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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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21 Febrero 2019 03:59:00
La Guardia va; el PRI-Mor hará mayoría
Anoche senadores del PRI y de Morena aterrizaban los términos de los cambios al dictamen de la Guardia Nacional que hoy será sometido a votación en el Pleno. En el estira y afloja de la negociación, ya entrada la medianoche estaba claro que, con un transitorio que fijará entre 5 y 4 años la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles y adiciones a la redacción para reforzar el carácter civil de la Guardia, no sólo en su mando cupular, sino también en su estructura operativa –con acotamientos civiles y controles a la participación de mandos militares en las Juntas que dictarán su funcionamiento– la suma de los votos del partido gobernante y sus aliados, más la de algunos priistas alcanzarán la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La estrategia de la bancada de Morena, comandada por Ricardo Monreal, de guardar hasta el último momento la aceptación de los cambios al dictamen para amarrar el voto de los priistas funcionó y será hasta hoy en el Pleno cuando se conozca qué tanto cedió el Gobierno y su partido para lograr la aprobación de la Guardia, luego de que los morenistas determinaran no negociar en comisiones y llevar la negociación hasta la parte final del Pleno, en la lógica de que “si les dábamos desde el principio algo a los del PRI nos iban a pedir más”.

El PRI, por su parte, aunque nunca dejó de negociar y su coordinador Miguel Ángel Osorio Chong obtuvo al final la mayor parte de las modificaciones que puso como condición, también la bancada priista se vio presionada para sacar la negociación a favor de la Guardia, luego de que varios gobernadores operaron con los senadores de su partido para garantizarle votos a favor a la iniciativa, de tal modo que a Osorio y a Claudia Ruiz Massieu no les quedara más que cerrar la negociación si no querían verse rebasados por el voto de varios senadores que acataron la “sugerencia” de los gobernadores de sus estados.

Al final, entre pequeñas conce-siones de Morena y mínimas condiciones del PRI, se impuso la política en la que todos ceden y ninguno se lleva todo. Hoy, cuando se someta el dictamen constitucional a segunda lectura, quedará todo listo para que la mayoría Morena-PRI haga realidad la creación de la Guardia Nacional por la que tanto presionó el presidente López Obrador.

Y así, Ricardo Monreal, que llevó sin duda una negociación política impecable con el PRI, se cuelga una parte de la meda-lla porque le cumplirá al Presidente lo que ofreció: sacarle su reforma sin las modificaciones que le hicieron en la Cámara de Diputados y que tanto molestaron a López Obrador; pero la otra parte de la medalla también le corresponde a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a todo el Gabinete de Seguridad que también hicieron una operación decisiva con los gobernadores del PRI.

Luego de que se vote en el Senado, y si no hay cambios o rupturas de última hora, el dictamen regresará a San Lázaro donde Morena, especialmente su coordinador Mario Delgado, y el diputado Pablo Gómez tienen la instrucción precisa de “ya no ha-cerle ningún cambio”, por aquello de que vuelvan a hacer enojar al Presidente. Y es ya seguro que la votación en la Cámara de Diputados será a favor, con la nueva mayoría calificada que alcanzará la bancada morenista con la reciente adhesión de los nueve desertores del PRD, ocho declarados “independientes” y uno afiliado ya a Morena, para que entonces sí, sólo quede el trámite de los 16 congresos estatales que deberán validar la reforma constitucional.

Y ya en un par de meses vendrá el segundo round de las leyes reglamentarias, para las que mañana mismo, en el Senado, podrían quedar aprobados los lineamientos generales de su contenido. Y entonces sí, ya con la Guardia en funciones, a más tardar en seis meses comenzará la cuenta regresiva para la pacificación que prometió, “en tres años”, el presidente López Obrador y su secretario Alfonso Durazo.
19 Febrero 2019 03:55:00
Morena y Gobierno aprietan por Guardia; 9 votos la clave
Con una operación política de doble pinza, de un lado negociaciones privadas en Gobernación entre el Gabinete de Seguridad y los gobernadores del PRI, y del otro Ricardo Monreal en el Senado, tratando de convencer a los priistas que cedan en sus condiciones, ayer el Gobierno federal y la bancada de Morena intensificaron la presión para votar y aprobar en próximos días la Guardia Nacional. El problema es que, sin los votos del PAN, que endureció su negativa, y sin “convencer” a algunos priistas, Morena y sus aliados no alcanzan los votos para la mayoría calificada y necesitan al menos nueve votos de senadores de oposición para lograrla.

¿De dónde saldrían esos nueve votos? La apuesta de López Obrador es otra vez a la alianza PRI-Morena, ante la cerrazón de los panistas. Y ayer, aunque la bancada priista encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu salió a reiterar que no aprobarán el dictamen tal como lo mandó el Presidente, los gobernadores de su partido se vieron dialogantes y colaborativos en la reunión que tuvieron en Gobernación, con la secretaria Olga Sánchez Cordero y los titulares de Sedena, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Seguridad, Alfonso Durazo y el consejero Jurídico, Julio Scherer.

11 de 12 gobernadores priistas -faltó Claudia Pavlovich, de gira por España- le dieron su apoyo “total e incondicional” a la iniciativa del presidente López Obrador para la Guardia Nacional. Dijeron ser los principales afectados por la inseguridad en sus estados y los que más necesitan es el apoyo de un cuerpo nacional y se comprometieron con el gabinete de seguridad -con quienes se tomaron foto del recuerdo sonrientes y contentos- a “hablar con los senadores de nuestros estados para que apoyen la iniciativa”. Ayer mismo, en la bancada priista del Senado reconocían que “sí hay presiones” de los mandatarios a senadores para que voten a favor de la Guardia.

Por la tarde, en la reunión de las Comisiones Unidas de Seguridad y de Puntos Constitucionales, el bloque de senadores de PAN-PRI, PRD, MC y el independiente Álvarez Icaza se levantaron y abandonaron la reunión ante la insistencia de Morena de votar un dictamen que endurece la iniciativa original del Presidente y es distinto al aprobado en Cámara de Diputados, pues recupera el famoso 4to. transitorio cuya eliminación molestó a López Obrador. El rompimiento se dio cuando Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos -de la burbuja de Monreal- dijo que el dictamen presentado no era el definitivo, que cambiaría y que podían seguir negociando en comisiones, pero tenía que votarse ayer mismo para cumplir el trámite. Sin la oposición y solo con los votos de Morena, ese dictamen fue aprobado.

Anoche se comentaba que Morena quiere meter a primera lectura el dictamen de la Guardia entre martes y jueves. Si eso ocurre, habría tres escenarios: que se vote y si no alcanzan mayoría, culpen a la oposición de obstaculizar la Guardia; que reabran la negociación y acepten cambios y consigan los votos opositores; y tercero que ya tengan algún “acuerdo político” inconfesable para obtener los nueve votos de priistas y de otro partido, que pudieran ser incluso panistas.

Al final, la clave está en los números. Morena y aliados tienen 76 votos, mientras el bloque PAN, PRI, MC, PRD e independiente reúnen 52. Pero en proyecciones hechas en las bancadas, se menciona que si asistieran los 128 senadores a la sesión donde se vote, la mayoría calificada serían 85 votos y Morena sólo necesitaría 9; pero si baja la asistencia también son menos votos para la mayoría; por ejemplo, con 124 presentes se requieren 83 votos, y con 7 el Gobierno la saca, o con 112, 78 votos alcanzan y Morena sólo necesitaría 2. Y así, entre menos senadores, más fácil sería para la bancada morenista y para el Gobierno aprobar la Guardia Nacional.
19 Febrero 2019 03:55:00
Morena y Gobierno aprietan por Guardia; 9 votos la clave
Con una operación política de doble pinza, de un lado negociaciones privadas en Gobernación entre el Gabinete de Seguridad y los gobernadores del PRI, y del otro Ricardo Monreal en el Senado, tratando de convencer a los priistas que cedan en sus condiciones, ayer el Gobierno federal y la bancada de Morena intensificaron la presión para votar y aprobar en próximos días la Guardia Nacional. El problema es que, sin los votos del PAN, que endureció su negativa, y sin “convencer” a algunos priistas, Morena y sus aliados no alcanzan los votos para la mayoría calificada y necesitan al menos nueve votos de senadores de oposición para lograrla.

¿De dónde saldrían esos nueve votos? La apuesta de López Obrador es otra vez a la alianza PRI-Morena, ante la cerrazón de los panistas. Y ayer, aunque la bancada priista encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu salió a reiterar que no aprobarán el dictamen tal como lo mandó el Presidente, los gobernadores de su partido se vieron dialogantes y colaborativos en la reunión que tuvieron en Gobernación, con la secretaria Olga Sánchez Cordero y los titulares de Sedena, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Seguridad, Alfonso Durazo y el consejero Jurídico, Julio Scherer.

11 de 12 gobernadores priistas -faltó Claudia Pavlovich, de gira por España- le dieron su apoyo “total e incondicional” a la iniciativa del presidente López Obrador para la Guardia Nacional. Dijeron ser los principales afectados por la inseguridad en sus estados y los que más necesitan es el apoyo de un cuerpo nacional y se comprometieron con el gabinete de seguridad -con quienes se tomaron foto del recuerdo sonrientes y contentos- a “hablar con los senadores de nuestros estados para que apoyen la iniciativa”. Ayer mismo, en la bancada priista del Senado reconocían que “sí hay presiones” de los mandatarios a senadores para que voten a favor de la Guardia.

Por la tarde, en la reunión de las Comisiones Unidas de Seguridad y de Puntos Constitucionales, el bloque de senadores de PAN-PRI, PRD, MC y el independiente Álvarez Icaza se levantaron y abandonaron la reunión ante la insistencia de Morena de votar un dictamen que endurece la iniciativa original del Presidente y es distinto al aprobado en Cámara de Diputados, pues recupera el famoso 4to. transitorio cuya eliminación molestó a López Obrador. El rompimiento se dio cuando Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos -de la burbuja de Monreal- dijo que el dictamen presentado no era el definitivo, que cambiaría y que podían seguir negociando en comisiones, pero tenía que votarse ayer mismo para cumplir el trámite. Sin la oposición y solo con los votos de Morena, ese dictamen fue aprobado.

Anoche se comentaba que Morena quiere meter a primera lectura el dictamen de la Guardia entre martes y jueves. Si eso ocurre, habría tres escenarios: que se vote y si no alcanzan mayoría, culpen a la oposición de obstaculizar la Guardia; que reabran la negociación y acepten cambios y consigan los votos opositores; y tercero que ya tengan algún “acuerdo político” inconfesable para obtener los nueve votos de priistas y de otro partido, que pudieran ser incluso panistas.

Al final, la clave está en los números. Morena y aliados tienen 76 votos, mientras el bloque PAN, PRI, MC, PRD e independiente reúnen 52. Pero en proyecciones hechas en las bancadas, se menciona que si asistieran los 128 senadores a la sesión donde se vote, la mayoría calificada serían 85 votos y Morena sólo necesitaría 9; pero si baja la asistencia también son menos votos para la mayoría; por ejemplo, con 124 presentes se requieren 83 votos, y con 7 el Gobierno la saca, o con 112, 78 votos alcanzan y Morena sólo necesitaría 2. Y así, entre menos senadores, más fácil sería para la bancada morenista y para el Gobierno aprobar la Guardia Nacional.
18 Febrero 2019 04:00:00
Le dieron plantón al Gabinete de Seguridad
El viernes 15 de febrero por la noche, 11 de 12 gobernadores del PAN dejaron plantados y esperando al Gabinete de Seguridad en pleno del presidente López Obrador al no presentarse a una reunión en la Secretaría de Gobernación para dialogar sobre la Guardia Nacional. Al Palacio de Covián, a donde habían confirmado su presencia la docena de mandatarios panistas, sólo llegó el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García. En el salón se quedaron esperando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer García. Todos molestos e indignados con el “desplante” de los panistas que ni siquiera llamaron para cancelar.

“Hasta donde tengo memoria mi padre me enseñó que a los generales no sólo se les tenía respeto sino agradecimiento por lo que hacen por la población. Los panistas no me dejaron plantada sólo a mí, lo peor es a los generales y almirantes que son los que cuidan a su población, por cierto de los estados más violentos como Tamaulipas, Guanajuato Quintana Roo, etc.”, comentó a esta columna la secretaria Sánchez Cordero, quien confirmó la inasistencia de 11 gobernadores blanquiazules a la reunión oficial y el enojo que el plantón provocó en el Gabinete de Seguridad federal.

“¿Qué harán entonces si se retiran? (los militares de los estados que gobierna el PAN) Aunque no lo van a hacer, no por su desplante sino porque es la población la que sufre del crimen, por la incapacidad de su policía”, dijo en su molestia con los gobernadores la titular de Gobernación.

El sábado en este mismo espacio publicamos que la inasistencia de los gobernadores del PAN al encuentro confirmado en Gobernación se debió a una operación del dirigente de su partido, Marko Cortés, quien les habría pedido a los mandatarios no acudir a la reunión ni negociar nada por su cuenta sobre la Guardia Nacional, fuera de la posición del CEN y de la fracción panista en el Senado en contra del carácter militar de ese cuerpo policiaco. Sin embargo, la primera versión que tuvimos era que el diálogo era sólo con la secretaria Olga Sánchez Cordero y sus subsecretarios, pero la funcionaria nos confirmó que se trataba de un encuentro con todos los integrantes del Gabinete de Seguridad federal, que se quedaron esperando a los panistas.

El tamaño del plantón a todo el Gabinete de Seguridad en un encuentro formal y previamente confirmado, da una idea de lo confrontadas que están las cosas entre los panistas y el Gobierno de López Obrador, empezando por el tema de la Guardia Nacional, donde la oposición blanquiazul en el Senado parece irreductible, como por el desmantelamiento del programa de estancias infantiles que ha anunciado el Presidente, porque Acción Nacional sabe que esa acción y los señalamientos no documentados hasta ahora de corrupción son directos a un programa que comenzó con el gobierno panista de Felipe Calderón. ¿Se agudizará la guerra entre la 4T y sus mayores opositores? ¿Y habrá consecuencias para los gobernadores panistas por su desplante?

Notas indiscretas… Ante la noticia confirmada de que Roberto Campa Cifrián, exsecretario del Trabajo en el gobierno de Peña Nieto, fue designado el viernes como director de Asuntos Corporativos del Grupo Femsa, el mayor productor refresquero del país, el propio Campa se adelanta a cualquier señalamiento de “conflicto de interés” en su reciente contratación en el sector privado, antes de que su nombre vaya a ser mencionado en la conferencia mañanera de Palacio Nacional. “Pues sólo que tenga yo información privilegiada sobre la fórmula de la Coca-Cola. Estoy ahí desde el viernes y no tengo conflicto de interés alguno. No tuve información privilegiada, ni (Femsa) es proveedor del Gobierno”, dijo el exsecretario del trabajo sobre su llegada a la empresa de José Antonio Fernández, “El Diablo…” Serpiente doble de los dados. Mal augurio para la semana.
16 Febrero 2019 03:33:00
AMLO: revés internacional, éxito político y escepticismo económico
Tres hechos ocurridos este viernes representan un buen termómetro para medir cómo va el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus distintos ámbitos de responsabilidad y actuación, a dos meses y medio de su arranque: con un éxito boyante y popularidad creciente en la política interna, donde el Presidente suma aprobación en las encuestas; con una débil y cuestionada política exterior escudada en el “respeto” y en una rígida interpretación constitucional, mientras debilita la imagen del país hacia afuera; y con un escepticismo y desconfianza creciente de su política económica que no convence a inversionistas nacionales ni extranjeros y amenaza con degradar la calificación financiera del país.

En política exterior, la “Declaratoria de Emergencia” de Donald Trump, con todo y sus polémicas razones y su agresivo discurso que habla de una “invasión de drogas y migrantes indocumentados” a los Estados Unidos, significa un nuevo revés y un golpe más a México y a los mexicanos, sin que el Gobierno mexicano respondiera ni fijará una posición. Si bien se trata de una acción fantasiosa y electorera, y una decisión de política interna estadunidense, que incluso es descalificada por el Congreso de Estados Unidos, el problema es que ubica a nuestro país y a los mexicanos como la “peor amenaza para los Estados Unidos”; el silencio del Presidente y de su cancillería es un nuevo yerro de una política exterior que, sumada a su errática posición en Venezuela, empieza a verse tibia y timorata, y lejos de fortalecerla, deteriora la imagen internacional de la nación.

Muy distinto a lo que ocurre la política interna, donde la imagen del Presidente –que no necesariamente del Gabinete– se fortalece y sigue ganando aprobación popular con decisiones como la de visitar ayer el municipio de Badiraguato, cuna del cártel de Sinaloa y de sus capos históricos, incluido el recién declarado culpable Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ningún presidente de la historia reciente tuvo el valor de visitar el punto neurálgico del Triángulo Dorado de la mariguana y la amapola en el país y menos para anunciar, en medio de una recepción apoteósica de gente volcada a ver por primera vez a un presidente pisar su tierra, una obra pública como una carretera que los comunicará con el vecino estado de Chihuahua.

López Obrador, cuya visita a Badiraguato se da sólo acompañado de los guardias de su ayudantía, pero con patrullajes de unidades artilladas del Ejército mexicano en los alrededores del pueblo, llegó con un cálculo político claro al pueblo del “Chapo” Guzmán, a unos días de que lo declararan “culpable” de 10 cargos en los Estados Unidos donde le espera la cadena perpetua. Su presencia tuvo un doble mensaje: por un lado de “reconciliación y no violencia” a los grupos del cártel de Sinaloa, tras su declaración de que “se acabó la guerra contra el narcotráfico”, y por el otro de reivindicación a los habitantes de un municipio que pide “no estigmatizar” porque “también aquí vive gente trabajadora y honrada”, y no todos son narcos. El éxito político de esa visita es total.

Pero mientras políticamente gana confianza, en lo económico su gobierno no logra convencer y, con señales de “alerta” desde el extranjero, más bien aumenta el escepticismo y la desconfianza en la viabilidad de su política financiera. Su anunciado “Plan para rescatar a Pemex” y salvarlo de un mayor endeudamiento y de la pérdida definitiva de la calificación de los inversionistas extranjeros, no logra el efecto deseado y es visto como “insuficiente” por analistas y calificadoras

internacionales.

Con todo y los 5,700 millones de dólares de capitalización que ofrece inyectarle a la empresa pública por vía de ahorros, reducción de cargas fiscales y resultados del combate al robo de combustibles, el gobierno de López Obrador no satisface la expectativa de los inversionistas que hablan de 12 y 13 mil millones de dólares para garantizar que Pemex no se siga endeudando y pueda detener su producción y sus reservas. El dólar sufre su peor revés de los últimos meses y la propia petrolera nacional pierde en sus bonos, en lo que algunas firmas financieras internacionales, como Citibanamex llaman el “segundo strike” o la segunda llamada de alerta para que Petróleos Mexicanos no sea visto como una empresa sin viabilidad financiera y México puede perder su grado de inversión en los próximos meses.

Así, visto a partir de tres hechos y acciones concretas de ayer, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación exhibe y muestra cuáles son sus mayores fortalezas pero también en dónde están sus debilidades en el arranque de la administración. ¿Habrá correcciones y rectificaciones necesarias y urgentes en lo que no está funcionando y fortalecimiento de lo que sí da claros resultados? Eso sería lo deseable, de lo contrario, el de López Obrador será un gobierno con un paso desigual y disparejo que, mientras es visto como cada vez más fuerte políticamente y se ve casi como “blindado” a los ataques o la acción de sus opositores y detractores internos por su creciente popularidad y respaldo social, cojea en su imagen externa y provoca cuestionamientos sobre debilidad o falta de definición y contundencia en su política exterior, mientras que en lo económico y financiero, de plano empieza a generar incertidumbre interna y externa, con amenazas de degradaciones y descalificaciones desde las agencias financieras internacionales que pueden provocar un severo daño a la confianza en la economía y fortaleza financiera del país.
14 Febrero 2019 03:54:00
¿Si Caro ofreció pagar la deuda, ‘El Chapo’  pagará el muro?
La propuesta del senador republicano y exaspirante presidencial, Ted Cruz, de aprobar una Ley para que el muro de Donald Trump en la frontera con México sea financiado con los 14 mil millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos podría decomisarle al enjuiciado capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, es aparentemente una ocurrencia que, sin embargo, ya fue presentada como iniciativa ante el Senado estadunidense y que podría ser aprobada como una opción para calmar la obsesión de su presidente para que “México pague por el muro”.

Ayer, luego de que Cruz subiera a las redes sociales su propuesta denominada “El Chapo” Act, originalmente presentada en el Senado el 26 de abril de 2017, el propio Donald Trump la consideró “interesante”; y varios analistas en la Unión Americana la mencionaban como “una opción para evitar un nuevo cierre del Gobierno” ante la falta de un acuerdo entre Trump y la bancada demócrata, a horas de que venza el plazo que la Casa Blanca dio al Congreso para autorizar su financiamiento de 5.7 mil millones de dólares para el muro fronterizo.

“Catorce mil millones de dólares ayudarán a construir un muro que mantenga a los estadunidenses a salvo y obstaculicen el flujo ilegal de drogas, armas y personas a través de nuestra frontera sur”, dijo el senador Cruz en el comunicado en el que revivió su propuesta, y señaló que esa es la cantidad que los fiscales de EU reclaman en ganancias de drogas y otros activos de “El Chapo”.

Con todo y lo absurda que suene y con lo complicado que pudiera resultar que el Gobierno de EU le reclamara al de México el pago de cantidades estratosféricas de miles de millones de dólares producto de decomisos y confiscaciones al “Chapo” de propiedades, negocios o cuentas en territorio mexicano, la llamada “El Chapo” Act podría ser una salida de última hora que el Congreso estadunidense encuentre para quitarse de encima la presión y la obsesión del presidente Trump para que le autoricen fondos para el muro fronterizo.

¿Qué haría el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el hipotético caso de que Trump, autorizado por su Congreso, exigiera que México permitiera y colaborara en la confiscación de bienes, cuentas y dinero de “El Chapo” para cumplir con una Ley de su país y proceder al financiamiento del muro en la frontera con los 14 mmdd que reclaman los fiscales que demandaron al narco mexicano? ¿Se limitaría el Presidente mexicano a responder, como hasta ahora, con un simple y evasivo “yo respeto”?

A diferencia de aquella leyenda que circuló tras la detención de Rafael Caro Quintero el 4 de abril de 1985, en Costa Rica, y que dice que al verse capturado el capo sinaloense les dijo a los policías mexicanos que lo detuvieron: “Díganle al Presidente que si me sueltan y me dejan trabajar, yo puedo pagar la deuda externa de México”, la iniciativa de Ted Cruz no es una leyenda, y en momentos en los que el tema del muro ha entrampado a la Presidencia y al Congreso de los Estados Unidos en una confrontación política que no parece tener fin ni salida, a lo mejor se termina haciendo realidad aquella frase 100 veces repetida en los discursos de Trump, primero como candidato y en el año y tres meses que lleva como Presidente: “México va a pagar de una u otra manera por el muro”. ¿Esa “otra manera” será con el dinero de “El Chapo”?
12 Febrero 2019 03:50:00
El PRI, extraviado… y sin embargo se mueve
Sin estrategia como partido de oposición y con una ideología desdibujada, el priismo empieza a dar señales de un débil pulso político. A tres semanas de cumplir 90 años –el próximo 4 de marzo–, los priistas aceleran sus movimientos en busca de un proceso interno que no sólo les permita elegir a un nuevo dirigente nacional por voto directo de su militancia, sino que les devuelva viabilidad como fuerza política, ahora desde la oposición y en su nueva dimensión de minoría.

Hasta ahora hay tres candidatos visibles a la dirigencia, algunos abiertos y otros todavía tapados, pero todos empujan que el CEN convoque a un Consejo Político, en el 90 aniversario, donde se emita una convocatoria y se defina el método abierto y por voto directo para una elección interna a más tardar en julio de este año, cuando concluye el interinato de Claudia Ruiz Massieu.

La exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, ya destapada en sus aspiraciones, busca encabezar un proyecto de “reconciliación y reconstitución” entre priistas, pero no desde las cúpulas a las bases, sino desde el priismo de los estados hacia la formación de una nueva dirigencia “que invierta la pirámide y reivindique a la militancia priista”. Ortega busca conformar una fórmula novedosa con el exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, José Narro, con la que, juntos, no sólo le hablen a los priistas sino también a la sociedad y a sectores de clase media inconformes con las políticas del nuevo Gobierno. Para muchos priistas Ivonne, quien se enfrentó a Peña Nieto cuando era presidente porque no la dejó ser candidata presidencial –lo que le valió una persecución política y fiscal que la hizo salir un tiempo del país– sería la única candidata con autoridad para deslindar a su partido del peñismo y del daño que causó a los mexicanos.

El otro político que se mueve ya por todo el país, sin hacer aun públicas sus aspiraciones, es el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. En torno a “Alito”, como le llaman, se ha formado un grupo en donde van desde el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, su padre el exgobernador José Murat, el diputado Rubén Moreira Valdés, el exgobernador chiapaneco Manuel Velasco, y como posible coordinador de campaña el exdirigente nacional Roberto Madrazo Pintado. Moreno Cárdenas es un priista de la nueva guardia que, como resultado de su alianza con Moreira, podría llevar como compañera de fórmula a Carolina Viggiano, esposa del exgobernador coahuilense. Entre sus cercanos mencionan como un activo la cercanía que ha logrado como gobernador y presidente de la Conago con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sus detractores internos lo llaman “el priista más cercano a Morena”.

Un tercer competidor seguro es el oaxaqueño Ulises Ruiz, quien lleva varios meses recorriendo el país y fue de los primeros impulsores del proceso abierto y crítico férreo del “secuestro del PRI” cometido por Peña Nieto y su grupo. Plantea una democratización total y aunque no lo ven con posibilidades de ganar una interna, todos coinciden en que llegará hasta el final en el intento.

La incógnita es si Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores, decidirá competir en una elección abierta o si prefiere quedarse como líder del Senado. El exsecretario de gobernación ha dicho en corto que “sólo entraría a la disputa interna si se lanza Alejandro Moreno, porque no voy a permitir que él llegue”. Pero también se sabe que si Osorio decide permanecer al frente de la bancada senatorial podría impulsar a René Juárez Cisneros, líder de los diputados priistas, para enfrentar a “Alito”.

¿Podrá alguno de estos priistas, de viejo y nuevo cuño, encabezar la nada fácil tarea de devolverle el rumbo y la viabilidad a un partido hundido por Peña Nieto, rechazado por la sociedad y disminuido pero que, sin embargo, se mueve?
09 Febrero 2019 04:10:00
El ‘sector obrero’ de la 4T
Utilizando un símil de lo que fue por décadas uno de los pilares del sistema corporativista del viejo régimen del PRI, el proyecto de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador y Morena buscan replicar el modelo de adhesión y control del movimiento sindical, pero con condiciones distintas, como la extinción de los contratos colectivos de trabajo, nuevos liderazgos en los sindicatos y un sindicalismo más abierto y democratizado en el que los trabajadores tengan libertad para elegir a sus dirigentes y se elimine el charrismo sindical.

Para ello, desde el partido gobernante se han puesto en marcha estrategias y operaciones políticas que buscan desmantelar el antiguo sector obrero del priismo y tomar el control de los grandes sindicatos del país, aprovechando para ello la decadencia y agotamiento de la CTM, con la enfermedad y anquilosamiento de sus dirigentes. Además se impulsa la democratización de los grandes sindicatos a través de la convocatoria a elecciones abiertas y por voto directo de los sindicalizados, para lo cual se apoya a los movimientos disidentes en las grandes organizaciones tanto del sindicalismo de empresas públicas, dependencias de gobierno y universidades públicas -SNTE, STPRM, fortalecimiento y regreso del desaparecido SME frente al SUTERM, FTSE, etc.- como en sindicatos de empresa privadas.

Un ejemplo de la estrategia que está en marcha son las recientes huelgas en fábricas maquiladoras de la frontera de Tamaulipas, en donde detrás de los líderes del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (Sjoiim) de filiación histórica cetemista, aparecieron asesores ligados al Comité de Morena en Tamaulipas y abogados laborales como Susana Prieto Terrazas, a quien se asocia a Napoleón Gómez Urrutia, como impulsores y artífices de los paros en 45 empresas maquiladoras que exigían aumento del 20% al salario mínimo ya aumentado al doble en la Frontera, además de un bono único de 32 mil pesos.

‘Napito’ y la caballada del sindicalismo moreno.

Como artífices de la estrategia lopezobradorista para aumentar la influencia y adhesión de Morena en el sindicalismo, aparecen dos figuras que se disputan el liderazgo de la nueva organización sindical en la cuarta transformación. Por un lado está la figura de Napoleón Gómez Urrutia, quien busca desde el Senado no sólo recuperar y consolidar su histórico liderazgo heredado en el poderoso Sindicato Nacional de Mineros, sino también utilizar su poder para dictar desde el Congreso nuevas normas y regulaciones a la industria minera nacional y extranjera, además de ser también la figura central del sindicalismo en la era de López Obrador.

Pero Napoleón no está solo en esa intención. Pedro Haces, también senador de Morena y líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) con sus 700 mil agremiados certificados, también quiere ser el nuevo líder del sindicalismo en Morena y para ello ofrece su profundo conocimiento de cómo funcionó durante décadas el viejo esquema del sindicalismo oficial. Al igual que “Napito”, Haces, quien llegó al Senado como suplente del fiscal Alejandro Gertz Manero, se formó en la vieja escuela de la CTM, al lado nada menos del exdirigente del SUTERM y también líder cetemista, Leonardo “La Güera” Rodríguez Alcaine.

El ahora senador por Morena, y prominente empresario en la alcaldía de Tlalpan, fue durante muchos años el secretario particular y pupilo del fallecido líder electricista y acumuló tanta fuerza y poder en el viejo sindicalismo, que cuando murió Rodríguez Alcaine, temerosos de que él pudiera reclamar el control de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe y Carlos Aceves del Olmo se aliaron para impedirle siquiera que asistiera al funeral de su exjefe y maestro, marginándolo a tal grado de la central obrera priista, que lo orillaron a renunciar a su militancia y a fundar su propia Central Obrera, la CATEM, que hoy aglutina a muchos más trabajadores que la propia CTM, y que se alió primero al PRD y luego a Morena y al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.

Pero junto con los senadores “Napito” y Haces, también regresa Elba Esther Gordillo que busca recuperar el control del sindicato magisterial que le arrebató el ex presidente Peña Nieto al mandarla a la cárcel acusada de lavado de dinero y operaciones con dinero de procedencia ilícita. La alianza política de la maestra, que sirvió con su estructura electoral al triunfo de López Obrador, llevaba como precio el que le devolvieran el liderazgo del SNTE.

El presidente López Obrador no quiso, sin embargo, apoyar una toma del poderoso sindicato magisterial por parte del grupo gordillista, pero para cumplir su compromiso operó la salida de Juan Díaz de la Torre, el dirigente que traicionó a Elba Esther, y negoció abrir la elección de una nueva dirigencia del SNTE en la que todos los grupos, el de la maestra, el de Díaz de la Torre y hasta el nuevo sindicato de Carlos Jongitud Jr., compitan democráticamente por el voto mayoritario de los maestros para ver quién se queda con la dirigencia del sindicato más grande y poderoso de México y de América Latina.

Hoy la maestra Elba Esther, que en un principio había dicho que ella ya no buscaría ser la dirigente del SNTE, valora competir personalmente por el liderazgo magisterial para, desde ahí, convertirse nuevamente en un factor de poder y de peso en el nuevo sindicalismo democrático que quiere impulsar López Obrador. Si Gordillo llega a ganar, por el voto directo de los maestros la dirigencia del magisterio, no hay duda de que tal vez ya no tendrá ni pedirá posiciones en el gabinete, pero su poder y presencia en el nuevo esquema sindical de la 4T será innegable.

Es tan real la embestida de Morena y del lopezobradorismo para desmantelar el viejo corporativismo sindical, que hace días, el actual líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, aprovechó una reunión con políticos del PRI, para pedirles “ayuda para enfrentar la ofensiva del Gobierno federal” en contra de la central priista. “Nos quieren acabar y quieren tomar ellos el control de los sindicatos más importantes públicos y privados”, dijo un enfermo líder cetemista en silla de ruedas y con dificultades para sostener el micrófono por el temblor en sus manos, según narran algunos de los políticos que asistieron a esa reunión en la sede de la CTM.

La pregunta ahora es ¿cómo será ese nuevo sindicalismo en los tiempos de Morena y qué tanta fuerza y adhesión tendrá el lopezobradorismo para hacer de los sindicatos una fuerza que impulse la cuarta transformación y su permanencia en el poder?

07 Febrero 2019 03:52:00
Houston tenemos un problema
El caso del departamento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Houston, que fue omitido en la parte pública de su declaración patrimonial, es un buen ejemplo de que la transparencia no está siendo el fuerte de la Cuarta Transformación. Porque a pesar de la instrucción terminante del presidente Andrés Manuel López Obrador, que exigió a todos sus colaboradores del gabinete presentar y abrir al escrutinio público sus declaraciones no sólo patrimoniales, sino fiscales y de conflictos de interés, tal como él lo hizo en su momento. Hoy no está claro si todos los hombres y mujeres del presidente cumplieron a cabalidad con esa orden, que fue además la condición para que pudieran seguir trabajando en este Gobierno.

Porque aunque ayer Sánchez Cordero defendió su propiedad de 11 millones de pesos adquirida “hace 10 años” como producto de su trabajo de “100 años” junto a su marido, y acusó a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública de haber omitido publicar el departamento en su declaración pública, la respuesta de su compañera de gabinete, Irma Eréndira Sandoval, de que doña Olga no autorizó expresamente a publicar todos sus bienes y los de su cónyuge, generó más confusión. No queda claro si hubo intención de ocultar propiedades o si se trató de un “error” y de quién fue; y lo más grave, si ese tipo de “errores” también están en las declaraciones de otros funcionarios del gabinete.

“Cada servidor público es responsable del ingreso de sus datos y de decidir hacer públicas o reservadas sus declaraciones”, dijo la Función Pública al eludir la responsabilidad de la omisión y aclaró que cuando un funcionario ingresa sus datos en la plataforma Declara.net y decide reservar sus declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés, sólo pueden hacerse públicas si el mismo funcionario envía un escrito a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia, donde expresamente pida publicitarlas, incluidas las propiedades de sus cónyuges, para lo cual debe mencionar el consentimiento expreso del tercero. ¿Hizo eso o no lo hizo doña Olga? Y ¿cuántos secretarios y directores más reservaron sus declaraciones y omitieron también propiedades a nombre de sus cónyuges?

El tema es delicado porque está de por medio la palabra del presidente López Obrador, que todavía ayer, con cara de molestia, reiteraba que “nosotros tenemos que transparentar todo, la vida pública tiene que ser cada vez más pública”. Incluso, en lo que pareció una nueva advertencia a sus colaboradores, reconoció que si no hay esa transparencia, “para eso sirve y ayuda, porque todo lo que resiste apoya, para eso sirve y hay que aceptarlo y respetarlo, la labor del conservadurismo y la prensa ‘fifí’”, dijo en alusión a las denuncias de los medios que revelaron las omisiones en las declaraciones de los miembros de su gabinete.

A partir de este caso está a prueba si el Presidente cumplirá su promesa pública de transparencia total entre los miembros de su gabinete. O si su sentencia sólo fue una declaración más para la prensa y va a permitir que, haciendo uso de reservas que son legales, varios secretarios omitan, escondan o no declaren todo su patrimonio y el de sus cónyuges, tal y como él lo hizo con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, incluidas sus cuentas bancarias, ahorros y sus conflictos de interés. ¿Pedirá López Obrador otra vez que Irma Eréndira haga su trabajo y revise e informe a fondo lo que declararon todos los secretarios? Ya veremos. Por lo pronto dicen que ayer, desde Palacio Nacional parecía escucharse la célebre frase de la Nasa: “Houston, Houston…tenemos un problema”. Y ese problema se llama opacidad y transparencia a medias en la 4T. Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
05 Febrero 2019 03:58:00
Calderón y los españoles en la mira
El frente que abrió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador contra su antecesor Felipe Calderón no es casual ni un tiro político al aire. Al hablar de “conflicto de interés y corrupción” por la contratación de Calderón como consejero de la compañía eléctrica Avangrid, filial estadunidense de Iberdrola, el Presidente reabrió un viejo expediente que conoce muy bien sobre “favoritismos y privilegios” a las compañías españolas generadoras de electricidad en México que recibieron contratos “generosos” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los últimos sexenios.

López Obrador denunció desde la campaña presidencial de 2012 que Iberdrola “era la empresa favorita de Calderón”, y ayer revivió el tema a partir de la reciente visita del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien entre los asuntos “prioritarios” que trajo a México, fue el de abogar por las trasnacionales españolas que tienen negocios y contratos gubernamentales en nuestro país, como Iberdrola, que es el segundo generador de energía eléctrica después de la CFE.

En privado, el Presidente español le pidió a su anfitrión mexicano garantías de certidumbre para empresas de su país, especialmente en el sector energético, algo en lo que López Obrador no compartió totalmente y lo expresó en su discurso público donde pidió que “las empresas extranjeras en sus relaciones en México se comporten con ética”.

Esa fue la señal pública de que no hubo entendimiento en privado sobre la pretensión española de conservar condiciones privilegiadas para compañías de su país.

Por eso ayer en su conferencia matutina, con el lanzamiento del obús contra Calderón, lo que hizo fue reabrir un expediente de “corrupción” en su sexenio, en la contratación de empresas españolas en el sector energético, donde no sólo aparece el nombre del expresidente como consejero de la filial de Iberdrola de julio de 2016 hasta diciembre de 2018, sino también su exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, consejera de la misma Avangrid, al igual que el exdirector de CFE del sexenio calderonista, Alfredo Elías Ayub, o incluso, vinculados a negocios y contratos con otras compañías españolas como Repsol, Jordy Herrera y César Nava, exsecretario de Energía y exdirector Jurídico de Pemex, respectivamente.

Calderón se defendió ayer de lo que llamó “calumnias” en su contra. “Categóricamente rechazo que en mi relación con empresas globales haya incurrido en tráfico de influencias, conflicto de intereses y mucho menos en actos de corrupción”, dijo anoche en su cuenta de Twitter. Ciertamente Calderón no es el único expresidente ni exfuncionario que ha colaborado con compañías extranjeras beneficiadas por su gobierno; también lo hizo Ernesto Zedillo con Union Pacific y Procter&Gamble. Y en ambos casos se puede alegar que no hubo violación legal, pero difícil sostener el tema ético y de conflicto de interés.

Por lo pronto, el tiro lanzado ayer por el Presidente no fue al azar y por la tarde se confirmó cuando trató el tema en la reunión privada con su Gabinete. Ahí le pidió al director de la CFE, Manuel Bartlett, que informara cuánto se va a ahorrar la empresa al dejar de pagar “sobreprecio” a empresas como Iberdrola y otras generadores por sus volúmenes. “Les pagaban los gobiernos anteriores sobreprecios a las compañías generadoras de luz y eso ya no lo vamos a hacer más”, dijo el Presidente ante su Gabinete.

¿Cuánto más saldrá del expediente de la estrechísima relación que tuvieron las compañías españolas con los gobiernos anteriores? El tema –y con él los expresidentes y exfuncionarios involucrados– está en la mira del Palacio Nacional.

Los dados mandan escalera doble.

Subimos.
04 Febrero 2019 04:00:00
Limpia en el Tribunal Electoral
Tras los escándalos de corrupción, presunto pago de sobornos, nepotismo y división interna que afectaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su imagen ante los ciudadanos en los últimos meses, la nueva presidencia encabezada por el magistrado Felipe Fuentes, junto con la nueva mayoría de magistrados que le acompañan, busca realizar una “limpia total” al interior del máximo órgano electoral para eliminar desde funcionarios señalados o bajo sospecha hasta prácticas y situaciones que generaron un “profundo desgaste” en la percepción que se tiene de la actuación del tribunal calificatorio de las elecciones en el país.

Y es que durante la presidencia de Janine Otálora, que terminó el pasado 23 de enero con la renuncia intempestiva de la magistrada presidenta, se reportaron y documentaron diversas irregularidades relacionadas con la actuación del tribunal y de algunos de sus funcionarios y magistrados en la calificación de elecciones controvertidas como la de la alcaldía de Monterrey, o más recientemente la de Puebla, que dejaron profundamente dividido al
tribunal.

Entre los movimientos que antecedieron a la renuncia de Otálora estuvo la remoción de algunos funcionarios cercanos a la ex presidenta. El 1 de octubre de 2018, por ejemplo, renunció su secretaria general de Acuerdos, Cecilia Sánchez Barrera, mujer de todas las confianzas de la magistrada Janine, y aunque oficialmente su salida ocurrió “por motivos personales”, al interior del Tribunal se manejaron versiones de una acusación de algunos magistrados que la involucraron en manipulaciones en el manejo de turnos de las demandas y denuncias que llegaban al Tribunal y se turnaban para ponencia de los
magistrados.

La nueva presidencia del Tribunal Electoral busca deslindarse de señalamientos y escándalos se presuntos pagos de sobornos relacionados con elecciones impugnadas que calificaron los magistrados. Uno de ellos tuvo que ver con los comicios de Monterrey, donde se anuló el triunfo del PAN y se organizaron nuevas votaciones en diciembre pasado en las que ganó el candidato del PRI, Adrián de la Garza. Antes de la anulación se documentaron, con conversaciones telefónicas y mensajes de texto que circularon al interior del Tribunal y que documentamos en esta columna, operaciones de algunos grupos ligados al PAN que habrían ofrecido presuntos sobornos a los magistrados para que se ratificara el triunfo del panista Felipe de Jesús Cantú, y en esas conversaciones aparecía mencionado como participante Armando Ambriz Hernández, secretario de Estudio y Cuenta de la entonces presidenta Otálora.

Pero el mayor escándalo, que terminó de fracturar la frágil unidad del Tribunal electoral y le restó fuerza a Otálora fue la elección de Puebla. Antes de la votación, que terminó ratificando el triunfo de la panista Martha Érika Alonso, se denunciaron “presiones e intentos de soborno” a los magistrados que votarían esos comicios. Hay una versión interna que se maneja en el mismo Tribunal que afirma que el fallecido Moreno Valle mandó operadores a “ofrecer” hasta 100 millones de pesos por cada voto de los magistrados, en una operación de hasta 700 millones de pesos. Nadie puede probar si ese dinero se entregó o no, pero lo cierto es que la apretada votación y los cambios de última hora en el sentido del voto de algunos magistrados, terminaron dándole una mayoría de 4 a 3 al triunfo panista.

Hoy, de todas esas sospechas, señalamientos y acusaciones, es de lo que se busca “limpiar” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y conformar una nueva mayoría que rompa con cualquier manejo político o partidista del desgastado máximo tribunal electoral. ¿Podrán limpiarlo? Los dados abren con Serpiente. La semana se ve complicada.

02 Febrero 2019 03:54:00
La ‘favorita’ de Palacio
El título de esta columna, que podría confundirse con el de la exitosa película inglesa-americana nominada este año al Oscar y que será la gran competencia para la mexicana Roma al contender también con 10 nominaciones al codiciado premio de Hollywood, no alude a ninguna princesa o consorte de algún palacio real, sino a la terna que ayer envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya a la ministra saliente, Margarita Luna Ramos, que termina su encargo este 18 de febrero.

