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Gerardo Aguado
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Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. @GerardoAguado

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18 Mayo 2019 03:59:00
San Manolo
Lisonja: alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace de una persona para ganar su voluntad.

Hace unas semanas presenté un punto de acuerdo en el Congreso del Estado, en el cual solicitaba que el Cabildo de Saltillo iniciara una investigación para dar seguimiento a varios casos de nepotismo detectados dentro de la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas; por mencionar algunos de los casos, en la nómina están primos, esposas de primos del presidente municipal, pasando por amigos, amigas y hasta el nombramiento con conflicto de interés del tesorero del Ayuntamiento.

Desde luego las reacciones no se hicieron esperar, y en un acto de sobreprotección, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso, simpatizantes y hasta troles en redes sociales, mostraron su enojo por exhibir a un alcalde que –hay que decirlo– no respeta lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa sobreprotección hasta hoy brindada por sus simpatizantes le ha hecho un flaco favor y el mensaje que mandan de “cuidar al alcalde por sobre todas las cosas” quizás demuestra dos verdades:

Que no tiene la estatura para poder asumir las culpas o subsanar las faltas administrativas o, que de aquí en adelante, habrá que guiarlo y cuidarlo.

Me refiero a lo siguiente, hace unos días, un periódico publicó una nota que llevaba por título “Saltillo plantea cadena perpetua o pena de muerte a quien agreda a policías”. Lo primero que me recordó fue a Humberto Moreira, que hace ya algunas legislaturas presentó una reforma a la Constitución local para validar la pena de muerte, iniciativa que en su momento fue aprobada por la legislatura coahuilense y luego fue enviada al Congreso de la Unión por tratarse de una reforma de carácter federal y, afortunadamente, fue rechazada por diputados y senadores. Y, lo segundo que se vino a mi mente, es que cómo después de que hace algunos meses el gobernador del Estado, en el marco del arranque de los trabajos del Programa Estatal de Derechos Humanos 2017-2023, declarara que los derechos humanos son agenda de Estado de primer nivel y guía para planear, presupuestar e implementar prácticas y estándares de protección a una sociedad de derechos; y que hace unos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconocía que Saltillo y Coahuila eran ejemplo de respeto a los derechos humanos; venga el alcalde de Saltillo –que lo presumen como un político nuevo y de avanzada– a dejar de lado los derechos humanos y proponer, aunque sea solo una declaración, la pena de muerte.

A raíz de esta declaración, el pasado miércoles en la sesión del Congreso, presenté de nueva cuenta un punto de acuerdo para solicitarle a Manolo Jiménez que cumpla con lo establecido en el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para sorpresa de nadie, el punto de acuerdo fue enviado a Comisión sin ni siquiera ser discutido, como si el tema de derechos humanos no fuera un tema toral en el discurso público actual. Pero lo más interesante, es que en el Poder Legislativo se han impulsado una gran cantidad de reformas en materia de Derechos Humanos, algunas incluso impulsadas por el PRI y que se refieren a los principios de mejora continua en las condiciones existentes bajo los principios de progresividad y no regresividad. Pero hoy no, hoy jugaba un factor más importante que el derecho humano: San Manolo.

Frente al derecho humano, no pueden nunca oponerse conceptos como el de “interés público” o “seguridad nacional”… mucho menos un Alcalde. Ninguno de estos conceptos tienen la fuerza suficiente como para derrotar a un derecho humano. La regla general en todas las situaciones en las que se pretenda enfrentar al derecho humano vs el derecho colectivo, siempre primará el derecho humano. Por eso me llama la atención que se impusiera la lisonja ante tal derecho. Es por este actuar de los fieles seguidores de San Manolo ante ambos puntos de acuerdo presentados por un servidor, que me sirvo de citar una frase de Don Quijote, muy ad hoc a los momentos que hemos vivido las últimas semanas en el Congreso: “yo quiero que sepas, Sancho, que si llegase a oídos de los príncipes la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros tiempos correrían”.

La opacidad en la función pública y la simulación hacen daño y mucho, espero que el alcalde o su contraloría (cualquiera de las 2, la ciudadana o la oficial) puedan darnos razón de los casos de nepotismo lo antes posible y a su vez prender la veladora, para que el fiscal Anticorrupción dé seguimiento. Respecto al tema de seguridad, que quede claro, la seguridad es un tema que nos preocupa a todos, pero nos debe ocupar con seriedad y con el compromiso que la situación amerita, no violentando los derechos de todas y todos. Ya lo dijo el gobernador de Coahuila, el derecho humano es agenda de Estado de primer nivel. Espero y el alcalde pronto pueda enderezar el rumbo, creo que tiene madera, pero el amor incondicional de sus seguidores mal cría y San Manolo puede volverse un niño malcriado. Al tiempo…
04 Mayo 2019 03:56:00
Hacer las cosas bien
Los créditos de corto plazo son préstamos que las entidades federativas pueden solicitar sin autorización de sus respectivos poderes legislativos.
Se entiende que la intención del legislador que creó y aprobó estas reformas en las leyes de deuda locales, y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, era permitir el acceso de los gobiernos locales, municipales y de los organismos (en este último caso, quedaron contemplados solo en las leyes locales de deuda) a créditos de la banca en forma ágil e inmediata para hacer frente a ciertas situaciones de tipo emergente, sobre todo.

