron formalmente el presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente electo tras su tercer encuentro en Palacio Nacional, aunque el dinamismo y la energía desplegada por López Obrador alargaron el proceso por 5 meses. Este periodo fue como estar en una montaña rusa debido a los desaciertos y las contradicciones, las confrontaciones y las descalificaciones contra quienes piensan distinto a él o lo critican por sus dichos y sus actos. 

Las imágenes con la que se explicó el protagonismo y la conducción unipersonal y vertical de López Obrador la sintetizó hace 4 días John Paul Rathbone, editor de asuntos latinoamericanos del diario Financial Times, que vive en Nueva York, al plantear que López Obrador era una mayor amenaza a la democracia que Jair Bolsonaro, el ultraderechista que en enero asume la Presidencia de Brasil. La analogía de Rathbone tenía un antecedente inmediato en México, donde un libro, How Democracies Die (Cómo Mueren las Democracias), escrito por los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se comenzó a vender copiosamente en las librerías de la Ciudad de México, buscando en él pistas para entender la Cuarta Transformación y a su líder.

Levistky y Ziblatt describieron el estilo de gobernar y los objetivos que busca el presidente Donald Trump, y plantearon que el laboratorio de la democracia definido por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Louis Brandeis, en el caso New State Ice Co. v. Liebmann en 1932, se está transformando en un laboratorio del autoritarismo, donde un personaje con escaso compromiso con los derechos constitucionales está tratando de reescribir las reglas. El populismo ha capturado al mundo, cautivados por la retórica y las soluciones simplistas que plantea, o quienes quieren castigar al régimen en el que viven. El populismo, en la definición del politólogo Cas Mudde adoptada por The Guardian en el inicio de una serie de reportajes sobre el fenómeno la semana pasada, “es una ideología que observa en la sociedad una división fundamental entre dos grupos homogéneos y antagónicos –los ‘puros’ y la ‘élite corrupta-, y que postula que la política debe expresar la voluntad del pueblo”.

Los populistas llegaron para quedarse, cuando menos por un tiempo. Es un fenómeno viejo que se ha convertido en una realidad política que está montada en la ola de su mejor momento histórico, al ir ganando el poder a través de los que rechazan por definición sus ideas y sus acciones: la democracia. En la actualidad, argumentan Levitsky y Ziblatt, el retroceso democrático empieza en las urnas. Los políticos tratan a sus adversarios como sus enemigos, intimidan a la prensa libre y amenazan con impugnar resultados electorales. También buscan debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, para minar los contrapesos. 

Si se observan los eventos más relevantes en la etapa de la transición, parecería que el traje de Trump le queda a López Obrador. The Guardian dice que Europa no experimenta sola el surgimiento del populismo. “Se han electo populistas en las presidencias de cinco de las siete más grandes democracias: Brasil, Estados Unidos, Filipinas, India y México”, apuntó. Para una buena parte del mundo, López Obrador es un líder populista cuyas políticas asustan y generan incertidumbre, como se vio con los fenómenos financieros y bursátiles de las últimas semanas.

Durante el periodo de la transición quedó encasillado en esa categoría de análisis, y el presidente López Obrador podrá caber en la descripción de populista, pero no se puede hacer un juicio concluyente a priori. Se puede no ser un demócrata, pero conducir una nación hacia la democracia. Se puede ser populista, pero gobernante responsable y capaz de tomar decisiones que vayan contra su ideología pero en beneficio del país. Ya se verá qué López Obrador es el que tendremos los mexicanos. Mientras tanto, hay que otorgarle, incuestionablemente, el beneficio de la duda.

29 Noviembre 2018 04:05:00
Gabinete de pesadilla
Nadie puede decir que la mayoría del futuro gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador es inexperto, aunque no para las tareas que tendrán enfrente. La futura secretaria de Gobernación, exministra de la Suprema Corte. El próximo titular de Hacienda, académico estimado y funcionario por tres años de un gobierno local. Tres políticos estarán cargo de la Seguridad, Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, además de un ingeniero agrónomo no titulado en Pemex. Operadores políticos de Tabasco y el Estado de México ocuparán subsecretarías, y en un octogenario se recargan los proyectos de punta para el desarrollo. Este no es el dream team que han visto en el mundo en otros gabinetes mexicanos. Se perfila más bien como un nightmare team, un equipo de pesadilla, que comienza sus funciones este sábado.

La inexperiencia tiene sus curvas de aprendizaje, algunas muy pronunciadas. En el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la curva de aprendizaje de Luis Videgaray en Hacienda deshidrató la economía, y la de Miguel Ángel Osorio Chong en Gobernación fue tan larga, que lo hundió como candidato presidencial y llenó de sangre el país. Felipe Calderón escogió gente más experimentada, pero compitió y peleó durante una buena parte del sexenio. Vicente Fox quedó atrapado en las veleidades y ambiciones de su equipo más cercano. Incluso Ernesto Zedillo, que tenía un gabinete nombre por nombre superior a los que vinieron después, tuvo que hacer ajustes antes de cumplir un mes en la Presidencia para rescatar al país de una crisis económica.

Todos estos gabinetes han tenido problemas serios casi desde el inicio de la administración en la que trabajaban, pero ninguno había generado tanto conflicto como el de López Obrador. Han habido choques públicos como los del próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, porque esta no entiende cómo funcionan los mercados y ha hecho algunas declaraciones que aterrorizaron a inversionistas. Fueron los mercados famosos, de los que el equipo de López Obrador se queja que “no los entienden”, los que cambiaron la percepción global del Gobierno que viene. Todavía no inician sus funciones formales y ya muestran los síntomas del Paradigma de la Rana, donde no se dan cuenta de que el entorno está cambiando negativamente en forma acelerada hasta que, cuando reparan en ello, es demasiado tarde y ya se cosieron.

Los choques de Urzúa para que el resto del futuro gabinete económico no diga sandeces que producen temores e incertidumbres, son menos violentos de los que se viven en el gabinete de seguridad. Pero el propio Urzúa admite en privado que no sabe cómo hablar a los mercados. No es lo mismo conocer el predial y el agua, que manejar con pulso de cirujano las finanzas públicas de una nación. Alfonso Durazo, próximo titular de Seguridad, se quedó con los instrumentos de coerción de la Secretaría de Gobernación que encabezará Olga Sánchez Cordero, aunque después perdió el eje de su fortaleza porque la Policía Federal no tomará órdenes de él, sino de las Fuerzas Armadas, y la Agencia de Inteligencia Nacional, que sustituye al CISEN, quedará en manos del general retirado Audomaro Martínez, que no acordará con él, sino con López Obrador.

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, sólo tiene la protección del presidente electo, pues la mayoría del gabinete consideran que es incompetente. No por falta de inteligencia, sino porque sus conocimientos huelen a naftalina. Su cruzada contra el aeropuerto en Texcoco fue el punto de quiebre de la confianza de los inversionistas, y cuando dijo que construirían un aeropuerto alterno en una zona donde no hay proyectos de ningún tipo, aniquilando una obra con más de 30% terminada, sentido común fue lo menos que le reconocieron. Entre quienes ven temas presupuestales del equipo de López Obrador, hubo quien afirmó: “Jiménez Espriú nos borró el bono de arranque de sexenio y elevó la deuda por las tasas a mediano y largo plazo”. Traducido al castellano, su lucha contra Texcoco le quitó recursos al proyecto de López Obrador.

En parte por él y en otra buena parte por López Obrador, se han ido del país más de 5 mil millones de dólares y hay fiebre en varias capitales del país por vender propiedades para cambiar a dólares. En los últimos tres meses se han ido de la bolsa 113 millones y aparecido en Brasil, que detonó análisis donde ven a López Obrador más como un riesgo que a Jair Bolsonaro, el próximo presidente brasileño de extrema derecha. 

El desconocimiento de cómo opera el mundo y cómo funciona la información, provocó que este fin de semana Sánchez Cordero se metiera en otro problema. Admitió que el Gobierno entrante estaba negociando un acuerdo con el gobierno de Donald Trump en materia migratoria, lo que significa, de concretarse, que por primera vez México se pliega a una política migratoria de Estados Unidos. Un gobierno tan lleno de nacionalismo, quedó en entreguista por esa falta de conocimiento general. El conflicto entre Trump y López Obrador ya viene en camino.

El gran problema que tiene enfrente López Obrador, es que está a cuatro días de ser Gobierno. Entonces, si como equipo de transición han causado tantos estragos por sus limitaciones e incompetencias, cabe preguntarse qué es lo que podrá suceder una vez que sus acciones tengan consecuencias concretas y duraderas sobre el rumbo del país. Acelerar la marcha en la transición se pensaba ayudaría a concretar esa curva de aprendizaje sin daños mayores. No fue así. Todavía no aprenden y tampoco se ve que lo harán, cuando menos, en el corto plazo.
28 Noviembre 2018 04:02:00
Los manotazos de Andrés Manuel
Lejos del escrutinio público, la política económica de Andrés Manuel López Obrador, que este sábado asume la Presidencia de la República, está hecha un caos. La destitución de quien iba a ser subsecretario de Egresos y fue su principal asesor económico durante la campaña presidencial, Gerardo Esquivel, no ha sido suficientemente calibrada, pero se puede argumentar que refleja las tensiones internas en el equipo de transición. Esquivel fue removido en vísperas de entregar el presupuesto, lo que es inaudito, que esconden una serie de errores críticos que cometió el equipo económico en la elaboración del documento que propició el dramático desenlace. La crisis comenzó en el viernes pasado.

Personas dentro del equipo de transición narraron aspectos generales de una reunión de Gabinete que tuvo López Obrador, a donde no fue convocado Esquivel, en donde hubo fuertes reclamos de un buen número de futuros secretarios de Estado en contra del equipo hacendario porque, describieron, era un desastre la asignación de las partidas presupuestales. El área más afectada era la Secretaría de Agricultura, en donde el próximo presidente quiere impulsar para regresarle vigor al campo, que tuvo recortes estimados entre 40 mil y 50 mil millones de pesos. La segunda que mayor impacto tuvo fue Educación Pública, donde el recorte superó los 39 mil millones de pesos.

López Obrador, según las personas que narraron el encuentro, se molestó con el equipo económico y regañó públicamente al próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ordenándole que “comenzara de cero” en materia presupuestal y quien, con la cabeza gacha, apechugó la reprimenda. Las quejas que se han generado no sólo provienen de los futuros secretarios de Estado, sino también de las áreas económicas del Congreso, que han expresado al equipo de transición de que los números que les han dado para el presupuesto son incorrectos y no había forma de poder acomodarlos manteniendo la disciplina fiscal.

La responsabilidad primaria de esas equivocaciones ha sido puesta en Esquivel, quien desde la campaña calculó mal los recursos disponibles para el gobierno equivocando incluso, la metodología para realizar algunas de las estimaciones. La primera reunión que sostuvo el equipo de transición en la Secretaría de Hacienda fue una sorpresa para los representantes de López Obrador, que no sabían cómo se estructuraba y asignaba del presupuesto, y sólo preguntaban si eso que les mostraban, era todo el dinero disponible.

En otras reuniones los técnicos de Hacienda cuestionaron los números de Esquivel, quien decía que el error era de los hacendarios no de él, hasta que exhibido cuando le demostraron que al calcular el IVA en la frontera, lo había hecho a partir de las ciudades, cuando debía haberlo hecho sobre la recaudación en los municipios. La diferencia en las estimaciones era de 30 mil millones de pesos. Esa promesa de campaña, tuvo que ser pospuesta y no estará incorporada en el presupuesto.

Qué tanto influyeron los errores de Esquivel en su remoción, no está claro todavía, pero la revolución interna en el equipo económico de López Obrador llevó a reuniones urgentes, incluso el lunes por la noche, para poder armar todo el equipo que estará a cargo de la política económica en Hacienda y en la Presidencia de la República, bajo la dirección de Urzúa y del próximo jefe de Oficina, Alfonso Romo. Pero enviar a Esquivel al Banco de México para ocupar el puesto de vicegobernador de Roberto del Cueto, quien adelantó su renuncia programada en abril a diciembre, tampoco es una buena señal para los mercados, que están reaccionando con mucho nerviosismo por la incertidumbre y un incremento en el riesgo país, y que verán esa designación como una pérdida en la autonomía del banco central.

A decir de los expertos, la designación de Esquivel muestra el desconocimiento de López Obrador y su equipo económico de la hipersensibilidad de los mercados, que reaccionan e interpretan instáneamente ese tipo de decisiones, en particular con López Obrador, que les provocó una alta dosis de incertidumbre tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco mediante una consulta ciudadana. A diferencia de la designación de un Jonathan Heath, con un perfil altamente autonómico, que remplazará a Manuel Ramos Francia como vicegobernador del Banco de México, López Obrador compensó a Esquivel con otra vicegubernatura, quien será percibido invariablemente como subordinado del próximo presidente.

Esa es una sola razón por la que lo verán negativamente. Esquivel es un economista bien preparado en términos académicos, pero heterodoxo. Esta característica se suma a que al ser una extensión de López Obrador en el Banco de México y apuntado a sustituir a Alejandro Díaz de León como el presidente de la institución, es altamente probable que la política monetaria sea más flexible y actúe en concordancia con la Secretaría de Hacienda, donde el jefe real será López Obrador. “La Junta (de gobierno del banco) va a funcionar peor”, dijo un manejador de fondos en Estados Unidos que conoce el Banco de México, Hacienda y a los protagonistas del actual y próximo gobierno. “Es un copiloto que va a mandar sobre el piloto”. Los presagios no son alentadores.

Se anticipa un Banco de México más desordenado, que es lo que menos le interesaría a López Obrador en este momento, y un mar de incertidumbre por el bajo nivel, estimaron analistas, de la próxima subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez. Esta crisis inconclusa en el equipo económico del presidente electo, llegó en el peor momento y en las peores condiciones, donde hay altas expectativas para que cumpla todas sus promesas de campaña, pero no hay dinero suficiente ni, por ahora, un presupuesto claro y definitivo que entregar al Congreso.
27 Noviembre 2018 04:07:00
Los temores de Andrés
A nada le teme más Andrés Manuel López Obrador que a un terremoto y a que no haya inversión extranjera. No lo dice ahora, sino que es una idea que ronda hace tiempo en su cabeza, y que siempre se ha ubicado en el contexto de él al frente de un gobierno. El próximo sábado así será, y esas variables no escaparán de su mente. Sobre la primera no tiene control, y el temor se puede entender en lo que esto significa para cualquier gobernante, que tiene que parar o cancelar su programa de gobierno por que una situación de emergencia requiere mucho dinero para enfrentarla y estabilizarla, como lo pudo haber visto y estudiado con los sismos de 1985 en el gobierno de Miguel de la Madrid. Sobre la segunda sí tiene control, porque depende del mensaje que transmita y la confianza que genere entre los inversionistas. En esto, las cosas le han salido bastante mal.

Un vistazo a la prensa de la Ciudad de México y el extranjero dan idea de lo que sus acciones y decisiones han generado. Este domingo publicó The Wall Street Journal en su edición que el presidente electo está espantando a los inversionistas extranjeros, que le habían dado el beneficio de la duda de que sería un líder moderado y pragmático hasta que comenzó a utilizar consultas públicas para que la gente decidiera proyectos de infraestructura, que propició la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. El diario de mayor circulación en Estados Unidos agregó que varios gestores de fondos de mercados emergentes están reconsiderando sus inversiones en México o reduciendo su exposición.

El Banco de México, reportaron los medios, informó que entre julio y septiembre registró salidas netas de capital por mil 886 millones de dólares, que contrastó fuertemente con la entrada de capitales que se dio entre enero y junio de este año. Analistas de Barclays y Goldman Sachs consultados por la prensa adjudicaron la salida de capitales a la incertidumbre por las guerras comerciales de Estados Unidos contra el mundo, y por cautela frente a López Obrador tras la cancelación del aeropuerto. Los expertos internacionales se quedaron cortos.

Enrique Quintana, director de El Financiero, publicó este lunes que el índice de la Bolsa cerró el viernes con una caída de 18.4% con respecto a finales de agosto, cuando la transición terminó de ser tersa, con lo cual la pérdida de valor de las empresas fue el equivalente a 90 mil millones de dólares, que traducidos en pesos significaron 1.8 billones de pesos –casi una tercera parte del presupuesto–, mientras que el dólar interbancario cerró en 20 pesos con 43 centavos. “¿Qué es lo que están viendo los mercados financieros que han cambiado radicalmente de comportamiento en un trimestre?”, preguntó Quintana, respondiendo inmediatamente: “Han visto señales de lo que puede ser el desempeño del nuevo gobierno que no les han gustado y que generaron dudas”.

“Creo que López Obrador ha mostrado sus verdaderos colores”, dijo Walter Molano, economista en jefe de BCP Securities, que tiene su cuartel general en Connecticut. “Ni siquiera ha asumido el cargo de presidente y está mostrando una verdadera vena autoritaria”. Parte de lo que ven es la utilización de consultas para validar proyectos prometidos en la campaña, como la cancelación de Texcoco con el apoyo de menos del 1% del padrón electoral, con un 70% de ese porcentaje que jamás ha viajado en avión. La segunda multiconsulta para aprobar 10 programas prioritarios del presidente electo fue un fracaso, que arrojó resultados de aprobación del más del 90%, que describió Ciro Gómez Leyva en su programa en Radio Fórmula este lunes, como mediciones de régimen autoritario, que es el único sistema político donde se da ese tipo de resultados.

Las acciones y decisiones de López Obrador están teniendo altos costos en materia de inversión extranjera. En octubre salieron de la Bolsa 113 millones de dólares, de los que aterrizaron 111 en el Bovespa brasileño, reportó Bloomberg. Paul McNamara, opera de bonos en mercados emergentes para la firma suiza GAM Holding, le dijo al Wall Street Journal que sus medidas los están afectando y están analizando reducir sus activos mexicanos. Alejandro Schtulmann, director de la firma de análisis de riesgos Empra, agregó que una compañía interesada en un proyecto de infraestructura energética de 100 millones de dólares, la aplazó.

Hace dos semanas, tras escuchar uno de los asesores económicos del equipo de López Obrador, cuatro empresas texanas aplazaron sus inversiones programadas en México. Empresarios mexicanos han decidido hacer lo mismo y tiendas de autoservicio optaron por parar su expansión. “López Obrador ya afectó el clima de inversión”, dijo un economista mexicano que conoce perfectamente al equipo económico del presidente electo, que maneja fondos de inversión en Nueva York. La “luna de miel” con los inversionistas, como lo describió el Wall Street Journal, no existe más.

Los avisos son claros para López Obrador, que el próximo sábado asume la Presidencia de la República y sus acciones y decisiones tendrán un efecto más elevado de lo que hasta ahora han sido. Su discurso será clave para tranquilizar a los mercados y evitar el principio de una crisis, siempre y cuando mantenga el miedo a la falta de inversión y no piense, como en la actualidad, que es el capital global, manejado por empresarios mexicanos y medios de comunicación, que se oponen a su proyecto de Nación porque van a perder privilegios. La retórica electoral ya terminó. Se exige seriedad y responsabilidad, no ocurrencias, porque de lo que haga dependerá el futuro de 130 millones de mexicanos.
26 Noviembre 2018 04:02:00
El amor y odio de Andrés Manuel
La relación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador con las Fuerzas Armadas es esquizofrénica. Las llama asesinas y las reconoce como una institución del pueblo. Las denuesta y acude a ellas para abatir la inseguridad. Quería el retiro paulatino de los militares de las calles mexicanas y ahora dice que eso no es posible. Les tiene confianza, pero en realidad no. López Obrador lleva tiempo tensionando las estructuras militares y no parece importarle mucho. En los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo único que ha generado es resentimiento y desconfianza. Mal inicio de gobierno para una administración que aún no arranca.

Este domingo se reunió en el Campo Militar 1 con soldados, marinos y sus familiares y explicó que propuso la Guardia Nacional “porque le tengo confianza al Ejército y la Marina, porque el Ejército es el pueblo uniformado”. Es cuestionable. El pensamiento más claro sobre ellas lo externó en febrero de 2017, cuando tras un operativo de la Marina en Nayarit donde se abatieron a 12 miembros del cártel de los Beltrán Leyva, el entonces aspirante a la Presidencia, afirmó: “¿Por qué los aniquilaron? ¿Por qué si ellos investigan y supuestamente tienen asesoría del extranjero en materia de inteligencia los masacraron?”.

La presencia de militares en las calles para combatir la seguridad pública no es algo que lo convenza. Desde hace casi dos años ha sido su crítico sistemático. “Tiene que cambiar la política de masacrar, torturas que desde (el presidente Felipe) Calderón no ha dado resultado; al contrario, trae más sufrimiento”, dijo en Nayarit. Dos meses antes le pidió al general Salvador Cienfuegos y al almirante Vidal Soberón “no continuar con la política coercitiva, pues no resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

López Obrador sabía lo que quería. El Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 que dio a conocer en diciembre, incluía el regreso de los militares a los cuarteles paulatino y programado, porque la seguridad pública era responsabilidad del ámbito civil. No tardó mucho en rectificar. Un mes después de ganar la Presidencia, con el apoyo de decenas de organizaciones de derechos humanos que respaldaban su propuesta, cambió el discurso. Ni soldados ni marinos regresarían a los cuarteles, y seguirían trabajando en tareas de seguridad pública.

Es decir, lo que hizo el presidente Calderón que tanto cuestionó el presidente electo, será la ruta que mantendrá. Lo que tanto criticó del presidente Peña Nieto, será continuado por él. La forma como los mantendría en las calles sería mediante la creación de una Guardia Nacional, que es algo similar a lo que hizo el presidente Ernesto Zedillo en 1999, cuando creó la Policía Federal Preventiva, pero al revés. Retoma de tres gobiernos el modelo, pero modifica el diseño institucional que viola la Constitución, pues un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia impide que realicen esas tareas por no considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación en casos excepcionales. Para hacer lo mismo, había mejores formas.

La Policía Federal (en un principio se le añadió Preventiva) se integró con la Tercera Brigada de la Policía Militar al mando de Genaro García Luna, que fue trasladado del CISEN para construir una fuerza policial civil. Trasladar del ámbito militar a los soldados para integrarlos al ámbito civil, no requirió de modificaciones constitucionales ni violó la ley. La Guardia Nacional es una galimatías que en lugar de construir una policía que permita el retiro gradual de los militares de las calles, la destruye y provocará que soldados y marinos se queden permanentemente a cargo de la seguridad pública, como policía nacional que, otra ironía de este enredo, la propuso García Luna y la clase política, incluidos los cercanos a López Obrador, la bloquearon.

López Obrador dijo en Campo Militar 1 cosas imprecisas o falsas. La justificación de la Guardia Nacional es para atacar unidos la inseguridad, porque “en la actualidad cada autoridad trabaja en forma separada, por lo que deben estar unidos”. La cooperación entre soldados, marinos y policías federales no está rota, como sugiere el presidente electo. Lo que sí rompió en los últimos días es la participación de los gobiernos estatales, que provocó la reacción de los gobernadores, quejándose de la exclusión.

López Obrador provoca el divisionismo, no al revés. En el caso de las Fuerzas Armadas, tuvo oportunidad de enmendar las cosas con el nombramiento de los titulares de la Defensa y la Marina, pero ignoró las recomendaciones del general Cienfuegos, y del almirante Soberón. El general Cienfuegos le propuso para sustituirlo al subsecretario, al general Roble Arturo Granados Gallardo, o al general Alejandro Saavedra Hernández, jefe del Estado Mayor, pero escogió al general Luis Crescencio Sandoval, el número 22 de los 23 generales en la lista. El almirante Soberón propuso al almirante José Luis Vergara, oficial mayor de la Marina pero se inclinó por el almirante José Rafael Ojeda, a quien sus pares no le ven suficiente experiencia para el reto.

Las tensiones con las Fuerzas Armadas no cejarán. En este espacio se reportó que cuando el presidente electo le detalló al secretario de la Defensa lo que haría la Guardia Nacional y el general Cienfuegos le replicó que era anticonstitucional, López Obrador le respondió: “Pues modificamos la Constitución”. Eso es lo que va a hacer a través de su brazo legislativo en el Congreso, que es Morena, sin importar el sentir y el pensar de las Fuerzas Armadas.
23 Noviembre 2018 04:05:00
Tragedia sexenal
Si alguien pensaba que el presidente Enrique Peña Nieto había tocado fondo porque prácticamente

desapareció de la escena pública o se minimizó a sí mismo, se equivocó. Si desde 2013, aún sin terminar su primer año de gobierno le empezó a ir mal en la aprobación de su gestión, va a terminar peor. Repudiado por la mayoría de los mexicanos, nadie de sus cuatro antecesores habían tenido un final de sexenio más patético. Hace poco más de dos años, decía que no había mucho que podría hacer para cambiar la percepción de los mexicanos, pero quizás jamás pensó Peña Nieto que su descrédito, que arrastrará tras entregar el poder, fuera tan escandaloso. Tanto, que 40% de quienes habían votado por el PRI en el pasado, sufragaron por Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio.

Cuando gobernaron Luis Echeverría y José López Portillo no había mediciones presidenciales, por lo que no se pueda saber el pulso mexicano al entregar el poder en medio de crisis financieras. En todo caso, los dos presidentes naufragaron ostensiblemente al final de su sexenio, a diferencia de Peña Nieto, que comenzó a hacer agua desde el verano de 2013, cuando la reforma fiscal provocó que sus niveles de aprobación y desaprobación se cruzaran, sin que pudiera volver a recuperarse. Entregarle el poder por anticipado a López Obrador, y dar instrucciones que se confunden entre colaboración y genuflexión, no le ganó positivos en el epílogo de su administración. Todo lo contrario.

Una encuesta telefónica realizada por Indicadores SC para Eje Central, revela los datos de la tragedia peñista. Sólo 12.5% de los mexicanos –se puede establecer en uno de cada 10– aprueba su gestión, mientras que 67.8% lo desaprueba, una reducción dentro del margen de error de las más recientes encuestas de aprobación presidencial. En términos de confianza, su balance es más negativo. El 83.9% –equivalente a ocho de cada 10–, no le confía nada, y sólo el 16.1% expresó tenerle confianza. Prácticamente nadie le daría algo a cuidar a Peña Nieto, que perdió su prestigio, su toque político, su futuro. Tanto que se esperaba del Presidente más carismático desde Adolfo López Mateos en los 60, y tanto que terminaron rechazándolo aún los propios.

Las mayores facturas que le cobró el electorado fueron el gasolinazo de enero de 2017, y la inseguridad. En el primer caso, fue una pésima operación política, derivada de la soberbia onomatopéyica de su equipo más cercano, que diagnosticó equivocadamente la reacción de los mexicanos ante la liberalización de los precios de gasolina, similar a la que había hecho el Gobierno de Peña Nieto en su propio sexenio, o el gobierno de Felipe Calderón, por no haber tomado en cuenta de manera seria el humor social, creciente en negativos desde 2013, y que solían minimizar. En el segundo, fue la debacle de los incompetentes a quienes Peña Nieto, sin la capacidad cognitiva para tomar decisiones racionales, les permitió destrozar lo que se había construido por años porque, una vez más animados por su jactancia, descalificaron por reduccionismos rupestres.

La molestia con el Presidente arrastró al resto de los candidatos presidenciales. Aniquiló a José Antonio Meade, la apuesta ciudadana para tratar de compensar el descrédito del PRI, pero lo hundió a él y a su partido, convirtiéndose en el enterrador prematuro de 70 años de historia tricolor. El corrimiento hacia el candidato López Obrador de cuatro de cada 10 de sus electores históricos y sus bases clientelares, cuyo mensaje de inconformidad ignoraron en las elecciones intermedias de 2015, fue la respuesta más sonora en contra de Peña Nieto y un gobierno que no supo gobernar, administrar ni defender la mayor conquista alcanzada en décadas, el Pacto por México que fue el crisol de las reformas estructurales del país. Pero no sólo fue él, como vector del descontento. Los mexicanos llegaron al hastío con el estado de cosas nacional.

No sólo priistas votaron por López Obrador, sino también panistas. La encuesta de Indicadores SC refleja que el 20.2% del voto conservador le dio la espalda al candidato Ricardo Anaya, que compitió también con la bandera del PRD y Movimiento Ciudadano, y se fue a la bolsa del candidato de Morena que durante todo este siglo había sido su enemigo por antonomasia. El 15.2% del PRD tampoco votó por Anaya, que representaba mucho de lo que ellos combatieron históricamente, y contribuyeron con el 6.6% del voto total de López Obrador. El voto priista le dio 17.2% del total al moreno, y el PAN le dio el 8.7% de lo que se convirtió en un tsunami electoral.

“El 32% de los votos que logró López Obrador provenían de los votantes del PAN, PRI y PRD, y por ello la migración de votantes de otros partidos fue una condición necesaria para su triunfo, que sólo con el apoyo de los seguidores de la coalición Morena-Partido del Trabajo-Encuentro Social, hubiera sido imposible”, explicó Elías Aguilar, director de Indicadores SC. “El cambio que significó el resultado electoral que llevaron a López Obrador a la Presidencia, es ante todo un rechazo a las élites que han detentado el poder en este país”.

El representante de esas élites quedó impreso en la figura de Peña Nieto, que sigue siendo el pararrayos del descontento. Para su infortunio adicional, las élites, cuando se habla con algunas de sus figuras conspicuas, también lo ven con desdén por su incompetencia manifiesta, acentuada por lo que resulta incomprensible a propios y extraños, la rendición ante López Obrador. El próximo presidente lo podrá perdonar, pero la sociedad mexicana, está claro, nunca lo hará.
22 Noviembre 2018 04:01:00
Juicio al Estado Mexicano
Si todas las afirmaciones que hizo Jesús “El Rey” Zambada en la Corte Federal de Brooklyn son ciertas, desde hace unas dos décadas México es un narco Estado. Según Zambada, el presidente Enrique Peña Nieto recibió dinero del cártel del Pacífico desde que era gobernador del Estado de México, y el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, también. Gabriel Regino, el brazo derecho de Marcelo Ebrard cuando era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, igual. Gobernadores, generales, comandantes de la Policía, con las manos llenas de dinero sucio a cambio de brindar protección a Ismael “El Mayo” Zambada, jefe de esa organización criminal, hermano de “El Rey” y compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien se juzga en Nueva York.

Bajo esa misma lógica declarativa, pronto aparecerían otros nombres que en algún momento tuvieron relaciones institucionales, al menos, con personas a quienes se ha investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos funcionarios de Los Pinos en la administración de Peña Nieto y de Vicente Fox, o futuros funcionarios en el Gobierno entrante de López Obrador. Exprocuradores federales y estatales, periodistas y empresarios, jueves y religiosos también serían embarrados en el potaje de los Zambada. Pero son tan extraordinarios los señalamientos del criminal detenido en 2008 en la Ciudad de México, que habría que preguntar exactamente qué es lo que está persiguiendo la Fiscalía en Brooklyn, a la que se le sumaron para el juicio de “El Chapo” fiscales de la Corte en Miami y el Departamento de Justicia.

El caso rebasó a Guzmán. Todo el Estado Mexicano está a juicio en Nueva York. Pero también, inversamente, el Gobierno de Estados Unidos. García Luna fue doblemente verificado por la DEA y revisado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos tiempo antes que lo señalara Zambada de haber recibido dinero sucio, y el Gobierno estadunidense le otorgó una visa extraordinaria de residencia que sólo dan a contadas personas en el mundo, además de que entre los socios de su consultoría figura José Rodríguez, quien como número 2 de la CIA fue el encargado de encontrar la pista que finalmente llevó a Osama bin Laden.

Regino trabajaba con Ebrard y López Obrador, quienes a su vez contrataron los servicios de asesoría en materia de seguridad de Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York y actualmente el abogado personal del presidente Donald Trump. Si las cosas son como las plantea Zambada, ¿nunca estuvieron enterados de lo que hacían las personas con las que estrechamente trabajaban?

Todo esto no niega la infiltración de los cárteles de las drogas en instituciones mexicanas y la penetración que durante años les ha permitido operar con altos rendimientos. Habría que recordar al general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar de las drogas, quien 48 horas después de haber sido reconocido en la Casa Blanca por el general Barry McCaffrey, zar de las drogas en la Administración Clinton, fue detenido por su involucramiento con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. O la razón por la que el cardenal Juan José Posadas Ocampo iba al aeropuerto a recibir al nuncio apostólico Gerónimo Prigione aquél mayo de 1983 en que lo asesinaron en el aeropuerto de Guadalajara: para inaugurar una mueblería de Eduardo González Quirarte, un acaudalado empresario tapatío que era en realidad lugarteniente del Señor de los Cielos.

Lo que se propone en este texto es un ejercicio dialéctico para poder entender qué es lo que está sucediendo atrás del banquillo de testigos en la Corte neoyorquina. ¿Por qué los testimonios de Zambada fueron filtrados? En cambio, los de Osiel Cárdenas, el exjefe del cártel del Golfo que inició el reclutamiento de militares que se convirtieron en Los Zetas, que se acogió al programa de testigos protegidos, se mantuvieron en secreto sin que la prensa supiera nada qué es lo que testificó y contra quién. Zambada actúa como Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, ciudadano estadunidense que trabajó bajo sus órdenes y la de los hermanos Beltrán Leyva en la Ciudad de México, y cuando se presentó a juicio en Estados Unidos, habló como “El Rey” ahora, por lo que su testimonio fuera desechado porque no se sostenía en evidencias.

Las afirmaciones de Zambada hay que tomarlas con cuidado. Por ejemplo, ¿alguien se pregunta por qué afirma haberle dado 6 millones de dólares a Peña Nieto y García Luna, en un restaurante a ambos, pero en momentos diferentes? ¿Alguien se cuestiona por qué en los dos casos dijo que hubo dos entregas? Puede ser una mera coincidencia, pero puede que no. Hace casi 20 años, dos exagentes de inteligencia de la Marina vendían en un millón de pesos la “información” que Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, estaba vinculado al narcotráfico. La historia de los dos agentes, confrontada por este reportero, no se sostenía. La DEA los había acogido a su programa de testigos protegidos, pero a los seis meses los regresó a México. No servían para nada. Su “información” era falsa, pero un periódico capitalino la publicó, manchó para siempre el nombre de Salinas.

El testimonio de Zambada recuerda aquella historia de finales de los 90. Una vez más hay que subrayar que no se plantea la inexistencia de vínculos con el narcotráfico de nadie de los expuestos, pero se tiene que probar con evidencia, como otros casos de alto impacto. De otra forma, estaremos ante una enorme cortina de humo para esconder a no sabemos quién o quiénes, de qué nivel y en qué lugar, con qué propósito ulterior.

21 Noviembre 2018 04:00:00
¿Narcoprocuradores?
El 2 de octubre de 2008, El Universal debía de haber publicado una investigación del reportero Francisco Gómez, donde revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces SIEDO, estaban en la nómina del cártel del Pacífico. En la víspera se le pidió –quien esto escribe era el director editorial– que buscara la reacción de la PGR antes de publicarse la información. Alertado de lo que venía, el entonces procurador Eduardo Medina Mora le habló al presidente y director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, para pedirle que detuviera la publicación y le permitiera ver el expediente. Ealy Ortiz accedió.

Durante un mes, pese a las objeciones de la Dirección Editorial, Medina Mora y la entonces jefa de la SIEDO, Maricela Morales, revisaron meticulosamente el expediente. Morales tomó notas sobre cada página, dato y testimonio, porque Medina Mora había acordado con Ealy Ortiz un periodo de gracia de un mes para, explicó, preparar el caso y presentárselo al presidente Felipe Calderón, que no sabía el grado de infiltración del narcotráfico en la PGR. Al mes, el vocero

de Medina Mora, Fernando Castillo, le preguntó a uno de los editores del diario –hoy subdirector–, Carlos Benavides, con qué nombre podrían bautizar el caso. “Operación Limpieza”, respondió.


“Operación Limpieza” fue. La publicación originó una purga en la SIEDO y el cese del director editorial ante las presiones de Medina Mora. El procurador quedó como un campeón contra la corrupción y Morales como una heroína, entregando expedientes de manera subrepticia a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas sobre gobernadores tamaulipecos y políticos priistas, que dio también al equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto. Medina Mora se convirtió en embajador en el Reino Unido en la última parte del gobierno de Calderón, después embajador peñista en Washington y en la actualidad, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Morales, que lo relevó en la PGR, fue al consulado en Milán.

La “Operación Limpieza” se convirtió en uno de los capítulos más públicos y menos explorados de los 47 meses de guerra contra el narcotráfico de Calderón, y fue la infiltración más grande en la historia en el corazón de la PGR, justo en las oficinas que combaten a los cárteles de las drogas, con el agravante de que se le escondió la profundidad y gravedad de esa infiltración al presidente Calderón para que Medina Mora no quedara atrapado en la vorágine de la corrupción de sus subalternos. Tras publicarse en El Universal detalles del expediente, 25 funcionarios y agentes vinculados a la SIEDO, el pesebre de la protección institucional de los cárteles, fueron detenidos. Todos aquellos que fueron capturados fueron exonerados años después por falta de pruebas, pero ni Medina Mora ni Morales rindieron cuentas por ello.

Los dos fueron protegidos por el Gobierno de Peña Nieto, quien esta semana vive días aciagos por acusaciones en la Corte Federal de Brooklyn, donde se juzga a Joaquín “El Chapo” Guzmán, de haber recibido más de 100 millones de pesos para proteger a Guzmán y a los líderes del Cártel del Pacífico. Aún no se presentan las evidencias en Nueva York, pero este lunes en la Ciudad de México, Gerardo Garay, quien era el zar contra las drogas en aquellos años y cuyo equipo trabajó por años para desmantelar al cártel del Pacífico, aseguró en una entrevista en Foro TV que durante el Gobierno de Calderón se protegió a esa organización criminal.

Garay detalló cómo Medina Mora y Morales tejieron una red de protección en torno al cártel del Pacífico, que encabezaban en ese momento los hermanos Ismael y Jesús Zambada –este último, capturado por Garay en 2008 y hoy testigo de la Fiscalía en Brooklyn–, así como “El Chapo” Guzmán. Para ello, dijo, utilizaron la “Operación Limpieza” –ajustada tras el acceso que les dio Ealy Ortiz– para desarticular “los esfuerzos que se venían haciendo contra las estructuras criminales”, y descarrilar las investigaciones que se seguían en contra de los integrantes de ese cártel.

La información que aportó Garay, que es de primera mano, reconstruye cómo en dos ocasiones que estuvo a minutos de detener a “El Chapo” Guzmán, filtraciones de la PGR impidieron su captura y confirmó que Édgar Enrique Bayardo, un expolicía de Caminos a quien detuvo por servir los intereses de Zambada, fue convertido por Morales en testigo protegido y perdonado de todos sus delitos. El cártel del Pacífico no lo exoneró de nada y lo mandó asesinar a finales de aquél mismo 2008.

Otro caso paradigmático de cómo operaba la PGR en ese entonces, fue cuando se decomisó el mayor cargamento de cocaína en la historia en el puerto de Manzanillo, cuyo administrador era Ardelio Vargas, hijo de un cercano colaborador de Medina Mora del mismo nombre, propiedad del cártel del Pacífico, sin que hubiera detenidos, ni investigación contra los funcionarios en el puerto. Otro cargamento de droga importante en Altamira, en Tamaulipas, donde no intervino la PGR, produjo decenas de detenidos.

Medina Mora y Morales nunca habían sido señalados tan directamente por nadie como ahora por Garay. No habrá consecuencias para ellos en lo que resta del Gobierno, pero en la siguiente administración las cosas pueden cambiar. No sólo por lo que puede aportar Garay, sino por cómo lo que surja en Brooklyn, podrá ir construyendo un juicio en México para que los hoy señalados se defiendan y aporten su verdad. La “Operación Limpieza” revivirá pero bajo otros referentes.la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (Implan) aprobó que el exalcalde Óscar Pimentel González asuma la titularidad de este organismo.
20 Noviembre 2018 04:05:00
López Obrador contra Peña Nieto
Entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodistas y politólogos el 3 de mayo en plena campaña presidencial, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencias son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliamente en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”. Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzarían las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el Gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontación que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transformación, aunque quizás no le será posible mantener su deseo.

López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final, establecida en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparición forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalidad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”.

Casi 20 años después, por iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, un periodista e intelectual que fue miembro de los Montoneros y fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la exlegisladora en un enfrentamiento con los militares, el Senado argentino anuló en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuente de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por más esfuerzos de reconciliación que se trataron, el pueblo no permitió que quienes fueron responsables de aquellos crímenes gozaran de impunidad.


La tuerca que torció la historia en México y llevó a López Obrador a la Presidencia fue la corrupción y la inseguridad, los dos temas recurrentes en la insatisfacción del electorado, entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversales, y pese a que como presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificarse.

En la entrevista narró los porqués de su cambio de regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles, como establece el Proyecto Alternativo de Nación y someter la seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificación que ha hecho como presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que ha salpicado –no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición– a altos mandos del Gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuestales en la Policía Federal durante la primera parte del Gobierno y la inexistencia de expedientes completos en materia de delincuencia organizada en la PGR, que alimentan sus presunciones de ilegalidades. Ese pasado va a atrapar irremediablemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.

La entrevista de Tercer Grado estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero al terminar, le pregunté si toda la información que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn en el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán no obligarían a su PGR o a su fiscal, a iniciar una investigación en contra del presidente Peña Nieto, a quien los abogados de los narcotraficantes están acusando de haber recibido dinero del cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil Jordan, exdirector de la DEA en El Paso, Texas, en una entrevista con la cadena Univisión, donde afirmó que “El Chapo” inyectó “mucho dinero” en la campaña presidencial del actual mandatario y pagaba miles más por protección, como lo hizo en el Gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo gobierno dio millones de pesos para que lo dejaran escapar.

López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo. Iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia. Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al Presidente actual, la sociedad mexicana debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final. Pero si es así, López Obrador no tendrá alternativa. En ese caso específico, irá por él.
19 Noviembre 2018 04:05:00
El narco involucra a Peña
William Purpura va a ser un nombre para recordar. El abogado de Baltimore que nació en Ecuador, defendió a Zhenli Ye Gon, el empresario sino-mexicano que importaba de China los precursores químicos para las metanfetaminas, y hoy es uno de los tres defensores de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn. En una declaración en la Corte adelantó que esta semana Luis “El Rey” Zambada, revelará que por órdenes de su hermano, el jefe del cártel del Pacífico, Ismael “El Mayo” Zambada, le pagó al menos 6 millones de dólares al presidente Enrique Peña Nieto, para brindarle seguridad en la Ciudad de México y otras ciudades donde vivía.