Y es que en esta terna, a diferencia de la que envío el 11 de diciembre de 2018, y de la que resultó electo el actual ministro Juan Luis González Alcántara, no queda duda, en automático y a simple vista, de quién de las tres juristas nominadas, es la “favorita” del Palacio Nacional. Al repetirse en el conjunto de nombres postulados por López Obrador dos de las mujeres que ya rechazó en diciembre el Senado, el de la doctora Loretta Ortiz y el de Celia Maya, la primera exdiputada de Morena y abogada especialista en derechos humanos, y la segunda excandidata también de Morena a la gubernatura de Querétaro, exjueza y magistrada, ambas rechazadas en su momento por las bancada de oposición con el argumento de su militancia política en el partido gobernante y su cercanía con el Presidente, está claro que es el tercer nombre el que le interesa que se apruebe al presidente.

La magistrada Yazmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, tiene todas las cartas credenciales y la experiencia para aspirar a ocupar una silla en la Corte. Doctora en Derecho con más de 30 años de experiencia, en los cuales ha sido juzgadora a nivel federal y actualmente es presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Administrativos y secretaria de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y vicepresidenta de la Asociación de Doctores en Derecho. Sin embargo, con tantos cargos y trayectoria, lo que más destacaban ayer los medios tras su postulación es que es “esposa del empresario y asesor del presidente López Obrador, José María Rioboo”.

¿Su matrimonio la inhabilita? Legal y constitucionalmente no; pero políticamente está claro que la magistrada tiene también una cercanía y una afinidad política con el proyecto político del actual Gobierno, algo que por lo demás tienen y han tenido al ser postulados la mayoría de los actuales ministros de la Sala Superior de la Suprema Corte. Muy pocos ministros, si no es que ninguno, pueden presumir una pureza total como juristas; aunque al final, lo cierto es que los integrantes de la Corte no se les debe juzgar por su independencia y autonomía de entrar en una terna —a donde casi todos llegan por el guiño, la afinidad o la simpatía que les tiene un Presidente— sino por qué tan autónomas e independientes de los intereses políticos, empresariales o de cualquier otro tipo, son sus decisiones y sus votos al momento de definir la constitucionalidad de leyes o acciones de los poderes, instituciones y gobernantes.

Por supuesto que el presidente López Obrador busca que la nueva ministra que sustituya a la conservadora Margarita Luna Ramos represente un voto más y un asiento en la Corte afín a su proyecto, en busca de consolidar una mayoría de ministros como la que ya se perfiló en la reciente elección del actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pensar que no es así sería ingenuidad. En ese sentido la designación de la magistrada Esquivel Mossa se vuelve estratégica en el indiscutible plan de AMLO para tener mayor control sobre la Corte.

Pero la realidad es que Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes para lograr la mayoría constitucional de dos terceras partes del Senado que apruebe el nombramiento de la nueva ministra y, en ese sentido, volverá a estar a prueba la operación del coordinador Ricardo Monreal en momentos en que el tema se le junta en el periodo ordinario que comienza con la atorada Guardia Nacional en donde los morenistas no logran aún convencer a los senadores de la oposición, especialmente del PRI y del PRD, que podrían darles los 15 votos que les faltan para sacar la urgente Guardia que quiere el Presidente para su estrategia de seguridad.

En el cine, La Favorita de Yorgos Lanthimos habla de las disputas de dos damas de la Corte de la Inglaterra de 1707 por ganarse el favor de la Reina Ana de Gran Bretaña, última monarca de la casa de los Estuardos. Y la duda es si esta gran cinta podrá desbancar a la mexicana Roma de Alfonso Cuarón a la que le disputa las principales categorías. En la política y en el Senado, la trama es ver si el nuevo ministerio entra en un paquete de “negociaciones políticas” que están buscando desde el Gobierno y la bancada de Morena en el Senado donde el tema de la Guardia Nacional y la nueva ministra de la Corte serán las prioridades del grupo gobernante. Y la pregunta es si ¿pasará Yazmín Esquivel el filtro de las bancadas de oposición que sí le dieron su voto al ministro González Alcántara, a pesar del estigma que, no sin algo de machismo y misoginia, le pondrán a la magistrada como “esposa!” del polémico ingeniero Rioboo?
31 Enero 2019 03:53:00
España camisa blanca
Como en la canción del compositor Víctor Manuel, ayer el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó a México con un discurso de amistad, colaboración y hasta identificación ideológica con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Como socialista comparto y apoyo el proyecto de gobierno que busca la transformación de México”, dijo el joven mandatario español que se convirtió en el primer jefe de Estado en ser recibido oficialmente por el Gobierno de la cuarta transformación. Incluso, en un gesto de cercanía, Sánchez le trajo al Presidente mexicano el acta de nacimiento de su abuelo, José Obrador, nacido en la región de Cantabria en 1893.

¿Pero qué hay detrás de la España de camisa blanca de la que ayer vino a hablarnos el Presidente que marcó el regresó del PSOE a la presidencia ibérica el 1 de junio del 2018, tras la destitución por moción de censura del presidente derechista Mariano Rajoy?

Sin menospreciar las buenas intenciones del socialista Sánchez, su acercamiento con el Gobierno de México y con López Obrador busca proteger las multimillonarias inversiones y los enormes intereses de las trasnacionales de España, el segundo país inversor en la economía mexicana después de Estados Unidos. Desde el año 2000, en la última parte del Gobierno priista de Ernesto Zedillo y los inicios del panista Vicente Fox, comenzó lo que se ha llamado la “reconquista española”, con la llegada en marzo y abril de aquel año de los grandes grupos financieros BBVA y Santander, que absorbieron a los bancos mexicanos de Bancomer y Serfín, ambos rescatados con fondos del Fobaproa.

La “ola española” cobró mayor fuerza con Felipe Calderón, quien dio contratos preferentes y privilegios a las grandes firmas energéticas de España, como Repsol, Iberdrola, Sacyr-Vallehermoso y Aeropuertos Españoles para la Navegación Aérea, lo mismo de explotación de mantos de gas, cogeneración de energía eléctrica y administración de terminales aéreas, entre otras. En 2011, el embajador de México en España, Jorge Zermeño, hablaba de una inversión de 38 mil millones de dólares a través de 3 mil 200 empresas de origen español que operaban aquí.

Con Enrique Peña Nieto las constructoras españolas tuvieron un sexenio de favoritismos. OHL, que ya venía con Peña desde el Estado de México, se volvió la constructora que más obra tuvo en México a través de su filial mexicana manejada por Andrés de Oteyza, exfuncionario lopezportillista involucrado en escándalos de corrupción y grabaciones con políticos mexiquenses. También las firmas Aldesa y Acciona fueron favorecidas en el sexenio peñista.

Por eso López Obrador, que ayer ratificó la apertura y certidumbre a las inversiones españolas, quiso marcar distancia de sus antecesores y deslindarse de favoritismos o privilegios a las inversiones ibéricas: “Queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un compromiso ético”. Y es que como candidato opositor, en 2011, el ahora Presidente denunciaba que la española Repsol “es la empresa preferida de Calderón”, y aseguraba que desde 2005 le habían dado a esa firma información privilegiada para obtener contratos de CFE para generación de gas.

Ayer, ya como presidente, López Obrador se limitó a pedir el “compromiso ético” de los españoles, muy en la línea de la ética protestante, pero también como una forma de decir que las firmas extranjeras no vengan a saquear y que no esperen tratos preferenciales ni favoritismos en este Gobierno. Pero al final, por los discursos y la efusividad con la que se identificaron políticamente Andrés Manuel y Pedro Sánchez, quedó claro que, además de la afinidad ideológica y la querencia familiar por sus raíces ibéricas, la relación y la conquista empresarial española, seguirán fuertes en el México de la Cuarta

Transformación.

NOTAS INDISCRETAS…Hoy debe saberse qué paso con los funcionarios del gabinete que se resistían a hacer pública su declaración 3de3. El presidente López Obrador no sólo les puso la vara muy alta, al publicitar todas sus declaraciones patrimoniales, de bienes y de conflictos de interés, sino que les dijo claramente que quienes no lo hicieran antes de que se venciera el plazo de ayer a las 12 de la noche “no podrán estar en mi Gobierno”. Muchos secretarios ya aceptaron hacer pública su 3de3, pero no ponen valores u omiten las propiedades a nombre de sus cónyuges, pero los que de plano no las habían hecho públicas ayer eran Olga Sánchez Cordero, Josefa González Blanco, Julio Scherer y Esteban Moctezuma. ¿Las presentarían ayer? Sería bueno que alguien despertara a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, para que deje de andar comprando pipas en el extranjero e informe quiénes de los miembros del Gabinete no cumplieron con el ultimátum que les puso el Presidente. Digo, si no es mucho pedir que la secretaria Sandoval haga su trabajo… Los dados mandan Serpiente. Descendemos.
29 Enero 2019 03:57:00
Otra vez Michoacán; ahora se le indigesta a AMLO
Como en los últimos sexenios, otra vez Michoacán vuelve a ser foco de tensión nacional. Si para Felipe Calderón fue el estado donde arrancó su fallida “guerra contra el narco”, con todo y traje militar que le quedaba grande, y para Enrique Peña Nieto fue el complicado escenario de un Operativo Especial contra Los Caballeros Templarios y los grupos de autodefensa, que no resolvió el narcotráfico y la violencia y sólo le limpiaron el estado al Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora para el presidente Andrés Manuel López Obrador el conflicto local de la CNTE, con su bloqueo de dos semanas a las vías ferroviarias, provoca ya un problema nacional con pérdidas millonarias a la industria, mientras el Gobierno federal y el estatal se lanzan la responsabilidad.

A diferencia de sus antecesores, que mandaron rápidamente soluciones de fuerza, con el envío de tropas militares y federales a Michoacán, López Obrador decidió atenderlo por la vía de los recursos y mandó mil millones de pesos para el pago de salarios atrasados que el Gobierno estatal del perredista Silvano Aureoles se declaró en incapacidad de pagar desde el año pasado. Pero el dinero enviado por la Federación no fue suficiente y la combativa Sección 18 del magisterio disidente se negó a levantar el bloqueo de las vías del tren y respondió a los llamados “a la conciencia” del Presidente y a que no afecten con sus acciones el transporte de carga ferroviario, que exigir el pago de sus salarios y de supuestos adeudos de 5 mil millones de pesos “no es por capricho, sino porque es lo que nos corresponde”.

De hecho, en contraste con las salidas de Calderón y Peña, que iniciaron en Michoacán el Waterloo de sus políticas de Seguridad, Andrés Manuel dijo que no recurrirá a la fuerza pública para liberar las vías federales del tren “porque no vamos a reprimir al pueblo”, y junto a su secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, dejó en manos del gobernador Aureoles la responsabilidad de resolver un conflicto que, asegura, “es local”.

Y Silvano, que ayer estuvo en el Senado donde recibió el respaldo de la bancada del PRD, se envalentonó y lo mismo cuestionó la interlocución con la Secretaría de Gobernación y “el estilo” de la secretaria Olga Sánchez Cordero “que no ayuda”, que anunció una controversia constitucional para pedirle a la Corte que se pronuncie si la Federación debe o no usar la fuerza pública en el desalojo de instalaciones federales. Por la tarde, reunido con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el gobernador michoacano acordó instalar hoy una mesa de diálogo con la CNTE para atender sus demandas, pero amenazó con que “no habrá ni mesa ni pago” de salarios a los maestros de su estado “si no retiran el bloqueo de las vías”.

Veremos cuánto más dura el conflicto magisterial michoacano y el bloqueo de vías que afecta al estado y al país, y provoca ya quejas de organismos empresariales como la Concamín y la Coparmex que denuncian pérdidas millonarias. Y si la fórmula de López Obrador, de apelar a la “conciencia” de los maestros disidentes y mandarles dinero para sus pagos funciona. Por lo pronto, ayer se sumó la no menos combativa Sección 22 con “un paro indefinido” de los maestros en Oaxaca. Con Michoacán ya éramos muchos y parió la CNTE.

NOTAS INDISCRETAS…El fuerte desgaste que ha tenido Alfonso Romo con sus colegas empresarios, se notó mucho el jueves pasado cuando el jefe de la Oficina de la Presidencia estuvo como invitado de un fuerte grupo de capitanes de empresa en el Club de Industriales. Era la comida mensual de los socios del Club y asistieron cinco presidentes de Cámaras. A Romo lo flanqueaban en la mesa principal Pedro Aspe, Valentín Díez Morodo, Rogerio Azcárraga. Entre los asistentes había varios embajadores y 450 empresarios de alto nivel como Pepe Carral, Jaime Chico Pardo, Prudencio López, Julio Millán, entre otros… Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.
26 Enero 2019 03:58:00
El ‘halcón’ de Washington contra Maduro
Este sábado se cumple el plazo de 72 horas que el gobierno de Nicolás Maduro le dio al cuerpo diplomático de Estados Unidos para que se retire de Venezuela y cierre la embajada y los consulados norteamericanos en vista del rompimiento de relaciones diplomáticas decretado el miércoles pasado, luego de que el presidente Donald Trump desconoció la presidencia de Maduro y reconoció como nuevo presidente “encargado” de Venezuela al autoproclamado Juan Guaidó. Y aunque Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, han dicho que no obedecerán a un Gobierno al que ya no le reconocen autoridad, a partir de hoy se verá hasta donde pretende llegar la Casa Blanca en su abierta ofensiva contra el régimen madurista.

En Washington se afirma que “todos las opciones están sobre la mesa” en el plan de la administración Trump para obligar a deponer a Maduro de la presidencia y puso en marcha estrategias que buscan aumentar la presión interna y aislar al régimen madurista. Una es cortarle al gobierno de Maduro el acceso a los fondos internacionales de Venezuela, producto de la explotación de la riqueza petrolera del país. Y ayer se produjo un hecho que confirma la operación de Estados Unidos, en la negativa del Banco de Inglaterra para que el régimen venezolano retirara mil 200 millones de dólares en oro que tiene depositados en la institución británica. La solicitud le fue negada a Maduro por el banco inglés por presiones directas de Mike Pompeo y del consejero de Seguridad Nacional de EU, John Bolton, a las autoridades británicas para que impidieran la operación, según fuentes citadas ayer por medios británicos.

Al tiempo que a Maduro le cortan las fuentes de financiamiento, la operación estadunidense de “ayuda humanitaria de 20 millones de dólares” para la oposición venezolana encabezada por Guaidó, es la parte visible de la intención descrita por Bolton para que los activos venezolanos se traspasen ahora al “presidente encargado” y de esa manera apuntalar la consolidación del nuevo Gobierno. Lo único que hasta ahora no le han podido quitar a Maduro es el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El que derrocó a Noriega va a Caracas. La estrategia intervencionista de Estados Unidos tal vez es distinta en las formas a los viejos y burdos operativos con que la CIA derrocaba presidentes incómodos para Washington en América Latina, pero en esencia es el mismo juego de poder de la potencia: la política de la zanahoria o el garrote. El “intervencionismo suave” del que hoy hablan los estudiosos también puede recurrir a fórmulas y personajes de la época dura. La Casa Blanca envía a Elliot Abrahams a Caracas para reconocer al Gobierno autoproclamado y, el enviado personal de Pompeo, lleva una misión específica: “restaurar la democracia”.

Pero Abrahams es un “halcón” de la vieja guardia que trabajó con Reagan y con Bush. Elliot fue el artífice del derrocamiento del general Antonio Noriega en Panamá en 1989, además de estar también involucrado en el penoso caso del Irán-Contras en los 80, que investigaciones históricas confirmaron como el uso del narcotráfico para financiar a la contra nicaragüense. Fue parte de la misma operación que en México le costó la vida al agente de la DEA, Kiki Camarena y a su piloto, asesinados en Guadalajara, y por el que fueron acusados y detenidos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca.

Abrahams, un diplomático experimentado de 71 años, especialista en temas latinoamericanos y en Oriente Medio, fue condenado en 1991 por ocultar información del escándalo Irán-Contra. Fue secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de Ronald Reagan y asesor especial de Bush hijo durante la guerra en Irak. Según el diario El País, en los años 80, Elliot tenía colgada en su despacho una primera plana del diario cubano Granma, que siempre mostraba con orgullo: “Abrahams es una Bestia”, rezaba el titular.

Ese es el hombre que Trump manda a “restaurar la democracia” en Venezuela, en un mensaje claro a Maduro de que le van a cerrar el cerco. “Elliot va a ser un verdadero activo en nuestra misión para ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia y la prosperidad en su país”, declaró Pompeo. Hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sesiona en Nueva York para tratar el tema de Venezuela. La decisión que tome el máximo organismo de seguridad internacional, bajo la clara influencia estadunidense, será clave para saber hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump en su escalada intervencionista contra el régimen de Maduro.

Por eso se entiende que el desconocido Presidente venezolano pasó de la amenaza de rompimiento con Washington, a la petición reiterada de “diálogo con la oposición” para solucionar el conflicto, aprovechando para ello la propuesta de México y Uruguay que plantearon una salida política a la confrontación venezolana. Ayer mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteraba que su Gobierno está dispuesto a fungir como “mediador” en un posible diálogo y ofrecía los oficios de su canciller Marcelo Ebrard.

Pero las señales y mensajes desde Washington no apuntan para nada al diálogo y más bien, como lo dijo Juan Guaidó, “el diálogo sólo sería para hablar del fin de la usurpación”, refiriéndose a una deposición del poder de Maduro. Y es posible que con un “halcón” como Abrahams en Caracas y con el cierre de los fondos internacionales al gobierno de Maduro, los llamados al diálogo hechos por el gobierno mexicano cada vez se vean más lejanos y que, salvo el uso del Ejército que aún conserva de su lado para reprimir y perseguir a los opositores —lo que desencadenaría la violencia—, a Maduro le queden cada vez menos opciones ante el embate abierto y frontal de la Casa Blanca en su contra.
24 Enero 2019 04:00:00
Venezuela: hora de definiciones; México en la Doctrina Estrada
La situación en Venezuela ha entrado en una etapa decisiva. Anoche se ahondaba la división y el conflicto interno, con el fortalecimiento de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, que no sólo ganaban ayer las calles sino el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea y de la mayoría de países de Latinoamérica a la presidencia interina de Juan Guaidó.

En respaldo abierto de Maduro y su presidencia se expresaban Rusia, China, Turquía, además de Bolivia y Cuba en Latinoamérica, mientras Uruguay y México se negaban a desconocer a Maduro y junto con la ONU, España y Portugal, apelaban “al diálogo y a buscar una solución política” al conflicto venezolano.

El Gobierno mexicano seguía reconociendo a Nicolás Maduro “como presidente democráticamente electo”, según el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez; aunque más tarde, en un comunicado, la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard, matizó la posición oficial diciendo que “México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas”, invocando la Doctrina Estrada y los principios de “autodeterminación de los pueblos y no intervención, además de la solución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos”.

Con opiniones divididas en las redes sociales y la opinión pública mexicana, la Administración de Andrés Manuel López Obrador mantenía la misma posición que en el Grupo de Lima, y se desmarcaba de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Canadá que respaldaron de inmediato la posición de Estados Unidos y su Presidente, Donald Trump, a favor del presidente de la Asamblea Nacional, como “presidente encargado” de Venezuela.

El Gobierno mexicano respaldaba el llamado de la ONU a que “todos los actores venezolanos reduzcan las tensiones y rechacen cualquier tipo de violencia política”, además de compartir también con los gobiernos de Uruguay, España y Portugal el llamado al diálogo.

Sin embargo, anoche Organizaciones No Gubernamentales reportaban desde Caracas los primeros 13 muertos identificados en medio de la jornada de protestas y enfrentamientos de opositores y defensores chavistas del régimen de Maduro. Hoy está prevista otra gran marcha de los opositores que ayer lograron reunir más de 200 mil simpatizantes en las calles de las principales ciudades venezolanas, en medio de las amenazas del régimen madurista de encarcelar a los líderes opositores, incluido Guaidó, y del respaldo de un sector mayoritario del Ejército venezolano a Maduro, aún con las facciones militares que ayer se pronunciaban a favor del nuevo Gobierno.

La postura de México y su Gobierno, en un conflicto que escala a cada momento en Venezuela, aunque lo distancia de sus principales socios, Estados Unidos y Canadá, y del resto de las potencias latinoamericanas, es una apuesta por la vía del diálogo y la solución política, en un escenario que hoy se ve casi imposible: que Nicolás Maduro y los opositores venezolanos quisieran sentarse a negociar una salida a una confrontación que puede desatar un conflicto civil violento, ante lo cual la diplomacia mexicana podría incluso ofrecerse para una mediación que se antoja lejana.

Dependiendo del curso que tome la situación en Venezuela en las próximas horas y días, se verá si la “nueva política exterior” del Gobierno de López Obrador resiste su primera gran prueba, al apelar a principios históricos que si bien están vigentes en la Constitución y funcionaron bien para México y su Servicio Exterior en épocas pasadas, hoy chocan con las tendencias de un mundo globalizado en donde el tema de los derechos humanos y la vigencia democrática, prevalecen sobre conceptos como la autodeterminación de los países. Por otro lado, la presión internacional, liderada por Estados Unidos, también podría hacer que el Gobierno mexicano, que en su posicionamiento en Lima y en las definiciones del canciller Ebrard sobre la política de la actual administración, también estableció “la defensa de los derechos humanos como prioridad” y su preocupación por la situación en Venezuela, modificara su postura hacia el régimen de Maduro si es que éste incurre en acciones de violencia y represión hacia sus opositores y la sociedad venezolana.

Lo que queda claro es que Venezuela vive horas decisivas para su cuestionada democracia y el futuro inmediato de los venezolanos. Y que la situación podría alejarse cada vez más de una “salida política” y ahondar más la división y la confrontación entre los seguidores de Maduro y sus opositores, con el apoyo del bloque encabezado por Estados Unidos ¿Hasta dónde resistirá la política exterior de la 4T?… Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.

17 Enero 2019 03:57:00
Entre el PRI-Mor y una Guardia bajo la lupa
Concebida como el eje de la nueva política de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional quedó aprobada ayer en el Congreso. Una mayoría constitucional conformada por el bloque de Morena, sus aliados y la suma del PRI, reunió los votos para aprobar primero en lo general y luego en la noche en lo particular, el nuevo cuerpo policiaco-militar que nace con señalamientos de parte de la oposición y de organismos civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales que cuestionan la militarización de la seguridad pública y sus efectos en las garantías de los ciudadanos, y la defensa del Gobierno federal que lo define como “un cuerpo necesario para iniciar con la construcción de la paz” y atender la crisis de seguridad que vive el país.

Con varios cambios a la redacción original que propuso López Obrador, el principal la rectificación presidencial que sustituyó el mando militar por uno civil (aunque sus críticos piensa que a pesar de eso el control real de la Guardia lo tendrá el Ejército), anoche se resolvió la discusión en lo particular y la votación final (366 a favor, 119 en contra y 4 abstenciones) confirmó la mayoría que dio carta de nacimiento a la nueva institución policiaca que, según lo que establece la Constitución, será una “policía de la Federación, de carácter y dirección civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que será responsable de las tareas de seguridad que le corresponden a la Federación”.

Anoche, los opositores que votaron en contra, junto con organismos civiles descalificaban la aprobación de la Guardia y se deslindaban de ella argumentando que no se tomaron en cuenta las evidencias y estudios que contravienen la idea de una corporación con un “mando operativo militar” y que colocar a los militares como primera línea del Estado para hacer frente a la Seguridad, contraviene las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y descalifica la vía civil.

La mayoría de Morena y los priistas que dieron sus votos a la reforma constitucional, argumentaban que el dictamen original sí fue modificado con los planteamientos y las inquietudes de los opositores, que al cambiarle el mando, el Gobierno le dio carácter civil, con el compromiso de que a más tardar en 90 días se deberá emitir la Ley de la Guardia Nacional, en la que se establecerán disposiciones de “respeto irrestricto a los derechos humanos, perspectiva de género y uso legítimo de la fuerza”.

Y tras bambalinas en San Lázaro también corrían los ataques políticos. La oposición panista acusaba un “acuerdo de conveniencia” entre Morena y el PRI, en el que, aseguraban, se negociaron temas de protección e impunidad para priistas como Emilio Lozoya en el combate al huachicoleo. Los priistas, por su parte, negaban las negociaciones y acusaban al PAN de que “se rajó” porque a pesar de que ellos pidieron cambios y posponer la discusión para este periodo extraordinario, al final optaron por una estrategia política de votar en contra y descalificar a los partidos que sí cumplieron con los consensos que todos los grupos hicieron en diciembre.

Y es que en diciembre pasado, en medio de la discusión del presupuesto, y ante la presión de Morena por aprobar en aquel momento el dictamen original con todo y mando militar, los coordinadores de los partidos se reunieron y acordaron “no contaminar” el tema de la Guardia Nacional con el asunto presupuestal.

Hasta ahí había consenso de todas las fracciones y así se fueron a la Navidad, pero al retomar la discusión en el extraordinario, los panistas empezaron a cambiar sus posiciones y a desconocer acuerdos y cambios que ellos mismos habían solicitado, al tiempo que arreciaban sus señalamientos sobre la existencia de la alianza PRI-Mor. El priista René Juárez se defendía en la sesión, y justificaba el voto de sus diputados: “Si votamos en contra no estaríamos siendo sensibles de la gravedad del problema. El responsable de la seguridad es el presidente López Obrador y tiene derecho a definir su estrategia. ¿Es perfecta su estrategia? No, pero tenemos que dejarlo actuar y darle el beneficio de la duda”, explicaba el priista.

Entre los cambios que se le hicieron al dictamen, además de la eliminación del mando militar, se modifica también la relación con los gobiernos estatales para que la Guardia sólo entre bajo criterios de “coordinación” solicitados por los gobernadores, y se eliminó el concepto de “subordinación” de los estados; incluso a los municipios también se elimina la idea de sustitución automática de las policías municipales, para introducir la idea de una “evaluación” de cada caso. La única parte donde Morena no quiso ceder fue en crear una “Junta de Jefes de Estado Mayor integrada por las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles”, en donde los grupos operativos reúnen a mandos civiles con mandos operativos militares para coordinar estrategias. La oposición pedía eliminar de esas juntas al mando militar, algo que no aceptó Morena.

Por lo pronto, con todo y el ruido político y las voces críticas, anoche nació la Guardia Nacional, el instrumento con el que López Obrador se propone cumplir su promesa de pacificar al país en tres años y devolverle la seguridad perdida por la violencia extrema que marcó los sexenios de Enrique Peña y Felipe Calderón. ¿Funcionará o no la estrategia civil-militar que echará a andar el Gobierno, o significará un retroceso por la militarización que le cuestionan? Eso lo veremos en sus resultados de los próximos meses. Lo que ahora urge es que comience a caminar la nueva política de seguridad federal.
15 Enero 2019 03:59:00
Expresidentes ¿al banquillo?
En medio de la crisis del desabasto de combustibles y tras sentenciar que “todos los negocios jugosos de corrupción que se hacen en el país llevan el visto bueno del Presidente de la República” y que siempre que hay delitos de corrupción los mandatarios nacionales o “son cómplices o se hacen de la vista gorda”, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió de nuevo la posibilidad de someter a un enjuiciamiento a varios de sus antecesores y “habló de hacer expedientes a los de arriba”, desde los priistas Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Ernesto Zedillo, hasta los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Sin especificar de qué tipo de delitos podría acusarse a los expresidentes, y aunque él se reitera partidario del “punto final” y de no empantanar a su gobierno con asuntos judiciales, López Obrador revivió su propuesta de campaña y de su toma de posesión, para someter a una consulta popular, con base en el Artículo 35 constitucional, la posibilidad de que por primera vez en la historia del país se pudiera acusar y someter a juicio a extitulares del Poder Ejecutivo federal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante sus sexenios.

“Todos los negocios jugosos de corrupción que se hacen en el país llevan el visto bueno del Presidente de la República. Para que esto quede claro: no es que no lo sabía el señor presidente o que ‘el presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’; mentira, el presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa”, sentenció ayer el presidente al adelantar que ya presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para permitir la realización de una consulta a la población sobre un posible juicio a los cinco expresidente mencionados.

Aunque política y jurídicamente el planteamiento de López Obrador resultaría inédito y sentaría un precedente en la inmunidad e impunidad que hasta ahora ha rodeado a los presidentes de México, el tema tendría que revisarse no sólo desde la óptica de la opinión popular, que indudablemente resultaría abrumadora a favor de llevar al banquillo de los acusados a los expresidentes, algo que es una demanda histórica e insatisfecha de la sociedad mexicana. Desde el punto de vista del derecho, para poder acusar a los expresidentes primero tendrían que cumplirse los requisitos de procedibilidad, que existan denuncias o querellas presentadas y por qué tipo de conductas delictivas cometidas durante sus gobiernos se les podría denunciar y procesar, para saber si éstas no prescribieron o están vigentes de acuerdo a la ley.

En teoría, a los expresidentes podría acusárseles por delitos cometidos por los servidores públicos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones o facultades, desaparición forzada, tortura, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, entre otros que contempla el capítulo de la ley respectiva. Hasta antes de reformas recientes a las leyes y códigos penales, prácticamente todos esos delitos prescribían, salvo el caso de la tortura, la desaparición forzada y el secuestro que actualmente no prescriben después de las reformas mencionadas. El problema es que la ley no puede aplicarse retroactivamente y, suponiendo que a Salinas, Zedillo y quizás Fox, se les quisiera acusar de delitos como esos, si las reformas que establecen nuevos plazos de prescripción fueron después de su gobierno, no podrían aplicarles esa ley, porque el Artículo 14 constitucional impide la aplicación retroactiva de la ley a cualquier ciudadano.

El Código Penal Federal (CPF) señala que transcurrido el plazo de prescripción de los delitos, la responsabilidad penal del sujeto, así sea un expresidente, se extingue, y los plazos de prescripción de la acción penal, según el mismo Código, se establecen conforme al tipo del delito y tienen que ver con el día que se cometió la conducta ilegal o la omisión. Finalmente el artículo 105 del CPF establece que “la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que se señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor a 3 años”.

Es decir, que según lo que establecen los códigos penales y las leyes, salvo al expresidente Enrique Peña Nieto, que dejó su encargo hace un mes y medio, al resto de los exmandatarios mencionados por AMLO, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, difícilmente se les podría acusar y procesar judicialmente.

A menos que en la consulta se proponga un “juicio popular” y ahí sí las acusaciones serían al gusto del pueblo: que sienten a Carlos Salinas de Gortari por favorecer a sus amigos en las privatizaciones de su sexenio y por la corrupción documentada de su hermano Raúl y hasta por el uso discrecional de la partida secreta; a Zedillo que lo acusen del “error de diciembre” y la filtración de información que permitió la fuga de capitales y nos sumió en la peor crisis económica y de paso por el Fobaproa y por haber vendido los trenes y las vías a los que luego serían sus patrones en Union Pacific.

Y ya entrados en gastos a Fox que lo acusen de permitir el “chiquihuitazo” a Ricardo Salinas, por la corrupción de Martita Sahagún y por su omisión histórica de no desmantelar el régimen priista más lo que se acumule; mientras a Calderón indiscutiblemente podrían enjuiciarlo por sumir al país en la peor violencia durante su sexenio con una estrategia fallida contra el narcotráfico y de paso investigar acusaciones de que favoreció al Cártel de Sinaloa y protegió al “Mayo” Zambada, además de la inefable y costosa Estela de Luz y la corrupción en los festejos del Bicentenario. Ya con Peña, la cosa cambia y ahí sí hay conductas y acusaciones que, por tiempo, podrían derivar en presuntos delitos, desde la “casa blanca” y hasta las omisiones y desvíos de la investigación de Ayotzinapa.
14 Enero 2019 03:59:00
Gasolina: acostumbrémonos a la escasez
En el arranque de la tercera semana de desabasto y escasez de gasolina y combustibles en más de 10 estados del país y la Ciudad de México, hay dos cosas ciertas en medio de tanta incertidumbre: la primera: que esta situación va a continuar por algunas semanas más, mientras no se reabra la red de ductos cerrada por el combate al robo de combustibles, porque la logística de pipas —que transportan menos gasolina a un costo mayor— no logrará alcanzar ni la capacidad ni la rapidez para surtir de energéticos a las entidades afectadas; y la segunda: que a pesar de la desesperación de la gente y las afectaciones sociales y económicas que crecen ya no sólo en movilidad de personas y pérdida de productividad sino en el transporte de mercancías y productos, turismo y consumo, el costo político de esta medida aún es difícil de medir, dado el fuerte apoyo que conserva, según varias encuestas, el presidente López Obrador en su cruzada contra los huachicoleros.

A estas alturas, por encima de especulaciones y teorías conspiracionistas, está claro que toda esta situación de insuficiencia en el abasto de combustibles (gasolina, diésel, turbosina) se generó por la medida de cerrar de golpe, y sin un plan bien trazado y calculado para el traslado de los combustibles por tierra, que tomó el Gobierno federal desde finales de diciembre. Así lo explica el experto mexicano, Adrián Calcáneo, consultor de IHS Markit, firma asesora sobre el tema de energéticos e hidrocarburos que trabaja con varios países del mundo: “La mayor y quizá única causa del desabasto a grandes rasgos es el cierre del ducto. Los ductos mueven muchísimo más producto que las pipas. Además lo hacen mucho más barato y eficientemente. Es difícil, sin un plan detallado de previsión que, si se cierra el ducto, no haya desabasto, sobre todo en un país en el que la falta de almacenamiento te da solo un par de días de colchón”.

“Es falso que México haya dejado de importar gasolina y que los contratos se hayan cancelado. Hay que leer el artículo completo del Wall Street Journal. Lo que ha bajado es la importación de crudo ligero… Por el cierre del ducto se tarda más en descargar el combustible importado, ya que la falta de almacenamiento ya comentado, se tiene que llenar casi directamente las pipas que lleva mucho más tiempo. Los barcos con gasolina están formados para descargar en puertos mexicanos sólo que el proceso es más lento. Esta falta de previsión habla muy mal de la estrategia del Gobierno”, dice el consultor mexicano que asesora a empresas petroleras en Texas y en otras partes del mundo.

Es decir, que ante la falta de inversión que durante décadas dejó de hacer Pemex en terminales de almacenamiento de combustible —como monopolio nunca tuvo problema y cuando faltaban hidrocarburos importaba— y aunque las empresas privadas han invertido en almacenamiento tras la reforma energética, pero aún es insuficiente, tendremos que seguir dependiendo del lento sistema de las pipas mientras no se decida abrir los ductos. El presidente López Obrador ha dicho que no hay un plazo aún definido para abrir el sistema de ductos hasta que no se tenga completamente terminada la estrategia de seguridad para disminuir y combatir el robo por perforaciones y saqueos, lo cual hace prever que seguirá la lentitud e insuficiencia en el traslado y abasto de gasolinas a las entidades afectadas.

Tan no hay un plan para reabrir pronto los ductos, que ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la misma lógica de los llamados presidenciales a que la gente “tenga paciencia” y se organice para resistir por la escasez de gasolinas y combustibles, hizo suya una propuesta que surgió en redes sociales para que, de manera voluntaria, los capitalinos, que llevan más de una semana haciendo largas filas en las gasolineras, acepten un esquema para cargar gasolina de acuerdo al color del engomado de verificación. Es decir, que esto va a tardar y las autoridades, que no ven una pronta solución, llaman a la población a autoorganizarse y a evitar abusos como la compra y reventa de combustibles.

La apuesta del Gobierno a continuar con su estrategia parte de que aún con las pérdidas económicas que crecen y la desesperación de la población, las encuestas le siguen dando un margen de respaldo (entre 60 y 72%) a la medida adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque también la presión y la tensión de grupos de la sociedad inconformes y opositores políticos va en aumento. En el discurso y la propaganda gubernamental incluso comparan el combate al robo de combustibles con la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas, en un intento por equiparar no sólo ambas acciones, sino el fenómeno de enorme apoyo popular que tuvo en su tiempo la nacionalización cardenista. En 1938 la gente aportó dinero, joyas, productos y hasta animales para apoyar la expropiación, ¿hoy cuánto y hasta cuándo estarán dispuestos a perder, económica y socialmente los mexicanos para apoyar la cruzada de López Obrador y su cuestionada estrategia?
12 Enero 2019 03:56:00
Romero Deschamps: Sin orden, pero con miedo
Políticos del PRI que conocen bien a Carlos Romero Deschamps aseguran que el líder petrolero ya está en México, que está en su mansión en Bosques de la Herradura y que sí ha puesto a trabajar a un equipo de abogados para que busquen “blindarlo” de cualquier intento de acción judicial en su contra con solicitudes de lo que llaman el “amparo buscador”, con el que se detecta no sólo si hay alguna averiguación o denuncia en su contra y se pide la protección de la justicia federal ante cualquier acusación de cualquier tipo de delito.

Tan está en el país y en la ciudad, que el exsenador priista incluso mantiene comunicación directa y fluida con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual ocurre con la interlocución de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien es el único conducto designado por el presidente para dialogar con el máximo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a fin de que éste “colabore” en los operativos y la estrategia contra las redes internas que desde Pemex que participaban de la extracción ilegal de combustibles.

Ese diálogo y presunta “colaboración” de Romero Deschamps en la cruzada del Gobierno federal contra el huachicoleo, explicarían no sólo el desplegado que hace unos días publicó en varios periódicos el millonario líder sindical otorgando su respaldo público y abierto a la estrategia de López Obrador contra la mafia huachicolera, argumentando que su sindicato lo apoya porque “son acciones valientes que buscan erradicar la corrupción”, sino también las frases de reconocimiento que ha dedicado el presidente “a los trabajadores de Pemex que están colaborando con nosotros” en las acciones para combatir el robo de combustibles.

Pero lo que más claramente confirma el “diálogo” que existe entre la Administración federal y el controvertido dirigente del STPRM es lo que ayer afirmó, contundente, Andrés Manuel en su conferencia de prensa matutina: “Sobre el amparo del dirigente del sindicato petrolero no tengo información, y sí podría decirle que hay muchos rumores en estos tiempos y que es muy probable, aunque no lo descarto, que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales. Nosotros no tenemos ninguna denuncia presentada en contra del dirigente de petroleros. Esto sí se lo puedo asegurar”, sentenció el Presidente.

¿Y entonces? Si están dialogando con él a través de Gobernación, si él está “colaborando” en la estrategia contra el robo de combustibles y, sobre todo, si el mismísimo presidente afirma que no hay ninguna denuncia del Gobierno federal en su contra, ¿qué lleva a Carlos Romero Deschamps a poner a sus abogados a solicitar un amparo que lo proteja de posibles acusaciones u órdenes de aprehensión en su contra?


¿NO LE CREE AL PRESIDENTE?

Para eso sólo habría dos explicaciones. La primera, que en lenguaje de los priistas de la camada de Romero, escuchar a una autoridad decir que algo no va a ocurrir (“No habrá devaluación”, “no hay carestía”, “no tenemos inflación”) equivale en los hechos a que lo que se niega sí va a pasar o puede pasar. La segunda explicación para que el líder sindical haya puesto a trabajar a sus abogados, es que, aunque públicamente le da su apoyo y dialoga y colabora con su gobierno, Romero Deschamps no confía en la palabra del presidente López Obrador y por eso prefiere buscar protegerse con el único instrumento jurídico que puede evitar que se tome cualquier acción judicial en su contra, principalmente una detención.

Es decir que, más que una acción jurídica, la del dirigente petrolero parece una “acción de conciencia”. Una de dos, o Romero Deschamps sabe bien lo que hizo o lo que no hizo para evitar que el sindicato, que controla la transportación de las pipas de Pemex, se coludiera con las mafias internas y del crimen organizado que se robaban más de 60 mil millones de pesos en combustibles de pipas y ductos, o también sabe que sí hay algo en su contra en el gobierno más allá de pedirle su colaboración.

Para entender la actitud ambivalente de Carlos Romero Deschamps recordamos lo que decía el gran jurista Ignacio Burgoa Orihuela, maestro de generaciones de abogados y considerado “el rey del amparo”: “El primer amparo que hay que promover no es ante los tribunales, sino ante la conciencia de uno mismo”.

¿Será que Carlos Romero Deschamps busca ampararse ante su conciencia? O lo que es lo mismo, “si el que nada debe nada teme, el que algo que debe, que mejor tramite su amparo”.

10 Enero 2019 03:57:00
Calderon no ‘afecto’ a la gente; sólo la mató
Al responder ayer a las acusaciones del presidente López Obrador sobre la “omisión” con que actuaron los tres últimos gobiernos contra el tema del robo de combustibles, el expresidente Felipe Calderón confirmó la vieja máxima sobre la importancia de verificar el tamaño de la lengua y la cola antes de hablar. Sin aportar datos que sostuvieran su defensa, Calderón afirmó que en su Gobierno se “combatió con firmeza todas las formas del crimen organizado, incluyendo el de gasolinas, sin afectar a los consumidores”. Lo que no dijo es que con esa “firmeza” no afectó a los huachicoleros y sus tomas clandestinas para robar combustibles a Pemex, que crecieron en casi 800% durante su administración.

Según datos históricos de Pemex, las tomas clandestinas que había en sus ductos en 2006, al inicio del sexenio calderonista eran 213, mientras que para el 2012, al concluir su Presidencia, el número se elevó a mil 550 puntos de robo de combustible. La misma paraestatal, a través de su área de logística, documenta que en los tres últimos años de su Gobierno, de 2009 a 2012, se perdieron 6 mil 966 millones de barriles de gasolina y diésel por combustibles robados, que según un cálculo “conservador” realizado por el portal informativo Animal Político, representaría una pérdida, a precios reales de la gasolina Magna en esos años, de 62 mil millones de pesos. ¿Eso demuestra la firmeza de la que habla el expresidente Calderón?

En lo único que tiene razón Calderón, en su respuesta, es en que las pérdidas y las fugas de combustible detectadas en su Gobierno era “más de 10 veces menores a las que hay ahora”, porque aunque sus números en materia de huachicoleo no son para presumir, el Gobierno de Peña Nieto los elevó y los superó con creces, pues las tomas clandestinas entre 2012 y 2018 crecieron a 12 mil 581, lo que significa un aumento de 262% de las mil 550 que le heredó Calderón, mientras que las pérdidas en barriles pasaron 7 mil 762, y el costo económico por fugas y robo de combustible se disparó a 92 mil millones de pesos.

La reacción de Calderón, que tiene activismo político contra el Gobierno de López Obrador, igual que Vicente Fox, es parte de la estrategia con la que el expresidente busca impulsar la creación de un partido político junto a su esposa Margarita. Sin duda Calderón busca disputarle al PAN el monopolio del discurso opositor al lopezobradorismo con el que el michoacano mantiene una confrontación abierta desde la campaña presidencial de 2006.

No es la primera vez que López Obrador alude, en su cruzada contra el robo de combustibles, iniciada en los últimos días del 2018, a la responsabilidad de sus antecesores en el crecimiento de la industria ilegal y delictiva del huachicoleo, pero ayer en su conferencia de prensa, a pregunta expresa sobre el papel que jugaron Fox, Calderón y Peña Nieto en la red de corrupción y delincuencia que permitió el incremento del saqueo del erario y los recursos de Pemex en los últimos 18 años, el Presidente fue directo: “Es difícil decir ‘yo no sabía’, las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir, de todos, omisión. Lo sabían todos. Como que había una especie de ceguera, no se veía. Como que no se ve que se están robando mil pipas diarias. Era una especie de tolerancia, algo pactado pero de tiempo atrás” comentó.

Veremos hasta donde llega el duelo verbal entre López Obrador y Calderón, y sobre todo qué repercusiones tiene para el expresidente que suelta la lengua sin cuidar la cola; pero por lo pronto, en la estrategia emprendida por el Presidente para frenar el robo de combustibles con el cierre total de ductos de Pemex y el efecto colateral que tiene al provocar desabasto y escasez de gasolinas y diésel en al menos 10 estados y en el Valle de México, está claro que la oposición busca aprovechar al máximo lo caliente del tema y el impacto social, económico y político que tiene la ausencia total o parcial de combustibles en buena parte de la República.