El artículo 30, de la mencionada ley, establece que las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, como es que en todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones a corto plazo no exceda del 6% de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, y que las obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses.

Sin embargo, en los hechos, tenemos que las entidades federativas, muchas de ellas, abusan de estos créditos a corto plazo, y venden una idea engañosa a la ciudadanía, queriendo hacer creer que no pasa nada, que “solo es un crédito de corto plazo, que prácticamente no genera intereses”, o bien, generalmente definen el objetivo u objetivos del destino del crédito, pero en los hechos nunca transparentan la aplicación del mismo, y suele suceder que se utiliza para cosas distintas a las que fueron anunciadas de manera pública.

En cambio, las realidades son otras: los créditos de corto plazo generan altos intereses en todos los casos, y más para entidades federativas que ya están “mega endeudadas”, y para aquellas que solicitan estos empréstitos en forma frecuente, pues van acumulando un préstamo tras otro, y los intereses de todos deben ser sumados como perjuicio al erario, es decir, al ciudadano quien es el que paga todo.

Algo que decir a favor de las entidades que recurren a estas prácticas, es que, como ocurre en Coahuila, la deuda heredada por Humberto Moreira ha generado, hasta la fecha, varios problemas, como la poca liquidez, obligando al Estado a “echar mano” de esta herramienta para poderle hacer frente a sus problemas financieros, sin afán de defender la práctica, urge encontrar una manera de eficientar y transparentar este método, sin afectar el sentido de urgencia y prontitud que actualmente permite la ley, para contraer crédito de este tipo.

Después de analizar el tema, la conclusión me ha llevado a pensar que lo que se debe buscar es: “Comunicar y avisar”, pero manteniendo la flexibilidad que otorga la ley para que una entidad pueda recurrir a un crédito de este tipo, con prontitud, sin trabas, pero sí con mayor transparencia. ¿Cómo?, muy sencillo, informando al Congreso local lo siguiente:

» Qué generó la falta de liquidez

» En qué se gastará cada peso del crédito

Esta información ayudará a legitimar las acciones financieras del Gobierno y a transparentar el proceso, evitando así, miles de polémicas al respecto.

Es por eso que la semana pasada presenté ante el Pleno una reforma a la citada ley, al Artículo 30 para ser exactos, donde propuse agregar un numeral para que por obligación, al contraer este crédito de corto plazo, el Ejecutivo tenga que dar cuenta a la legislatura de los dos puntos que mencioné.

Yo siempre he pensado que la ley no debe limitar, si no por el contrario, ser una herramienta en donde todas las partes ganen, pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos a través de prácticas transparentes y justas.
27 Abril 2019 03:31:00
Atole con el dedo
Cuando transitamos del modelo de Procuraduría a Fiscalía, dentro de este nuevo modelo se creó una entidad especializada en perseguir delitos por hechos de corrupción y, por supuesto, el Sistema Anticorrupción, que tendría como eje fundamental la integración de la participación ciudadana para monitorear y dar seguimiento a los avances en materia de anticorrupción; pensamos que sin duda cambiaría la manera de combatir este mal y comenzaríamos a ver rendir frutos que ayudarían sanear la vida pública del país y las
entidades.


La ilusión duro poco, pronto comenzamos a ver que las fiscalías especializadas en delitos por hechos de corrupción solo simulaban, fiscales a modo que habían colaborado en anteriores cargos con los artífices de grandes actos de corrupción, y en general una fiscalía llena de cuates y cuotas, un sistema anticorrupción en donde las plazas destinadas a docentes honorables o ciudadanos imparciales fueron aprovechadas para acomodar personal cómodo, que tampoco “hicie-ra demás” (“no vaya a ser que se la crean y comenzarán a cuestionar a los fiscales”, seguramente más de uno comentó al momento de su creación).
Esto dio por resultado un sistema que no ha querido aprovechar los
“dientes”, que le fueron dotados y con ello parece estar destinado a convertirse en un elefante blanco. Desde su concepción, considerando que uno de los principales objetivos del sistema es la medición y evaluación del combate a la corrupción, este solo ha fungido como mero espectador y hoy este sistema creado para pedir cuentas permanentemente a los fiscales, presionar y medir su efectividad, hasta el momento ha brillado por su ausencia. Y en esta crítica no me refiero solo al Sistema Anticorrupción coahuilense, también al nacional y al de la mayoría de las entidades.
Pero no todo es culpa de los fiscales, hay que decirlo, ya que tanto a los consejos de Participación Ciudadana del sistema, a los diputados, senadores y organizaciones les ha faltado ser más severos con los auditores superiores y fiscales para que estos rindan cuentas y proporcionen información. Es decir, pareciera que todos están estáticos, a que algo ocurra para evaluar. Tenemos un problema de parálisis y en esto sí que es responsabilidad de todos hacer mover esta maquinaria.