La revelación es brutal, salvo que tiene algunos huecos que hay que explicar. El encargado de entregarle el dinero a Peña Nieto fue “El Rey” Zambada, quien es uno de los testigos estelares de la Fiscalía, y que fue detenido a finales de 2008 en la Ciudad de México, cuando el presidente era Felipe Calderón; en ese entonces, Peña Nieto era gobernador del Estado de México.¿Continuaron los pagos en Los Pinos? Jeffrey Lichtman, el principal defensor de “El Chapo”, agregó que los pagos no se interrumpieron pese a que “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán estuvieron separados durante la mayor parte del tiempo entre 1985 y 2008. El eje de la defensa es que “El Chapo” no era jefe de la organización, ni hizo las cosas de las que lo acusa la Fiscalía.

Siempre hay problemas con las declaraciones de criminales, que suelen escupir acusaciones como resultado de los acuerdos fuera de la Corte con las fiscalías, aprovechando que es el acusado quien debe probar su inocencia, no el acusador probar su dicho. Purpura adelantó que aportarán evidencias, sin precisar si como adelantó, el testigo de la Fiscalía detallará los pagos a Peña Nieto, o para demostrar que Guzmán no es el tipo de capo que pinta el Gobierno de Estados Unidos. En cualquier caso, el reguilete de imputaciones directas sobre el Presidente comenzará, sin que pueda aportar evidencias sólidas, más allá de desmentidos, que apoyen con una contundencia incontrovertida que dice una verdad químicamente pura.

El récord del gobierno de Peña Nieto con respecto al cártel del Pacífico, su subsidiara, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la lucha contra el narcotráfico en buena parte del país, no lo ayuda y deja abierta la puerta a suspicacias. Como botones de muestra, hay que reiterar el contexto:

1.- Durante los primeros ocho meses de Gobierno, se dejó de combatir totalmente a los cárteles de la droga. El argumento: esa era la forma como se reducía la violencia. Como se ve en las estadísticas, eso no sucedió. En cambio, se fortaleció el cártel del Pacífico, emergió como fuerza poderosa el Jalisco Nueva Generación, renació La Familia Michoacana como Los Caballeros Templarios, y revivieron Los Zetas, que prácticamente se habían quedado sin droga qué vender.

2.- El gobierno de Peña Nieto utilizó al Cártel Jalisco Nueva Generación, incrustados en los grupos de autodefensa en Michoacán, para aniquilar a Los Caballeros Templarios. Los capos del Pacífico recuperaron el control de las rutas de los precursores químicos que se las habían arrebatado los michoacanos, como también fueron expandiendo su control por la frontera norte.

3.- Pese a ser alertada que estaba próximo a ser liberado Rafael Caro Quintero, uno de los legendarios capos sinaloenses, sentenciado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que dio origen a la “Operación Leyenda” –la mayor que haya realizado nunca la agencia antinarcóticos estadounidense–, la PGR no hizo nada para impedir que recuperara su libertad en agosto de 2013 cuando un juez desechó el delito de secuestro y asesinato, porque Camarena “no estaba acreditado como agente diplomático ni consular”. Caro Quintero salió de la cárcel en 30 minutos, cuando el trámite regular lleva al menos de ocho a 10 horas.

4.- En seis años, el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha erigido, ante el ojo público, en la organización criminal más poderosa de México y una de las más fuertes del país, mientras que su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se ha convertido en una figura muy buscada por Estados Unidos y, aparentemente por México. En dos ocasiones altos funcionarios federales comentaron que estaban “a días” de capturarlo, y nunca se concretó. Cuando en una operación secreta en Jalisco en mayo de 2015 el Ejército estuvo a punto de detenerlo, llamadas telefónicas desde las oficinas de la Policía Federal en Guadalajara lo alertaron y sus escoltas mataron a ocho soldados y una agente de inteligencia federal.

5.- El Gobierno ubicó 122 “objetivos prioritarios”, y logró la captura o el abatimiento de 112. Entre ellos están líderes de Los Caballeros Templarios, del cártel de Juárez, del remanente cártel de Tijuana, de Los Zetas y de la facción de “El Chapo” Guzmán y de los Beltrán Leyva. De “El Mayo” Zambada y “El Mencho”, nada.

La dialéctica del conflicto del Gobierno con los sinaloenses ha sido distinta a la que han desarrollado contra el resto de los cárteles. El esperado testimonio de “El Rey” Zambada, como lo adelantó Purpura, es inverosímil por donde se vea. Sin embargo, hubo tanta discrecionalidad y sesgo en la lucha contra el narcotráfico en este sexenio, que se puede afirmar, en el mejor de los casos, que por omisión o comisión, el jefe de Estado es responsable político del desastre nacional que se vive por la inseguridad y la violencia galopante que pudre a México, y nos debe una amplia y clara explicación, política o ante tribunales.
10 Agosto 2018 04:00:00
Una Presidencia ausente
Las actividades del presidente Peña Nieto y de los integrantes de su Gobierno han desaparecido de la cobertura de los medios. Esto se empezó a notar de manera significativa en los meses de la campaña, pero se ha radicalizado a partir del 2 de julio, ya con la presencia del presidente electo López Obrador.

Hay quienes piensan, incluso dentro del PRI y el Gobierno, que entre Peña Nieto y López Obrador hay un acuerdo específico, en el marco de uno más grande, para ceder el espacio de los medios al Presidente electo a cambio de que el Gobierno de facto, en muchos espacios ya en funciones, no lo critique. La realidad es que no es así.

La oficina de Comunicación de Los Pinos sigue haciendo su tarea como siempre. No ha cedido terreno y todos los días trata de posicionar la agenda presidencial. Lo cierto es que no ocurre. Es evidente que la estrategia de comunicación de la Presidencia ha sido un fracaso a lo largo del sexenio. Sólo se salvan los meses del arranque del Gobierno.

El hecho es que a los medios, a los comentólogos y a la ciudadanía no le resulta interesante lo que el Presidente y los suyos hagan y tampoco lo que digan. Ya no tienen legitimidad. El Presidente y los suyos, salvo algún escándalo, ya no son noticia. Esta es la razón por la que el Gobierno no está presente en los medios.

Se puede argumentar, no sin razón, que esto siempre ha pasado durante las campañas y todavía más cuando ya se conoce al Presidente electo. Es cierto, pero nunca se había dado en la dimensión que ahora ocurre. Es algo nuevo que debe analizarse.

Las posibles explicaciones son cuatro: la estrategia de comunicación de Los Pinos sigue sin entender al México de hoy; el Presidente tiene menos de 20% de aceptación y esto nunca había pasado; la percepción es que el Presidente y los suyos son corruptos y frívolos; la ciudadanía está harta del Presidente y los suyos y ya quieren que se vayan.

A estas explicaciones, que no se pueden ignorar, se añade una quinta, tal vez sea la mayor, que, a su vez, se divide en tres: el margen de votos con los que López Obrador gana la Presidencia; la esperanza que él despierta en un sector amplio del electorado que piensa que en su gestión todos los problemas del país se van a resolver; su manera de comunicarse, dar nota y despertar interés en los medios.

La ausencia en los medios del Presidente y los suyos se va a radicalizar en los próximos meses. Y en esa medida va a crecer, como nunca antes, la presencia de López Obrador como Presidente electo. Ese estar muy presente tiene tres explicaciones: viaja por el país como si siguiera en campaña; todos los días da noticias relacionadas con su futuro gobierno; ejerce ya, a través de las consultas, tareas de Gobierno.
09 Agosto 2018 04:08:00
Elba Esther derrotó a Peña
En los días previos a la elección presidencial, afuera del edificio en Polanco donde cumplía Elba Esther Gordillo su prisión domiciliaria, maestros y políticos se formaban para verla. No era fácil entrar al edificio, y se requería una cita previa para que agentes de la Policía Federal que vigilaban la entrada del inmueble y la del departamento de la maestra, dieran el acceso.

Nadie que no fuera residente o que estuviera en la lista de la PF cruzaba la puerta del edificio para tomar el elevador de servicio –el principal estaba clausurado por los agentes– hasta la entrada trasera de su departamento. Las condiciones carcelarias habían cambiado sustancialmente en su casa, pero una jaula sigue siendo una jaula aunque sea de oro.

La maestra nunca perdió su agilidad mental, y al llegar a su prisión domiciliaria encontró en el ejercicio diario e intenso una forma de distrarse y cuidarse. Hace años ansiaba ser puesta en libertad y hace escaso un mes estaba segura que esa cita estaba por concretarse. Pero aquél viernes de julio pasó sin que recuperara su libertad. La pregunta seguía siendo la misma: ¿dejaría el presidente Enrique Peña Nieto de pelear en tribunales para que mediante argucias legales se siguiera manteniéndola en la cárcel? Las últimas 48 horas antes de su exoneración, la expectativa de su liberación estaba dentro de una olla de presión e incertidumbre.

Su caso nunca fue sólido y desde el principio la PGR se valió de mentiras para ir armando un expediente lleno de hoyos por todos lados, con un ejercicio de propaganda para anidar la idea de culpabilidad.

Elba Esther Gordillo era una presa política del presidente Enrique Peña Nieto. El 19 de enero de 2015, en este mismo espacio, se hizo esa argumentación. “Una revisión del expediente muestra un alto número de fallas, omisiones y errores tan grandes, que son grotescos”, se apuntó en aquella columna. “La maestra… debía estar en libertad. Pero su caso parece obedecer más a razones políticas que jurídicas. “Pronto se empezaron a ver las debilidades del caso. Por ejemplo, el pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de Gordillo, suscrito por el Ministerio Público el 20 de febrero de 2013, sustentado en los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y de la PGR. Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, respectivamente. Es decir, un día después del pliego de consignación…

“El principal delito imputado a Gordillo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la cual se montó el de delincuencia organizada, no (tenía) sustento legal. Los recursos que según SAT y la PGR movió Gordillo en diferentes operaciones financieras cuando presidía el Sindicato Nacional de Maestros, no tienen una procedencia ilícita. Provienen de los maestros, que a su vez, recibieron sus dineros del Gobierno federal. El sindicato, que en dado caso pudo acusarla de abuso, fraude o malversación de fondos, por ser en todo caso el afectado, no (presentó) ninguna denuncia contra la maestra.

“La ley establece que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo puede ser investigado una vez que la Secretaría de Hacienda, el área competente, haya presentado la querella. En el expediente no (existió) la querella. Tampoco se acreditó, como establece la ley, la representación legal de la Secretaría de Hacienda… La querella que señala el acuerdo del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fue suscrita en representación de la Secretaría de Hacienda por Alonso Israel Lira Salas, quien se identificó como director adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con un gafete provisional, donde no se aclaraba su cargo, firmado por Mauricio López Tapia, de quien tampoco se (precisaba) su cargo.

Lira Salas ingresó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda el 1 de febrero de 2013. La Constancia 32, cuyo propósito era acreditar la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda, está fechada el 14 de febrero de 2013.

“¿Cuál (era) el problema? Que la averiguación previa (tenía) fecha del 13 de febrero de 2013. Es decir, el Ministerio Público federal dio entrada a una denuncia suscrita por un alto funcionario que, en el momento en que presentó la querella, no tenía su personalidad y representatividad legal acreditada. A partir de esa querella, el Ministerio Público federal ordenó una serie de diligencias, peticiones oficiales al Gobierno de Estados Unidos para conocer los antecedentes penales de la maestra, y oficios a diferentes áreas del Gobierno federal para que aportaran información que respaldara el caso, en la mayor irregularidad e ilegalidad del caso”.

Aquella columna concluía que “si la libertad de Gordillo dependiera de la Ley, seguramente estaría libre”. Eran demasiadas las evidencias de las irregularidades que hizo el Gobierno federal para llevarla y mantenerla en la cárcel. Pero eso no importaba. Era un caso político, donde finalmente Peña Nieto admitió la derrota, como un acto pragmático, no magnánimo, para ser él quien facilitara su libertad y asumir los costos de este fracaso, al ordenar a la PGR que dejara de utilizar triquiñuelas en tribunales. La alternativa era que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con apego a la Ley, se desistiera de la acusación. Mejor corregir él uno de los grandes absurdos de su Administración, a que le corrigieran la acción a su Gobierno, desaseada de principio a fin. La maestra guardará silencio hasta el 20 de agosto. Pero por lo pronto, empacó, salió de México y empezó a recuperar su vida.
08 Agosto 2018 04:08:00
La Pax Narca de López Obrador
Los foros sobre paz y seguridad, a partir de los que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzará a construir su estrategia de seguridad, comenzaron en Ciudad Juárez con un catálogo de buenas intenciones que van a llevar, ante la ingenuidad demostrada, a la creación involuntaria de un narcoestado. Las líneas generales que buscan ser legitimadas a partir de esta serie de encuentros durante los dos próximos meses y una eventual consulta popular, están ancladas en el otorgamiento de una amnistía a quienes están metidos en el negocio del narcotráfico, como lo propuso López Obrador en diciembre pasado durante una visita al Istmo de Tehuantepec.

En esa gira dijo que “se van a explorar todas las posibilidades y no descarto que se someta a discusión que se consulte al pueblo sobre la posibilidad de una amnistía para lograr la paz. Ya no queremos la guerra, queremos la paz en el país”. La propuesta surgió, confiaron cercanos al presidente electo, como varias de sus grandes frases, a partir de lo que le gritaban los asistentes a sus mítines. Una señora en aquella región istmeña pidió que le dieran amnistía a narcotraficantes, de donde tomó la idea y la ventiló. Varios de sus asesores de comunicación e imagen le recomendaron que corrigiera rápidamente esa afirmación por las consecuencias que tendría, pero López Obrador, muy a su estilo, apretó el acelerador. Durante los siguientes meses fue ratificando la idea central, pero matizando el alcance que tendría la amnistía de marras.

Días después en Quechultenango, Guerrero, la prensa que lo acompañaba le preguntó sobre la amnistía. “Vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas y los familiares de las víctimas”, respondió. “No descartamos el perdón. No hay que olvidar, pero sí se debe personar si está de por medio la paz y la tranquilidad de todo el pueblo”. El utilitarismo de John Stuart Mill en toda su extensión, con el bien mayor por encima de todo. Cuando la prensa le pidió especificaciones y si la amnistía incluiría a los jefes de los cárteles de las drogas, abundó: “Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando. Lo que sí les puedo decir es que no va a quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad”.

Sus afirmaciones provocaron repudio en la sociedad política. Tras el primer debate presidencial, Alfonso Durazo, a quien propondría más adelante como su secretario de Seguridad Pública Federal, trató de explicar lo que su jefe político quiso decir. “López Obrador ha propuesto un proceso de paz y de reconciliación nacional, no un pacto con el crimen organizado”, afirmó. “Sin proceso de pacificación y reconciliación no habrá punto de inflexión en los niveles de violencia que definen la tragedia del país”. La pregunta era y sigue siendo: ¿qué quiso decir Durazo?

Lo que posteriormente varios miembros del equipo de transición explicaron, es que no se trataría de amnistiar a todos, sino a algunos. Amnistía habría para niños y campesinos, no para criminales, sin explicar si esa subcategoría perdonaría a sicarios, que también hay menores y campesinos, o no. Este juego de palabras, obviamente, es sarcástico, pero sirve para subrayar las deficiencias conceptuales e informativas en las que se encuentran López Obrador y su equipo de seguridad. Durazo resaltó el desconocimiento generalizado en la inauguración del foro en Ciudad Juárez, donde anunció que van a desarrollar una estrategia de Estado, no sólo de gobierno, para dar resultados en el corto plazo. “Proponemos construir una receta mexicana para la pacificación de nuestro país (y) por difícil que parezca buscaremos y encontraremos el entendimiento de todos los mexicanos para construir la paz”.

La “receta mexicana” es vieja. Una estrategia de Estado la propuso el presidente Felipe Calderón en 2009, pero aquel plan integral sólo vio cumplimentada la parte de la lucha policial y militar contra los cárteles de las drogas, porque el resto del Estado –paradójicamente salvo el caso de Juárez, donde la participación de Gobierno, empresarios y sociedad civil frenó la violencia-, fue negligente en su trabajo. El presidente Enrique Peña Nieto también la planteó, pero a diferencia de Calderón, no hizo nada de importancia salvo capacitar y armar a grupos de autodefensa, incluidos miembros de los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, para exterminar a Los Caballeros Templarios.

La gran novedad en el planteamiento del nuevo Gobierno es la amnistía a los narcotraficantes, fórmula para la reconciliación. El único que la planteó, pero como expresidente, fue Vicente Fox en 2011. No hay ningún Estado en el mundo, que no sea considerado un narcoestado, que haya optado por una amnistía a narcotraficantes, que en sí es un pacto con el crimen organizado. El trueque es dejar de combatir a las organizaciones criminales, si estas dejan de sembrar muertos en el país. Es decir, si se ponen de acuerdo los cárteles y reparten territorios y acuerdan impuestos de paso de drogas, para que el negocio florezca en climas estables exentos de violencia. Eso, por supuesto, reduciría la tasa de homicidios dolosos, acabaría con la ley de la selva y la zozobra social. Se implantaría la Pax Narca de López Obrador.

El costo sería que como en el gobierno de Fox, los cárteles regresaran al control pleno de territorio mexicano y gobernarán por encima del Estado. No puede ser este el objetivo de López Obrador, quien debe tomarse muy en serio el fenómeno de la seguridad para que no se diga, como hoy, que su gobierno será de ocurrencias.
07 Agosto 2018 04:06:00
Un final sin final
El presidente Enrique Peña Nieto regresará de sus vacaciones para el último jalón del sexenio. Aunque aproximadamente un mes antes de la elección entregó la plaza y trabajó más por tener una elección y una transición en paz que por mantener el poder, el epílogo será amargo. Disfrutó el poder con frivolidades y excesos, que por ser personales no tendrán repercusiones en el séptimo y octavo año de gobierno, como se conocen los periodos más delicados para un expresidente, cuando existe el riesgo de que los usen como chivos expiatorios de las cosas que no salgan bien a la nueva administración. Peña Nieto quiere ir a Ixtapan de la Sal, su lugar de descanso preferido, para reiniciar su vida privada, aunque a decir de personas que tienen contacto con él, no está confiado de que su sucesor. Andrés Manuel López Obrador, pueda mantener su palabra de no tocarlo.

López Obrador ha dicho repetidamente que no piensa tomar acción en contra de Peña Nieto, pero la demanda de un ajuste de cuentas contra la corrupción, lejos de haber amainado se ha incrementado en las últimas semanas. Objetivamente hablando, si en efecto López Obrador quiere un profundo cambio de régimen, tendrá que acabar con el viejo régimen, que significa, como en el ancian regimefrancés, guillotinar al rey. Para mirar hacia el frente, debe tener limpio el retrovisor. Si este se encuentra sucio, no sabrá qué pueda acabar con sus intenciones, como sucedió con Vicente Fox cuando al ganar con el mandato del cambio, no hizo nada para cambiar el sistema vigente.

Cercanos a López Obrador comentan que la corrupción sí será atacada, y que hay varios funcionarios peñistas a quien están revisando sus haberes. En lo alto de su lista se encuentra la secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, con quien López Obrador tiene viejos diferendos desde que ella presidía el PRD. Robles dice en público y en privado que no hay nada por lo cual puedan perseguirla, lo que en el peor de los casos técnicamente sería factible porque ella no firmó nada que pudiera probarse ilegal. Pero los mexicanos conocemos bien nuestra justicia, donde lo importante no es lo que existe o es, sino lo que parece. En el hipotético caso de que Robles fuera la primera en la lista del Gabinete sobre la que el nuevo Gobierno pudiera actuar y ganar tiempo para la transformación prometida, una persecución política, ¿daría suficiente circo a la masa que babea sangre?

Las expectativas de quienes votaron por López Obrador difícilmente amainarán con alguien del gabinete. La exigencia presionará ir hacia arriba. ¿Qué tanto puede demorar que la escala en el ajuste de cuentas suba? Un indicador es lo que tarde en tener problemas el proyecto de López Obrador. Si las cosas salen como las ofreció originalmente, Peña Nieto podrá dormir tranquilo allá por la mitad del próximo sexenio. Mientras tanto, tiene que prepararse jurídicamente para lo que pudiera venirle encima. En forma específica, que es lo más claro y concreto por lo que pueden perseguirlo, ejecuciones extrajudiciales. Dos casos paradigmáticos ha tenido el gobierno de Peña Nieto, Nochixtlán y Tanhuato, referidos a detalle en este espacio en su momento.

En Nochixtlán, se apuntó en octubre pasado, el uso excesivo y letal de la fuerza, y violaciones a los derechos humanos provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados que protestaban contra la reforma educativa, como consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por el entonces jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, que derivó en un choque en tres comunidades, como señaló una recomendación de la CNDH. Fue un ejemplo, apuntó, “de lo que no deben ser las acciones policiales”. Nochixtlán fue una metáfora de la incapacidad de este Gobierno en materia de seguridad, pero también de la soberbia. Galindo fue removido ante las crecientes críticas a su trabajo, pero el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo rehabilitó como operador político al arrancar el proceso electoral pasado. Galindo llegó a tener incluso expectativas de ser senador, y Osorio Chong, quien lo protegió, hoy será coordinador del PRI en el Senado.

Sobre otro caso flagrante, enTanhuato, se publicaron detalles en este espacio en agosto de 2015 sobre lo que pasó el 22 de mayo de ese año en el rancho El Sol, cuando policías federales se enfrentaron con supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue una matanza, concluyó la CNDH, y hubo ejecuciones extrajudiciales y se alteró la escena del crimen. Durante más de un año la Policía Federal sostuvo que no violó derechos humanos y que actuó conforme al protocolo de uso de la fuerza. Mentira.

Los policías federales violaron el código de conducta y los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. El índice de letalidad de la Policía Federal establece como estándar un policía muerto por 1.4 agresores; en Tanhuato fue un policía muerto por 42 agresores abatidos. El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y cuando no se aplican los protocolos, se considerada ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, según los principios y estándares del Derecho Internacional, de donde se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado.

Peña Nieto tiene sobre sus hombros Nochixtlán y Tanhuato, que si no resuelve antes de terminar su Presidencia, podrán ser su pesadilla y, eventualmente, un proceso penal que, por el tipo de delito, nunca prescribe.
06 Agosto 2018 04:07:00
Humillación a Peña
¿Qué podría ser lo peor que le podría pasar a Enrique Peña Nieto antes de que entregue el poder a Andrés Manuel López Obrador? Difícilmente podría pensarse algo peor que la humillación pública. Eso sería un golpe al honor del Presidente que ya se va y una demostración del poco valor que le queda a su investidura presidencial. Y sucedió la semana pasada. López Obrador –quizás sin que fuera su intención– hizo escarnio político de Peña Nieto cuando dijo que le pediría que enviara una iniciativa preferente al Congreso para tener lista la nueva Secretaría de Seguridad Pública Federal al tomar posesión el 1 de diciembre y arrancar el nuevo Gobierno con una nueva arquitectura institucional.

Falta ver cuál será la reacción de Peña Nieto ante esta petición, que si bien tiene una lógica funcional, sería una burla al Presidente cuya incompetencia en esta materia, precisamente, lo llevó al abismo. Tras seis años echados a la basura en materia de seguridad, este país regresará al que había no hace seis años, sino hace 12, cuando comenzó la guerra contra los cárteles de la droga. Peña Nieto recibió el gobierno de Felipe Calderón con una estrategia de fuerza y violencia contra criminales, que 18 meses antes del relevo del poder llegó a su máximo de homicidios dolosos y había comenzado a caer de manera sistemática. Esa inercia le duró escasos dos años, antes de repuntar una vez más la violencia.

El fracaso de Peña Nieto que trata de enmendar López Obrador, y revertir en seis años el daño que le causó al país la estrategia del Gobierno actual, comenzó desde la transición en 2012, cuando el entonces presidente electo aprobó el plan de quien sería su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal y fusionarla en la Secretaría de Gobernación. Dentro del equipo de Peña Nieto hubo oposición a esa medida, pero siguió adelante con el plan de Osorio Chong, quien luego de conocer los recursos de inteligencia que disponía esa dependencia, los pensó para él y sus ambiciones, de acuerdo con personas que platicaron con él en aquel tiempo.

La fusión revelada en este espacio en octubre de 2012, sería el principio de la debacle. Paradójicamente, la suerte de Peña Nieto fue echada antes de iniciar su mandato presidencial. En diciembre de ese mismo año, también se reveló en este espacio, comenzó el desmantelamiento de Plataforma México, el complejo sistema de información e inteligencia criminal construido con recursos de la Iniciativa Mérida, que el Gobierno de Barack Obama quería que se replicara en Centroamérica como parte de una estrategia regional que hoy, todavía, forma parte del enfoque integral para resolver el problema de la violencia regional.

A eso le siguió el cese de los especialistas mexicanos en el manejo de drones, porque se argumentó que sus salarios eran muy elevados.

Era cierto, pero al despedirlos, México se quedó sin expertos en esos equipos y se tuvo que pedir ayuda a la CIA y al Departamento de Alguaciles para poder ubicar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la sierra de Durango. Guzmán pudo escaparse del Altiplano porque también el Gobierno peñista dejó de pagar mantenimiento del sistema de sensores subterráneos, relajó la seguridad en los ingresos a la cárcel, le quitó el audio a los monitores de la Policía Federal que vigilaban el interior del penal, cesó su vigilancia perimetral alrededor del penal, acabó con los protocolos que se habían establecido y con la capacitación de custodios, cuya preparación especializada se canceló.

Por las mismas razones se despidió a los jefes de la Policía Cibernética, y se puede argumentar que la debilidad táctica en esa área fue una de las causas de los ataques a instituciones financieras que arrojaron pérdidas por unos 400 millones de dólares este año.

La desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal fue un error que terminó hundiendo a Peña Nieto, a Osorio Chong y a todo el Gobierno. No hay debacle más grande en su Administración que la estrategia de seguridad, cuya ineficiencia en el combate –el número de homicidios dolosos es 19% más que en el gobierno de Calderón, alcanzando los máximos históricos desde 1997, cuando empezaron a contabilizarse– se convirtió en uno de los dos grandes factures de su derrota en las elecciones presidenciales. El otro factor fue la corrupción, percibida por el electorado como un fenómeno extendido y permitido en su Gobierno.

La corrupción se magnificó, como una hipótesis de trabajo, frente a la incompetencia en proveer seguridad. La eficiencia de un político o un gobierno le permite flotar en los peores pantanos. Si es ineficiente en algo tan vital como la seguridad, se ahoga en un estanque, como le sucedió.

El legado de Peña Nieto estará para siempre vinculado a esos dos factores, que son los primeros que López Obrador se ha dispuesto a enfrentar y cambiar. La petición de López Obrador a Peña Nieto es un atajo para combatir la inseguridad desde el principio, con una nueva secretaría dedicada a reducirla y eliminarla, lo más complejo y difícil que tendrá durante su Administración, y lo que más tiempo le llevará para que empiece a dar resultados.

Peña Nieto está en una encrucijada ante tal petición, la única concreta de largo alcance que le ha solicitado. Está atrapado entre lo que necesita su sucesor y este país, y lo que significa para su propio legado y reputación. Pero es responsable de este desastre en seguridad, y las tormentas que causó lo perseguirán.
27 Julio 2018 04:07:00
¿Qué rayos pasó en Puebla?
Las encuestas de salida de las elecciones para gobernador a Puebla el 1 de julio daban ventaja al candidato de Morena, Miguel Barbosa, sobre la candidata del PAN, Martha Érika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Alrededor de cuatro puntos daban la victoria a Barbosa, según las encuestas de salida, que se fueron evaporando al avanzar el programa de resultados electorales, hasta que esos datos le dieron la victoria a su adversaria. “Fue muy extraño”, admite un experto en opinión pública, “porque nunca se había registrado que un candidato opositor que encabezara las encuestas de salida terminara perdiendo”. 

De hecho, es tan raro lo que ahí sucedió, que el cuadernillo de operaciones, mediante el cual las autoridades electorales realizarían el conteo rápido, que siempre coincide con el PREP, diera un ganador diferente al que salió. Barbosa ha impugnado el resultado electoral, aunque Morena y el candidato triunfador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, sin haberlo abandonado, tampoco han insistido tanto en que hubiera una irregularidad electoral. 

Los incidentes violentos tras la jornada electoral no han permitido reflexionar fríamente lo que sucedió. Pero un profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y doctor en Matemáticas, Arturo Ederly, hizo un ejercicio que resultó muy ilustrativo sobre las anomalías e inconsistencias que se registraron aquel domingo en Puebla. Ederly analizó estadísticamente tres conjuntos de datos con la información del conteo rápido realizado por el Instituto Nacional Electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral poblano y los cómputos distritales que realizó el mismo órgano electoral estatal.

El análisis que elaboró fue publicado el 23 de mayo en la red, donde explicó que una vez que cerró cada casilla la votación, los funcionarios de la casilla contaron los votos y escribieron los resutados en el llamado cuadernillo de operaciones, cuya información fue enviada al INE para la estimación del conteo rápido. Posteriormente, agregó, transcribieron los datos en el acta de escrutinio y cómputo, que alimentaron al PREP y los cómputos distritales del órgano electoral estatal.   

“En condiciones ideales, la información de las casillas de la muestra para el Conteo Rápido del INE debiera ser exactamente igual a la de esas mismas casillas, tanto en el PREP como en los Cómputos Distritales del IEEP”, agregó Ederly. “En condiciones más realistas, de haber errores en la transcripción, transmisión y captura de la información, sería de esperarse, al menos, que dichos errores sean aleatorios y por tanto que no puedan influir significativamente en el resultado final de los cómputos distritales. ¿Qué ocurrió en la elección de gobernador de Puebla en 2018?”.

El análisis reveló anomalías relevantes que, cuando menos, arrojan sospecha sobre el proceso electoral y la victoria de Alonso. Ederly encontró un desbalance “preocupante” en la muestra para el conteo rápido en dos de los 26 distritos electorales, el 1 y el 26, donde no hubo balance entre casillas urbanas y no urbanas, y el número de casillas por estrato tampoco fue proporcional. Esto, a decir de Ederly, produjo una muestra aleatoria que no fue representativa, cuyo desbalance tampoco fue mencionado en el informe del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, “lo que pone en tela de juicio la confiabilidad de las estimaciones”. 

Ederly revisó la información de 372 casillas –el mínimo estadístico necesario para el ejercicio– que le proporcionó el INE al Comité, que debía coincidir con la información de esas mismas casillas en los cómputos distritales. Sin embargo, en su análisis encontró siete casillas cuya información recibió el INE para el conteo rápido, que en los cómputos distritales aparece en cero votos para todos los candidatos o con la etiqueta de “información no disponible”, que lo llevó a comparar los resultados en las 365 restantes. 

“La información muestra incrementos porcentuales inexplicables en el IEEP para todos los candidatos excepto para el segundo lugar (Barbosa), cuando idealmente en todos los casos esa diferencia porcentual debiera ser cero, o en su defecto muy cercana a cero”, subrayó. “Si en un momento dado le creemos más al INE que al IEEP, y hacemos el ajuste porcentual correspondiente para el total de votos obtenidos en los cómputos distritales del IEEP, se obtiene que un total de 41,147votos estarían incorrectamente acreditados a los distintos candidatos. 

“Si bien en la votación total la candidata Alonso supera a Barbosa, Alonso pierde por poco en la votación urbana, pero gana por una cantidad mucho mayor en la votación no urbana. Sin embargo, al realizar nuevamente los cálculos de voto promedio por casilla, tanto en la muestra recibida por el INE como en la parte que no recibió… persiste un efecto de diferencia positiva (inexplicable) a favor de la candidata Alonso en ambos casos.

“Tal pareciera que del cuadernillo de operaciones al acta de escrutinio y cómputo algo pasó, especialmente cuando la información del cuadernillo de una casilla en la muestra del INE por alguna razón no llegó al INE. Y se trata de algo que, de ser sistemático en todas las casillas, sí sería de suficiente tamaño como para que cambie el ganador de la elección”. Ederly comparó la información de dos órganos electorales diferentes, el federal y el estatal, donde los poblanos mostraron discrepancias “indebidamente favorecedoras” a Alonso. El matemático propuso que para despejar dudas sobre la elección, lo pertinente sería un recuento total de votos o, en su defecto, una muestra estadísticamente representativa de casillas. Como están las cosas en Puebla, la propuesta de Ederly es una buena idea.

Nota: Esta columna dejará de publicarse la próxima semana.
26 Julio 2018 04:08:00
Frente a Andrés, sin favores ni temores
La nueva realidad política mexicana está dibujando los años que se vienen con la Cuarta Transformación de la República prometida por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, donde el viejo régimen que quiere demoler convive con el nuevo régimen que desea construir. Parafraseando a Alexis de Tocqueville en La Democracia en América, habrá una sociedad que quiera nacer y una que se niegue a morir. La paradoja mexicana es que no es la sociedad la que lleva la iniciativa, sino López Obrador, un luchador social de toda su vida que no ha cambiado nada, salvo, lo que no es nada menor, su estatus: de jefe de la izquierda social, a próximo presidente de México. El campo de esta primera batalla lo estamos viendo, el de las percepciones.

Este martes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, no aguantó la presión pública alimentada por López Obrador. Frente a la acusación de que la multa contra Morena por opacidad e irregularidades en el fideicomiso que creó para ayudar a los damnificados de los sismos del año pasado era una “vil venganza”, hizo un control de daños. En un mensaje a la opinión pública dijo lo que ya había dicho el INE la semana pasada, de que la multa no implicaba un financiamiento ilegal de campañas electorales, ni afectaba el resultado electoral. Pero el hecho en sí mismo fue un acuse de debilidad. 

La multa a Morena no fue animada por ánimo de venganza, pues el INE no tiene filias ni fobias, dijo Córdova, quien planteó un diálogo con López Obrador y abrir canales de comunicación fluida. El INE no rectificó la esencia de la multa, pero el fraseo utilizado por Córdova mostró lo lastimado que quedaron ante la forma como los leales a López Obrador los apabullaron. Morena violó la ley al omitir el criterio para que los partidos pudieran ayudar a los damnificados, que era que la cantidad deseada fuera devuelta a la Tesorería de la Federación, con la petición de que se destinara a la ayuda de los damnificados. Todos los partidos lo hicieron salvo Morena, pero la multa podría ser rechazada por el Tribunal Electoral al no haber sido una investigación exhaustiva ni determinar si se trató de un financiamiento ilegal a las campañas, abriendo la puerta para que falle, como dice Morena, que se trató de un fideicomiso privado.

Los detalles jurídicos aquí sintetizados, salvo en su conclusión, son irrelevantes en el campo de batalla de las percepciones. Usualmente, quien usa mejores sofismas gana la discusión de la arena pública, sobre todo en una como la mexicana, donde la inteligencia emocional es mayoritaria a la inteligencia racional. En la realidad del México actual se debe incorporar el elemento más disruptivo en la discusión pública, el creciente descrédito de las instituciones versus la creciente aprobación y legitimidad de quien las ha criticado y se ha mantenido aparentemente al margen de ellas. Desde 2006, recuerda Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, las instituciones han venido a la baja y López Obrador al alza. Tras ganar la elección presidencial, su credibilidad y apoyo crecieron 10% con respecto a su voto.

Una encuesta de Consulta Mitofsky en febrero sobre la confianza en las instituciones mostró una tendencia a la baja de la mayoría. Sólo tres subieron (universidades, Iglesia y Fuerzas Armadas), cinco se mantuvieron en la media (CNDH, estaciones de radio, medios de comunicación, empresarios e INE) y nueve mostraron tendencia a la baja: bancos (5.9 de una calificación máxima de 10), cadenas de televisión (5.7), Suprema Corte de Justicia (5.6), senadores (5), Presidencia (4.9), policía (4.8), diputados (4.8), sindicatos (4.6) y partidos políticos (4.4). Un informe de la CEPAL sobre perspectivas económicas para 2018 y confianza en las instituciones reflejó la caída de la credibilidad en el gobierno de 43% en 2006, a 28% en 2016. 

Al compararse con la creciente credibilidad de López Obrador, que de 2006 a 2018 pasó de menos 27% de imagen negativa, a más 25% de imagen positiva, se entiende la vulnerabilidad en la que se encuentran las instituciones y la forma como están reaccionando. La actitud pública de Córdova es un botón de muestra del comportamiento que están teniendo los actores públicos. El videoclip donde varios miembros del Consejo Mexicano de Negocios buscaron congraciarse con López Obrador a días de la elección presidencial, y la sumisión de varios medios y comentaristas ante el candidato triunfador habla de cómo han preferido doblarse antes que incomodarlo. 

Hoy en día, nadie va a vencerlo con ideas y argumentos, pero la claudicación no contribuye a enriquecer el debate. El silencio cómplice o el miedo ayuda a la instauración del autoritarismo, que facilita un poder absoluto como el que tendrá López Obrador. Hay que discutir posiciones y confrontar ideas en la arena pública, que luchen contra percepciones construidas sobre las realidades alternas, sofismas o medias verdades, que se anidan en las redes y los medios convencionales, para contribuir también a un mejor gobierno. Dar la batalla en este campo es una obligación de todos, para que la nueva realidad mexicana no sea deforme ni disfuncional. 

Vale la pena recordar el credo de Adolph S. Ochs, escrito en 1896 poco después de adquirir The New York Times: “El objetivo es dar las noticias… imparcialmente, sin favores ni temores, sin importar partidos, sectas o intereses, para hacer de sus columnas un foro de consideración de todo aquello de importancia pública”. No es una mala idea para la era de la Cuarta Transformación de la República.
25 Julio 2018 04:07:00
El Huevo de la Serpiente circa 2018
Desde hace casi 20 años, todas las críticas o discrepancias con las ideas y las políticas de Andrés Manuel López Obrador han sido respondidas con insultos, amenazas, linchamientos virtuales y, en ocasiones hasta ahora mínimas, con agresiones físicas. En aquel entonces se hacía por medio de correos electrónicos o llamadas telefónicas. Hoy la agresión, el hostigamiento y la intolerancia se dan de manera más rápida y sin intermediario alguno en las redes sociales. En aquel entonces se realizaban los atropellos contra políticos y periodistas, un fenómeno que, quizás por la transversalidad de la información actual, se ha extendido hacia toda la sociedad, en todos los estratos y demografías, que muchas veces convierten la arena pública virtual en un patíbulo. 

La temporada de caza contra quienes piensan distinto a López Obrador abrió hace mucho y se ha intensificado. Tras la multa del Instituto Nacional Electoral a Morena por haber realizado operaciones financieras irregulares en un fideicomiso pensado para ayudar a los damnificados de los sismos de septiembre pasado en ocho entidades del país el jueves pasado, la frecuencia de insultos y amenazas que recibieron a través de las redes durante menos de 72 horas, fue mayor a la que se tuvieron, en total, durante los 11 meses que duró el proceso electoral. Quien organizó la elección donde arrasó López Obrador perdió su áurea de árbitro imparcial para convertirse en un instrumento de los poderosos para lastimar al próximo presidente de México. A partir de un tuit de López Obrador donde acusó al órgano electoral de una “vil venganza”, la hoguera se extendió.

Arturo Sarukhán, un educado y fino diplomático mexicano que fue embajador de México ante el gobierno de Barack Obama, actualmente consultor en Washington, escribió en su cuenta de Twitter poco después de que López Obrador dio a conocer el contenido de la carta que envió al presidente Donald Trump: “El último párrafo de carta (de) AMLO a Trump no va a caer muy bien en el Partido Demócrata; se nos sigue olvidando en MX el peso/papel que juegan en Congreso en temas comerciales (eventual aprobación TLCAN), migratorios (defensa Dreamers, rechazo muro) y en ciudades/estados clave para MX”. Un anónimo, “Alexander chvpacieco”, le respondió: “(SARUKHAN)) Duermes y sueña con el globalismo. Traidor a su país, Israel, asco de persona!”. El exembajador comentó: “Nomás las chuladas con tufo antisemita con las que uno se topa... a bloquear en automático”. 

Isaac Katz, un respetado economista del ITAM, reprobó en su habitual columna de los lunes en El Economista  la propuesta de López Obrador para descentralizar las secretarías de Estado, por lo que le cayó una lluvia de insultos. “En los 23 años que llevo escribiendo en @eleconomista critiqué muchas de las decisiones de política económica de Zedillo, Fox, Calderón y Peña y nunca recibí por ello algún insulto”, apuntó en Twitter. “Por las críticas que he vertido sobre algunas de las propuestas de AMLO, eso ya cambió. De miedo”. Para confirmar su pesimismo, “Soy una Pinche Pistola”, otro francotirador agazapado en el anonimato, espetó: “A este pendejo mentiroso no le gusta la discordancia por que cuando lo dejas en evidencia como el pendejo que es en sus análisis del precio de la gasolina en Estados Unidos en relación al de México responde con descalificaciones así que pseudointelectual: aguante la verga”.

Alicia Alarcón, tuitera de años, recibió varios mensajes que resumió en un mensaje: “‘Ya ganamos’. ‘Cállate y guarda tu ardor’. ‘Dilo sin llorar’. ‘Cuando AMLO gobierne, acabarás en el paredón’. Eso y otras finuras me han dicho. Y no. No es ardor. Les di el beneficio de la duda casi tres semanas. Pero son el PRI reloaded. Con todo y paredón”. El beneficio de la duda fue breve, el de la transición tersa que se rompió mediante el tuit de López Obrador, sobre la multa del INE. Su palabra fue un llamado a las armas virtuales. El próximo presidente de México elevó su crítica y se refirió por nombre al periódico Reforma y a los consejeros electorales Ciro Murayama y Marco Baños. Los señaló, como en otros tiempos se señalaba a quienes no pertenecían a su raza y los estigmatizaba. Una vez más, los buenos y los malos, los fieles y los infieles.

Estos son días que recuerdan la película de Ingmar Bergman, El Huevo de la Serpiente, que narra la degradación de la sociedad alemana por la crisis económica y la emergencia de líderes carismáticos. “Todos tienen miedo y yo también”, dice en un inspector de policía que investiga un suicidio en la película. “El miedo no me deja dormir, nada funciona bien, excepto el miedo”. En ese entorno se empiezan a incrementar los ataques de las turbas nazis contra los judíos, sin que nadie trate de impedirlos. La película está llena de tomas oscuras donde aflora el temor generalizado y la indiferencia, que siembra la semilla del Holocausto que vendría. 