Porque en la crisis de los ductos y de la gasolina, se formaron tres grandes bloques: de un lado el Presidente dice que, con el apoyo incondicional de la sociedad: “no responderemos a presiones”, e insiste en pedir “paciencia y calma” a la población ante las fallas en la transportación de combustible, al tiempo que insiste en que no dará marcha atrás a su cruzada contra la mafia huachicolera; mientras que organismos empresariales, gobernadores y opinión pública dicen apoyar y reconocer su decisión de combatir el robo de combustibles, pero le piden replantear y corregir las fallas en su estrategia para no afectar a los ciudadanos ni la economía. Y en el extremo están sus opositores y detractores, que acusan “ineptitud, incapacidad y una fallida estrategia” y le piden revertir su plan de combate al huachicoleo y garantizar el abasto de combustibles.
08 Enero 2019 03:57:00
El interino para Puebla
Sin que se conozcan avances en las investigaciones sobre el accidente aéreo que hace dos semanas le costó la vida a la gobernadora Martha Érika Alonso, al senador Rafael Moreno Valle y a tres personas más, en el Congreso de Puebla se aprestan a designar, este sábado, en medio de los últimos jaloneos y negociaciones, al gobernador interino que deberá convocar a elecciones extraordinarias para elegir a un nuevo titular del Ejecutivo estatal.

La designación resultará clave para los comicios que se prevén para el 2 de junio. Y a pesar de los intentos por evitar la designación de un interino partidista para calmar la fuerte polarización política que vive el estado, en el tramo final de los posibles sustitutos está el líder del Congreso, José Juan Espinoza Torres, diputado por el PT aunque con gran influencia en Morena y operador cercano al presidente López Obrador, o el secretario de Gobierno y actual encargado de despacho, Jesús Rodríguez Almeida, morenovallista y exfuncionario de seguridad del gobierno del PRD en la CDMX.

Morena y sus aliados del PT y PES, con su mayoría de 22 diputados, pugnan por designar para el interinato a Espinoza Torres, a quien analistas locales ubican como “el poder real en Morena”, mientras que el bloque morenovallista del PAN, PRD y MC, con 14 diputados empuja a Rodríguez Almeida, y además están los 4 votos del PRI y 1 del PVEM. Es decir, que si se impone la consigna dictada por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky, de que “vamos con todo” al reiterar la candidatura de Miguel Barbosa —con todo lo polémico y soberbio que resulta repetir a un candidato que se confrontó hasta el último momento con la gobernadora fallecida— entonces es muy posible que, ante la falta de consensos en el Congreso local, la decisión se tome por mayoría y el gobernador sustituto sea morenista.

Eso significa que la nueva elección será tan tensa, enrarecida y disputada como la primera, con la diferencia de que el morenovallismo ya no tendría el poder para intentar influir en los resultados, pero sí lo podría tener Morena. En los tres meses que se darían para la campaña —si se confirma la fecha del 2 de junio, que empataría a Puebla con los comicios de gobernador de Baja California, donde Morena podría arrasar, y con votaciones locales en Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas— volveríamos a ver reeditada una encarnizada lucha por el poder en la estratégica entidad poblana que, igual que la pasada elección de julio de 2018 podría terminar también en polarización, violencia y conflictos poselectorales.

Porque de un lado el PAN, con el morenovallismo como corriente dominante, buscará ratificar nuevamente en las urnas el polémico triunfo que le dieron los tribunales electorales y mantener a Puebla como bastión panista, a la par de infligirle a Morena y al presidente López Obrador su primer derrota electoral en el poder, con miras a las elecciones intermedias de 2021. Y para lograrlo, los panistas no dudarán en explotar y lucrar con el luto y el voto solidario para su gobernadora y su exgobernador fallecidos trágicamente, apostándole a fenómenos electorales que suelen producirse tras la muerte o asesinatos de candidatos, tal y como ocurrió en la presidencial en 1994 con Luis Donaldo Colosio o más recientemente con el candidato en Tamaulipas, Rodolfo Torre, que en ambos casos de magnicidio, una de las líneas de investigación que aún no se descartan en Puebla, fueron capitalizados de manera contundente en las urnas por el PRI.

Pero del otro lado, en Morena, también saben que ganar Puebla es estratégico para el proyecto no sólo de Puebla, sino para el gobierno de López Obrador. Un triunfo poblano para el partido del Presidente confirmaría que, 6 meses después de ejercer el Gobierno, el lopezobradorismo sigue en la ruta de convertirse en la nueva fuerza hegemónica a nivel nacional. Por eso Yeidckol se lanzó con todo a decir que ganarán Puebla y por eso, en un acto de soberbia cuyo efecto aún es impredecible, decidieron repetir la candidatura de Barbosa, aún con el enorme riesgo de que el electorado pudiera ver un desplante o un acto de insensibilidad y pasarle factura de la muerte de su excontrincante al candidato de Morena, lo cual beneficiaría la apuesta del panismo.

Por lo pronto el sábado se espera “humo blanco” en el Congreso poblano. Y vendrá también la definición del PAN de quién será su candidato, que saldría de entre los morenovallistas Luis Banck y Max Cortázar, o de los panistas Mario Riestra, Juan Pablo Piña y Humberto Aguilar. Y a partir de ahí, Puebla volverá a ser, durante los meses que duren las campañas, más de demonios que de ángeles.


NOTAS INDISCRETAS: Ayer en la reunión anual de embajadores y cónsules el canciller Marcelo Ebrard llamó al cuerpo diplomático a contribuir para rediseñar “la nueva política exterior de México”, pero a la hora que le preguntaron por la polémica decisión de no suscribir el acuerdo de Lima, argumentó la vieja política exterior, la de la “autodeterminación de los pueblos” y la no intervención consagrada en el Artículo 89 constitucional. Eso sí, dijo que “no intervención no significa pasividad, sino respeto a los países” y dijo que para defender derechos humanos en el extranjero, México tiene primero que resolverlos en casa. Total que la nueva política exterior se parece mucho a la vieja, que no es lo mismo pero es igual, ¿Me entiendes chato?... Los dados mandan Escalera doble para el nuevo año.
15 Diciembre 2018 04:06:00
Mayorías y contrapesos en la 4T, la cifra mágica de los 43
La oposición en el Congreso se encuentra en un momento decisivo. En este fin del periodo legislativo, con algunas votaciones que se tienen que dar de decisiones trascendentales, se define si, en medio de la fuerza mayoritaria de Morena, las fracciones del PAN, PRI, PRD y MC aún tienen posibilidades de consolidar un bloque opositor que sea contrapeso necesario para definir mayorías constitucionales de dos terceras partes; o si de plano, la operación política del nuevo partido gobernante, incluidas la cooptación de legisladores vía negociación política y económica, las amenazas y chantajes con investigaciones a algunos parlamentarios, y hasta la vieja y consabida fórmula del ausentismo en votaciones trascendentales, convierten a las bancadas de oposición en meros congresistas testimoniales y al partido del presidente López Obrador en una fuerza absolutamente dominante y hegemónica en las dos Cámaras del Congreso federal.

Votaciones como la de la designación del nuevo fiscal general de la República, de un integrante de la Suprema Corte, entre otras que se tienen que dar antes de que termine el año en el Senado, son claves y última oportunidad a los disminuidos partidos opositores de volverse un contrapeso político real que obligue a Morena a negociar y a no imponer.

Por eso se habla entre senadores de la República de una “cifra mágica” de los 43 votos, pues así unidos pueden hacer la diferencia y evitar el mayoriteo automático y la aplanadora del partido gobernante; pero si se dividen, abren la puerta a cualquier cambio, no sólo en la Constitución, sino a la estructura misma del Estado.

Esos 43 votos se conformarían de la siguiente manera: 24 senadores del PAN; 14 senadores del PRI (porque el otro senador priista, el chiapaneco Noe Castañón, se le ubica más cerca del exgobernador Manuel Velasco y por lo tanto sumando a Morena) y 5 senadores del PRD. Esos 43 senadores sin los cuales la bancada de Morena (59), aún sumando a todos sus aliados del PT (6), PES (5), PVEM (6) no alcanza los 96 senadores necesarios para reformar la Constitución o aprobar nombramientos como los del fiscal o ministros de la Corte. Ni aún si sumara a los siete senadores de MC, cuya agenda ahora depende más del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y al priista Castañón, y en un caso hipotético al senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, aún así la cifra más alta que alcanzaría Morena sería 85 votos, que en un caso hipotético de que asistan los 128 senadores a una votación constitucional, no les alcanza para hacer la mayoría de dos terceras partes.



Entre negociaciones y amenazas. Claro que en la realidad no siempre asisten los 128 senadores a las sesiones, en donde se requieren mayorías constitucionales, y la propia Constitución y la Ley Orgánica del Senado establecen que las dos terceras partes se contarán “con los senadores que estén presentes al momento de la votación”. Y ahí es donde entra en operación un viejo lobo de mar, coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. ¿Qué tanto pueden él y sus operadores romper a ese bloque de los 43 senadores de oposición para sacar las votaciones constitucionales del fiscal y el nuevo ministro?

Por lo pronto, lo que no hay duda es que la mayoría morenista en el Senado no tiene problema en usar el más viejo y conocido arsenal de formas de “convencer” y “ganar votos de la oposición”. Y según confirman en las oficinas de algunos senadores de oposición, las formas de “convencimiento” de la cuarta transformación no tienen miramientos y pueden ser tan rudas o seductoras.

Es decir, que la política parlamentaria sigue siendo la misma o más ruda. Y no hay duda de que no es un solo senador el que puede ser “convencido” con argumentos tan “convincentes” como el activarle o no expedientes, señalamientos, investigaciones y hasta comisiones de la verdad.

Por eso cobra relevancia lo que ocurrió el jueves en la sesión del Senado, donde la oposición actuó en bloque ante el agandalle y mayoriteo de Morena, que de un plumazo y en una reforma que no consultaron con el resto de los partidos, sacaron al senador perredista Juan Zepeda de la Comisión de Justicia.

Tras el “albazo” morenista, las bancadas de PAN, PRI, PRD y MC abandonaron el pleno del salón, dejando sin quórum suficiente a la sesión. Pero a pesar de tales ausencias y de que el artículo 39 de la Ley Orgánica obliga al presidente de la Mesa Directiva a verificar la cifra de senadores presentes y a declarar la falta de quórum cuando es visible y no haya en el recinto la mitad más uno del total de los senadores (67), el jueves esa verificación nunca fue ordenada y se continuó con una sesión que, en sentido estricto, debió ser cancelada.

después del abandono en bloque de la oposición, la bancada de Morena y sus aliados no sólo continuaron la sesión sin quórum, sino que sometieron a votación varios asuntos, entre ellos la aprobación del otorgamiento de la Medalla Belisario Domínguez a Carlos Payán y Julio Scherer. Como al momento de votar no se completaba la mayoría de votos y había menos de 64 votos, insuficientes para hacer la mayoría que validara el nombramiento, el reloj que mide el tiempo para que los senadores emitieran su voto se mantuvo abierto más de 30 minutos, cuando lo normal que se da a cualquier votación es de 10 minutos, según establece el artículo 98. Hasta que apareció el último senador de Morena, Pedro Haces, al que aparentemente tuvieron que mandar traer para que votara, se cerró la votación y se lograron los 67 votos a favor que finalmente aprobaron el nombramiento de los ilustres homenajeados.

“Es violación tras violación a la ley, no sólo por mayoriteo, que sería legal, sino aun torciendo los reglamentos y leyes que rigen al Senado”, se quejó un senador priísta, que algo sabe de mayoriteos y aplanadoras durante décadas del control priista en el Congreso.


13 Diciembre 2018 04:06:00
Estalló la guerra, la Corte en la mira
El choque de poderes escaló ya a una confrontación mayor en la que se agotaron las vías del diálogo y se cruzaron, de uno y otro lado, los límites ya no sólo de la división de poderes, sino de ataques abiertos, conspiraciones, operaciones y confabulaciones entre miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, cuya relación está tan deteriorada y enfrentada en estos momentos, que hasta podría ocasionar renuncias y graves señalamientos contra ministros, legisladores y hasta secretarios de Estado.

La cancelación de última hora de la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete a la comida con la que se despedirá al ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y el hecho de que el Ejecutivo asista sólo al acto protocolario en donde el titular del Poder Judicial rendirá su informe de cierre de gestión, es más que una inédita descortesía política del Ejecutivo que solía siempre estar presente en esa comida; es el indicador más claro de que ya hay un rompimiento abierto entre las cabezas de los dos poderes, mientras debajo, lo mismo en columnas que en los corrillos políticos se cruzan graves acusaciones de uno y otro lado en una guerra que ya no parece tener punto de retorno.

Tanto ha escalado el conflicto, que comenzó como un tema de la reducción de sueldos de los jueces y magistrados, pero que ya se tornó en una confrontación mayor, que podría incluso llevar a que se acelere la presentación, en el próximo periodo de sesiones del Congreso, de una iniciativa de reforma constitucional que ya tiene lista y terminada la fracción de Morena en el Senado para una reforma al Poder Judicial que desaparecería a la Suprema Corte de Justicia y crearía en su lugar un Tribunal Constitucional en el que se integre incluso al actual Tribunal Electoral federal como una sala.

Las acusaciones de una maniobra política, planeada y orquestada desde el interior de la Suprema Corte, para dilatar la aprobación del nuevo ministro y llevarla hasta el próximo año, a fin de restar un voto a la propuesta de AMLO en la elección del nuevo presidente de la Corte, es parte de lo que detonó la molestia en Palacio Nacional, en donde se asegura que hubo una operación abierta que realizaron al menos cuatro ministros: el presidente Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para reunirse con políticos del PRI y el PAN en el Senado, a los que ofrecieron un plan “para intercambiar favores” en el tema de la acción de inconstitucionalidad a cambio de garantías para ambos partidos en temas como la validación de la elección en Puebla y la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa.

Tres de esos ministros que mencionan, según afirman en la bancada de Morena en el Senado, pusieron sus equipos de asesores a disposición de los senadores de oposición para la elaboración y redacción de la Acción de Inconstitucionalidad que se trabajó en una oficina de la calle Eugenio Sue, en Polanco, donde tiene oficinas particulares un senador del PRI. Y ahí es donde, según los senadores morenistas, se dio una “coordinación, concertación o confabulación”, según se vea porque “se juntó el hambre con las ganas de comer, los ministros necesitaban que alguien presentara esa acción de inconstitucionalidad, porque ellos no podían hacerlo y tenían el inconveniente de que la acción de la CNDH no pedía la suspensión de la ley, mientras que a los legisladores de oposición les interesaba asegurar asuntos como posibles responsabilidades en el caso Ayotzinapa, en el caso del PRI, o el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los comicios de Puebla”, sostiene un integrante de la coordinación de Morena en el Senado.

Hoy, cuando se produzca la despedida de Luis María Aguilar, la crisis entre poderes se hará evidente en el discurso que corresponde del presidente de la Corte, que seguramente hará un mensaje de defensa al Poder Judicial frente al presidente López Obrador que no podrá hablar en ese foro. Pero luego, tras el acto protocolario, cuando el jefe del Ejecutivo abandone el recinto judicial y no se quede a la comida en donde históricamente han convivido los titulares de los dos poderes, el distanciamiento y la fractura serán evidentes; tanto, que ya hay una integrante del Gabinete federal, la secretaria Olga Sánchez Cordero, que al tener divididas sus lealtades entre su actual jefe, el presidente, y sus antiguos compañeros, los ministros de la Corte, a los que también les ofreció operar a su favor, podría ser la primera víctima fatal de esta guerra.



11 Diciembre 2018 04:05:00
El PRI, huérfano y perdido
Quién sabe si sea el espíritu navideño que los embarga o si de plano siguen sin sobreponerse al golpe del tsunami lopezobradorista que los arrolló hace ya 5 meses, pero en el PRI no dan señales de vida ni de un intento serio de reanimación o recuperación de ese partido. Con sus liderazgos agachados y agazapados ante el embate de la Cuarta Transformación y del nuevo Gobierno, los priistas ni siquiera en la orfandad, tras la salida de su jefe máximo, Enrique Peña Nieto, se deciden a iniciar un movimiento en busca de una sacudida real que los lleve ya sea a una refundación o a un replanteamiento total del partido al que el peñismo dejó casi aniquilado, tras sus escándalos de corrupción y su fallido Gobierno, y que fue brutalmente rechazado por los mexicanos en las urnas.

Tanto dijeron que “en cuánto se fuera el presidente comenzarían la revuelta y la noche de cuchillos largos”, que la calma chicha que hoy se observa en el PRI –donde hay una dirigencia nacional paralizada y solo algunos políticos y liderazgos medios se mueven con propuestas de refundación y democracia interna, como Ulises Ruiz que recorre el país, o la corriente LIDER presentada el fin de semana– parece confirmar que, en la orfandad, sin un liderazgo definido y con el desánimo y división interna que trajo la derrota, el que fuera hasta hace muy poco el partido gobernante y la primera fuerza política nacional, hoy navega a la deriva y resignado a ser una cada vez más débil y desdibujada tercera fuerza.

Porque aun los personajes que en corto dicen que van a buscar el liderazgo nacional y que quieren encabezar una refundación y una nueva definición del priismo como fuerza opositora al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en público no se atreven todavía a asomar la cabeza, como si temieran que alguien desde el Palacio Nacional se las pudiera cortar. Y se mueven, eso sí, tras bambalinas en espera de mejores tiempos para lanzar abiertamente una campaña por la recuperación y el rearmado de los pedazos y fragmentos que quedaron de la vieja estructura y la maquinaria priista en los estados, que fueron arrasadas por el fenómeno de Morena y el lopezobradorismo.

En ese caso están los dos priistas más fuertes que se sabe podrían enfrentarse en una contienda interna: el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, que en privado dice que “sí va por el PRI”, pero en público cuida cada movimiento; y el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, que después de un arranque acelerado y de hacer alianzas internas con fuerzas como Rubén Moreira, decidió meter el freno para concentrarse en el apoyo entusiasta a los proyectos del presidente López Obrador en el sureste que beneficiarán a su estado, como el Tren Maya o el proyecto del corredor transístmico. Tanto Osorio como Moreno son vistos al interior del priismo como los dos aspirantes más fuertes a buscar la dirigencia partidista, una vez que se defina la ruta y el calendario que seguirá a una Asamblea Nacional refundatoria y una elección abierta y por voto directo de los militantes, como la que ha planteado la mayoría del priismo.

El problema es que la actual dirigente, Claudia Ruiz Massieu, no parece tener ni prisa ni claridad para trazar esa ruta. La inactividad de la dirigente nacional, concentrada en su labor como senadora, es una queja constante de un priismo que no ve una estrategia clara desde su Comité Ejecutivo Nacional, que parece ausente y apático ante la necesidad de reanimar a lo que quedó del priismo. Un priista de la cúpula dice sobre el papel que está jugando hasta este momento Ruiz Massieu al frente del CEN del PRI: “Es como Enrique Ochoa, pero con falda”.

Mientras tanto, otros liderazgos del priismo, como los 12 gobernadores que aún le quedan, o exdirigentes nacionales como Manlio Fabio Beltrones, también parecen ausentes o en espera de definiciones. Ni Alfredo del Mazo, el heredero del Grupo Atlacomulco, ni otros mandatarios estatales, parecen querer asumir en estos momentos un papel protagónico.

Así que se fue Peña Nieto y en el PRI huérfano y perdido no ha habido ni cuchillos largos ni navajas cortas. Más bien, parecen un partido a la deriva que nada “de a muertito” en espera de que le cambien las corrientes.
08 Diciembre 2018 04:07:00
Olga y el góber precioso
Como una vuelta del destino, a Olga Sánchez Cordero le toca, una vez más, actuar en las graves acusaciones contra el “exgober precioso” de Puebla, Mario Marín Torres. La primera vez que Sánchez juzgo a Marín, como ministra de la Corte en 2007, no sólo ayudó a exonerarlo sino que su voto salvó al político poblano de ser acusado de conspirar para violentar los derechos de la periodista Lydia Cacho, detenida, amenazada y torturada ilegalmente en 2005. Once años después, ya como secretaria de Gobernación del presidente López Obrador, doña Olga vuelve a tener en sus manos el mismo caso y ahora es la responsable de ordenar y vigilar una nueva investigación en contra Marín y otros autores intelectuales y materiales de aquella agresión a la periodista.

La detención el martes pasado de Alejandro Rocha Laureano, agente ministerial en Puebla, como presunto responsable del delito de tortura contra Lydia Cacho, confirma que el caso de las graves violaciones a los derechos de la escritora y periodista está de vuelta, y que el actual gobierno de López Obrador ha empezado a cumplir la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que el pasado 31 de julio, en una resolución contra el Estado Mexicano, ordenó hacer una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” del ataque ilegal cometido contra Cacho, a quien además pidió que las autoridades deben “ofrecer una compensación adecuada” y evitar futuras violaciones a los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos mediante la despenalización del delito de difamación y calumnia.

Y justamente, las dos áreas del gobierno mexicano que deben cumplir esa resolución obligatoria de la ONU-DH son la Secretaría de Gobernación, a cargo de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, y la Procuraduría General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero. La PGR ya dio el primer paso al ordenar a agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que cumplieran una orden de aprehensión en contra del agente Rocha Laureano. La pregunta ahora es qué va a hacer por su parte la Secretaría de Gobernación y si sólo van a detener a los autores materiales de la detención y tortura, incluso intentos de violación y amenazas de muerte, de lo que Lydia Cacho culpa a 17 agentes poblanos en total, y apenas van tres procesados, o si también irán contra los autores intelectuales, entre los que la periodista señala directamente a Mario Marín, cuyas conversaciones telefónicas con el empresario Kamel Naciff en 2006, evidenciaron una clara conspiración para reprender a la periodista por las denuncias de su libro Los demonios del Edén.

La ministra y la corte que exonero a Marín.La pregunta de qué posición tomará ahora la Sánchez Cordero en este caso es relevante porque en el 2007, cuando la denuncia de Lydia Cacho fue atraída por la Suprema Corte, para definir si hubo o no una conspiración entre el entonces gobernador de Puebla y el empresario Naciff para violar los derechos de la periodista y ordenar su detención arbitraria, la ahora titular de Gobernación y entonces ministra tuvo una actuación tan dudosa en la sentencia favorable de la Corte, que negó la existencia de esa conspiración e incluso desestimó la gravedad de las violaciones, que se le llegó a mencionar como la “salvadora” de Mario Marín.

En aquel año la SCJN se fue con todo contra la periodista Cacho. Dos sesiones bastaron a los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero para llevar a la Corte a uno de sus máximos descréditos y echar abajo la investigación contra el entonces ya conocido popularmente como el gober precioso. Los dos ministros Aguirre y Sánchez, se encargaron de dirigir los argumentos contra el dictamen presentado el 26 de noviembre de 2007 por el ministro Juan Silva Meza, en el que establecía que sí existió la “componenda” entre autoridades encabezadas por Marín para perseguir a la periodista a solicitud del empresario Nacif Borge. Silva había investigado el caso por más de un año por mandato de la propia Corte pero cuando presentó su dictamen, bastaron dos sesiones, el 27 y 29 de noviembre, para que se lo desecharan y se exonerara a Marín “por falta de pruebas”.

La hoy titular de Gobernación, con su voto entonces como ministra, fue decisiva para que el 29 de noviembre de 2007 “salvara” al gobernador priista de Puebla de ser declarado culpable de aquella conspiración contra Lydia Cacho, pues cuando se esperaba que votara en contra, doña Olga, considerada entonces como “defensora de los derechos de las mujeres”, votó a favor de la inocencia del político. Ante la sorpresa general que causó su voto, la ministra Sánchez después explicaría que los resultados de las investigaciones no eran suficientes para que ella considerara que hubo una violación a la libertad de expresión de Lydia Cacho por lo que votó en contra de la periodista.

“En mi opinión los datos arrojados por la averiguación previa, por la ejecución de la orden de captura y por la incertidumbre jurídica que se generó con la detención, así como el trato singular al que fue expuesta en razón de su condición, no son suficientes para mí para arribar a la conclusión de que la actuación de las autoridades sí vulneró su libertad de prensa”, aseguró la ministra que con su voto completó la mayoría de 6 a 4 que salvó al gober precioso de ser acusado y enjuiciado por violaciones graves.

Por eso vuelve la duda y la pregunta ¿la secretaria Sánchez sí va a investigar al político que la ministra Olga exoneró? Va a tener la imparcialidad y la autoridad la titular de Gobernación para ejecutar la orden de la ONU para que se investigue a Mario Marín, a Kamel Nacif y a todos los que conspiraron para detener y violentar ilegalmente los derechos de una mujer y periodista como Lydia Cacho Ribeiro. O de plano doña Olga, como ya lo hizo como ministra ¿volverá a perdonar al gober precioso y al “héroe de esta película, papá”?

La batalla de los sueldos vs. la constitucionalidad.En San Lázaro dicen que a pesar del fallo de la Corte que pidió suspender la disminución de salarios a los funcionarios del Poder Judicial Federal en el Presupuesto del 2019, hasta que se defina la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impugnada por la Acción de Inconstitucionalidad que promovieron Senadores de oposición, los diputados federales no detendrán su aplicación y que sí van a considerar la reducción de sueldos del Poder Judicial y del resto de los poderes y organismos autónomos en las partidas presupuestales del próximo año.

Y es que, a pesar de la suspensión que otorgó ayer el ministro Alberto Pérez Dayán, y de que todo apunta a que la Corte va a declarar la inconstitucionalidad de la citada ley que aprobó el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados están engallados y advierten que van a declarar un “conflicto de interés” grave en el hecho que los jueces, magistrados y ministros conozcan de la disminución de sus propios salarios.

Así que, tal como aquí se lo anticipamos desde hace semanas, se viene una batalla y un choque fuerte entre Poderes en lo jurídico y que podría escalar tanto que rebase incluso las instancias nacionales y llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero al final, como aseguran que comentó en privado hace poco el presidente López Obrador: “Podrán ir a la Corte interamericana o a la Corte intergaláctica, pero de que la austeridad en los sueldos va, va”.

Preparémonos pues para la guerra de poderes. Será el veto de los jueces contra los votos de los legisladores.


06 Diciembre 2018 04:06:00
‘El Bronco’ y Cantú: la otra ‘Operación Monterrey’
Un nuevo personaje aparece con todas sus huellas en la encarnizada disputa por la codiciada alcaldía de Monterrey: Jaime Rodríguez “El Bronco”, gobernador independiente de Nuevo León, se asoma ahora en la enredada trama de una elección que ya tuvo que ser anulada por el Tribunal Electoral federal ante el “cochinero” y desa-seo tanto en esos comicios como en la poselección, pero que tendrá ahora una segunda edición con las nuevas votaciones programadas para el próximo 23 de diciembre.

La mano de “El Bronco” aparece metida en una inconfesada alianza política con el dos veces candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú, a quien el gobernador parece apoyar con su estructura electoral y con recursos estatales para hacer con el panista “un gobierno juntos”.

En un audio de una conversación telefónica entre el gobernador Rodríguez Calderón y el candidato panista Cantú Rodríguez, que llegó ayer a esta columna y que hoy aparece también publicado en el portal Código Magenta, que dirige el periodista Ramón Alberto Garza, se escucha hablar a los dos personajes con una enorme cercanía personal y política, y trazar juntos un plan para tratar de ratificar el triunfo de Cantú, impugnado por el PRI y controvertido luego en todas las instancias electorales hasta que llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde a pesar de las presiones y sobornos a funcionarios de ese órgano colegiado, que documentamos en esta columna, se anuló finalmente la elección el pasado 30 de octubre, y ordenó la realización de nuevos comicios que se celebrarán en dos semanas con la participación de los mismos candidatos.

¿Qué tanto se metió el gobernador de Nuevo León en la cuestionada elección anulada y qué tanto se meterá en los comicios del 23 de noviembre? ¿Cuál es el interés y cuál el pacto entre un gobernador que dice ser “independiente” y el candidato del PAN? ¿Tiene algo que ver esa alianza con el apoyo que los diputados panistas le dieron al “Bronco” para evitar un intento de juicio político en el Congreso local? Las preguntas cobran sentido por el diálogo que a continuación se reproduce entre Jaime Rodríguez y Felipe de Jesús Cantú y que, por las menciones que hacen, ocurrió antes de que saliera el fallo de los magistrados federales que anuló los primeros comicios:


JAIME RODRÍGUEZ: ¿Bueno?

UN ASISTENTE: Un segundo señor nomás, viene de una llamada, Felipe

JAIME RODRÍGUEZ: ¿Bueno?

FELIPE CANTÚ: Quihubole, ¿cómo andas?

JAIME RODRÍGUEZ: ¿Cómo estás compadre?

FELIPE CANTÚ: Ayjuesu, ¿te acuerdas la foto que me enseñaste del gallo aquel?

JAIME RODRÍGUEZ: Sí, pero cabrón hiciste todo tu esfuerzo, cabrón, te admiro cabrón eres…

FELIPE CANTÚ: Jajaja Ayjuesu pinche madre!!

JAIME RODRÍGUEZ: Eres un valiente cabrón, eres un valiente. Y te lo digo de todo corazón, eres un valiente.

FELIPE CANTÚ: Gracias máster, muchas gracias.

JAIME RODRÍGUEZ: Sabes que lo que vuelvo a ratificarte es: hagamos un gobierno juntos cabrón. Es algo muy importante que luego platicaré contigo, si me lo permites ¿no?

FELIPE CANTÚ: Ya habrá tiempo de platicar máster.

JAIME RODRÍGUEZ: Claro, claro. Ahorita lo importante es que tú me digas qué hacemos juntos.

FELIPE CANTÚ: Bueno, mira. Yo nada más quería platicarte mis tiempos y vicisitudes. En este rato pues obviamente, están en juego las alcaldías y las impugnaciones. Entonces en ese sentido no es una sola posición. Entonces necesito esperar un poco a que amainen esos temas, y entonces nos vamos a guardar un ratito.

JAIME RODRÍGUEZ: Órale, está bien compadrito. Yo estaré pendiente no te preo-cupes y nos estrecharemos la mano y quiero darte un abrazo porque, la verdad yo estoy muy contento contigo porque me diste respeto y yo te doy respeto.

FELIPE CANTÚ: Bueno, muchas gracias viejón, estamos pendientes.


JAIME RODRÍGUEZ: Saluda a tu familia y dales un abrazo de mi parte compadre.

FELIPE CANTÚ: Órale viejón, pendiente, hasta luego.

JAIME RODRÍGUEZ: Gracias, gracias.

A tan sólo 17 días de que se lleve a cabo la segunda elección por la Alcaldía de Monterrey, con Felipe de Jesús Cantú otra vez en la boleta, igual que su contrincante acérrimo del PRI, Adrián de la Garza, y con la decisión de Morena de salirse de la contienda al no poder cambiar a su candidato y negarse a postular nuevamente a Patricio Zambrano, todo apunta a otra batalla cerrada por la codiciada capital de Nuevo León. La pregunta es si la alianza entre “El Bronco” y Cantú también operará en esta segunda vuelta o lo que es lo mismo ¿meterá las manos en los nuevos comicios el gobernador que justamente proponía mocharle las manos a los corruptos en su fallida campaña presidencial o se las automutilará don Jaime para ser congruente con su propuesta?
04 Diciembre 2018 04:00:00
¿AMLO en la boleta de 2021?
Pocos cayeron en la cuenta de que al anunciar que llevará a cabo su revocación de mandato en 2021, Andrés Manuel López Obrador también estaba anunciando que su consulta coincidirá exactamente con la fecha de las elecciones intermedias del 1 de julio. Es decir, que el mismo día que los mexicanos voten para elegir diputados federales y algunos cargos locales, el nombre del presidente también estará entre las boletas que tendrán que cruzar con la pregunta de si desean que continúe al frente del Poder Ejecutivo o si su mandato de 6 años debe ser revocado. El solo nombre del político que ganó la Presidencia con 30 millones de votos tendría un impacto indudable a favor de su partido, Morena, que buscará ratificar en esos comicios su abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados.

La estrategia detrás de la primera consulta para revocación de mandato de un Presidente que se realizaría en México parece apostar no sólo a una ratificación contundente del electorado a una Presidencia, que para entonces tendrá 2 años y medio de ejercicio, sino también a lograr que en esos comicios federales y locales, que usualmente son considerados un termómetro para medir el éxito o el fracaso de un Gobierno a la mitad del sexenio, se repita el llamado “efecto AMLO”, que en las elecciones presidenciales del 1 de julio de este año logró que la popularidad y el posicionamiento favorable de López Obrador, como candidato presidencial de Morena, arrastrara positivamente al resto de los candidatos de su partido y los ayudara a ganar lo mismo en gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales y hasta en las alcaldías y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Basta ver los números con los que arranca el presidente López Obrador, entre 70 y 65% de aprobación popular, además de los números de Morena en las encuestas de intención del voto más recientes, que le dan entre 45 y 49% de la votación nacional “si hoy fueran las elecciones” para saber que, sumados, el “efecto AMLO” más la tendencia de crecimiento de Morena, que está muy por encima del PAN, el PRI y el resto de los partidos, constituirían, aún dentro de 2 años y medio, una fuerza política invencible y que volvería a arrasar a la oposición en su conjunto.

¿Será ese el cálculo que están haciendo en el nuevo Gobierno lopezobradorista y en Morena al proponer desde ahora una consulta que, según la Constitución, debe coincidir con la realización de comicios federales? Todo apunta a que sí. Buscarían reeditar el llamado “tsunami” que arrasó a cuanto partido y candidato se atravesó en su camino en los comicios de 2018. Y si a eso agregamos una oposición confrontada y dividida, en la que tanto el PAN como el PRI no logran resolver del todo sus disputas internas, mientras el PRD ya es sólo polvo de lo que fue y el resto de los partidos, PT, PES, MC y PVEM se han confirmado ya como satélites de Morena, entonces el escenario de las futuras elecciones intermedias, en 2021, terminaría siendo la consolidación del Movimiento Regeneración Nacional como el nuevo partido hegemónico de la democracia mexicana. Y si eso se concreta y si todo sale como lo calculan en el nuevo Gobierno y su partido, al resto de las fuerzas políticas sólo les quedarían de dos sopas: “o te sumas o te sumes”.

NOTAS INDISCRETAS… Tras la difusión que hizo el magistrado José Luis Vargas del proyecto de sentencia que presentará a la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, en el que propone declarar la “nulidad” de los comicios de gobernador en Puebla del pasado 1 de julio, retirarle su constancia de mayoría a la candidata panista Martha Érika Alonso y que el INE convoque a nuevas elecciones en dos meses, el proyecto ya desató una tormenta aún sin ser votado ni aprobado por los siete magistrados del TEPJF. Y es que mientras en Morena celebraban la propuesta que de aprobarse daría la razón su candidato Miguel Barbosa, quien pidió la nulidad por violaciones a los principios de certeza y legalidad, entre otras cosas porque se violó la cadena de custodia de los paquetes electorales, en el PAN mediante un comunicado, rechazaron los razonamientos y argumentos jurídicos del magistrado Vargas y relacionaron su propuesta con “una iniciativa de reforma legal que presentó la bancada de Morena en el Senado para despedirlo de su cargo en el Tribunal”. Los partidos que formaron la coalición Por Puebla Al Frente llaman al tribunal electoral federal “a valorar la evidencia desahogadas en etapas previas del proceso electoral” y destacan que la elección fue organizada por un órgano ciudadano e independiente y ha sido una de las elecciones más auditadas de la historia.

¿Correrá Puebla la misma suerte que la elección de Monterrey? Esta semana se sabrá… Los dados mandan Serpiente doble. Mal tiro.
01 Diciembre 2018 04:04:00
El primero que cruzó la calle más peligrosa
De muchos que lo intentaron sin éxito en la historia política del país, el primero que lo logró será Andrés Manuel López Obrador. Cuando hoy atraviese la calle Pino Suárez para entrar en Palacio Nacional, ya investido con la banda de Presidente de la República, el tabasqueño será el primer político que haya podido cruzar esa avenida, que por décadas se convirtió en la calle más peligrosa para muchos políticos que, siendo gobernantes de la Ciudad de México, pretendieron transitar los 300 metros de distancia que separan el Palacio del Ayuntamiento para alcanzar la silla presidencial, y se quedaron en el intento.

Hoy López Obrador logrará la hazaña que soñaron, pero no pudieron alcanzar, muchos otros alcaldes, regentes, jefes de Departamento y jefes de Gobierno de la capital del país, que al ver desde la ventana del despacho principal de la noble y leal Ciudad de México, tan cerquita y tan a la mano el balcón principal del Palacio Nacional, decidieron aventarse a atravesar la plancha del Zócalo y la avenida Pino Suárez, pero fueron arrollados por la caballada sucesoria y políticamente murieron en el intento. Desde Ernesto Uruchurtu, el “regente de Hierro” o el maquiavélico general Alfonso Corona del Rosal, pasando por el colmilludo profesor Carlos Hank González, el avezado Ramón Aguirre o el tecnócrata Oscar Espinosa Villareal, ningún gobernante capitalino de la era priista pudo alcanzar la Presidencia.

Tampoco en la izquierda, donde también suspiró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de Gobierno electo, y la jefa sustituta y primera mujer en gobernar la capital, Rosario Robles. El propio Andrés Manuel no pudo cruzar esos 300 metros en su primer intento en 2006, después de haber sido un popular jefe de Gobierno, y tuvo que conformarse con una banda simbólica y una “presidencia legítima”, el 20 de noviembre de ese año, mientras su pelo y sus aspiraciones revoloteaban con el viento en el Zócalo y él estiraba la mano en señal de la protesta que le tomaba Rosario Ibarra de Piedra; sólo que en lugar de toma constitucional, le quedaba solo la toma del Paseo de la Reforma y la rabia y frustración de un discurso y un grito de “¡Nos robaron la elección!”:

Del tímido joven tabasqueño al discurso del balcón de Palacio. Pero esta vez, en su tercer intento por atravesar la peligrosa avenida, López Obrador la cruzará tranquilo, sin prisas, con la banda constitucional al pecho y después de haber rendido la protesta ahora sí constitucional y haber dado su primer discurso como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Llegará a pie, caminando desde San Lázaro, en una estampa con reminiscencias del pasado y del antiguo presidencialismo que vuelve con todo y sus rituales, pero también con toda la autoridad política y moral (autoritarismo, dicen sus detractores) que le dan los 30 millones de votantes, esperanzados y hartos, que lo llevaron a la Presidencia.

Y ahora sí la histórica puerta mariana del majestuoso Palacio se abrirá para él de par en par. Será el primer político de izquierda y el primer exjefe de Gobierno de la CDMX que atraviese por ese portal de añeja cantera con la investidura presidencial. Y ahí, después de recibir el saludo y de ofrecer una comida a sus invitados, jefes de Estado, diplomáticos, empresarios, políticos, artistas, poetas, periodistas, recibirá de manos de los abuelos y gobernadores de las 32 etnias indígenas del país, un simbólico bastón de mando, en una ceremonia de aceptación y respeto para el político tabasqueño.

Después vendrá otro momento con un alto simbolismo en el regreso a tiempos políticos de antaño. Parado en el balcón principal del Palacio Nacional, López Obrador dará su segundo gran discurso a los mexicanos; emulará así al general Lázaro Cárdenas, uno de sus referentes políticos e históricos junto con Benito Juárez. Y como el Tata lo hizo el 18 de marzo de 1938, día en que decretó la también histórica expropiación petrolera –recién revertida por la reforma energética del ya expresidente Peña Nieto– ahora “El Peje” hablará ante el pueblo, la multitud que desde la Plaza de la Constitución volverá a escuchar a un presidente de la República que esta vez no grita sólo los nombres de los héroes patrios, sino que habla y dice lo que vendrá en su Gobierno.

Ese será el momento culminante de la anhelada ascensión al poder del hombre de Macuspana, el momento en el que se materializará en definitiva aquella frase de “la tercera” que sí fue “la vencida”. Ahí en ese mensaje se definirá, en frases y conceptos, buena parte de la ruta y del cambio (incierto para unos, pero esperanzador para otros) que habrá de transitar el país en los próximos 6 años. La autonombrada “cuarta transformación” con la que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se propone al cabo de 6 años y con elevada ambición y marcada grandilocuencia, “hacer historia” y seguir los pasos de Hidalgo, de Juárez y de Madero y Zapata, y lograr ser, en sus propias palabras, “un buen Presidente” que “no les va a fallar” a los mexicanos.

Hoy aquel joven tímido, transformado en experimentado líder político y después de un largo andar por la política y por la República, tras cruzar la calle que muchos no pudieron se convertirá en Presidente: el primero que llega al poder desde una fuerza de izquierda. Y no tendrá problema para hablar, ya no sólo ante Cuauhtémoc, que será su invitado, sino ante todo un país y desde el mismo sitio desde donde sólo un Cárdenas, el padre, pudo hablar antes: el balcón del Palacio Nacional.
29 Noviembre 2018 03:03:00
Lucha entre poderes en la 4T
A 48 horas del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzó una batalla jurídica y constitucional para defender su independencia y autonomía “de los intentos de Morena por intervenir en la organización interna y en su funcionamiento” que consideran violatorios a la división de poderes consagrada en la Constitución y en los Tratados y Convenciones internacionales de las que forma parte el Estado mexicano.

Un documento interno de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, en el que se delinea parte de esa estrategia que va a provocar una guerra entre poderes en el inicio del nuevo gobierno, establece que: “El fondo de la discusión es la independencia del Poder Judicial y los límites de otros poderes para intervenir en la vida interna del PJF, no es un tema de salarios. El rubro salarial es sólo la primera materialización de estas intervenciones (se suman otras propuestas como la rotación, criterios de paridad de género, aplicación de controles de confianza)”.

En lo que representa una estrategia conjunta de todo el Poder Judicial federal, a la que se están sumando otros organismos federales autónomos como la CNDH, lo que se busca es dar la batalla contra los otros Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena, porque según ministros, jueces y magistrados, lo que hay detrás de esas iniciativas “es un intento de sometimiento y control al Poder Judicial”.

La primera acción de esa defensa son los amparos en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a disminuir y poner tope a los ingresos salariales de los ministros, magistrados, jueces y otros funcionarios judiciales. Hasta este momento se ha interpuesto ya 77 demandas de amparo colectivas contra esa ley, con un total de 331 quejosos, de los cuales 94 son magistrados, 100 jueces y el resto otros funcionarios del Poder Judicial.

Además está la “acción de inconstitucionalidad” contra esa misma Ley promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos esos amparos e impugnaciones serán atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisará el asunto no como un tema salarial, sino como un asunto de constitucionalidad o no de la Ley de Remuneraciones aprobada por el Poder Legislativo federal.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación presentó otra gran demanda colectiva de amparo, para lo cual esa asociación civil ha circulado entre sus miles de integrantes en todo el país una “demanda de amparo modelo” que elaboró una comisión redactora, en la que se propone combatir diversas leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión y de diversos legisladores por estimarlas violatorias de la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Se espera también que en los próximos días la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia de los 31 estados del país interpongan sendas controversias constitucionales contra la citada Ley, también con el argumento de que viola la Constitución y la independencia del Poder Judicial no sólo federal sino también de las entidades federativas.