Hoy, aquí, lo estamos viviendo. Las condiciones socioeconómicas no son como la Alemania de Weimar, pero la gente dice sentirse como si lo fueran. Las turbas virtuales están cazando voces críticas, sin que nadie trate de impedirlos. Los señalamientos claros de López Obrador parecen incipientes triángulos amarillos cosidos en la ropa para estigmatizar. ¿Cuánto falta para que de la palabra se salte a lo físico? La intolerancia a quien disienta es inexistente. No hay diálogo, no hay contraste. El pensamiento único es lo único. López Obrador, detonador de los radicalismos intransigentes, tiene una responsabilidad para sosegar su tigre virtual. No puede evadirla ni decir que no puede controlarlo.
24 Julio 2018 04:06:00
El fraude de Morena (y II)
El Pemexgate fue un esquema de financiamiento alterno del sindicato de Pemex, con dinero público, que ayudó a financiar la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida, en 2000. Amigos de Fox fue una asociación civil creada en 1999 para triangular recursos privados que apoyaran, de manera ilegal, la campaña presidencial de Vicente Fox. El Caso Monex se refiere a cómo a través de dos empresas se armó un andamiaje financiero para canalizar recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, a través de tarjetas bancarias del banco Monex.

Los tres forman parte de cómo, en busca del poder, los políticos rompen con la ley en busca de un objetivo ulterior. Durante años, Andrés Manuel López Obrador denunció este uso ilegal de recursos, y llegó a pedir la anulación de la elección de 2012. Hoy, paradojas de la vida pública, se encuentra atrapado en el mismo dilema: ¿la fundación que creó Morena para ayudar a los damnificados de los sismos de 2017 en el centro y sur del país, fue una red de financiamiento ilegal para su campaña presidencial?

Hasta este momento, de acuerdo con la investigación del INE sobre la fundación Por los Demás, no se puede documentar que el fraude a la ley que cometieron militantes y simpatizantes de Morena al utilizar de manera ilegal recursos públicos para fines privados hubiera terminado en las campañas de López Obrador o de los candidatos a puestos de elección popular. “Por lo que hace a los egresos”, señala el proyecto de la resolución que sustentó la multa por 197 millones de pesos por haber utilizado irregularmente recursos públicos, “el destino final de los mismos no pudo ser rastreado, pues al convertirse en dinero en efectivo por personas vinculadas a Morena, quienes tuvieron su control, hacen inviable para esta autoridad conocer fehacientemente en qué fueron utilizados”.

Sin embargo, dejó abierta esa puerta. “La utilización de un mecanismo de financiamiento alterno a partir de la constitución de un fideicomiso se tuvo por acreditado a partir de un análisis que trasciende los límites formales del contrato del fideicomiso”, dice el proyecto de la resolución. “La materialización y operación del fideicomiso no pudo haberse dado sin la instrucción realizada por el entonces dirigente del partido (el 20 de septiembre), la orden de su Consejo Nacional (en sesión extraordinaria tres días después), y su puesta en práctica por los diversos sujetos vinculados al partido político (el 25 de septiembre se constituyó en Banca Afirma el instrumento del fideicomiso Por los Demás)”.

Originalmente, Morena detalló en un boletín del 3 de octubre que se iba a hacer una dispersión de “apoyos” de 2 mil 400 pesos a cada una de las 45 mil personas damnificadas en 325 municipios y delegaciones en ocho entidades, que sumarían 103 millones de pesos, la mitad de las prerrogativas para la campaña presidencial de 2018. La operación del fideicomiso ha sido difundida profusamente por el INE y los medios de comunicación, donde sobresalen las contradicciones al contrato del fideicomiso por tolerar depósitos de recursos en efectivo.

Durante 7 días, entre el 26 y el 29 de diciembre y el 23, 27 y 28 de marzo pasados, se realizaron depósitos por 19 millones 736 mil 222 pesos en efectivo, que representa el 44.44% del total de recursos que ingresaron al fideicomiso en 16 sucursales de Banco Afirme. Del 26 al 29 de diciembre se realizaron otros depósitos en efectivo por 14 millones 733 mil 822 pesos, que representan el 33.71% del total de los recursos. El modus operandi de los depósitos fue haberlos realizado con diferencia de segundos en diversas sucursales, por un total aproximado de 20 minutos. Esta acción sistemática consistía en que nueve personas entregaban a dos cajeros 28 depósitos en total, en las sucursales analizadas, por 50 mil pesos cada uno. Los egresos fueron a través de 171 cheques, de 120 mil pesos a un millón 53 mil 120, cobrados por un número similar de personas que no estaban en el padrón de damnificados, que eran funcionarios, diputados federales y locales, o candidatos a puestos de elección popular de Morena.

Esto fue, en palabras del INE, “un sistema orquestado de organización y de maquinación necesariamente dirigido”, dentro de “un entramado de simulación y fraude a la ley”, donde no hay certeza del origen de las aportaciones de los militantes. Este tema, sin embargo, tiene músculo para crecer. Si el caso camina del órgano electoral a la autoridad judicial, se podría configurar los presuntos delitos de lavado de dinero, por hacer uso de recursos de procedencia desconocida, y por delincuencia organizada, al estar dos o más personas actuando en coordinación para cometer un ilícito.

El INE no llegó a ese nivel de imputación –no es su función-, pero admitió la imposibilidad de rastreo de esos recursos sobre el destino o fin que tuvieron. En todo caso, apuntó que la sistematicidad y encadenamiento de conductas, los llevaron a advertir que “se estaba frente a un esquema operado por y en beneficio” de Morena, que nunca perdió el control en la instrumentación y manejo del fideicomiso. La opacidad castigada por el INE arroja incertidumbre sobre el uso de esos recursos, pero quizás de manera más delicada, sobre el origen de los mismos. Se abre de esta manera la posibilidad de que se denuncie a Morena en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con lo que la vena penal quedaría encaminada a perseguir al nuevo gobierno de López Obrador.
23 Julio 2018 04:07:00
El fraude de Morena (I)
El escándalo por el fideicomiso creado por Morena para ayudar a los damnificados por los sismos en el centro y sur del país el año pasado, jamás hubiera alcanzado sus niveles actuales de haberse quedado callado Andrés Manuel López Obrador, quien sigue escalando su beligerancia. ¿Por qué no dejó que los representantes de Morena litigaran en tribunales contra la multa de 197 millones de pesos que le fijó el Instituto Nacional Electoral por el uso ilegal de recursos para fines privados? Su voz potenció un tema que por semanas le importó poco a la sociedad y lo colocó en un aparador.

La reacción de López Obrador es consecuente con su eterna postura moral y principista. Por ello, su defensa no ataca el fondo de la resolución, sino la percepción que de este emana: que no es un político honesto, que miente, y que lastimó a aquellos sectores a quienes ofreció proteger. Esto no podía dejarlo pasar. De ahí la renovada acusación que se trata de un “complot”. En el horizonte apareció la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ese fideicomiso, el Pemexgate, Amigos de Fox y Monex?

Lo primero que habría que ver es lo que la resolución del INE no dice, y lo que representa para el resultado de la elección presidencial. Primero, el INE nunca afirma que el dinero del fideicomiso para los damnificados fue utilizado para las campañas electorales, que es en donde se ha centrado la respuesta de los principales líderes y figuras de Morena.

Es decir, el alegato es una cortina de humo que busca llevar la discusión pública a un terreno inexistente, pero fértil para el debate. Presentar en medios de comunicación a damnificados del sismo que recibieron dinero del fideicomiso, les permite construir la realidad alterna de que el INE miente, que lo ataca junto con el gobierno, y que se evapore la imputación de deshonestidad.

Lo segundo es que la multa no modifica el resultado electoral porque no hay afectación de equidad, ni rebase a los topes de campaña, ni existe una diferencia menor al 5% entre el primero y el segundo lugar. O sea, López Obrador va a ser presidente de México a partir del 1 de diciembre. Lo que sí establece el proyecto de resolución de 154 páginas, es que López Obrador mintió y reconoció haber violado la ley electoral:

1.- El 20 de septiembre de 2017, López Obrador, entonces dirigente de Morena, anunció que donaría el 50% de la prerrogativa federal (dinero de contribuyentes) que recibiera Morena para sus gastos de campaña en 2018. El 22 de abril de este año, durante el primer debate presidencial, aseguró que Morena había ido destinando el financiamiento público a un fin distinto de su objeto. En ese momento, dijo que 72 millones de pesos de los contribuyentes se había dedicado unilateralmente a promover la ayuda a damnificados.

Esto contraviene el artículo 41 constitucional, que garantiza el derecho a los partidos de recibir financiamiento público destinado “al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales”, así como el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos que prevé que es obligación de ellos “aplicar el financiamiento de que dispongan para los fines que les hayan sido entregados”.

El reconocimiento del destino de los recursos públicos para fines distintos a lo que le establecía la ley, lo hizo explícitamente admitir que estaba violando la ley y declarase culpable de ello, con un lenguaje político que arropaba una acción noble de su parte.

2.- El 25 de septiembre se formalizó el fideicomiso “Por los Demás”, donde el INE probó vínculos y subordinación de sus fundadores con el entonces presidente de Morena, quienes se encargaron de designar a las personas que serían las beneficiarias de los recursos con los cuales contara el fideicomiso.

El Comité Técnico que fue creado para esos fines, instruyó a la fiduciaria, en contravención también con lo estipulado en el mismo contrato del fideicomiso, que entregara los recursos del fideicomiso a terceros que no eran “sujetos de apoyo” y que eran, a su vez, personas ligadas a ese partidos. Ninguno de ellos se encontraba en el padrón de damnificados que elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Estos dos puntos golpearon por debajo de la línea de flotación de López Obrador, que toda su vida pública se ha presentado como el ejemplo de la moral y la honestidad. No es la primera vez que queda atrapado en la contradicción de su discurso con los hechos.

En la campaña presidencial de 2012, el PRI –como ahora lo hizo con la denuncia sobre el fideicomiso–, señaló que la asociación civil que había creado en 2006, Honestidad Valiente, había incumplido con sus obligaciones fiscales y ocultado por años el manejo de recursos, dejando abierta la sospecha de que se trataba de un financiamiento paralelo para su campaña presidencial. López Obrador lo negó fehacientemente, pero la fue sacando del ojo público hasta desaparecerla.

Seis años después está metido en un embrollo similar pero con factores objetivos mucho más delicados. Uno es la sospecha que lucró políticamente con los sectores más afectados, en ingreso y por la tragedia, que éticamente sería imperdonable.

Otro es que no es un candidato perdedor, sino el próximo presidente de México, por lo que la sospecha de financiamiento alterno a su campaña presidencial, como lo hicieron el PRI y el PAN en el pasado, que ronda por la mayoría de las páginas del expediente del INE, está sobre su cabeza. Contra ello es su incendiaria ofensiva.
20 Julio 2018 04:07:00
El final de una luna de miel que aún no empieza
Dieciocho palabras en el último párrafo sobre la columna publicada el miércoles sobre la forma como el capital político de Andrés Manuel López Obrador estaba siendo despilfarrado por las contradicciones, desconocimiento de la real politik y novatez de su equipo, y decía que estaba “chupándose una luna de miel que debía haber empezado hasta el 1 de diciembre”, animaron una discusión en las redes sobre el porqué, si le faltaban 4 meses y medio para iniciar su gobierno, se aventuraba esa proposición. Expertos en opinión pública en la mesa de encuestadores del programa Estrictamente Personal de Foro TV coincidieron que todavía no comienza esa luna de miel y, que, por el contrario, probablemente tendría una vida larga.

Explicaron que la luna de miel debe medirse con los niveles de aprobación de su gestión, que no aparecerá hasta la primavera de 2019. Aunque es metodológicamente, políticamente podría argumentarse que la luna de miel para un presidente entrante se da por un periodo –que varía– donde la gente, los medios, los grupos de interés y el Congreso le dan el beneficio de la duda y lo tratan bien. Carlos Salinas, que arrancó muy bajo, con la captura de los líderes petroleros a los 41 días de asumir el cargo, se fue a las nubes. Vicente Fox, que tenía alta popularidad, inició con mayor respaldo que cuando fue electo. Felipe Calderón comenzó lastimado, pero la mano firme en la guerra contra el narcotráfico, le granjeó una aceptación duradera. A Enrique Peña Nieto le duró 18 meses la luna de miel, sepultada por la reforma fiscal. 

En el caso de López Obrador, el monumental mandato de más de 30 millones de votos provocó una cargada nacional tras él y una genuflexión indigna de varios de los principales capitanes de la industria, acompañada de un temor explícito de algunos medios, que dependen ampliamente de la publicidad oficial, como La Razón, que se deshizo de su director, caracterizado por mantener una línea muy crítica, muchas veces visceral, contra López Obrador, o Milenio, que publicó el miércoles un titular de colección, cuando frente al desmentido del Vaticano que el papa Francisco nunca había aceptado participar en foros sobre seguridad, apuntó: “Se tambalea el aporte del papa en foros de paz”. 

A la luna de miel espontánea y festiva, adelantada por el protagonismo de López Obrador y su necesidad por ocupar todos los espacios de la vida pública, se le sumó la pusilánime y aquella que, como sucede en todos los casos en todos los países democráticos, opta por ir conociendo al nuevo presidente al tiempo que, no hay que olvidar este punto porque siempre se soslaya, la prensa va construyendo fuentes de información que antes no tenía, y depende durante ese periodo de lo que oficialmente les da la nueva Administración. El nuevo presidente tiene el espacio para convencer, sin tener que enfrentar una crítica de inicio, como sucedió con Ernesto Zedillo por el error de diciembre. Está metodológicamente probado que los presidentes en el mundo siempre reciben una cobertura amable en su inicio y crítica, regularmente, en su epílogo.

En los tiempos de metabolismo político hiperacelerado –finalmente su prometido cambio de régimen también incluyó cambio de formas y ritmos–, López Obrador, como se argumentó el miércoles, empezó su desgaste porque como ningún otro antes en ningún lado, se impostó como presidente y comenzó a operar a partir de propuestas, planes, amenazas e ilusiones que, explicadas por quienes serán sus secretarios de Estado y colaboradores más cercanos, causaron más confusión y contradicciones que claridad sobre la ruta que tiene en mente el próximo Presidente de la República. Aquí se ha hablado mucho de el valor de la palabra en los gobernantes y las consecuencias que puedan tener sus superficialidades.

El próximo Presidente ya se ubica en esta situación, y por la vía de los descalabros y los tropiezos, tendrá que aprender que su realidad hoy ya no es la del rebelde del sistema y líder de la izquierda social, poseedor de un discurso simple y cosmético de unas cuantas palabras, y pletórico de ocurrencias retóricas. Ya no le habla al graderío, sino a sus futuros interlocutores y gobernados.

La experiencia del desmentido de El Vaticano fue amarga. Ahora ya se metió la Casa Blanca a decirle que lo que está diciendo sobre la despenalización de todas las drogas –se refieren específicamente a la amapola–, es algo que rechazan totalmente, porque va a aumentar el consumo de opiáceos. Las alertas que se les hicieron sobre lo que iba a suceder, las minimizaron. Su coro panegírico fustigó a quien tocó el plumaje de López Obrador. Casi todo lo que ha dicho él o su equipo en una semana ha sido no sólo cuestionado, sino combatido desde varios frentes. Es una lucha virtual porque es virtual presidente, pero el daño político es real, porque se le trasladará como negativos. 

¿Cuántos? No se sabrá hasta las primeras mediciones que se hagan una vez que asuma la Presidencia, y quizás, como el presidente Donald Trump, que pese a todo lo que ha provocado en el mundo mantiene el mismo nivel de aprobación de cuando llegó a la Casa Blanca, los primeros datos públicos le sigan dando el apoyo popular a su gestión. La luna de miel, como dicen los encuestadores, quizás siga por algún tiempo, pero la miel ha comenzado a escurrirse por algo más que gotas, por tantos desaciertos en tan poco tiempo.
19 Julio 2018 04:08:00
La desgracia de Peña Nieto
Enrique Peña Nieto llegó a pensar en la primavera de 2014, que como había publicado en su portada la revista Time, era el salvador de México. Con una foto en páginas interiores donde se veía a un altivo Presidente escoltado por sus entonces secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda, Luis Videgaray. “Podrá padecer de erudición literaria, pero Peña Nieto lo compensa con destreza política”, redactó apologéticamente el corresponsal del semanario. “Pese a que algunas de las reformas se quedan cortas, ha pasado mucho tiempo desde que México experimentó grandes negociaciones políticas, una economía en crecimiento y optimismo sobre el futuro”. Poco más de cuatro años después, Peña Nieto se encuentra en las antípodas de aquel elogio.

El impulso que comenzó el 1 de diciembre de 2012, cuando asumió la Presidencia, se esfumó 18 meses después, cuando comenzó su declive, durante el que perdió prestigio, credibilidad y confianza, que terminó con la humillante derrota de su partido en la elección presidencial. Peña Nieto quería ser un Presidente recordado por sus reformas, pero por la información que está comenzando a surgir, el enojo y el desprecio contra su persona, que se reflejó en las urnas el 1 de julio pasado, lo trascenderá mucho más allá del fin de su mandato.

Una encuesta telefónica realizada por Indicadores SC para Eje Central, que aparece en su edición impresa este jueves, revela la magnitud de su caída. La encuesta fue hecha después de haberse reunido con el candidato vencedor, Andrés Manuel López Obrador, y tras haber guardado un bajísimo perfil después de las elecciones. Aún así, el 95.6% dijo tener nada o poca confianza en él, contra el 61.1% que tenía el expresidente Felipe Calderón, y 15.5% que registra López Obrador, en quien confían 84.5% de los entrevistados, en brutal contraste con Peña Nieto que apenas tiene la confianza de 4.4 por ciento.

Su valoración como Presidente es patética al compararse con su antecesor y con su futuro sucesor. La encuesta arroja porcentajes que parecen contradictorios, como que el 19.4% considere que las reformas fueron su mayor acierto, al mismo tiempo que el 13.6% señale que fueron su principal desacierto. O que el 12.5% de los encuestados citen mejorías económicas como el mayor acierto, al tiempo que el 12.2% menciona la “crisis económica” como su segundo peor desacierto. Estos datos sugieren fallas en el discurso presidencial, que no supo transmitir de manera eficiente las bondades de la reforma.

“Como evidencia del amplio desgaste de la imagen de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, están las calificaciones reprobatorias dadas a su desempeño por parte de los ciudadanos entrevistados”, explicó Elías Aguilar García, autor de la encuesta. “Su función como Presidente de la República recibió una calificación, de una escala del cero al 10, de 4.1 en promedio. En el rubro de la creación de empleos recibió 3.6; en los de crecimiento de la economía, lucha contra la pobreza y seguridad pública, 3.4; y en honestidad y transparencia, 3.1. Las calificaciones que son consideradas reprobatorias”.

La estabilidad económica, los apoyos sociales y el combate al narcotráfico, como contraste, son los tres rubros que los encuestados consideraron con los mayores aciertos de Calderón. El apoyo a la lucha del pueblo, su honestidad y que luchara contra el sistema, los mejores aciertos de López Obrador. Estos encierran el paquete de reclamos y molestias del electorado a Peña Nieto, que se centraron en la inconformidad con la política económica, con la asignación de programas sociales y con la desigualdad, sin olvidar la corrupción, aunque este fenómeno no apareció de manera tan determinante como el ánimo electoral sugería en julio.

La encuesta no pretende encontrar las causas y razones de la derrota electoral del PRI, pero ayuda a entender algunas tendencias de voto y sus consecuencias. “El triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial marcó varios aspectos importantes en términos de opinión pública”, añadió Aguilar. “Las muy amplias expectativas que la ciudadanía ha depositado en el virtual presidente, hacen evidente un auténtico amor ciudadano hacia al nuevo ejecutivo federal”.

Peña Nieto y López Obrador se encuentran en las antípodas. Mientras que se colapsó la confianza del Presidente en funciones, las expectativas del próximo presidente son muy elevadas. A López Obrador le han costado algunas propuestas entre los encuestados, como la aministía a delincuentes, que el 18.2% consideró su mayor desacierto, o la provocación social –el famoso “tigre” dormido, metáfora de la cólera social, del cual no se hace responsable–, o sus incongruencias, que han sido registradas entre el electorado. Pero aun así, poco más de siete de cada 10 encuestados, calificaron positivamente a López Obrador, mientras que a Peña Nieto lo reprobaron cuatro de cada 10, y Calderón salió prácticamente tablas en esta valoración.

“El primero de julio de 2012 los mexicanos votaron por el cambio”, escribió Peña Nieto en un multicitado artículo en el semanario británico The Economist a nueve días de asumir la Presidencia. “México enfrenta muchos desafíos y estamos trabajando activamente para alcanzar los resultados que nuestros ciudadanos tienen derecho a esperar. En nuestra democracia, trabajaremos por un modelo económico, político y social próspero.. que no sólo llenará nuestro opotencial sino también se convertirá en fuente de inspiración para otras economías emergentes”. Qué ambición tenía en aquél momento, que era suyo. Qué rápido se descarriló. Qué rápido se rindió. Oscuro final para un Presidente que arrancó eléctricamente y que terminó en cortocircuito, vitupereado y despreciado por millones de mexicanos que al votar masivamente por López Obrador, parecieron decirle: el que la hace, la paga.
18 Julio 2018 04:07:00
La paradoja de Andrés Manuel
La realidad alcanzó a Andrés Manuel López Obrador. Un cuarto de siglo de organizar y manejar sus campañas electorales en Tabasco, Ciudad de México y tres presidenciales, no le enseñó al futuro presidente de México cómo trabajar en equipo. Por lustros él lo era todo, el centro y la periferia, y cuando la mayoría de quienes veían que caminaba hacia un error y lo conminaban a rectificar el rumbo, decía “denme un voto de confianza”. Perdió en las urnas por malas decisiones personales, pero aprendió de las experiencias este año y ganó. Lo que nunca asimiló ni se educó, es cómo empoderar a sus colaboradores para convertirlos en fieles intérpretes de sus ideas y propuestas. A poco más de dos semanas de haber arrasado en la elección, lo bisoño de la mayoría de sus colaboradores lo ha puesto en una contradicción que dilapida capital político, a cuatro meses y medio de asumir el poder.

López Obrador parece estar por primera vez desde que es un actor central en la vida pública de este país, abrumado y rebasado por la realidad de una victoria que no ha disfrutado, pues 48 horas después de haberla alcanzado comenzó el frenesí de su impostura presidencial, generando mayores expectativas y, al mismo tiempo, desdoblando su visión de país a través de le dé a entender a sus colaboradores. Sólo a algunos con experiencia les ha permitido no caer en frivolidades ni cometer torpezas, pero la mayoría exuda desconocimiento o ignorancia, muchas veces con la ingenuidad que sólo la da lo precario de la experiencia.

El momento más dramático ha sido el desmentido de El Vaticano al anuncio que el papa Francisco había aceptado participar desde la sede de la Iglesia católica en el centro de Roma, a través de Skype, de los foros que sobre seguridad anunció López Obrador que realizaría para formular su estrategia de seguridad pública. Loretta Ortiz, coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz del próximo presidente, anunció que el Papa había confirmado su participación. Cuando el vocero vaticano dijo que era falso, Ortiz explicó que el Papa le había confirmado a uno de sus colaboradores durante la audiencia pública de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Sólo un novato con preparación diplomática nula pudo haber creído que una charla extraoficial, como son las que se dan en ese espacio, pudo haber sido una confirmación. De protocolos no conocen; de política tampoco.

Pero lo mismo podría alegar de los anuncios diarios sobre las cosas que piensa hacer en el próximo gobierno. Si desa-parecen subsecretarías, ¿dónde queda la que llevaba las relaciones con las iglesias que estaba en Gobernación? Si borrarán la mitad de las subsecretarías de Educación, ¿desaparecerá la estratégica de Planeación, Evaluación y Coordinación, o cuál de las de Educación Básica, Media Superior o Superior? ¿Quién se encargará de hacer los mapas de riesgo para la seguridad nacional, o dará seguimiento a los potenciales terroristas o a los movimientos armados ahora que la nueva Secretaría de Seguridad Pública absorba al Cisen? Si se reduce a la mitad el salario de miles de burócratas, ¿por qué López Obrador, quien había dicho que no se afectaría a los trabajadores de base, dice ahora que a quien no le guste que acuda a los tribunales laborales ante ese eventual acto ilegal? Como en este caso hay una potencial violación al artículo 123 constitucional, para que el Estado Mayor Presidencial deje de hacer las funciones que realiza desde 1823, tendría que reformarse la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Las ligeras declaraciones del futuro Gabinete de López Obrador están añadiendo incertidumbre a la calidad de sus integrantes. Pero sobre todo, están acumulando desgaste mucho tiempo antes que empiece propiamente ese proceso con el arranque de su administración. La paradoja es que el político centralizador por excelencia, de cultura vertical en el manejo del poder, podrá controlar las líneas generales de su equipo, y pensar que por ósmosis puede transmitirles todo el desarrollo de cada una de ellas –en el supuesto de que sí lo trae en el pensamiento–, no está siendo eficiente. Se entiende, porque de lo que estará a cargo es de la Presidencia; no se comprende por qué, sabiéndolo, no haya preparado el andamiaje para enfrentar esta nueva realidad.

López Obrador tiene una secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, que está más ocupada en revisar el entramado jurídico para asuntos que competen más a la Secretaría de Salud, que en actuar como la jefa política del gobierno entrante, al que controle, alinee y le administre sus tiempos. El jefe de la Oficina del próximo presidente, Alfonso Romo, está involucrado en temas como la relación con el sector privado, pero sin cumplir las funciones que el cargo que le asignaron obliga, que es la de evitar que el futuro gabinete se convierta en lastre y no en activo de López Obrador. Su próximo coordinador de Comunicación Social, César Yáñez, es más un secretario particular que responsable de controlar el mensaje y preparar a los futuros funcionarios.

El próximo presidente está chupándose una de miel que debía haber empezado hasta el 1 de diciembre. No durará mucho, porque la velocidad y el volumen con los cuales comente errores su primer equipo, se vuelve imposible de ocultar. La semana pasada se refirió en este espacio la necesidad que tenía para ordenar su comunicación social y el mensaje. La situación se ha agravado. Ahora también necesita un colaborador que haga el trabajo de orden político que él, por razones naturales de las responsabilidades que hoy tiene, ha dejado acéfalo.
17 Julio 2018 04:07:00
El control absoluto de López Obrador
Andrés Manuel López Obrador no ha engañado nunca. Es consistente en su discurso y congruente en sus acciones. En las dos últimas semanas ha seguido ese camino y el país que está dibujando en construcción es preocupante. López Obrador ha ido dando a conocer el armado de su Cuarta Transformación, que se edificará sobre la centralización del control político, el económico y del estado de fuerza desde Palacio Nacional, que le permitirá gobernar verticalmente el país. Nada de horizontalidad ni contrapesos. De arriba hacia abajo, como dice que hará con la corrupción, decidirá el destino de 130 millones de personas.

El diseño de su próximo gobierno está listo. Desde la Presidencia se coordinarán 32 delegados federales que serán sus representantes políticos, que actuarán como los viejos jefes políticos del porfiriato. Bajo el pretexto de que se trata de una medida de austeridad, elimina los delegados federales que cada dependencia tenía en cada entidad, con lo que cambiará el Convenio de Coordinación Fiscal mediante el cual el Gobierno entrega recursos a los estados a través de partidas presupuestales, para hacerlo mediante los coordinadores –manejados por Gabriel García, que era secretario de Organización de Morena–, minando el Federalismo al ser ellos quienes por fuera de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, distribuyan los dineros y asignen los programas.

Otra pinza estratégica de control y poder de López Obrador es que en el siguiente sexenio, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda concentrará todas las compras gubernamentales, con el propósito declarado de ser una medida para eliminar la corrupción. De esta forma, ninguna secretaría de Estado volverá a tener autonomía de gasto para planificar, calendarizar y administrar sus compras, sino que tendrá que recurrir a Hacienda cada vez que necesite adquirir papel de baño, medicinas, uniformes o computadoras, por mencionar algunos de los insumos recurrentes. Entonces, si a través de los delegados federales centralizará el poder político en el país, mediante la Oficialía Mayor de Hacienda ejercerá un férreo control hacia el interior del Gobierno.

Para que la política y la economía se unifiquen mecánicamente en una misma línea, López Obrador necesita tener el control de la comunicación, que es un arma que le de el espacio que necesita para construir los consensos que requiere para gobernar, al mitigar las eventuales críticas en la opinión pública. Por eso, anunció que desaparecerán todas las oficinas de Comunicación Social del Gobierno federal, y que toda la información, así como el mensaje gubernamental, saldrá de un solo despacho en Palacio Nacional, bajo la responsabilidad de César Yáñez, que ha sido su sombra durante años. El control centralizado de información y mensaje será acompañado de sus conferencias mañaneras diarias, donde su equipo ha sugerido que harán gestiones ante la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que sean transmitidas en vivo, lo que le permitirá fijar la agenda sin intermediarios y, disfrazado de información, diseminar propaganda.

No podría haber un control total si no se dispone de los mecanismos de coerción que tiene un Estado, mediante el uso legítimo de la fuerza. Junto con ello, la centralización de los órganos de inteligencia civiles en la nueva secretaría de Seguridad Pública, así como la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y de la Dirección de Protección Civil de Gobernación, detallados en la columna publicada ayer, se suman para conformar el cuerpo total al estilo de gobernar que desea López Obrador.

Esta forma vertical y centralizada de gobernar ha pasado sin que nadie levante las cejas. Los riesgos no han sido debatidos ni problematizados, incluso para que el propio López Obrador pueda reflexionar sobre lo que va a construir. Pero de forma cirscunstancial, un ensayo bajo la firma del almirante retirado estadunidense James Stavridis, que fue comandante de la OTAN, publicado en la última edición del semanario estadunidense Time, arroja luz a esta nonata discusión pública.

“Una vez más, parece que la democracia tiene un competidor. Los hombres fuertes están surgiendo en parte porque los gobiernos electos están luchando para enfrentar los nuevos desafíos: la migración global, los avances tecnológicos, el terrorismo trasnacional y el malestar económico internacional. Más y más gente está dispuesta a tratar o tolerar otro enfoque”, escribió.

“Hoy, uno puede ser perdonado por creer que la era de la democracia ha terminado. Dos grandes naciones, Rusia y China, tienden hacia un régimen unipersonal. La lista de países inclinándose hacia las órbitas autocráticas está creciendo. En América Latina incluye a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que han mostrado los síntomas de una frágil democracia. En el otro lado del Atlántico, Turquía, Hungría y Polonia, aunque todavía reconocidas como democracias, tienen un poder centralizado que controla la prensa, manipula los tribunales y aplasta las protestas”.

Lo que pasa en el mundo es una llamada de atención, no sólo para todos los mexicanos –sólo una tercera parte del padrón electoral, no hay que olvidar, votó por López Obrador-, sino también para el incansable candidato vencedor. Mucho trabajó, luchó y sufrió López Obrador para llegar a la Presidencia que asumirá con un claro mandato que no debe confundirle la cabeza, sino forzarlo a cambiar a México, como tanto lo ha prometido, por un país mejor, no por algo que más adelante le recriminen, incluso sus seguidores y quienes votaron por él, por haberse desviado de la ruta prometida y convertirse en un autócrata. No lo merecemos nadie. Tampoco él, que tiene toda esa fuerza nacional para ser, como lo sueña, el mejor presidente en la Historia de México.
16 Julio 2018 04:07:00
La súper secretaría de López Obrador
Hace dos viernes Andrés Manuel López Obrador tuvo la primera gran reunión con lo que será su gabinete civil de seguridad, en donde reveló el diseño para la renaciente Secretaría de Seguridad Pública, cuyo nombre definitivo aún está por determinarse, pero cuyas funciones producirán escalofríos por el tipo de integración de todos los órganos de inteligencia –no militares– bajo un mismo mando, al que se sumarán los especializados en situaciones de emergencia. La arquitectura de la nueva secretaría incluirá áreas que hoy son responsabilidad de las secretarías de Gobernación y Hacienda, que deben comenzar a trabajar para facilitar su traslado a lo que será una súper secretaría que tendrá a su disposición todos los recursos coercitivos del Estado Mexicano.

En la reunión estaba la secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, de cuya futura dependencia saldrán el CISEN y Protección Civil. De la Secretaría de Hacienda, cuyo futuro titular, Carlos Manuel Urzúa, no estaba presente, se irá la Unidad de Inteligencia Financiera, que se creó en 2004 para coadyuvar en la prevención y el combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que hoy es un brazo eficiente para enfrentar y neutralizar la fuente de poder de los cárteles de la droga y organizaciones terroristas. Nadie replicó nada en esa reunión, donde escucharon los grandes trazos de la futura Secretaría de Seguridad Pública.

Pero el martes pasado, en la primera reunión que tuvo Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores en Gobernación, afloraron los desacuerdos con el futuro presidente. Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán y exsecretario de Seguridad Pública en la primera parte del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, expresó que no era conveniente que se trasladara el CISEN a la nueva secretaría, porque Gobernación perdería ojos y oídos que le permiten mantener la gobernabilidad. Sin embargo, la decisión de López Obrador está tomada, y quien ya está trabajando en los diagnósticos de la Policía Federal y del CISEN es Joel Ortega, experto en temas de seguridad, que fue presentado como asesor de Sánchez Cordero.

A la cita de los futuros funcionarios de Gobernación no fue invitado Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad Pública, pese a que toda la sesión trató únicamente el tema que le compete. Durazo reconoce en privado que no sabe nada de seguridad pública, pero que su trabajo será la administración de la nueva Secretaría y la ejecución de las instrucciones que le dé directamente López Obrador, quien diariamente al iniciar el día, como lo hizo cuando fue jefe de gobierno capitalino, tendrá una reunión con los miembros civiles y militares de su gabinete, para revisar la problemática. El futuro presidente será, a la vez, titular de facto de Seguridad Pública.

La concentración de funciones responde en una buena parte a la racionalización del combate al crimen organizado y a brindar seguridad, que López Obrador ha dicho públicamente que será la principal prioridad del nuevo gobierno. Asimismo, arropa la promesa de campaña sobre la desaparición del CISEN, el órgano de inteligencia civil que creó el presidente Carlos Salinas en 1989 sobre las ruinas de la desacreditada Dirección Federal de Seguridad, incorporando a toda una generación de profesionales a quienes se mandó a entrenar a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España e Israel. Su integración en la nueva Secretaría de Seguridad Pública le permitirá anunciar a López Obrador que el CISEN murió, pero sin perder los insumos de inteligencia que aportan.

El aparato de Inteligencia Civil del Estado Mexicano pasará a reforzar la Plataforma México, un complejo sistema de información e inteligencia criminal, que después de que fue desmantelada durante los primeros años del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se ha ido reconstruyendo. Los dos sistemas de inteligencia civil no son excluyentes, sino complementarios. El CISEN está enfocado a todos aquellos temas que involucran a la seguridad nacional, y puedan tener un impacto en la gobernabilidad, mientras que Plataforma México se concentra en la criminalidad. López Obrador no explicó la forma como trabajarían integrados, ni la razón por la que añadiría a esa área a Protección Civil, salvo que emane del énfasis para que una parte de la Policía Federal tenga un acercamiento más continuo y profundo con la ciudadanía y hacerla realmente de proximidad.

Trasladar la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a Seguridad Pública tiene sentido en un contexto de combate al crimen, donde se puede complementar con el resto de esas tareas en Seguridad Pública, pero puede entrar en una dinámica de descoordinación con otras áreas de procuración de justicia, como la PGR, que utiliza la información que le proveen para todo tipo de investigaciones, que si bien son delitos, no se encuentran en el ámbito del crimen organizado. Hay dudas, como se ventilaron durante la reunión de Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores, si existe un impedimento legal, por los acuerdos internacionales vigentes, para que esa unidad pueda salir de Hacienda, que tendrán que ser aclaradas en breve.

El tema de la gobernabilidad expuesto por Godoy, tampoco quedó resuelto en el diseño de López Obrador, que se tendrá que ir revisando y ajustando en los próximos meses para que le entreguen el sueño de cualquier gobernante: capacidad de fuerza, inteligencia y contrainteligencia policial, financiera y seguridad nacional, bajo un solo mando, el de López Obrador, cuya construcción de gobierno vertical, con una línea de mando única, la suya, es lo que empieza a figurar en el horizonte de su próxima Presidencia.
13 Julio 2018 04:07:00
Prometo, no cumplo
Hay un vacío tan grande dejado en las últimas semanas por el presidente Enrique Peña Nieto, que sus colaboradores le están jugando las contras. Esta nueva  historia de traiciones comienza en Nassau, capital de Bahamas, el 8 de diciembre de 2016, 11 meses después de que, en una visita a los Emiratos Árabes Unidos, atestiguó junto con el jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro emirato y gobernante de Dubái, la firma de acuerdos de colaboración para fortalecer las relaciones bilaterales y promoción para una mejor conectividad con México. 

La reunión en Nassau produjo un Memorando de Entendimiento entre los dos países, firmado por Rodrigo Planas Rego, director general adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la Autoridad de Aviación Civil General de los Emiratos. En el memorando se comprometían a que Emirates Airlines, considerada como una de las cuatro mejores aerolíneas del mundo, iniciaría un vuelo entre Dubái y México, con escala en Barcelona, otorgándosele todos los derechos de las Quintas Libertades, que permite tomar y desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de terceros estados. 

Acto seguido, la Autoridad de Aviación Civil General emiratí presentó el 4 de abril pasado la solicitud formal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener una frecuencia diaria a partir del 1 de noviembre de 2018, por lo cual Emirates realizó una inversión en preparación para el vuelo, y designó los aviones y las tripulaciones que emplearía. Según la aerolínea, proveería la conectividad de potencialmente 88 destinos en el Medio Oriente, Asia, África y Australia, que actualmente no cubre ninguna línea mexicana. Con ello se abriría la puerta al creciente turismo de India y a la exportación de productos agrícolas mexicanos que desean –salvo dátiles, todos los alimentos los tienen que importar–, así como a las actuales exportaciones de oro hacia esa región, que tienen que pasar por Europa, elevando sus costos de intermediación.

Dos semanas después de presentada la solicitud, la Dirección General de Transporte y Control Aeronáutico les informó que lo firmado no iba a poder ser, y que el compromiso adquirido no se iba a cumplir. La razón esgrimida fue que las condiciones de operación en esa ruta habían cambiado y que los derechos de tráfico aéreo acordados no se enmarcaban en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre los dos países el 10 de octubre de 2012. En pocas palabras, que la conectividad comprometida por el presidente Peña Nieto no se iba a dar. Desde entonces, las autoridades de ambos países han sostenido conversaciones en la Ciudad de México e intercambiado documentos. Inclusive, los emiratíes hablaron con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, quien de acuerdo con fuentes diplomáticas, quedó en el entendido que aceptarían la contrapropuesta que les hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Esta contrapropuesta fue hecha el 5 de junio pasado, donde le ofrecían tres frecuencias por semana, martes, jueves y sábado, en lugar de una diaria. También les dijeron que los horarios que deseaban, llegada a las 16:25 horas y salida a las 19 horas, no serían posibles por la congestión en el aeropuerto, y que tendrían como hora de llegada las 22 horas, y salida a las 23:55. Emirates, cuya política es frecuencia diaria o nada, propuso que aceptaría, pero con la petición de que le permitieran cambiar del equipo 777 que pensaba utilizar en el vuelo a México, al 380 –que ya opera a la Ciudad de México Air France–, para poder incrementar su capacidad de pasajeros y carga, y permitir que esas frecuencias soportaran la viabilidad de la nueva ruta. Las autoridades mexicanas respondieron que no era posible, sin saberse con certeza cuál fue la razón por la cual tampoco aceptaron un cambio de cabina.

Uno de los argumentos internacionales contra las Quintas Libertades es que afecta a las empresas nacionales. En caso de que Emirates volara a México, con la frecuencia diaria, tendría el 0.5% de los vuelos internacionales. Otro argumento que siempre se esgrime, es que son empresas subsidiadas, con lo cual la competencia no es justa para las demás compañías aéreas. El argumento de Emirates al rechazar esa imputación, son los estados financieros auditados por PricewaterhouseCoopers, que se ajustan a los estándares internacionales y que pueden consultarse en línea, y que desmantelan el argumento que la financia el Gobierno emiratí.

Empresa y autoridades emiratíes han buscado hablar con otros funcionarios del Gobierno mexicano, con éxito relativo. Hace unas semanas pidieron una cita con el presidente Peña Nieto, cuya oficina, de acuerdo con fuentes de Los Pinos, los refirió con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con quien no se han entrevistado. La postura de la Dirección General de Transporte y Control Aeronáutico es el equivalente, con salidas plausibles, a la negación del permiso de la ruta, al negarse a respetar el Memorando de Entendimiento firmado en Nassau y argumentar razones que nunca expuso antes. 

Hay un daño potencial al turismo y el comercio bilateral, que Peña Nieto se comprometió a fortalecer, pero también a la imagen de México, que queda como un país donde lo acordado se incumple, afectando la certidumbre jurídica. Al final, no serán los funcionarios, sino el Presidente, quien salga más afectado, por omisión o negligencia en el cierre de Administración, aunque quizás una raya más al maltrecho tigre, ya no le haga mucha mella.
12 Julio 2018 04:08:00
La comunicación de Andrés
En tiempos inéditos, lo mejor es regresar a lo básico para no meterse en problemas. Andrés Manuel López Obrador, comunicador excelente como un político en eterna campaña, vive ahora en un contexto diferente que tiene que asimilar rápidamente. Como próximo presidente de México, sus palabras y las de su equipo tienen un diferente valor, pesan distinto y provocan consecuencias múltiples. Por tanto, el lenguaje y el fraseo que utilizan tienen un significado diferente al que antes tenían. Ya no son arengas, sino compromisos públicos. Ya no son promesas electoreras, sino certidumbres. La ligereza de las palabras o los conceptos ya no tienen espacio para ser corregidas sin que afecte. Las ocurrencias tienen costos políticos, a veces inmediatos, a veces en plazos más largos. 

López Obrador ha inaugurado nuevas formas de comportamiento político para vencedor en la elección presidencial. Lo que se acostumbraba –que no significa si era bueno o malo–, era que una vez que se ganaba la elección, había una reunión de cortesía con el presidente en funciones y, después, se sumía en un bajo perfil. Lejos del ojo público, esperaba la constancia de mayoría mientras sostenía juntas de trabajo con su equipo para ir armando el programa de gobierno y revisar los perfiles del gabinete. Como presidente electo establecía comunicación con actores políticos y agentes económicos, y realizaba visitas estratégicas a líderes en el mundo. Todo esto se revolucionó.

Una semana y media después de su victoria, López Obrador parece presidente en funciones, y la arena pública ha sido completamente ocupada por él. La discusión pública ya no es sobre cuál será su gabinete, porque salvo las carteras de las Fuerzas Armadas y el procurador general, todas están cubiertas desde diciembre e, incluso, ya hubo un ajuste en un equipo que aún no pasa de ser de papel. De lo que se habla es de quiénes serán nominados para el gabinete ampliado, al tiempo que sus principales colaboradores hablan de lo que hará, de lo que no, de cómo se harán las cosas y de lo que deben esperar los mexicanos. Aquí es donde empieza el problema por la variedad de discursos, mensajes y frases aisladas que no sólo él, sino sus colaboradores, están transmitiendo a la opinión pública.

Para botón de muestra, Alfonso Romo, su futuro jefe de Oficina, dijo que la descentralización de secretarías de Estado no significaría el despido de ningún burócrata. La descentralización de las secretarías es una utopía, a menos que tengan el presupuesto suficiente y la voluntad de miles de burócratas que, junto con sus familias, decidan mudarse de la Ciudad de México, a lo que hay que añadir el costo de su traslado. Si no lo hacen por cualquier razón, tendrían que liquidarlos, con recursos que, como los anteriores, no están presupuestados. 

En el caso que una mayoría se trasladara con sus familiares, implicaría que al destino que lleguen se tendría que construir la infraestructura para albergar a miles de nuevos inmigrantes en ciudades que no tiene capacidad para recibir un flujo masivo de habitantes, ni instalaciones para el número de oficinas que se requieren, ni vivienda que satisfaga la demanda, ni los servicios municipales o escuelas para sus hijos y empleos para sus familiares que no laboren en la empresa. 

Este ejemplo sirve para explicar la complejidad de una promesa de campaña que tendría que comenzar a reducir la escala de la acción anunciada ante la imposibilidad de que pueda ser llevada a cabo en la forma cabal como la ofreció López Obrador durante un largo tiempo. No es lo único ni el único de los colaboradores que están apareciendo en la arena pública y repitiendo discursos de campaña que en la ruta actual se pueden convertir en trampas para el nuevo gobierno. Hay mensajes contradictorios sobre la política económica, la energética, la educativa, la de seguridad. Prácticamente en donde sale un colaborador del candidato triunfador, hay una incongruencia. ¿Cómo explicar todo esto antes de que la opinión pública se dé cuenta de lo que están diciendo y empiece a protestar por las contradicciones o inconsistencias?

No se podrán explicar, y cuando eso llegue tendrá que haber rectificaciones que aumentarán el desgaste de un gobierno que aún no es gobierno. Regresar a lo básico es recomendable. López Obrador tiene que alinear el mensaje y los discursos de él con el de todos sus colaboradores para que no haya incongruencias. Nunca ha tenido necesidad de desarrollar una política de comunicación social y, por tanto, una oficina de comunicación presidencial, porque él siempre la manejó en sus tiempos y de forma discrecional, cómo transmitía sus mensajes. Puede mantener esa práctica, como lo hace el presidente Donald Trump, e insistir en la comunicación directa y horizontal y sin intermediarios, para comunicarse con la gente. Pero ya no es candidato, será en breve presidente electo y en corto plazo jefe del Ejecutivo.

Requiere orden y disciplina, sobre todo con su equipo, de tal forma que alinee el mensaje y establezca líneas de comunicación para que su nuevo gobierno sea coherente. Una comunicación vertical y organizada, con un vocero que sea el encargado de informar a la opinión pública, le urge a López Obrador, porque la anarquía declarativa es mala compañía. Es cierto que él siempre ha sido su mejor vocero, pero su contexto y realidad cambiaron. Está en los prolegómenos de su administración, y la comunicación no le marcará cómo gobernar, pero definitivamente, le dará el espacio para hacerlo. Que no se le olvide.
11 Julio 2018 04:08:00
Qué tonto plan
Si alguien pensaba que ya habían terminado las ocurrencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que sólo revise la prensa para descubrir que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se encamina a rebasarlo por izquierda y derecha. La última pincelada de la improvisación la dio la doctora Loretta Ortiz, exdiputada de Morena y una muy reconocida especialista en Derecho Internacional, enfocada en los derechos humanos, particularmente de migrantes, al proponer en una entrevista que, como parte de la pacificación del país, el nuevo gobierno va a servir de mediador entre las bandas criminales para que hablen entre ellas y para que las persuadan de regresar al orden legal, que por las buenas claudiquen en su lucrativo negocio del narcomenudeo y el narcotráfico, y que dejen de pelearse entre ellas porque están causando zozobra en el país. La cuarta transformación de la república que propone López Obrador, también pasa por el arrepentimiento de los criminales y su redención. 

Para frenar la violencia en estados como Guerrero o la Ciudad de México, le dijo a Carlos Marín, director de Milenio, “hay conflictos, incluso entre grupos, (a quienes) se puede ofrecer la mediación comunitaria que, de hecho, ya se ofrece, por ejemplo en el caso de Tepito (donde) se actúa a través de esa mediación comunitaria”. ¿Y cómo se establecería esa comunicación? Ortiz respondió: “Hay un facilitador y el que viene a representar a un grupo y el otro representante de grupo, o los grupos integrados. Entonces, tiene que haber una voluntad obviamente de arreglar las cosas”.

O sea, un gobierno legalmente constituido, convoca a los líderes de los cárteles o las bandas criminales, que deberían de estar siendo perseguidas, para que se decrete una tregua a fin de que un facilitador del Gobierno federal los siente en una mesa de conciliación –como donde se dirimen los conflictos laborales entre patrones y trabajadores– y les haga ver que su reinserción a la vida legal es lo mejor que existe para que haya paz en México. “Si vamos a llegar a acuerdos de pacificación –agregó la doctora Ortiz–, se tienen que retirar del campo de la ilicitud; o sea, no van a ser acuerdos para llegar a un resultado de que se metan en actos ilícitos”. No se van a meter; ya están.

Más allá del galimatías de la doctora, hay que revisar la complejidad de la realidad frente a la ligereza de su solución. Lo primero es la convocatoria. ¿Cómo llamarlos a una reunión de esa naturaleza? No lo dice, pero ¿cómo se hace? En 1989, al entonces secretario de Gobernación, el policía político por excelencia, Fernando Gutiérrez Barrios, se le acercó a pedir consejo para combatir la delincuencia el primer procurador capitalino nombrado por el entonces presidente Carlos Salinas. Lo primero, le dijo, era llamar a sus jefes de policía y decirles que no quería ningún robo, ni el más mínimo, en el poniente de la Ciudad de México, porque es donde se encuentran las personas que tienen acceso a los medios de comunicación, y cualquier acto delictivo tiene enorme repercusión. Que delinquieran en el oriente, pero que no se cruzaran la línea, porque los aplastarían. ¿Y cómo se enterarían los delincuentes?, preguntó el bisoño funcionario. No se preocupe, respondió, sus comandantes le informarán a los delincuentes. El procurador entendió que eran lo mismo, y al mes renunció.

La doctora Ortiz, si no sabe cómo van a llamar a la mesa a los criminales, ahí está esa vieja recomendación que en muchas partes del país, se puede argumentar, sigue vigente. Pero entraría en un espacio de complicidad delincuencial, antes de enfrentar el segundo problema. ¿Cuáles son los incentivos para ellos? No perdamos el tiempo en busca de explicaciones. No existe ningún incentivo. Las bandas criminales no responden a llamados de paz salvo que, por acuerdo entre ellas, dejen de pelear y se repartan el mercado para evitar la confrontación con fuerzas federales. Pero voluntariamente, como cree la integrante del Consejo de Asesores de Seguridad de López Obrador, imposible.

Vamos, ni siquiera es racional. Esos grupos operan bajo el parámetro del negocio, ilícito, pero negocio. ¿De qué tamaño? Por ejemplo, según el Global Financial Integrity, una institución en Washington que estudia los flujos financieros ilícitos, el kilogramo de cocaína vale en la Ciudad de México 12 mil dólares, que puesto en la frontera con Estados Unidos, sube 30% su valor. Si se le reduce la pureza en 4%, como está sucediendo, las ganancias casi se triplican, conforme a estimaciones a partir de los datos de la Estrategia Nacional para el Control de las Drogasde Estados Unidos. Por más eficaz la dialéctica esgrimida, imposible pedir que exculpen sus culpas y dejen el narco a cambio de 88.36 pesos de salario al día.

El combate a los criminales no se hace con actos de fe y la buena voluntad de quienes matan por lucro, esencia del narcotráfico. A los criminales se les confronta con velocidad para que no puedan reagruparse y reclutar cuadros que suplan a los caídos, acompañados de tareas de inteligencia, políticas de prevención y opciones laborales que integralmente conformen una estrategia total.

Pero como lo planteó la doctora Ortiz, no por favor. Que no insulte la inteligencia de los mexicanos ni diga bobadas. Si de este tema no sabe, que no hable o que no la dejen de hablar. Mucho retrocedió el país en materia de seguridad durante el gobierno de Peña Nieto para que nos prometan un país peor de lo que está.
10 Julio 2018 04:06:00
Apuesta riesgosa
De todas las cosas que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador como presidente, hay una profundamente disruptiva y altamente riesgosa: la despenalización de la amapola. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación designada, dice que es una de las vías centrales para la pacificación del país, y un proceso de reinserción para cientos de personas metidas en la actividad ilícita de los opiáceos y la puerta para que los cárteles de la droga, al cambiar la dinámica del negocio del narcotráfico, opten por modificar su negocio, de la ilegalidad a la legalidad, en donde sean parte del mercado. Está por verse.

La despenalización de la amapola no sería un proceso unilateral. Sánchez Cordero señala que tendría que ser en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, mediante una convención internacional sobre narcóticos que comprende este tipo de iniciativas, y supervisada por la Oficina Internacional de Control de Narcóticos, un órgano autónomo con fuertes vínculos con la ONU, que administra y regula la producción legal de la amapola, hoy en día realizada por 18 países, tan disímbolos como Afganistán, Australia y el Reino Unido. 

La racional expuesta por Sánchez Cordero tiene su piso en que –afirma– hay 110 comunidades en Guerrero dedicadas plenamente a la producción ilegal de la amapola, que mediante un proceso químico produce una de las drogas más lucrativas. La goma de opio tenía un valor de 18 mil pesos por kilo en la sierra de Guerrero el año pasado, en un mercado global cuyo valor oscila entre los 55 mil y los 65 mil millones de dólares anuales. El incremento de la introducción de fentanilo procedente de China, para producir drogas sintéticas, le restó mercado a los opiáceos, cuyo valor a principio de este año había bajado a 8 mil pesos el kilo en la sierra de Guerrero, donde en contraste con uno de sus principales cultivos, el mango de manila, la caja de 28 kilos vale 14.29 pesos.

Las comunidades señaladas por Sánchez Cordero se encuentran en la región de Tierra Caliente, de donde sale el 49% de los opiáceos que se exportan cada año al mercado estadunidense. Esas comunidades se concentran en siete municipios, algunos de los más violentos en el país, y su puerta de salida es por Cocula, donde el Gobierno señala que fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa en 2015, como resultado de una confusión de bandas criminales que creían que pertenecían a un grupo rival en el trasiego de drogas.

Según Sánchez Cordero, la despenalización de la amapola establecería no sólo la libertad para que se cosechara, sino también para distribución y comercialización por parte del Estado mexicano, y sería una fuente de ingreso al colocarla en el mercado internacional, donde los laboratorios químico farmacéuticos la compran masivamente porque de ahí producen la morfina, que sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados en el mundo. La duda sobre el planteamiento del próximo gobierno, es si al entrar en el negocio y disputarle las ganancias a los cárteles de la droga, no entrarán a una confrontación abierta con los cárteles.

Sánchez Cordero no lo cree, y piensa que el cambio de reglas de juego podría ser utilizada por los cárteles como una posibilidad de reinserción en la legalidad. Es decir, dejarían de ser grupos ilegales para convertirse en empresas privadas productivas. Este tránsito se antoja en este momento, utópico. El negocio de los opiáceos es boyante por la demanda del mercado estadunidense, donde hay 2 millones de adictos. La despenalización de la amapola iría aparejada a la amnistía que están preparando para todos aquellos campesinos o niños arrastrados por las diferentes facetas del narcotráfico. La idea central de la propuesta es que al convertir en mercado legal lo que hoy es ilegal, quienes viven de la derrama de la amapola podrán dormir tranquilos al saber que realizan la misma actividad, pero con patrón diferente: el Gobierno.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los campesinos operen en los dos mercados, el legal y el ilegal, de manera simultánea, ante la alta rentabilidad que tendrían sus cultivos y la posibilidad de que gracias a la amnistía puedan seguir trabajando con los cárteles de las drogas. Las organizaciones criminales no van a convertirse en organizaciones privadas dentro de los marcos de la legalidad, porque no está en su esencia. Para estas bandas, los márgenes de utilidad es lo que determina el camino de su negocio. De hecho, llevar al narcotráfico de una política prohibicionista y punitiva a una política de salud, como quiere el nuevo gobierno, beneficia a los cárteles porque amplía la demanda, según han demostrado experiencias internacionales.

El objetivo de que con la despenalización se reducirá la violencia también tiene claroscuros. Turquía, el primer país que –por presión de Estados Unidos– atacó el mercado ilegal de los opiáceos y lo volvió legal, tenía instituciones que solventaron ese tipo de desarrollo de negocios. México no tiene fortaleza en sus instituciones y se asemeja más a la realidad afgana, donde los jefes tribales, muchos de ellos metidos en el negocio del narcotráfico, están por encima de las instituciones. Afganistán, ciertamente, es una experiencia fallida de la despenalización de los opiáceos.

La idea del próximo gobierno lopezobradorista no es inédita. Hace 2 años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realizó consultas con expertos internacionales coqueteando con la idea de despenalizar los opiáceos como una vía para reducir la violencia. Finalmente, lo desecharon. Esa experiencia será compartida con López Obrador y Sánchez Cordero durante la transición, por lo que esta propuesta, radical y disruptiva se podría decir que no es definitiva.
09 Julio 2018 04:07:00
Qué tristeza, señor Presidente
Tras la victoria contundente de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, se sucedieron varias expresiones indignas, cargadas quizás de temor, oportunismo, o simplemente de subordinación absoluta ante quien será el próximo presidente de México. Allá quien, desde su espacio, haya decidido hincarse. Sus razones tendrán y ya se verá cómo López Obrador procesa acción tan denigrante. Pero hay otro, así, en singular, que debía haber cuidado las formas y el carácter republicano por lo que su persona representa: el presidente Enrique Peña Nieto.

Haberse reunido con el virtual presidente electo fue un gesto de civilidad y madurez republicana. En ese sentido, uno como otro, nos mostraron lo que puede ser una vida de alternancia democrática normal. Sólo hubo un detalle que pasó desapercibido para muchos pero que es parte de lo que sucedió en Los Pinos el lunes siguiente a la elección. Fue la forma como López Obrador dio sus primeras instrucciones, sin investidura, al Presidente de la República, al anunciar que el martes siguiente se reuniría con Peña Nieto, en Palacio Nacional, a las 11 de la mañana.

Es cierto que desde la campaña, López Obrador dijo que de ganar las elecciones, iba a pedirle al presidente Peña Nieto reunirse el martes, porque el lunes estaría todavía en la secuela de la jornada electoral. Es decir, no hubo nada imprevisto ni sorpresivo en sus intenciones. Por tanto, era algo que debían de haber esperado. Pero el alegato de que fueron las primeras instrucciones al presidente se fincan en el anuncio en Los Pinos de que la agenda de actividades de Peña Nieto se había modificado para poder reunirse con López Obrador.

La forma como públicamente se procesó en Los Pinos proyectó un mensaje de acatamiento. López Obrador hizo el anuncio del encuentro el domingo de la victoria en el Zócalo, y al día siguiente la oficina de comunicación social del Presidente simplemente debió haber confirmado la cita. Pero se excedieron. Aceptaron que el encuentro fuera en Palacio Nacional, por petición del candidato ganador y que para que se cumplieran sus deseos el Presidente se puso a su disposición. Lo republicano del encuentro quedó precedido por la subordinación.

No es mera anécdota ni algo intrascendente las formas del presidente Peña Nieto. Tampoco es sólo un error en la comunicación social presidencial. Ese tipo de encuentro tenía y debía haberse dado en Palacio Nacional porque es la sede del Ejecutivo federal, no como una concesión a López Obrador, quien ha dicho que no vivirá en Los Pinos, que es la casa del Presidente. Un presidente no cancela su agenda porque le digan que lo quieren ver determinado día y a una hora en específico. Peña Nieto seguirá siendo Presidente hasta el último minuto del próximo 30 de noviembre cuando entregará el mando. Sin embargo, para efectos prácticos, se lo entregó el martes y quedará como su administrador los días que le resten a su sexenio.

La forma sí es fondo. Lo que no se vio fue cómo se preparó el presidente Peña Nieto para su reunión. Nervioso, cuentan personas que platicaron con él en la víspera de la reunión con López Obrador, preguntaba con ansiedad qué podía hablar con él, qué podría interesarle, cómo podría captar su atención. No planteaba un encuentro de cortesía republicana para establecer el primer contacto de lo que sería la transición, que sí se dio durante la reunión de casi dos horas. Peña Nieto estaba preocupado de cómo podría establecer una empatía rápida con su sucesor. Incluso, llegó a preguntar, afirmando, que sabía que le gustaba el beisbol, como si quisiera emplear el recurso deportivo para construir otro tipo de comunicación.

Lo que trascendió de la reunión es lo que dijo López Obrador al salir de ella, que “fue un encuentro cordial, amistoso, importante”, donde le agradeció haber actuado de manera respetuosa durante el proceso electoral, y trataron diversos temas que tenían que ver con la transición. Lo que dijo Peña Nieto a diferentes personas con quienes habló de esa entrevista no fue sobre los temas de fondo expuestos por López Obrador, sino sobre lo amable que fue el candidato vencedor con él. Peña Nieto subrayó a diversas personas la forma como lo había tratado López Obrador, con respeto y reconocimiento, lo que dejó como sabor de boca en los interlocutores del Presidente la sensación de vacuidad y desconocimiento real, a punto de terminar su mandato, de lo que realmente un presidente de la República es y debe ser.

Peña Nieto estaba más preocupado de cómo lo veía López Obrador y la percepción que tuviera de él, que de los asuntos de Estado que tienen que tratar entre los dos. Implícitamente expresó temores. Habrá quienes desde sus trincheras cuiden sus intereses y se pongan de hinojos ante López Obrador, para evitar que la furia del tsunami electoral se convierta en represalias del próximo presidente. Cada quien cuida sus parcelas para lo que viene. No es el caso del Presidente.

Peña Nieto fue más allá, distorsionando su rol como jefe de Estado. Tendría que ser quien facilite el proceso, quien elimine los obstáculos, quien haga de ella un proceso terso y, valga la redundancia, republicano. No cabe en su papel el de un timorato, amedrentado y acomplejado, como lo exudó ante López Obrador. Hará lo primero, por los acotamientos institucionales y porque sus miedos lo llevarán a ello. Lo segundo queda para la biografía del Presidente que no entendió cabalmente el papel que le tocó jugar.
06 Julio 2018 04:07:00
La campaña de Nuño (y II)
El arranque de la campaña de José Antonio Meade era anunciado con trompetas heráldicas como la vuelta a la tuerca en su lucha por la Presidencia. Cambio de estrategia y ajustes en el equipo. Era un mensaje que, en el fondo, una parte del equipo no creía. Estaban tan seguros de que iban a ganar la elección que se repartían puestos en las secretarías de Estado y perdían tiempo en intrigas internas como si fueran en primero y no en tercer lugar. El candidato no frenaba esa voracidad, y sus intentos por sustituir a Enrique Ochoa como líder del PRI eran rechazados por Aurelio Nuño. Sus observaciones para hacer más claro el deslinde del presidente Enrique Peña Nieto, sin rompimiento, también eran impedidas por Nuño. “Eso no va a suceder nunca”, decía.

La estrategia le pertenecía a Nuño. Así lo decidió el presidente Peña Nieto, que jugó con las emociones de los aspirantes hasta la víspera de que trascendiera el destape. Un mes antes, el secretario de Salud, José Narro, pensaba que él sería ungido por la forma como lo trataba Peña Nieto y las cosas que le decía. Quince días antes de la unción, Nuño, según excolaboradores, era quien estaba seguro de que sería él, por el arropamiento del Presidente, que lo veía como el hijo maduro que no tenía y que como moneda de cambio recibía incondicionalidad.

Meade era el escogido, pero jugó con él. Cuando lo convocó a Los Pinos el 25 de noviembre, el aún secretario de Hacienda no sabía a qué iba. Llegó al acuerdo con la incertidumbre de si lo iba a nombrar gobernador del Banco de México o candidato. Personas que vieron a Meade esos días recuerdan que sufrió mucho, como si Peña Nieto hubiera querido asegurar su eterno agradecimiento. Al salir horas después de Los Pinos, llevaba la candidatura en la bolsa, pero también los compromisos. Nuño y su amigo Ochoa, líder del PRI desde julio de 2016, iban en paquete.

El diseño de la campaña vació de priismo lo que rodeaba a Meade, y el arranque fue sin su cobertura. Peña Nieto le quitó al candidato voz y voto en la selección de candidatos, y lo despojó de fuerza para decidir el futuro de los priistas, con lo que no compró lealtades. Ochoa desatendió el trabajo de tierra y con Peña Nieto y Nuño, repartieron las candidaturas entre amigos, familiares y protegidos, para garantizarles vida transexenal. Los priistas que se sintieron excluidos comenzaron a torpedear a sus dirigentes. 

La campaña aceleró su picada y Meade exigía el relevo de Ochoa hasta que, convertido en lastre, desprestigiado en la opinión pública y repudiado hacia el interior del partido, fue sustituido. El cambio por René Juárez llegó muy tarde. Nuño se quejaba de que Meade frenaba algunas de sus decisiones y dudaba en otras, lo que afectaban el ritmo de la campaña. Pero otras acciones para mejorar la campaña nunca fueron consideradas. Estaba obsesionado con López Obrador y optó por una campaña de miedo. Había funcionado bien en 2006, y a jalones en 2012. Pero en 2018, el miedo ya no era López Obrador, según las encuestas, sino a que el PRI repitiera en la Presidencia. 

El equipo de mensaje y opinión pública encabezado por Rodrigo Gallart nunca pudo separar al Meade ciudadano de Peña Nieto, ni leyó adecuadamente los resultados que arrojaban las encuestas, donde el repudio era contra el Presidente, no contra López Obrador. En el cuarto de guerra no veían la realidad de las calles. Tampoco lo que sucedía en el PRI. Desde el principio, el cálculo de Nuño y Ochoa era que el “voto duro” priista les daría al menos 25% del sufragio.

Nuño no reconoció que ese voto abandonó al PRI en 2015 y 2016, cuando los priistas votaron en masa contra sus candidatos en protesta por reformas que los excluyeron. Puso oídos sordos a lo que sufrieron para ganar en el Estado de México, y cuando se le mencionaba que el PRI había perdido ante Morena por 56 mil votos y que la coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza salvó de la derrota a Alfredo del Mazo, respondía: “¡Qué importa eso, ganamos!”. Pero la historia se repitió.

Nada de lo que hacían mejoraba; la tendencia de voto no subía. Meade incorporó a Vanessa Rubio como jefa de su oficina, y reclutó de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a Jaime González Aguadé para que tejiera relaciones con los empresarios. Con Rubio ganó orden su oficina, pero trabajo no suple experiencia y, según miembros del cuarto de guerra, su novatez afectó la implementación de estrategias. González Aguadé tampoco hizo su trabajo, ni los convenció de que era Meade, no Ricardo Anaya, a quien debían apoyar.

Nuño se mantuvo en su línea: atacar a Anaya de corrupto, y pintar apocalíptica una victoria de López Obrador. Con esto, continuó hundiendo a Meade. Los mensajes de Gallart eran pompas de jabón. La estrategia digital diseñada por Alejandra Lagunes, protegida de Peña Nieto desde Los Pinos, naufragó frente al ejército lopezobradorista. “Nos dan pena”, decía un estratega del candidato ganador. “Nunca entendieron de qué se trataba esta elección”. Era el cambio, no continuidad, el clamor del electorado. 

El equipo del Presidente parecía una quinta columna. No eran traidores. Eran inexpertos que pensaban que estaban haciendo las cosas correctamente. Nuño no escuchaba opiniones. Trabajó endogámicamente mientras la campaña se pudría. Peña Nieto apoyaba.

En privado, López Obrador decía con sarcasmo que parecía que Nuño trabajara para él. La humillación en las urnas, visto bajo esta óptica, estaba cantada.
05 Julio 2018 04:07:00
Breve historia de una derrota
Hacia las 6 de la tarde del domingo, en su oficina en el PRI, José Antonio Meade se reunió con su “kitchen cabinet”. Después de revisar las encuestas de salida, les dijo que pasadas las 8 de la noche, cuando el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, diera su informe sobre la jornada electoral, reconocería su derrota y felicitaría a Andrés Manuel López Obrador. Aplicaría uno de los escenarios que elaboró en sus oficinas privadas en San Ángel 5 días antes. Aurelio Nuño, coordinador de la campaña, guardó silencio; ni apoyó la iniciativa, ni la objetó. Julio di Bella, asesor de imagen, sugirió esperar los resultados oficiales. No sería un acto responsable, atajó Meade. Reconocer al ganador legitimaría el proceso y despresurizaría el entorno, agregó. Después de ello, ya no hubo objeciones, y menos de 2 horas después así lo hizo.

Imponer su voluntad a partir de argumentos no fue algo que pudiera hacer durante la campaña. Desde un principio fue rehén del presidente Enrique Peña Nieto, quien revisaba dos veces por semana la estrategia con Nuño, a quien impuso como coordinador de la campaña y, hasta que reventó, con Enrique Ochoa, quien era presidente del PRI. Entre los tres tomaron decisiones que ignoraron por completo lo que el electorado estaba gritando en las encuestas: el cambio, y su proclividad a votar por quien mejores posibilidades tuviera de derrotar al candidato del Gobierno. Al final de la campaña, Nuño admitió que nunca calcularon el tamaño de la molestia contra el Presidente.

El malestar del electorado fue expresado varias veces en el cuarto de guerra por diversos militantes, pero los ignoraron. Nuño tenía en la cabeza una estrategia que no admitía, en los hechos, caminos alternativos. Personas que participaron en el cuarto de guerra mencionan como el principal factor de la debacle a Nuño, por haberse empecinado en una campaña a partir de su fobia contra Andrés Manuel López Obrador, y por haber llevado como elemento central del discurso la defensa de la reforma educativa. “Nuño no hizo una campaña para Meade, sino para él mismo”, describió uno de los miembros del equipo.

La estrategia se desarrolló a partir de dos premisas: el adversario era López Obrador, pero para poder competirle tenían que quitar de enmedio a Ricardo Anaya. El planteamiento era correcto, porque Anaya y Meade disputaban el mismo electorado, en términos demográficos, socioeconómicos, de género e ideológico. Sin embargo, la implementación fue un desastre. Nuño y Ochoa plantearon el combate a Anaya a partir del ataque frontal con la acusación de corrupción, sin alcanzar a comprender que durante 5 años, la corrupción se asoció con el Gobierno peñista, no con su rival. Ignorar el hecho de que su principal arma era un búmeran los llevó también a no ver los segmentos del electorado que, al aliarse Anaya con el PRD, dejaron libres, como los sectores conservadores de la sociedad. Mikel Arriola, candidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, ganó 7% cuando se refirió a temas con los que se identificaban.

Nuño y Ochoa estaban obsesionados con alcanzar a López Obrador, mediante la construcción del voto útil para Meade. Trabajaron con encuestas hechas a modo que difundieron en medios que las publicaron mediante esquemas de publicidad, y que fueron utilizadas por la campaña para demostrar que, en efecto, su candidato iba en segundo lugar. Nunca se logró modificar esa percepción porque las casas encuestadoras con prestigio, a las que atacaron continuamente, casi nunca tuvieron a Meade en el segundo lugar.

El mensaje contra Anaya no se cambió. No lo vieron, ni los estudios para encontrar cuál debía ser el mensaje funcionaron. Para ello, Nuño utilizó una estructura paralela que cobraba en Los Pinos. El más importante de ellos era Rodrigo Gallart, conocido de Nuño de la Universidad Iberoamericana, que fue su asistente en la campaña presidencial de 2012. Sin conocimientos técnicos estadísticos o matemáticos, Nuño lo responsabilizó de las estrategias de comunicación y manejo de encuestas, que empezó a hacer para la campaña con autorización de Peña Nieto.

Gallart reportó que los grupos de enfoque concluían que lo que más quería el electorado en un candidato era la honradez, y la corrupción no era relevante. El atributo de honradez planteado reiteradamente por Meade nunca penetró en el electorado, y en los careos frente a otros candidatos, siempre quedaba como el más deshonesto. Nuño encargó los grupos de enfoque a Gabriela de la Riva, especializada en análisis cualitativo. De la Riva cobraba en la campaña de Meade, y también hacía las encuestas para el Consejo Mexicano de Negocios, donde sus resultados arrojaron casi siempre ventaja de Anaya sobre Meade. Es decir, producía estudios para los empresarios que contradecían los resultados de los grupos de enfoque que organizaba para Gallart. 

De la Riva y Gallart aportaban los insumos que quería oír Nuño para que Ochoa, su artillero de cabecera, atacara a Anaya. Todas las imputaciones de corrupción frenaron el ascenso de Anaya, pero no lo descarrilaron. La corrupción mayor no se le acreditaba a él entre el electorado, sino al Gobierno peñista, cuyo lastre no vieron hasta que los comenzó a arrollar. En el tercio final de la campaña decidieron dejar a Anaya y voltearse contra López Obrador. Muy tarde. Nuño ya había despilfarrado todas sus armas. Ochoa salió a destiempo del PRI y se corrigió la campaña de tierra. Mejoró el discurso, sin atacar el cáncer, Peña Nieto, su Gobierno y la corrupción. La magnitud del voto de López Obrador enfatizó el enorme fracaso en la estrategia de la campaña presidencial diseñada por Peña y Nuño.
04 Julio 2018 04:07:00
Bienvenido a las Grandes ligas Andrés
Como nunca antes en la historia, las elecciones presidenciales de México despertaron un inusitado interés en los medios internacionales, pero de manera muy particular en los estadunidenses. Las razonas son claras, aunque superficiales. Andrés Manuel López Obrador es un político de izquierda cuya victoria, publicó The Washington Post, “es parte de la historia global de la emergencia de líderes populistas”. Claro, con una diferencia estratégica: México es la segunda economía más fuerte de América Latina, está entre las principales 20 economías del mundo, comparte 3 mil 200 kilómetros de frontera común con Estados Unidos, y presenta un fenómeno de migración que ubica el presidente Donald Trump dentro de la seguridad nacional de su país. Lo que sucedió este domingo aquí, forma parte del mapa geoestratégico norteamericano.

La prensa estadunidense, que suele reflejar las preocupaciones de las elites económicas, del Gobierno y el Capitolio, publicó editoriales este martes donde hay coincidencias en las altas expectativas que ha causado López Obrador entre los mexicanos, y si será capaz de cumplir sus promesas de campaña que provocó la votación masiva más alta en la historia de la era de la alternancia, que comenzó en 2000. La preocupación es qué hará si no puede lograrlo.

En un editorial, el Postresalta el temor: “Como muchos de los líderes populistas, incluido el presidente Trump, López Obrador promete transformar el establecimiento político actual, dice que él solo es capaz de cumplir todas sus promesas, y ataca a los medios, a los tribunales, a los grupos de la sociedad civil y a todos aquellos que puedan contrarrestar su poder personal. Como otros populistas, el próximo líder mexicano ha sido vago y ocasionalmente contradictorio sobre las políticas específicas que piensa llevar a cabo, aunque insiste que llevará a cabo una ‘transformación’ comparable a la Independencia de México. En eso, es seguro que fracase. La pregunta es qué tanto daño puede hacer al sistema democrático que lo ayudó a ganar”.

A su vez, The New York Times, expresó sus reservas sobre López Obrador en su editorial donde apunta que entraña un misterio en sí mismo al ser un político que desafía los estereotipos. “Puede ser un ideólogo izquierdista y un pragmático, un populista y un conservador fiscal”, añade. “Comparte la aversión izquierdista al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero ha ofrecido continuar con las actuales negociaciones”. El principal riesgo para Estados Unidos “no es si mueve a su país radicalmente a la izquierda, sino si fracasará en estar a la altura de las altas expectativas que ha creado con su promesa populista de una transformación profunda”.

Los dos periódicos más influyentes en la vida pública de Estados Unidos, y la forma como están analizando a López Obrador, revela la alta preocupación de las elites a partir de los precedentes con líderes de perfiles similares a él. La prensa estadonidense tiene en la mente, como el Postlo ha desarrollado de manera amplia, a Nicolás Maduro, quien aprovechó los instrumentos de la democracia para coartar las libertades en Venezuela e ir construyendo un régimen autoritario. Otro ejemplo en su imaginario –al cual han dado mucha difusión– es Hungría, donde Hungría en febrero, Viktor Orbán, un populista de extrema derecha, logró su cuarta reelección presidencial con una mayoría parlamentaria absoluta, gracias a la cual está convirtiendo una democracia en una autocracia.

El Postsubraya en su editorial que López Obrador ha hecho muchas promesas que hacen dudar qué harán él y sus seguidores si en algún momento se dan cuenta que no pueden cumplirlas. Ante ello, pide que otros gobiernos, sobre todo en América Latina, estén alertas para ver si López Obrador erosiona las instituciones democráticas y la libertad de prensa, para evitarlo. No está gustando en el mundo la falta de contrapesos que se anticipan en México, con los resultados preliminares que apuntan a que el futuro presidente tendrá, por primera vez desde que hay elecciones democráticas en este país hace dos décadas, la mayoría en el Congreso y el Senado.

La real politikno es algo que conozca López Obrador, avezado en una política tropical mexicana cuyo cinismo la hace poco refractaria a lo que sucede en su entorno. Sin embargo, es algo que tendrá que aprender rápidamente. Se lo anuncia The Wall Street Journal en su propio editorial este martes, donde señala que no tardó en darse cuenta de que va a tener que lidiar con otro tipo de elección cuando sea presidente, y esto tiene que ver con las decisiones que mueven a los mercados.

Desde la noche del domingo hasta la tarde del lunes, recuerda el Journal, el peso perdió uno por ciento frente al dólar, al evaluar los inversionistas lo que podría significar la mayoría en el Congreso y el Senado. Sólo la conversación que sostuvo con el presidente Donald Trump ayudó a tranquilizar a los mercados, pero el mensaje quedó claro. “El nuevo presidente –indica el diario–, tendrá que preocuparse de lo que piensan los mercados si quiere mejorar las condiciones de vida de los mexicanos”. Es decir, tendrá que aprender a medir el peso de sus palabras y las consecuencias de sus actos. O sea, bienvenido a las grandes ligas.

Nota: Desde el viernes circula a través de WhatsApp un texto que me atribuyen a mí que supuestamente fue censurado por Reforma. El texto, que desconozco si es real, no es de mi autoría, y por lo mismo, no pudo haber sido censurado. En El Financiero, quiero subrayarlo, la libertad ha sido plena e irrestricta.
03 Julio 2018 04:06:00
La traición de Peña
Temprano en su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a los líderes priistas a Los Pinos y les dijo que él no tendría una sana distancia del PRI, como lo había dicho años antes el presidente Ernesto Zedillo, sino un sano acercamiento. El salón Adolfo López Mateos, donde se realizó el evento, estalló en aplausos. Las comparaciones lo ensalzaban. Zedillo entregó la banda presidencial a Vicente Fox, quien derrotó al candidato oficial Francisco Labastida, en lo que muchos de los priistas consideraron que fue una entrega pactada del poder. Con Peña Nieto, los priistas pensaban que iba a ser diferente, al regresar a Los Pinos después de 12 años de ausencia, pero los resultados electorales del domingo los metieron en la pesadilla sobre si el PRI podrá sobrevivir la humillación de las urnas.

Los resultados son un desastre para el partido que alguna vez lo fue todo. José Antonio Meade alcanzó el 16% del voto, según los datos preliminares, 6% menos que los que tuvo Roberto Madrazo en 2006, cuando los gobernadores del PRI, molestos por la forma como se hizo de la candidatura presidencial, le quitaron el apoyo. Fue el peor momento en la historia del PRI, pero este domingo cayó todavía más. Si a Zedillo lo denostaron, a Peña Nieto, convertido en posible sepulturero del PRI, lo van a crucificar. Ya está cantado lo que viene. Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca y que aspira la presidencia del partido, anticipó la semana pasada que este lunes comenzarían a pedirle cuentas a Peña Nieto. No será el único.

El colapso de la imagen del Presidente no se frena por nada. La Presidencia fue, en muchos sentidos, el Principio de Peter de Peña Nieto, y en este espacio se han narrado diversos episodios que lo demuestran. Pero este domingo conservar el poder era lo único que le garantizaba que sus reformas se mantuvieran y consolidaran. La derrota de Meade es un revés más grande para él que para el candidato, que hizo mucho más de lo que podía con una campaña acotada y siempre bajo la sombra de un Presidente que se entrometió lo suficiente para estorbar e involuntariamente sabotear, pero nunca para ayudar. Eso fue desde el principio.

Peña Nieto lo hizo candidato de forma cupular, sin hacer el trabajo de consenso dentro del partido para que al incrustarles a un abanderado que no estaba afiliado al PRI, fuera acogido sin anticuerpos que lo combatieran. No le permitió a Meade nombrar a su equipo de campaña, sino que él colocó a las personas clave. Le impuso a Aurelio Nuño como coordinador, al exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila como co-coordinador, y a Ochoa como presidente del PRI. Le colocó a cargo de las redes digitales a su protegida en Los Pinos, Alejandra Lagunes –más enfocada a la mercadotecnia que a la política–, y en el análisis de encuestas a Rodrigo Gallart, que solía leer equivocadamente los datos. Por ejemplo, que el gasolinazo levantaría malestar sólo por unos días, que detonó el malestar que definió la campaña presidencial, o que el atributo que buscaba el electorado en un candidato era la honestidad.

En la cúpula de Los Pinos, Peña Nieto, Ochoa y Nuño, sobre todo, decidieron quiénes iban en las listas para diputaciones y senadurías, repartiéndoselas entre sus cercanos y protegiendo a quienes más cerca estaban de sus afectos. Si el PRI se sentía agraviado por el presidente, este fue el tiro de gracia. El resultado fue la debacle. A nivel legislativo, dentro de la coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza, alcanzó 13 diputaciones de mayoría hasta ahora, pero como partido, no conquistó ninguna. Tampoco logró ninguna senaduría de mayoría, y sólo una será para la coalición, que los llevará a tener una bancada menguada, inferior que partidos que siempre miraron hacia abajo, como el Partido del Trabajo, o de reciente aparición, como Encuentro Social. Peña Nieto tuvo la posibilidad de hacer un cambio de candidatos, pero dejó pasar el tiempo legal empeñado en que lo seleccionado era lo mejor. En cambio, la caída se extendió. Perdió en todas las contiendas para gobernador, incluida la que decían tener segura, Yucatán. Ahí gobernaba el PRI, como en Jalisco que también perdió. No fue competitivo en las siete gubernaturas restantes en juego.

En los congresos locales, prácticamente desapareció en Aguascalientes y Chihuahua, perdió casi toda su fuerza en Baja California Sur y en Chiapas, donde la imposición de un candidato priista a gobernador fracturó la alianza estatal con el Partido Verde, se desplomó. Incluso en Campeche, que gobierna uno de los priistas más aguerridos, Alejandro Moreno, su control fue horadado por Morena. Los cómputos apenas empiezan y se ven ominosos para el PRI. Para quien presumía de ser un experto en materia electoral, como Peña Nieto, los resultados deberían ser vergonzosos. Sus decisiones probaron ser tan equivocadas que colocó al partido en el camino de la extinción.

El riesgo de que en el hundimiento de la nave que creyeron poderosa haya una diáspora hacia Morena, fue tratado de atajar por el líder del PRI, René Juárez, en el discurso de concesión de la derrota el domingo pasado, cuando apeló a los militantes a la cohesión, en estos momentos de amargura, y no de dispersión. El presidente Peña Nieto, como jefe político del PRI, ha guardado silencio hasta ahora. Nadie todavía le está pidiendo públicamente cuentas por lo hecho, pero no tardarán. Será una de las facturas que tendrá que pagar en el semestre que le queda de poder.
29 Junio 2018 04:07:00
2018: guía para el 1 de julio*
En cada elección, el principal protagonista, el ciudadano, es el menos informado. Candidatos y equipos de campaña, grupos de interés, autoridades electorales y medios de comunicación saben cómo se van dando las cosas a lo largo del día gracias a las encuestas de salida, con lo cual realizan ajustes estratégicos y toman decisiones que pueden alterar los resultados al final del día. El ciudadano no. Por ley, no se pueden dar a conocer las encuestas de salida antes de las 20 horas –cuando cierran las casillas en el noroccidente del país–, aunque Massive Caller, que realiza entrevistas telefónicas seriamente cuestionadas por metodología, anticipó que sin importarle las restricciones, informará en Twitter cómo va el proceso electoral. Si Massive Caller fuera creíble, el desafío al Instituto Nacional Electoral valdría la pena para romper con esta disposición discriminatoria. Pero al no serla, se convierte en una provocación donde se asoma la sospecha de desinformación y manipulación.

No está claro cuántas encuestas de salida realizadas por los medios serán publicadas. Tampoco habrá muchas por costo, aproximadamente un millón y medio de pesos. Entonces, probablemente millones de mexicanos que acudirán a las urnas no sabrán nada hasta las 11 de la noche, cuando el INE dé a conocer su conteo rápido, que dará una idea clara de quién ganó o qué tan reñida estuvo la jornada. En todo caso, para ver la elección con otros ojos, esta es una guía básica mediante la cual puede seguir la jornada electoral:

1.- El tiempo. Lo primero que hay que tomar en cuenta son las condiciones meteorológicas. Este domingo no se esperan lluvias en buena parte del país, por lo cual los panistas, cuya participación electoral baja con las precipitaciones, no resultarán afectados. El granero de votos panistas, Guanajuato, tendrá un 80% de probabilidades de lluvia, pero no se esperan complicaciones en el voto por la diferencia que hay entre sus candidatos y sus adversarios. Puebla y Veracruz, dos estados que gobierna el PAN y están amenazados por los candidatos de Morena, tendrán un día soleado con algunas nubes. En la Ciudad de México, el bastión de Andrés Manuel López Obrador y Morena, el pronóstico es de lluvia, que afectará también a los municipios conurbados. Pero en esta zona, todos los partidos cuentan con sus mejores maquinarias electorales, por lo que no habrá más débiles o poderosos que otros.