Una vez que todos esos recursos lleguen finalmente a la Suprema Corte de Justicia, que ya atrajo el primer amparo otorgado a una magistrada de Sinaloa para resolver el fondo del tema de la constitucionalidad, se decretaría la suspensión de la aplicación de la legislación que empezaría a aplicarse a partir del inicio del 1 de diciembre, en el gobierno de López Obrador, lo cual significa que se suspendería la reducción de salarios y la aplicación de sanciones penales a aquellos funcionarios que ganen más de 108 mil pesos mensuales, hasta en tanto se defina si la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos es o no constitucional y si el Poder Legislativo al aprobarla y el Ejecutivo al promulgarla, no violentaron la independencia del Poder Judicial federal consagrada en la Carta Magna y en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Y ya en un caso extremo, si hubiera una intervención directa del Ejecutivo o el Legislativo, que buscará desconocer o atentar contra la Corte con una disolución o vulnerar la independencia de los jueces, el asunto podría ser llevado con denuncias hasta instancias internacionales de la ONU para exigir respeto a la autonomía de los jueces y acusando al Gobierno mexicano de violar tratados y convenios internacionales, dice la ruta trazada por los jueces, ministros y magistrados en la batalla por defender su independencia.
28 Noviembre 2018 04:00:00
Suicidio en el INAI, ¿premonición?
La muerte del comisionado del Inai Carlos Bonnin Erales fue un suicidio, según los videos internos del instituto en donde se le observa saltar intencionalmente de la terraza del edificio ubicada en el quinto piso. El material grabado por las cámaras de seguridad del edificio, que ya se encuentra en posesión de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, confirma que Bonnin saltó al vacío luego de haber permanecido un rato en la terraza, donde encendió un cigarro y después de realizar una llamada telefónica a su esposa, lo cual apunta a la versión que se maneja internamente de que decidió quitarse la vida luego de un pleito familiar.

“Se peleó con la esposa, según la versión de los choferes de ambos. Llegó muy molesto a la oficina. Subió a la terraza. Prendió un cigarro, le llamó a su esposa y saltó”, dice una fuente de alto nivel del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos que pidió el anonimato, pero que confirma que todo ocurrió poco después de las 8:30 de la mañana cuando las cámaras de seguridad registran el ingreso del comisionado Bonnin al edificio ubicado en avenida de los Insurgentes 3211. A esa hora había muy poco personal en el edificio y ninguno de los demás comisionados había llegado a laborar.

La fuente narra que la esposa le llamó al chofer tras colgar con Bonnin y le pidió que subiera a la oficina a verlo porque “no se sentía bien”. Y a pesar de que el chofer subió para entonces el comisionado ya había saltado, aunque no murió inmediatamente producto de la caída y la propia esposa llegó a verlo todavía con vida al INAI. “Llegó la ambulancia y salió vivo de la oficina. En el hospital le diagnosticaron un paro cardiaco y esa fue la causa oficial de la muerte”, añade.

Sobre la confusión y la primera versión que manejó el comisionado presidente del Inai, Francisco Acuña, el lunes en donde sólo habló del infarto y omitió de su declaración la caída de Bonnin desde el quinto piso, lo que señalan es que el resto de los comisionados no supieron en un principio lo que había pasado, porque a la hora en que ocurrieron los hechos ninguno había llegado a la oficina y había muy poco personal que hubiera visto lo que había pasado y nunca vieron los videos donde su compañero salta al vacío. “Lo que nos dijeron distintas personas fue que ‘se cayó el comisionado y está muy lastimado’. Después nos dijeron que su estado era grave y cuando varios de nosotros llegamos al Hospital Ángeles del Pedregal los médicos nos dijeron que acababa de morir ahí por un infarto al corazón”, señala uno de los comisionados consultado por esta columna y asegura que “nunca hubo intención de ocultar nada” porque nosotros desconocíamos los videos, y el dato de que él había saltado lo supimos hasta mucho después y fue por el reporte de la PGJCDMX que ya había revisado los videos que ellos se llevaron después de presentarse la mañana del lunes en el edificio”.

El problema fue que la ambulancia tardó más de 45 minutos en llegar al lugar a atender al comisionado Bonnin que estaba inmovilizado en el suelo donde cayó, a pesar de que personal del Inai llamó por lo menos a cinco hospitales cercanos para pedir auxilio y hasta mandaron a motociclistas al Hospital del Instituto Nacional de Pediatría que está justo enfrente del edificio donde ocurrieron los hechos. La ayuda se tardó 3 cuartos de hora en llegar y a pesar de que trataron de reanimarlo con un equipo interno del Inai y de que llegaron primero su esposa y un hermano de Bonnin, que es médico, cuando la ambulancia lo levantó para llevarlo al Hospital Ángeles del Pedregal, el funcionario sufrió un segundo infarto en el camino y llegó ya casi agonizante al hospital privado.

En espera de las conclusiones que arroje la investigación abierta por la Procuraduría capitalina, colaboradores y comisionados del INAI se decían en shock por la noticia. “Cuando nos dijeron que había saltado nadie podíamos creer la idea de un suicidio. Era uno de los comisionados más activos, imparcial y comprometido con su trabajo. Iba a tener un segundo bebé y se le veía contento y muy preocupado por su esposa”, dijo otro de los integrantes del instituto.

Y aunque de eso no se habla en estos momentos de dolor y consternación en los pasillos del INAI, la muerte lamentable del comisionado Carlos Bonnin ocurre justo cuando hay versiones cada vez más fuertes de que en la bancada de la mayoría de Morena en el Senado hay un proyecto de iniciativa que busca desaparecer al Instituto Nacional como órgano autónomo, liquidar a los actuales comisionados y crear dos nuevos organismos: un Instituto de Transparencia, con un solo comisionado titular designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otro organismo de Protección de Datos que también tendría su titular designado por el jefe del Ejecutivo.

Es decir que, en sentido dolorosamente literal y también en el sentido político, la muerte ronda al INAI.
27 Noviembre 2018 04:05:00
Arranque acelerado
Si en estos 4 meses de transición atípica, la agenda y el ritmo del Presidente electo se han percibido acelerados, el arranque de Andrés Manuel López Obrador como Presidente constitucional será todavía más movido. Y en el estilo de gobernar del nuevo mandatario, similar al que tuvo como jefe de Gobierno de la CDMX, sus actividades comenzarán desde la madrugada con reuniones de Gabinete, conferencias diarias de prensa, eventos públicos y giras constantes por el interior de la República.

Según los horarios que López Obrador ha definido ya para el inicio de su Administración, la agenda diaria del Presidente comenzará a las 6 de la mañana con una reunión con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional para supervisar la situación del país, focos de riesgo y situaciones en proceso en los temas de seguridad pública y seguridad nacional. Se prevé que a esos encuentros acudan cada día los titulares de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, el secretario de Seguridad Pública y de la nueva Comisión Nacional de Inteligencia, entre otros.

Terminando la reunión de Gabinete de seguridad, ahí mismo en Palacio Nacional, a las 7 de la mañana, habrá una conferencia diaria en la que el Presidente hablará de los temas de su agenda política y de Gobierno y responderá preguntas de los reporteros de la fuente presidencial sobre temas y asuntos de coyuntura. Después del intercambio con la prensa sostendrá reuniones y audiencias en su despacho y asistirá a eventos o reuniones programados en su agenda.

Esa será la actividad constante de lunes a jueves. Los viernes, sábados y domingos la agenda será de visitas y giras a distintas entidades de la República, en las que el mandatario nacional buscará visitar no sólo las capitales estatales, sino también municipios importantes, lo mismo para supervisar el avance de obras en proceso, como para vigilar el adecuado funcionamiento de sus programas sociales y de apoyo a la población más vulnerable.

De acuerdo con fuentes cercanas a la oficina del próximo Presidente, la residencia habitual del jefe del Ejecutivo seguirá ubicada en el sur de la ciudad, en Tlalpan, por lo menos hasta que concluya el actual ciclo escolar y su hijo menor termine los estudios de primaria, por lo que a partir del verano del próximo año la familia se mudaría a una casa que se buscará acondicionar en los siguientes meses y que estaría ubicada en una colonia más céntrica y cerca del primer cuadro de la ciudad, a fin de facilitar sus traslados y salidas de Palacio Nacional, donde despachará habitualmente.

Y en la definición de un nuevo estilo de gobernar, seguirá siendo, a decir de sus colaboradores, un Presidente mediático, cercano a la gente con la que seguirá teniendo contacto directo en sus giras y eventos, y que lo mismo dicte la agenda política y de opinión pública del día, responda a críticas sobre su Gobierno y su ejercicio público, que recorra cada rincón del país al mismo ritmo frenético que mantiene desde su campaña de 2006.

NOTAS INDISCRETAS… Noticias de “la rebelión de los góbers”. El domingo, en una comida que ellos mismos hicieron pública con todo y foto, se encontraron en Guadalajara los gobernadores Javier Corral, de Chihuahua, y el electo de Jalisco, Enrique Alfaro. Lo interesante del encuentro en exclusivo restaurante tapatío no fue la comida ni el vino tinto que degustaron, sino lo que se “comieron” políticamente hablando. Y ese fue, sin duda, al presidente López Obrador.

El propio Corral lo relató en un tuit que subió junto a la fotografía de él y Alfaro en amena plática: “Un diálogo en la convergencia con @EnriqueAlfaroR y el compromiso sellado de convertirnos en promotores y aliados por un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, la defensa de la soberanía de nuestros estados”. Lo único que no dijo Corral, y que también los unifica a él y al jalisciense, es la búsqueda de la candidatura presidencial en 2024, porque los dos son ya “suspirantes” abiertos de una sucesión que, dicen, también arranca el 1 de diciembre…

Por cierto que anoche un primer gobernador del PAN se bajó de la rebelión. Antonio Echeverría, de Nayarit, declaró que para él “mi nuevo jefe político es AMLO y vamos a ajustar el presupuesto del estado, a disminuir gasto, como lo está haciendo el Presidente”. Casualmente, esa declaración de Echeverría la hizo ayer en el estacionamiento del Senado, justo cuando salía de la oficina del coordinador de Morena, Ricardo Monreal. ¿Qué le habrán prometido al góber panista de Nayarit para que dejara a los rebeldes de su partido y se alineara con la 4T? ¿Acaso le ofrecieron la “esperanza para Nayarit”?…

Y mientras los mandatarios panistas y del PRD se alistan para iniciar su “batalla por el federalismo” y contra López Obrador con una acción de inconstitucionalidad por los “superdelegados”, los gobernadores del PRI parecen estar a la expectativa y no se suman a la rebelión. Ayer, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, la figura más visible del PRI en los estados, comentó a pregunta de esta columna sobre si iban o no a sumarse a las acciones de inconstitucionalidad: “Hoy más que nunca, los mexicanos debemos pensar en fortalecer el federalismo, en la soberanía real de los gobiernos estatales, para evitar estancamientos que han perjudicado al país. Un México que debe y que tiene que estar por encima de intereses personales, de partidos y de otro tipo de intereses que han deteriorado a la Nación. Busquemos todos el interés común que es nuestra patria”. ¿Eso le suena a un sí o un no?...

El otro priista que podría liderar a los gobernadores, el mexiquense Alfredo del Mazo, está más ocupado de los graves problemas de su estado, sobre todo en materia de seguridad. Ayer, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde por cierto el Edomex encabeza los indicadores más graves, Del Mazo anunció la creación de la Policía de Género, un cuerpo especializado y de élite para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. En Tlalnepantla, presentó también un programa de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que cuenta entre otras cosas con una plataforma tecnológica para que las mujeres puedan solicitar y obtener “órdenes de protección” de los jueces en casos de violencia doméstica y sus hijos puedan ingresar en albergues del estado.

Paran los dados. Escalera doble. Subida.
24 Noviembre 2018 04:05:00
Elba y Juan: el pacto de Houston
Antes de volverse enemigos y de que su grupo se fracturase y se enfrentarán en la actual lucha de poder y acusaciones de “traición”, Elba Esther Gordillo y Juan Díaz de la Torre sellaron un acuerdo de protección mutua, al que llamaron “El Pacto de Houston”, para mantener el control del sindicato más grande y poderoso de México y de América Latina. Era noviembre del 2012, semanas previas al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y la entonces todopoderosa líder del SNTE había entrado ya en una ruta de ruptura con el presidente electo porque se resistía a apoyar una iniciativa de Reforma Educativa que no había sido consensuada con el sindicato y que colocaba a los maestros, con su evaluación coercitiva, como el mayor de los males del sistema de educación pública del país.

Junto con su yerno, Fernando González y sus hijas Maricruz Montelongo y Mónica Arriola, ya entonces senadora electa, la maestra se acuerpaba y se preparaba para lo que sabía sería un golpe letal en su contra si no apoyaba la reforma peñista. Por eso citó a mediados de aquel noviembre a su incondicional Juan Díaz de la Torre, en una casa en Houston, Texas, donde la entonces presidenta del sindicato magisterial se sinceró en un encuentro privado: “Yo sé que vienen por mí; no sé cuándo ni cómo, pero sé que van a buscar eliminarme, no sé si intenten matarme o sólo hacerme a un lado, pero van contra mí”, le dijo a Díaz de la Torre sobre el nuevo Gobierno peñista que estaba por tomar posesión. “Por eso quiero que estemos de acuerdo, si a mí me quitan de en medio, tú te vas a quedar al frente del sindicato, tendrás todo el respaldo mío; sólo te pido un favor: cuida de mi familia, de mis hijas, yo te los encargo a ti para que a ellos no los toquen. Prométemelo”, pidió en la intimidad de aquel encuentro Gordillo a su secretario general.

Juan Díaz no dudó y refrendó su lealtad absoluta y su promesa de proteger a la familia de Gordillo Morales si el nuevo Gobierno tomaba represalias en su contra por negarse a firmar la reforma educativa negociada en el Pacto por México por los peñistas con el PAN y PRD.

Ellos no volverían a encontrarse hasta que ella estaba presa en la cárcel femenil de Tepepan, en una sala privada donde conversaron tras varios meses de su detención y de que Juan Díaz se había alejado de ella y de su familia, y le había dado la espalda negándose a declarar en su defensa en el juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada que le había iniciado la PGR con base en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Aquella fue la última vez que hablaron y Juan Díaz de la Torre le dijo que lo entendiera, que ya no podía apoyarla ni a ella ni a su familia, que las circunstancias habían cambiado y que él ahora tenía que sacar adelante al sindicato.

Con su familia tuvo en un principio del conflicto la atención y el cuidado que le había prometido a Elba Esther. Todavía el 28 de febrero del 2013, en Guadalajara, antes de anunciar que el Consejo Nacional del SNTE lo había elegido como presidente en el hotel Fiesta Americana, Díaz de la Torre, se reunió con Fernando González Yáñez y con las dos hijas de Elba Esther para garantizarles que él se haría cargo de la defensa de la maestra y que a ellos, la familia, les daría la protección a que se había comprometido y no permitiría que el Gobierno fuera contra ellos. El propio Fernando González narra ese episodio, ocurrido en Guadalajara, cuando el grupo gordillista tuvo que definir si se enfrentaba al poder y desestabilizaba al Gobierno de Peña con la fuerza de los maestros o si daba paso a la dirigencia acordada en Houston de Juan Díaz y negociaba con el Gobierno. En un audio filtrado de una reunión reciente para planear la bioserie de Gordillo, que publicó la semana pasada por el periodista Jorge Ramos en el portal La Silla Rota se escucha a González Yáñez narrar:

“Entonces lo que hicimos fue me subo al templete, le cambio el discurso a Juan, por eso yo creo que Juan no estaba enterado, o sea en la realidad yo creo que Juan es un mequetrefe, un títere de la circunstancia… De pronto cuando se vuelve líder enloquece, pierde el sentido, y ahí es cuando se da la primera parte del rompimiento, él cambia el discurso… teníamos tres discursos distintos, entonces cuando sucede le cambio el discurso pero él no se atreve a leerlo, gana tiempo, se va a para atrás del templete, y me dice: ‘voy a hablar con Miguel’… Llega en un avión a Guadalajara Luis Miranda, sacamos a Juan en una cajuela, se reúnen y ahí comienzan las discusiones, Juan manda por toda la familia en un avión, nos reunimos en Guadalajara y él se porta muy bien, dice que se va a hacer cargo de la defensa, como decía el protocolo se había acordado en Houston”.

Después la relación se rompió no sólo entre Gordillo y Díaz de la Torre. sino entre este y su familia. El “pacto de Houston” quedó hecho añicos y ella, desde la cárcel, armaría el plan de acercamiento a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, con el que trazaría su regreso y su venganza de los traidores. El jueves pasado, con la renuncia de Juan Díaz de la Torre al sindicato y el anuncio previo de ella en un video de que iría por todo para recuperar el SNTE, se definió la batalla interna que hoy se va a librar en una elección democrática y por voto directo de un nuevo dirigente, tal como se los exigió a ambos el Presidente electo.

De un lado va Gordillo, que aún podría competir, aunque todo indica que más bien impulsará a un candidato joven que pueda ser el “nuevo liderazgo” del que ella misma habló, y del otro, Díaz de la Torre, que también tendrá su candidato, y en medio de los dos, con la posibilidad de quedarse con la dirigencia magisterial como un “tercero en discordia” está Carlos Jongitud Carrillo, hijo del sempíterno líder de los maestros Carlos Jongitud Barrios, quien en la fractura de Elba y Juan ha cobrado fuerza. Y en medio está la CNTE que también se ha fortalecido en medio de esta guerra interna y con el apoyo del nuevo Gobierno. La pregunta ahora es quién se quedará con el poderoso sindicato del magisterio en la primera elección por voto directo de su historia.
22 Noviembre 2018 04:00:00
Abren ‘guerra’ de amparos vs. ley de remuneraciones
La “luz verde” la dio la semana pasada el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar: “La independencia de jueces y magistrados no es un privilegio, sino una condición necesaria para impartir justicia con autonomía… Ninguna modernización puede pasar por encima del Poder Judicial de la Federación… usemos con todo derecho los instrumentos que nuestras leyes nos establecen… todo acto arbitrario puede ser revertido”. Y ayer un Tribunal de Sinaloa otorgó la primera suspensión provisional contra la reducción de sueldos a funcionarios federales, a una magistrada federal, Sonia Castro Rojas, para que no se le apliquen “los autos de las cámaras de Diputados y Senadores” en sus artículos “inconstitucionales”, que obligarían a bajarle su sueldo a partir del 1 de diciembre a menos de 108 mil pesos mensuales, que será el salario del presidente de la República; con esta primera suspensión se abre la puerta a que cualquier servidor público federal, de los tres Poderes u organismos autónomos, pueda ampararse contra la baja de sueldos.

Con el argumento jurídico de la “inconstitucionalidad” y de que disminuir el salario a la magistrada sería permitir un “atentado contra la independencia del Poder Judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de los otros poderes y fuerzas del Estado”, el Tribunal judicial ordenó la suspensión provisional de los actos reclamados, consistentes en “la discusión, aprobación y emisión del Decreto por el que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución y se adiciona el Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, en concreto los artículos 1,2,3,4 y 6, además de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal”.

Ya en su discurso del 14 de noviembre pasado, en un evento del Consejo de la Judicatura, el ministro Aguilar había trazado la ruta legal que podrían tomar los integrantes del Poder Judicial, al señalar que el Artículo 17 de la Constitución exigía que las leyes garanticen la independencia de los Tribunales, y recordarles a jueces y magistrados que “existen los medios de control de los actos públicos y de los actos de autoridad, cualquiera que ésta sea para que no transgredan el texto fundamental de nuestra Constitución… y que todo acto arbitrario puede ser revertido”. En ese mensaje, en que aludía al “amparo” para contrarrestar cualquier violación a la Constitución y abuso de autoridad, el presidente de la Corte también defendió los sueldos de los funcionarios judiciales: “Cada peso de nuestra justa remuneración lo hemos devengado en años de dedicación, de trabajo y sin descanso”, dijo.

Y ayer, con la aceptación de la primera solicitud de amparo presentada en Sinaloa con el expediente 747/2018, el Tribunal decidió otorgar el amparo indirecto a la magistrada Castro Rojas y estableció como criterio: “En apariencia del buen derecho que le asiste, se concede la suspensión provisional solicitada a la quejosa… para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente se encuentran (sin que se modifique a la baja su sueldo) y no se le apliquen los artículos tildados de inconstitucionales, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en el presente incidente”.

Así es que con este primer amparo se abre la posibilidad de que cualquier otro funcionario, no sólo del Poder Judicial, sino de otros poderes o de organismos autónomos y empresas del Estado, puedan recurrir al amparo para pedir la protección de la justicia federal para evitar que les bajen el sueldo y contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a que ningún funcionario gane más de 108 mil pesos mensuales, so pena de ser castigado penalmente. Pero al mismo tiempo, comienza también una confrontación entre Poderes que, más que por los salarios, será un conflicto de constitucionalidad que pudiera llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia, justo en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De poder a poder, ¿a qué poder le asistirá la razón constitucional?

Notas indiscretas… A pesar de que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, llamó a la unidad de jueces y magistrados: “Les pido estar unidos, juntos podemos enfrentar cualquier cosa”, no todos los órganos del Poder Judicial de la Federación están dispuestos a ir a la batalla constitucional contra las mayorías de Morena en el Poder Legislativo y contra el propio presidente López Obrador por la Ley de Remuneraciones; en el Tribunal Electoral federal ya doblaron las manos y hasta tienen preparado un proyecto de su presupuesto para 2109 en donde ya ellos mismos se reducen los sueldos a menos de 108 mil pesos. Internamente hay magistrados que acusan a la presidenta del Trife, Janine Otálora, de “que nos vendió” y decidió unilateralmente –y sin consultar a la mayoría de magistrados– allanarse a la ley lopezobradorista y no dar la pelea de inconstitucionalidad, que sí dará el resto del Poder Judicial Federal. Es más, hasta aseguran que Janine no defendió los sueldos del Tribunal Electoral porque ya está próxima a presentar su renuncia al cargo de magistrada y de presidenta, para buscar ser incluida en una terna como aspirante a ministra de la Suprema Corte en enero, aprovechando sus cercanos nexos con Morena y, en particular, con el senador Ricardo Monreal. ¿Será que doña Janine vendió al tribunal por las lentejas de las ternas de enero?... Se lanzan los dados. Tocó Escalera doble. Subimos.

20 Noviembre 2018 04:00:00
Adiós a la ‘primera dama’
Parte de los cambios ya anunciados en el estilo de gobernar y ejercer el poder, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sepultó ayer, oficialmente, la figura y el papel de las “primeras damas” que durante décadas desempeñaron las esposas de los presidentes de México. Con el anuncio de la designación de Beatriz Gutiérrez Müeller como coordinadora nacional del proyecto para preservar la Memoria Histórica y Cultural de México –un cargo oficial, como parte de un Consejo Honorario en el nuevo gobierno– se modifica el rol tradicional y más oficioso que oficial que se les otorgaba a las cónyuges de los mandatarios y se pone fin a la difusa, opaca y discrecional franja de la vida pública en la que se movieron durante décadas las señoras que compartieron las habitaciones del poder.

No fue sorpresa que Beatriz Gutiérrez se negara a jugar ese rol porque ya lo había anticipado desde la campaña y lo decía con todas sus letras a partir del triunfo del 1 de julio: “En México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda, no queremos hombres de primera ni de segunda. Con todo respeto a las que han ocupado este encargo, decir primera dama es algo clasista… El poder presidencial no está en una pareja presidencial ni en una familia, la ley no habla de una mujer que forma una sombra complaciente”, dijo el 27 de mayo en un mitin de campaña en Minatitlán, Veracruz, y ya siendo su esposo presidente electo, el 15 de julio reiteró en su cuenta de Facebook: “Efectivamente: no seré primera dama de México. Ya antes he dado mis razones. Por lo tanto, tampoco la presidente honoraria del DIF ni de ninguna otra institución… De lo que sí estoy segura es de que seguiré siendo profesora universitaria, investigadora y escritora”.

Por lo tanto, ayer más que sorpresa, lo que hubo fue una confirmación del nuevo rol y el nuevo papel público que se propone jugar la señora Gutiérrez Müeller y, aunque no deja de ser inédito que la esposa del presidente en turno tenga un cargo en un organismo público distinto al DIF, tampoco está fuera del perfil profesional y de la experiencia como académica que tiene la esposa del presidente. Lo que no se informó hasta ahora si el cargo que ocupará doña Beatriz será sólo honorario o si devengará alguna suma económica por su trabajo a favor de la conservación de archivos históricos, bibliotecas privadas y hasta obras de arte y patrimonio de México en poder de museos extranjeros.

En cualquier caso, tampoco es que los cargos de las primeras damas fueran sólo “honorarios, honoríficos o hasta simbólicos”, porque aunque oficialmente no cobraban ningún sueldo por su labor de directoras nacionales del DIF, hay expedientes documentados de la Auditoría Superior de la Federación sobre la discrecionalidad de los gastos y presupuestos que se destinaban a la “Oficina de la Primera Dama”, que sin existir oficialmente en ningún organigrama de la administración federal ni estar contemplada en la Ley ni en el Presupuesto Federal, recibía cada año cuantiosas sumas económicas con cargo a los impuestos de los contribuyentes para sufragar el costo desde el personal “de apoyo” que tenía la esposa del presidente hasta sus vestuarios, ajuares y gastos, sin contar con la seguridad que se les asignaba y, en algunos casos documentados históricamente o de la historia reciente, hasta para pagarles excesos como la transportación de un piano a París, los vestidos de los mejores diseñadores nacionales o extranjeros y hasta un maquillista personal para la señora de Los Pinos.

Habrá sin duda quien cuestione el nombramiento de Beatriz Gutiérrez y hasta a quien no le guste el nuevo papel que se dispone a jugar la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero dos cosas están a su favor: una que no es la primera ni la última mujer en México que decide seguir ejerciendo su profesión y su propia carrera, independientemente del cargo que ocupe su marido, y dos, que la señora nunca engañó ni simuló ni actuó o mintió sobre sus posiciones, sus ideas y su personalidad. Desde la campaña ha tenido un rol abierto y claro entre los integrantes del equipo cercano del candidato y futuro presidente y una posición muy definida del proyecto político que encabezará López Obrador, sobre el cual ya la hemos visto defender públicamente con opiniones y posicionamientos que expresa sin cortapisas. ¿Influirá su personalidad y sus ideas en el ejercicio público de su esposo? Supongo que igual que lo han hecho todas las compañeras de los presidentes.

Y sí, Beatriz Gutiérrez Müeller será una esposa igual en lo privado pero distinta en lo público de quien despachará ahora en el Palacio Nacional: activa, directa y con posiciones personales en temas que atañan a su familia y también al ejercicio del poder. Eso lo ha dejado claro desde ahora y no va a cambiar a partir del 1 de diciembre.
19 Noviembre 2018 04:00:00
El extraño infarto de Héctor Beltrán
Justo cuando en Nueva York se libra una intensa batalla entre los principales líderes del cártel de Sinaloa, en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, la muerte coyuntural de Héctor Beltrán Leyva de un infarto ayer en el penal federal de Almoloya, representa una extraña coincidencia por tratarse de un capo que fuera clave en la organización sinaloense y que, como lugarteniente del “Chapo” durante muchos años, tenía información privilegiada sobre el ascenso y las redes de protección política y de lavado de dinero del narcotraficante que es juzgado en la Corte Federal estadunidense.

Junto a sus hermanos Alfredo y Arturo, éste último acribillado a tiros por la Marina en un departamento de Cuernavaca en diciembre de 2009 y el primero capturado en 2008 y extraditado a Estados Unidos, donde fue enjuiciado y sentenciado a cadena perpetua en 2017, Héctor Beltrán Leyva fue de los hombres más cercanos al “Chapo” Guzmán y trabajaron para él precisamente hasta que rompieron su alianza con Sinaloa y se declararon un cártel independiente a partir de la captura de “El Mochomo” (Alfredo Beltrán) de la cual sus hermanos siempre culparon a Joaquín Guzmán Loera.

Parece mucha casualidad que Arturo Beltrán Levya, a quien apodaban el “Jefe de Jefes”, haya muerto de un infarto, según el parte oficial de la Secretaría de Gobernación, luego de que “personal de custodia lo encontrara en su celda con fuertes dolores en el pecho”, porque de esa misma forma, también reportada oficialmente como “infarto”, murió en septiembre de 2015 el vecino de celda del “Chapo” en Almoloya, Sigfrido Nájera Talamantes, líder de Los Zetas en Tamaulipas, y quien fuera uno de los testigos que declararon en la PGR sobre la fuga de Guzmán en Almoloya. Igual que Beltrán Leyva, a Sigfrido lo reportaron la mañana del 7 de septiembre de aquel año “con dolor en el pecho”, tras lo cual fue internado y falleció de un “paro cardiaco” ¿Coincidencia?

Tras el enfrentamiento que ya se está dando en la Corte de Brookyn entre Ismael “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán, luego de que el hijo y el hermano del primero, “El Vicentillo” y “El Rey” Zambada, declararan contra Joaquín, es un hecho que las cosas en el cártel de Sinaloa se están descomponiendo y que cualquier capo o líder importante que haya sido parte de esa organización, puede estar en medio de la guerra que se está librando en el juicio de Nueva York.

Y justo Arturo Beltrán Leyva y sus hermanos fueron los que le presentaron a Joaquín Guzmán a los hermanos y gemelos Flores, Pedro y Margarito, quienes hoy se sabe son dos de los “testigos protegidos” que van a declarar contra “El Chapo” y cuyos testimonios, según la DEA “pueden hundir a Guzmán Loera” por la información que tienen de la distribución de cocaína y heroína en Chicago que los mellizos se encargaban de mover para el capo sinaloense.

Precisamente fue después de que el hoy occiso Arturo Beltrán rompiera su alianza con “El Chapo” y le declarara la guerra, por acusarlo de entregar a su hermano Alfredo, en el 2008 cuando los mellizos Flores, ante la disyuntiva de quedarse a trabajar con Guzmán o con los Beltrán, prefirieron entregarse a la justicia de Estados Unidos y negociaron dar información a cambio de una importante reducción de condenas que hoy los tiene casi fuera de la cárcel. A estos dos gemelos se les atribuye la información que llevó a la captura y asesinato de varios capos y lugartenientes importantes del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.

Con todas esas ramificaciones y conexiones, y por la coyuntura en la que ocurre, la muerte por infarto del “Jefe de Jefes” despierta toda clase de interpretaciones y suspicacias. Y mucho tiene que ver esa muerte similar a la del testigo de la fuga del “Chapo” en 2015, con la lista de testigos que van a declarar en el juicio contra Guzmán. A final de cuentas, haya sido muerte natural o no, según lo que digan los partes médicos oficiales, el fallecimiento de Beltrán Leyva, figura clave en el cártel de Sinaloa hasta 2008 y brazo derecho de Joaquín Guzmán hasta entonces, solo viene a confirmar que las cosas se están moviendo, y se van a mover más, en el grupo del narcotráfico más grande y antiguo de México, que está siendo sacudido desde la Corte Federal de Nueva York.

NOTAS INDISCRETAS…

Lo que ahora dicen los diputados de Morena que fue un “error” y que tendrá que corregirlo el Senado, sobre la redacción de la fracción VIII de la Ley de la Administración Pública Federal, que le otorga a la Secretaría de Gobernación todo el control de la radiodifusión pública, y por lo tanto de todos los medios propiedad del Gobierno, parece que no se trata necesariamente de un “error”.

Dentro de Morena hay versiones que señalan la existencia de un proyecto para fusionar diversos medios gubernamentales que hoy funcionan de manera separada (Canal 22, Canal 11, Imer, Radio Educación, Televisión Educativa y Notimex, entre otros) para hacer una sola “Agencia de Medios gubernamental” que difundiría contenidos y noticias controlados por la Segob y que apunta al modelo de la BBC británica. Claro que los ingleses han hecho de la agencia única del Gobierno un conglomerado exitoso y prestigiado por su calidad e independencia, mientras que acá, dicen, el proyecto apunta más a un control de información y contenidos en los medios públicos. Y si el Senado no corrige el “error” entonces puede ser que veremos la BBC mexicanizada (o tropicalizada) de la Cuarta Transformación ¿Será?... Los dados abren con Serpiente. Mal inicia la semana.
17 Noviembre 2018 04:00:00
Operación Monterrey: presiones y sobornos en el TEPJF
Una red de políticos ligados al Partido Acción Nacional operaron con funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar influir, con presiones y presuntos pagos de sobornos, en el reciente fallo de los magistrados de la Sala Superior sobre la elección en la alcaldía de Monterrey del pasado 1 de julio, para que ratificaran el triunfo del candidato panista Felipe de Jesús Cantú. Aunque al final esos comicios fueron anulados por el voto mayoritario de los magistrados en la sesión del pasado 30 de octubre, bajo el argumento de que se violentaron las condiciones de legalidad de los comicios, la fallida operación de los panistas incluyó llamadas, reuniones en varias oficinas del Tribunal y hasta ofrecimientos y pagos de sobornos para que se validara la victoria del abanderado panista.

Las maniobras y acciones para influir en la decisión de los magistrados federales sobre Monterrey quedaron registradas en conversaciones y chats de WhatsApp y Telegram –cuyo contenido en una sábana impresa fue enviado de manera anónima a esta columna por un funcionario del TEPJF– desde las cuentas de personajes cercanos y vinculados a la magistrada presidenta Janine Otálora, a el exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, y hasta al diputado de Morena Germán Martínez, cuyos nombres son mencionados en varias ocasiones en las pláticas donde se habla de una operación para cabildear y convencer a varios magistrados para que voten por la ratificación del triunfo de Cantú.

“A ver cómo le va a Piña con Janine (Otálora), que me dicen que está con nosotros”, dice un mensaje de WhatsApp enviado desde la cuenta de David Rex Ochoa, miembro del PAN en Monterrey y enlace con el candidato Felipe de Jesús Cantú. Luego su interlocutor le contesta: “Va Creel y Lalo a verla. Cita distinta”. Y Rex Ochoa le contesta: “Creo que debes quedarte. Santo que no es visto… Acá no hay nada más importante que hacer. Pegártele a Rob (Gil Zuarth)”.

En otra conversación fechada el 30 de octubre, justo el día en que se votó el asunto en la Sala Superior, aparece el nombre de Carlos Lezama, quien es identificado por funcionarios del Tribunal Electoral como socio y operador de Roberto Gil Zuarth, además de ser yerno del difunto ministro de la Corte, Sergio Valls Hernández, aparece una fotografía de una hoja de la sentencia presentada por el magistrado ponente en el caso Monterrey, Felipe Fuentes, y alguien le pregunta a Lezama: “¿Te recibió Roberto?”, “No”, contesta. “Aquí estaba con Jorge. Igual están subiendo la canasta. No hay opción, manda mensaje. La vamos a sacar!”, le dice su interlocutor. “Sí señor”, contesta el socio de Gil. Y el otro le insiste: “Me dice Fred que le dicen que traen varios libros (sobornos) atorados. Es el mensaje que le manda RGil”.

Otro de los que aparece mencionado en las conversaciones de la operación para influir en el fallo sobre Monterrey es Armando Ambriz Hernández, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la presidenta del Tribunal federal, Janine Otálora, además de ser también originario de Zacatecas y muy cercano políticamente al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Avila. En un chat de WhatsApp alguien le pregunta a Ambriz: “Fuentes (Magistrado Felipe Fuentes, ponente de la anulación en Monterrey) circuló vs la Regional, significa algo?”. Y él le responde: “Deja pregunto porque se estaba proyectando confirmando”. Luego el secretario de Otálora manda un mensaje al mismo interlocutor: “Bien, aquí en San Miguel de Allende, te quería pedir a ver si pueden recibir a Felipe de Jesús Cantú del asunto de Mty es amigo mío”. Y el mismo añade otro mensaje: “Se lo mandé al particular y a la presidenta (Janine Otálora) El Particular se llama Luis Felipe Cruz Mayorga”. Y el interlocutor le contesta: “Excelente. Espero noticias”. Y el funcionario del TEPJF le informa: “Viene revocando el proyecto”. “OK”, le dice el interesado.

Amenazas de destitución a magistrados. En otra plática de Telegram entre Carlos Lezama, el socio de Gil Zuarth y David Rex, el enlace panista del candidato Cantú, este último le dice al operador de Roberto Gil: “Díganles que los van a remover (a los magistrados federales) que sabe ese dato por la ilegal ampliación del término de años en la modificación del transitorio, entonces saben que la próxima semana va una iniciativa para revocar ese transitorio que alteró el orden constitucional y legal en los nombramientos. Y que el PAN apoyará esa reforma”. Y el mismo Rex apunta: “Esto es lo que sugiere un asistente de Janine”. La respuesta de Lezama: “No creo que suceda eso, ya está sentenciado por la Suprema Corte, son cuentos de hadas”. “Ok, nomás para saberlo”, responde el panista.

Al final, toda esa operación de los panistas, apoyados por el ex senador Roberto Gil y por otros personajes que aparecen mencionados en las referidas conversaciones de mensajería, no surtió el efecto que buscaban con los “libros atorados” y con los “detalles” que refieren haber enviado y entregado en sus visitas con algunos magistrados y con sus colaboradores cercanos que aparecen mencionados. El fallo de la Sala Superior, el pasado 30 de octubre, se inclinó finalmente por la anulación de las elecciones en Monterrey y del triunfo del candidato del PAN, Felipe de Jesús Cantú.

Varios ministros consultados por esta columna sobre ese proceso de discusión y votación del caso Monterrey, reconocieron haber visto “cosas extrañas” y haber recibido mensajes, visitas y presiones de algunos de los políticos y operadores mencionados. Ninguno de ellos aceptó haber recibido sobornos, pero sí hubo al menos dos que refirieron haber conocido las conversaciones de mensajería recibidas por el columnista y aseguraron que después de conocer eso decidieron apoyar el proyecto de anulación de los comicios de Monterrey presentado por el magistrado Fuentes. “Eso se convirtió en un cochinero y el único mecanismo que nos da la ley electoral para casos como este, donde se alteraron todos los principios de legalidad y certeza no sólo en la elección sino en el proceso poselectoral, es precisamente la nulidad”, dijo uno de los magistrados que confirmaron la fallida “Operación Monterrey” de los panistas.
15 Noviembre 2018 04:00:00
Paz y seguridad: nuevos paradigmas, ¿mismos métodos?
Andrés Manuel López Obrador se propuso ayer, con la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad para los próximos 6 años, la meta más grande y ambiciosa que enfrentará su Gobierno: devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

Para lograrlo, su estrategia parte de un cambio de paradigma que modifica el concepto de “la guerra contra las drogas”, política belicista y policial seguida y fracasada por los dos últimos gobiernos, para enfocarse en la “lucha por la paz”, que modifica prioridades: en vez de detener capos y delincuentes de cárteles (“que no ha podido derrotar el gobierno”) el acento está en detener la ola de violencia y muerte que recorre el territorio nacional y recuperar el control de la seguridad por parte de un Estado que crearía un “Consejo para la Construcción de la Paz” que impulsará estrategias para el “desarme” y “reducción de penas” para criminales que se entreguen, además de una “amnistía condicionada al perdón de personas o colectividades que fueron afectadas y proponiéndoles un cambio de vida”. Un Estado, según el próximo secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, que no sólo persiga al crimen, sino que también garantice el derecho a la vida, el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, el fin de la impunidad y el castigo a la corrupción con una nueva ética de la vida pública.

Sin embargo, todos esos enunciados escuchados ayer en los discursos del Presidente electo, de su equipo de seguridad y líderes de las mayorías en el Congreso, y que proponen un nuevo enfoque y nuevos objetivos en las políticas de seguridad federal, se ejecutarán con el mismo método también utilizado en los últimos 12 años: apoyo de las fuerzas militares como pilar de la estrategia contra la violencia y la inseguridad.

Y ahí es donde el cambio de paradigma no necesariamente corresponde a un cambio de método, porque nuevamente el Ejército y la Secretaría de Marina aparecen como los pilares iniciales del plan para recuperar la paz y la seguridad perdidas, que plantea incluso modificar la Constitución para legitimar la participación castrense en las labores de seguridad con la creación de una nueva corporación de policía cívico-militar: la Guardia Nacional, que se plantea como el nuevo cuerpo de élite con 50 mil integrantes que provendrán del Ejército (Policía Militar), de la Marina (Policía Naval) y de la Policía Federal.

Justo cuando hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría anular, por inconstitucional, la nueva Ley de Seguridad Interior impulsada por el presidente Peña Nieto y que buscaba regularizar la participación de las fuerzas castrenses en la seguridad pública federal, el próximo Gobierno plantea lo que sería una reforma constitucional para validar y regularizar esa participación de los militares en las labores de seguridad civil, con el único añadido, según el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, de que a los integrantes de la Guardia Nacional, que se proponen consolidar en 3 años, se les capacitaría en la CNDH y en la Nueva Fiscalía General de la República en materia de derechos humanos y en las leyes del nuevo sistema de justicia penal para convertirse incluso en “auxiliares del Ministerio Público”.

Pero aun con esa capacitación civil, la formación de la nueva Policía Federal que propone López Obrador será totalmente militarizada y dependerá del sistema castrense. “En el Sistema Educativo Militar se estructurará la ruta profesional para formar los cuadros de dicha fuerza. El Gobierno federal presupuestará y programará el reclutamiento, organización y equipamientos, así como adiestramiento de la Guardia Nacional, tomando como base la infraestructura del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México”, dijo el próximo secretario de la Defensa, general Luis C. Sandoval, quien justificó así la aceptación del Ejército y la Marina para seguir en las calles realizando labores de seguridad: “La condición popular nos motiva a asumir la noble responsabilidad de participar en la seguridad pública y la protección de la integridad y el patrimonio de los mexicanos, se cumplirá su misión con estricto apego a derecho a los derechos humanos y en permanente apego a las normas jurídicas”. El uso de las fuerzas militares en su nueva estrategia de seguridad y paz, fue explicado ayer por el presidente electo con el argumento de que en las policías civiles “hay mucha descomposición y falta de profesionalismo”, y con elogios a “la honestidad y el liderazgo” de los dos nuevos titulares del Ejército y Marina en su gobierno, el general Luis Sandoval y el almirante Rafael Ojeda.

“Me da mucha tranquilidad, así lo digo, el que tengamos la colaboración del general… Sí, vamos a dar un giro gradual, poco a poco, al Ejército, que no sólo siga atendiendo lo relacionado con la Defensa Nacional, sino que nos ayude también el Ejército, de manera legal, a la seguridad interior y pública; para eso se necesita un dirigente, un líder en el Ejército, por eso se decidió por el general. Es un hombre honesto, incorruptible”.

Entonces, nuevos paradigmas, nuevo enfoque, pero el mismo método de militarización de la seguridad federal con controles y capacitación civiles. ¿Dará un resultado distinto a partir del 1 de diciembre? Ese es el reto más difícil que tiene frente a sí López Obrador, que antes fuera un crítico férreo de la participación castrense en la seguridad pública.
13 Noviembre 2018 04:00:00
Calderón sigue los pasos de AMLO
“No hay más maestro que el enemigo… Nadie sino el enemigo te enseñará a destruir y conquistar… Sólo el enemigo te enseña tus puntos débiles. Sólo el enemigo te enseña tus puntos fuertes”, dice Orson Scott Card en su popular novela de ciencia ficción El Juego de Ender (Penguin Random House, 1985). Y esas frases aplican perfectamente ahora a la decisión que ha tomado el expresidente Felipe Calderón, quien tras su renuncia al PAN –en el que militó toda su vida y por el que llegó a la Presidencia de la República– se propone ahora formar un nuevo partido y de ese modo seguir los pasos y “aprender” de quien fuera su principal adversario en la política: el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“A López Obrador tenemos que aprenderle la forma en que lo hizo, cómo creó un nuevo partido, desde cero, recorriendo por tierra todo el país. Habrá que recorrer tierra y aprender de su experiencia, habrá que ir por todo el país para lograrlo”, dijo ayer Calderón en una entrevista radiofónica para Ezra Shabot, donde también anunció que a partir de enero iniciará los trámites para crear y registrar una nueva fuerza política ante el INE junto con su esposa Margarita Zavala y a partir de “Libre”, la asociación política que ya encabeza la exprimera dama. “Será un partido ciudadano de corte liberal, que promueva valores como la libre empresa, pero también garantice derechos sociales e individuales y no tenga miedo a definir posturas abiertas en temas como el aborto”, comentó el expresidente.