2.- Las horas. Los partidos movilizan a sus militantes por la mañana. Ese voto duro es fundamental para que los candidatos alcancen cuando menos su piso electoral. El PRI anda en picada desde 2015, pero si su maquinaria electoral logra que los priistas voten por sus candidatos y no por los adversarios como sucedió en 2015 y 2016 en elecciones locales, en plena rebelión contra el presidente Enrique Peña Nieto porque sus reformas no brindaron nuevas oportunidades de empleo, podrán tener los votos indispensables para arrancar con un piso aceptable esa jornada. El PAN también tiene un elector acostumbrado a ir temprano a las urnas, que abren de 8 a 18 horas. Este domingo hay dos juegos de Octavos de Final de la Copa del Mundo, a las 9:00 y a las 13:00 horas, que no deben alterar significativamente el patrón de esos grupos de electores. Las zonas rurales, que no son panistas, se suelen movilizar entre las 15:00 y 17:00 horas.

3.- Los campos de batalla. La elección se define en ocho entidades donde está poco más del 53.34% de electores: México (13.08%), Distrito Federal (9.98%), Veracruz (6.71%), Jalisco (6.62%), Guanajuato (4.85%), Puebla (4.93%), Nuevo León (4.18%) y Michoacán (3.95%). Para ver cómo se desenvuelven los candidatos ese día, hay que cruzar los datos de qué partido gobierna, qué índice de aprobación tiene el gobernador, y cómo están las preferencias electorales para Presidente a nivel estatal.

4.- La geografía electoral. Los campos de batalla se encuentran dentro de zonas geográficas con comportamientos electorales muy estables en las últimas elecciones. En el norte del país y en la zona Centro-Pacífico dominan PAN y PRI, mientras que en el centro y el sur compiten PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. La revisión de las encuestas a nivel regional permite observar qué partido y qué candidato tiene ventaja o dónde se encuentra en empate técnico. Si estos datos se sobreponen a los de los campos de batalla, el elector podrá apreciar quién compite contra quién en qué entidad, y cuántos votos están en juego. La diferencia con la elección hace seis años, es el crecimiento exponencial que ha tenido Morena en todo el país.

5.- No le apueste en los resultados finales a los indecisos. La mayoría de quienes no saben o no contestó cuando preguntan las encuestas por quién va a votar, ni siquiera se pararán en la urna. El promedio de indecisos en las encuestas es de 20%. Los expertos consideran que de ellos vota alrededor del 8 por ciento.

Este radar está construido a partir de los datos históricos electorales. ¿Se repetirán el domingo? No se sabe. Esta elección es distinta a todas, al estar en juego más de 3 mil 400 puestos de elección popular –un número sin precedente–, hay un agotamiento con el sistema de partidos, y existen fuerzas antisistémicas emergentes. Relájese, suelte el estrés y péguese a la televisión entre las 8 y las 11 de la noche para ver lo que tiene que decir el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

*Hace exactamente seis años se publicó en este mismo espacio “2012: guía para el 1 de julio”. Este nuevo texto es una adaptación de aquella idea.
28 Junio 2018 04:09:00
Futbol, elección y diversión
Los economistas de Goldman Sachs en el mundo se dieron a la tarea de analizar números que parecían interminables, desarrollando 200 mil árboles de probabilidades y un millón de simulaciones. Como en las últimas copas del mundo de futbol elaboraron sus pronósticos sobre los resultados en Rusia. El economista en jefe del afamado banco de inversión neoyorquino, Jan Hatzius, revisó meticulosamente los resultados, y cada probabilidad juego por juego. La predicción fue que ganaba Brasil, derrotando a Alemania. No era el equipo teutón el que tenía mayores posibilidades entre los europeos de llegar a la final, sino Francia, pero la econometría de los expertos de Goldman Sachs, chocaba con que, para el infortunio galo, para llegar al último juego el 15 de julio en Moscú, tenía que enfrentarse antes con Brasil.

Las predicciones de Goldman Sachs veían que si bien España y Argentina no estarían en sus mejores momentos, pasarían sin problemas a las siguientes rondas, pero debajo de Francia y Portugal, y que el anfitrión no avanzaría de su grupo. Los resultados hasta ahora han mostrado otras cosas. Rusia avanzó sin problema en su grupo, Portugal pasó segundo después de España, y Argentina estuvo a punto de ser eliminada por Nigeria. Alemania fue sorprendida por México, que estuvo virtualmente eliminada hasta que en la gran chica del torneo, Corea del Sur eliminó a los campeones mundiales y salvó a los mexicanos.

Alemania fue arrumbada al cuarto lugar del grupo que llamaron los cronistas mexicanos “de la muerte”, con todo y su entrenador, Joachim Low, uno de los tres mejores pagados del mundo. Ninguno de los modelos empleados por Goldman Sachs, utilizando las tecnologías más avanzadas, sugirieron tal desenlace, que provocó su casi linchamiento en la prensa germana. La gran escuadra alemana se fue dos semanas antes de lo que habían pronosticado, y su lugar en la tabla final estará por debajo del lugar 16. México aparecía en el lugar 13 y Suecia en 14, pero pasaron a la siguiente ronda como el 2 y el 1 del grupo. Suiza, que estaba en el 20, pasó a la siguiente ronda. Arabia Saudita, que no le daban mayores posibilidades salvo derrotar a Rusia, perdió en la primera ronda con el anfitrión.

Los dos economistas encargados de revisar las probabilidades de México, Alberto Ramos y Gabriel Fritsch, afirmaron que dependían de tres jugadores, Hirving “El Chucky” Lozano, Carlos Vela y Javier “El Chicharito” Hernández. Los tres han sido elogiados por la prensa europea por su calidad, particularmente en la victoria sobre Alemania, pero los expertos de Goldman Sachs nunca vieron el valor que tuvo Guillermo Ochoa en el avance de México, que hasta este momento es considerado si no el mejor, uno de los mejores en la Copa del Mundo. “El Tri tiene el talento necesario para sorprender”, admitieron los economistas de Goldman Sachs. “Y como les gusta cantar a los mexicanos cada cuatro años, ‘¡sí se puede, sí se puede!”.

Los primeros resultados de México, no el reporte de Goldman Sachs, fue aprovechado en México por los políticos –nada extraordinario para lo acostumbrado–, y en el extremo de la propaganda, el presidente Enrique Peña Nieto dijo tras la victoria sobre Alemania que su actitud y entrega se asemejaba a la competitividad mexicana. El documento futbolero del banco de Wall Street decía otra cosa en su capítulo sobre la eficiencia mexicana. Si se analizara la productividad versus el número de goles en los juegos, México estaba en el grupo de los deficientes. Ya no se repitieron ese tipo de discursos tras la espantosa derrota ante Suecia donde el equipo pareció la antítesis de su planteamiento ante Alemania, pero era lo de menos. Como sí había pronosticado el equipo financiero, México avanzó a la siguiente ronda, pero no como se había previsto. Le ganó a los teutones, no perdió, y cayó ante los escandinavos, no los superó. Los resultados, finalmente son los que cuentan, y ya serán las caras con los brasileños el próximo lunes en la Arena Samara.

“El Tri tiene el talento para sorprender”, anticiparon los economistas Ramos y Fritsch en su evaluación integral sobre el estado de cosas en México. “(Este año) probablemente cambiará el balance general del poder público y modificará el entorno del poder político y la mezcla con la política convencional por una plataforma más aislacionista, heterodoxa e intervencionista”. Cualquier similitud con la posibilidad de una victoria del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es correcta. Sobre esto, Goldman Sachs no hizo un ejercicio econométrico como con el futbol, sino se basó en las encuestas y sus análisis de riesgo, contenido en otros documentos para sus clientes.

Goldman Sachs utilizó modelos de aprendizaje para poderlos correr a través de un gran volumen de posibles variables explicativas para producir predicciones más precisas que las alternativas convencionales. “Es difícil evaluar qué tanta fe puede uno poner en estas predicciones”, apuntaron tres de los economistas que participaron en la elaboración del reporte. “Capturamos la naturaleza estocástica (un proceso que analiza comportamientos no determinantes) del torneo, utilizando cuidadosamente lo más moderno de los métodos estadísticos y consideramos mucha información para hacerlo, incluida la de los jugadores en el campo.

“Las predicciones permanecen altamente muy inciertas, aún con las más sofisticadas técnicas de la estadística, simplemente porque el futbol es un juego bastante impredecible. Esto es, precisamente, por qué es tan emocionante ver la Copa del Mundo”. Ciertamente, el factor humano, totalmente impredecible, hace que muchas actividades sean impredecibles. De eso sabemos mucho, sobre todo en tiempos como los actuales donde, invariablemente, lo mejor es observar, participar y divertirse.
27 Junio 2018 04:07:00
El lastre de Meade
José Antonio Meade era secretario de Desarrollo Social cuando en el Gobierno al cual servía se decidió la liberalización de los precios de la gasolina para enero de 2017. Pero fue el secretario de Hacienda que debió administrar la implementación. A mediados de diciembre de 2016, los encargados de la opinión pública en Los Pinos anticipaban molestias, pero le dijeron a los jefes de la comunicación social del gobierno que se podían ir de vacaciones porque no esperaban que durara más de unos cuantos días. Cuando la irritación social se desbordó, los gobernadores buscaron el apoyo de la Secretaría de Gobernación. pero no había nadie. Cuando en Hacienda pidieron respaldo para gestionar la crisis que había estallado, nadie les tomó el teléfono. Meade y su equipo se quedaron solos para enfrentar la metralla, que no fue de días sino de semanas, y que provocó la peor caída en la aprobación presidencial del sexenio. La desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto se acentuó, pero la de Meade se estabilizó. Así podría haber terminado el sexenio, pero lo ungieron candidato del PRI, donde sus positivos se evaporaron y comenzó a pagar culpas ajenas, del Presidente y su gobierno.

Meade tiene una preferencia electoral inferior al 20%, que es la cifra más baja que ha tenido un candidato presidencial del PRI en su historia. Sus positivos se han evaporado y los negativos del Presidente y de su gestión gubernamental se le han colgado del cuerpo como un lastre que cada semana lo hunde más en el mar. En toda la campaña no ha podido remontar la carga negativa en su espalda ni modificar la esencia de la elección presidencial, de ser una de encono y voto contra el gobierno sin importar las características del candidato opositor, a que el electorado vea en Andrés Manuel López Obrador, como argumentan, un líder reaccionario y con políticas regresivas. En su equipo de campaña han admitido que sabían que el electorado estaba molesto, pero nunca se imaginaron cuánto.

La primera aproximación para determinar “cuánto” es “cuánto”, la aportó la empresa Intélite, que sobre la base de más de 332 millones de registros de informaciones en mil 600 medios de comunicación mexicanos en sus bases de datos, elaboró lo que llamaron “El ABC de la Corrupción”, donde muestra cómo este fenómeno se coló dentro de los sempiternos temas de preocupación del electorado –económicos e inseguridad–, pero con un hallazgo que explica el porqué hay tanta molestia con Peña Nieto y su gobierno: en todas las subcategorías de la corrupción, el detonante se dio durante la actual administración. Bajo Peña Nieto, todos los indicadores de corrupción medidos a través de los registros de medios se incrementaron, en muchos casos, más del 100 por ciento.

El estudio de Intélite muestra cómo las menciones sobre actos de corrupción en los medios se mantuvieron estables durante la primera década de este siglo, y comenzó a escalar la estadística en 2011. En 2012, cuando arrancó el sexenio de Peña Nieto, se registraron 364 mil 320 menciones de corrupción en los medios, que brincó 60 mil menciones al próximo año y 84 mil para 2015, después del escándalo por la casa blanca del Presidente. Al finalizar 2017, el total de menciones superaba las 287 mil. En total, el gobierno de Peña Nieto ha acumulado casi el 23% del total de las ocho millones 701 menciones sobre corrupción que los medios mexicanos han registrado en este siglo. Se puede argumentar que la mala percepción del Presidente y una parte de sus altos niveles de desaprobación, tienen que ver con la imagen de corrupto que se ha proyectado a través de los medios. La corrupción del peñismo es conocida globalmente. El informe de Transparencia Internacional de 2012 calificaba a México 34 puntos, y en el lugar 105 de 180 países revisados; en 2018, cayó cinco puntos (29), y fue situado en el lugar 135, convirtiéndose en el peor evaluado de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y junto con Rusia, el peor del G-20, que son las principales economías del mundo.

Si la evaluación general es negativa, en el desagregado de fenómenos asociados con la corrupción, el gobierno de Peña Nieto sale peor. En el capítulo de tráfico de influencias de El ABC de la Corrupción, se manifiesta el mismo patrón, de enorme estabilidad durante la primera década del siglo, hasta que entró al poder Peña Nieto. De mil 822 registros de prensa en 2011, se fue a 5 mil 58 al finalizar su primer año de gobierno y a casi 7 mil en diciembre de 2017. En el rubro de abusos de ética y autoridad, los registros no pasaron de 9 mil durante los 11 primeros años del siglo, pero se duplicaron al finalizar el primer año de la administración peñista, disparándose a casi 24 mil en 2014, y estabilizarse en 2016 y 2017 en poco más de 16 mil. El fraude es uno de los capítulos más negativos que registra el actual gobierno, al elevarse las menciones de ese delito de 33 mil casi al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, a casi 100 mil en 2013, el primer año del gobierno de Peña Nieto y mantenerse arriba de los 70 mil en 2016 y 2017.

Los datos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto son devastadores. El 53% de las menciones sobre corrupción se refieren a servidores públicos y políticos, mientras que el 25% toca a la sociedad y el 22% al sector privado. En todos los casos, la remontada en las cifras se dio durante la actual administración. Analizado el fenómeno cuantitativa y cualitativamente, podría pensarse que el lastre que arrastra Meade es muy oneroso, con un candidato más directamente asociado a Peña Nieto, como un mexiquense o un hidalguense. O sea, si la candidatura presidencial oficial está mal, podría haber sido mucho peor.
26 Junio 2018 04:06:00
¿Cómo llegamos a esto?
A lo largo de la campaña presidencial, las preferencias electorales han ido a favor de Andrés Manuel López Obrador de una manera consistente y, para los expertos en opinión pública, de manera sorprendente. El techo que tenía López Obrador –36%– fue rebasado hace tiempo, sumando apoyos progresivamente. Rompió lo acotado de su voto fiel y sumó todos los segmentos socioeconómicos y culturales. Personas que hace seis años lo repudiaban hoy están convencidas de votar por él. Algunas están dispuestas a respaldarlo el próximo domingo aún cuando represente mucho de lo que no son, porque están hartas de la ineficiencia y corrupción de los gobernantes. Otros piensan de una manera más simple, pero contundente por lo que han visto en los últimos años: si nos van a robar de nuevo, que sean otros los que lo hagan. Hace seis años, el 70% del país estaba contra él; hoy, la mitad lo respalda para presidente. ¿Qué pasó en este lapso?

Una forma de entender en dónde nos encontramos a cinco días de la elección, son los porqués del malestar. La economía, donde siempre hay desacuerdo e inconformidad, cedió su primer lugar a la inseguridad, y la corrupción, que era prácticamente irrelevante hace seis años, hoy está en el tercer lugar, creciendo en un año en 300% el número de mexicanos que la ubican entre sus principales preocupaciones. Inseguridad y corrupción se pueden acreditar directamente al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La economía, que crece muy mediocre para las expectativas de las mayorías, ha sufrido por factores externos, aunque un discurso sin matices del Presidente, intentando convencer de las bondades de las reformas a través de spots, discursos y críticas a quienes no lo entienden, nunca lo ayudaron a conectar con la mayoría nacional.

El catalizador del descontento, sin embargo, ha sido la corrupción. Desde el primer año del gobierno de Peña Nieto, afloraron las quejas por la corrupción. Quienes llegaron al poder en diciembre de 2012 mostraron una inexplicable voracidad. No es una exageración el calificativo. A mediados de 2013, empresarios e industriales hablaban sobre lo que estaban experimentando. Vivieron con el viejo PRI con cuotas de comisiones extralegales de 10%, que se iban pagando como fuera dando frutos la obra pública adjudicada. Se indignaron con los gobiernos panistas porque la cuota se les incrementó en 50%. Pero explotaron con el peñismo, que elevó a cuando menos 25% las comisiones, pero no para ser entregadas conforme avanzaba la obra, sino por adelantado. Las molestias crecieron porque a diferencia de sexenios anteriores, la obra pública no se repartió entre los grupos regionales, sino entre mexiquenses y aquellos que designaba el otro equipo en el poder, el de Hidalgo, cuyo hombre fuerte, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tenía el control, por decisión de Peña Nieto, de los delegados federales.

Los empresarios no fueron oídos en Los Pinos, como antes. Dejaron de tener acceso permanente al Presidente como en el pasado, y se les acotó bajo el criterio que ellos no iban a co-gobernar, como antes lo habían hecho, porque el poder era indivisible. Varios empresarios se organizaron y comenzaron a inyectar recursos en ONG para hurgar en la corrupción del Gobierno y en sus niveles de ineficiencia. Le declararon una guerra sibilina al Gobierno, que fue alimentando a la opinión pública con datos que hicieron de la corrupción no un fenómeno de verosimilitudes, sino una cascada de evidencias. Los gobernadores que apoyaron la toma del poder de Peña Nieto, tras la trampa urdida por el líder del PRI, Humberto Moreira, y le garantizaron la candidatura presidencial, comenzaron a caer por sus abusos. Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, y César Duarte en Chihuahua, se convirtieron en iconos de la corrupción peñista, donde el Presidente ocupó el primer sitio al nunca admitir que la casa blanca había sido un caso de conflicto de interés y dejar crecer la percepción de impunidad.

A las limitaciones conceptuales del Presidente en temas de ética, como el no distinguir ilegalidad –corrupción– de ilegitimidad –conflictos de interés–, se le sumó su escasa visión de Estado. La más dañina, la estrategia de seguridad. Aprobó, a partir de diagnósticos superficiales y equivocados, suspender el combate a los cárteles de la droga del sexenio anterior, y optar por el camino de la prevención. Nunca arrancó la prevención y dejaron que los cárteles se reorganizaran, rearmaran y fortalecieran durante ocho meses. Cuando la inercia del combate en el sexenio anterior se acabó, la cifra de homicidios dolosos creció rompiendo cada mes el récord histórico del anterior.

La ineficiencia del gobierno de Peña Nieto galvanizó las denuncias de corrupción. Los agentes económicos se sintieron agraviados por Peña Nieto, y proveyeron de altoparlantes a los reclamos contra esos actos que incendiaron a las clases medias, a las que se sumaron las de menores ingresos por los incrementos de precios y el encarecimiento de la vida, que fueron respondidos por el Presidente con spots y discursos de que sus beneficios se verían en el futuro y lo agradecerían. Mientras tanto, exigía que lo comprendieran. La receta probablemente era la adecuada, pero el paciente no iba a vivir para verlo. ¿Cómo llegamos a esto? Así, con un gobierno cuyo manejo y comunicación política, así como su administración de expectativas, son quizás las peores que se ha tenido.

De manera natural, el electorado se corrió al campo de quien representa la oposición natural a Peña Nieto, que es lo que se anticipa será confirmado el próximo domingo en las urnas.
25 Junio 2018 04:00:00
¿Qué pasará el domingo?
En los 10 últimos días ha habido un inusual movimiento en el campo de batalla virtual, donde las legiones de Andrés Manuel López Obrador son imbatibles. Han hecho de lado el ataque sistemático a los críticos del candidato y su movimiento porque se han enfocado en combatir y neutralizar dos percepciones que se están convirtiendo en realidad. La primera, idea de Agustín Basave, asesor del candidato Ricardo Anaya, es la supuesta alianza de López Obrador con el presidente Enrique Peña Nieto. La segunda es que la mayoría de los simpatizantes del candidato de Morena en Twitter, la principal arena de lucha política, son robots, no seres humanos.

No se va a saber si estos dos sucesos tuvieron impacto o no sobre la preferencia de voto de López Obrador hasta después de la elección, porque las últimas encuestas que aparecerán esta semana, no alcanzaron a registrar este fenómeno sociopolítico. Pero en los cuartos de guerra de los candidatos tienen claro, por sus acciones de ataque y defensa, que abrió ventanas de oportunidad para Anaya, y que tienen que ser cerradas por los lopezobradoristas.

La denuncia de la alianza Peña Nieto-López Obrador parecía un acto desesperado de Anaya. Pero contra lo analizado en una primera instancia –incluido quien esto escribe–, se anidaron en el imaginario colectivo percepciones, se fueron alineando con la realidad que López Obrador no atacó a Peña Nieto y prometió varias veces que no lo metería a la cárcel. Anaya lo verbalizó como ofrecimiento de “impunidad”, sin explicar nunca a cambio de qué el candidato cuidaría al Presidente.

Una hipótesis de cómo se sembró en la mente del electorado está en la pregunta que sistemáticamente hicieron las encuestas presidenciales en la segunda parte del sexenio: ¿por quién va a votar? Invariablemente, entre el 80 y el 85% siempre dijeron “por quien se oponga a Peña Nieto”. López Obrador no atacó al Presidente porque, como él mismo ha reconocido en privado, haberle dicho al presidente Vicente Fox “chachalaca” durante la campaña presidencial de 2006, le costaron dos puntos que, considera, significaron su derrota ante Felipe Calderón.

La estrategia de López Obrador, que a muchos nos pareció inteligente, no parece haber sido decodificada de esa manera por un segmento de los electores, quienes aparentemente han visto a Anaya como el único que realmente puede enfrentar a Peña Nieto y encarcelarlo, lo que explicaría porque pese a la embestida del Gobierno y el PRI para derrumbarlo, se mantiene con más de 20% de preferencia electoral.

Los pejezombies, como se identifica a un nutrido grupo de seguidores tan incondicionales de López Obrador, como consistentes y agresivos en redes, estaban embarcados en su lucha para construir otras narrativas en redes, con mentiras, ataques o rumores, cuando se abrió otro campo de batalla.

Un estudio conjunto realizado por el Instituto de Ciencias de la Universidad de Indiana –una de las mejores universidades públicas de Estados Unidos– y el Centro de Sistemas e Investigación de Redes Complejas, dio a conocer el 18 de junio que había analizado más de un millón de cuentas de Twitter que seguían a los candidatos presidenciales y que participaban en un discurso político “relevante”, que les aportaron 3 millones y medios de tuits desde el 19 de mayo, y que encontró que el 53% de sus contenidos habían sido generados por robots.

El estudio seleccionó aleatoriamente a 100 mil seguidores de candidatos e identificó cuáles eran manejadas por personas y cuántas eran robots.

Encontró que si bien en la primera fase de la campaña López Obrador sus seguidores eran mayoritarios humanos, cambió rápidamente. En la actualidad, concluyó, tiene 7 robots por cada 10 seguidores, seguido de José Antonio Meade con 6 de cada 10, Ricardo Anaya con 5 de cada 10, y Jaime Rodríguez, con 4.5 de cada 10. La revelación saltó a la opinión pública dos días después, al difundirlo el portal de Carmen Aristegui.

“El discurso público no está tan determinado por individuos, sino por un ejército de bots que se convirtieron en una herramienta habitual en las elecciones en México”, le dijo Albert Lázlo Barbasí, uno de los responsables del estudio.

La campaña de Anaya denunció a López Obrador por comprar bots, y en su cuarto de guerra se preparó la contraofensiva con el hashtag #NoSoyBot. La estrategia fue manejada por Jesús Ramírez Méndez, el colaborador no familiar del candidato más cercano a él, que comenzó hace más de una década a organizar sus redes sociales y coordinador del periódico de Morena, Regeneración.

El hashtag fue impulsado desde las granjas digitales de López Obrador a través de varias cuentas, particularmente las de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevsky, el videobiógrafo del candidato, Epigmenio Ibarra, la coordinadora de la campaña, Tatiana Clouthier, y la candidata al Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Las guerras virtuales han contribuido de manera toral a la construcción de López Obrador como un candidato invencible, cuya victoria es inevitable. Las percepciones se han convertido en ventajas abrumadoras en las encuestas presidenciales y no hay nadie que pueda saber si todo ese mundo de ideas y creencias se traducirán en voto y sucederá la profecía autocumplida.

Los análisis en redes y en Google, donde López Obrador se convirtió en el quinto elemento más buscado esta semana, mostraron un incremento en sus negativos no visto a lo largo del año. Algo está sucediendo en el electorado y las dos campañas lo han detectado y actuado para modificar lo que cada una ve, y espera, para el próximo domingo.


.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) / twitter: @rivapa



22 Junio 2018 04:07:00
Fuego contra Marcelo
Un nuevo actor político cayó en el centro del pantano en que se ha convertido la contienda por la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México: Marcelo Ebrard. El exgobernante capitalino se autoexilió de México durante casi cinco años ante la posibilidad de que el Gobierno federal y el de su sucesor, Miguel Ángel Mancera, procedieran en su contra por presuntos actos de corrupción en la Línea 12 del Metro, que sigue provocando opiniones negativas entre la sociedad. El entonces procurador general Jesús Murillo Karam, lo investigó por presunta corrupción en la construcción de la autopista suburbana, sin acusarlo de nada. Cuando se quiso reactivar el caso por presunto lavado de dinero, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que si no había pruebas sólidas se cerrara el caso.

Mancera nunca lo investigó, pero recientemente fue criticado por Ebrard y el equipo de Andrés Manuel López Obrador, que en privado afirma que a él y a su exsecretario general de Gobierno, Héctor Serrano, los quieren meter en la cárcel.

Los dos son el pato en la mira del eventual gobierno de Claudia Sheinbaum, si las preferencias electorales que señalan las encuestas se traducen en el voto en dos domingos. Pero no deja de ser una paradoja lo que está sucediendo. Serrano fue un político impulsado por Ebrard, que necesitaba de personajes como él que conocen y se meten a las cañerías del sistema político, que siempre son necesarios como fontaneros del Gobierno que ayudan a la gobernabilidad. Mancera, procurador con Ebrard, también fue su pupilo, y a quien el hoy coordinador regional de la campaña de López Obrador, escogió como su sucesor, cuando Mario Delgado, quien era secretario de Finanzas, aparecía en las encuestas más como un riesgo, que un activo para la continuidad.

Ebrard fue un gobernante muy eficiente y políticamente atractivo para muchos, que cuando no se atrevió a desafiar a López Obrador por la candidatura presidencial de la izquierda en 2012, se volcó a manejar la campaña de Mancera desde las sombras y lo llevó a un nivel de votación que nadie en la era de las elecciones democráticas en la capital desde 1997 había alcanzado. Para ello, Ebrard sacrificó a quien le había prometido la candidatura cuando como líder en la Asamblea de Representantes trabajó para construirle condiciones de gobernabilidad en la segunda parte de su sexenio, Alejandra Barrales.

Parecería un parricidio político lo que se está experimentando, pero en política, los delfines no corresponden a la sangre sino a la construcción de acuerdos para fines específicos. Ebrard buscaba continuidad y tranquilidad, que al poco tiempo de la administración de Mancera se rompió, cuando otro miembro de esa cofradía de poder, Joel Ortega, relegado por el nuevo jefe de gobierno a la dirección del Metro, rompió los pactos implícitos de no agresión, denunció las deficiencias en la construcción de la Línea 12, inaugurada casi en la víspera de que Ebrard terminara su gestión, y detuvo el servicio, afectando a millones de usuarios. Las ironías persiguen a todos. 

Esa acción fue interpretada como un ajuste de cuentas de Ortega contra Ebrard, por la forma como lo defenestró como secretario de Seguridad Pública, tras el fallido operativo policial en el antro News Divine, que provocó la muerte de 12 jóvenes, cuyo décimo aniversario, precisamente, coincidió con el tercer y último debate para la jefatura de Gobierno capitalina, donde Barrales, en el choque frontal con Sheinbaum, se lo echó en cara en un contexto de imputaciones de corrupción. Otro capricho político de la izquierda en la Ciudad de México, es que Francisco Chiguil, delegado perredista de Gustavo A. Madero donde se encontraba el News Divine, es hoy candidato de Morena al mismo cargo. Ortega igualmente se distanció de Mancera y se volvió a acercar a López Obrador, quien lo incorporó al equipo de campaña donde es figura importante Ebrard.

Los reacomodos políticos en Morena para las elecciones de julio le sirvieron a Barrales para enfocar sus ataques y denuncias en contra del grupo al cual pertenecieron ella, Mancera y Serrano. En la parte final del debate, la candidata perredista mostró una composición fotográfica donde aparecían alrededor de ella Ebrard, Delgado y Chiguil, para asociarlos con la Línea 12 del Metro y el News Divine, que son dos de los eventos que más lastimaron al Gobierno capitalino anterior.

Mostrarlas fue la clausura de un tratamiento cuidadoso y acotado, con guantes de terciopelo que Mancera y Barrales habían usado en sus juicios contra Ebrard. Las críticas que les había lanzado fueron respondidas con poca energía, e incluso Mancera comenzó la semana sin querer agitar el avispero. Setenta y dos horas después, Barrales rompió la tregua unilateral que se habían impuesto.

La estrategia parece clara. Faltan 10 días para la elección en la Ciudad de México y Barrales va atrás de Sheinbaum en las encuestas de preferencia electoral. Los ataques lanzados contra ella no causaron el daño esperado, al habérsele transferido el teflón que López Obrador ha construido durante más de tres lustros. Vincular a estos neomorenistas a su entorno es un intento de restarle puntos a la favorita, por la vía de un descrédito por proximidad. Mancera y Barrales, de esta forma, dejaron atrás el último retorno de la conciliación.

No van por ninguna negociación cuando los resultados del 1 de julio coloquen a cada quien en su lugar, sino que aceleraron la confrontación. Ebrard les responderá, y cada quién se atendrá a las consecuencias que esta creciente pelea, les traiga.
21 Junio 2018 04:08:00
Oportunismos por miedo
El conflicto irreconciliable, hasta ahora, entre los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, está llevando a perder votos a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, que está cachando sin esfuerzo el candidato de Morena. Jorge Buendía, de Buendía&Laredo, hizo el ejercicio: la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura independiente no jaló votos para Anaya, sino que los recogió López Obrador, quien subió el apoyo de las mujeres a niveles que nunca había tenido. En la región del Pacífico-Norte, enclaves panistas con olor priista, el pleito entre Anaya y Meade le restó 11 puntos al panista que se fueron al de Morena.

En todos los bastiones de la izquierda, López Obrador tiene niveles de preferencia que no tuvo en el polarizado 2006, capturando potenciales votos priistas que no quieren a Meade, pero menos a Anaya. Ya no existen las brechas de febrero en preferencia electoral, anota Buendía, ni hay divisiones importantes entre los diferentes grupos de electores. López Obrador camina firme a la Presidencia con un éxito, que se puede argumentar, le han ayudado a tener en buena parte sus adversarios.

La percepción de la victoria de López Obrador la están terminando de construir sus dos rivales, enfrentados en una lucha sin cuartel por el segundo lugar. Ese choque de trenes dividió el voto opositor al candidato de Morena y está sepultando sus campañas electorales. El encono ha generado, al mismo tiempo, una externalidad sin precedente en México, donde fuerzas políticas en bloque y candidatos en forma individual no han esperado el resultado de las urnas para empezar un realineamiento hacia Morena y López Obrador, reacomodándose para la nueva realidad que creen comenzará el 2 de julio.

Los corrimientos no son menores. El más relevante, por volumen y porque significa una ruptura total con el presidente Enrique Peña Nieto, de quien fue aliado durante más de una década, es la del Partido Verde, que está en plena metamorfosis hacia Morena. El botón de muestra es Chiapas, donde la imposición desde el Centro de que el candidato a gobernador fuera un priista y no un verde, el partido que actualmente gobierna la entidad y que tiene más votos que el PRI, llevó a que el gobernador Manuel Velasco, compadre de Peña Nieto, rompiera la coalición y estableciera una alianza tácita con Morena. Los verdes están trabajando por Morena en Chiapas y preparan el desembarque en ese partido cuando se definan las bancadas parlamentarias, sumándose a la mayoría en el Congreso que anticipan tendrá.

En los cálculos de los estrategas, la mayoría de perredistas que lleguen a las cámaras, brincarán a la bancada de Morena, pero también consideran sucederá con diputados y senadores del PRI y del PAN. Incluso, los estrategas de Morena y observadores independientes tienen identificado no sólo el número de cuántos priistas y panistas saltarían al partido de López Obrador, sino incluso, los probables nombres de quiénes serían. En paralelo a estos movimientos, los contactos de varios gobernadores o candidatos a esos cargos o familiares de aspirantes a gubernaturas, han tocado la puerta de los estrategas y operadores de López Obrador y la candidata de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para explorar las condiciones en las cuales podría darse un acercamiento con quien perciben será el nuevo partido hegemónico en el país.

Hay muchos nervios ante la posibilidad de un tsunami electoral, acelerados por los resultados de la reciente encuesta electoral realizada para la Coparmex, donde se ve la prominencia de López Obrador, pero un Congreso donde nadie tendrá la mayoría. La encuesta de Coparmex da a Morena la posibilidad de ganar alrededor de 191 diputados, convirtiéndola en la primera minoría, seguida del PAN con aproximadamente 125, el PRI con 94, el PRD con 24, seguido muy de cerca del PT –coaligado a Morena– con 22, y el Partido Verde con 13. Con esos resultados, los verdes pasarían a ser la sexta fuerza, debajo de Movimiento Ciudadano, en alianza con el PAN y el PRD, que terminaría con alrededor de 17.

El Partido Verde es el mejor caso para ejemplificar el corrimiento, ante la posibilidad de perder el registro o seguir diluyéndose. El realineamiento con Morena en Chiapas destruirá al partido como tal, pero con su separación del PRI buscan mantener los votos para alcanzar el 3% de su registro. Su disminución como fuerza electoral no es lo que más les preocupa, sino poder sobrevivir la elección del 1 de julio y mantener las prerrogativas federales como partido.

Ese corrimiento estratégico fue realizado con anterioridad por Encuentro Social, que decidió jugar con López Obrador y Morena, rompiendo con el PRI, y cuya apuesta podría darles alrededor de seis curules y una Gubernatura, Morelos. Con los números actuales de preferencia electoral de López Obrador –40% en la encuesta de Coparmex–, Encuentro Social no alcanzaría ningún senador, en una cámara donde Morena, el PAN y el PRI, que se estima tendrían alrededor de 60, 40 y 22%, respectivamente, serían las fuerzas predominantes.

El realineamiento que están anticipando partidos como el Verde y el PRD, o candidatos individuales de otras fuerzas, sugiere un miedo a lo desconocido, el posible advenimiento de López Obrador. Lo insólito es qué tanto temerán a qué tantas variables, que prefieren entregarse ya, a esperar, como dictaría la lógica política, a ver cómo queda la composición de fuerzas en las cámaras, donde los votos de los partidos valdrían más. Barato le está saliendo a López Obrador esta ola que apesta a miedos, culpas y pesadillas.
20 Junio 2018 04:07:00
Peña no debe dormir tranquilo
La gran propuesta de Andrés Manuel López Obrador si gana la Presidencia, es un cambio de régimen. No planteado como un cambio de sistema de gobierno, sino como una modificación al conjunto de normas que rigen a la sociedad. Lo sintetiza como el fin de la corrupción, los privilegios y al tráfico de influencias de “la mafia del poder”. Su retórica, sin embargo, contradice su otro discurso, el de amor y paz, el que gobernaría mirando por el retrovisor –porque no tendrá tiempo– para ocuparse de ello y que no perseguirá al presidente Enrique Peña Nieto ni a otros miembros de su grupúsculo que asaltaron el poder. No significa que los dos discursos sean excluyentes, pero si los mantiene en paralelo como acción de gobierno, va a fracasar.

Cambiar lo que hicieron gobiernos anteriores es una promesa gastada. Vicente Fox contendió en 2012 con la agenda de cambio y generó la expectativa de que iba a perseguir, como dijo su secretario de la Contraloría –hoy Función Pública–, Francisco Barrio. Dos cercanos colaboradores, Adolfo Aguilar Zínser y Jorge Castañeda, presionaban para ajustar cuentas políticas y penales con el pasado para poder construir sobre sus cenizas, pero fueron derrotados por quienes pensaban que habría que gobernar hacia delante, sin mirar atrás.

El régimen no cambió y 18 años después, otro candidato con posibilidades reales de ganar, enarbola la misma bandera. Sin embargo, a diferencia de Fox, López Obrador no está esperando a sentarse en la silla presidencial para cambiar de parecer. De antemano afirma que no perseguirá a sus antecesores. La promesa de tranquilidad para Peña Nieto en los primeros años tras su sexenio es algo que se ha vuelto inusual al cambiar de partido el poder, donde el motor del voto antigubernamental en la campaña ha sido el ajuste de cuentas con quienes violaron la ley y excedieron sus responsabilidades y funciones,.

Las afirmaciones de López Obrador no impiden que se persiga a miembros del Gabinete de Peña Nieto, en caso de que llegue a la Presidencia. Se puede entender el guante suave con Peña Nieto y su falta de beligerancia contra el presidente en que una elección presidencial se le escapó de las manos (2006), entre otras cosas, por insultar al presidente Fox, que le quitó los puntos porcentuales que requería para ganarle a Felipe Calderón.

Eso no impide que el Gabinete peñista podría ser sometido a revisión y eventual acción, por ejemplo en casos donde hay investigaciones en curso, como sobre Rosario Robles y el equipo cercano que la ha acompañado a su paso por las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como sobre la gestión de Emilio Lozoya en Pemex, donde acelerar la conclusión de averiguaciones mandarían el mensaje correcto de que la impunidad se acabó.

Sin embargo, si esto llegara a suceder, sería un regreso al pasado, donde en las transiciones entre gobiernos priistas se construía legitimidad y distancia de la anterior administración investigando y, casi siempre, metiendo a la cárcel a prominentes funcionarios del sexenio anterior. En los gobiernos priistas no se hablaba de un cambio de régimen, pero las consecuencias eran idénticas a las que está buscando López Obrador. Gatopardismo puro, como era modus operandi del viejo PRI, y no cambios radicales ni de fondo sobre el
régimen.

De ganar la Presidencia, López Obrador ha planteado sin decirlo así, un gobierno de transición reformista, no revolucionario, con toques cosméticos. Aunque en este espacio se ha cuestionado el discurso del candidato panista Ricardo Anaya sobre un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador para que a cambio de tranquilidad jurídica para el Presidente se apoye al candidato de Morena, los hechos y las palabras le dan verosimilitud a las denuncias.

López Obrador se ha visto forzado a endurecer su discurso contra el Presidente, pero los matices de los últimos días no cambian la dirección de sus puentes transexenales para que Peña Nieto pueda dormir bien.

Lo que ha planteado hasta ahora López Obrador es una continuidad sin ruptura, pero no puede verse que ese encapsulamiento podría ser mantenido una vez en el Gobierno, de ganar la Presidencia. El discurso se puede mantener durante el periodo de transición para que sea terso, pero ni Peña Nieto ni su equipo deberían de sentirse tranquilos.

El país que recibirá López Obrador –o quien gane la Presidencia– enfrentará desafíos que no tuvieron Fox, Calderón o Peña Nieto, con un presidente bélico y bipolar en la Casa Blanca, cuyas acciones comerciales han generado inestabilidad en los mercados durante más de un año y medio. La incertidumbre no ayuda al pobre crecimiento en México y refuerza las restricciones presupuestales que encontrará quien se siente en la silla presidencial.

La continuidad sin ruptura se refiere a las personas, no al modelo de país. En este caso, lo que busca López Obrador es una revolución ejecutiva y legislativa para cambiar a la nación de riel y de rumbo.

Aún con mayorías legislativas que pudieran facilitarle la mayoría calificada para hacer los cambios constitucionales que desmantelen las reformas, no va a ser rápido ni fácil, tiempos y ritmos que chocarán con la celeridad con la que las altas expectativas en el electorado desean que se realicen todos los cambios prometidos. Esa presión del electorado, ante un político químicamente puro, puede llevarlo a cambiar la continuidad sin ruptura y transformar su idea original. Si para salvarse él y su gobierno, hay que perseguir a Peña Nieto, que nadie dude que ese camino es el que tomará. Después de todo, ese sí sería el cambio de régimen
anunciado.
19 Junio 2018 04:06:00
El editorial contra Andrés
El periódico The Washington Post es probablemente el periódico más liberal de Estados Unidos. Igualmente, ha sido el más crítico a lo largo de más de 30 años de sucesivos gobiernos mexicanos, enfocándose desde principio de los 80 en la corrupción de sus gobernantes y en la forma como muchos de sus cuerpos de seguridad estaban fuertemente vinculados con el crimen organizado. El Post es el matutino más influyente en Washington, y sus investigaciones y opiniones han moldeado por generaciones acciones y políticas en el Gobierno y el Capitolio. Por su papel dentro de los tomadores de decisiones, fue sorprendente el editorial que le dedicó este lunes a Andrés Manuel López Obrador, inusualmente crítico y asumiendo como suficientemente creíbles los nexos de varios de sus más cercanos colaboradores con los gobiernos de Cuba y Venezuela.

El editorial no es unas reflexión sobre México, sino una llamada de atención al Gobierno de Donald Trump. “Si López Obrador gana el 1 de julio, las relaciones bilaterales, ya envenenadas por el presidente Donald Trump, probablemente serán más tóxicas”, apuntó el diario al mostrar el discurso inconsistente del candidato puntero. Ha dicho que favorece una negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero muchas de sus políticas buscan recortar el comercio con Estados Unidos, particularmente en energía y productos agrícolas, señaló el Post, con revisión a la inversión extranjera en el sector petrolero, y la cancelación de la reforma educativa que rompió el control del corrupto sindicato de maestros.

No le gustan las ideas de López Obrador al consejo editorial del Post, que calificó su agenda como “reaccionaria”, entendida como una regresión a las políticas estatistas de los 70 o, “peor aún, al catastrófico socialismo del siglo 21 de Venezuela”. “Si los mexicanos escogen a López Obrador –concluyó el editorial-, estarán, como los electores que apoyaron a Trump, volando al estatus quo sin un sentido confiable de con qué lo remplazarán. El resultado probablemente será de mayor conflicto en ambos lados de la frontera”.

El editorial es una expresión de la clase política en Washington frente a la abrumadora ventaja que lleva López Obrador en las preferencias de voto, que han llevado a los medios a revisar de una manera diferente no sólo las posibilidades de su victoria, sino las consecuencias que ello tendría en las relaciones bilaterales, que al final, es lo que realmente les importa. El editorial coincidió con un largo reportaje-crónica de John Lee Anderson, que tuvo acceso a la campaña de López Obrador, que publicó en bisemanal The New Yorker, que recoge dentro del mismo texto el sentir que hay en Washington sobre el candidato de Morena y líder de la izquierda social en México. Dos párrafos son de alta relevancia para entender las preocupaciones de Washington y la imagen que se ha construido sobre López Obrador:

1.- “Funcionarios del gobierno de Peña Nieto han advertido a sus contrapartes en la Casa Blanca que el comportamiento ofensivo de Trump eleva el prospecto de un nuevo gobierno hostil, una amenaza a la seguridad nacional justo al otro lado de la frontera. Si Trump no moderaba su comportamiento, la elección sería un referéndum sobre cuál de todos los candidatos era más antiestadunidense. En Estados Unidos, las advertencias funcionaron. Durante una audiencia en el Senado en abril de 2017, John McCain dijo que ‘si la elección fuera mañana, probablemente se elegiría a un presidente de izquierda antiestadunidense. John Kelly, en ese entonces secretario de Seguridad Interna, coincidió. ‘No sería bueno ni para Estados Unidos, ni para México’, dijo”.

Y 2: “En México, declaraciones como las de Kelly sólo parecieron mejorar las posibilidades de López Obrador. ‘Cada vez que un político estadunidense abre su boca para expresar una opinión negativa sobre un candidato mexicano, le ayuda’, dijo (Roberta) Jacobson (exembajadora de Estados Unidos). Pero ella nunca ha estado segura de que Trump tiene la misma opinión ‘apocalíptica’ de AMLO. ‘Hay algunos rasgos que comparten’, apuntó. ‘El populismo, para empezar’”.

Jacobson le dijo a Anderson que después de largo tiempo de pedirle cita como embajadora, finalmente López Obrador la invitó a su casa, donde “la conversación sirvió de poco para establecer si en efecto era un radical oportunista o un reformista con principios. ‘¿Qué podríamos esperar de él como presidente?’, preguntó. ‘Honestamente, mi sentimiento más fuerte sobre él es que no sabemos qué esperar’”. 

El editorial del Post responde la duda de Jacobson. El trabajo del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray en la Casa Blanca, con Kelly, actual jefe de Gabinete, así como con Jared Kushner, yerno del Presidente, pero responsabilizado por Trump de llevar la relación con México, sí ha tenido éxito. Si quieren que avancen las reformas económicas del presidente Enrique Peña Nieto, apoyar a López Obrador no es el camino. No le tienen confianza porque lo ven impredecible. Reportes de la oficina de la CIA en México circulados en Washington, se refieren a López Obrador como un político que está engañando a sus colaboradores que dicen a políticos e inversionistas en Estados Unidos que no es un radical, sino un reformador, porque de llegar a la Presidencia, no durarían mucho tiempo en el Gobierno. 

Los informes señalan que López Obrador se desharía de ellos y gobernaría con su equipo duro, revirtiendo reformas, modificando la relación con Washington y forjando alianzas con los enemigos de Estados Unidos. Esto es lo que creen allá, donde las garantías que han dado los asesores de López Obrador que viajan constantemente a Washington y Nueva York no los convencen. Peor aún, como lo refleja el editorial del Post, los tiene alarmados.
18 Junio 2018 04:07:00
Votó Rico McPato
Siempre se mete uno en problemas cuando hace cosas buenas que parecen malas. Pero se pone peor cuando uno hace cosas que piensa buenas para todos porque lo son para uno, sin decirle al resto lo que piensa hacer. Esto es lo que le sucedió a Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que tiene ascendencia e influencia sobre el 29% del Producto Interno Bruto. Sus manejos sibilinos a favor de Ricardo Anaya en la lucha por la Presidencia, sin consensuar con la mayoría de sus pares en ese grupo selecto, le estalló, como se pudo apreciar en la prensa política desde el jueves pasado, donde lo señalaron de manipulador de encuestas para favorecer a quien, no sólo de corazón, sino de convicción militante, está ayudando.

Ramírez ha estado engañando a muchos con un doble juego. La primera señal de que el exitoso empresario tenía una agenda oculta para la mayoría de sus pares, fue la publicación de un desplegado en varios periódicos de la Ciudad de México el 3 de mayo titulado Así No, en el cual respondía los calificativos de López Obrador contra cinco miembros del Consejo que acusó de hacer campaña en su contra. El Consejo condenó las palabras de López Obrador y dijo que era preocupante que denostara a quienes no compartían sus ideas. Varios miembros del Consejo se enteraron del manifiesto cuando lo vieron publicado, porque nunca les pidieron su autorización para suscribirlo.

López Obrador no se amilanó. “Para ser claro”, añadió como réplica al desplegado, “no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar. No es sólo hacer negocio, sino se sienten los dueños de México. Tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al Gobierno”. La iniciativa de Ramírez agudizó el encono a niveles inéditos, y provocó que 10 días después se reuniera Ramírez con Alfonso Romo, coordinador de Estrategia de la campaña de López Obrador y enlace con los empresarios, para despresurizar el conflicto, que comenzó a desactivarse días antes, durante una comida del jefe de Cinépolis con Gerardo Esquivel, el asesor externo económico del candidato, con quien coincidió en los 90 en Harvard, cuando ambos estudiaban en aquella universidad.

Las garantías de que el consejo no apostaba por ningún candidato y trabajaría con quien resultara electo presidente, siempre fueron mentiras de Ramírez, quien llevaba meses apoyando discretamente de Anaya. Amigo cercano al expresidente Felipe Calderón, luchó para evitar que Margarita Zavala dejara el PAN, y le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que declinara su candidato José Antonio Meade a favor de Anaya. Cuando los líderes de la coalición anayista presentaron una queja en la Organización de Estados Americanos en marzo por el uso faccioso de la PGR en contra de él, Ramírez también viajó a Washington para cabildear en los tanques de pensamiento de esa capital contra el Gobierno peñista por el manejo político de la justicia en detrimento de su candidato. El doble juego que mantuvo durante meses, llegó a su fin la semana pasada.

La columna Bajo Reserva en El Universal reveló el jueves que Ramírez escondió a los miembros del Consejo una encuesta donde Anaya estaba en tercer lugar, para impulsar entre sus miembros de la Coparmex, donde aparecía en segundo lugar. La columna no dio mayores detalles, pero esa encuesta fue elaborada por la empresa de Gabriela de la Riva, a quien desde el año pasado le comisionó el Consejo estudios de preferencia electoral, para tomar mejores decisiones para sus apoyos y financiamientos. La primera encuesta fue en noviembre, donde López Obrador tenía 30% de preferencia de voto, seguido de Anaya con 24% y Meade con 20. La siguiente fue entregada el 18 de enero, donde López Obrador y Anaya mostraban un incremento en las preferencias de 2%, mientras que Meade estaba estancado en 20.

La encuesta que ya no distribuyó Ramírez la entregó De la Riva el 5 de junio pasado, donde López Obrador aparecía con 44% de la preferencia electoral, mostrando una estabilidad desde abril, pero con cambios significativos en el segundo lugar. Anaya apareció en la encuesta a mil 516 personas –como todas las anteriores que había hecho–, con 20% de preferencia electoral, que significó una caída de 4% con respecto a la anterior medición del 15 de mayo, mientras que Meade aparecía con 24% de preferencia electoral, que representó un incremento de cinco puntos porcentuales con respecto a los datos de un mes antes. De la misma manera, el número de indecisos se redujo a 8%, casi la mitad de lo registrado previamente.

La forma como empezó a trascender en los medios la molestia en el equipo de Meade por el ocultamiento de la encuesta de De la Riva, se entiende por la necesidad que tienen de posicionar al candidato oficial en el segundo lugar y que de esta forma se pueda construir, en estas dos últimas semanas cruciales de campaña, la opción del voto útil. La manipulación que hizo Ramírez al proporcionar a los miembros del consejo otra encuesta, no la que habían revisado y utilizado por meses, no fue sólo por el resultado de una preferencia coyuntural por Anaya, o la lectura de que él iba en segundo lugar.

Ramírez está jugando política a espaldas de los miembros –o la mayoría de ellos– del Consejo Mexicano de Negocios a favor de Anaya. Hizo cosas buenas, para él, que no sólo parecen malas, sino terribles, al intentar desinformar a quienes jamás debía haber engañado, sus pares.
15 Junio 2018 04:07:00
La otra cara de Andrés
Debajo de la propuesta de amor y paz de Andrés Manuel López Obrador, con la cual ha ido administrando inteligentemente su ventaja en las preferencias electorales, se encuentra Andrés Manuel López Obrador. Es la otra cara del luchador social que auténticamente sueña con un país donde haya menos desigualdad, que la riqueza se reparta mejor y que haya un futuro mejor para los mexicanos. Es el rostro del político hábil y evasivo, que antepone su posición moral ante cualquier cuestionamiento, con lo cual ha sorteado sin mayor dificultad, ante la falta de memoria colectiva, la opacidad y falta de transparencia, que son herramientas indispensables para la rendición de cuentas en una sociedad organizada democráticamente, que lo han acompañado a lo largo de su vida pública. Sorpresivamente, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, agudizaron sus contradicciones con dos revelaciones durante el último debate presidencial. Meade era cuestionado por Anaya por su presunta omisión en el caso de un contrato de una planta petroquímica entregado a la empresa brasileña Braskem, filial de Odebrecht, que corrompió a funcionarios en 11 países, y a su socia estratégica mexicana Idesa, cuando respondió que la pregunta tendría que ser para López Obrador, porque Javier Jiménez Espriú, a quien piensa nombrar secretario de Comunicaciones y Transportes de llegar a la Presidencia, tenía vinculaciones con esa compañía. López Obrador no lo defendió y dejó que él mismo se encargara de ello. El jueves, en una entrevista de radio, respondió indirectamente a este espacio donde se señaló que eso implicaría un conflicto de interés, que eso era falso.

Técnicamente, tiene razón, por la sencilla razón que no es funcionario público, por lo que sin importar si sabía o no de las corruptelas de Braskem como miembro del Consejo de Administración de Idesa –y tener acceso al proceso de licitación de la petroquímica y los detalles de sus negociaciones con Pemex–, sus decisiones no tuvieron incidencia real sobre la sociedad. Pero políticamente, se encuentra en el terreno del conflicto de interés, porque al estar reuniéndose en nombre de López Obrador con transportistas o autoridades portuarias, por citar dos áreas donde Idesa cruza transversalmente sus negocios, al mantener su silla en el Consejo de Administración de la empresa familiar, abre la puerta a la percepción que sus acciones y decisiones sean motivadas por intereses ulteriores. Los conflictos de interés rara vez incurren en ilegalidades, pero están permeados por la ilegitimidad. Si Jiménez Espriú llegara a ser secretario de Comunicaciones y Transportes sin renunciar a Idesa y vender, si tiene, sus acciones en la empresa, el conflicto de interés en el que incurriría sería análogo al que cometió el presidente Enrique Peña Nieto con su “casa blanca”. Peña Nieto nunca comprendió que aquello era un conflicto de interés, que detonó la espiral de desaprobación a su gestión que galvanizó la ira en su contra. López Obrador, a quien le importa muy poco el tema de la ética en el servicio público, ha guardado silencio. No así en otro tema similar, planteado por Anaya, con el constructor José María Rioboó, su asesor en temas de infraestructura, a quien cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México le dio obra pública mediante adjudicaciones directas. López Obrador dijo que no había nada irregular en las adjudicaciones y que fueron auditadas. En efecto, su Gobierno las entregó y su Gobierno las auditó. La entonces secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaun, garantizó la pulcritud del proceso, pero, igualmente, ordenó que el proceso de adjudicación de la obra se reservara por 25 años. Es decir, nadie podía revisar lo que se había hecho en una obra pública que, por definición, debería de ser lo más transparente posible porque precisamente en ese sector es donde las posibilidades de corrupción se potencian. En la defensa de su amigo Rioboó, López Obrador trazó una comparación interesante. Recordó que el nuevo hangar presidencial también se dio mediante una adjudicación directa a un amigo de Peña Nieto, el empresario Juan Armando Hinojosa. Esa obra fue por alrededor de 210 millones de pesos, cuyo costo fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, el Gobierno no escondió el valor de esa obra –cuyos detalles fueron libremente cuestionados por los medios de comunicación–, contra la construcción del segundo piso señalada por Anaya, que costó 187 millones de pesos, pero manejada con un criterio de seguridad nacional. Lo mismo hizo Sheinbaum, como delegada en Tlalpan, de los permisos de ampliación del colegio Enrique Rébsamen, que se colapsó por los sismos del año pasado.

Como en el caso de Jiménez Espriú, el de Rioboó tampoco significa que haya ilegalidades, pero refleja un patrón de comportamiento político de discrecionalidad y doble rasero. La exigencia de ética política y honestidad en los demás; opacidad sin controles externos en casa. Esta doble cara atenta contra la consolidación de un sistema de rendición de cuentas y equilibrios, que han venido trabajando por años personas y organizaciones de la sociedad civil, algunas, por cierto, que trabajan con López Obrador y Sheinbaum. 

Un sistema de pesos y contrapesos no está en el ánimo de López Obrador, como lo reveló en una entrevista de radio ayer Jiménez Espriú, quien dijo que le comentó que no se preocupara, que “ya no saben qué inventar para atacarlo”. No acepta que en un sistema democrático, la transparencia ayuda a evitar abusos del poder y reduce la impunidad. Si llega López Obrador a la Presidencia, dados sus antecedentes, habrá que estar atentos para que no frene la consolidación de la democracia en México.

Nota: En la columna anterior, se mencionó que José Antonio Meade era secretario de Hacienda en 2011. En efecto, pero cuando presidió el Consejo de Administración de Pemex era secretario de Energía, cargo que ostentó del 7 de enero al 9 de noviembre de ese año.
14 Junio 2018 04:09:00
Las tribulaciones de Jiménez Espriú
Quienes conocen a Andrés Manuel López Obrador notaron su sorpresa cuando en el tercer debate presidencial, José Antonio Meade afirmó que la familia de Javier Jiménez Espriú, designado como eventual secretario de Comunicaciones y Transportes, es socia de una empresa vinculada con la constructora brasileña Odebrecht, que repartió sobornos por años en México. López Obrador se fue ligeramente para atrás y levantó las cejas. Se recompuso rápidamente y sonrió, pero el golpe estaba dado. Jiménez Espriú dijo inmediatamente que era una mentira, pero ayer admitió la relación de su familia, como se había dicho, con una empresa asociada con una filial de Odebrecht, que también formó parte del esquema de corrupción trasnacional del conglomerado.

López Obrador conoció a Jiménez Espriú cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM a principio de los 70. Era secretario general administrativo en la rectoría de Guillermo Soberón, y desde su oficina manejaba a los porros que le ayudaban a la gobernabilidad en el campus universitario. Luego fue director de la Facultad de Ingeniería –donde lo recuerdan como uno de los mejores que hayan encabezado la escuela–, y a principio de los 80 luchó sin éxito con Octavio Rivero Serrano por suceder a Soberón.Tras esa derrota, Jiménez Espriú pasó al ostracismo en la vida pública, y en 2005, cuando López Obrador preparaba su primera campaña presidencial, lo incorporó en su equipo. Cuando Meade vinculó a su familia con una empresa asociada con Odebrecht, quienes conocen a López Obrador observaron que acusó el golpe por la sorpresa.

La corrupción de la constructora brasileña ha provocado la captura y detención de presidentes y políticos en varios países latinoamericanos, pero en México y Venezuela, los casos de soborno han corrido en cámara lenta, lo que ha llevado denuncias de impunidad en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.Uno de los funcionarios que han sido señalados como parte del entramado de corrupción es Meade, a partir del hecho que como secretario de Hacienda y presidente del Consejo de Administración de Pemex, avaló en 2011 el contrato de suministro de etano el año anterior entre Pemex Gas y Petroquímica Básica, con la empresa brasileño mexicana Braskem Idesa, para construir la planta Etileno XXI en Veracruz.

Idesa es una empresa mexicana fundada hace más de medio siglo, que se asoció con Braskem, que es una filial de Odebrecht. Braskem era dirigida por el exdirector de finanzas de Odebrecht, Carlos Fadigas, quien de acuerdo con testimonios en la Fiscalía brasileña en Curitiba, que tiene el caso de la corrupción del conglomerado, dijo en 2013 en una reunión con inversionistas, que habían acompañado la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 “de tiempo completo”. 

Braskem y Odebrecht admitieron en diciembre de 2016 haber participado en un esquema de corrupción internacional y reconocieron su culpabilidad y pago de una multimillonaria multa al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que intervino porque mucho dinero pagado pasó por el sistema bancario de ese país.

En uno de los documentos del Departamento de Justicia, Braskem reconoció que proveyó fondos a la División de Operaciones Estructuradas –“el Ministerio de la Corrupción”, describieron las autoridades estadunidenses– de Odebrecht, para canalizar recursos a paraísos fiscales para esconder sobornos a funcionarios y partidos políticos extranjeros entre 2002 y 2014. Idesa se ha desvinculado de los actos de corrupción de Odebrecht y de Braksem, alegando que fue una asociación estratégica la que forjaron. 

Jiménez Espriú ha buscado neutralizar el haber sido desnudado por Meade. En un breve comunicado, dijo que era una acción desesperada y mentirosa del candidato. En el debate, Meade señaló: “En el tema de Odebrecht, la pregunta no debería ser para mí, Ricardo (Anaya). Debería ser para Andrés Manuel porque el socio de Odebrecht en México es la familia de Jiménez Espriú”.

La afirmación, técnicamente, es correcta. Idesa, socia de Braksem, fue fundada por su suegro, Pascual Gutiérrez Roldán, y dirigida actualmente por uno de sus hijos, Patricio, sobrino de su esposa y hermano del embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, entrañable amigo del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. 

El secretario de Comunicaciones y Transportes designado, aseguró que ninguno de los proyectos en los cuales participa con López Obrador, está relacionado con Idesa. Sin embargo, es un conflicto de interés. Si bien el proyecto donde trabajó la empresa familiar con Braksem trató con Pemex y el área de comunicaciones y transportes no está directamente involucrada, hay puntos de contacto en materia de transportación y utilización de puertos que le tocaría manejar en la Secretaría donde, de ser presidente López Obrador, pero sobre todo, porque es miembro del Consejo de Administración, donde comparte asiento con inversionistas estadunidenses ligados a la industria petrolera y egresados del ITAM, ambas figuras estigmatizadas por López Obrador.

Como miembro del Consejo de Administración, Jiménez Espriú tuvo que haber revisado el proyecto de Braksem y apoyado la sociedad estratégica con esa filial de Odebrecht, aun después del escándalo de corrupción. Meade no lo acusó de corrupto, pero tampoco abundó en el tema. De lo que se trata es de un conflicto de interés, que si bien no significa ilegalidad, arroja sombras de ilegitimidad. Por un conflicto de interés, Peña Nieto no ha podido sacudirse la percepción de corrupción de la casa blanca. Esta es una buena prueba para ver la solidez de López Obrador, y ver si el candidato es químicamente puro en temas de integridad, o su rasero, como el de los políticos tradicionales, también es doble.
13 Junio 2018 04:07:00
Mérida: la batalla de los sexos
El último debate presidencial no produjo con claridad quién es realmente el segundo lugar. Ricardo Anaya y José Antonio Meade dejaron de golpearse de manera sistemática –lo hicieron tangencialmente–, y enfocaron sus críticas a Andrés Manuel López Obrador, quien toreó los cuestionamientos y dejó de contestar los señalamientos particulares que se le hicieron. Pero si nos atenemos a la experiencia de los dos debates anteriores, no importará que haya mostrado sus carencias conceptuales y limitaciones retóricas, porque por muchos adeptos que haya perdido anoche en Mérida, muy probablemente será un porcentaje insignificante o irrelevante frente a la ventaja que tiene en las preferencias electorales. Tampoco era en quien se enfocaba la atención, centrada en sus rivales que están compitiendo por el segundo lugar y con la necesidad de mostrarse como los únicos que pueden desafiar en las urnas a López Obrador.

Anaya y Meade viven un proceso de autodestrucción mutua al mantenerse encerrados en un juego de suma cero, donde cada quien quiere ganar proporcionalmente lo que el otro pierda, llevando la elección presidencial a una contienda entre tres, donde la superioridad del puntero, Andrés Manuel López Obrador, en el careo con cada uno de sus rivales, no la hace competitiva, sino cómoda. No fue una elección, como se suponía el año pasado, que se diera en tercios. El diagnóstico sobre el malestar del electorado contra el gobierno y su deseo de cambio, resultó mayor de lo estimado y con una tendencia al alza sistemática.

El último debate presidencial confirmó las tendencias electorales y la lucha de las estrategias. Ni Anaya ni Meade buscaron lastimarse, ni López Obrador cometió errores costosos.

El puntero administró su ventaja sin correr riesgos, como lo hizo en los dos debates anteriores. Sus adversarios buscaron los contrastes con López Obrador en sus propuestas y mostrar que el puntero en las preferencias tiene más hoyos negros en su gestión como gobernante en la Ciudad de México, de lo que la mayoría de sus simpatizantes probablemente desconocen o no se acuerdan.

A dos semanas y media de la elección Anaya y Meade siguen atrapados en su laberinto. La forma como se puede explicar lo que sucede es a través del ejercicio de “La Batalla de los Sexos” en Teoría de Juegos, que sirve para analizar problemas frecuentes en la vida diaria, donde sólo se juega una vez y no prevé una comunicación previa que permita conocer la estrategia de cada uno. Es un ejercicio simétrico donde los jugadores y sus estrategias son intercambiables pero, a la vez, no alteran el resultado final.

“La Batalla de los Sexos”, donde cada jugador busca maximizar su ganancia, analiza el comportamiento de cada uno en un entorno de ambigüedad. El ejercicio establece que cada uno tiene sus preferencias para este juego que se refiere a la coordinación de las estrategias donde ninguno conoce la estrategia del otro jugador. Por ejemplo, Anaya, tiene cuatro opciones. La más preferida (1) es que él y Meade elijan que el candidato del PAN es quien enfrentará a López Obrador como la segunda opción más fuerte; la siguiente (2) es que ambos decidan que el que tiene más posibilidades es el PRI; la que le sigue (3) es que Anaya se queda con el PAN y Meade se queda con el PRI, sin mover sus posiciones, como hasta ahora; finalmente, (4), la peor opción es que Anaya decida apoyar al PRI y Meade al PAN.

En el caso de Meade, valga la pena la redundancia, la elección preferida por el priista (1) es que él y Anaya opten por la candidatura del PRI como la mejor opción para enfrentar a López Obrador; la siguiente (2) es que Meade decida apoyar la candidatura de Anaya, por considerar que tiene más posibilidades; en la selección posterior (3), Meade permanece inamovible, al igual que Anaya, por lo que no hay voto estratégico y los dos partidos y sus aliados compiten hasta el final como lo han hecho hasta ahora, sin coordinación alguna. La última opción (4), la peor alternativa para Meade, es que apoye a Anaya, mientras que el candidato panista apoya al PRI.

Hay una variable asimétrica en “La Batalla de los Sexos”, donde se altera el orden de las preferencias y que, según los expertos, refleja mejor la realidad. En este caso, las opciones 2 y 3 se invierten. Para efectos de argumentación, significaría que si Anaya elige ir solo a la lucha sin Meade, se entiende que mantiene su estrategia de golpeteo contra el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto hasta el final.

Aún si Meade conociera la preferencia de Anaya, en esta variable del ejercicio, tampoco habría coordinación entre ambos porque el panista mantendría las amenazas de meter a la cárcel al Presidente y preferiría ir solo que en una alianza con el PRI. Esta solución beneficia al candidato más egoísta, cuya dominación sería impuesta por la fuerza, ante un débil comportamiento de su adversario.

Una variable no prevista en el ejercicio la introdujo el colaborador de Anaya, Diego Fernández de Cevallos, quien sugirió esta semana que un pacto con Meade -sin aclarar quién como candidato-, sería mejor que la victoria de López Obrador. Esta variación del juego sí podría modificar el resultado, a diferencia de la primera matriz, donde se muestran las decisiones que se pueden dar sin que alteren los resultados finales. Fernández de Cevallos proponía que Anaya o Meade declinaran por el otro para derrotar al puntero, pero anoche se vio que esa opción, la cooperación coordinada, no está en su mente.
12 Junio 2018 04:06:00
El Everest de Meade
La caída de las preferencias electorales del candidato del frente Ricardo Anaya nunca fue tan pronunciada como esperaban en el cuarto de guerra del candidato oficial José Antonio Meade, ni en el despacho del presidente Enrique Peña Nieto. Toda la operación planeada por el coordinador de la campaña, Aurelio Nuño, aprobada por el Presidente –con quien revisa la estrategia hasta tres veces por semana–, suponía que para que la candidatura ciudadana cuajara, habría que hacer de la contienda una lucha entre dos, donde Anaya fuera eliminado de la competencia mediante una guerra sucia. Ninguna funcionó. Incluso, el último intento por descarrillar al panista con un nuevo video que insinúa actos de corrupción, no tiene todavía consecuencias claras.

La guerra sucia se mantiene, pero la candidatura ciudadana fue abandonada, aunque se mantenga en el discurso, y el PRI juega un papel fundamental para darle el piso desde donde pueda crecer hasta buscar ser un rival para el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El pacto entre Peña Nieto y López Obrador, como ha planteado Anaya, es inexistente, de acuerdo con la ruta crítica que tiene el PRI para Meade. Remontar la enorme ventaja que tiene López Obrador, lo dice públicamente el líder del partido, René Juárez, es difícil pero no imposible. Esa ventana de optimismo se fundamenta en los datos internos sobre preferencias electorales, aportados por el encuestador de cabecera de la campaña, Rolando Ocampo.

Ocampo es un encuestador con gran experiencia y calidad técnica, que trabajó en el gobierno de Vicente Fox y que antes de sumarse al equipo del candidato oficial, era vicepresidente del Inegi. Sus encuestas difieren significativamente de las publicadas, que tienen a López Obrador con una preferencia de voto superior al 50%. Los datos de Ocampo lo ubican con una amplia ventaja de 36%, 12 puntos arriba de Meade, y 13 delante de Anaya. Esos 36 puntos son aproximadamente 18 millones de votos, casi la misma votación que tuvo Peña Nieto en 2012, y muy lejos de los 30 millones de votos que apuntan las encuestas publicadas para López Obrador.

La hipótesis de trabajo en el cuarto de guerra de Meade parte de la convicción de que la muy amplia ventaja de López Obrador tiene que ver más con una burbuja –es políticamente correcto decir que votarán por el candidato de Morena– y con el ocultamiento de voto –es vergonzoso decir que votarán por el PRI–, que con una tendencia que se confirmará el 1 de julio. Los expertos en estudios de opinión consideran que aún si la ventaja de López Obrador en la actualidad es asombrosamente grande, sería muy difícil que perdiera la elección. La campaña de Meade confía en que pueden apostar todavía a la victoria.

Aún antes de tener los resultados que entregó Ocampo al cuarto de guerra, la meta de votos priistas que se habían fijado era de 25%, cercana a la que obtuvo Peña Nieto en 2012, pero superior a la de Roberto Madrazo en 2006. La decisión de Peña Nieto de imponer a Enrique Ochoa al frente del PRI para lograrlo, probó ser uno de sus peores fracasos. Ochoa se olvidó de las estructuras estatales del PRI, antagonizó con las bases y, en núcleo de las tomas de decisiones, llegó un momento en que prácticamente no se hablaba con Nuño, quien rechazaba todas sus propuestas. Peña Nieto estuvo a punto de cometer un segundo error y nombrar a Nuño como sustituto, que habría mantenido la zozobra en el partido. La llegada de Juárez revitalizó al partido y se pararon las fugas hacia Morena, pero no está claro si fue demasiado tarde. Los priistas están muy enojados con Peña Nieto y su equipo –Nuño es un puñal clavado en su corazón–, como lo demostraron en las elecciones estatales de 2016: de 600 mil priistas movilizados en Veracruz, 400 mil votaron contra el candidato a gobernador del partido; de 250 mil movilizados en Chihuahua, 100 mil votaron por Javier Corral. En Tamaulipas dejaron de votar más de 150 mil; en Quintana Roo y Durango más de la mitad votaron por la oposición.

El trabajo de Juárez es recuperarlo y aportar ese 25% –20% sería lo menor–, lo que no sería suficiente. A ese porcentaje necesitan sumarle el apoyo de gobernadores panistas que den la espalda a Anaya, con lo cual, estiman en el cuarto de guerra, podrían sumar 15% de votación a Meade, aunque los panistas voten por sus candidatos a nivel local. Del candidato esperan que pueda jalar un mínimo de 8% de los votos ciudadanos sumados a los que puedan aportar sus aliados en Nueva Alianza y el Partido Verde. Si logran esos números estarían en condiciones de presentar una batalla competitiva con López Obrador, porque más allá de los cálculos y escenarios de que pueda estar sobre representado en las encuestas, están convencidos de que su votación, aún sin alcanzar el doble de lo que obtuvo en 2012, como perfilan los estudios de opinión, sí estará muy por arriba de su techo de 35 por ciento.

Pero este escenario pasa irreductiblemente por la caída clara de Anaya al tercer lugar, no sólo en porcentaje, sino que sea patente la tendencia hacia abajo. De esta aritmética electoral en el cuarto de guerra de Meade se desprende el intento por el nuevo empuje a su descarrilamiento. Ya se verá en el último debate esta noche en Mérida si el planteamiento tiene alas para volar o, como está creciendo la percepción, este arroz sí se coció.
11 Junio 2018 04:07:00
La resistencia de Anaya
Desde antes de comenzar su campaña presidencial, las posibilidades de Ricardo Anaya de ganar la elección, objetivamente hablando, eran nulas. Había dos razones fundamentales. La primera es la fractura estructural dentro del PAN por la forma como se hizo de la candidatura, que llevó a que los dos únicos presidentes panistas estuvieran en su contra, y las reticensias de casi la mitad de los gobernadores del PAN que llegaron al poder en contra de los deseos de Anaya. La segunda tiene que ver con el voto útil que ha venido pidiendo para derrotar al puntero en las preferencias electorales, donde la apelación central es a priistas, sin cuyo respaldo no le alcanzaría en las urnas, pero cuya mayoría de militantes no van a votar por él.

Con un partido cojo –tampoco hay legiones perredistas reforzando al candidato de su coalición– y una campaña mediocre, lo sorprendente es que Anaya no haya colapsado. A esto hay que sumarle la cruzada desde el Gobierno y la guerra sucia emprendida en su contra hace meses. Por una razón que aún nadie puede explicar, Anaya se mantiene todavía en el segundo lugar de las preferencias electorales, con lo cual la expectativa de votarlo como el segundo lugar está viva.

La elección está a menos de tres semanas y el tiempo se acaba para las estrategias. Si Anaya se mantiene arriba de los 20 por ciento en tendencia de voto, la elección será entre tres, con lo cual él y el candidato oficial, José Antonio Meade, perderán irremediablemente debido a la canibalización del voto opositor a Andrés Manuel López Obrador, de Morena. La prisa la tiene la campaña de Meade para demostrar que son el segundo lugar con una tendencia al alza, mientras que Anaya tiene una caída sostenida que lo llevará al tercer lugar. El tiempo, una vez más, corre en su contra para tener una candidatura, al menos competitiva, contra López Obrador. Por eso, una vez más una mano amiga de Meade en las estructuras de poder, apareció el jueves pasado al poner a circular en redes un video editado donde Juan Barreiro, hermano de un empresario queretano vinculado al candidato que investiga la PGR por lavado de dinero, habla cándidamente sobre negocios irregulares que presuntamente eran para financiar la campaña presidencial de Anaya.

El video revela una trampa contra Barreiro, a quien después de ganarse su confianza, lo inducen a hablar. Grabado subrepticiamente, aparentemente en un hotel en Madrid dentro de una investigación multinacional sobre presunto lavado de dinero de la familia Barreiro y Anaya, el video voló literalmente en los medios de comunicación desde la misma noche del jueves y se convirtió en una bomba hacia el interior de la campaña donde, de acuerdo con personas con conocimiento de primera mano, están “devastados”. La reacción de Anaya, acusando una vez más al Gobierno de una guerra sucia en su contra, con la modalidad agregada que forma parte de una estrategia para ayudar a López Obrador a ganar la Presidencia, parece agotado. Sin embargo, su defensa-ofensiva por el video lo revitalizó, le volvió a dar un nuevo sentido a su campaña –el enemigo externo que lo quiere destruir por miedo– y le inyectó oxígeno en días que eran aciagos.

La imagen de un candidato sin creatividad ni control sobre su equipo iba creciendo. Hacia el interior de su campaña hay mucho desorden, sin mariscal de campo que controle al equipo y con muchos generales en constante conflicto. Anaya, quien asumió equivocadamente esa tarea desde un comienzo, alcanzó hace tiempo su Principio de Peter. Sus principales apoyadores, financiera y políticamente, los grandes empresarios, empezaron a ver que quizás se habían equivocado de apuesta para enfrentar a López Obrador. La reunión en el Consejo Mexicano de Negocios fue un punto de inflexión. Como el resto de los candidatos, acudió a su cita con cerca de una cuarentena de los barones del dinero en México, pero según varios de los asistentes, Anaya habló generalidades, sin densidad alguna.

Lo peor, sin embargo, no fue él –sólo superado por Jaime Rodríguez en la evaluación más baja de los cuatro–, sino sus acompañantes, su estado mayor y los presidentes de los partidos de la coalición, entre quien destacó, por impertinente, Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, quien al ensalzar al candidato identificó por nombre y apellido quiénes de los presentes en el salón ya le habían expresado su apoyo. En un contexto de actitudes que normalmente son sibilinas, esa indiscreción con toda intención de buscar más apoyos provocó lo contrario, y algunos de los empresarios exhibidos se retiraron del salón.

Anaya sigue de pie todavía, resistiendo, pero no está claro si lo que vemos es sólo el cascarón de un cadáver político. El video, lleno de imágenes circunstanciales de corrupción, no parece tener la fuerza suficiente para que su lenta caída se haga pronunciada y que aquellos que ya tienen dudas sobre el éxito de su candidatura, cambien de barco. Todo lo que se ha hecho contra él sólo consiguió congelar su ascenso en preferencias electorales, como arrancó el año, pero no consiguieron colapsarlo, de acuerdo con todas las encuestas. Tampoco sirvieron como envión para Meade.

La explicación de Anaya sobre la difusión del video es que se trata de un pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador para evitar que gane y meta a la cárcel al inquilino de Los Pinos. El argumento es increíblemente reduccionista y falso. El objetivo no es ese, sino que le gane Meade a López Obrador, lo que se explicará mañana.
08 Junio 2018 04:08:00
Iguala, ¿crimen de Estado?
La imputación política ha perseguido desde 2014 al presidente Enrique Peña Nieto: la desaparición de los 43 normalistas de Iguala el 26 de septiembre de ese año, fue un crimen de Estado. La definición convencionallo caracteriza como “la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que involucra la violación de los derechos humanos”. Ninguna institución que revisó y estudió el actuar del Gobierno federal en la investigación de la desaparición de los estudiantes ha señalado que se trató de un crimen de Estado, pero existen bases sólidas para que esa imputación tenga asideras en el campo político y, por tanto, permite un golpeteo sistemático y permanente contra la Administración peñista. La paradoja para el Presidente es que se lo ganó a pulso.

La falta de oficio político fue la entrada a esta pesadilla política-jurídica que acompañará a Peña Nieto aún después de concluir su Presidencia. La noche del 26 de septiembre, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, se comunicó con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, incondicional y confiable para el presidente Peña Nieto, para informarle que había un serio problema con normalistas de Ayotzinapa en Iguala. No había suficiente información en ese momento, pero en el Gobierno federal, que tenía información policial y de inteligencia civil y militar de lo que pasaba, no hicieron nada. Miranda no alertó a sus jefes, ni dispuso de acciones federales extraordinarias para intervenir inmediatamente en ese caso. La omisión inicial, sin embargo, se iría reforzando con la insolencia y arrogancia frente a los hechos, que continuaron marcando esos primeros días en Los Pinos.

El domingo 28, los periódicos de la Ciudad de México dieron cuenta pormenorizada de la represión a la que habían sido sometidos los normalistas por parte de la Policía Municipal de Iguala. Pero en Los Pinos había otra lectura, inducida por el procurador Jesús Murillo Karam, cuya información llevó a la conclusión a los colaboradores del Presidente, “que todo había sido un conflicto entre narcotraficantes”. A uno de los presentes en esa reunión se le hizo ver que quienes estaban involucrados eran normalistas de una escuela que por décadas había sido beligerante y confrontada con la autoridad. “Ahí todos son narcotraficantes”, respondió tajante. Era un punto final a esa discusión sin entender que el tema, por la propia naturaleza de que las víctimas eran estudiantes, tomaría una dimensión muy diferente a la que habían analizado. La soberbia era la marca de la casa.

Un día después, el lunes 29, en la reunión de estrategia que tenía el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, se preguntó sobre el caso. Cuando la respuesta fue que estaban involucrados policías municipales de Iguala, Nuño determinó que era un caso estatal, que lo debería resolver el gobernador Aguirre, porque no era de competencia federal. Ese diagnóstico permeó lo que vendría días después con la actitud y el discurso presidencial. Al día siguiente, Peña Nieto lamentó los hechos y subrayó que “es muy claro que el Gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales. Había ya, en ese momento, una contradicción: si como dijo Murillo Karam, era un conflicto entre “narcotraficantes”, al ser ese un delito federal, la PGR debió haberlo atraído. Las inconsistencias se acumulaban.

El CISEN y la Marina enviaron reportes diarios a Los Pinos sobre el caso de Ayotzinapa, pero la forma como se procesaban y sintetizaban, hacían que el presidente tuviera menos información, en cantidad y calidad, que si leyera un periódico. Peña Nieto no tenía información relevante sobre lo que estaba pasando, pero tampoco le importó mucho, porque no exigió que se la dieran. El gobierno estaba ausente y crecían las críticas en la opinión pública sobre su omisión. La PGR, que por oficio tenía que involucrarse, buscó dar golpes efectistas y trató infructuosamente de procesar al gabinete de seguridad de Aguirre, y vincularlo al crimen organizado que para esos momentos, ya se tenía evidencias de su participación central en la desaparición. No había bases para ello, por lo que no avanzaron en esa línea.

Voltearon a ver al gobernador Aguirre, pero había dos líneas contrapuestas en el equipo de Peña Nieto. Por un lado, en la PGR varios funcionarios intentaron obtener declaraciones ministeriales que lo involucraran y abrirle un proceso, y por el otro, en Los Pinos sostenían que el gobernador debía ser apoyado en su cargo porque él tampoco era responsable, y su salida del gobierno no resolvería sino complicaría las cosas. Aguirre finalmente tuvo que pedir licencia ante la descomposición en Guerrero, pero cuando dejó la gubernatura, un mes después, su salida no tuvo ningún impacto; se había agotado el tiempo para contener, como hizo el presidente Ernesto Zedillo con el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, en 1995 en la matanza de Aguas
Blancas.

Tarde se dieron cuenta del error cometido. Nunca admitirían que sus acciones fueron provocadas por incompetencia y soberbia. Nuño es hoy coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade. Murillo es un operador político del PRI. Miranda es candidato plurinominal al Congreso. Su jefe, Miguel Ángel Osorio Chong llegará por la vía plurinominal al Senado. El entonces jefe del Cisen, Eugenio Imaz, es hoy consejero en la Embajada de México en España. Nadie de los directamente involucrados pagó nada por lo que hizo y dejó de hacer. Quien tiene que rendir cuentas ante la historia y eventualmente ante la justicia es Peña Nieto, a quien un crimen municipal se le volvió de Estado.
07 Junio 2018 04:08:00
El secretario de Andrés
Nadie será más importante para Andrés Manuel López Obrador si gana la Presidencia, que su secretario de Hacienda. En víspera de su reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, a quienes no les gusta el enfoque populista de su modelo económico –rectoría del Estado sobre la economía en lugar de ser su regulador, más gasto público y menos inversión privada, con los riesgos que esto conlleva para mantener la disciplina fiscal–, sus asesores dijeron a la prensa que el candidato estaba pensando en Guillermo Ortiz y en Santiago Levy como potenciales secretarios de Hacienda. Pero el martes, López Obrador congeló a todos. Su secretario de Hacienda sería, como anunció en diciembre, Carlos Manuel Urzúa, que hizo ese trabajo en el primer medio del Gobierno del hoy candidato presidencial, cuando gobernó la Ciudad de México.

A tres semanas de la elección presidencial, el énfasis del proceso electoral ya no está en la contienda en sí mismo, sino en qué tipo de arquitectura de gobierno tiene el puntero en preferencias. El proyecto económico es donde hay un profundo desacuerdo, porque el modelo de López Obrador sería, de materializarse sus palabras en hechos, un regreso de medio siglo. Los nombres de Ortiz y Levy se presentaron el lunes como un mensaje a empresarios e inversionistas de que la disciplina fiscal se mantendría y que no habría ocurrencias en política económica.

Ortiz y Levy son lo contrario del pensamiento de López Obrador. Tecnócratas entrenados en la escuela de la globalización, de control al gasto público y énfasis en el desarrollo a partir del sector externo, chocan con quien promulga el proteccionismo, el uso del gasto público para estimular el desarrollo, y un mercado interno que coma, vista, calce y se mueva, con lo que produzca. López Obrador se reunió con Ortiz hace un par de meses, según trascendió a la prensa, sin que nadie de su equipo lo haya desmentido. El enlace con Levy se dio a través de Julio Scherer, uno de sus colaboradores antiguos con quien lo une una fuerte amistad y confianza de años.

Los dos trabajaron en el gobierno de Ernesto Zedillo, a quien López Obrador le debe en gran medida donde se encuentra. En la campaña para el Gobierno de la Ciudad de México en 1999, el PRI impugnó la candidatura de López Obrador porque su residencia no estaba en la capital federal sino en Tabasco –donde votaba–, lo que lo hacía inelegible. Zedillo forzó al PRI a retirar la impugnación para permitirle contender. Lo que sucedió con López Obrador es una historia conocida, y Zedillo es una figura pública que rara vez ha criticado.