Paradójicamente, 12 años después de que se enfrentara a López Obrador en la elección más cerrada, polarizada y cuestionada en la historia reciente, y justo en la víspera de que su antiguo contrincante asuma la Presidencia, Felipe Calderón decide emprender el mismo camino que en el 2012 tomó el tabasqueño. Su renuncia al panismo, del que su padre fuera fundador, también se da tras la denuncia de que una “camarilla” secuestró al partido y anuló toda posibilidad de democracia; es el mismo argumento que hace seis años utilizó Andrés Manuel en contra de las “tribus” y “corrientes” que se apoderaron del PRD, al que abandonó para construir Morena sobre el derrumbe de su antiguo partido.

Veremos si en eso también Calderón decide emular y aprender de su antiguo enemigo y si, como hiciera AMLO, él también decide construir su nueva fuerza política a partir de bases y votos de militantes o simpatizantes panistas que pudieran seguirlo en esta nueva aventura política. Porque si López Obrador logró refundar a la izquierda a partir de la formación de Morena y la destrucción del PRD, entonces habría que pensar que hoy el expresidente se propone también una “refundación” de la derecha a partir del debilitamiento del PAN y la formación de un nuevo partido, con un perfil ciudadano, dice, y que no repita los vicios del panismo, que represente los intereses y propuestas de los votantes derechistas.

Así que Calderón se propone “destruir y conquistar” a partir de las enseñanzas de su enemigo. Sólo falta saber si el expresidente, con la misma estrategia y la ruta de López Obrador, obtiene los mismos resultados. Uno es un líder carismático y de masas, el otro un político experimentado que ya fue presidente. ¿Podrá Calderón seguir los pasos de AMLO?
12 Noviembre 2018 04:00:00
México polarizado
“Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla”; y México y los mexicanos parecen ignorar todas las lecciones de su pasado cuando caminan en el presente hacia la polarización y la división entre compatriotas.

Nada ha sido más dañino para esta República que la fragmentación y el sectarismo entre los que piensan distinto, entre los que se asumen como defensores o críticos de un proyecto o de una figura política, y los que se debaten entre la esperanza y la incertidumbre sobre el futuro del país. Los peores momentos que hemos vivido como nación y como sociedad tuvieron siempre que ver con la división y la confrontación internas.

Si antes fueron los liberales contra los conservadores, los republicanos contra los imperialistas, o cualquier otro antagonismo político o ideológico que haya fracturado a los mexicanos y vulnerado al país que unos y otros disputaban, hoy el germen de esa misma división se asoma con discursos de odio y de descalificación entre quienes se asumen como agresivos defensores del proyecto político del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y quienes profesan un odio y hasta un miedo irracional a cualquier propuesta de cambio que provenga de la nueva clase gobernante.

Es la misma polarización que ya vivimos en las cuestionadas elecciones presidenciales de 2006, pero que esta vez vuelve potenciada por la fuerza de las redes sociales. Un sectarismo simplificado y estigmatizante, con un tufo peligroso de clasismo socioeconómico que separa a ricos y pobres, empresarios y trabajadores, pueblo bueno y pueblo malo, privilegiados y jodidos, corruptos y honestos, izquierda y derecha, morenistas y prianistas; pero que al mismo tiempo atraviesa a la clase media y entremezcla los distintos niveles sociales a los que ya no distingue tanto por su poder adquisitivo, sino por sus posiciones públicas y políticas calificadas como “conservadoras” o “progresistas”.

La nueva división que aqueja a la sociedad mexicana se expresa y se descalifica como “chairos” y “fifís”, ya no sólo en las redes sociales y los medios, donde nacieron esas denominaciones atizadas por el lenguaje de odio, sino también en las calles, en las marchas, en los cafés, en las reuniones.

Unos admiran, apoyan y hasta veneran a la cabeza del próximo gobierno porque dicen abrigar la “esperanza” de una “(cuarta) transformación” de la vida pública de este país que promete y ofrece cambiarlo todo. Otros, aunque no están en contra de un cambio para mejorar, expresan sus dudas e incertidumbre hacia la figura del nuevo grupo gobernante a la que ven con recelo, otros con desconfianza y algunos hasta con temor. Con la misma vehemencia que los otros ven un futuro esperanzador, éstos pronostican un panorama oscuro y regresivo, una amenaza de dictadura y un caos en la vida pública con un gobierno desordenado y demagógico que agravará los problemas, en vez de resolverlos.

En ambos casos no se puede generalizar y hay distintos niveles de vehemencia e irracionalidad, pero en general los dos grupos incurren en el lenguaje agresivo que no distingue entre la crítica y el ataque, entre el desacuerdo y la agresión, entre el disenso y la descalificación. Y para ahondar el sectarismo y la segregación de quienes no piensan igual que ellos, en los dos bandos recurren al mismo lenguaje de odio en las redes y pueden utilizar ya sea perfiles reales de quienes ejercen su libertad de expresión o perfiles y cuentas falsas que se utilizan para aplastar al contrario y generar tendencias virales o de opinión pública y política.

¿Hacia dónde y hasta dónde va a llegar esa polarización y esa división entre mexicanos? Es aún impredecible, pero la historia muestra que nada bueno puede surgir de esta separación y sectarismo que lejos de fortalecer a una sociedad, a sus aspiraciones colectivas y a la democracia, termina vulnerando y debilitando al país en su conjunto. A nadie le conviene una nación y una sociedad divididas, si acaso a los que piensan que para cambiar o mantener el orden de las cosas, hay que aplastar a los que no piensan como ellos.

NOTAS INDISCRETAS. En un domingo peculiar, que refleja los tiempos de transición, lo mismo salieron a las calles los que, al defender un aeropuerto cada vez más muerto también quisieron mandar un mensaje al próximo Gobierno: las minorías también existen y cuentan y no toda la sociedad apoyará ciegamente cualquier acto cuyos beneficios no sean suficientemente claros ni explicados. Al mismo tiempo, el principal partido de oposición elegía un nuevo dirigente con voto de sus militantes, pero con un proceso que siempre fue desbalanceado y que reflejaría un aplastante triunfo de la alianza de grupos que respaldaron a Marko Cortés; y esa maquinaria panista fue la que empujó a un expresidente de la República y militante de ese partido, Felipe Calderón, a renunciar al PAN y cuestionar todo en el partido que fundara su padre al mismo tiempo que anunciaba “una nueva opción ciudadana” que, todo indica, encabezarán él y su esposa Margarita Zavala.

Y mientras en las calles unos gritaban “Texcoco sí, Maduro no”, en la plaza de toros uno de los principales impulsores de Santa Lucía y enterrador del aeropuerto peñista, Javier Jiménez Espriú, gritaba: “¡Ooole!”. Así este México en transición… Los dados mandan Serpiente. Mal inicia la semana.
10 Noviembre 2018 04:07:00
La llamada de España y la gracia de los bancos
Una llamada desde España a las oficinas del Presidente electo en la colonia Roma, por parte del presidente del grupo financiero español con mayor presencia en México, hizo que el día de ayer Andrés Manuel López Obrador decidiera posponer cualquier acción o decisión que modifique las reglas y normas que rigen la operación del sistema financiero en México, entre ellas el cobro de comisiones, por un periodo de 3 años. Después de esa comunicación telefónica, cuya existencia fue confirmada por fuentes muy cercanas del próximo gobierno, se tomó la decisión de que no se hará ningún cambio al marco legal del sistema económico, financiero (que incluye a los bancos) y fiscal en “la primera etapa” (los 3 primeros años) del próximo gobierno.

Así, López Obrador paró la turbulencia financiera y puso “en pausa” la iniciativa de los senadores de Morena para cancelar diversas comisiones excesivas de los bancos y que, impulsada por el coordinador morenista, Ricardo Monreal, provocó esta semana un “jueves negro” para los bancos nacionales y extranjeros en México, cuyas acciones cayeron hasta 11 puntos y provocaron el peor desplome de la Bolsa Mexicana de Valores de los últimos 7 años al perder 5.8% en una sola jornada.

Junto a la llamada recibida este viernes en las oficinas del presidente electo desde Madrid, otra conversación que pesó en la decisión de López Obrador de frenar, por el momento, cualquier cambio en el sistema bancario mexicano, fue la que tuvo hace unas semanas con Ana Botín, presidenta del Grupo Santander, con quien el futuro gobernante mexicano también habló sobre las condiciones en que operan los bancos y las garantías y certidumbre que ofrecía su gobierno a los grupos financieros extranjeros que prestan servicios en el país.

La decisión anunciada ayer lleva implícito un mensaje y un emplazamiento del próximo gobierno a los bancos nacionales y extranjeros respecto al cobro de comisiones: en 3 años se revisará esa situación, ya sea por una iniciativa de ley que aprueban las mayorías de Morena, o por una propuesta que surja de los propios grupos bancarios y financieros para reducir las millonarias ganancias que actualmente obtienen por diversas comisiones, y que alcanzan hasta 140 mil millones de pesos.

El estilo AMLO. La decisión de frenar en este momento el tema de las comisiones bancarias, en contraparte a la reciente cancelación del aeropuerto de Texcoco, aunque en apariencia distintas, representan parte de una misma estrategia política que anticipa el que será el nuevo estilo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre.

En ambos casos, aunque con resultados diferentes (en uno cedió y les dio un “plazo de gracia” a los banqueros y en el otro aplicó una decisión tomada desde su campaña legitimada por “consulta popular”) el próximo Presidente aplicó el mismo modelo de decisión política: primero lanza una propuesta, ya sea una consulta o una iniciativa de ley, que funcionan como “globo sonda” que mide reacciones en los sectores que serán afectados, en la opinión pública y mediática y, sobre todo en el ánimo popular, que para él es lo más importante. La “sonda” mide el terreno y la viabilidad de la propuesta; luego crea una “comisión de expertos” que analice a fondo el tema y haga propuestas mientras provoca el debate público y su equipo de colaboradores y operadores se divide: unos a favor y otros en contra, y cuando ya se desataron todo tipo de reacciones y se tomó la temperatura al ambiente político, económico y social, entonces viene la decisión última que siempre corresponderá al Presidente.

Así canceló Texcoco y así operó el “zarpazo a los bancos”. Primero la iniciativa de Morena y de Monreal en el Senado a la que siguieron reacciones inmediatas de los bancos y la Bolsa; luego la opinión popular, casi toda a favor de disminuir comisiones excesivas a los “vampiros banqueros”, junto a opiniones mediáticas divididas; después la salida del próximo titular de Hacienda, Carlos Urzúa, a exigir que “cualquier iniciativa fiscal o financiera de los congresistas primero sea consultada con los expertos hacendarios para definir su viabilidad y su impacto financiero y fiscal”, seguida de la reacción de los grandes grupos españoles que se comunicaron con el próximo gobierno y al final, la última instancia presidencial como acto de autoridad: “no habrá modificaciones al marco económico, financiero y fiscal en los próximos 3 años”.

¿Perdió Monreal o jugo su rol? Al dividir a su equipo en los “policías buenos y policías malos”, si en el aeropuerto perdió Alfonso Romo, que empujó a Texcoco hasta el final, en el caso de la Ley de Transparencia a los cobros bancarios también perdió, en apariencia, Ricardo Monreal. El líder del Senado fue señalado como “responsable” por opinadores y por los banqueros, pero también por compañeros suyos de Morena (algunos con un claro interés político) como Yeidckol Polenvsky, dirigente del partido, salieron a enmendarle la plana y hasta a deslindarse de la propuesta del senador.

Pero pensar que en las cúpulas del Congreso se mueve una hoja sin que lo sepa y lo avale López Obrador es ingenuo. Y al lanzar la iniciativa contra las comisiones bancarias, lo que hizo Monreal fue activar el mecanismo y mandar el “globo sonda” con el mensaje a los millonarios dueños de los bancos que terminaron acercándose a negociar con el Presidente electo, como ocurrió con los poderosos grupos financieros de España.

Y si a Romo, tras perder con Texcoco, lo compensaron al entregarle parte de los nombramientos de organismos públicos financieros, como la CNByV, veremos qué sucede con Monreal y la jugada de las comisiones, que por ahora quedó en un “período de gracia” de 3 años a los bancos para bajar y eliminar sus comisiones y que las igualen a las que cobran en sus países matriz. Si eso ocurre en 3 años o incluso antes el beneficio no será sólo para el próximo Gobierno, sino para los usuarios de la banca, que hoy son exprimidos y explotados por los bancos y sus vampirescas y abusivas comisiones.
08 Noviembre 2018 04:00:00
El juicio contra ‘El Chapo’ y sus efectos en México
El próximo martes, en una Corte federal de Brooklyn, Nueva York, dará inicio el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Será sin duda uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos en la justicia estadunidense y aunque todo ocurrirá en el vecino país, en medio de estrictas medidas de seguridad y con precauciones extremas para garantizar la seguridad de los testigos que declararán contra el excapo de Sinaloa, los ecos y los efectos de lo que se escuche y se declare en esa corte neoyorkina se sentirán hasta México, ya sea en forma de violencia y vendettas entre grupos del narcotráfico y personas vinculadas a los testigos, como también en el ambiente político si salen a relucir nombres de políticos, funcionarios y jefes policiacos que pudieran ser mencionados sea como protectores o como cómplices de “El Chapo”.

No es gratuito que hasta ahora se ignore y se mantenga en total secrecía la identidad de los testigos que declararán en contra del capo sinaloense, pues las autoridades estadunidenses saben del nivel de violencia que, aún desde la cárcel de máxima seguridad y en total aislamiento donde se encuentra en Manhattan, puede ejercer Joaquín Guzmán, a través de sus socios o incluso de sus hijos que siguen operando en territorio mexicano y tienen conexiones importantes en Estados Unidos. La posibilidad de que se ejerzan represalias contra los testigos declarantes e incluso contra los miembros del jurado, que está siendo seleccionado cuidadosamente y en audiencias privadas, ha llevado a las autoridades estadunidenses a extremar todo tipo de medidas de seguridad y a mantener en el total anonimato la lista y la identidad de los testigos, aún a costa de las protestas y las quejas de la defensa de Guzmán Loera.

Se estima que será a partir del jueves próximo, una vez que el martes se presenten los alegatos de apertura de la Fiscalía sobre las acusaciones y los delitos de los que acusan al “Chapo” (miles de asesinatos violentos además de la introducción ilegal de 200 toneladas de cocaína a la Unión Americana), y un día después la defensa hará lo mismo, para que a partir del jueves o viernes empiecen a desfilar los testigos que buscarán incriminar a Joaquín Guzmán a lo largo de los varios meses que puede durar el juicio. Algunos de esos testigos están actualmente resguardados en cárceles estadunidenses, como medida para protegerlos de cualquier agresión o ataque, otros se cree que forman parte ya del programa de testigos protegidos y como tal se les han dado nuevas identidades y ubicaciones en el territorio del país vecino.

Y una vez que comience el desfile de los declarantes se verán tres cosas: la primera, qué tantos elementos de prueba o testimonios sólidos y qué nivel de testigos tiene el gobierno de EU en contra de “El Chapo” para obtener una condena que puede ser histórica contra el que fuera el capo más buscado por el FBI y la DEA; la segunda, qué tanto de la información, los datos y nombres que aporten esos testigos salpicará e implicará a personajes políticos, empresarios y funcionarios de seguridad en México que puedan ser mencionados en el juicio de Brooklyn; y la tercera, qué efectos tendrá en la violencia y ajustes entre grupos, familias y cárteles del narcotráfico derivado de la identidad de quienes testifiquen contra Joaquín Guzmán.

Así que hasta varios estados de la República mexicana y a niveles políticos y empresariales que aún desconocemos podrían llegar los ecos y los efectos del juicio de varios meses contra el narco que se burló dos veces de la justicia mexicana y que terminó cayendo y siendo finalmente extraditado por enamorarse de una heroína de telenovela.

NOTAS INDISCRETAS… La cancelación de la pensión a los expresidentes mexicanos, que ya entró en vigor, afectará de distintas formas a los exmandatarios. Aunque varios de ellos ya no recibían directamente su pensión, porque la habían donado a alguna causa u organismo con fines de ayuda, como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, a otros sí de plano los dejará sin un ingreso que, como el caso de Vicente Fox, defendían como vital para su subsistencia. Pero aún a los que ya no recibían sus 150 mil pesos mensuales, la cancelación les afecta porque también significa que les van a retirar el pago a ayudantes, secretarias, asistentes y guardias del ya casi extinto Estado Mayor Presidencial. Y ahí sí había expresidentes que tenían séquitos de hasta 30 u 80 personas, todas con cargo al erario. Ahora, si quieren mantener esa nómina y ese boato, tendrá que ser de sus bolsillos…
06 Noviembre 2018 04:00:00
RIP por Texcoco; los empresarios se rinden
Veinticinco días antes de tomar posesión como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador demostró que ya tiene el poder y ganó su primera gran batalla política. Al convencer a los empresarios de finiquitar los contratos del proyecto del aeropuerto internacional en Texcoco, sin demandas ni amparos y con una negociación en la que las constructoras aceptan la cancelación anticipada por causas de “interés general” y el pago parcial por los trabajos realizados más los recuperables y no por los montos totales de obra que se les habían asignado, el presidente electo no sólo desactivó cualquier conflicto inicial con el empresariado, sino que consolidó un primer objetivo de su proyecto político: someter a los hombres del dinero a la autoridad del poder político y al interés mayoritario por encima del interés económico.

Políticamente podría decirse que AMLO ganó su primer batalla como presidente, aún sin serlo, y sin tener que disparar –metafóricamente– ni un sólo tiro, gracias al arte de la negociación política, pero también a que la redacción de los contratos del difunto NAIM, aceptada hace tres años por los grandes contratistas, le dieron al gobierno federal, representado por el Grupo Aeroportuario de la CDMX, un enorme margen de discrecionalidad al establecer de manera abstracta y sin puntualizaciones claras las causas de “interés general” y el “daño al Estado” como motivos de cancelación anticipada que podía invocar el gobierno para dar por terminados los contratos asignados y el proyecto mismo.

Tal vez fue el reconocimiento de su excesiva confianza o de su ingenuidad transexenal o tal vez fueron sus mismos abogados (los que hace tres años se durmieron al aceptar cláusulas tan ventajosas y abiertas a favor del contratante) quienes después de analizar jurídicamente la situación y la redacción de los contratos les recomendaron negociar con el nuevo gobierno, pero el caso es que ayer, al restaurante “Corazón de Alcachofa” en Polanco acudieron tal cual, como blandas y suaves alcachofas, algunos de los hombres más ricos de México dispuestos a aceptar la condiciones de López Obrador y su gabinete para dar oficialmente por muerto el que fuera el proyecto emblemático del actual sexenio peñista y gran apuesta empresarial y de negocios de varios de los capitanes de empresa más grandes del país.

Con el presidente electo llegaron al restaurante 100% orgánico sus colaboradores Alfonso Romo, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú, futuro jefe de la Oficina Presidencial y secretarios de Hacienda y Comunicaciones respectivamente, además del futuro director del Grupo Aeroportuario de la CDMX, Gerardo Ferrando Bravo; mientras que por los empresarios y contratistas arribaron en total 16 afectados por la muerte prematura de Texcoco: el representante de Carlos Slim y de Cicsa, Antonio Gómez; Hipólito Gerard, de GIA; Héctor Ovalle, de Coconal; Carlos Hank Rhon y Alberto Pérez Jácome de La Peninsular; Olegario Vázquez Aldir y Antonio Boullosa, de Promotora y Desarrolladora Mexicana; Juan Diego Gutiérrez Cortina, y Diego Gutiérrez Cortina de Epcor; Juan Carlos Santos, de ICA Fluor y Guadalupe Phillips de ICA Constructora de Infraestructura; Santiago Villanueva de Vise; Enrique Alonso, de Sacyr; Javier Pérez de Aldesem; Moisés Zecua de Jaguar Ingenieros; Sergio Ramírez de Acciona Infraestructura y Víctor Ortíz de IDISA.

El resumen y el fraseo que hizo al finalizar la reunión da cuenta clara del tono del encuentro, del buen entendimiento que hubo, pero también del resultado político indiscutible que se anotó el presidente electo: “Se portaron muy bien, les diría que de manera muy comprensiva, responsable, al cien. Fueron muy respetuosos de la decisión que tomaron los mexicanos que participaron en la consulta, se respetó la voluntad de los ciudadanos. No hubo ningún planteamiento de ese tipo, no hay ninguna denuncia legal, no hay ningún amparo. Ellos van a participar en Santa Lucía, es muy probable, también en otras obras”, dijo un triunfante López Obrador.

Cuenta la mitología griega que Zeus, rey de los Dioses, se enamoró de una bella joven mortal de nombre Cynara, a la que convirtió en Diosa para poder llevársela al Olimpo. Pero un buen día la joven, aburrida de la vida de los Dioses decidió escabullirse por la noche para visitar a su madre, y cuando Zeus se enteró de la traición de su amante, enfurecido, la desterró del Olimpo y al caer a la tierra ella se transformó en Alcachofa. Y así salieron ayer, como Cynara, de aquel restaurante en Polanco los empresarios que habían amenazado con furiosas demandas y casi con la caída de la economía nacional si se cancelaba Texcoco: cual blandas e inofensivas alcachofas desterradas del futuro Olimpo del Palacio Nacional.

NOTAS INDISCRETAS…

Y mientras los empresarios recapitulan ante el futuro presidente, en la Suprema Corte de Justicia ayer, a las 10:30 de la mañana, comenzó una reunión del Poder Judicial encabezada por el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, en la que el tema a tratar era cómo enfrentar el ajuste salarial que López Obrador y el Congreso les impondrá a todos los servidores públicos de los tres poderes a partir de la entrada en vigor ayer de la Ley de Remuneraciones. ¿Se van a resistir los ministros, jueces y magistrados con amparos y recursos constitucionales? Eso significaría un enfrentamiento entre Poderes por vía de los tribunales. Y de poder a poder, veremos quién se impone… Los dados mandan Escalera doble. Subimos.
05 Noviembre 2018 04:00:00
La advertencia de Diego y el error de noviembre
Caída en oídos necios que la tomaron no como consejo sino como ataque, la advertencia que lanzó el prestigiado constitucionalista y exministro de la Corte, Diego Valadés, sobre la situación en que se encuentra Andrés Manuel López Obrador, en su reforma histórica de separar al poder político del poder económico, es un llamado al futuro presidente a revisar y repasar la solidez del proyecto político y el acompañamiento y lealtad total que necesitará de sus mayorías en el Poder Legislativo y de los miembros de su Gabinete para enfrentar desde Palacio Nacional al enorme poder de facto acumulado por los poderosos hombres del dinero durante los últimos 25 años.

Aunque no gustó el mensaje y mucho menos el mensajero (por las críticas y ataques en las redes a la revista Proceso) no le falta razón al jurista de la UNAM cuando advierte que un López Obrador aislado del acompañamiento de sus equipos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, enfrentaría con más dificultades y mayores riesgos el cisma que representa separar y sacar a los enormes intereses económicos que durante los últimos sexenios fueron copando y controlando las decisiones y las políticas del Gobierno. La cruzada, alerta el constitucionalista, no es menor y para enfrentarla con éxito se necesita que todos los aliados del presidente electo trabajen en el mismo objetivo y arropen al jefe del Ejecutivo en sus prioridades y sin actuar motu proprio en temas que le pueden complicar el ambiente político.

Y no es que Valadés ignore el enorme apoyo popular que acompaña al presidente, incluso mayor al del voto mayoritario en las pasadas elecciones, pero lo que cuestiona el exministro es si todos los grupos y corrientes que confluyen en Morena y que rodean a López Obrador están actuando de manera coordinada y atendiendo los pasos del futuro mandatario. Y es que cuando Andrés Manuel aún enfrenta la turbulencia legal y financiera de su decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco, algunas cabezas de Morena toman decisiones que parecen aceleradas y que pueden agitar aún más el ambiente cuando faltan apenas tres semanas para la toma de
posesión.

Eso es lo que Diego Valadés advierte como el “error desconcertante” del presidente del Senado, Martí Batres, quien en un afán de hacer valer su autoridad, mandó un oficio en el que ordena al director del Diario Oficial de la Federación la “inmediata publicación” de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para que entre en vigor también de manera inmediata al día siguiente de su publicación. Al tratarse de una ley impulsada por las bancadas de Morena en el Congreso y que contiene disposiciones que pueden ser impugnadas y que de hecho lo están siendo ya en recursos de jueces y magistrados del Poder Judicial, de universidades públicas y de algunas instituciones autónomas, la citada ley se va a convertir en una fuente de confrontación y enfrentamiento con el nuevo gobierno por parte de una burocracia descontenta e inconforme con la disminución generalizada y a rajatabla de sus salarios.

Ya se sabía que, si bien concita oleadas de apoyo popular, la Ley de Remuneraciones contiene disposiciones que aún pueden ser combatidas e impugnadas legalmente y que pueden incluso terminar en la Suprema Corte, pero lo más grave, que pueden y están provocando una sacudida de demandas, renuncias y jubilaciones anticipadas en una parte importante de la burocracia federal. Por eso acelerar y apurar su publicación, como lo hizo Batres con su oficio imperativo, es visto por Valadés como una señal de que los grupos de Morena no necesariamente están cuidando o pensando en las prioridades de López Obrador y corren el riesgo de dejarlo solo, aislarlo, con el consecuente riesgo para la fortaleza de un presidente que se propone cambios drásticos que tocan intereses tan grandes como los del capital nacional y trasnacional.

Hoy mismo, Andrés Manuel López Obrador ha convocado a todo su Gabinete y a las fracciones de diputados y senadores a una reunión en un hotel del centro de la ciudad en la que se trazarán directrices sobre cómo se debe de actuar de manera coordinada y consensuada, y no por los arranques, decisiones e intereses de cada grupo, liderazgo o corriente de las muchas que integran el próximo gobierno. La reunión ocurre justo después de que en la entrevista a Diego Valadés se lanzara la advertencia de que al presidente electo lo están dejando solo en sus delicadas cruzadas y que, cuando aún no termina de enfrentar una batalla que apenas empieza con los empresarios, sus propios correligionarios le están abriendo nuevos y delicados frentes antes de llegar a la Presidencia.

Es decir que, aunque a algunos de sus muy cercanos les irritó la muy delgada piel la portada de una revista ya que, al percibirla cercana, sintieron un ataque en la advertencia de su cabeza principal, parece que al presidente electo sí le llegó el mensaje de que no puede permitir ni permitirse que, a unas semanas de tomar posesión del cargo, sus propios colaboradores y bancadas le estén ocasionando tormentas que le pueden afectar innecesariamente su asunción. Veremos que les dice hoy y cómo se entendió el mensaje, más allá que les haya incomodado el mensajero.
03 Noviembre 2018 04:00:00
¿Amor y púas?, militares en la frontera
En medio de la peor crisis migratoria de que se tenga memoria, por las oleadas de migrantes hondureños y centroamericanos que siguen entrando a territorio nacional con miras a llegar hasta la frontera de Estados Unidos, el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido en la misma posición de cautela extrema que, desde que ganó la presidencia, ha mantenido hacia el presidente estadunidense Donald Trump. “Amor y paz, no vamos a pelear, amor y paz”, ha repetido una y otra vez, el electo cuando lo cuestionan sobre los dichos agresivos y antimexicanos del señor Trump.

Y se entiende que, a punto de llegar al Palacio Nacional, donde despachará a partir del 1 de diciembre próximo, Andrés Manuel sea cuidadoso y mantenga la cautela extrema para no caer en el juego perverso y electoral de Donald Trump. Pero una vez que se siente en la silla presidencial, tendrá que verse de qué está hecho AMLO y cómo va a enfrentar la complicada relación con el deslenguado presidente vecino. Porque el inicio de su Presidencia estará marcada por la posible llegada de las varias caravanas migrantes, cuyos participantes centroamericanos hoy ya se calculan en más de 10 mil en total, entre los tres distintos contingentes que avanzan por territorio mexicano.

Peña Nieto, más ausente y débil cada vez, ha dicho que no se permitirá que lleguen a la frontera norte y que sólo aquellos migrantes indocumentados que respeten las leyes mexicanas y que soliciten formalmente el asilo o refugio, puedan permanecer en territorio mexicano. Pero hasta ahora, más allá del discurso, el gobierno saliente no ha hecho nada en términos concretos, más allá de tirar garrotazos y gases en la frontera con Guatemala para después verse rebasados, y ha permitido que las distintas caravanas avancen prácticamente escoltadas por la Policía Federal.

Y mientras eso sucede y el discurso antiinmigrante y xenofóbico de Trump se radicaliza, al mismo tiempo que le suma votos del electorado blanco medio e ignorante, los migrantes centroamericanos avanzan diariamente kilómetros en su paso, en tanto que al mismo tiempo más de 7 mil soldados del Ejército de los Estados Unidos han llegado a la frontera con México y han comenzado a formar una barrera militar en la que, además están colocando alambre de púas en la línea fronteriza, como un mensaje claro de hostilidad y rechazo a la migración indocumentada, ya sea centroamericana o de México.

La Administración lopezobradorista arrancará con la frontera norte militarizada, con un muro que avanza y cubierta de púas, lo que nos lleva a pensar por cuánto tiempo más se mantendrá la posición cuidadosa de AMLO, ya como presidente, para evitar confrontarse con Trump o responderle cuando ataque o amenace a México y a los mexicanos ¿Será que en vez de la política del “amor y paz” pasaremos al “amor y púas”.

La noche que perdió Romo. El empresario Alfonso Romo, que ha dicho, en su papel de un hombre clave en el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio, que su única misión en el equipo del próximo Gobierno es sólo uno: “Vigilar que el dólar se mantenga y que la confianza de los mercados y los empresarios, no se pierda”, sufrió un duro revés con la decisión de cancelar Texcoco como sede del nuevo aeropuerto de la CDMX.

Romo fue siempre un convencido de que la opción más viable era el aeropuerto que está en proceso y que cualquier otra opción que significara cancelarlo sería demasiados costos para el país. Y así se lo dijo siempre al presidente electo y al equipo de colaboradores que discutió y analizó el tema hasta la consulta realizada el pasado fin de semana. No era el único en el equipo lopezobradorista que defendía Texcoco, también Marcelo Ebrard y su grupo se manifestaron a favor de continuar las obras en los actuales terrenos, pero al final todas esas voces fueron apabulladas por el resultado de la consulta y por la opción de construir dos pistas en Santa Lucía, que empujaban Javier Jiménez Espriú y el “asesor” de AMLO en el tema aeroportuario, el empresario José María Rioboo.

Pero don Alfonso nunca dejó de dar la batalla por la convicción que tenía a favor de Texcoco. Todavía la noche del domingo 28, cuando ya se sabían los resultados arrolladores de la polémica consulta popular, López Obrador llamó a una reunión a sus colaboradores más cercanos relacionados con el anuncio que iba a hacer el lunes 29 sobre la decisión mayoritaria que había tomado la población participante (70%) en favor de Santa Lucía y de la ampliación del actual aeropuerto de la CDMX y de Toluca y rotundamente en contra de Texcoco que apenas alcanzó, según los organizadores, el 30% de los votos.

En las oficinas de la colonia Roma, AMLO pidió la opinión de cada uno de los asistentes a la junta antes de hacer pública su posición al día siguiente. Cuando le tocó el turno a Romo, el empresario volvió a la carga: “Es un error cancelar Texcoco, el costo ante los mercados y la confianza de los empresarios será muy alto, hay que reconsiderarlo”, pedía el ingeniero. Pero después de escuchar los argumentos del regiomontano que lo apoyó durante su campaña precisamente con las relaciones con el sector empresarial, el presidente electo le contestó sarcásticamente a Romo: “¡Mira como tiemblo!… Tú crees de verdad que por 30 ricos dueños del dinero voy a desoír la opinión de casi 700 mil personas que pidieron cancelar Texcoco?”.

En la pregunta iba implícita la respuesta. Y al día siguiente vino el anuncio que sacudió al peso y provocó un aumento del dólar que ayer viernes siguió por arriba de los 20 pesos y que provocó también la caída de la Bolsa de Valores, además del incremento de riesgo crediticio y de inversión para México por parte de varias calificadoras internacionales.
01 Noviembre 2018 04:00:00
El capo millennial que lloró en su captura
Entre tenis caros y comida rápida se escondía “El Pistache”. En el pequeño departamento de 70 metros de High Park, en Santa Fe, donde lo atraparon la madrugada del martes, los policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Marina encontraron a un joven escuálido de 32 años. David García tenía en la mesa comida japonesa, una caja de pizza y alitas que pidió la noche anterior como cena a través de una app. En su recámara un vestidor atestado de playeras de moda de colores vibrantes, junto a cinturones y pantalones brillosos, muchos marca Gucci, su preferida. En el suelo había más de 50 pares de tenis, pero unos Louis Vouitton sin estrenar y aún con etiqueta llamaron la atención de los agentes. Al verse copado no opuso resistencia, y cuando oyó por las radios de los agentes que en ese mismo momento capturaban a sus lugartenientes en la Narvarte, se sentó esposado en una silla, se llevó las manos al rostro y, el capo millennial que controlaba la mayor organización de la CDMX de venta de drogas, extorsión, trata de personas, y que ordenaba ejecutar a sangre fría a sus rivales, soltó el llanto.

Junto al “Pistache”, en el departamento que rentaban en 32 mil pesos mensuales, estaba su brazo derecho y el “cerebro financiero” de la Unión Tepito: otro joven de 28 años, Daniel Eduardo León, “El Tiger”. Sus conocimientos como licenciado titulado en Administración de Empresas por la UNAM lo hicieron llevar la contabilidad y planeación del grupo criminal más poderoso y sanguinario de la Ciudad de México. Ninguno de los dos parecían ya provenir del “barrio bravo”, se habían pulido y mezclado con ropa cara y hábitos de júniors, para encajar en los círculos de Polanco, Santa Fe, Las Lomas, en donde operaban para mover la droga y extorsionar a propietarios de restaurantes.

Hacía ya varias semanas que agentes encubiertos de la PGR los seguían y los tenían grabados y fotografiados lo mismo comiendo cangrejos de Alaska en The Crab, que paseando de shopping en la exclusiva plaza Samara. El Cisen, la Marina y hasta el C5 de la ciudad, aportaban datos y pistas para la investigación de inteligencia que coordinaba la AIC, a cargo de Omar García Harfuch. Se sabía desde la caída de “El Betito”, que el liderazgo de la Unión Tepito fue ocupado por este joven delgado, David García Ramírez, y su operador financiero, Daniel Eduardo León Cifuentes. Aunque había otros con más experiencia delictiva y edad para sustituir a Roberto Mollado, “El Pistache” se quedó con el control de la Unión Tepito por ser el más cercano y de mayor confianza de “El Betito”.

Y rápidamente, en 3 meses, “El Pistache” ya era todo un capo que lo mismo controlaba el millonario negocio del narcomenudeo en la ciudad, que la venta de drogas en bares y restaurantes de las zonas más exclusivas, además de extorsionar y cobrar derecho de piso a restauranteros y dueños de antros. Entre los “clientes” a los que atemorizaban con amenazas de muerte y que, al no encontrar apoyo en ninguna autoridad capitalina, terminaban pagando, estaban los dueños de Barezzito Polanco, Barezzito Arcos, Barezzito Roma, La Santa, Mohombi Polanco, Janis Palmas, Love Polanco, entre otros lugares de moda. “El Tiger” era el líder en la distribución de droga y encargado de ubicar y elegir los centros nocturnos que serían extorsionados, además de vigilar la apertura de nuevos locales para valorar si los extorsionaban y vendían droga en los establecimientos.

Una forma de hacerse llegar información de primer nivel para sus operaciones delictivas, además de la protección de mandos medios de la PGJDF y de la alcaldía de Cuauhtémoc, según las investigaciones federales, era el manejo y la trata de scorts de “primer nivel”, que a precios muy caros contrataban lo mismo políticos que empresarios, artistas y jóvenes juniors. Las mujeres tenían que pasar reportes de nombres, lugares, llamadas y cualquier información de sus clientes a la Unión Tepito.

Pero sin duda, la consolidación y la impunidad del joven millennial que manejaba el negocio de las drogas en la capital del país no hubiera ocurrido sin la protección y la colusión de funcionarios de la procuraduría capitalina y de policías de Cuauhtémoc que le daban protección a cambio de generosos pagos. Un dato que confirma lo “invisible” que resultaba “El Pistache” para las autoridades de la ciudad era que, afuera de High Park, el complejo donde lo detuvieron en Santa Fe, había un retén policíaco que nunca vio pasar al líder de la Unión Tepito.

Así que tuvieron que ser las autoridades federales nuevamente las que vinieran a ubicar y seguir durante varias semanas al “Pistache”, a su cerebro financiero y a sus principales operadores todos detenidos en un operativo simultáneo en cuatro domicilios la madrugada del martes, justo el día que contaban las ganancias del negocio de las drogas, la trata y la extorsión. El arsenal con que los agarraron, pistolas y armas de alto poder con silenciadores, confirmaba el poder y el nivel de violencia alcanzado por el joven “capo” del narco capitalino.

Y pensar que, antes de que irrumpieran los agentes federales y marinos “El Pistache” y “El Tiger” cenaban sushi y pizza con alitas, mientras bebían sus Jäggermeister y veían sus series favoritas de Netflix como cualquier joven millennial. Sólo que estos dos, a sus 28 y 32 años, ya debían varias muertes y controlaban el millonario negocio de las drogas en una de las ciudades más grandes del mundo.
30 Octubre 2018 04:00:00
Deconstruyendo a Peña
Todavía no termina su sexenio y la obra y acciones de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya están siendo literalmente “borradas” por su sucesor Andrés Manuel López Obrador. Falta un mes para que acabe la actual Administración y pareciera que al Presidente electo le corre prisa no sólo por mandar la señal a sus 30 millones de votantes de que cumplirá con sus promesas de campaña y con el mandato claro que le dieron las urnas de hacer un cambio total en la política y la vida pública, algo que al entender del Presidente electo pasa por desmantelar todo lo que huela al peñismo, desde obras de infraestructura, como el aeropuerto en Texcoco, hasta reformas como la educativa y la energética.

El proceso que ya ha iniciado López Obrador, aún antes de tomar posesión del cargo, deja claro que, como a ningún Presidente en la historia del país, a Peña y a su sexenio lo van a someter a una especie de deconstrucción, un desmontaje de casi cualquier idea, obra o concepto que haya sido planeado y ejecutado como “herencia” o “legado” del mandatario mexiquense. A diferencia de las ya conocidas y comunes rupturas sexenales –del país que se reinventa y vuelve a comenzar cada 6 años según la visión del presidente en turno– lo que el nuevo grupo gobernante ha comenzado a hacer con la Administración peñista, en los últimos 4 meses de esta larga y absurda transición, es una lenta, pero efectiva, difuminación de las huellas de este Gobierno y de su titular.

Parte de eso se explica por las diferencias políticas abismales, en conceptos y estilos de gobernar, entre López Obrador y Peña Nieto, pero la principal razón es que el Presidente entrante sabe muy bien que más de la mitad de sus votantes (unos 17 millones) que no eran parte de su voto duro, le dieron el sufragio y las mayorías en el Congreso no sólo como un “bono democrático” sino también como una forma de rechazar y castigar a su antecesor y a su grupo gobernante, con todo lo que según los datos medidos en encuestas, irritaba a los mexicanos del actual Gobierno: corrupción, impunidad, frivolidad, tráfico de influencias, excesos y gastos onerosos, gobierno proempresarial y fracaso en la seguridad y la violencia.

Por eso la prisa del electo por empezar a dar los pasos para desmontar el sexenio que aún no termina, algo que además le está siendo relativamente fácil; primero por sus altos niveles de aprobación (72.5%), pero también le ayudan en ese desmantelamiento la debilidad y la apatía que muestran Peña Nieto y sus cercanos en sus últimos días de gobernante, donde después del 1 de julio el Presidente en funciones se hizo a un lado, le cedió toda la escena pública y política a su sucesor y, hablando boxísticamente, tiró la toalla.

¿O alguien entiende por qué, aunque ya habían perdido, Peña y los suyos nunca salieron en estos últimos meses a dar la pelea por su principal obra del sexenio que era el megaaeropuerto en Texcoco o por qué no defendieron con argumentos y debate el desmantelamiento de sus principales reformas, ni siquiera por qué no se defendieron ellos mismos ante la evidente estrategia para desdibujarlos? Tal vez no hubo ánimo, tal vez se les acabaron los argumentos, o tal vez, como en la famosa escena de esa película de superhéroes, el Presidente saliente y sus amigos y colaboradores más cercanos supieron que nada podrían hacer ante la fuerza de Tanos que con sus gemas de 30 millones de votantes los fue difuminando, desintegrando y desapareciendo poco a poco de la faz de la República.

NOTAS INDISCRETAS… El empresario Juan Pablo Carranza, quien aparece mencionado en la denuncia puesta por maestros del SNTE en contra del dirigente magisterial Juan Díaz de la Torre, asegura que “como socio de Kubo Maestro pone a la vista de este medio y cualquier autoridad toda la documentación necesaria que acredita que esta empresa jamás ha recibido un peso del SNTE ni esta le ha emitido factura alguna al sindicato”. La única relación de Kubo Maestro, S.A. de C.V., fue formar, con recursos propios, un programa de recompensas para los maestros, programa que después de un año de implementarlo y no contar con los apoyos necesarios, en común acuerdo entre la empresa y el SNTE, se suspendió. Sobre el supuesto manejo millonario de recursos que le imputan, asegura: “Es ridículo mencionar un monto de 100 mdp mensual que equivaldría al 80% del presupuesto del SNTE, por lo que es una acusación muy poco seria sin pruebas y se está en proceso de presentar una demanda de carácter penal y civil en contra de quien resulte responsable de daños y falsedad de declaraciones”. O sea que la guerra entre Elba y Juan Díaz por el SNTE también se va a tribunales… Paran los dados. Capicúa. Repetimos el tiro.
29 Octubre 2018 04:00:00
¿Quién azuza a las caravanas?
La muerte de un migrante hondureño, a causa del impacto de una bala de goma en la cabeza al enfrentarse ayer con policías federales en un nuevo disturbio en la frontera de Guatemala con México, representa el agravamiento de la crisis desatada por las caravanas de migrantes que han colocado a la República Mexicana en el peor dilema migratorio de su historia: de un lado está nuestra tradición histórica como país de refugio y migración constante y permanente –tanto la propia que expulsamos a Estados Unidos, como las muchas oleadas que recibimos de Centroamérica y de otras partes del mundo– y del otro lado la presión política y diplomática de Donald Trump y su discurso criminalizador y xenofóbico que obliga a un Presidente débil y ausente como Peña Nieto, a convertirse en su policía y su garrote antiimigrante.

Y detrás de este nuevo fenómeno de migración colectiva (que ocurre justo a semanas de las competidas y estratégicas elecciones intermedias por el Congreso de Estados Unidos) y de la nueva caravana que ayer intentó por la fuerza ingresar a territorio mexicano y se enfrentó con violencia a las autoridades guatemaltecas y mexicanas, provocando la muerte del indocumentado por una bala de goma, no parecen estar solo la pobreza, el desempleo y la violencia estructural que padecen los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos; que si bien siguen siendo la causa original de su desesperada migración, ahora estas hordas migratorias parecen azuzadas por otros intereses y otras manos que los incitan y los alientan a aprovechar el descontrol y la debilidad de un Gobierno mexicano sumido en plena transición de dos presidentes.

Porque hasta son más los que pierden que el que gana con estas repentinas oleadas de migrantes.

No ganan los hondureños ni centroamericanos que por necesidad y desesperación aprovechan la emigración masiva y la fortaleza y el valor que les da el anonimato, pero que exponen a sus niños (casi un tercio del total de las caravanas) mujeres y personas de edad avanzada a sufrir desde los embates de las fuerzas policiacas mexicanas y guatemaltecas hasta el hambre, la sed y la fatiga del difícil tránsito por el sureste mexicano.

Tampoco ganan y más bien pierden los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, que se muestran al mundo como autoridades fracasadas de estados fallidos que no pueden garantizar a sus habitantes los requerimientos mínimos de bienestar y seguridad para evitar que se lancen de manera masiva y peligrosa a buscar lo que sus gobiernos no pueden darles y en su desesperación sólo atinan a denunciar (Jimmy Morales y Juan Orlando Hernández) “intereses políticos”, sin tener el valor de ponerle nombres y apellidos a sus denuncias.

Mucho menos gana el Gobierno y la sociedad mexicana, que se ve expuesto y exhibido, en el caso de las autoridades, en toda su debilidad, incongruencia e incapacidad primero para contener la oleada migratoria y luego para garantizarles ya no solo sus derechos humanos fundamentales, sino sus necesidades más básicas como personas en calidad de migración; al mismo tiempo que la sociedad mexicana se divide y polariza y una parte se muestra en todo su racismo y contradicción de ser un país de migrantes en el que miles de familias y regiones sostienen su economía gracias a la migración ilegal a Estados Unidos.

Tal vez el único que gana con todo este fenómeno de migración masiva y de “caravanas” que se forman un día sí y otro también, es Donald Trump y su proyecto político que intenta mantener a toda costa una mayoría que peligra en las inminentes elecciones de su país.

Porque a nadie como a él le ha venido bien y le ha servido los miles de migrantes que caminan por las carreteras mexicanas o los otros que intentan entrar a la fuerza a nuestro territorio, incluidos los muertos por accidentes o en la refriega, porque le sirven para atizar el discurso nacionalista, xenófobo y antiinmigrante de buena parte de su electorado blanco ignorante.

La movilización del Ejército estadunidense a la frontera con México y el discurso de “criminales y terroristas” en contra de los migrantes centroamericanos, al igual que su presión constante a México y a su Gobierno para que “los detengan”, no hacen sino sumarle simpatías y votos en las encuestas a Trump que se muestra ante sus votantes como el “salvador” y el “Presidente que sí cuida y cierra sus fronteras de la amenaza terrorista y criminal de la migración ilegal”. Y si sólo hay uno que gana con todo esto, la pregunta entonces cobra mucho sentido: ¿quién azuza a las caravanas?

NOTAS INDISCRETAS…

Seis nuevas denuncias relacionadas con los millonarios desvíos en la Sedatu y la Sedesol, bautizados como la Estafa Maestra serán presentadas en los próximos días por la Auditoría Superior de la Federación, como parte del informe de resultados que rendirá el auditor David Colmenares ante la Cámara de Diputados.

Y entre los seis nuevos imputados hay varios colaboradores muy cercanos a Rosario Robles, tan cercanos como Emilio Zabadúa, su oficial mayor en las dos dependencias y responsable de los contratos que iban a dar a “empresas fantasmas” vía organismos públicos y universidades estatales. ¿Quiénes más serán denunciados ante la PGR?... Anoche, hasta el cierre de esta columna, se estaba en espera de conocer los resultados luego de tres días de consulta sobre el nuevo aeropuerto.

Y con todo y sus irregularidades y fallas, se esperaba que la cifra de participantes rebasara el millón de personas. ¿Sigue Texcoco o empezamos a planear Santa Lucía? La decisión, dicen, fue de muchos, pero la última palabra sólo la tiene uno.

Y ya saben quién… Los dados mandan Serpiente doble. Mal inicia la semana.
25 Octubre 2018 04:00:00
Elba, su bioserie cancelada y el cambio de señales
En la operación “regreso” de Elba Esther Gordillo al SNTE, hubo un “desencuentro” y un “cambio de señales” entre el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador y la renovada exdirigente magisterial, que provocó la reciente irrupción de un movimiento de presión de los “elbistas”, con denuncias penales y movilizaciones para pedir su reinstalación. Y es que en la oficina del presidente electo condicionaron la reinstalación de Gordillo en la presidencia del sindicato, a que la maestra sólo fuera reinstalada para convocar “de inmediato” a la elección abierta de un nuevo dirigente y se hiciera a un lado, mientras que Elba y su grupo quieren quedarse al menos un año al frente del SNTE.

La primera señal de que a López Obrador no le gustaron las intenciones de permanencia de la maestra fueron los reiterados mensajes y discursos públicos de las últimas semanas de que en su gobierno “no habrá protegidos, ni cacicazgos favoritos en los sindicatos”, seguidos de la exigencia del presidente electo de que hubiera elecciones por voto directo de los líderes sindicales y hasta el anuncio de una iniciativa de ley para hacer obligatoria la democracia en los sindicatos.

Pero hubo otro mensaje aún más claro de que en la “Cuarta Transformación” no quieren que la maestra vuelva para quedarse con el control absoluto del SNTE que tuvo por 24 años: la abrupta cancelación de la “bioserie” que estaba siendo planeada para contar la vida e historia de Elba Esther Gordillo Morales. Ideada en conjunto por el consultor y publicista Hugo Scherer Castillo y por el círculo cercano la maestra, concretamente su yerno Fernando González Yáñez, la serie comenzó a planearse con conocimiento y aval del Gobierno electo. Hubo un par de reuniones para trazar un cronograma de producción, discutir el enfoque del guión y hasta programar entrevistas con personajes que aportarían material y anécdotas para armar la historia. Scherer Castillo buscó a Pedro Torres, productor de series y telenovelas para Televisa, para dirigir el proyecto que iba viento en popa.

Pero hace unos días, directo de la oficina del presidente electo llegó la orden fulminante: “cancelen esa serie, no es bien vista”. El mensaje fue personal y familiar a Hugo Scherer y este a su vez se lo transmitió a Pedro Torres: “Se para todo, ya no quieren la serie, son órdenes de arriba”.

Si hubo “cambio de señales” del electo a la que fuera su aliada electoral eso significaría que Elba y su grupo van solos en su intento por recuperar el control del SNTE. Ya se verá si hay o no fallo del Tribunal Superior Administrativo que valide o cancele un regreso de la maestra a la presidencia del sindicato, que de cualquier modo sería para un periodo que se termina en noviembre próximo. Veremos el curso que toma la guerra entre Gordillo y actual Juan Díaz de la Torre y si el duelo de fuerzas se empareja ya sin el apoyo del despacho de la Roma. ¿Quién se queda con el SNTE?

NOTAS INDISCRETAS… Dos señales fuertes mandaron ayer desde el Poder Judicial sobre las futuras relaciones entre poderes de la República: por un lado el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Luis María Aguilar, dijo que “ha tomado conocimiento de las expresiones realizadas por juzgadores federales relacionadas con propuestas legislativas que buscan modificar la organización y funcionamiento del Poder Judicial” (inconformidad por modificación de sueldos, rotación de jueces y magistrados e impedimento a contratar parientes consanguíneos) y ante eso anunció la integración de una comisión “de alto nivel” para abrir un canal de comunicación con los jueces y magistrados, al mismo tiempo que esa comisión articulará “puntos de vista” que se harán llegar a representantes de otros poderes (Ejecutivo y Legislativo), con los que se tendrá un “intercambio respetuoso” pero que buscará “el fortalecimiento del Poder Judicial sin comprometer su independencia y autonomía”.

O sea que los ministros, magistrados y jueces van a opinar y a defender su autonomía y funcionamiento frente a otros poderes. Y la otra señal que mandaron directa desde la Corte fue la orden de retomar los procesos de destitución e inicio de procesos penales contra alcaldes y delegados que incumplieron amparos obtenidos en laudos laborales; pero en algunos casos no se cuidaron los detalles en la integración de expedientes, así como el ámbito de responsabilidad, como el caso de un exdiputado local y exdelegado en Venustiano Carranza, José Manuel Ballesteros, a quien se le inició proceso judicial, sin que hubiera un juicio de procedencia para quitarle el fuero y sin notificación oficial.

Las audiencias están por iniciar, así que muchos presidentes municipales de todo el país deben estar atentos, así como alcaldes y exdelegados, como por ejemplo Ricardo Monreal, hoy líder del Senado y uno de los impulsores de iniciativas de reforma al Poder Judicial, y Víctor Hugo Lobo, porque en una de esas les aplican la misma regla… Los dados repiten Serpiente. Caída Libre.
23 Octubre 2018 04:00:00
Operación ‘Regreso’: la ofensiva de Elba
La operación para concretar el regreso de Elba Esther Gordillo y la recuperación de su control del magisterio dio ayer sus primeros pasos. Por la vía legal, con una denuncia penal en contra de Juan Díaz de la Torre, secretario general del SNTE, y sus allegados Isaac Chertorivsky, Bernardo Quesada, Jessica Pereda y Juan Pablo Carranza, a quienes dos maestros afines a Gordillo acusaron ante la PGR de malversar “fondos de retiro” de los docentes por más de 20 mil millones de pesos, además de otorgar créditos con intereses excesivos al magisterio a través de una empresa privada (Etesa), que maneja una cobranza de hasta 50 millones de pesos.

Y por la vía política, para hoy martes está anunciada una movilización y concentración de maestros elbistas frente al Senado (“para que se eduque Monreal”, dijo ayer un dirigente cercano a Gordillo) con la que se busca detonar “un gran movimiento nacional” en contra de Juan Díaz de la Torre, a quien Elba Esther identifica como uno de los “traidores” que se confabularon en su contra con el Gobierno de presidente Peña Nieto para defenestrarla y arrebatarle el control del sindicato más grande y con mayores recursos de México y de América Latina.

En la denuncia presentada ayer ante la PGR, además del empresario y publicista Isaac Chertorivsky (padre de Salomón Chertorivsky, exsecretario del Gabinete de Mancera en la CDMX) aparecen Bernardo Quesada, ex diputado de Nueva Alianza y quien fuera señalado por el Miami Herald en 2017 por comprar 17 condominios en la exclusiva zona de Brickwell con un valor total de 6.3 millones de dólares, además de Jessica Pereda, dueña de Etesa (Ediciones, Tratados y Equipos, S.A.) que con sus filiales Abaco y la sofom Refácil otorgaban préstamos lo mismo al SNTE que a la CNTE y recibían contratos de dependencias como el ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud y más de 29 gobiernos estatales, y que fueron investigados y sancionados por la Condusef y por Hacienda por “cobros excesivos” y ocultamiento de tarifas e intereses en sus créditos.

Pero de todos los nombres que aparecen en la denuncia presentada por los maestros en activo Luis Pérez Pasten y Venancio Morales Zúñiga y elaborada por los abogados de Elba Esther, el más delicado es el de Juan Pablo Carranza, dueño de la empresa Kubo Maestro y a quien acusan de manejar “un fondo para distribuir efectivo ilegal” en el SNTE hasta por 100 millones de pesos mensuales, cuyo origen y aplicación se pide investigar penalmente. Según cercanos a Elba Esther, Juan Pablo Carranza es el operador financiero “de confianza” de Juan Díaz y Kubo Maestro es la firma por la que se realiza una operación de “lavado de dinero” que maneja el sindicato magisterial.

Veremos qué tan efectiva resulta la estrategia de Gordillo para acelerar su regreso al control del SNTE que ocurre en la víspera de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa resuelvan su demanda para ser reinstalada en la presidencia del sindicato, pero también justo cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador habla de impulsar la “democratización de los sindicatos”, de que su gobierno no tendrá “consentidos ni protegerá cacicazgos” sindicales y anuncia una iniciativa de ley para hacer obligatorio el voto libre y secreto de los trabajadores sindicalizados para elegir a sus dirigentes. ¿Ese mensaje también aplica a la maestra?

NOTAS INDISCRETAS… Manuel Gómez Morín Martínez del Río, candidato a la dirigencia del PAN, envió ayer una carta en la que reconoce su relación personal y profesional con el empresario Ricardo Silva Padilla y la empresa Trese, acusada de incumplir un contrato de 500 millones de dólares con Pemex y declarada en concurso mercantil: “Desde hace muchos años presto mis servicios como abogado a la empresa Tecnologías Relacionadas con Energías y Servicios Especializados, S.A. de C.V., pero no soy su representante jurídico. Trese me debe honorarios y por dicha razón, aparezco en su contabilidad como acreedor”. Luego refiere que el contrato otorgado a Trese en octubre de 2013 no fue en el gobierno de Felipe Calderón, que ya había concluido. Y sobre la aparición de su cliente Ricardo Silva Padilla y de Trese en los Bahama Leaks, lo explica así: “Es común en el sector, que una naviera abra empresas, sucursales o se alíe con agentes navieros locales en diferentes países con el fin de mantener los requisitos inherentes a su desempeño como operador”. Hasta ahí el resumen de la carta, de la cual se cita una versión más extensa en la versión de esta columna en internet... Sólo dos comentarios a Gómez Morín: efectivamente el contrato de 500 mdd a Trese se otorgó en el primer año de Gobierno de Peña Nieto, pero el proceso para su licitación y asignación comenzó desde el último año del gobierno de Calderón. Porque fue en el sexenio calderonista donde Trese pasó de ser una empresa menor y sin experiencia en el campo petrolero a convertirse en contratista mayor de Pemex. Y sobre la aparición de su cliente en las listas de mexicanos que sacaron dinero del país, a paraísos fiscales, el nombre de Ricardo Alfredo Silva Padilla aparece documentado tanto en los reportes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, como en los reportajes de Mexicanos contra la Corrupción que incluyen al dueño de Trese en la lista de 432 empresarios mexicanos que utilizaron ese mecanismo para ocultar dinero en Bahamas…Los dados mandan Escalera doble. Subimos.
22 Octubre 2018 04:00:00
Los amigos de Gómez Morín
El nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, quien ahora es candidato a la dirigencia nacional de ese partido, está vinculado como abogado y acreedor al empresario Ricardo Alfredo Silva Padilla, quien figura en la lista de los Bahamas Leaks, por utilizar paraísos fiscales para sacar dinero desde México. Pero además, parte de esos recursos enviados al extranjero eran provenientes de un contrato de 500 millones de dólares otorgado por Petróleos Mexicanos a una sociedad, en la que figura la empresa TRESE, de Silva Padilla.

Esta empresa no contaba ni con el personal ni con la capacidad técnica para realizar los trabajos contratados en plataformas marítimas y, por tanto, fue declarada en Concurso Mercantil el pasado 28 de agosto de 2017, bajo el expediente 666/2016. El representante jurídico de TRESE es el nieto del fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, el mismo que hoy como aspirante a dirigir ese partido invoca en todos sus discursos “la herencia” y “las enseñanzas” de su abuelo, considerado un ideólogo honorable y creador de instituciones en el país en la primera mitad del siglo 20.

Según un expediente en poder de esta columna, Gómez Morín aparece señalado como parte de toda una maquinación para sacar dinero de la empresa TRESE, y su nombre aparece como acusado en una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura de la Federación y ante el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, actualmente en proceso de resolución y que fue interpuesta por acreedores de esta empresa, quienes señalan que el candidato a dirigir el PAN se declaró “acreedor” por 100 mil dólares de Silva Padilla, además de que también obtuvo un “poder” de otras siete personas para recibir pagos en su nombre.

El 14 de octubre de 2013, en el sexenio de Felipe Calderón, la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados, S.A de C.V, (TRESE), de Silva Padilla, constituida con un capital de 50 mil pesos, recibió de Pemex un contrato por 500 millones de dólares, en un consorcio que integró con Grupo Nuvoil, para compresión de gas
natural.

Luego, en septiembre de 2016, Ricardo Alfredo Silva Padilla fue señalado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y por Mexicanos contra la Corrupción, como uno de 431 empresarios mexicanos que figuran en los Bahamas Leaks por la constitución de la empresa TRESE y su administración irregular.

Y es que detrás de sus contratos millonarios con Pemex, parece haber una historia de corrupción y fraude, pues apenas el 10 de marzo de 2010, esta modesta compañía había modificado su objeto social ante el notario público 18 de la Ciudad de México, Patricio Garza Bandala, y en su cláusula tercera establece que la sociedad tendrá como objeto “la comercialización, producción, fabricación, importación y exportación de toda clase de productos, así como la prestación de toda clase de servicios, a cualquier persona física o moral de naturaleza privada o pública”. Todo ello, para poder recibir contratos con entidades del gobierno, en este caso el de Pemex por los 500 millones de dólares que les fue asignado 3 años después de esa modificación.

En el litigio, presentado por proveedores de TRESE, afectados por la operación irregular, Manuel Gómez Morín Martínez del Río aparece como abogado del deudor Silva Padilla, pero al mismo tiempo también se declara acreedor de su cliente y es autorizado por otros siete acreedores del deudor, por lo se le acusa de incurrir en un claro conflicto de interés. Se tiene la presunción de que la contabilidad de TRESE fue alterada, ya que varios de los acreedores son personas afines a Silva Padilla.

El 12 de octubre pasado, Manuel Gómez Morín arrancó su campaña como candidato a la dirigencia nacional panista con la promesa de “acabar con la corrupción del PAN y devolver la democracia” a ese partido. ¿Se referirá a la misma corrupción que lo involucra con el saqueo a Pemex y con los turbios negocios de Silva Padilla en TRESE y en los paraísos fiscales de los Bahamas Leaks?

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de Gómez Morín y sus dichos del pasado fin de semana en Tijuana, donde llamó “muchacho estúpido” a Ricardo Anaya, nada ha contestado hasta ahora el excandidato presidencial al que el aspirante a dirigente culpó de la derrota panista por su “alianza contranatura” con el PRD y MC.

“Tengo 60 años y puedo llamarlo muchacho estúpido”, dijo Gómez Morín, como si la estupidez fuera privativa de los jóvenes y se quitara con la edad…Tras el escándalo de los “colchones usados” que se entregaron a los damnificados por las lluvias en Sinaloa, y las denuncias de opositores, el gobernador Quirino Ordaz dio la orden terminante de que se procediera penalmente por el vergonzoso hecho, y el jueves fue detenido y presentado el coordinador administrativo de la Sedesol local, Carlos Baltazar Castro.

El mensaje del gobernador, dicen, fue que no se tolerará la corrupción “ni la traición” en el estado ni en el caso de estas compras penosas, ni en el de exfuncionarios de gobiernos anteriores “que han sido acusados de desvíos de decenas de millones de pesos” ¿en quién estará pensando el gobernador?... De la reunión de hoy entre el presidente electo con el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de la que sostendrá también esta semana con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina, saldrán los nombres de los dos próximos titulares de las Fuerzas Armadas.

En el caso de la Defensa, todo apunta a que puede tratarse del nombre del general Roble Arturo Granados, subsecretario de Defensa, y en la Marina, el futuro secretario podría ser el almirante José Luis Vergara…Los dados abren con Serpiente. La semana pinta complicada.
20 Octubre 2018 04:11:00
Morena ataca al Poder Judicial, denuncian jueces
Las iniciativas de diputados y senadores de Morena para rotar a jueces y magistrados, además de regular la contratación de parientes consanguíneos, junto con la reciente aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la Cámara de Diputados, son parte de una campaña “de ataques sistemáticos” contra la independencia del Poder Judicial de la Federación que buscan afectar desde las remuneraciones de sus servidores públicos hasta la administración de su régimen interno y su imagen pública al acusar a los funcionarios judiciales de “corruptos”, según un denuncia formal interpuesta por un grupo de jueces y magistrados de circuito federales, que piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la autonomía del Poder Judicial.

“Con profunda preocupación en fechas recientes, hemos advertido reiterados ataques políticos y mediáticos en contra del Poder Judicial de la Federación, los cuales consideramos tienden a vulnerar la independencia de la función judicial federal; razón por la cual presentamos formal denuncia y solicitamos que ese Órgano Colegiado realice las investigaciones necesarias y, en su momento, formule las recomendaciones que estime pertinentes al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dicen 23 Jueces y 43 Magistrados de Circuito que integran el Sexto Circuito y del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en el estado de Puebla, en su denuncia interpuesta ante la Comisión Conjunta para Garantizar y Fortalecer la Autonomía e Independencia del Poder Judicial de la Federación.

Los titulares de juzgados y tribunales le piden a la citada Comisión que inicie una investigación sobre estos ataques –de los que culpan lo mismo a políticos que a medios de comunicación– y que con el resultado de sus averiguaciones le soliciten a los ministros de la Suprema Corte y a los consejeros de la Judicatura Federal que emitan recomendaciones y acciones para defender y garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial y sus integrantes.

“Es un hecho notorio que en las últimas semanas, el Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de un ataque sistemático en relación con aspectos vinculados a la remuneración de sus servidores públicos y a la administración de su régimen interno. Actores políticos han expresado públicamente (en tribuna de la Cámara de Senadores), que este Poder del Estado requiere de una ‘sacudida’; a lo que se ha ido sumando una variedad considerable de artículos y documentos, que de distintas formas desprestigian la imagen del Poder Judicial de la Federación y de sus servidores, tachando de corruptos a Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, sostiene el texto de la denuncia presentada el 17 de octubre pasado y fechada en San Andrés Cholula, Puebla, y de la cual esta columna tiene una copia.

Los medios también atacan al Poder Judicial. Al enumerar los “ataques” contra el Poder Judicial, los jueces y magistrados incluyen en su denuncia, como prueba de los “ataques sistemáticos”, las ligas digitales de varios periódicos y publicaciones en internet de noticias, articulistas y columnistas que han abordado el tema del Poder Judicial, tanto para informar de las iniciativas de Morena en el Congreso, como para cuestionar los planes de austeridad anunciados por ese Poder.

Y así interpretan, los funcionarios judiciales, la crítica e información de los medios como una fuente de “ataque” en su contra: “Los acontecimientos narrados son motivo de preocupación de los integrantes del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, en la medida en que se traducen en un permanente y sistemático esfuerzo por lesionar los principios sobre los que se erige la independencia judicial”.

Contra la disminución de sueldos. En la denuncia de los funcionarios judiciales se manifiestan totalmente en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada en septiembre pasado en la Cámara de Diputados por acuerdo de todas las fracciones, y argumentan que disminuir los sueldos de los ministros, consejeros, jueces y magistrados, no sólo vulnera y afecta el funcionamiento del Poder Judicial y su autonomía, sino que la citada ley, que los obliga a ganar menos que el Presidente de la República, es violatoria de los artículos 17 y 94 de la Constitución, que prohíbe disminuir los sueldos y emolumentos de los miembros del poder Judicial durante su encargo.

“La entrada en vigor de la referida legislación y el salario que se pretende fijar para el Presidente de la República en el presupuesto de Ingresos correspondiente, traen como consecuencia la disminución de los salarios de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados y Jueces Federales; estimándose que, complementariamente, tendrá efectos negativos al seno de los demás empleados del Poder Judicial de la Federación en cuanto a que, de manera escalonada, tendrán que ir aplicándose recortes a todos los empleados y su salario, el cual se verá disminuido considerablemente”, explican.

Y luego argumentan violaciones constitucionales en la disminución de sus sueldos: “Dado el conglomerado de empleados que participan en el acceso a la jurisdicción federal, es evidente que dichas acciones repercutirán negativamente en el derecho fundamental, contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual indica que: ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones’, en relación con la parte que trasciende del diverso ordinal 94 Constitucional, que señala: ‘La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.

“De lo que se obtiene que la Constitución Federal, además de consagrar como atributos propios de la administración de justicia el de gratuidad y el de que las resoluciones de los tribunales se dicten de manera pronta, completa e imparcial, exige que las leyes federales establezcan los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, debiendo garantizarse para ello, el derecho a gozar de ciertos emolumentos que, durante su encargo, no podrán ser disminuidos, lo que debe irradiar hacia todos los empleados que formen parte del Poder Judicial de la Federación”, sostienen los jueces y magistrados en su denuncia.

18 Octubre 2018 04:00:00
La crisis de la caravana hondureña
La movilización de una caravana de casi 2 mil migrantes hondureños, que buscan llegar a Estados Unidos y pretenden atravesar por el territorio mexicano, ingresando en las próximas horas, movilizó ayer tanto a los cancilleres del Gobierno saliente de Peña Nieto, como el del Gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. Y es que las amenazas proferidas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, si no frenaban de inmediato el avance del contingente de migrantes, pusieron a temblar al Gobierno mexicano e hicieron que Luis Videgaray y Marcelo Ebrard tomarán cartas y posiciones en un asunto que amenaza con desatar una nueva crisis migratoria y diplomática en la región.

Mientras el canciller Videgaray endureció la posición del Gobierno de México, y en un comunicado amenazó con no permitir la entrada al territorio nacional de “toda persona que ingrese de manera irregular” y aplicarles un procedimiento administrativo y deportación a los integrantes de la caravana hondureña, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se trasladó ayer hasta Tegucijalpa, en donde sostuvo una reunión de emergencia con los cancilleres de Honduras, El Salvador y Guatemala, para impulsar un acuerdo regional que favorezca la “migración optativa y no obligatoria” que propone el presidente electo López Obrador.

A contracorriente de la posición oficial de SRE, que argumentó no sólo el respeto a las leyes migratorias mexicanas sino de tratados internacionales para exigir que los migrantes que deseen ingresar a México cuenten con “documentos de viaje y visa concedida por el Gobierno mexicano” e invocó también una preocupación por la seguridad de los hondureños que pueden caer “en las redes de trata y tráfico de personas que ponen en riesgo su seguridad e integridad personal”, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo que su Administración no impediría de ninguna forma el paso de los migrantes hondureños por la frontera chiapaneca y que se les garantizaría el “libre tránsito” y el respeto a sus derechos en territorio chiapaneco.

Aunque Donald Trump no aludió hasta ahora en sus amenazas a México, está claro que ni la Administración saliente de Peña Nieto, ni la entrante de López Obrador quieren en estos momentos otro desencuentro con el agresivo Mandatario estadunidense y menos por el tema migratorio, justo cuando estamos en la víspera de que se apruebe en los congresos de ambos países, y de su posterior firma, del nuevo Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

La última vez que el racista y antiinmigrante Trump la emprendió contra una caravana de migrantes indocumentados fue en abril de este año, cuando un grupo de apenas un millar de centroamericanos –la mitad de la caravana actual– intentó llegar a Estados Unidos en busca de asilo político, huyendo del desempleo, la pobreza y la violencia en sus países. En aquella ocasión, el 3 de abril, sí hubo una exigencia pública del Mandatario estadunidense para que México frenara el avance del contingente: “México tiene el poder absoluto de no permitir estas enormes caravanas de gente entrar en su país. Tienen que pararles en su frontera norte (Sic) lo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, no permitirles pasar hasta nuestro país”.

Y en aquella ocasión, ante la inacción del Gobierno mexicano, Trump ordenó el 5 de abril la movilización de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México, con el argumento de proteger a su país de “migrantes clandestinos” y dio instrucciones a los departamentos de Defensa y de Seguridad Interna de desplegar a los efectivos militares por toda la línea fronteriza. ¿Será por eso, y por no enturbiar la “luna de miel” entre la Administración Trump y los dos gobiernos que en esta transición coexisten en México, el peñista y el lopezobradorista, que esta vez México sí está dispuesto a frenar, detener y deportar a los hondureños que crucen la frontera sur del país? ¿Y con qué autoridad moral, y sobre todo con qué congruencia, lo hará el Estado mexicano que sigue expulsando migrantes indocumentados hacia Estados Unidos?

NOTAS INDISCRETAS… El jalisciense Arturo Zamora se registró ayer por la tarde como único aspirante a la Secretaría General del PRI, por lo que se convertirá en el segundo de abordo del CEN priista y compañero de la presidenta, Claudia Ruiz Massieu, en las próximas horas. El registro de Zamora confirma que el exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata, finalmente se cayó, a pesar de que su nombramiento ya había sido palomeado por Peña Nieto, pero al parecer el que finalmente no haya podido ganar la gubernatura y unas muy largas vacaciones dejaron fuera al yucateco. Y sobre quién llegará ahora a la CNOP que dejó vacante el político de Jalisco, hay versiones de que José Murat busca quedarse con el sector popular, en lo que significaría un fortalecimiento de las aspiraciones de su pupilo, el gobernador Alejandro Moreno, para dirigir al PRI, aunque también se sabe que Aurelio Nuño no quita el dedo del renglón de integrarse a la dirigencia priista y también había puesto el ojo en la CNOP. Y si Murat finalmente deja la Fundación Colosio, lo que parecería un hecho es la llegada de Manlio Fabio Beltrones al órgano ideológico del viejo partido. En fin, movimientos previos a la guerra priista que comienza el 1 de diciembre… Dados rodando. Serpiente doble.
17 Octubre 2018 04:00:00
Romero Deschamps entendió el mensaje
Entre la opción de sufrir un “quinazo” o un “elbazo”, Carlos Romero Deschamps prefirió el “urnazo”. Porque entendió a la primera el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, al anunciarse ayer –2 días después de que el presidente electo anticipara “elecciones democráticas” en el gremio petrolero– que los 36 dirigentes seccionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) serán electos este miércoles, por primera vez en su historia, “por voto democrático, secreto y depositado en urnas”.

Ayer mismo se emitió la convocatoria en la que podrán participar libremente quienes aspiren a encabezar una de las secciones petroleras, sin importar si pertenecen o no a la corriente dominante de Romero Deschamps. Y para garantizar la total secrecía del voto, los trabajadores no tendrán que poner en la planilla con la que voten su nombre ni su ficha, como ocurría hasta ahora en las votaciones internas del sindicato petrolero, que de esa manera controlaba por quién debían votar los agremiados y garantizaba que ganaran siempre las opciones del grupo dominante.

El anuncio lo hicieron ayer las futuras secretarias, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Energía, Rocío Nahle, quienes junto con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dieron a conocer el acuerdo alcanzado entre la actual Secretaría del Trabajo, que encabeza Roberto Campa, con el dirigente Carlos Romero Deschamps para convocar hoy mismo a las elecciones democráticas de los líderes de cada una de las secciones en todo el país, en un proceso que iniciará desde las 7:00 de la mañana de este miércoles y hasta las 18:00 horas en las mesas receptoras de votos, según la convocatoria que se publicó ayer mismo.

Está claro que la repentina “convicción democrática” del sempiterno dirigente Carlos Romero Deschamps no se dio sola y que hubo una clara operación desde el gobierno electo de López Obrador, que con esta elección en el poderoso e influyente STPRM manda todo un mensaje de que su compromiso de impulsar la democratización y la elección abierta de los dirigentes sindicales va en serio.

Porque si Romero Deschamps, uno de los líderes emblemáticos del sindicalismo priista, varias veces senador y diputado por el PRI y conocido financiero de las campañas del aún partido gobernante –desde el escándalo del Pemexgate, en el que aportó cerca de mil 200 millones de pesos a la campaña de Francisco Labastida en el 2000, hasta los apoyos económicos que dio a la campaña del presidente Peña Nieto en 2012– se plegó sin dudarlo a la “Cuarta Transformación” y a su nueva política sindical, la señal de que este cambio en los sindicatos va en serio, impulsado desde el próximo gobierno, es clara e inequívoca.

No es menor el mensaje que manda con esta negociación López Obrador a otros dirigentes sindicales del viejo corporativismo, que aún sobreviven y que no sólo se han eternizado en los cargos, a través de elecciones amañadas o fraudulentas, en el mejor de los casos y en otros reelectos por aclamación, sino que han acumulado a lo largo de años y décadas de charrismo sindical millonarias fortunas y un poder desmedido, como el que claramente ha tenido el mismo Romero Deschamps, pero también Víctor Flores en el sindicato Ferrocarrilero, o Víctor Fuentes del Villar, quien se apropió de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas (SUTERM) desde 2005 en que falleció su tío y sempiterno dirigente Leonardo Rodríguez Alcaine, por mencionar solo unos casos.

Así que no hay duda de que López Obrador habló y Romero Deschamps entendió por las buenas y a la primera; prefirió el “urnazo” antes que exponerse a un manotazo (“quinazo” o “elbazo”) del próximo presidente. Todo indica que abrir las elecciones por voto secreto de los líderes seccionales es el primer paso para una próxima elección, también democrática, del secretario general del STPRM y que Romero Deschamps podría someter su liderazgo al voto libre y secreto de los petroleros antes de 2024 en que termina oficialmente el último periodo para el que fue reelecto en diciembre de 2017. Sólo quedan entonces dos preguntas ante la nueva ola de democracia sindical que impulsa la “Cuarta Transformación”: ¿Se va a ir antes, para dar paso a una elección democrática, el sempiterno y millonario dirigente petrolero? y ¿si Elba Esther regresa a la presidencia del SNTE será también para impulsar una elección por voto directo y secreto de los maestros para una nueva dirigencia?
16 Octubre 2018 04:00:00
¿Quién paga la consulta?
El primer ejercicio plebiscitario del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, para consultar a la ciudadanía mexicana sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, se mueve, a 10 días de su realización, en el filo de la navaja. Dependiendo de la seriedad y rigurosidad con que se haga y se procesen sus resultados, esta consulta podría significar una nueva forma de tomar decisiones desde el poder sobre los temas públicos, escuchando y atendiendo la opinión de los gobernados; pero también, un ejercicio poco riguroso, se percibiría como un acto de demagogia en el que se simula un ejercicio de consulta para eludir el costo político y económico de lo que finalmente se decida.

Porque si bien el presidente electo dice que “no hay que tenerle miedo al pueblo” para que opine sobre los asuntos públicos –algo que en democracias avanzadas es práctica común– sí hay que ser cuidadosos de que un ejercicio de consulta a la ciudadanía sea tan pulcro y riguroso en sus procedimientos y protocolos, que sus resultados sirvan para dar luz y certidumbre sobre los temas de los que se inquiere a la opinión popular, y no sean un motivo más de duda, desconfianza o descalificación que más que transparentar y democratizar una decisión de gobier-no, dividan o polaricen más a la sociedad.

En la primera consulta lopezobradorista aún como gobierno electo, ya se sabe qué se va a preguntar, dónde se instalarán las mesas receptoras (en 538 municipios, 20% del total de municipalidades del país) quiénes recolectarán los votos (organizaciones civiles) y quiénes vigilarán el procesamiento de sus resultados (Fundación Rosenblueth y un Consejo Ciudadano formado por 18 académicos). Sólo resta saber el tamaño del interés y la respuesta ciudadana a la convocatoria presidencial para opinar sobre cuál de dos “opciones” se debe tomar para resolver la actual saturación del aeropuerto internacional de la CDMX: 1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, o 2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de utilizar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Será interesante ver qué tanto el debate sobre el aeropuerto ha permeado más allá de los habitantes del Valle de México y si despierta interés en otros estados de la República, o qué porcentaje de la ciudadanía decide participar en una consulta sobre un aeropuerto, en un país en donde sólo 30% de sus habitantes utiliza el avión como medio de transporte, mientras 70% nunca se ha subido a un avión (Encuesta de Parametría, julio de 2017), y en el que sólo 1 de cada 10 mexicanos elige la vía aérea como medio de transporte cuando hace turismo, según la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares.

Por lo pronto, mientras los preparativos ya caminan para la Consulta del 25 al 28 de octubre próximos, entre el equipo del presidente electo y los congresistas de Morena ya hubo una primera diferencia sobre quién pagará el costo de este ejercicio estimado en 1.5 millones de pesos. Ayer Jesús Ramírez, próximo coordinador de Comunicación Social del gobierno, dijo que ese dinero sería aportado por “los diputados y senadores de Morena”.

Pero la afirmación del vocero fue de inmediato negada por Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, quien dijo que “los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente”, mientras Ricardo Monreal, coordinador en el Senado, también rechazó que los senadores morenistas vayan a aportar fondos: “Nosotros no vamos a financiar nada, porque estamos en un proceso de austeridad, sólo dis-ponemos de nuestra die-ta”, afirmó.

Más tarde, Mario Delgado, quien acompañaba en Colima a López Obrador en su gira de agradecimiento, aseguró que los congresistas de Morena sí van a dar recursos para la consulta, pero lo harán en forma de “aportaciones voluntarias”, mientras que el presidente electo se congratuló de que la consulta se pague con dinero de los
legisladores de su partido y “no con el INE que ahí sí se necesitan costales de dinero”. ¿Entonces quién paga la consulta?

NOTAS INDISCRETAS…

En espera de la decisión que se tome con base en la consulta, los constructores que trabajan en Texcoco y el Grupo Aeroportuario de la CDMX estiman que si se cancelara Texcoco unos 40 mil trabajadores perderían sus empleos directos, además de los que tienen empleos indirectos ligados a esa obra.

Y si a eso se suma que varios desarro-lladores ya corrieron de la ciudad, ante la cancelación de proyectos inmobiliarios grandes anunciada por las alcaldías y el próximo gobierno capitalino, y que eso significa unos 10 mil empleos menos, la situa-ción en el Valle de México se puede poner complicada. Y si se optara por Santa Lucía los nuevos empleos que se generarían tardarían por lo menos un año en arrancar… Se baten los dados. Serpiente doble. Caída libre.
15 Octubre 2018 04:00:00
Manotazo de AMLO a la CNTE
Como se veía venir, el choque del presidente electo con sus aliados de la CNTE finalmente ocurrió. Andrés Manuel López Obrador durante un mitin, el sábado, se refirió a los líderes de la CNTE como “radicales de izquierda” y les advirtió que no rebasarán a su gobierno ni les entregará la nómina magisterial. “Va a ser directo el pago, para que le llegue el dinero a la gente”, expuso desde Mérida, Yucatán.

López Obrador no mencionó directamente a la Coordinadora, pero su crítica respondió a las diferencias y presiones de la disidencia que lo apoyó en su campaña. Fue tan fuerte y claro el mensaje a los líderes del magisterio disidente que hasta los comparó con los radicales de derecha: “A veces nos cuestionan los extremos: los radicales de derecha, que son furibundos, y los radicales de izquierda porque los extremos se tocan y la verdad es que hay muchos que no son radicales, que son conservadores”, dijo.

Lo irónico es que la única forma de realmente controlar a la CNTE es con los instrumentos de la reforma educativa que hoy López Obrador anuncia que va a cancelar. La capacidad de los líderes disidentes de chantajear y sacar recursos, depende de su fuerza para movilizar, y a su vez, su capacidad para movilizar depende del control que tengan sobre la vida de los maestros a través del ingreso, los cambios de escuela y las promociones.

Cuando advierte que no va a devolverles “la nómina magisterial”, sabe de lo que habla. Llegó a ser de tal magnitud el nivel de captura del presupuesto educativo, que la CNTE tenía reglas escritas en documentos con sellos oficiales del sindicato, que establecían el escalafón para conseguir ascensos en función de “su participación en las movilizaciones y en el trabajo político sindical”. En pocas palabras, quien más marchara y más lealtad mostrara, mayor probabilidad de ser director o supervisor. La pedagogía era lo último que les importaba.

El gran pleito de fondo de la CNTE con la reforma educativa no es por la evaluación de desempeño. Esa es de por sí impopular entre todos los maestros. La verdadera pérdida de control político está en las evaluaciones de ingreso y de promoción. Por ello, la llave del control sobre la CNTE está en el Servicio Profesional Docente. Y por lo mismo, la Coordinadora no va a descansar hasta que quede sepultado.

No quedarán satisfechos con la abrogación de la famosa “permanencia” porque al perder el control del ingreso y la promoción de los maestros, disminuyó su capacidad de movilizar. En 2013, cuando la CNTE se oponía a la aprobación de las leyes secundarias de la reforma, tuvieron la capacidad de movilizar a 60 mil maestros a la CDMX y mantenerlos cuatro meses en el Zócalo. Pero a partir de 2015, la SEP encabezada por Aurelio Nuño comenzó una estrategia basada en cortar los flujos de efectivo y los mermó económicamente.

Luego, la estrategia siguió en dividirlos: nunca dialogar con todos juntos, siempre por separado para, como ellos dicen, agudizar sus contradicciones. Después se abrieron los primeros concursos de ingreso y promoción para que los maestros que quisieran una plaza ya no estuvieran condicionados a marchar sino simplemente a ganarla en un examen.

Por eso en 2016 la CNTE decidió echar su resto, pero ya no pudieron movilizar a tanta gente. “Sólo” alcanzaron cerca de 25 mil y a la CDMX pudieron traer cerca de 5 mil. Y ante ese debilitamiento optaron por bloqueos carreteros. Con menos gente hacían mucho daño.

Cuando llegaron las campañas presidenciales la CNTE vio en López Obrador un aliado natural, mientras que el tabasqueño también encontró utilidad electoral en el magisterio disidente.

El problema es que los volvieron a acelerar con la promesa de abrogar la reforma y cuando lo hagan la CNTE festejará, pero más temprano que tarde regresarán a su dialéctica: movilización-negociación-movilización, como empezaron a hacerlo, y sin los controles que habían logrado la reforma, se recuperarán y tratarán de arrebatarle al nuevo gobierno el control del sistema educativo.

El problema es que lo mismo puede pasar con el SNTE si vuelve Elba Esther Gordillo a presidirlo.

Por eso el “manotazo” de López Obrador tiene sentido. Si no los para ahora, tanto los “radicales de izquierda” de la CNTE, como los ambiciosos elbistas del SNTE, pretenderán volver a los tiempos de Calderón cuando ambos tenían control absoluto de la educación ¿Lo permitirá la Cuarta Trasnformación? El mensaje de Mérida dice que no.
09 Octubre 2018 04:00:00
Esteban y la ingenuidad
El 9 de febrero de 1995, cuando negociaba en secreto la paz con el subcomandante Marcos, a Esteban Moctezuma lo sorprendió el anuncio en cadena nacional, ordenado por su jefe, el presidente Ernesto Zedillo, de la liberación de órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN encabezados por Sebastián Guillén Vicente, verdadera identidad del jefe encapuchado. El reproche público de Marcos en la carta del 2 de febrero de aquel año, donde lo acusaba de engañarlos y de sólo “haber ganado tiempo para el golpe militar” mientras le restregaba: “Tal vez nos equivocamos con usted”, marcarían al entonces secretario de Gobernación con un halo de ingenuidad que después le costaría su salida del cargo.

Esteban no se recuperaba todavía de la mala jugada de Roberto Madrazo, a quien había recibido el 17 de enero anterior en el despacho de Bucareli para comunicarle la orden de Zedillo de que renunciara a la gubernatura de Tabasco y diera paso a un gobernador interino, a cambio de ser nombrado titular de la SEP. Madrazo salió de la oficina habiendo aceptado su renuncia, exigida por el entonces dirigente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, a cambio de firmar ese mismo día el Acuerdo Político Nacional con Zedillo; pero en lugar de ir a Villahermosa a renunciar, Roberto se fue al rancho de Carlos Hank González y desde ahí el mexiquense organizó la rebelión “contra el centro”, donde empresarios, comunicadores, líderes del PRI tabasqueño y congresistas tomaron Villahermosa para exigir la permanencia de Madrazo en la gubernatura y sacar a golpes a los perredistas de la plaza principal.