Cualquiera de los dos serían caras conocidas en el mundo que, en caso de ganar la elección, transmitirían el mensaje de seriedad a inversionistas que podrían dar el beneficio de la duda a López Obrador en su eventual gobierno. Un secretario de Hacienda requiere no sólo tener conocimiento de la hacienda federal, sino la relación con sus pares en el mundo que le puedan tomar la llamada y recibirlos en el momento que lo solicitaran. Urzúa, el secretario de Hacienda designado, economista bien entrenado, no pertenece a ese mundo. No fue lo suyo, y no le interesa conocerlo.

En un despacho en el diario The Wall Street Journal horas antes de que trascendieran a la prensa los nombres de Ortiz y Levy, su corresponsal en México se refirió a Urzúa como un economista que se sentía bien preparado para el encargo, por haber manejado el presupuesto de la Ciudad de México que, dijo, es más grande que algunos países de América Latina, aunque omitió que son las pequeñas economías poco complejas, y por haber negociado el presupuesto capitalino con una asamblea opositora. Las analogías son chabacanas. El mejor ejemplo es el del presidente Enrique Peña Nieto que pensó que México era Toluca, y así le fue en su gestión política.

Urzúa le dijo al Journal que su objetivo era adelgazar la burocracia, con un gobierno más eficiente y luchando la corrupción, a fin de liberar fondos para utilizarse en la política social. La meta que tiene asignada por López Obrador es encontrar cuando menos 500 mil millones de pesos anuales para comenzar a cumplir sus promesas de campaña. Urzúa planteó como objetivo ahorros anuales del 2% del PIB, por unos 400 mil millones de pesos.

Para ello piensa recortar salarios a los funcionarios de alto nivel –que limitará la calidad de la alta burocracia que difícilmente querrá trabajar casi pro bono–, así como a funcionarios medios y superiores –creando incentivos para la corrupción que quieren combatir–, además de eliminar la corrupción, que algunos cálculos estiman en 900 mil millones de pesos. Aún si fuera correcto el dato, esos recursos no están en una bolsa del presupuesto, y no podría, por eficaz que fuera la lucha contra la corrupción, disponer de esos recursos de manera inmediata.

“No seré un secretario de saco y corbata, sino un secretario de manos a la obra”, le dijo al Journal. En lugar de atender reuniones internacionales –como las del FMI, el Banco Mundial, el BID, el G20 y APEC, por mencionar algunas– se quedará en México en la reingeniería del presupuesto mexicano. Este pensamiento no es exactamente lo que no necesita López Obrador para ganar confianza y generar certidumbres en México y el mundo. Si no es Ortiz o Levy, tendrá que buscar, de ganar la Presidencia, un secretario de Hacienda a la altura del desafío que tendrá. Urzúa no es una persona deshonesta; solamente no está preparado para el cargo.
06 Junio 2018 04:07:00
El ideario (y la venganza) de Andrés
Es impecable el ideario de Andrés Manuel López Obrador. Dice que falta un cambio verdadero en México, lo que es indiscutible si uno ve el repudio que hay contra el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el colapso de sus niveles de aprobación. Subraya que se tiene que acabar con la corrupción y la impunidad, lo que ha sido un reclamo nacional y de creciente beligerancia desde que brotó el conflicto de interés presidencial con la compra de la “casa blanca”. Recuerda que hay mucha desigualdad económica, social y pobreza, los tres ingredientes que han provocado que un modelo de desarrollo económico que hizo crecer a muchas naciones durante mucho tiempo, haya tenido como una externalidad la marginación y el olvido de las mayorías. ¿Alguien podría estar en desacuerdo con esos principios rectores para lo que quiere ser presidente?

Nadie, por supuesto, pero no lo es todo. Esas palabras las pronunció el lunes, cuando andaba de gira en Hidalgo, y en vísperas del diálogo con el Consejo Mexicano de Negocios, el grupo de los capitanes de la industria mexicana que tienen influencia en el 29% del Producto Interno Bruto, como estimó en 2014 el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación. Los 37 empresarios que lo integran son la élite empresarial mexicana, que integran una red corporativa de 142 empresas y comparten mil 459 asientos en sus consejos de administración. López Obrador acudió a la convocatoria con ese grupo, algunos de cuyos miembros se han enfrentado con él en fechas recientes. Iría, anticipó, “para que no haya malos entendidos”, a explicar su proyecto de nación.

Precisamente ahí se encuentra el corazón del diferendo. El proyecto de nación que plantea pertenece a un mundo que dejó de existir en 1971, cuando el ideal de país que sueña López Obrador, el desarrollo estabilizador, un modelo con una economía de mercado donde el Gobierno tenía un fuerte papel intervencionista mediante el gasto público. Los objetivos de esa economía centralizada, estatista, por el papel rector y promotor del desarrollo del Gobierno, son los mismos que ahora propone López Obrador. El modelo fue puesto en práctica por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, tras la devaluación del Sábado de Gloria en 1954, cuando el peso se fue de 8.65 por dólar a 12.50. El modelo empezó a naufragar en 1970, cuando el bienestar no llegó a todos, la producción mediante la sustitución de importaciones –que quiere regresar el candidato– llegó a su tope y el déficit fiscal se amplió. El presidente Luis Echeverría insistió en el modelo, que defendía la paridad cambiaria, hasta que estalló con una devaluación en la víspera de su último Informe, cuando el peso cayó a 22.88 unidades por dólar.

Las grandes críticas que han hecho los empresarios a López Obrador en las dos últimas semanas –varios de ellos miembros del Consejo Mexicano de Negocios–, se centran en esa visión obsoleta del mundo. En Hidalgo dijo que les explicaría su proyecto y despejaría sus dudas. El proyecto sigue sin convencer, y sus dudas prevalecerán hasta que el candidato de señales convincentes de que el discurso sobre el desarrollo estabilizador, la sustitución de importaciones, regresar a los precios de garantía para los productos agrícolas, dejar de exportar petróleo para producir gasolinas y regresar el subsidio a los combustibles no es más que retórica de campaña, y que entiende que esas ideas son para sus fieles, no para la realidad.

Lamentablemente, eso no fue. Su proyecto de nación, como un botón de muestra de lo disociado que está con la realidad, cuesta 4 mil billones de pesos, es casi 80% del presupuesto de 2018. Es imposible que cumpla con sus ofertas de campaña, por más voluntad política y buenas intenciones tenga.

López Obrador dijo que su propósito sería ir “conciliador y con la mano tendida”, que lo fue en un entorno de civilidad como el que existió, pero no de honestidad. En Hidalgo, cuando la prensa le preguntó sobre qué haría si los empresarios con los que habló, a algunos de los cuales ha llamado “rapaces”, le pidieran disculpas por haberlos llamado “traficantes de influencias”, no reculó ni un instante sino al contrario. De todo ello tenía pruebas, porque no acusaba en falso. El tono era anticipo de lo que encontrarían en la reunión. Cada quien con su música; cada quien con su partitura. Pero está bien, había dicho López Obrador, cada quien tiene derecho a disentir, porque así debe ser una democracia.

Grandes palabras, pero retórica hueca. Con él no hay derecho a disentir. La tolerancia no está entre sus virtudes ni es un atributo de su núcleo duro. Quien piensa diferente es acosado por sus legiones organizadas en las redes sociales controladas por su equipo. Quien discrepa se va al ostracismo. Quien lo critica es denunciado con epítetos descalificadores. Una larga cadena de juicios de valor denostadores contra quien ha osado tener una opinión contraria a él, incluso entre sus aliados más consistentes, fue publicada por Fernando García Ramírez en El Financiero el 21 de mayo, quien apuntó: “Si ahora que está en campaña, fundando la República Amorosa, agrede, insulta, calumnia, veja y ejerce su propia guerra sucia, podemos imaginar lo que sería de llegar a ser presidente de México”.

En efecto, como lo vieron los empresarios y aprecia cuando menos la mitad del país, no son proyectos distintos, sino dos naciones diferentes: la del 2018, el presente y el futuro, y la de López Obrador. El 1 de julio, esto es lo que estará en disputa.
05 Junio 2018 04:07:00
Advertencia para Andrés
Las movilizaciones de la Coordinadora Magisterial en la Ciudad de México, recrearon los peores momentos de 2013 cuando tomaron el Centro Histórico de la capital federal en protesta contra la reforma educativa. Este lunes suspendieron clases en el sur del país, estrangularon por horas varias arterias de la capital y chocaron con la policía en la carretera de Cuernavaca. No tuvieron la intensidad de años recientes, pero una vez más trajeron a la mente la alteración del orden social para alcanzar sus objetivos políticos: que liberen a maestros que cometieron delitos del fuero común y que les condonen sabotajes a la reforma educativa. Junto con ello recordaron a quién apoyan en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido la cancelación de la reforma.

López Obrador, puntero en las preferencias electorales, ha escogido a la disidencia magisterial como uno de sus grandes aliados tácticos en su campaña presidencial, junto con quien enemiga histórica, la exlíder magisterial, Elba Esther Gordillo. Lo que los divide históricamente a las dos facciones magisteriales, los une la coyuntura, la oposición al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a partir de la reforma educativa. López Obrador ha sido muy consistente en que una de sus primeras acciones en el gobierno, de ganar la Presidencia, será abolirla.

Aún si ganara la Presidencia y tuviera la mayoría en las cámaras, no sería un proceso fácil. Para cancelar la Reforma Educativa se requiere una mayoría calificada en el Congreso, el Senado y en 16 más uno de los congresos locales. Pero tampoco es imposible o inviable, que es lo que en las últimas semanas ha comenzado a causar alta preocupación en el mundo, donde evalúan la educativa como la reforma más importante de Peña Nieto, incluso superior a la energética por la magnitud del cambio en el destino del país si tiene el éxito que se espera.

El equipo de López Obrador ya recibió un mensaje importante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a 35 de las más poderosas economías en el mundo. Hace unos cuantos días, Gabriela Ramos, quien es la directora de Gabinete del secretario ejecutivo de la organización, José Ángel Gurría y Sherpa de la OCDE ante el G-20 –los Sherpas en el G-20 son funcionarios senior que se encargan de guiar el proceso político de los países miembros antes de que se presenten las recomendaciones a los líderes de esas naciones–, habló con Esteban Moctezuma, quien es el responsable de construir la plataforma social para López Obrador, y quien es su secretario de Educación designado.

Ramos le expuso a Moctezuma que si López Obrador llegara a la Presidencia y cancela la reforma educativa, la OCDE no descansará en denunciar –esta no fue la palabra que utilizó– la regresión de su gobierno y en hablar en cada uno de los foros a donde acudan, que además de numerosos cuentan con una alta calidad de interlocutores, sobre las consecuencias que tendrán esas acciones para la educación en México. No se conoce la fecha exacta de esa conversación, o si fue personal o telefónica. En enero viajó Ramos a México junto con Gurría para participar en un foro de la OCED, donde señaló a la prensa: “Lo que le diríamos a cualquiera de los candidatos que están conteniendo en esta justa democrática, es que miren estas reformas (hablaba en general) y les den oportunidad para que sigan rindiendo frutos, porque están rindiendo fruto, y el problema s que si uno no las sigue avanzando, evidentemente hay posibilidades de que se vayan para atrás”.

En aquel foro, Gurría dijo que las reformas habían generado 80 mil millones de dólares en compromisos de inversión, que no podían retroceder. Se pueden reformar las reformas, precisó, pero no cancelarlas. Gurría ha sido uno de los principales promotores de las reformas peñistas, que permitieron que México se fuera alineando con los mecanismos de desarrollo a nivel internacional. En esa misma reunión, el secretario de Educación, Otto Granados, le pidió que la OCED realizara una evaluación de la Reforma educativa, que comenzarán a hacer en junio próximo y los resultados serán dados a conocer, se estima, en octubre.

La semana pasada, el semanario británico The Economist, advirtió que si ganaba López Obrador, la reforma educativa estaba en riesgo, aunque matizaba que si en este año la reforma no mostraba resultados positivos, le daría argumentos a su pretensión. Gurría y Ramos siempre han elogiado la reforma, cuya evolución conocen por el trabajo permanente de los expertos de la OCDE con la Secretaría de Educación Pública. Para el informe de este año la SEP quiere que incluyan los datos del ciclo escolar 2017-2018 en la evaluación final de este sexenio, ya que normalmente sus informes tienen de uno a dos años de desfase.

Las advertencias de Ramos a Moctezuma se enmarcan en el contexto de la forma como la educación impacta en el desarrollo de las naciones, y las consecuencias para el desarrollo de México que puedan tener la cancelación de esa reforma. El caso de los niños en Oaxaca siempre ha sido un ejemplo muy utilizado para combatir la cancelación. Las protestas y suspensión de clases en las primarias de ese estado provocaron que en la última década los niños perdieron 50 días de clases por año. Sólo en lo que va del año, los niños oaxaqueños han perdido casi dos semanas más. La educación no importa, sino utilizarla como divisa de cambio para fines políticos, lo que la OCED advirtió a López Obrador que no permitirá.
04 Junio 2018 04:10:00
Los primeros cañonazos
Andrés Manuel López Obrador olió la sangre de la victoria en Tamaulipas. La semana pasada instruyó a su coordinador electoral en esa región, Ricardo Monreal, comenzar la batalla contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien en junio de 2015, con una votación arrolladora, le arrebató al PRI el poder estatal que siempre habían tenido, con lo que demostró recursos políticos, económicos y capacidad de movilización, que tienen preocupado al puntero en las preferencias presidenciales.

La motivación de López Obrador debe ser preventiva, ya que avanza –según las encuestas– a conquistar el estado, y debe querer que nadie se lo impida. El problema es el patrón nacional donde se han roto las normas de convivencia y se está arrastrando a los ciudadanos al estado primario en el que se encuentran combatiendo los actores políticos.

La semana pasada Monreal ofreció una conferencia de prensa en Ciudad Madero, que nadie imaginaba en dónde terminaría. “Le hago un llamado al gobernador para que no meta las manos, ni él, ni su gente”, comenzó Monreal sin mostrar evidencia que apoyara su denuncia sobre injerencia ilegal en el proceso electoral. “Hemos tenido una actitud de respeto para él. No queremos que esa actitud se pierda. Andrés le manda decir al gobernador que no se meta. Por mi conducto, le manda decir que no actúa de manera ilegal”.

La prensa tamaulipeca buscó al gobernador García Cabeza de Vaca para conocer lo que pensaba de las imputaciones de Monreal, y conforme avanzaba su respuesta, el lenguaje fue subiendo de tono, semántico y acusatorio. “Hemos sido muy respetuosos del proceso electoral, pero en particular hemos sido muy respetuosos con las leyes electorales en Tamaulipas”, comenzó. “Si existe algún elemento que tenga él conocimiento o alguien de algún partido político de irregularidades en el proceso electoral, que meta las denuncias correspondientes. Nosotros nos vamos a mantener firmes en nuestras convicciones de apoyar y respaldar todas las acciones que sean encaminadas a desarrollar un proceso democrático”.

Entonces, se dispararon los cañonazos. “Yo le recordaría a él”, dijo García Cabeza de Vaca de Monreal, “que lo corrieron de la Ciudad de México por corrupto. Por eso no fue candidato a (la jefatura de gobierno de) la Ciudad de México. Esa no es una presunción, es una realidad. Que no venga a descargar su ira e impotencia con esa actitud amenazante que no ayuda en nada a este proceso electoral”. La respuesta de Monreal llegó cargada de ira:

“Llamé de manera respetuosa a que el gobernador sacara las manos y los pies (eso no lo dijo en un principio) del proceso. Era un llamado respetuoso pero reaccionó de manera violenta el gobernador del estado de Tamaulipas. Yo le recuerdo que una de las características que debes asumir como gobernante es la prudencia, la serenidad, la sensatez; no el hígado porque siempre pierdes. Hice señalamientos puntuales en un afán de buena fe. Reaccionó violentamente e hizo una acusación. Le exijo que lo demuestre. Dijo que había salido de la Ciudad de México por corrupción. Tengo 40 años en el servicio público; he sido tres veces diputado; dos veces senador; gobernador y delegado de la Cuauhtémoc.

“No voya permitir que un gobernador como él esté difamando. Por eso le exijo que demuestre en qué parte, con qué juez, o con qué órgano de control estoy acusado y sancionado por corrupción. Y si no, que se retracte y ofrezca una disculpa. Yo tengo expedientes, lo recordarás gobernador, del 2009, de la averiguación de la SIEDO, la 012, y sabes muy bien a lo que me refiero. No sé por qué estás gobernando. No sé por qué estás impune, pero es un asunto de la autoridad que tendrá que responder”.

La averiguación a la que se refirió Monreal es la PGR/SIEDO/UEJDCS/012/2009, que contiene la declaración ministerial de Antonio Peña Argüelles, a quien una corte federal en San Antonio encontró culpable en 2014 de haber lavado dinero para el cártel del Golfo y Los Zetas, así como de haber sido intermediario entre esas organizaciones criminales y el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos como parte orgánica de esos cárteles. Peña Argüelles declaró que en 2004 le pidió Yarrington conseguir apoyos económicos del cártel del Golfo para inyectar a la campaña de García Cabeza de Vaca a la alcaldía de Reynosa. La investigación, hasta donde se sabe, sigue abierta.

Monrealfue más allá en el reto al gobernador. “Estoy acostumbrado a enfrentarme a sátrapas, a tiranos, a este tipo de personajes autoritarios”, dijo. “No les tengo temor. No soy tu lacayo ni tu bufón. No te estás enfrentando con uno de tus lambiscones. Te voy a enfrentar con la ley en la mano”.

Ala velocidadde una declaración y una respuesta, el conflicto electoral se volvió en uno judicial, pendenciero, amenazante y totalmente alejado del proceso democrático en el que todos pregonan se encuentra México. Qué mas falsedad en la retórica extendida que lo que este episodio desnuda. Vivimos en un conflicto que cada vez profundiza su división, alimentados por un espíritu vengativo, abundante en intolerancias, donde las pieles son muy suaves y los rencores muy profundos. Ya no hay puntos medios. La polarización dejó de ser polar y tiene múltiples expresiones de discordia y encono. El 1 de julio no será el mejor o el peor día de unos y otros tras el resultado electoral. El día 2, si las cosas siguen por este derrotero, empezaremos a ver el fruto de nuestra furia.

01 Junio 2018 04:07:00
Árbitro chafa
El mejor trabajo de un órgano electoral es cuando no se nota. El peor, cuando está en el centro del escenario como el protagonista principal. Desde hace tiempo esto es lo que ha pasado con los consejeros electorales, cuyo presidente es Lorenzo Córdoba. Siempre están involucrados en asuntos contenciosos, con los tribunales, con los partidos, con los candidatos, con los medios de comunicación. El Consejo Electoral del INE tiene mucho de temerario y arbitrario. Pero también suele estar metido en problemas por sus propias contradicciones. La última tiene que ver con la legalidad de la candidatura que registraron de Nestora Salgado; la que viene, legalidad de la candidatura que registraron de Napoleón Gómez Urrutia.

Los consejeros electorales han estado atrapados toda la semana en sus propias declaraciones. Al iniciar la semana no veían ningún error u omisión de su parte al haber otorgado el registro de candidatura a Salgado, candidata plurinominal de Morena al Senado, pese a tener doble nacionalidad. A la mitad de la semana ya habían matizado su opinión, y consideraban que al no haber denuncia no tendrían por qué intervenir en revisar su legalidad, cuando menos por ahora. Al no ser un caso “público y notorio”, dijo el consejero Benito Nacif, tendrá que haber una denuncia para investigarse, y esto, hasta después de las elecciones.

Los consejeros están atrapados en lo que llaman actos de buena fe, y sus omisiones legales. El Artículo 32 constitucional establece que “la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”. Se puede restablecer ese derecho pleno, siempre y cuando, como señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Nacionalidad, se presente la renuncia vía certificado de nacionalidad a los mexicanos a los que otro Estado atribuye diversa nacionalidad.

El problema para los consejeros electorales es que fue tan abierto el tema de la doble nacionalidad, tan público y notorio, que la propia Salgado afirmó hace unos días que no renunciaría a ser estadunidense . Se burló de ellos o los desafió. El Instituto Nacional Electoral ya admitió que cometió un error al revisar la documentación de Salgado, y está abierta la posibilidad de que, en caso de ganar, nunca se le otorgue la constancia de mayoría. Pero si sucede con Salgado, tendrá que pasar también con Gómez Urrutia, candidato plurinominal de Morena al Senado. Gómez Urrutia tiene la nacionalidad canadiense y sólo presentó su certificado mexicano de nacionalidad. Los consejeros se lo aceptaron y cometieron un error: lo que vale es el certificado del Gobierno canadiense que le retira la ciudadanía. Ese documento, no existe.

El Consejo Electoral del INE ha tenido una serie de actuaciones y tomado decisiones que parecen encaminadas a agradar a Andrés Manuel López Obrador. El caso de Salgado y Gómez Urrutia son dos ejemplos, pero los antecede la organización de los debates presidenciales. Desde otoño pasado decidieron en forma unilateral las plazas, las horas y, sobre todo, los temas de los debates. De esa forma escogieron que el primero sería sobre corrupción y gobernabilidad. En todas las encuestas de cada elección, el tema de mayor interés para los electores es el económico, lo que permite señalar que si en la mente de los consejeros hubieran estado los ciudadanos, habría seleccionado el que más preocupa a la mayoría. Optaron por ir por el que provocó la ira contra el Gobierno y golpeado a su candidato presidencial. El PRI buscó que se cambiara el orden temático, pero nunca se aceptó meterlo siquiera a discusión. Los consejeros jugaron políticamente sin revelar el método por el cual seleccionaron los temas. En la campaña de José Antonio Meade consideraron que este orden lo perjudicaba.

Las actitudes de los consejeros electorales también han provocado actos de autocensura en los medios, donde en varias organizaciones, ante la confusión sobre sus criterios sobre qué es información, análisis o propaganda, han limitado coberturas ante el riesgo de que algún día en que amanezcan de mal humor, decidan emprender una querella contra un medio. Las acotaciones auto impuestas en los medios han llevado a los absurdos de las coberturas que se están realizando, donde lo relevante no es lo importante de lo que sucede, sino que todo esté absolutamente balanceado para darle gusto a los consejeros. La justicia de puntos equidistantes no es justicia. Es el justo medio aristotélico provee justicia, no la llevada a cabo por el INE.

La democracia electoral pregonada por el INE ha costado trabajo que la apliquen en los hechos. Por ejemplo, a finales de 2016, Córdoba afirmó que revisarían la utilización de los recursos de los candidatos en los medios, pero no podían plantear que los políticos no hablaran de política; en 2018, censurar los debates en los medios durante la intercampaña. “Somos muy liberales en el tema de la libertad de expresión”, ha dicho Córdoba, pero Ciro Murayama, uno de sus más cercanos demostró el talante del grupo: porque no le gustaban los mensajes en Twitter del propagandista de López Obrador, John Ackerman, bloqueó sus comentarios. Ante la presión pública, rectificó. El episodio no es una mera anécdota, sino habla mucho de lo que el INE de Córdoba ha sido a lo largo de todo este tiempo: autoritario, déspota e hipócrita. Un árbitro, pues, realmente chafa.

Nota: En réplica a esta columna el miércoles donde se indicó que Manuel Mondragón y Kalb se formó en la escuela policial de Alfonso Durazo, el doctor negó haber trabajado con quien fue jefe de la Policía en la Ciudad de México durante el gobierno de José López Portillo.
31 Mayo 2018 04:09:00
Peña baja el telón
Qué equivocados estábamos muchos en agosto de 2014. En este mismo espacio se escribió el día 8: “La próxima semana esperan se promulgue la reforma energética, con lo cual sucederán dos cosas importantes: finaliza el ciclo de las reformas económicas de segunda generación impulsadas por el Presidente, y empieza el sexenio de Enrique Peña Nieto. El Gobierno comenzó en términos formales el 1 de diciembre de 2012, pero la administración de la política y la economía durante los primeros 615 días del sexenio, no tendrá nada que ver con los mil 574 que le quedan por delante. Esta fue una fase de contención; en la que viene el Presidente estará sin manos atadas y con todas las herramientas que le pidió al Congreso para la transformación del país. Mover a México tendrá que dejar de ser un discurso, y convertirse en realidad”. ¿Cuál fue la realidad que venía? Incompetencia, es lo que demostró.

Para ese entonces llevaba un año de fractura con las élites tras la reforma fiscal, que provocó que en agosto de 2013 su nivel de aprobación cayera por debajo de la desaprobación. “Retomará la iniciativa y probablemente la mano suave de todo este tiempo de negociación de reformas, regrese a la rigidez de esa clase política mexiquense sofisticada y apabullante”, se apuntó entonces. “Peña Nieto necesita salir bien en 2015 para estar mejor en 2018. La apuesta es grande, y cuando se juega alto, se gana mucho o se pierde mucho”. Esto último es lo que sucedió.

El Presidente jugó en ligas para las que no estaba capacitado ni él, ni su equipo. La ruptura con sus aliados, los empresarios, fue visto entonces y todavía ahora, como la recuperación del poder pleno en Los Pinos, sin compartirlo con los barones industriales, como creían había sido en el pasado, sin entender que inclusión no era cesión, y que el consenso para gobernar se construía, no lo dinamitaba la soberbia.

Movió a la nación, pero en su contra. Otoño parecía que sería su coronación anticipada, pero el 26 de septiembre, 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad. Insensibles en Los Pinos, dijeron que era un tema de narcotráfico y no intervinieron. Para cuando reaccionó el Presidente, esa desaparición ya era su responsabilidad y el crimen era de Estado. La incompetencia, una vez más, lo llevó a ese punto.

Si las cosas comenzaban a descuadrarse dramáticamente, se pusieron peor cuando en octubre apareció la “casa blanca”. Un conflicto de interés que nunca supo resolver porque jamás comprendió que ese fenómeno no se traduce automáticamente en corrupción, se convirtió en el símbolo de corrupción de su gobierno y la marca indeleble de su sexenio. Un poderoso secretario de Estado asegura que los empresarios, molestos por el maltrato de Los Pinos, se contaron entre las fuerzas oscuras que contribuyeron a magnificar la percepción de la corrupción presidencial.

No les fue difícil anidar la idea. La rapacidad cometida o solapada institucionalmente será una las historias de antología del sexenio. Peña Nieto batalló contra la percepción durante más un año, pero en diciembre de 2016 tiró la toalla. En una reunión con un grupo de periodistas, admitió que no había nada que hacer, y que todo lo que intentara no iba a modificar las cosas. Desde entonces era un presidente resignado. Sólo le quedaba machacar permanentemente sobre las bondades de sus reformas y escoger un candidato presidencial que pudiera mantener al PRI en el poder. Le había ido electoralmente mal al PRI en 2015, y en 2016 le fue peor. Escoger un candidato no militante del PRI fue su apuesta, pero una vez más, la incompetencia de él y de su equipo que no negociaron cuidadosamente una imposición en un partido molesto con su jefe político, terminaron de romper la última alianza que le quedaba, con su propio partido.

Arrancó el 2018 con ganas de vencer en las elecciones, y al menos dos veces por semanas, discutía con Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, la estrategia electoral. El Presidente, sin embargo, ya estaba en otra realidad. Cuando fue inevitable el relevo en el PRI, le dijo a Nuño que él sustituiría a Enrique Ochoa. Eso hubiera sido un gatopardismo, al significar Nuño y Ochoa lo mismo. Nuño lo persuadió que no era una buena opción. El viejo toque político del mexiquense, se había agotado. Personas que han hablado con él tras los últimos intentos por revivir la candidatura oficial previo al primer debate, lo vieron tranquilo. En público se le veía relajado, inclusive contento.

Es la despresurización del que perdió la angustia y se le fue la adrenalina. En este caso, se puede argumentar, de quien se sabe que su tiempo y el de su partido, acabó, aún antes de realizarse la elección. Asimismo, personas que han conversado con él sobre el otro tema contencioso, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, coinciden en que la presión que tenía se disipó, y su impresión es que Peña Nieto dejó de preocuparse si se ratifica este año o sea otro presidente el que lo continúe o lo mate. Lo último en esta misma línea, es el llamado empresarial a que haga algo en materia de seguridad y que no endose el problema al siguiente presidente.

Peña Nieto respondió derrotado. Ha bajado el telón de su sexenio y espera entregar la estafeta. Estas son las señales que envía todos los días y que, hasta ahora, no hay absolutamente ninguna que indique lo contrario.
30 Mayo 2018 04:08:00
Los muertos de Peña
Ciento siete mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio, hablan muy mal de la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. En Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas, los reportes de balaceras y asesinatos son cotidianos. Hay zonas en el país donde nuevamente, como hace 15 años, no se pueden visitar, y viajar por carreteras por las noches se ha vuelto muy peligroso en varias regiones del país. El incremento de ataques a empresas, asaltos físicos, secuestros y extorsiones, tienen muy ansiosos y preocupados a los empresarios, que ya vieron afectados sus negocios por el alza galopante de la violencia, subrayan el colapso de su política. Mal cierre tiene el Presidente en el tema que más lastima a la sociedad, gran lastre que añade carga al final de su sexenio.

Las cúpulas empresariales le están exigiendo que no deje el problema de la seguridad al próximo gobierno, y que apure las reformas que se tienen que hacer para frenar la violencia al alza que no pueden esperar. Los empresarios pecan de ingenuidad en su desesperación para que el Gobierno federal haga algo. ¿Por qué tendría que hacerlo? El Presidente le compró de cabo a rabo la estrategia de seguridad a su exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y está convencido de que la violencia desatada está asociada con dos factores: que los gobiernos estatales y municipales no han hecho su trabajo, y que su repunte se dio con los cambios de gobiernos locales en los dos últimos años. Bajo esta racional, el problema no está en la Federación, sino en el ámbito estatal.

La falta de autocrítica no ayuda al diagnóstico correcto. ¿Qué hizo Peña Nieto de saque de su administración?

*Fusionó a la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, revirtiendo dos años de construcción de un nuevo andamiaje institucional, al reinstalar el viejo concepto de la policía política montado en la seguridad pública. Al frente de ella colocaron a Manuel Mondragón, quien se formó en la escuela de Arturo Durazo, jefe de la Policía durante el gobierno de José López Portillo, uno de los momentos más oscuros en la seguridad pública.

*Desmanteló Plataforma México, con lo cual se dañaron años de trabajo sistemático de inteligencia criminal, porque estimaban que no sería para nada. La tecnología utilizada en los sistemas de inteligencia criminal fueron compartidos para hacer inteligencia política.

*Permitió que se despidieran a los mandos de la Policía Cibernética porque sus salarios eran altos. Una de las consecuencias más claras se vio al no poder actuar con celeridad para evitar los ataques a los bancos.

*Su estrategia de prevención nunca funcionó. Jamás le dieron presupuesto y terminaron quitándole todos los recursos para lo que iba a ser, habían dicho al arrancar el Gobierno, la pieza toral de la política de seguridad pública. Todo se quedó en un ejercicio de propaganda.

*Se dejó de combatir durante ocho meses al crimen organizado, ante el supuesto de que era el combate frontal lo que generaba la violencia en las calles, que permitió que los cárteles se fortalecieran. Esa omisión por ignorancia permitió que la violencia comenzara su repunte a los niveles de descontrol e ingobernabilidad que se viven ahora.

*Se armaron grupos de autodefensa, en realidad paramilitares, varios de ellos vinculados con el crimen organizado, cuyas secuelas se ven todavía en Guerrero y Michoacán. Apoyarlos con armas y protección, les dio legitimidad y profundizó el problema de la inseguridad y el crimen organizado.

*Se pospuso dos años el examen de control de confianza para policías municipales, con lo cual su vinculación con criminales se intensificó. En este espacio ya se ha señalado que de haber existido, muchos de los municipales que participaron en el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, no habrían cometido ese delito porque jamás habrían pasado esos controles.

¿Qué hizo Peña posteriormente?

*Regresó a la política de combate al crimen organizado del expresidente Felipe Calderón pero con la misma deficiencia: no atacó integralmente el fenómeno. Las causas sociales y económicas que son aceleradoras del fenómeno, permanecieron sin ser transformadas. Y al igual que la administración previa, se echó la culpa de sus deficiencias a los gobiernos locales.

*No pudo, o no quiso, sacar un nuevo modelo de policía, pero presionó para que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, con lo cual se podrá tener a las Fuerzas Armadas permanentemente realizando tareas de seguridad pública. 

*El trabajo con los gobiernos estatales de ir fortaleciendo a las policías locales y gradualmente ir retirando al Ejército de las calles, se quedó en discursos. El encargado de planear la estrategia con los gobernadores, Osorio Chong, nunca lo hizo; el presidente tampoco le pidió cuentas.

*Pese a los fracasos visibles como la fuga de “El Chapo” Guzmán, que evidenció el colapso de los sistemas y protocolos del Sistema Penitenciario Federal, nadie de los responsables principales de que existieran las condiciones para el escape, fue procesado.

*Nunca se pidieron cuentas a los responsables de la seguridad pública del porqué si el presupuesto se incrementó casi cuatro veces en los primeros cinco años del Gobierno, la fuerza policial nunca se incrementó. ¿En dónde quedó ese dinero? No se sabe, porque la información está reservada.

Con tantas pifias, omisiones, negligencias o encubrimientos que se han dado en el gobierno peñista en materia de seguridad, ¿cómo esperan las cúpulas empresariales que el presidente  rectifique el rumbo? Es esperar demasiado de Peña Nieto que, en esta materia, como en otras que serán analizadas próximamente, ya cerró la cortina.
29 Mayo 2018 04:05:00
La captura de ‘El Abuelo’
La captura de Juan José Farías Álvarez es más que la detención de un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es la cara más impura de la fallida estrategia contra la delincuencia organizada del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Durante casi cinco años lo arroparon como uno de los primeros líderes de los grupos de autodefensa en Michoacán y lo invitaron a sus reuniones de planeación y estrategia. No les importó que hubiera estado en la cárcel años antes por ser uno de los operadores del Cártel del Pacífico en el trasiego de las metanfetaminas. Lo necesitaban para eliminar a Los Caballeros Templarios. Farías Álvarez, “El Abuelo”, fue uno de los precursores de los grupos paramilitares equipados y protegidos por el Gobierno para aniquilar a un cártel.

La agencia de noticias michoacana Quadratín lo describió como “narcotraficante, homicida, autodefensa, empresario y hasta miembro del quinceavo Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, dependiente de la 43ª Zona Militar”, quien supuestamente era un objetivo prioritario para el Gobierno y Michoacán, al ser uno de los incondicionales del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”. En todos estos últimos años, eso nunca pareció ser relevante. “El Abuelo” se movía por Tepalcatepec, sin mayor problema. Sus antecedentes y redes de protección habían sido expuestas en este espacio el 31 de julio de 2013, cuando se publicó:

“Tepalcatepec es un municipio en Tierra Caliente, Michoacán, frontera con Jalisco, que según un reporte confidencial del CISEN de 2007, estaba controlado por el cártel de Sinaloa –hoy Pacífico–, y era puerta de entrada a Jalisco de los precursores de las metanfetaminas que llegaban a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas procedentes de India y China. La plaza la manejaba el Cártel del Milenio –de los hermanos Valencia–, que se había unido a los sinaloenses en 2006 para enfrentar al cártel del Golfo y a Los Zetas. El representante era, según el mismo documento, Uriel Farías Alvarez, ‘El Paisa’, en ese entonces presidente municipal del PRI…

“El hermano de ‘El Paisa’, Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, había organizado a los “Antizetas”, un grupo para repeler al cártel adversario. Su red de protección abarcaba, según el CISEN, a la Secretaría de Seguridad Pública local y a miembros de la Iglesia en Tepalcaltepec. “El Abuelo” estaba vinculado a la red del empresario Zhenli Ye Gon, y su hermano, jefe de la protección, fue detenido en 2009 en el caso de El Michoacanazo, aunque después recuperó la libertad por falta de pruebas.

“El problema en Tepalcatepec no era desconocido para el Gobierno de (Felipe) Calderón en 2007, cuando se agravó. Esto sucedió porque fue tan eficaz el golpe a los cárteles, que se quedaron sin dinero para pagar sicarios, con lo que se dio el traslape de delitos federales al fuero común. Los matones del cártel de Tijuana se mudaron a los secuestros exprés para ganar dinero, mientras Los Zetas se expandieron a la trata, extorsión y piratería, para sobrevivir. En ese traslape falló la estrategia de Calderón al no tener la solidez institucional para enfrentar los delitos del fuero común, y perdió el tiempo culpando a los gobiernos estatales de no hacer nada, cuando en realidad nunca tuvieron ni el dinero ni el tiempo para fortalecer sus cuerpos policiales. Por otro lado, la estrategia de Calderón dejó vacíos sin llenar, como el haber detenido a los Farías Álvarez, que mantenían con violencia la estabilidad, y no fortaleció institucionalmente al municipio.

“En cinco años, el vacío se volvió un conflicto. Los Zetas se metieron a Tepalcaltepec y en el cambio de Gobierno de Calderón al de Enrique Peña Nieto, el hueco institucional que se dio a nivel federal fue aprovechado por el Cártel Jalisco Nueva Generación –la nueva cara del cártel del Milenio–, para impulsar a las policías comunitarias y a los grupos de autodefensa civil en Tierra Caliente. Si los grupos en Tepalcatepec son inspiración o no de ese grupo criminal, no se sabe. Que sí existen cárteles de la droga en esa zona bajo el disfraz de grupos de autodefensa y policías comunitarias, es un hecho”.

Tepalcatepec era por donde los precursores de las metanfetaminas que llegaban al puerto de Lázaro Cárdenas importados de China por el empresario Zhenli Ye Gon, que sigue preso en Estados Unidos, para el cártel del Pacífico, entraban a Jalisco para ser convertidos en drogas sintéticas en los laboratorios instalados en el estado. La muerte de Arturo Beltrán Leyva, en el colofón de la fractura dentro de esa organización criminal, así como la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dio origen a otra escisión, donde surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tomó el control de las rutas que trabajaban los Beltrán Leyva para Guzmán.

Los Farías Álvarez aparecían profusamente en el expediente de Zhenli Ye Gon de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada. La razón por la que no se quedaron en la cárcel cuando fueron indiciados es porque el conflicto intragabinete en el Gobierno de Calderón, hizo que la PGR no judicializara las intercepciones telefónicas que aportó la Secretaría de Seguridad Pública en el caso de El Michoacanazo.

El gobierno de Peña tenía toda la información, pero en lugar de armar nuevamente los casos, decidió utilizarlos dentro de los grupos paramilitares para aniquilar Los Caballeros Templarios. La captura de “El Abuelo”, cierra un capítulo del desastre de la política de seguridad pública, pero las consecuencias legales por esa limpieza crimina, faltan por verse.
28 Mayo 2018 04:07:00
Encuestas espurias
Muy pocos años bastaron para que una vez que se instalaran las encuestas como una de las herramientas en campañas políticas en los 90, comenzara a desacreditarse el instrumento. Los primeros síntomas fueron en la campaña presidencial de 2000, cuando al registrar unas mediciones la ventaja de Vicente Fox sobre Francisco Labastida, hubo quien corrió al PRI para canjear la censura del estudio por canonjías. Más adelante surgió la publicación de encuestas que nadie sabía quién había hecho, que eran difundidas por periódicos influyentes en la Ciudad de México que siempre beneficiaban a los candidatos del PRI o al Gobierno. Luego, vino un brinco a la sofisticación.

Lo más aberrante, por lo impúdico, se dio en las elecciones intermedias de 2015, cuando dentro de periódicos de “prestigio” se instauraron como modelo de negocio encuestas a modo. Se pagaban y como parte del paquete combo, se publicaban y difundían en los sitios web. Encuestas a la carta, para el mejor postor. Llegó a tener sus momentos de tensión entre cliente y proveedor, como sucedió en el caso de un candidato de oposición, que pagó por una encuesta que nunca salió publicada. Cuando reclamó, como quedó registrado en pláticas del chat a las que se ha tenido acceso, el vendedor le dijo que había habido un problema técnico, pero que se la reponía gratuitamente con otra encuesta, de cualquier candidato que le indicaran. El cinismo en su máxima expresión.

Esto es lo que George F. Bishop llamó “las impresiones espurias en la prensa”, en un muy vigente libro –cuando menos para México– publicado en 2005, La Ilusión de la Opinión Pública: Hecho y Artefacto de las Encuestas de Opinión Pública (Rowman & Litlefield Publishers, Inc.), donde mencionaba la preocupación de los encuestadores profesionales por la proliferación interminable de seudo encuestas que se difundían en los medios de comunicación, en internet y a través del teléfono, que transmitían información contradictoria a los electores, porque se obtenía de cuestionarios amañados, con un fraseo tramposo y una selección tendenciosa de los encuestados.

Bishop citó un artículo escrito años antes por la finada Eleanor Singer en la edición del 50 aniversario del Public Opinion Quarterly, sobre su utilización y diseminación al público sin control. “Las seudoencuestas (telefónicas, escritas o con muestras a conveniencia)”, escribió Singer, “son reportadas como si fueran reales, las discrepancias entre encuestas son reportadas sin explicación, y lo noticioso del hallazgo precede a la calidad del proceso mediante el cual se obtuvo la información”. Su creciente prevalencia, añadió Bishop, refuerza la ilusión del público que de que está informado sobre cada tópico posible bajo el sol.

Este tipo de distorsiones descritas por la manipulación de un instrumento, dañan profundamente los procesos electorales y minan la democracia. Esto no es un lugar común. En la medida que la confusión reine por las contradicciones de los estudios publicados, en donde no haya costo alguno para quienes de manera tendenciosa o comercialmente por los medios de comunicación que practican esta aberración e inventan, el electorado no sólo va confiando menos en el instrumento, sino además, utiliza los datos que se acomoden mejor a sus ideas y sentimientos, en la mar de resultados mezclados entre verdaderos y falsos, para descalificar procesos y perder la confianza en el sistema democrático, al crear múltiples realidades subjetivas que se contraponen.

Aunque en los últimos años el Instituto Nacional Electoral ha buscado tener un control claro sobre el mal uso de las encuestas, como solicitar metodologías y bases de datos de los estudios a las empresas, así como de manera particular que se entregue toda la documentación sobre quién pagó el ejercicio, todavía hay lagunas en las cuales varios mercenarios en los medios de comunicación están actuando sin escrúpulo en estas campañas electorales.