En esas 3 semanas se escribió la caída de Moctezuma del Olimpo zedillista y su abrupta salida de Gobernación por una “isquemia cardiaca”, a pesar de que 3 años después iría al Senado y luego volvería al Gabinete como titular de la Sedesol, para después ir a coordinar la fallida campaña del candidato Francisco Labastida y, tras la histórica primera derrota del PRI, retirarse de la política en 2000 y refugiarse desde entonces en la Fundación Azteca.

Hoy que ha vuelto a las ligas mayores de la política, como futuro secretario de Educación Pública, muchos celebraron su regreso y apostaron a que en esos 18 años el que fuera el joven “delfín” del presidente Zedillo había madurado y ya no pecaría de la ingenuidad política. Y hasta ahora había mantenido una buena imagen y se le veía como uno de los integrantes más moderados, experimentados y sensatos del próximo Gabinete.

Pero después de lo que ocurrió el domingo en el XVIII Foro de Educación Participativa en Acapulco, donde maestros de la Ceteg, inconformes con la presencia de delegados del SNTE cercanos a Elba Esther Gordillo, le reventaron a sillazos y con violencia el encuentro en el Centro de Convenciones aun antes de iniciar, hay quienes se preguntan si Moctezuma no ha vuelto a pecar de la misma ingenuidad política. Porque a pesar de que llevaba ya 17 foros en donde las cosas no le habían salido mal, el hecho de llegar a Guerrero, uno de los bastiones más fuertes y radicales de la CNTE y su filial Ceteg, debieron haber hecho que don Esteban y su equipo previeran una situación ríspida.

Incluso desde el Gobierno del Estado alertaron a Moctezuma del riesgo de un ataque de los radicales de la Ceteg si no se operaba adecuadamente la lista de asistentes al encuentro e incluso buscar un lugar, una logística y una organización menos expuesta a la que hicieron en el Centro de Convenciones (hoy Centro Internacional Acapulco). Pero ni el futuro titular de la SEP ni sus colaboradores atendieron las advertencias y los riesgos y al final la imagen de maestros disidentes arrojando sillas y mentadas contra los “charros” elbistas del SNTE, significaría un duro golpe para los foros, justo el mismo día que se anunciaba la cancelación de otros foros lopezobradoristas, los de la paz.

Hasta ahora, Moctezuma no había tenido tropiezos con sus foros que, ayer mismo dijo, continuarán a pesar de las agresiones en Acapulco. Ojalá que la próxima vez que vaya a un bastión de la CNTE más radical, como Michoacán o Oaxaca –porque en Chiapas ya libró el arranque–, el próximo secretario sea más precavido y menos confiado en la civilidad de grupos y facciones del magisterio disidente que, con el anunciado regreso de Elba Esther Gordillo, se van a radicalizar en sus demandas ahora contra la lideresa revivida.

08 Octubre 2018 04:00:00
¿Y la oportunidad a la paz?
Si el concepto de “crisis” aplica para un gobierno electo, el de Andrés Manuel López Obrador, sin ejercer aún formalmente el poder, enfrenta la primera situación crítica desde que ganó con enorme apoyo popular la Presidencia de la República. Lo que empezó como una “llamada de atención” por los cuestionamientos a la “boda fifí” de su colaborador César Yáñez, para el fin de semana había tomado ya dimensiones de escándalo nacional e internacional, alcanzando en redes y medios de otros países el nivel de difusión e impacto de temas como la Casa Blanca de Peña Nieto.

Hasta ahí el tema crítico impactaba no sólo la imagen, sino el ánimo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo que salir a hablar de un asunto que, dijo, no era público, sino de vida privada y en el que “yo no me casé y sólo fui invitado”. Pero la decisión, horas después, de cancelar los “Foros para la Paz con Justicia y Dignidad”, aunque sin aparente relación, aumentó la percepción de una “crisis” en el gobierno entrante, por ser una de las iniciativas torales de la próxima administración y de donde saldrá la propuesta para una nueva estrategia de seguridad y contra la violencia del narcotráfico y la justicia para víctimas del delito y sus familias en el país.

De los 12 encuentros anunciados el 21 de julio por López Obrador, para atender y escuchar a las víctimas del delito, a sus familiares, además de expertos y organismos sociales sobre con sus propuestas y demandas para enfrentar la crisis de inseguridad y violencia en el territorio nacional y “devolver la paz” a la República, sólo pudieron llevarse a cabo 7 y ayer el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, uno de los responsables de la organización de los foros, anunció la cancelación de cinco mesas restantes que ya no se llevarán a cabo y que coincidían con algunos de los lugares con mayores problemas de violencia en el país: Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Sinaloa y Veracruz.

El argumento oficial para cancelar los Foros de Paz fue que el Gobierno entrante daría prioridad ya al “Plan de Seguridad” que presentará el 24 de octubre junto con dos iniciativas de Ley una para la Justicia, reparación y no repetición a las víctimas, y otra para la Amnistía. Durazo dijo que los Foros se cancelan de manera presencial, pero que la gente que tenga propuestas podrá hacerlas llegar de manera digital y a través de una página web para que sean tomados en cuenta al momento de elaborar los documentos e iniciativas sobre seguridad y justicia.

Pero detrás de las razones oficiales para dar por terminados los ejercicios de “Escucha” que comenzaron el 7 de agosto en Ciudad Juárez, hubo varias razones que abonan a la idea de “crisis” en el gobierno electo. Porque si bien los Foros fueron un ejercicio novedoso y fresco en un país donde a las víctimas no se les escucha ni se les garantizan mecanismos de reparación y de no revictimización, también es cierto que el tamaño del problema y del dolor y los reclamos de justicia a lo largo del país terminaron por volverse una enorme catarsis que rebasó la capacidad del nuevo gobierno y hasta puso en duda el discurso del “perdón” lopezobradorista ante el tamaño de la “sed de justicia” que recorre el país.

Y si a los ríos de quejas, gritos y reclamos que inundaron los Foros, se le suman las luchas internas que afloraron en su organización en el equipo de gobierno, se entiende que su cancelación no fue sólo un tema de tiempos y premuras, sino una suerte de “manotazo” del mandatario electo ante lo complicado que resultó el tema. Porque, desde su origen, la iniciativa para la paz se topó con una lucha de egos y competencias entre Alfonso Durazo, responsable del área de seguridad, y el equipo de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, en Gobernación. El jaloneo entre las dos áreas, que además se disputaban la política de seguridad que le fue arrebatada a la Segob en el desmantelamiento casi total que sufrió, fue constante. Desde el inicio Durazo empujó la idea de foros “con audiencias controladas”, al “estilo del IEPES del PRI” –decían sarcásticamente los de Segob– mientras que Cordero y Encinas obligaron a abrir “espontáneamente” los foros a cualquiera que tuviera algo que decir y proponer.

El resultado terminó siendo un caos en los Foros, que hizo crisis cuando el 14 de agosto en Morelia, José Manuel Mireles, líder de autodefensas abandonó el evento cuestionando que era “una farsa” y un ejercicio controlado donde no estaban las verdaderas víctimas. El problema fue que cuando se impuso la visión de Segob y se eliminaron los controles, el ejercicio se volvió una suerte de “talk show” donde a la catarsis de víctimas y familiares (gritos, llantos y hasta desmayos) se sumaron la presencia de “oportunistas” y abogados que han hecho de las demandas de reparación un jugoso negocio.

Así que si el ejercicio para escuchar a la agraviada sociedad mexicana en sus reclamos de seguridad, justicia y fin de la violencia se quedó a medias, esperemos que no ocurra lo mismo con la promesa de devolver la paz a un país cansado de la guerra y la injusticia.
06 Octubre 2018 03:00:00
El exilio español de Peña
Un rancho en el sur de España, ubicado entre las ciudades de Sevilla y Málaga, será el destino a donde se vaya a vivir Enrique Peña Nieto al terminar su presidencia el próximo 1 de diciembre. Ya en su condición de expresidente, el mexiquense tiene planeado radicar en territorio español por lo menos un año, después del cual volvería a su casa en el Estado de México.

El rancho es propiedad de un empresario mexicano amigo de Peña, quien le ha ofrecido acondicionarlo para su estancia temporal a fin de que el exmandatario pueda vivir cómodamente mientras se adapta a la vida fuera de Los Pinos.

La región donde se ubica el rancho, confirma un colaborador cercano de la Presidencia, es una zona boscosa de pinos y abetos, que guarda parecido con los bosques de Valle de Bravo, razón por la cual le gustó a Peña Nieto para pasar los primeros meses de su expresidencia en un exilio voluntario, mientras se mantiene alejado del ojo público en México y de la política nacional.

La fuente que confirmó los preparativos dijo que el traslado del Mandatario mexicano a su nuevo lugar de residencia ocurriría a finales de este año o principios del próximo y no supo precisar si Peña viajará y vivirá solo en el sur español o si alguno de los miembros de su familia vivirá con él.

En todo caso, lo que es un hecho es la decisión del Presidente saliente de poner tierra de por medio y pasar sus primeros meses como exmandatario fuera del país, seguramente en lo que se asientan las aguas, él se adapta a su nueva realidad y mientras arranca el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Decía el guatemalteco Augusto Monterroso que “el exilio es uno de los grandes bienes que puede recibir un escritor”, mientras que para los políticos las razones para emprender el exilio suelen ser distintas y casi siempre necesarias. En el caso de Peña está claro que su exilio es voluntario, pero ¿será también necesario? Al menos sí es prudente.

El que se va y el que se queda. Y mientras, reza la canción, “el que se va se va suspirando y el que se queda”… aún no llega y ya está trinando. Y es que al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a dos meses de asumir el cargo ya le pegó un primer escándalo relacionado no con un error suyo, pero sí de uno de sus colaboradores más cercanos.

La lujosa boda de César Yáñez, su incondicional vocero de los últimos años y designado como futuro coordinador de Política y Gobierno de la Oficina Presidencial, que ya había sido un tema de críticas y cuestionamientos desde la semana pasada que se llevó a cabo, por lo ostentoso de la celebración del evento, que aunque privado y pagado con recursos propios (de la novia empresaria, según se dijo), fue contrastado en las redes sociales y los medios con el discurso de austeridad del lopezobradorismo.

Y aunque en un principio la crítica fue desestimada en el Gobierno electo, con el argumento de que no se trataba de recursos públicos ni Yáñez era aún funcionario, el asunto dio un giro altamente negativo para López Obrador, que fue padrino de la boda, cuando los felices novios aparecieron en la portada de la revista ¡Hola!, esta semana.

El impacto de la pareja de recién casados en la publicación favorita de las élites mexicanas –donde antes se cuestionó duramente la aparición de políticos como Peña Nieto y su familia– fue brutal. En un recuadro aparecía además el presidente electo y su esposa llegando a la boda y la portada se volvió viral mientras el escándalo trascendió a la prensa internacional. El periódico inglés The Guardian cabeceó en su edición digital: Frivolidad y Excesos: AMLO de México bajo Fuego por la Lujosa Boda de un Ayudante, luego el influyente diario británico reseñaba: “Los críticos atacan al presidente electo de izquierda por asistir a la boda del aliado César Yáñez y Dulce Silva, quienes hicieron una portada de ¡Hola!”.

La molestia de López Obrador ante la dimensión que tomó este escándalo se hizo evidente cuando tuvo que declarar al respecto, a petición de la prensa: “Yo no me casé, yo sólo fui invitado, asistí, cada quien es responsable de sus actos”, dijo el jueves en Morelos, donde argumentó que la cuestionada boda “no fue una acción de Gobierno”, sino un evento social privado, y acusó a sus adversarios de “andar buscando cualquier posible error para hacerle crítica”.

Fuentes de Morena aseguraban ayer que sí hubo enojo de Andrés Manuel por la aparición de la portada del ¡Hola! que hace suponer que su colaborador Yáñez y su nueva esposa pudieron haber vendido los derechos de su boda a la publicación de sociales. “No le gusta el protagonismo, le molesta sobremanera, siempre recomienda a sus colaboradores más cercanos evitar el protagonismo”, dijo un integrante del Gobierno electo.

Y es que dentro de Morena no pocos califican de un “error monumental” lo hecho por César Yáñez sobre la excesiva ostentación y difusión de sus terceras nupcias matrimoniales, en algo que, afirman, causa extrañeza por el perfil casi siempre bajo y discreto que ha mantenido por años el vocero de López Obrador. “Si todo fue obra de su esposa, los lujos y costos excesivos de la boda y la aparición en la revista favorita de los Peña, entonces la señora ya le provocó un problema serio a su esposo”, comenta la misma fuente morenista, que no descarta que toda esta ola mediática pueda tener un costo político para Yáñez en el equipo lopezobradorista.

Por lo pronto, Yáñez y Dulce Silva, la pareja mediática y política que acaba de ocasionarle al futuro Presidente su primer gran escándalo en la prensa nacional e internacional, se fue un mes de luna de miel. Esperemos que no los veamos nuevamente en las páginas de ¡Hola! asoleándose en un yate por las islas griegas o paseando por la Riviera francesa, porque entonces sí la “responsabilidad de los actos de cada quien” podría ser muy alta.


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04 Octubre 2018 04:00:00
¿Mayorías rebeldes en el Congreso?
El sistema parlamentario mexicano, que apenas en los últimos 20 años comenzó a consolidar su autonomía y a librarse del yugo del presidencialismo omnímodo que lo controló durante décadas con las primeras mayorías opositoras y los gobiernos divididos a partir de 1997, vive hoy el regreso de una hegemonía política y absoluta de un solo partido. Pero a diferencia de las mayorías absolutas de la era priista, que eran dóciles, casi uniformes y allanadas siempre a los designios del presidente en turno, hoy las mayorías de Morena, tan diversa y amplia en su integración, registran un comportamiento distinto en el que la existencia de grupos y corrientes internas rebasa por momentos a los liderazgos de las fracciones.

No hay duda de que las bancadas morenistas que controlan el Senado y la Cámara de Diputados apoyan e impulsan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero también comienzan a mostrar ciertos signos de rebeldía y de decisiones propias con las que reivindican sí su papel como congresistas autónomos, pero al mismo tiempo que le generan problemas al presidente electo, presionan, doblegan y ponen en jaque a los líderes parlamentarios, que ya en varios temas, discusiones e iniciativas han sido rebasados por sus diputados y senadores, literalmente por la izquierda.

En apenas un mes de la LXIV Legislatura hay ya varias muestras de que las mayorías de Morena, por más que nos recuerden a las de los priistas del antiguo régimen, no se comportan igual, ni se mueven por los mismos principios y traen una nueva dinámica que rompe los esquemas, que modifica los usos y costumbres del Congreso mexicano y que, en ocasiones, violentan las normas parlamentarias.

Los ejemplos comenzaron desde el arranque de la Legislatura con la votación de la licencia del senador Manuel Velasco. El desaguisado y caos parlamentario que se generó con un asunto que era “de trámite”, tuvo que ver con la rebelión de una parte importante de la bancada de Morena, encabezada por el presidente del Senado, Martí Batres, en contra de su coordinador, Ricardo Monreal, que ya había negociado en la Junta de Coordinación la aprobación para Velasco. Ese fue el primer aviso de que, por más leales que sean a López Obrador, los congresistas de Morena no son necesariamente una mayoría dócil.

Luego, en la Cámara de Diputados, donde ya desde la sesión de instalación del Congreso, el 1 de septiembre, los legisladores de Morena mostraron un nuevo perfil y comportamiento al corear consignas, tomar la tribuna y atacar a las fracciones minoritarias. Pero el primer tema en el que los diputados morenistas se fueron casi por la libre fue la aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la que, si bien siguieron la máxima de la “austeridad republicana” de López Obrador y se anotaron un triunfo con el voto casi unánime de la oposición, se olvidaron de un pequeño detalle: consultar a las cabezas del gobierno electo para no sorprenderlos (sobre todo a las hacendarias y políticas) con disposiciones y topes salariales que en la ley suenan muy bien, pero que en la práctica amenazan convertirse en un problema para el funcionamiento de la próxima administración si proliferan renuncias, jubilaciones anticipadas y hasta amparos y controversias legales en áreas técnicas del Gobierno, organismos autónomos (como ya empezó el INEGI) y en conflictos con otros poderes como el Judicial.

Y el ejemplo más reciente de las rebeliones en las mayorías parlamentarias ocurrió tanto en el Senado como en San Lázaro, con la integración de comisiones, donde los grupos internos, comandados por personajes como Batres entre los senadores y Dolores Padierna entre los diputados, agitaron a sus respectivas bancadas y le impusieron a los coordinadores Monreal y Mario Delgado las presidencias de comisiones importantes.

Ayer mismo, en San Lázaro, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, Dolores Padierna volvió a mostrar su fuerza al cerrar la comparecencia con un discurso a nombre de Morena, cuando había un acuerdo de la Junta de Coordinación para el formato de la comparecencia, que no incluía ese último mensaje, lo que desató gritos y quejas de diputados del PRI y PVEM. “Aquí doy yo la palabra y estoy en el uso de la palabra, usted no me puede interrumpir. Pido a los diputados guardar silencio, guardar compostura, sentarse, porque este fue un acuerdo de la Mesa Directiva”, dijo Padierna para callar a los priistas que gritaban por la violación al formato. “Íbamos a concluir con la intervención del diputado Ramírez Cuéllar porque estamos en el Poder Legislativo y el Poder Legislativo es el último que tiene la palabra, no el Poder Ejecutivo, por eso estoy hablando yo a nombre del grupo mayoritario en esta Cámara”, sentenció la diputada morenista.

Es decir, que por encima del fuerte liderazgo del presidente López Obrador o las pugnas internas por los liderazgos parlamentarios, las nuevas mayorías en el Congreso mexicano tienen sí un proyecto político claro, pero también, en su amplitud y diversidad de orígenes, grupos e intereses, las veremos a veces rebelarse y cobrar vida propia.
02 Octubre 2018 04:00:00
El embrollo de los sueldos reducidos
Aprobada hace mes y medio casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y celebrada por la mayoría de Morena y por el gobierno electo como el primer gran paso rumbo a la “cuarta transformación” de la vida pública de México, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impuso un tope legal obligatorio de 108 mil pesos a los sueldos de los funcionarios y gobernantes del Estado mexicano, ha empezado a dividir opiniones en el equipo cercano de Andrés Manuel López Obrador por los efectos que puede provocar en la estructura actual del Gobierno federal, como renuncias masivas, controversias legales y hasta amparos de organismos autónomos y de otros poderes que podrían generar un caos en la administración federal en el arranque del nuevo Gobierno.

Aunque hay un sector que insiste en que la ley debe promulgarse y aplicarse “a rajatabla”, con todo y sanciones penales y multas para organismos o Poderes que se nieguen a acatarla (como el caso del Inegi que recién aumentó sueldos de sus directivos en franca oposición a esa ley) bajo el argumento de que “su aplicación es fundamental para hacer realidad el proyecto de austeridad republicana” que busca un cambio en la concepción del servicio público, hay otra corriente que ha alertado al presidente electo que la aplicación de la nueva legislación debe ser gradual y que deben buscarse algunas “salidas legales” para evitar conflictos legales con otros poderes y organismos autónomos, además de una afectación en algunas áreas específicas del Gobierno por la pérdida o renuncia de personal técnico o especializado.

Ese choque de posiciones, que ilustra muy bien el dato que ayer daba en estas páginas el periodista Mario Maldonado, en su columna Historias de NegoCEOs, sobre una comunicación interna en la que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, promueve la elaboración de un amparo de funcionarios del Poder Judicial en contra de la reducción de sus salarios, es parte de lo que llevó a operadores políticos de alto nivel del gobierno electo a buscar una “salida política” para que la aplicación de la Ley de Remuneraciones pudiera considerar algunas excepciones o modificaciones al tope de los 108 mil pesos, sin que López Obrador tuviera que pagar algún costo por tratarse de una de sus propuestas de campaña.

Una fuente cercana a esas negociaciones asegura que los operadores lopezobradoristas buscaron a personajes del actual Gobierno de Peña Nieto para plantear la posibilidad de que desde el actual gabinete se buscara impulsar que un grupo de diputados, formado por las fracciones minoritarias del PAN, PRI, PRD, MC y PVEM, que pudieran reunir un tercio de los diputados necesarios para presentar una “acción de inconstitucionalidad” o una “controversia constitucional” ante la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Remuneraciones y a partir de ese recurso los ministros se encargaran de congelar su aplicación y eventualmente solicitar su derogación al Congreso.

Pero cuando el planteamiento llegó tanto a los diputados de oposición como a la Corte, en ambos casos rechazaron asumir el “enorme costo político” que tendría ante la sociedad ser los promotores o los autores de la derogación de una ley que tiene tan amplio respaldo ciudadano por como se vendió política y mediáticamente como un tema de obligada austeridad en el Gobierno. “Y nosotros ¿por qué tenemos que cargar con el rechazo popular que generaría una medida como echar abajo una legislación como esa?”, comentaron ministros de la SCJN que se negaron a participar en la operación que promovían desde el círculo cercano de López Obrador.

Hoy el asunto está entrampado para quienes buscan la “salida legal” a los problemas y conflictos que puede generar la nueva ley, mientras los grupos que buscan la implementación a como dé lugar del nuevo tope salarial empujan su promulgación, aunque todo indica que tendrán que esperar hasta después del 1 de diciembre porque en el actual gobierno de Peña no piensan promulgarla en lo que resta de su administración. Y el problema es que, como ya lo hizo el Inegi, otros organismos autónomos, sindicatos de burócratas o incluso poderes como el Judicial que están en contra del tope y la disminución de sus salarios, podrían ampararse o dictar medidas administrativas y salariales apelando a que no se les puede aplicar retroactivamente la Ley de Remuneraciones. Vaya embrollo el que se viene para el comienzo del nuevo gobierno.

NOTAS INDISCRETAS… La decisión del Tribunal Electoral federal de mantener el resultado de las elecciones en Coyoacán y Querétaro, en contra de las impugnaciones de Morena, parecen ser un aviso de la posición mayoritaria que se avecina entre los magistrados federales ante el recurso de nulidad en Puebla. Si el recuento total de los votos confirmó el triunfo de Martha Erika Alonso (“haiga sido como haiga sido”, diría el clásico) va a ser muy difícil que el Tribunal Federal acepte otorgar la anulación de Puebla, como lo demanda el excandidato de Morena, Miguel Barbosa… Los dados mandan Escalera doble. Bueno el tiro.
01 Octubre 2018 04:00:00
AMLO a gobernadores, apapachos e inversiones
La gira de “agradecimiento” de Andrés Manuel López Obrador por toda la República, en la que agradece el apoyo mayoritario el 1 de julio, también podría llamarse la gira de los “apapachos” a los gobernadores. Porque en cada entidad que visita, el futuro mandatario primero anuncia públicamente las inversiones, obras y proyectos que su gobierno destinará al estado, y luego a los gobernadores les dedica elogios, reconocimientos y una notoria cortesía política en reuniones privadas con diputados y senadores de Morena, en las que llama a los morenistas a respetar la figura del gobernador y les repite varias veces “el gobernador es el jefe político del estado y ustedes tienen que atender lo que él diga y consultarlo”.

En un intento por limar asperezas y terminar con cualquier rispidez que hubiera generado su decisión de nombrar a los nuevos “superdelegados” o coordinadores de programas estatales, López Obrador aprovecha para dejar claro a los gobernadores el respeto a su liderazgo y aclarar confusiones y enfrentamientos entre los coordinadores federales y los mandatarios.

Se trata de una fina operación política en la que se convoca al futuro coordinador estatal y a diputados y senadores de Morena, tanto a nivel local como federal a las reuniones con los gobernadores, en las que Andrés Manuel comienza siempre con un comentario elogioso hacia el gobernador, luego llama al trabajo conjunto de los legisladores de su partido –que son mayoría en varios estados– para decirles con claridad: “el único jefe político del estado es el gobernador y todos tienen que actuar siempre con el acuerdo de él”.

El caso más reciente ayer en Hidalgo, donde López Obrador se reu-nió con el gobernador priista Omar Fayad, los diputados de Morena y el próximo coordinador federal en el estado, Abraham Mendoza, a quienes hizo el llamado a respetar en todo momento la “jefatura política” de Fayad, mientras que en los eventos públicos anunció que los vagones que utilizará el Tren Maya serán construidos en los talleres de Ciudad Sahagún, además de una inversión de más de mil millones de pesos para la refinería de Pemex en Tula.

También en Baja California, donde el pasado 20 de agosto, López Obrador se vio muy afectuoso con el gobernador Francisco Kiko Vega. En presencia de funcionarios estatales y diputados federales de Morena, además del senador Jaime Bonilla, nombrado “superdelegado” en BC, el tabasqueño se dirigió expresamente a Bonilla para decirle frente a todos: “Quiero que respetes al gobernador; la jornada electoral ya terminó”.

Y es que en Baja California es más que evidente el enfrentamiento que sostiene Bonilla con el gobernador, a quien durante la jornada electoral, lo acusó de malos manejos. Bonilla, que ya es senador y a partir de diciembre será el superdelegado federal, seguía con su actitud bélica como en campaña. Por eso el llamado de López Obrador para que su coordinador estatal lleve la fiesta en paz con el gobernador.

Lo mismo en Sinaloa el 17 de septiembre, donde Andrés Manuel dio un espaldarazo al priista, Quirino Ordaz, a quien le hizo un reconocimiento y frente a los diputados morenistas y el coordinador estatal, José Jaime Montes Salas, hizo el mismo llamado a respetar “al único jefe político de Sinaloa” y a que cualquier decisión o inversión en el estado pase por la consulta del mandatario.

Claro que, hasta en los apapachos y los gobernadores hay niveles porque, aunque a todos los mandatarios les ha dado el mismo reconocimiento y apoyo durante su gira, a ninguno de ellos le ha ofrecido lo que el sábado, en plena Plaza de la Tres Culturas de Tlatelolco, le prometió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum: que el Gobierno federal absorberá el gasto de todos los programas sociales de la CDMX, con lo que al Gobierno capitalino le quedarían 20 mil millones de pesos liberados para invertir.

Así que, muchos apapachos y anuncios de inversiones, pero mientras muchos gobernadores “pican piedra” para ver cómo obtienen más recursos, a la jefa de Gobierno Sheinbaum, 50 años después del 2 de octubre del 68, no le llovieron balas sino millones de pesos. ¿El resto de los gobiernos recibirán el mismo trato en su gasto social o solo la CDMX?
29 Septiembre 2018 04:07:00
Caso Duarte: justicia que no es justicia
Como la mujer del César, la justicia, para que lo sea, no solo debe serlo, sino parecerlo. Y la sentencia que un juez federal le dictó al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, parece todo menos justicia. Porque aprovechando las “ventajas” del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el protagonista del mayor escándalo de corrupción de la era reciente de este país, cuyos desvíos millonarios de recursos públicos se han llegado a estimar hasta en 60 mil millones de pesos, obtuvo una pena mínima de cárcel y una multa tan ínfima, que, lejos de reparar el grave daño que hizo al erario federal y de su estado, es más bien una ofensa, una burla que indigna, enoja y lástima a una sociedad ya de por sí harta y agraviada por la corrupción de sus políticos.

“El caso Duarte es un duro revés para el Derecho, la decencia pública y la confianza social. Es una invitación a delinquir”, dijo Diego Valadés en la red social de Twitter. Y la frase del destacado jurista, catedrático e investigador de la UNAM resume certeramente el sentir de muchos mexicanos que ven con desencanto, desesperanza y decepción cómo un nuevo sistema de justicia penal, que se propone ser la solución y la salida a la profunda crisis de impunidad y falta de justicia que vivimos, termina siendo utilizado para favorecer, igual que lo hizo durante siglos el viejo sistema penal, a los más poderosos, a los que pueden pagar el precio de la justicia con influyentes y mañosos abogados que, aprovechándose también de una manca, ciega, torpe e inservible Procuraduría General de la República –con su aún más torpe encargado de despacho– convierten a un sociópata y saqueador mayor del presupuesto público, en un delincuente confeso y menor que, por su confesión –fingida, con expresión de burla en su sonrisa y sin el más mínimo asomo de arrepentimiento– obtiene beneficios casi tan enormes como la fortuna que amasó en 6 años de robarse los impuestos de los contribuyentes.

Porque con su fianza de 58 mil pesos –2 mil 376 libras esterlinas que su esposa y socia de saqueo, Karime Macías, puede sacar de un cajero en la esquina del lujoso barrio donde vive en Londres– Javier Duarte apenas si pagaría 600 pesos por cada mil millones de pesos que se robó, mientras que su pena de cárcel se reduciría de 9 a sólo 2 o 3 años por reducción de condena. ¿Puede eso considerarse justicia, aun cuando nos digan que fue algo “histórico” que un gobernador acusado de corrupción (asociación delictuosa y lavado de dinero) se declarara culpable ante un juez? Puede ser muchas cosas, pero menos justicia.

Tiene razón el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando se refiere al caso Duarte, casi en los mismos términos que antes lo hizo al de Rosario Robles, como un “circo”, un espectáculo jurídico-mediático en el que parece haber habido muchas intenciones, menos la de castigar realmente la corrupción de un gobernador que fue amigo y financiero de la campaña del actual presidente, Enrique Peña Nieto, y que pudo robar, saquear y desviar los miles de millones de pesos durante sus 6 años de gobernador bajo la mirada cómplice y complaciente del titular del Ejecutivo federal, que nunca actúo a tiempo contra su amigo a pesar de haber recibido avisos y documentos de la Auditoría Superior de la Federación, y solo dio la orden de que la PGR procediera contra él cuando el escándalo era insostenible y cuando Duarte ya había huido del país.

Por eso, detrás de la apariencia de “legalidad” y “justicia” de este fallo judicial, es inevitable pensar que la amenazas y advertencias que Javier Duarte mandó reiteradamente desde la cárcel, e incluso la sospecha de una negociación en su momento cuando fue capturado en Guatemala, en abril del 2017, estén detrás de su cómoda sentencia. “Si me hunden, yo voy a hablar”, llegó a decir un desquiciado y desesperado Duarte desde la prisión.

Y está claro hoy que no solo no lo hundieron, sino que pagaron su silencio con decisiones como reclasificarle el delito de “delincuencia organizada” por el de “asociación delictuosa” –por una supuesta dificultad para probarlo por parte de la PGR– y le abrieron el camino para una estrategia legal que le permitió beneficiarse de las rendijas y beneficios legales del nuevo sistema de “justicia” penal acusatorio.

Así que como en la historia que cuenta Plutarco, en sus Vidas Paralelas, Cayo Julio César se divorció de su esposa Pompeya Sila, al poco tiempo de ser ungido emperador, al enterarse de que esta había acudido a una saturnalia u orgía sexual, y cuando otras damas de la aristocracia le pidieron disculparla porque ella había acudido solo como observadora, pero no había participado, el emperador pronunció la frase de que “La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino además parecerlo”.

Y la justicia impartida en el caso de corrupción de Duarte ni es ni parece justicia y, en una de esas, la indignada y ofendida sociedad mexicana termina también divorciándose tempranamente de su flamante Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
27 Septiembre 2018 04:00:00
Sexting en el Senado
A propósito del escándalo del senador Ismael García Cabeza de Vaca y el uso de supornochat en plena sesión legislativa, una fuente confiable del Senado de la República, que tuvo a su cargo el manejo del grupo de edecanes que durante varias legislaturas operaron en ese cuerpo legislativo, asegura que la práctica del sexting entre los senadores no es algo nuevo ni exclusivo de algún partido. “El sexting lo practican más de dos terceras partes de los senadores (lo que en términos parlamentarios sería una mayoría calificada), pero no a todos los atrapan en plena sesión”, dice esta persona que trabajó coordinando al grupo de chicas que atienden a los senadores mexicanos durante sus sesiones y reuniones de trabajo y que, aunque al inicio de la actual legislatura la mayoría de Morena dijo que serían “resignadas a otras labores”, han vuelto ya a prestar sus servicios a los congresistas.

Y aunque de esa relación entre los senadores y las edecanes se ha cuestionado no sólo su costo de 3.8 millones de pesos al año, sino las denuncias en 2016 de “acoso sexual y laboral” por parte de legisladores a estas mujeres, según un grupo de trabajadoras del Senado que acusaron estas prácticas ilegales y luego fueron amenazadas y presionadas para que presentaran su renuncia, el tema de escándalos sexuales entre los congresistas mexicanos, incluidos los diputados, tampoco es algo nuevo ni se relaciona exclusivamente con un partido político.

Es cierto que el caso del senador tamaulipeco, por encima de su filiación política, es cuestionable no desde el punto de vista moral ni porque reciba fotos de una mujer en su celular, sino desde el terreno de la ética de un representante popular y un servidor público. Primero porque Cabeza de Vaca estaba en una sesión legislativa mientras atendía asuntos de tipo personal en su teléfono, que nada tenían que ver con la discusión en ese momento en tribuna; segundo, porque se evidencia la total incongruencia de un legislador federal que, al mismo tiempo que porta un moño que simboliza una condena “a la violencia contra las mujeres”, participa de una conversación que versa sobre trata de personas y esa misma violencia misógina hacia la mujer al mencionar la presunta existencia de un “padrote”, que no es otra cosa que un proxeneta que se dedica a la explotación sexual de mujeres, en muchos casos asociada también al maltrato y la violencia de sexoservidoras.

Pero sin caer en linchamientos políticos o partidistas, no se puede dejar de mencionar la pertenencia de este senador a un partido como el PAN, que históricamente ha asumido entre sus principios la defensa de temas que van desde la moralidad pública, hasta la dignidad humana, la defensa del matrimonio y de la familia, entre otros “valores” que defiende la ideología demócrata cristiana que dice abanderar el panismo. Ni tampoco que no es el primer escándalo de tipo sexual en que se ven involucrados congresistas de Acción Nacional, pues está el caso documentado en video de un grupo de diputados blanquiazules que, con motivo de una reunión plenaria, organizaron una fiesta en una casa rentada en Puerto Vallarta en agosto de 2014 en la que contrataron sexoservidoras, en un escándalo que le costó el puesto al entonces coordinador parlamentario, Luis Alberto Villarreal, grabado bailando con una de las mujeres contratadas, mientras los demás diputados (“disputables” los llamó la prensa) le gritaban animados “¡Ánimo Montana!”.

Hoy el escándalo de Ismael García Cabeza de Vaca, un panista de muy reciente cuño, quien además es hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rebasa lo meramente anecdótico o el debate sobre la “doble moral” de los políticos mexicanos. En un país donde 66% de las mujeres mexicanas ha sufrido violencia de tipo sexual, física, emocional o laboral, según la última Encuesta de Dinámica de los Hogares del Inegi, donde 9 mujeres son asesinadas cada día en lo que va de este 2018, según la CNDH, y en donde 71% de las víctimas de trata son mujeres y de ellas 20% son niñas y adolescentes, el que un senador promueva este tipo de violencia y la trata en pleno recinto legislativo sí debe llamar la atención y si no hay no hay sanciones legales o administrativas en el Senado, por la laxitud de las leyes, sí debe haber una condena pública y un rechazo contundente a este tipo de prácticas y actitudes entre quienes hacen las leyes que deben perseguir y castigar esos delitos de género. No hacerlo nos confirmaría como un país de cínicos con un Congreso de proxenetas, alcahuetes y simuladores.
25 Septiembre 2018 04:00:00
Drogas, legalización y narcoestado en México
La propuesta de la Comisión Global de Política de Drogas, que urge a México a modificar sus políticas antinarcóticos para evitar el riesgo de convertirse en un “narcoestado”, es un nuevo llamado internacional para revisar los paradigmas y las políticas prohibicionistas que han llevado a nuestro país al borde del caos y la violencia del narcotráfico. El saldo de 12 años de una fallida “guerra” contra los cárteles de la droga sólo le ha traído al país muerte, inseguridad y descomposición social por la ejecución violenta de casi 250 mil mexicanos, la desaparición de más de 37 mil personas y un gasto total para el país que se calcula en más de un billón de pesos en el combate a las drogas, sin que hayan disminuido ni la producción ni el tráfico y mucho menos su consumo y el negocio multimillonario de la organizaciones criminales que la controlan.

Es evidente que el llamado del grupo de expertos que conforman la citada Comisión Global, entre ellos varios expresidentes latinoamericanos que vivieron de propia mano el fenómeno del narcotráfico y sus efectos corrosivos en las sociedades y la paz de sus países, ya no es ni siquiera para el Gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, sino para el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que parece estar mucho más receptivo a un cambio histórico en las políticas públicas con que se ha enfrentado hasta ahora el problema de la producción, el tráfico y hasta el consumo de drogas ilegales. Ya personajes del gabinete del presidente electo, como Olga Sánchez Cordero y Juan Ramón de la Fuente, han anticipado que, bajo la administración lopezobradorista México buscará impulsar ante la ONU un “cambio de paradigmas” en las políticas prohibicionistas, para avanzar hacia un esquema de “despenalización” de algunas drogas como la mariguana y la amapola con fines medicinales.

Y es que a estas alturas el debate sobre la legalización o no de las drogas en México, que ha sido largamente aplazado y manipulado por los últimos gobiernos, ya parece algo completamente rebasado ante la realidad de la violencia criminal asociada a los grupos del narcotráfico. Peña Nieto no sólo fue un reacio opositor a cualquier posibilidad de discutir cambios en la política antidrogas, sino que con la continuación de la misma estrategia de confrontación armada directa contra los capos de la droga, sin inteligencia financiera ni combate real al lavado de dinero, lo único que provocó fue escalar y generalizar los niveles de violencia en casi toda la República, superando incluso las cifras de homicidios violentos, desapariciones e impunidad registradas en el sexenio de su antecesor Felipe Calderón.

Todavía ayer que los expresidentes de la Comisión Global de Política de Drogas alertaban del grave peligro que corre México si no modifica urgentemente su política antidrogas, el presidente Peña hablaba en un foro internacional sobre “cómo combatir el sargazo” en las playas del caribe mexicano, mientras aquí su exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se decía en contra de cualquier esquema de legalización “porque eso no va a terminar con la inseguridad ni la violencia”.

En tanto el expresidente Ernesto Zedillo reconocía, en la presentación del Informe de la citada Comisión Global, que en su sexenio “apliqué políticas equivocadas en materia de drogas. La prohibición está mal y está causando mucho daño”, afirmó el exmandatario mexicano.

La pregunta es hasta dónde el Gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador va a ahondar en la ruta de un cambio real de paradigmas y políticas prohibicionistas que hasta ahora sólo ha logrado que le entreguen, como él mismo lo dijo recientemente, un país en una grave crisis de seguridad con más de 80 ejecuciones diarias. ¿Será López Obrador el presidente que saque a México de una guerra que siempre estuvo perdida y se atreva a buscar nuevas fórmulas y políticas que nos devuelvan la paz y la tranquilidad perdidas?

NOTAS INDISCRETAS…Al dato del recuento histórico de la totalidad de los votos emitidos en la elección de gobernador en Puebla se sumará una novedad más: la transmisión en vivo y en directo, a través de la plataforma de internet del Tribunal Electoral federal, de la apertura de los 7 mil 123 paquetes electorales y el conteo voto por voto que se llevará a cabo tanto en la Ciudad de México como en Toluca. Anoche, en sesión privada, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron que el recuento inicie hoy a las 8 de la mañana y que sea transmitido en tiempo real a través del internet para dar “total transparencia” a esta medida histórica que busca devolver el principio de certeza a los comicios poblanos. Y de paso también evitan suspicacias y “sospechosismos” de los actores políticos involucrados en esta elección bajo la lupa…En la explanada de la Delegación Cuauhtémoc, el jefe delegacional Rodolfo González presentó ayer el tercer y último informe de labores correspondiente a su demarcación en el que hizo un balance de los tres años de la administración iniciada por Ricardo Monreal y concluida por él en el último año. González fue autocrítico al reconocer que deja dos graves pendientes en delegación más poblada de la CDMX: la seguridad pública, sobre todo por el crecimiento de la delincuencia organizada en la delegación, que es sede de los principales grupos del narcotráfico, la Unión Tepito y la Antiunión Tepito, y el comercio en vía pública que sigue siendo un problema sin resolver sobre todo en el Centro Histórico.
24 Septiembre 2018 04:00:00
PAN, guerra por el Senado
Definida prácticamente la lucha por la dirigencia nacional del PAN, tras el pacto “de unidad” sellado entre el anayista Marko Cortés y el senador Héctor Larios junto al grupo de gobernadores panistas del llamado GOAN, se recrudece ahora la disputa por ver quién se queda con la coordinación parlamentaria en el Senado. Los promotores de ese pacto se han comprometido a que la nueva dirigencia nombre a Rafael Moreno Valle como líder senatorial, mientras que el actual coordinador, Damián Zepeda, se resiste a ser removido y amenaza que “cualquier decisión que tome la nueva dirigencia tendrá que ser consultada primero con los senadores”.

La pugna no sólo se centra en ver quién se queda con el liderazgo de la segunda bancada en el Senado, sino también en definir cuál será el papel y la forma de conducirse de Acción Nacional como oposición ante la mayoría aplastante de Morena y del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ese es el debate que se está tratando de inducir en la fracción panista donde se plantea que, según quien encabece la coordinación, dependerá la visión que se tenga sobre el rol histórico que debe jugar su partido en la coyuntura actual: si ser realmente oposición o convertirse en comparsa de la apabullante mayoría morenista.

Y ahí es donde cada uno de los grupos que se pelean por el liderazgo de la bancada trata de plantear su propio argumento. Del lado de Damián Zepeda se asegura que “Rafael Moreno Valle se ha encargado de prometer a los integrantes del GPPAN –a los que busca coordinar tras el acuerdo para definir la sucesión en la dirigencia nacional– que para aminorar los devastadores efectos de la austeridad morenista y asegurar más recursos y prerrogativas, dinero, pues, se deben abandonar posiciones opositoras y negociar con la mayoría, o sea con Morena, para salir menos despeluzados”.

Incluso, los “damiancistas” afirman que el exgobernador de Puebla ha dicho que “urge negociar con Morena ¡antes de que nos gane el PRI!”.

“En otras palabras Moreno Valle no quiere que se le adelante el PRI o alguna otra fuerza política en eso de entregar votos, decisiones, y debates parlamentarios, a cambio de algunas monedas a entregar en forma de comisiones o beneficios tangibles en la administración de la Cámara de Senadores”, señala uno de los senadores cercanos a Zepeda.

En contraparte los senadores que apoyan la permanencia del actual coordinador dicen estar convencidos de que el mensaje de las urnas fue que sean la segunda fuerza política del país, y eso implica que sean capaces de conducirse como opositores, que den la pelea por los temas y, aunque pierdan las votaciones ante la mayoría de Morena, ganen los debates.

Y como ejemplo explican la decisión colectiva de los panistas de abandonar el pleno el jueves pasado tras la aprobación de lo que llamaron un “Acuerdo Mordaza” para disminuir el tiempo de sus participaciones en la tribuna.

Pero del otro lado, los morenovallistas dicen que la facultad de nombrar al coordinador es exclusiva de la dirigencia nacional y anticipan un cambio en la coordinación una vez que se consume la llegada de la fórmula de Marko Cortés y Héctor Larios.

“Damián Zepeda es un cínico, como dirigente del PAN no sólo perdió Hermosillo, su ciudad natal, sino que fue el presidente con los peores resultados, encima de que se autodesignó coordinador en contra de la opinión del resto de los grupos del partido”, afirman un senador afín al exgobernador de Puebla, quien sostiene que la designación del coordinador no la definen los senadores ni es un cargo “escriturado” a ningún coordinador, pues si el dirigente decide hacer un cambio, los estatutos le dan toda la posibilidad de hacerlo.

Veremos pues cómo se resuelve esta nueva pugna al interior de Acción Nacional y si el acuerdo entre anayistas y gobernadores del PAN que llevará seguramente a la dirigencia a la fórmula Cortés-Larios, alcanza para poner a Moreno Valle en la coordinación del Senado.

Porque el grupo de Zepeda busca atrincherarse para evitar su remoción y, aún en el caso de que no pudieran evitar la destitución del sonorense, buscarían evitar a toda costa la llegada del exgobernador poblano y antes buscarían impulsar algún otro nombre, en la lógica de que “hay senadoras y senadores con mucho más tablas y expedientes mucho más limpios para aspirar a esa coordinación”.

NOTAS INDISCRETAS… El rumor de que el gobernador reloaded, Manuel Velasco, se integraría al gabinete en la Semarnat, en lugar de la secretaria que habla con los “aludes”, Josefina González Blanco Ortiz Mena, pegó tan fuerte en Chiapas que rápidamente el mismo Velasco salió a desmentirlo en su cuenta de Twitter, en donde dijo que “es falso que yo vaya a ocupar la titularidad de la Semarnat en el nuevo Gobierno”, y para que no quedaran dudas de su amistad con la hija de Patrocinio González Blanco, el gobernador fue pródigo en elogios: “Conozco a la Lic. Josefina González Blanco Ortiz Mena, una ambientalista que ha luchado por conservar especies emblemáticas de la Selva de Chiapas y quien será una gran secretaria del Medio Ambiente”.

¿Así o más claro el respeto que aún infunde don Patrocinio? ¿Se habrá enojado “papi”?… Los dados abren con Serpiente. Semana complicada.
22 Septiembre 2018 04:00:00
¿Se acabó la luna de miel?
Después de dos meses y medio de una tersura pocas veces vista en una transición de gobierno en la que se reunieron en dos ocasiones –la última vez con todo y gabinetes– la luna de miel y el “terciopelo” entre el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, parecen haber roto por la rispidez en el tono de los discursos que se escucharon esta semana, que tienen como trasfondo las fuertes diferencias sobre las cuentas, el presupuesto y la situación de las finanzas públicas.

La primer señal de que el desencuentro por las cuentas que no cuadran, que comenzó entre los equipos hacendarios de los dos gabinetes, había brincado a la relación directa entre López Obrador y Peña Nieto, ocurrió la mañana del domingo en Tepic. Cerca de las 11 de la mañana, cuando iniciaba su gira “de agradecimiento” en la capital de Nayarit, Andrés Manuel soltó su declaración sobre “la situación de bancarrota en que se encuentra el país”, con lo que cambiaba drásticamente su posicionamiento público de 10 días atrás sobre “el país con estabilidad y sin crisis política ni financiera”, que le dejaba Peña Nieto. No habían pasado ni dos horas del discurso de AMLO, en donde dibujó “una situación económica y social muy difícil que está atravesando el país”, y habló de acabar con “gasolinazos”, “cancelar la mal llamada reforma educativa” y de que él cobrará “el 40%de lo que gana actualmente el presidente Peña Nieto”, cuando desde Palacio Nacional, en pleno desfile militar del 16 de septiembre, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez declarara que “ya no habrá más encuentros entre López Obrador y Peña” y que los dos presidentes no se verán más, “por ahora”, hasta la toma de protesta del 1 de diciembre cuando el mexiquense le entregue la banda al tabasqueño.

Luego, el distanciamiento entre Los Pinos y la colonia Roma se haría aún más evidente con las reacciones en cascada que siguieron al discurso del mandatario electo, donde empresarios, analistas y demás personajes salieron a defender la situación “real del país” y rechazar la existencia de una “bancarrota”; al mismo tiempo que se recrudecía la pugna y el debate sobre el Nuevo Aeropuerto, y desde Los Pinos operaban pronunciamientos, tanto nacionales como desde el extranjero, a favor de la continuación de Texcoco, mientras en el equipo lopezobradorista también salían a empujar la opción de Santa Lucía y la consulta para que “el pueblo decida”.

El agujero en el terciopelo y el gobierno quebrado. Aunque el tema de fondo que hizo crujir la aterciopelada transición fue el Hacendario, por la diferencia entre las cuentas y cálculos presupuestales y de ingresos del equipo de Carlos Urzúa y José Antonio González Anaya, ya antes de que el asunto de los dineros hiciera crisis había habido “tensiones” generadas entre los dos gobiernos. El nombramiento de Santiago Nieto como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue tomado como una “señal de hostilidad” en Los Pinos, por las diferencias que tuviera el actual gobierno con el extitular de la Fepade.

Ahí la miel empezó a saber a hiel y el terciopelo tuvo su primera rasgadura. Pero cuando desde la Secretaría de Hacienda de plano les dijeron a los del gabinete electo que no había recursos suficientes para fondear los dos programas sociales “estrella”” con los que quiere arrancar López Obrador el 1 de diciembre: el de las becas a los jóvenes llamados ninis, y la duplicación de la pensión alimentaria para adultos mayores. Sólo esos dos programas, comprometidos en campaña, requieren 256 mil millones de pesos que en Hacienda dicen que no hay disponibles por el presupuesto ya comprometido para gasto corriente, pago de sueldos de burócratas, pensiones y deuda pública, entre otros conceptos, que se llevan casi 80% del total de ingresos del gobierno.

Peor cuando los técnicos de la oficina de González Anaya cuestionaron el impacto que tendría en la recaudación federal, con una baja importante, el anuncio de disminuir IVA a 8% en la Frontera Norte hecho por el propio López Obrador. El choque hacendario debió hacer crisis cuando le presentaron al presidente electo las cuentas de Hacienda, donde también cuestionan los cálculos lopezobradoristas de que con los ahorros y excedentes, por la disminución de sueldos, la eliminación de partidas de moches y otras medidas de la “austeridad republicana” era suficiente para tener recursos para todos los programas y obras del nuevo gobierno. En Hacienda debieron repetirles a los economistas de López Obrador aquello que decía el tecnócrata mayor Pedro Aspe, de que “eso de que los excedentes son un mito genial”. Eso explica por qué López Obrador tronó contra el gobierno peñista primero con la declaración casi exculpatoria de Rosario Robles, en la que dijo el sábado 15 de septiembre que ella no era la verdadera responsable de la corrupción “sino sus jefes” (el único jefe de Rosario en los últimos seis años se llama Peña Nieto), y luego en pleno día de la independencia, afirmó que recibirá un “país en bancarrota”, aunque se refería más a un “gobierno en bancarrota” porque las finanzas públicas comprometidas y menguadas que le entregan no le permitirán hacer todo lo que planeó como presidente, aunque eso sí, que “sí vamos a cumplir todo lo prometido en campaña”.

Y para confirmar lo raído que resultó el terciopelo entre Peña y AMLO, que terminó de desgarrarse esta semana, está la declaración de Santiago Nieto de que una vez que asuma la titularidad de la inteligencia financiera de Hacienda, retomará las investigaciones sobre el caso Odebrecht que tuvo que interrumpir abruptamente cuando lo corrieron de la Fepade y lo amenazaron con que no se metiera con ese tema ni con los sobornos de los brasileños a cuentas ligadas a Emilio Lozoya Austin y que podrían haber terminado en la campaña de Peña Nieto.

La pregunta es ¿si entre los presidentes y sus equipos ya no hay “luna de miel”, habrá ahora “trato de hiel”?
20 Septiembre 2018 04:00:00
Puebla de los recuentos
La decisión unánime de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ordenar un recuento total de los votos en todas las casillas de la elección de gobernador de Puebla del pasado 1 de julio, representa un precedente histórico para unos comicios en el país, en los que hasta ahora sólo se habían ordenado recuentos parciales. Y aunque en principio la sentencia le da la razón a la quejas del partido perdedor, Morena, no presupone necesariamente un principio de nulidad de esa elección.

Es decir que aunque el recuento de los 26 distritos electorales sí representa en primera instancia un triunfo que es histórico para un candidato, en este caso el morenista Miguel Barbosa y sus alegatos de posible fraude e irregularidades graves en la elección poblana, tampoco el que se abran la totalidad de los paquetes electorales y se vuelvan a contar todos los votos garantiza una modificación automática del resultado actual que benefició al PAN y a su candidata Martha Érika Alonso. La experiencia que hay en materia de recuentos de votos en las elecciones mexicanas de todos los niveles, arroja que en la gran mayoría de los casos en que se vuelven a contar los sufragios se termina confirmando el resultado original.

No es casual que ayer, al conocerse la sentencia del Tribunal federal, la primera en reaccionar haya sido la actual gobernadora electa, quien en su cuenta de Twitter se dijo confiada en que “con el recuento de votos se tendrá plena certeza del triunfo que obtuvimos para la Gubernatura de Puebla”, decía Martha Érika mientras que, casi una hora después, el candidato de Morena, Miguel Barbosa, cuya impugnación dio pie al nuevo conteo voto por voto, aunque también celebró el recuento, dijo que él exige “que se resuelva la nulidad de la elección porque la cadena de custodia del material electoral y el principio de certeza de los comicios están rotos”, por lo que, independientemente de lo que surja del nuevo conteo, insistirá en su demanda de nulidad ante el TEPJF.

En espera de que ocurra el inédito recuento total de la elección, que comenzará el próximo lunes en las instalaciones de la Sala Superior en la calle de Virginia, en Coyoacán, y del resultado final que arroje, el primer impacto de la decisión del TEPJF es que pone en evidencia a los órganos electorales estatales en Puebla, tanto al Instituto Electoral del Estado como al Tribunal Estatal Electoral, cuya deficiente actuación en la revisión del conteo de votos en los Consejos Distritales, como en la sospechosa y lenta actuación de los magistrados locales, que recibieron las quejas de Morena desde el 8 de julio y tardaron 55 días en resolverlas, hasta el 3 de septiembre, poniendo en duda su imparcialidad, lo que según los 7 magistrados electorales federales “afectaron el principio básico de certeza en toda la elección”.

El fallo unánime e histórico de la Sala Superior, basado en la ponencia del magistrado José Luis Vargas, que ordena el recuento de las 7 mil 174 casillas de todos los distritos locales en Puebla, se basa en inconsistencias en las actas y en los recuentos ordenados en algunas casillas, y no estuvo exento de algunos jaloneos y diferencias políticas previas entre los magistrados del Tribunal. De hecho, el martes en sesión privada, se discutía cómo debía argumentarse la apertura de paquetes y el recuento de votos, pero hasta ese momento era sólo para 12 distritos electorales, y fue hasta la sesión de ayer cuando se optó por solicitar la revisión de los 26 distritos y de la totalidad de las casillas, luego de que se dieran presiones del grupo de la magistrada Janine Otálora para un fallo más favorable a Morena, en medio de las diferencias abiertas que la presidente del Tribunal sostiene con el magistrado José Luis Vargas.

En fin, veremos en qué termina el recuento de votos en Puebla, que se hará en presencia de los partidos políticos involucrados, y si hay elementos que modifiquen o no el resultado que ya declaró gobernadora electa a la panista Martha Érika Alonso, mientras el morenista Miguel Barbosa no quita el dedo del renglón en su demanda de nulidad de esos comicios.

NOTAS INDISCRETAS… El excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, podría estar por “amarrar” al primer cliente de su nuevo despacho de consultoría en materia hacendaria y financiera. Se trata del gobernador electo de Veracruz, el morenista, Cuitláhuac García, quien estaría buscando asesoría especializada del exsecretario de Hacienda para el complicado manejo de las finanzas estatales.
18 Septiembre 2018 04:00:00
AMLO: ¿del ‘golpe de realidad’ al pesimismo?
El repentino cambio de visión de Andrés Manuel López Obrador sobre la realidad en que se encuentra el país que gobernará a partir del 1 de diciembre es preocupante y desconcertante. Del optimismo que había mantenido desde que ganó las elecciones y el discurso de la “esperanza” que transmitía a millones de mexicanos la promesa de cambio de la llamada Cuarta Transformación, el Presidente electo pasó de golpe a un duro diagnóstico sobre el estado de la República que recibirá su Administración al hablar ahora de una nación “en bancarrota” y con una serie de crisis graves en materia económica, social y de seguridad que le dificultarán cumplir todo lo que la sociedad mexicana demanda, aunque sí garantiza cumplir lo que prometió en campaña. “Vamos a honrar nuestros compromisos y no le vamos a fallar al pueblo de México, posiblemente por las circunstancias porque el país está atravesando en una crisis económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir lo que, que quede claro, todo lo que ofrecimos en campaña”, dijo el mandatario electo el pasado domingo al iniciar en Nayarit una gira “de agradecimiento” por la República.

¿Qué cambió en 10 días para que López Obrador haya modificado radicalmente la visión del país que había expresado hace un par de semanas cuando aseguró que en el país que recibiría del Gobierno de Peña Nieto había estabilidad y no había crisis ni económica ni política? “La transición se está dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política. No tenemos una crisis financiera, no nos está pasando lo que está sucediendo en Argentina. Eso también hay que considerarlo. Sí tenemos problemas graves, hay mucha pobreza, mucha inseguridad, violencia, pero hay condiciones también, hay ánimo, esperanza en la gente de que las cosas van a mejorar”, decía el 5 de septiembre pasado a su llegada a Monterrey, a propósito del Sexto Informe de Gobierno de Peña Nieto.

El giro en la percepción del Presidente electo sobre la situación del país es radical y desata ya una serie de críticas y comentarios no sólo entre sus opositores políticos, sino entre analistas y especialistas financieros que cuestionan el uso de un término tan duro y específico como la “bancarrota”, que tanto en su acepción literal como en su utilización en el tema financiero significa una situación de “quiebra económica, de ruina y de hundimiento y descrédito de un sistema o doctrina”.

Y se puede coincidir con el diagnóstico lopezobradorista en parte, si se revisan aspectos como el magro e insuficiente crecimiento económico de los últimos 30 años que él alude por el modelo neoliberal, o si se revisan las cifras de violencia en asesinatos y desapariciones actuales en el país, pero sin restarle gravedad a las dificultades económicas y sociales, hablar de una nación en “bancarrota” remite más a una situación de crisis financiera extrema que él mismo había negado que existiera apenas unos días atrás.

No es la primera vez que en Morena hacen un diagnóstico catastrófico sobre el estado en el que recibirán al Gobierno y al país de la Administración peñista. Ya lo habían dicho en el Congreso, tanto Ricardo Monreal como Mario Delgado, líderes de las mayorías del Senado y la Cámara de Diputados, cuando hablaron de “un país en grave riesgo y con situaciones muy complicadas” o de una “casa en ruinas y muy sucia, aunque la pinten de blanco”. Pero hasta ahora Andrés Manuel López Obrador había mantenido un discurso menos catastrofista y más esperanzador sobre el futuro inmediato de su Gobierno. ¿Qué fue, entonces, lo que cambió o qué cifras, números o realidades le mostraron al Presidente electo para que su percepción cambiara y, sin rehuir sus compromisos, comience a hablar de un futuro inmediato ya no tan esperanzador y sí más bien complicado y difícil para atender los reclamos de una sociedad urgida de respuestas?

Tal vez conforme se acerque la fecha del arranque, el nuevo Gobierno irá aterrizando en la realidad y tratando de disminuir, con diagnósticos, crudos pero también realistas, las enormes expectativas que su triunfo y sus propuestas despertaron en la mayoría de los votantes que le dieron un respaldo histórico en las urnas, para que al final el aterrizaje en la realidad entre lo deseable y lo posible no sea tan duro ni tan decepcionante para la “esperanza de México”.

NOTAS INDISCRETAS… A propósito de visiones encontradas en el nuevo Gobierno, valdría la pena que los líderes parlamentarios de Morena se cruzaran aunque sea una llamada antes de hablar públicamente de qué harán sus fracciones con la reforma educativa. Porque mientras Mario Delgado dice en San Lázaro que cambiarán tanto la reforma peñista que “no quedará ni una coma”, en el Senado, Ricardo Monreal asegura que la pueden “cambiar, modificar o mejorar”, pero todo depende de la consulta que harán a los maestros. ¿A quién de los dos le creemos?... Los dados mandan Escalera doble. Mejora el tiro.
17 Septiembre 2018 04:00:00
Fuerzas Armadas: relevos y mensajes
Con el Gabinete casi resuelto en su totalidad, entre las pocas definiciones que mantiene en vilo Andrés Manuel López Obrador se encuentra la designación de los titulares de las Fuerzas Armadas. El presidente electo ya definió públicamente –en uno de sus primeros “golpes de realidad”– que sí necesitará del Ejército y los marinos en las calles para continuar la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad en el país, ante la debilidad de la Policía Federal, pero aún no decide quiénes serán titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.

Y justo en el ambiente previo a esas designaciones estratégicas, el fin de semana pasado estuvo en México la máxima autoridad militar de Estados Unidos: el general Joseph Dundford, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del vecino país. Ningún medio reportó la presencia del militar de más alto rango en la Unión Americana que visitó el país por dos días para reunirse con el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Este general de cuatro estrellas del Cuerpo de Infantería de Marina (Marines) es el militar de más alta jerarquía en el servicio activo en Estados Unidos y fue invitado “de honor” del titular de la Sedena, tanto en la Ceremonia de los Niños Héroes como en el Colegio Militar, donde presenció un desfile y comió con los jefes de las fuerzas mexicanas.

El mensaje que manda esa reunión entre el máximo jefe militar estadunidense y la jerarquía castrense mexicana es la buena relación existente entre los militares de ambos países, aun con los traspiés y declaraciones antimexicanas del presidente Donald Trump.

Esa buena relación entre militares de los dos países se convierte en una variable y en todo un mensaje en vísperas de que el presidente electo tome su decisión de quiénes encabezarán la Sedena y la Marina, porque el entendimiento militar México-EU, en medio de la compleja relación bilateral, representa la seguridad en la colaboración y los compromisos para la Defensa y Seguridad geopolítica y regional.

Justo ayer, en el tradicional Desfile Militar del 16 de septiembre, las Fuerzas Armadas se enfocaron en mandar un mensaje a la sociedad y al nuevo gobierno de la importancia de las labores que realizan en tareas de Seguridad Interior.

Para el relevo en la Sedena y la Semar los que se mencionan más son los integrantes de la plana mayor entre los funcionarios de ambas secretarías, luego de que López Obrador declarara públicamente que para hacer esas designaciones respetaría “los usos y costumbres de las Fuerzas Armadas”.

En esa lógica, aunque no hay aún nada definido, para la Defensa Nacional los candidatos “naturales” a secretarios serían el subsecretario, Roble Arturo Granados Gallardo; el oficial mayor, Eduardo Emilio Zárate; y el jefe del Estado Mayor, Alejandro Saavedra, en ese orden.

Mientras que para la Marina, se ve con mayores posibilidades al oficial mayor, almirante José Luis Vergara, al subsecretario, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, y al jefe del Estado Mayor de Semar, Luis Alcalá, también en ese orden.

La tendencia en las designaciones de las Fuerzas Armadas y de los “usos y costumbres” invocados por Andrés Manuel López Obrador señala que el mismo general Salvador Cienfuegos era oficial mayor al momento de ser designado secretario hace 6 años, mientras que el almirante Vidal Francisco Soberón era secretario particular del anterior secretario, Francisco Saynez.

Así que veremos, entre mensajes y tradiciones, quiénes serán los jefes militares del próximo sexenio, justo cuando ayer el Presidente electo acababa de declarar que le entregarán un país “en bancarrota” y entre los rubros de la grave crisis que mencionó está precisamente “la seguridad con que está peor con 80 homicidios diarios”. ¿Quién, entonces, le ayudará en la Defensa y la Marina para enfrentar esa terrible realidad?

NOTAS INDISCRETAS… El último Grito de Independencia de Peña Nieto no será recordado por la buena pronunciación del Presidente saliente, ni por el espectacular vestido rojo de su esposa y mucho menos por la concurrida asistencia de “estrellas televisivas” en Palacio Nacional.

Lo que quedará para la historia fue la humillación que, con todo y controles y filtros del Estado Mayor Presidencial para revisar y seleccionar muy bien a quienes podían pasar a la sellada plancha del Zócalo, al final entre los “¡Vivas!” de la muchedumbre a los héroes patrios y a la Independencia, también se haya escuchado, con la misma intensidad, el incómodo grito del apoyo al futuro presidente: “¡Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador!”, coreaba esa multitud como colofón y despedida para Peña Nieto, una expresión por cierto “silenciada” en la transmisión del Cepropie y que ninguno de los locutores designados de las dos televisoras se dignó a comentar, pero que registraron las redes sociales.

¿La última censura de la Presidencia saliente?… Los dados abren con Serpiente. Mal comienza la semana.
15 Septiembre 2018 04:08:00
Adiós ‘burocracia dorada’ y el rasero parejo
La primera acción concreta con la que se inicia la llamada “Cuarta Transformación” de la vida pública de México es una medida popular y populista, en el sentido literal del término, porque “pretende atraerse a las clases populares”. Disminuir y poner un tope salarial de 108 mil pesos a la burocracia –sobre todo a la de élite– y a los funcionarios públicos y representantes de los tres poderes de la Unión, es una medida que sin duda será aplaudida por las masas porque representa una exigencia largamente ignorada de un pueblo que sobrevive con grandes esfuerzos en la pobreza o la medianía mientras miraba con coraje e indignación a sus gobernantes en la opulencia.

Pero al mismo tiempo, la aprobación de la Ley de Reducción de Salarios de los Servidores Públicos en la Cámara de Diputados, es vista como una acción “de doble filo” por otro sector de la sociedad mexicana que, sin estar necesariamente en contra de la “austeridad” gubernamental, ve como un peligro disminuir los salarios a funcionarios públicos de áreas técnicas o especializadas que podrían encontrar poco atractivo seguir en cargos del Gobierno que demandan conocimientos especializados al reducirse sus percepciones, lo que podría provocar, de golpe, que la administración pública sufriera una “fuga de cerebros y talentos” y perdiera a personas preparadas y experimentadas cuya salida afecte la eficacia de varias áreas gubernamentales.

Aprobada de manera casi unánime por la mayoría aplastante de Morena, sus aliados y hasta por la mayor parte de los diputados de la oposición, esta ley marca la pauta de un cambio en la conducción gubernamental del país: el fin de la “burocracia dorada”; el inicio de la reversión de la vieja máxima del “pueblo pobre y gobierno rico” y del concepto arraigado por décadas en la vida pública mexicana de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error” o de que los cargos públicos, en cualquiera de los Poderes y órganos del Estado, son como ganarse un billete de lotería porque cualquiera que obtuviera una buena posición en la administración pública le cambia la vida y encontraba una fuente de riqueza para él, su familia y hasta amigos y allegados.

De la austeridad republicana a la “pobreza franciscana”. El primer paso de la nueva austeridad lopezobradorismo que unos celebran y a otros preocupa, no es sino el cumplimiento de lo que el gobierno electo prometió en campaña y lo que, en buena medida, explica el voto masivo de un México “encabronado”, harto e indignado con la frivolidad, los excesos, el dispendio y la ostentación de sus recientes gobernantes, tanto del PRI como del PAN. Tampoco es la primera vez que el presidente electo lleva sus ideas y principios a la administración pública; lo hizo cuando gobernó la Ciudad de México con la disminución también de salarios a todo el Gobierno y políticas de austeridad, aunque muchas serían revertidas por gobernantes que le siguieron de su mismo partido.

De hecho, con todo y la preocupación que despierta en algunos sectores, que temen el comienzo de una polarización social –en buena parte por el resentimiento social que se asomó en los argumentos expresados por varios diputados de Morena en la votación a mano alzada en San Lázaro: “mi voto es contra la casta divina”, “mi voto es contra los privilegios de los ricos” o “voto por el fin de los privilegiados”– esta iniciativa, aprobada tras 7 años de haber estado “congelada” en el Senado, es apenas el comienzo de una serie de medidas que el nuevo gobierno va a implementar en el manejo de los recursos públicos con nuevos criterios de redistribución social y de la riqueza, como los apoyos económicos en forma de subsidios directos a sectores desprotegidos como los jóvenes, las madres solteras y la duplicación de la pensión a los adultos mayores.

El mismo día que los diputados aprobaban la Ley de Reducción de Salarios, el presidente electo presentó su programa para apoyar a 110 mil jóvenes en el país con 2 mil 400 pesos mensuales y lo hizo ante empresarios de las cámaras industriales, ante quienes dijo que ese tipo de programas se van a llevar a cabo cuesten lo que cuesten financieramente e incluso si el Gobierno, para cumplir con su entrega, tiene que pasar “de la austeridad republicana, a la pobreza franciscana”. Es decir, que esto apenas comienza.

El tope salarial afecta a los tres poderes, pero especialmente al Judicial, donde los sueldos de ministros, magistrados, consejeros y algunos jueces, rebasa con mucho los 108 mil pesos; ministros y magistrados cobran hasta dos o tres veces esa cantidad, igual que ocurre con los integrantes de los órganos autónomos como el INE, el INAI, el Ifetel o la CNDH.

¿Se allanarán en todos esas instancias a la nueva disposición legal y obligatoria que además, si no se cumple, contempla penas a “sobre sueldos”, bonos, compensaciones y cualquier remuneración adicional a lo aprobado, de hasta 14 años de cárcel o multas de 3 mil días de salario mínimo? No se ve que tengan mucha opción a partir de que la ley se promulgue, como seguramente lo hará el presidente Peña Nieto; aunque también podrían darse los casos de amparos contra la nueva legislación. Veremos quién se avienta el boleto de ir contra los nuevos salarios reducidos con el altísimo costo político y social que eso podría significar.
13 Septiembre 2018 04:00:00
¿No te preocupes, Rosario?
Conforme se acerca el fin de sexenio, se ve cada vez más difícil que el presidente Enrique Peña Nieto pueda garantizarle a su colaboradora Rosario Robles la tranquilidad que le ofrecía en abril de 2013, cuando arreciaban denuncias contra la entonces secretaria de Desarrollo Social por supuestos desvíos de programas sociales con fines electorales.

Cinco años y medio después, con un Peña debilitado y en el ocaso de su poder, la actual secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano nuevamente es blanco de señalamientos por presuntos desvíos por 700 mdp que, según la Auditoría Superior de la Federación, fueron sacados de Sedesol y Sedatu para ser otorgados, en efectivo, a contratos de servicio a empresas fantasma. La oposición en el Congreso, especialmente de la mayoría de Morena y los panistas, piden “investigarla y que no haya impunidad”, y Rosario empieza a preocuparse y se defiende ella misma asegurando que se siente “tranquila y sin nada que temer” ante los señalamientos de la ASF a las dos dependencias que encabezó este sexenio.

Después de aquella defensa presidencial en 2013, si bien nunca se le acusó directamente a ella en ninguna denuncia concreta en la PGR o la Función Pública, a Rosario no han dejado de mencionarla en irregularidades y desvíos, tanto en la llamada “Estafa Maestra”, por hasta 2 mil 300 mdp en contratos otorgados a universidades públicas que subcontrataban a empresas “fantasma”, como ahora en esta nueva investigación de la Auditoría sobre pagos en efectivo a organismos públicos de radio y TV de varios estados por 700 mdp.

Cada que su nombre vuelve a ligarse a irregularidades detectadas por la Auditoría Superior, Robles repite su misma defensa: “que me muestren donde firmé yo contratos o asignaciones irregulares”. Y ahora, ante amenazas directas de diputados y senadores como Mario Delgado o Ricardo Monreal, líderes de la mayoría de Morena en ambas cámaras, la titular de Sedatu será llamada a comparecer en estos días por la Glosa del Informe presidencial, y vuelve a retar a los que la acusan: “Que me investiguen si quieren hasta por debajo de las piedras”.

En su descargo, muestra documentos de un convenio firmado con el Sistema Hidalguense de Radio y TV y sostiene que “hay facturas que avalan el pago”. Y de nueva cuenta, como lo ha hecho en otros escándalos, la exjefa de Gobierno del DF dice que, aunque ella es responsable como titular de las políticas de las dependencias que encabeza, “hay órganos ejecutores en cada una de las áreas, por lo que se debe castigar con nombre y apellido”. Es decir, que Robles se defiende ella, pero acepta que si alguno de sus colaboradores –incluso ha llegado a mencionar a su oficial mayor, Emilio Zebadúa– incurrió en irregularidades, “que se les denuncie, se investigue y se castigue”.

Hoy, en la agonía del sexenio, no hay duda de que Rosario Robles está en la mira de la nueva mayoría de Morena. Y sabe bien que a partir de ahora lo que no haga ella misma para defenderse ya no lo hará nadie, ni siquiera el Presidente, que hace rato dejó de garantizarle aquello del “no te preocupes, Rosario”.

NOTAS INDISCRETAS…

on nuevos nombramientos en el CEN priista, la dirigente Claudia Ruiz Massieu intenta una “renovación” en su partido. Pero lo que más llamó la atención ayer fue que en un izamiento de Bandera en la explanada de la sede priista, apareció invitado Aurelio Nuño, en lo que algunos interpretaron como la confirmación de que a Nuño lo quieren meter a la Fundación Colosio. Eso si no se le rebelan a Claudia algunos priistas, porque la sola mención del nombre de Aurelio ya hace que priistas de la cúpula cuestionen su calidad de “ideólogo” y otros amenacen: “No lo dejaremos pasar”… Se agitan los dados. Capicúa.
11 Septiembre 2018 04:00:00
AMLO y la UNAM: ¿espaldarazo a Graue?
En un intento por acallar versiones que ubican a Morena detrás del conflicto estudiantil en la UNAM, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, recibió en su despacho de la colonia Roma al rector Enrique Graue. El encuentro no pudo ser más significativo, justo cuando en las asambleas universitarias comienzan a surgir peticiones no sólo de alumnos sino también de maestros activistas para solicitar la “renuncia del rector Graue”, aún cuando eso nunca estuvo en las demandas originales de mayor seguridad, alto a la violencia y que se acaben los “porros” que desataron este conflicto al agredir brutalmente a estudiantes del CCH Azcapotzalco.

“Ningún intento de desestabilización en la UNAM va a prosperar. Las demandas de los estudiantes son justas y los jóvenes han actuado con mucha responsabilidad. Pedimos que se actúe por la vía legal, que se castigue, que no haya encubrimiento a los responsables y mantenimiento de la autonomía de la Universidad. No va a ser fácil que quieran intereses de otro tipo montarse en el movimiento para desestabilizar a la UNAM, no tendrían base. Los jóvenes se manifiestan porque quieren justicia y otro tipo de mantas con otros propósitos, pues no van a tener asidero porque los jóvenes no van a ser presa fácil de la manipulación”, dijo López Obrador en un video conjunto con el rector subido a redes sociales.

Expresamente el Mandatario electo dio su respaldo a Graue Wiechers, ante voces radicales que han pedido su salida de la UNAM, “tengo mucha confianza en que se va a mantener la estabilidad, hay que procurar eso, no caer en ninguna provocación, no aceptar la violencia: diálogo, diálogo, diálogo, diálogo y si nos cansamos y se rompe el diálogo, diálogo, diálogo y tener confianza en las autoridades de nuestra Universidad”, dijo Andrés Manuel mientras daba una palmada en el hombro al rector y agradeció su visita.

¿A quién iba dirigido el mensaje claro y contundente de AMLO al respaldar la rectoría de Graue? ¿A los grupos radicales, algunos incluso vinculados a académicos afines a Morena que se han involucrado en el movimiento como el académico Jonh Ackerman, a quien se ha visto encabezando asambleas en la Facultad de Derecho de la que es profesor, o a otros grupos internos de la UNAM, que aprovechan el movimiento para “montarse” con mantas y consignas que buscan un cambio en la Rectoría que favorezca a intereses de otros grupos?

Y es que el movimiento ha comenzado a ser influenciado por voces que ya no sólo exigen acciones contra la violencia y los “porros”, y mayor seguridad en las instalaciones universitarias, sino que empiezan a tomar tintes de buscar un cambio en la Rectoría. Un profesor universitario, cuya identidad omitimos por seguridad, mandó una carta firmada por varios profesores del CCH que no están de acuerdo con el “nuevo giro” que algunos grupos intentan dar a la movilización estudiantil.

“Las autoridades universitarias, y especialmente el rector, han atendido los problemas desde el día que iniciaron, y su voluntad ha sido siempre la de acompañar a los estudiantes, apoyarlos y resolver las peticiones particulares de cada escuela. No se entiende, por todas estas razones, que el viernes 7, en la asamblea interuniversitaria celebrada en la Facultad de Derecho, dos puntos del pliego petitorio vayan en contra de esta actuación. Pedir la destitución del rector y del director general del CCH es, cuando menos, absurdo: ¿Quién atenderá entonces la solución de los problemas? ¿Quién encabezará el diálogo para resolver el conflicto? ¿Por qué razones deben renunciar, por su actitud eficiente y de apoyo a los estudiantes? Las peticiones fuera de lugar pueden llevarnos a una situación caótica e irresoluble. Llamamos a los estudiantes a ignorar las voces que sólo buscan hacer mayúsculo el conflicto, perjudicar a la educación y dañar a esta casa generosa y noble, la UNAM, que tantos beneficios ha dado al país, que es de todos los mexicanos y que siempre ha estado abierta a escuchar las múltiples voces. Incluso las de quienes atentan contra ella”, dicen los maestros de Colegio de Ciencias y Humanidades.

Así que va la pregunta de nuevo, ¿quiénes son los grupos que, con “intereses de otro tipo”, intentan “montarse en el movimiento para desestabilizar a la UNAM”, como dice López Obrador? ¿A quiénes les mandó el mensaje el presidente electo al darle un espaldarazo al rector Graue?
10 Septiembre 2018 04:00:00
El fiscal negociante
En casi tres años que fungió como fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, (diciembre de 2015 a abril de 2018) no resolvió la crisis de inseguridad e injusticia que vive el estado, pero sí aprovechó su cargo para llevar casos a su despacho de abogados Olea&Olea y cobrar jugosas ganancias a víctimas y acusados que eran presionados u obligados para contratar los servicios de su despacho o de lo contrario enfrentaban acusaciones, juicios largos y hasta casos fabricados.

Mediante una estrategia coordinada entre la Fiscalía guerrerense y el despacho particular del fiscal, los asuntos “Importantes” eran llevados por su hijo Xavier Olea Trueheart u otros abogados de la firma, a la que eran enviados tanto víctimas como acusados para que los representara y les ofreciera “soluciones” a cambio de altas tarifas económicas, mientras la Fiscalía manipulaba investigaciones y expedientes para que siempre ganara el despacho Olea.

Denuncias de víctimas contra el exfiscal que ha gozado de impunidad desde hace cuatro meses que dejó el cargo, han hecho que el Gobierno de Guerrero, que encabeza Héctor Astudillo, comience a armar expedientes sobre distintos casos donde Olea Peláez pudo incurrir en delitos como tráfico de influencias, contra la administración de la justicia y violaciones graves a procedimientos judiciales y a los derechos de las víctimas, entre otros.

Hay casos graves como el de las dos mujeres colombianas, Zaira Tatiana García Guzmán y su prima Dayana Sánchez García, accidentadas el 27 de febrero a bordo de un Ferrari 458 Spider placas PYU5755, en la Autopista del Sol, y que sufrieron quemaduras que les costaron la vida. Extrañamente el fiscal nunca investigó al conductor del vehículo –a pesar de versiones de que lo dejaron escapar el día del accidente– y más bien la Fiscalía de Guerrero se apresuró a lograr un acuerdo reparatorio entre las madres de las víctimas y el conductor Iván Bernardo Loria de la Borbolla por 3 millones de pesos.

Sin embargo, Cristian Camilo García Monroy, esposo de Zaira Tatiana, reclamó omisiones e irregularidades cometidas por la Fiscalía y el 25 de abril puso una denuncia ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en Chilpancingo, donde el viudo de la colombiana exigió la reparación del daño o, en su caso, ejercer la acción penal por homicidio culposo contra Loria de la Borbolla, quien conducía ese 27 de febrero el Ferrari incendiado y que nunca fue detenido.

Otro caso que evidencia el modus operandi del exfiscal fue el de Eduardo Cepeda Fernández y Miguel Barbosa Machado, acusados desde 2016 por fraude en agravio a BVG World SA, por 2 mil millones de pesos. La Fiscalía de Olea evitó por dos años ejercer la acción penal y contuvo la orden de aprehensión librada contra Cepeda y Barbosa que, casualmente, eran defendidos por Olea&Olea Abogados, personalmente por el hijo del fiscal, Olea Trueheart. No fue hasta la salida de Olea Peláez, el 21 de junio, cuando se reactivó el caso y el juzgado penal que libró orden de aprehensión para que de inmediato la Fiscalía pidiera el desistimiento de la acción penal contra los inculpados, cerrando así el negocio de los Olea.

Un caso más fue el de una presunta violación ocurrida en febrero en Acapulco contra una mujer originaria de Irlanda, consignado en la carpeta C-21/2018, en contra de un empresario de nombre Luis Eduardo Quiroz Molinar, contra quien el 3 de febrero se ejercitó orden de aprehensión. Los abogados que defendieron a la extranjera y que le pidieron no dar parte a la Embajada de Irlanda, fueron Raúl Cid Osorio y Salvador Bustamante Polanco, ambos del despacho Olea&Olea.

También están los casos donde Xavier Olea criminalizó como si fuera Juez de la Causa, a la youtuber Pamela Montenegro, “La Nana Pelucas”, asesinada el 6 de febrero, de quien dijo fue asesinada “por divulgar información privilegiada de grupos delictivos” en Acapulco, o el de los dos sacerdotes acribillados en Taxco el 5 de febrero, Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes, a quienes Olea, también sin pruebas, los vinculó con diversos grupos delictivos, y hasta dijo que uno de ellos “bebió en la fiesta y probablemente consumió drogas” además de tener fotos con gente armada en su cuenta de Facebook.

Hoy todas esas víctimas criminalizadas y esos presuntos culpables protegidos y encubiertos por el exfiscal, a cambio de pagarle a su despacho de abogados, podrían ser parte de una investigación que ya se tardó contra el “fiscal negociante” que tuvo Guerrero y quien hoy goza de impunidad.
08 Septiembre 2018 04:10:00
El martirio de Martí
Cualquier cosa que haya intentado probar Martí Batres en el Senado durante la sesión del pasado martes seguro no le salió como esperaba. Porque el desastre que fue la primera sesión de la LXIV Legislatura del Senado de la República, que se estrenó con la “doble votación” de un asunto tan simple como una solicitud de licencia de un senador, terminó convertido en una pifia y un procedimiento con visos de violaciones constitucionales para los nuevos senadores, y en un escándalo político mayor para el partido Morena, que rebotó tan alto que llegó hasta el Presidente electo.

AndrésManuel López Obrador tuvo que salir a dar explicaciones sobre lo sucedido en el Senado porque la doble votación para licenciar a Manuel Velasco y permitirle que fuera a terminar su polémica “gubernatura interina” elevó no sólo el costo de la alianza ya evidente entre Morena y el PVEM, sino que además puso en entredicho la palabra del futuro Presidente, que había ofrecido “respeto a la autonomía del Congreso y a la división de poderes”, algo que tuvo que salir a reiterar, mientras se deslindaba del entuerto senatorial, con reminiscencias al presidencialismo priista: “la línea es que no hay línea”, dijo para negar que él haya pedido a los senadores de Morena aprobar la solicitud de licencia del gobernador Velasco.

Esdifícil pensar que lo del presidente del Senado fue impericia o ignorancia. Un político con la experiencia de Martí, forjado en las intensas luchas ceuístas de la UNAM, que ha sido dos veces diputado, tanto federal como local, secretario de Desarrollo Social en la CDMX y dirigente capitalino de su partido, difícilmente pudo cometer un error tan obvio en un tema en donde debió saber que ya había un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, impulsado por el coordinador de su partido, Ricardo Monreal, y apoyado por el resto de las fracciones, salvo el PAN que ofreció abstenerse, para aprobarle la controvertida licencia a Velasco Coello.

¿Por qué, entonces, a sabiendas de que iba contra lo que ya había acordado su coordinador, mandó a una votación en la que la mayoría de senadores de Morena que estaban presentes en el salón de sesiones en ese momento se fueron en contra de lo que había promovido su propio partido? La explicación que ayer dio el propio Batres, que tuvo que salir a hablar junto a Monreal, fue que en la primera votación del martes, que él condujo “había muchos senadores que estaban en la conferencia de prensa de la Junta de Coordinación Política, entonces no se puso atención al punto. Es más, el propio proponente (Monreal) no estaba, el solicitante (Velasco) no estaba, creo que habría que considerar que no se pudo discutir bien en la primera ocasión, no obstante, el pleno tomó una resolución en ese momento”, explicó Martí.

¿Quién no puso atención, él? ¿O más bien sí la puso y creyó que era el momento de ganarle una primera batalla a su coordinador, Monreal?

Se enojó “ya sabes quien”. Si el error de Martí no fue involuntario y si se trató de una forma de medir fuerzas con Ricardo Monreal, a quien le había disputado la coordinación parlamentaria, el resultado fue igual de desastroso no sólo para quien presidía el pleno senatorial en su primer sesión, sino para su partido y hasta para el gobierno electo.

Al interior de Morena, incluso políticos cercanos a Martí Batres, han cuestionado lo que sucedió como un error del presidente del Senado. “Se equivocó Martí; no era el momento ni la forma de mostrar fuerza, le provocó un problema mayor al partido y al presidente”, dijo un militante morenista. Y es que las versiones adentro del nuevo partido gobernante afirman que el asunto causó la molestia de López Obrador que terminó involucrado y cuestionado en algo que no le competía directamente y que recaía en el ámbito estricto del Poder Legislativo.

Ni hablar, al experimentado Martí le ganaron las ansias y mostró los dientes demasiado pronto. Hoy tiene que recular y, aunque con dignidad reconoce el error, las consecuencias de su acelere dejaron costos muy altos para el Senado, para Morena y hasta para la imagen del presidente electo, que tuvo que asumir el costo ante la opinión pública, pero sobre todo ante seguidores y simpatizantes que, aunque se dijeron aún firmes en “la esperanza” del cambio prometido, vieron en el episodio de la licenciosa licencia de Velasco un “golpe” a la nombrada Cuarta Transformación.

Ahora sí que, parafraseando al ilustre José Martí –de quien le pusieron el nombre al actual presidente del Senado– valdría la pena recordarle a Batres aquello de que “para ir delante de los demás, se necesita ver más que ellos”.
Guardan loscuchillosen el PAN. Bajo la convicción de que no debe derramarse más sangre en el PAN, los dos principales grupos que se disputan la dirigencia nacional prefirieron llegar a un acuerdo y guardar los cuchillos para otra ocasión y de esa forma postular al michoacano Marko Cortés como candidato a la presidencia y a Héctor Larios a la Secretaría General.

El grupo de gobernadores del GOAN (Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán), que apoyaban a la formula Héctor Larios- Rafael Moreno Valle, finalmente aceptaron respaldar a Marko, y si Larios no acepta la Secretaría General, propondrán a algún otro panista en las próximas horas.

El “acuerdo de unidad” pasa por revertir el autodedazo de Damián Zepeda en la coordinación de los senadores del PAN, que provocó rechazo generalizado en el panismo de todo el país y ocasionó la radicalización del GOAN. El poblano Rafael Moreno Valle sería nombrado coordinador y Damián sería compensado con la vicepresidencia de la Mesa Directiva, a menos que no acepte.

Lospromotoresdel acuerdo estiman que con esto en el PAN no habrá guerra sino paz, porque si Marko Cortés va con el apoyo de los gobernadores del GOAN, más los gobernadores de Guanajuato, Baja California y Veracruz, además de los principales liderazgos que ya traía el michoacano, el panismo se perfila para consolidarse como una fuerza de oposición frente el abultado poder que concentran Andrés Manuel López Obrador y Morena.

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