En un caso reciente, un funcionario de un medio habló con el equipo de un candidato para decirle que su última encuesta le daba muy buenos resultados, pues había ampliado de manera significativa su ventaja sobre el tercer lugar. Pero, alegó, como lo suyo era el negocio, necesitaba que le pagaran 4 millones de pesos. La propuesta fue rechazada y cuando se publicó la encuesta, quien originalmente estaba en tercer lugar, ya figuraba en segundo. En otro caso, donde el medio tenía una mayor difusión, el costo de la publicación de la encuesta como la tenían, era de 10 millones de pesos. A quien se buscaba extorsionar rechazó igualmente la propuesta y, como en el caso anterior, el segundo lugar que tenía se convirtió en tercero.

Qué tantos casos más hay como esos, no se sabe. Pero las casas encuestadoras establecidas y con larga trayectoria, han enfrentado críticas en los últimos años porque los resultados no coincidieron con lo que venían registrando, pese a la insistencia sistemática de que una encuesta no pronostica cómo van a votar los electores. Consulta Mitofsky ha llegado al extremo, para reiterar en ello, que cada vez que saca una nueva encuesta electoral, coloca una etiqueta que dice: “Falta mucho para la elección. No caiga en la tentación de pensar que no habrá cambios”.

La proliferación de encuestas espurias no ayudan al clima electoral. Al contrario, han distorsionado el proceso al haber sido utilizadas por algunos protagonistas para demostrar que sus candidatos estaban mejor de lo que señalaban otras encuestas.
25 Mayo 2018 04:07:00
El agarrrón de Videgaray y Guajardo (réplicas)
La relación entre los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, ha sido difícil en algunos momentos, en buena parte por el fuerte carácter de los dos que los ha llevado a discutir con energía, pero no está rota ni mucho menos dividida su posición en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta es una conclusión de la respuesta de los secretarios a lo publicado aquí este jueves, que remataron: están de acuerdo al 100 por ciento. Aseguran que no hay fisuras entre ellos y mucho menos aún posiciones distintas en la mesa de las negociaciones, como refirió esta columna citando al periódico The Wall Street Journal. A juicio de Videgaray, la prensa ha caído en el juego de las filtraciones de la Oficina del Representante Comercial de la Casa Blanca.

Las filtraciones son un subproducto de los sistemas abiertos, y reflejan las tensiones dentro de un Gobierno, o las acciones de este para cambiar y alterar las decisiones y acciones de sus interlocutores. En la política de Estados Unidos, las filtraciones, los leaks, son utilizadas regularmente. Hay filtraciones no autorizadas, donde quien las realiza busca impulsar o sabotear una decisión o una política aprobada, y hay autorizadas, donde una institución o un gobierno está alineado en busca del mismo objetivo. A decir de Videgaray, esto es lo que ha venido sucediendo dentro de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde la oficina de Robert Lighthizer ha buscado alterar la negociación o presionar a las partes involucradas mediante la utilización del Wall Street Journal como su vehículo preferido.

El Journal citó el miércoles a un funcionario estadunidense que afirmaba: “Es sumamente difícil llegar a un acuerdo con México porque parece haber una división importante entre quienes quieren alcanzar un acuerdo y quien no”. Esta columna recordó que el diferendo entre los dos secretarios ya había sido expuesto –y nunca desmentido– en la prensa mexicana, donde, como se apuntó ayer, la discusión había sido ganada por Guajardo, quien convenció al presidente Enrique Peña Nieto de que lo mejor que podía hacer era una buena negociación y no una entrega de concesiones que tendría repercusiones negativas en la industria mexicana. Si en la línea del Journal, Videgaray mantenía una posición distinta en Washington, se concluyó, estaba tomando decisiones por encima del propio Presidente.

De ninguna manera, rechazó Videgaray. Ni ha tomado decisiones por encima de las instrucciones presidenciales, ni mucho menos aprobado concesiones que no han sido analizadas y acordadas con Guajardo. En este espacio se apuntó el jueves: “En el caso del TLCAN, por lo que revela el interlineado en la información del Wall Street Journal, Videgaray se ha sobregirado de su área de responsabilidad.

Quien tiene la jefatura de la negociación es Guajardo, no el canciller, quien ha tomado decisiones sin consultar. Los acuerdos a los que llega con (Jared) Kushner que no son reconocidos por Guajardo, fueron caracterizados por el Journal como ‘inconsistencias’ en el equipo mexicano, a las cuales les achacan el empantanamiento en las pláticas. Esta confrontación, evidente ya en Washington, afecta a México y a la seriedad del Gobierno peñista”.

La versión de Videgaray coincide con la de Guajardo. La postura mexicana está alineada. Lo que se está dando, explican sus asesores, es una presión pública de la Casa Blanca para forzar a México a aceptar que el 40% de los componentes para la industria automotriz sean fabricados en las regiones del tratado donde los salarios mínimos sean de 16 dólares la hora. México ha rechazado esa propuesta por el daño que causaría a la industria automotriz mexicana. Este tema ha sido la causa del empantanamiento en la negociación, al insistir Estados Unidos en un incremento de 72.5% hasta 85% en los componentes para automóviles y autopartes, del 62.5% que es la tasa actual. México contrapropuso elevar hasta 70%, pero en lo general, sin acotamientos salariales.

Videgaray está convencido de que la oficina de Lighthizer está buscando dividir a la delegación mexicana y provocar confusión al minar su capacidad de negociación. Tanto él como Guajardo tienen claro que esta no es una posición desconocida por ellos o que no hubieran esperado que se realizara. Utilizar a los medios de comunicación es una vieja extensión de la política en Estados Unidos, donde frecuentemente han aparecido avances o retrocesos en la negociación.

Los canadienses, sin embargo, han sido los más audaces en las filtraciones, teniendo en el periódico The Globe and Mail de Toronto y en la agencia de noticias Canadian Press su principal vehículo de distribución de sus posiciones. A los mexicanos, en este y anteriores gobiernos, no les gusta recurrir a filtraciones. Son profundamente ortodoxos y optan por aparecer en medios, preferentemente electrónicos, para ganar espacios y tratar de orientar la discusión, pero rara vez para enviar mensajes cifrados que sólo entienden los destinatarios de ellos.El canciller resiente que se infiera que está cometiendo un acto de traición. La relación con Guajardo es plena y están actuando de acuerdo con la estrategia de la negociación, lo que confirma totalmente el secretario de Economía. Tensiones entre ellos han existido, coinciden en sus equipos, como parte de la discusión que se da entre ellos sobre temas específicos, o en el gabinete, cuando se han expresado los puntos de vista sobre la renegociación del tratado. Pero nada más lejano, señala, que la versión proyectada por el Wall Street Journal. Esto no parará. La agresividad estadunidense con su comunicación política es vieja. La actitud timorata mexicana, también.
24 Mayo 2018 04:09:00
Agarrón de Videgaray y Guajardo
El establo político del presidente Enrique Peña Nieto está en llamas. Sus dos negociadores en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, están confrontados. El primero quiere que salga el acuerdo, por encima de qué tanto perjudica a México; el segundo quiere el mayor beneficio para México aunque se lleve más tiempo. No es nuevo que echen chispas. Lo que es inédito es que su pleito trascendió al despacho presidencial y se fue directo a la mesa de negociación en Washington. “Es sumamente difícil llegar a un acuerdo con México porque parece haber una división importante entre quienes quieren alcanzar un acuerdo y quién no”, dijo un funcionario estadunidense al periódico The Wall Street Journal.

El conflicto entre Videgaray y Guajardo debe ser tan intenso y notorio, que los negociadores estadunidenses decidieron airearlo en la opinión pública a través del Journal, para buscar reencauzar la negociación. “Una y otra vez los funcionarios mexicanos han dicho que están interesados en un acuerdo, y entonces retroceden”, agregó la fuente del diario financiero neoyorquino. El periódico deja entrever con quién se quieren aliar en aquél país, tanto en el Gobierno, como en el sector empresarial: Videgaray. A Guajardo lo calificaron de ser la pieza “intransigente” en la negociación y quien, por tanto, es el que ha provocado que no avance la negociación.

La publicación en el periódico neoyorquino confirma las informaciones en la prensa mexicana sobre este viejo diferendo entre los dos secretarios. Guajardo siempre había reconocido la jerarquía de Videgaray, empoderado así por el presidente Peña Nieto, hasta que llegó el momento en donde no era el equilibrio de poder interno lo prioritario, sino el juicio histórico que tendría que enfrentar cuando se analice cómo se renegoció el acuerdo comercial.

El secretario de Economía no ha ocultado nunca su intención sobre qué tipo de tratado quiere. Si no entraba al Congreso de Estados Unidos por la vía del fast track para aprobarse antes de sus elecciones legislativas en noviembre, sería porque lo planteado perjudicaba los intereses mexicanos.

El diferendo está en las reglas de origen, donde Estados Unidos quiere que el 70% de los componentes para la industria automotriz sean fabricados en regiones del TLCAN, donde los salarios mínimos son de 16 dólares por hora. Lo que se puede colegir de la información en medios estadunidenses y canadienses, es que México, en voz de Videgaray, aceptó los términos impuestos por la Casa Blanca. Pero Guajardo ha dicho que no, porque ceder afectaría significativamente a la industria automotriz mexicana, quizás hasta en un 40%. A esto se refiere el Journal. Mientras Videgaray acuerda con el asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, las concesiones mexicanas, Guajardo le dice al negociador en jefe estadunidense, Robert Lighthizer, que eso no va a pasar.

La revelación del periódico dice mucho más, aunque no se percató el corresponsal del diario. En México, el diferendo ya había sido ganado por Guajardo, y convenció al presidente Peña Nieto que lo mejor que podía hacer era una buena negociación y no una entrega de concesiones que tendría repercusiones negativas en la industria mexicana. Personas que han hablado con Peña Nieto en las últimas semanas han comentado que el Presidente da la impresión de haber asimilado que el TLCAN no va a ser aprobado durante lo que resta de su sexenio y tendrá que ser concluido el proceso por el próximo presidente. La prisa por firmarlo no es de él, sino de Videgaray. La pregunta entonces es si Videgaray decidió actuar por sí solo, sin tener la aprobación clara del Presidente para que saque el acuerdo a costa de lo que sea.

Videgaray se maneja con un discurso ortodoxamente institucional, y ha contado de manera muy firme con el respaldo del presidente Peña Nieto, de quien es su alter ego y uno de sus principales consejeros –el otro es Aurelio Nuño, el coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade–. Gracias a ese respaldo, pudo avasallar a la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, cuando se opuso a la visita de Trump como candidato presidencial, y luego la desplazó del cargo. Más adelante participó en la elaboración de las listas para candidatos al Congreso y al Senado, en donde se intentó castigar a Miguel Ángel Osorio Chong y colocarlo en un lugar de la lista plurinominal donde había grandes posibilidades de que no llegara a la Cámara alta, y bloqueó la llegada a la Cámara baja del secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza.

En el caso del TLCAN, por lo que revela el interlineado en la información del Wall Street Journal, Videgaray se ha sobregirado de su área de responsabilidad. Quien tiene la jefatura de la negociación es Guajardo, no el canciller, quien ha tomado decisiones sin consultar. Los acuerdos a los que llega con Kushner que no son reconocidos por Guajardo, fueron caracterizados por el Journal como “inconsistencias” en el equipo mexicano, a las cuales les achacan el empantanamiento en las pláticas. Esta confrontación, evidente ya en Washington, afecta a México y a la seriedad del Gobierno peñista.

El Presidente tiene incendiado el establo, donde hay una evidente falta de control de su gabinete. Está claro que no impuso orden, o mejor dicho, que Videgaray, una vez más, se le montó y tomó decisiones en nombre suyo. El mensaje que reciben en Washington es terrible. ¿A quién le creen? A ninguno. México, por las acciones de sus secretarios, no sabe lo que quiere.
23 Mayo 2018 04:07:00
Pelea de tres
Dice Andrés Manuel López Obrador que la elección presidencial no será parejera. Tiene toda la razón. Mientras la lucha entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade se mantenga sin una declinación de facto, no hay forma de que sea una contienda binaria, como se llegó a señalar en este mismo espacio que sería. Asimismo, mientras haya dos candidatos que no cejen en ser los rivales finales de López Obrador, el candidato de Morena caminará, literalmente, a la silla presidencial. Pareciera un contrasentido que dos candidatos que tienen como principal enemigo al tabasqueño, sigan saboteando la posibilidad que uno de ellos sea el adversario designado, como sucedió en 2006 y 2012. Pero no lo es porque el encono y la lucha entre Anaya y lo que representa Meade, es mayor que su temor al triunfo de López Obrador y un cambio de dirección en el rumbo del país.

Los candidatos de las coaliciones del PAN y el PRI están en una dinámica de destrucción mutua. Ninguno tiene actualmente la fuerza para derrotar a López Obrador por sí solo y al mismo tiempo, ninguno mostró durante el segundo debate presidencial estar listo para entregar la plaza. En este espacio se publicó el lunes: “Si el primer debate presidencial… fue la confirmación de que el segundo lugar en la contienda era… Anaya, el segundo debate, fue el arranque de una segunda vuelta electoral por la vía de los hechos, donde quienes no quieren que camine solo hacia Palacio Nacional… López Obrador, se verán en la encrucijada de respaldar al segundo lugar consolidado y sacrificar, quienes hayan optado por otra opción, a abandonarlo en el último tramo de la campaña”. 

La terca realidad mostrada por Anaya y Meade es que no van a ceder. Se aplica el Dilema del Prisionero en Teoría de Juegos, donde la mejor solución es que si ceden ambos, se ayudan los dos. Si no trabajan en forma cooperativa, ambos perderán. Así van rumbo al 1 de julio, a perder los dos. La alianza implícita de 2006 con el apoyo del PRI al PAN, y de 2012, con el respaldo del PAN al PRI, es hoy imposible. Anaya mandó señales al Gobierno para abrir la ventana de un voto útil hace tres semanas, pero los anticuerpos que él mismo construyó durante más de un año de martillear sobre la corrupción del PRI y prometer llevar a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto, reaccionaron. No permitieron que Anaya concretara el borrón y cuenta nueva, y lo obligaron a mantener la ruta que trazaron. 

Esa ruta tenía un diseño estratégico: si no se corría al espacio antisistémico ocupado por López Obrador desde hace dos décadas, todo el malestar social contra Peña Nieto y el PRI lo capitalizaría únicamente él. En la búsqueda de capturar una parte de ese voto de coraje, Anaya dinamitó la posibilidad del voto útil que se dio en las dos últimas elecciones presidenciales. La apuesta era inteligente, pero nunca consideró que iba a ser sometido a una persecución política y mediática por el presunto delito de lavado de dinero, que aunque no se ha podido judicializar, fue suficiente para frenar su crecimiento electoral e impedir, quizás con éxito, que esté en condiciones de amenazar a López Obrador. Está bastante claro hoy que los priistas votarían más por el candidato de Morena que por el frentista, con lo cual se puede plantear como hipótesis que no tiene manera de ganar las elecciones. 

En una situación idéntica, pero por razones distintas –el malestar y hartazgo contra Peña Nieto y el PRI–, Meade no está en condiciones de ganar la elección. Tampoco está claro si ante una eventual caída de Anaya en las preferencias electorales, se pudiera dar un voto significativo de panistas a favor de él. Las evidencias muestran lo contrario, como en el Estado de México, donde la mayoría de los panistas prefirieron votar por Morena que por el PRI. Las sumas tampoco le alcanzarán a Meade si no tiene el apoyo decidido de los panistas, que piensan hoy que es peor que el PRI se quede en la Presidencia, a que López Obrador la conquiste.

López Obrador se ve en la silla presidencial y tiene razones objetivas para creerlo, al analizar los escenarios electorales de autodestrucción mutua de sus adversarios. Ante la postura de Anaya y Meade en el segundo debate, que también mostró a un López Obrador más maduro para evitar caer, como lo dice, en provocaciones y lastimar sus posibilidades de victoria, queda un posible camino que pueden explorar sus adversarios, que es la ruptura de una de las coaliciones para reencauzar sus votos a favor de su candidatura. En el caso de Anaya, es imposible que rompa al PRI. Los agravios son demasiado grandes para superarlos. Con Meade hay más posibilidades. 

La receta es repetir el rompimiento del gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, que expresó su apoyo al priista. Aquello fue importante, pero no fundamental. Una alternativa posible es buscar que el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien pese a no haber roto con el Frente, tampoco ha respaldado claramente a Anaya, lo que refleja fisuras entre ellos, rompa con él. La otra opción es Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, aunque más difícil de alcanzar por el papel protagónico que tiene en el Frente y su influencia en esa coalición. Pero nada es imposible si se piensa fuera de la caja, sobre todo hoy, donde como van, se dirigen decididamente a la derrota.
22 Mayo 2018 04:07:00
Decepcionante debate
Para quienes esperaban una guerra de pastelazos en el segundo debate presidencial, los protagonistas no los defraudaron. Pero para quienes querían oír sus ideas y propuestas sobre los temas que incidirán en el futuro mexicano, fue una pérdida de tiempo. Estaban tan preocupados Ricardo Anaya y José Antonio Meade en atacar a Andrés Manuel López Obrador, que ni siquiera escucharon algunos señalamientos inverosímiles que hizo (por ejemplo, que quiere unir Asia con la costa este de Estados Unidos, que baña el Atlántico).

Estaba tan preparado López Obrador para responder las imputaciones, que también desperdició la oportunidad de mostrarse como un político que entiende el mundo, aunque su proyecto de Nación sea aislacionista. ¿Cómo mirar sólo hacia dentro en un mundo interdependiente? La respuesta que es que la mejor política exterior era la interior, es insuficiente por reduccionista.

López Obrador, sin embargo, salió victorioso de este debate. La política exterior y migración es lo que menos conoce, que menos le importan y en donde menos recursos dialécticos tiene. Y sin embargo, la debilidad de los argumentos de sus adversarios para mostrar su desconocimiento, le permitió terminar sin sobresaltos ante situaciones donde hubiera quedado exhibido.

Uno de los momentos que perdieron sus rivales fue su propuesta de reedición de la Alianza para el Progreso, una iniciativa del presidente John F. Kennedy en 1961 para desarrollar infraestructura en América Latina, que recordó López Obrador como un éxito, cuando en realidad terminó en fracaso, porque el financiamiento se redujo significativamente tras su asesinato en 1963.

Meade tuvo una de sus grandes oportunidades en ese instante, porque una versión de aquella alianza, rebautizada por el presidente Barack Obama como la Alianza para la Prosperidad, fue abrazada como propia por el presidente Enrique Peña Nieto, en julio de 2016 para contribuir de manera significativa al desarrollo económico del llamado Triángulo del Norte, como definen a Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero Meade no se acordó de su existencia. El pecado de uno se convirtió en el de dos. Ni Meade ni Anaya aprovecharon tampoco la oportunidad para mostrar, al recuperar López Obrador el proyecto de Kennedy, que en efecto, su visión de país es obsoleta y corresponde a un mundo que ya no existe.

La relación con Estados Unidos dominó la discusión sobre la relación de México con el mundo, ante lo que hay que achacarle lo políticamente correcto del Instituto Nacional Electoral –que escogió arbitrariamente los temas a discutir–, pero lo flagrantemente ingenuo de su iniciativa. Los candidatos tenían que hablar de la diversificación del comercio mexicano, lo cual se oye muy bien pero es cándido. ¿Cómo esperaba el INE que se debatiera la relación con el mundo dentro del subcapítulo de comercio exterior cuando el 82% de sus exportaciones son a Estados Unidos? En el México de las simulaciones, este fue otro de los peores momentos del debate porque llevó a ninguna parte.

Diversificar sus mercados con el mundo, vender a todos lados y compensar –no lo dijeron pero eso es lo que quieren decir– las ventas perdidas por los ajustes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no será posible en el corto o mediano plazo. Ni siquiera se sabe si sería posible en el largo. El aparato productivo nacional está injerto en el sistema económico de Estados Unidos desde 1994, para bien o para mal, y no está sencillo desmontarlo. Mucho menos en un sexenio, que sería lo que buscaría López Obrador si gana la Presidencia, y si cumple sus promesas de campañas.

No deja de ser simplón, como lo demostró en el debate, plantear la relación con Estados Unidos como un asunto de voluntad y fuerza moral para negociar desde una posición fuerte. Si es una frase de campaña, está bien construida; si eso es lo que realmente piensa, no entiende la naturaleza de Estados Unidos ni la realidad de las relaciones bilaterales; no tiene estrategia para lidiar con el presidente Donald Trump, sino actos de fe. Anaya tampoco mostró grandes luces en este campo.

De la buena onda en la relación, como la quiere López Obrador, él prefiere lo punitivo. Si Trump amenaza, su Gobierno cancelaría toda la cooperación bilateral, dijo. Se saltaría de esta forma lo que el Gobierno de Peña Nieto ya está haciendo, que es la revisión de todos los acuerdos bilaterales y cancelar aquellos donde no haya provecho alguno para México. O sea, tampoco esta idea es nueva y salta a consecuencias sin sus etapas intermedias para dar aire a un arreglo.

Meade, que conoce a la perfección la temática, está entrampado con Trump. Justificó la invitación a Los Pinos cuando era candidato, con el argumento que modificó su actitud frente a México. Todas las promesas de Trump de cancelar acuerdos internacionales, dijo, las ha cumplido, pero no la de pedir la abrogación del TLCAN.

¿A costa de qué? insultos permanentes y, más grave por las consecuencias, la incertidumbre que frenó inversiones y tiene loco al mercado de divisas. Del resto de los candidatos, que son poco duchos en política exterior y finanzas, se puede entender lo liviano de sus alegatos, pero de Meade se esperaba mucho más de lo que expuso. Él, que podía, no mostró al electorado lo que mejor sabe, perdiendo su oportunidad.

En la conclusión del segundo debate, los lugares comunes dominaron la discusión de fondo. Quizás muchos se divirtieron con los pastelazos, pero nadie se quedó con una idea clara de qué piensan y proponen sobre estos temas, conclusión de un debate decepcionante.
21 Mayo 2018 04:08:00
Segundo debate, segunda vuelta*
Si el primer debate presidencial hace un mes fue la confirmación de que el segundo lugar en la contienda era el frentista Ricardo Anaya, el segundo debate anoche en Tijuana fue el arranque de una segunda vuelta electoral por la vía de los hechos, donde quienes no quieren que camine solo hacia Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador, se verán en la encrucijada de respaldar al segundo lugar consolidado y sacrificar, quienes hayan optado por otra opción, a abandonarlo en el último tramo de la campaña. Es tan simple como cruda la alternativa: si la gangrena impide la salud del cuerpo, esa gangrena –el tercer y cuarto lugar–, tiene que ser amputada. Si no se hace, el cuerpo se pudrirá y López Obrador será Presidente el 1 de diciembre.

La segunda vuelta es un diseño institucional que se utiliza en las democracias para evitar que la polarización, donde no existe ese instrumento, atomice el voto. La segunda vuelta permite que si en la primera ningún candidato alcanzó más del 50% del voto, se realice una nueva votación entre los dos que alcanzaron el mayor número de sufragios. De esa forma se produce un realineamiento de los electores en torno a dos candidaturas, sin distracciones de ninguna naturaleza que permiten un mayor consenso de quien triunfe y provee gobernabilidad después del proceso.

El año pasado en Francia, Emmanuel Macron alcanzó en la primera vuelta el 24.01% del voto, seguido por Marine Le Pen con el 21.30%, François Fillon con el 20.1% y Jean Luc Melénchon con 19.58% del voto. En la segunda vuelta, todos menos Melénchon apoyaron a Macron para evitar el triunfo de la ultraderecha, y ganó con el 61.79% del voto, contra el 38.21% de Le Pen. No ha sido nada inusual a lo largo de las experiencias en varios países, donde el segundo lugar en la primera vuelta ganó la segunda y última elección. Incluso, se han dado casos, como el reciente en Costa Rica, donde Carlos Alvarado Quesada, quien se quedó a 2.24% de voto frente a Fabricio Alvarado Muñoz, terminó ganando por una diferencia de 21.33% del voto.

La posibilidad que el segundo lugar ganara en la segunda vuelta, llevó al PRI a oponerse siempre a legislarla. Durante más de una década se ha buscado incorporarla en el sistema electoral, pero primero fue el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, con su poderosa bancada en el Congreso, y después como Presidente, quien bloqueó todas las posibilidades de legislarla. La racional era clara. No iban a abrir esa puerta porque en una segunda vuelta el PRI perdería la elección. Esa línea de pensamiento era anacrónica, resultado de una clase política priista que nunca evolucionó con las derrotas de 2000 y 2006, y seguía pensando el poder en términos de la hegemonía que gozaron en la Presidencia durante 70 años.

No leyeron los tiempos y pensaron, quizás, que el regreso a Los Pinos en 2012 era el retorno a más sexenios bajo control priista. Un paquete excepcional de reformas –por su profundidad, amplitud y alcances de largo plazo–, mal negociado, peor implementado, y acordado cupularmente con liderazgos débiles o corruptos, fue acompañado en la primera parte del sexenio de un gobierno ineficiente y sin resultados inmediatos para una sociedad crecientemente agraviada por los gobiernos priistas, a quienes les pasaron facturas contundentes en las elecciones federales y estatales de 2015 y 2016, dejaron de gobernar unos 20 millones de mexicanos. Aquello no era un síntoma del deterioro priista, sino una enfermedad crónica. Lo vio Peña Nieto, pero nadie en su entorno comprendió la profundidad de la molestia hasta que comenzó la campaña presidencial. “Sabíamos que no estábamos bien, pero nunca nos imaginamos lo mal que estábamos”, dijo recientemente uno de los principales  colaboradores del presidente.

El candidato para enfrentar esa adversidad fue José Antonio Meade, sin militancia ni experiencia partidista, quien no ha podido deshacerse de la loza que lo está sepultando junto al Gobierno y al partido en el poder. Meade llegó al segundo debate con la claridad de que era anoche o nunca. “Nos jugaremos todo en él”, dijo uno de los principales integrantes de su cuarto de guerra. “Sabemos que si no ganamos contundentemente, será todo para nosotros”. Los debates, salvo casos excepcionales en otros países, no cambian tendencia de votos. Pueden quitar puntos si se cometen errores garrafales o mejorar la percepción. En todo caso, los debates tienen un valor más cualitativo que cuantitativo, con impulsos –llamados convention boost– efímeros, como los puntos que ganó Anaya tras el primer debate, se evaporaron con el paso de los días.

El debate en Tijuana no modificará las tendencias de voto. López Obrador con bastante seguridad se mantendrá muy arriba el las preferencias electorales, seguido de Anaya, que sube puntos porcentuales de manera inofensiva para el puntero, y de Meade, que mantiene una tendencia a la baja. La segunda vuelta prácticamente está definida entre López Obrador y Anaya, donde los priistas –con el presidente Peña Nieto a la cabeza– tendrán qué decidir qué es lo más importante, respaldar a quien les ha dicho cotidianamente corruptos, pero que continuará con las reformas emprendidas en el sexenio, como Anaya, o darle el apoyo a López Obrador, que probablemente modificará o sepultará buena parte de las reformas peñistas, pero con quien no tienen agravios personales. La decisión será definición. No es fácil, pero está clara.

*Este texto fue escrito antes del segundo debate presidencial.
18 Mayo 2018 04:08:00
‘El Bronco’, bronco
“El Bronco” resultó como lo pintan, bronco. Echado para adelante, retador, argumenta y no se deja. Bien plantado, el controvertido Jaime Rodríguez, candidato presidencial independiente, pasó la aduana de Tercer Grado modificando su metabolismo. En la conversación que sostuvo anoche salió a batirse cuerpo a cuerpo con quien se le pusiera enfrente, sin achicarse ante cualquier interlocutor. Sin tapujos, confrontó a Joaquín López Dóriga, a Leo Zuckerman y a René Delgado, batiéndose con ellos en la defensa de sus posiciones, muchas polémicas, como mocharle la mano a los corruptos, y de su candidatura. El candidato más antisistémico de los cuatro que buscan la silla presidencial es una versión tropical de Donald Trump, que rebate y se pelea con periodistas y medios sin importarle los costos que pudiera tener. 

Usted parece un populista de derecha, disparó Zuckerman, al interpretar su decisión de cortarle la mano a los funcionarios que fueran corruptos. “El Bronco” le respondió: “no te vi haciendo este tipo de preguntas a Andrés Manuel López Obrador”. López Dóriga le dijo que mocharle la mano a los corruptos era una ocurrencia. “El Bronco” no se quedó con la crítica. No es una ocurrencia, respondió; ocurrencias son las que dices todo el tiempo en tus programas y nadie te dice nada. Delgado lo centró después. “Me parece que eres un candidato del Gobierno de Enrique Peña Nieto”, le soltó viéndolo a la cara. “A mí me parece que eres un pelele”, replicó el candidato. “Te diría patiño”, volvió a decirle Delgado. Fueron intercambios de percepciones, pero las escaramuzas con los integrantes de la mesa de Tercer Grado volvieron esta conversación en la más difícil de las cinco con los presidenciables.

La crónica de esos minutos pintaron de cuerpo entero a Rodríguez, el gobernador con licencia de Nuevo León que no admitió fallas en su Gobierno, ni equivocaciones en su campaña. Rodríguez está forjado en batallas callejeras desde que era estudiante universitario en Monterrey, cuando organizó una huelga de transporte público en protesta contra el Gobierno de Alfonso Martínez Domínguez en los 80, y llamó la atención del viejo priista, quien lo invitó a trabajar, convirtiéndose en su secretario particular. Luis Donaldo Colosio, presidente del PRI, lo hizo líder nacional de la Confederación Nacional Campesina en los 90, y fue militante de ese partido hasta 2004, cuando comenzó una carrera política como apartidista, independiente. 

Cinco años después, ganó la alcaldía de García con el 75% del voto, que fue un periodo que le cambió la vida. Sobrevivió dos atentados y secuestraron y asesinaron a su hijo. Hace tiempo platicó que al terminar su periodo como presidente municipal se fue a su rancho durante 7 días, imaginándose qué había hecho Jesucristo durante 40 días y 40 noches en el desierto. No resolvió el misterio, dijo en ese entonces, pero regresó con una misión que le confió a su esposa: “Quiero ser gobernador”. Lo logró, contra todos los pronósticos, y superó en mucho las expectativas. Su victoria fue de dos a uno sobre el segundo lugar, con un porcentaje que ni sumando el alcanzado por todos sus adversarios lo habrían empatado.

No le fue bien en Nuevo León, de acuerdo con las encuestas de aprobación. “El Bronco” dice que no cree en las encuestas y que la imagen que se le construyó de gobernador ineficiente fue porque no le dio dinero a los medios. En efecto, Rodríguez canceló multimillonarios contratos publicitarios que tenía su antecesor, Rodrigo Medina, como a Milenio, que además hacía negocios no periodísticos con el Gobierno. Su principal choque, sin embargo, fue con El Norte/Reforma, cuyo propietario, Alejandro Junco de la Vega, tiene fama de ser el poder detrás del trono del Gobierno en turno. El gobernador bloqueó la influencia y el pleito entre ellos no tiene fin. En la conversación en Tercer Grado, Rodríguez simplificó varias veces sus relaciones tensas con los medios a un asunto mercantil: si no les paga, le pegan. Pero ese tipo de relación es mucho más compleja de lo que plantea.

Esto es una constante. Por más inteligente que es, así como astuto y habilidoso, “El Bronco” no tiene densidad. Tiene información, mucha de ella general o superficial. Por ejemplo, sobre la pena de muerte para criminales, que deslizó como una propuesta que revolotea en su cabeza, utilizó como espejo a Estados Unidos, donde no hay evidencia de que la pena capital haya bajado los índices de asesinatos. Confrontarlo con ello mostró un rasgo interesante en “El Bronco”, el que no es un fanático de sus ideas. Cuando se cuestionó su información, prefirió dar pasos para atrás para cotejar antes de replicar, y ser cauteloso.

Rodríguez es un político menos folclórico de lo que proyecta y muestra tener metas fijas en el futuro. Reiteradamente dijo que iría hasta el final de la contienda presidencial, sin importar cuántos votos sacara, aunque dio señales claras de que entiende cabalmente su realidad: cada vez que hablaba sobre lo que se está haciendo en Nuevo León, lo hacía en primera persona, como si fuera gobernante en funciones y no con licencia. Monterrey, no Palacio Nacional, domina su pensamiento.

La forma como abordaba los temas y las perspectivas tras el 1 de julio, tampoco eran de alguien que se está muriendo por la Presidencia. Qué papel está jugando en esta campaña es una incógnita. Delgado lo quiso identificar como candidato de Peña Nieto, pero lo rechazó con virulencia. Se irá viendo en el resto de la contienda, aunque se puede adelantar que tendremos a un “Bronco” más allá de la elección presidencial.
17 Mayo 2018 04:08:00
Margarita, touché
En menos de 5 minutos, Margarita Zavala redefinió en Tercer Grado su futuro político. Se bajaba de la campaña presidencial, anunció, y prepararía la construcción de un movimiento cívico, para empezar, después del 2 de julio. Ese día, había dicho, todos nos levantaremos a trabajar. Pero esa mañana, la siguiente a la elección presidencial, el país ya no será el mismo. Su edificio lo pintó Zavala durante su conversación transmitida anoche, al mostrar un país donde la política está quebrada, sin valores ni referentes, con un pragmatismo salvaje donde no importa el pasado y la historia, sino la hiperventilación de la ambición por la conquista del poder por el poder. 

Margarita Zavala logró la mejor articulación de su discurso desde que arrancó su precampaña presidencial, y recuperó la esencia del panismo liberal y de valores, en el pensamiento de John Stuart Mill del bien común, y de la filosofía de Karl Popper, donde el poder de las ideas se impone a las ideas del poder, que se contraponen rotundamente, como sugirió, a la podredumbre política que puebla el paisaje de la política mexicana. Se bajó de la contienda, explicó, como producto de una reflexión sobre lo real y lo posible. Hace un año, en las encuestas de preferencia electoral, era la única que regularmente aparecía por encima de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, está permanentemente encajonada entre el cuarto y el quinto lugar.

Ella no cambió. Lo que se modificó fue el contexto. No pudo contender por la candidatura del PAN, que era su plataforma natural, porque el proceso se subvirtió y se alteraron los procedimientos democráticos que habían existido en ese partido para designar a sus candidatos. Fue tan grande el agravio para ella que renunció al PAN, mostrando uno de los síntomas de la fractura estructural en ese partido que la afectó a ella, pero que también impactó negativamente en las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya. La contradicción de lo que ha sucedido en esa institución, la más vieja de los partidos políticos mexicanos, es que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, mantiene su militancia en el PAN. Ese antagonismo no ha sido resuelto todavía.

Zavala sabía que no podía competir en términos objetivos con sus adversarios. El proceso era profundamente inequitativo. Antes de arrancar las campañas, dijo, era la única que derrotaba a López Obrador. Eran los tiempos, recordó, en que el PAN se perfilaba como el ganador de la elección presidencial en 2018, pero una aplanadora la arrolló. El conductor de la máquina que la aplastó era Anaya, que fue sembrando víctimas y enemigos dentro de ese partido. Apostó por una candidatura independiente, pero entendió que las candidaturas independientes se crearon para que no se lograran. No había manera de estar en iguales condiciones que Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Anaya. Por cada 23 spots que le dieron como candidata, mencionó, sus rivales tenían 2 mil 800. El propio Instituto Nacional Electoral demoró tres semanas en abrirle la cuenta para recibir fondos federales y más tiempo aún para las transferencias electrónicas. 

El actual acuerdo institucional electoral, dijo, no sirve y tiene que ser reformado. Asimismo, el sistema de partidos, con esa amalgama de adhesiones pragmáticas, también estalló. Las adversidades institucionales se combinaron con lo que ella llamó “paquetes electorales”, donde los tres principales partidos fueron sumando a los pequeños y a todos quienes se les quisieran sumar. Esto provocó que la contienda se polarizara, que se topó con un nuevo obstáculo: al no existir en la Ley Electoral la segunda vuelta, al final la lucha será entre dos, y aunque no lo planteó de esta forma, corría el riesgo de que sus propios simpatizantes votaran por uno de esos dos candidatos, vaciándola por completo de respaldos. Este escenario habría sido el peor para el futuro de su vida política, con una derrota que la iba a perseguir permanentemente.

Margarita Zavala recortó sus pérdidas, tan inteligente como inesperadamente, al anunciar su retiro de la campaña 4 días antes del segundo debate presidencial. El pensamiento convencional apuntaba a que esa posibilidad podría darse después del debate, no antes, pero después de explicar sus razones, su reflexión y sus denuncias sobre lo que existe hoy como sistema de partidos y arreglo institucional, dejar la competencia la revalora políticamente y le da una fuerza moral que difícilmente podría haber podido reclamar la próxima semana. Su posicionamiento en Tercer Grado lo fundamentó en la ética como política y la responsabilidad que tenía para con sus seguidores, que cuando habló de ellos en el programa y del proceso de introspección al que se sometió para llegar a esta decisión –“la de mayor valor en mi vida”–, estuvo a punto de quebrarse emocionalmente. Lo real y lo posible, en las condiciones actuales, hacía imposible su sueño.

No cometió el error de declinar por un candidato, que habría borrado el coraje de su decisión. Lo cierto, señaló, es que el 2 de julio todos nos levantaremos e iremos a trabajar. Pero ese día será muy diferente. El combo de partidos hará estallar probablemente el sistema de partidos que ha hecho funcionar al sistema político durante casi 40 años y la pérdida de referentes ideológicos generará un vacío. El sistema electoral, donde los contribuyentes aportaron 12 mil millones de pesos para las campañas, tampoco puede seguir vigente. Es un insulto nacional lo que se ha construido. 

Zavala piensa luchar para cambiar todas esas cosas. La renuncia le dará un primer empuje de salida, pero el camino sigue siendo muy largo.
16 Mayo 2018 04:08:00
La salud de Andrés
En los últimos días han circulado en las redes sociales preguntas sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador. No es un tema que le guste en absoluto y cada vez que se le menciona a sus cercanos, la reacción es descalificadora. En diciembre pasado, el entonces precandidato del PRI, José Antonio Meade, propuso que se sometieran todos los aspirantes a la Presidencia a pruebas de salud física y mental, López Obrador rechazó de inmediato. “Es un asunto muy banal”, dijo, “el país tiene graves problemas”. El tema no es intrascendente, sino fundamental. Cuando se vota por un candidato, le entrega un mandato para que tome decisiones en nombre suyo. Por tanto, se da esa confianza a una persona y espera que termine su periodo en el cargo y no que sea alguien más, a quien no escogió, quien lo concluya.

La salud en una persona que va a dirigir un país es tomada con seriedad en muchas naciones. Los demócratas se cimbraron cuando las cámaras tomaron durante la campaña presidencial a Hillary Clinton desvaneciéndose al subir a su vehículo. Boris Yeltsin ocultó su alcoholismo durante su campaña presidencial, con una serie de presiones a la prensa rusa para que no hablaran de ese tema, enfermedad que le provocó problemas en el mundo. El presidente Franklin D. Roosevelt murió en la Casa Blanca durante su cuarto mandato, que buscó a sabiendas que tenía una enfermedad del corazón avanzada e hipertensión. “La gente tiene el derecho a saber si el candidato tiene una razón para creer que puede morir durante su gestión”, declaró a la CNN en 2016 George Annas, presidente del Departamento de Salud, Bioética y Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston.

El tema de la salud de López Obrador es relevante ante la fuerte posibilidad de que sea presidente de México. Su salud no es óptima, sobre todo después de que fuera intervenido de emergencia por un infarto en diciembre de 2013, que lo tuvo prácticamente muerto sobre la plancha del quirófano. A los políticos en general no les gusta revelar su estado de salud, y López Obrador está muy lejos de ser la excepción. “También le contesto”, refutó a Meade en diciembre, “soy hipertenso. Me tengo que tomar unas pastillas, un cóctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje”.

Durante y tras su intervención quirúrgica, los asuntos de Morena, como las protestas en la Cámara de Diputados en contra de la Reforma Energética, quedaron en manos de su hijo Andrés, con lo cual toda la fuerza de la izquierda social se evaporó sin su liderazgo. En la operación le colocaron un stent, que es un dispositivo que se utiliza para tratar los bloqueos significativos en las arterias del corazón. La obstrucción de las arterias puede de-sencadenar problemas cardiacos, como es la hipertensión.

Este padecimiento ha sido motivo de preocupación desde que tuvo el doble infarto en 2013, que lo llevó a contratar a un grupo de médicos cubanos, que viven en Miami, encabezados por el neurocirujano Félix Dolorit, quien trabaja en el Hospital Comunitario en Larkin, en el condado Dade-Miami, que es un especialista reconocido mundialmente, en el tratamiento de enfermedades de la columna vertebral, de la cual también padece.

Desde diciembre de 2013, el doctor Dolorit ha viajado regularmente a México para revisar a López Obrador, con frecuencias que han llegado a ser, incluso, quincenales. En total han sido poco más de 150 viajes realizados por el especialista cubanoestadunidense, quien lo atiende junto con el equipo de médicos que vigilan la salud del candidato presidencial en su propio domicilio en la Delegación Tlalpan. El trabajo constante de los médicos en México los llevó a fundar, como un negocio paralelo, el Centro de Especialidades Médico Cubanas, que se encuentra en la colonia Roma.

La discusión pública sobre la salud de un gobernante o un candidato es pertinente. En junio de 2014, López Obrador se refirió a la salud del presidente Enrique Peña Nieto, quien dos meses antes había sido intervenido quirúrgicamente para retirarle un nódulo tiroideo beningno. “Existe el rumor de que Peña Nieto está enfermo”, escribió López Obrador en su cuenta de Twitter el 5 de junio de ese año. “Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”. El candidato presidencial jugaba con la salud y las palabras en aquel entonces, pero al debatir públicamente sobre un tema de salud pública, abría la puerta para que la suya formara parte del debate nacional.

Los problemas en su columna vertebral son dolorosos y pueden llegarlo a tener incapacitado por algunos días, como cuando al presidente Vicente Fox lo intervinieron en 2003 para corregirle una hernia discal. La hipertensión es diferente, aunque con una dieta saludable, evitar el uso nocivo del alcohol, no fumar, hacer ejercicio en forma regular y gestionar el estrés de una forma saludable, los riesgos de esa enfermedad llamada “asesina silenciosa”, se pueden controlar y minimizar.

Discutir la salud de los candidatos presidenciales no es una superficialidad, como lo ha señalado López Obrador, aparentemente el menos saludable de la quinteta de aspirantes, y el que tiene más posibilidades de triunfar. Sería útil que todos los candidatos mostraran sus certificados de salud para que los conozcan los votantes. Con esa transparencia aportarían información adicional al elector quien, de cualquier forma, votará por quien desee sobre la base de sus propias consideraciones y a sabiendas de lo que puede esperar.

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