Ya montados en el tema, por supuesto merece la pena hablar de las particularidades del Sistema coahuilense y su Fiscalía Anticorrupción. Parte de lo que he comentado en pá-rrafos anteriores se ve reflejado en los resultados de la Fiscalía Anticorrupción que a la fecha Homero Flores Mier ha destacado por no avanzar nada en el combate a la corrupción; hecho señalado incluso por el auditor Superior del Estado. En lo personal, como diputado en diversas ocasiones he denunciado la forma en que este servidor público declara y luego se desdice de sus afirmaciones sin empacho alguno; caso concreto las empresas fantasma, donde declaró primero que sí llevaba los procesos correspondientes, para luego decir que no, que los tenía la Fiscalía General, y al final decir que él solo conocía una parte de las denuncias.

Cualquiera que sea el caso, son hechos que se dieron a conocer en septiembre del año 2016, tiempo más que suficiente para haber resuelto las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades, ya que, como lo señalan expertos en la materia, se trata de delitos financieros donde solo debe probarse la situación legal de la empresa, los montos de dinero recibido ilegalmente, y, en su caso, los delitos cometidos en cada una de las etapas, desde la constitución, registro, celebración de contratos, y erogación oficial de pagos. Todo son pruebas documentales en poder de entidades públicas, en este caso, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el Registro Público de la Propiedad y el Registro de Comercio, rastreo, compilación y análisis de documentos, sumados a las declaraciones de los servidores públicos involucrados, declaraciones que debieron ofrecer a la autoridad en cualquier momento que les fuesen solicitadas.

Entrados en materia, el fiscal Flores Mier presentó ante este Poder Legislativo, de forma escrita, el Informe Anual de Actividades 2017- 2018, de acuerdo a la obligación que le impone la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Las cifras son de escándalo, 243 carpetas de investigación, y de éstas, solo siete fueron judicializadas, aunque Flores Mier pretende darnos atole con el dedo en el apartado denominado como “carpetas concluidas”; se trata de conclusiones bastante desafortunadas, toda vez que seis son archivo temporal, es decir, no es una conclusión formal o plena, cinco fueron perdón, y 27 fue-ron remitidas a otras áreas; eso, mis estimadas compañeras y compañeros, tampoco es una “conclusión”, son más bien reasignaciones o turnos.
Esto es el reflejo de una Fiscalía Anticorrupción que está generando resultados en extremo pobres y de un Sistema Anticorrupcion coahuilense estático.

Si extrapolamos cifras y calculamos una mediana básica, tendríamos que decir que esta Fiscalía estará concluyendo en forma definitiva entre 15 y 17 casos cada 16 meses; y mientras, se irán acumulando más y más denuncias por hechos de corrupción, tanto de parte de la ASE, como de los particulares y de otras entidades públicas hasta llegar al colapso total. Por eso es fundamental que diputados, Consejo de Participación Ciudadana y organizaciones civiles, cuestionen al unísono estas lamentables cifras, solo así, a través de la presión, valuaciones constantes y solicitud de cuentas, podremos ir haciendo más efectivo y eficiente el combate a la corrupción, y si ni así reacciona, entonces pedir la llegada de un nuevo fiscal Anticorrupción.
20 Abril 2019 03:14:00
Odebrecht
El “caso de Odebrecht” seguramente lo han escuchado, pero para aquel que no esté familiarizado con el tema, Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en materia de ingeniería, construcción y fabricación de productos químicos y petroquímicos, como pueden ver, una empresa bastante robusta y fuerte con presencia en Sudamérica, Centroamérica, África, Medio Oriente y Europa.

La empresa saltó a la fama cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto a 10 países, comenzó una serie de investigaciones sobre la constructora brasileña, en la que se detalló que esta habría entregado moches a presidentes, expresidentes y funcionarios durante los últimos 20 años (incluido por supuesto México), para de esta manera salir beneficiados en las licitaciones públicas.

Odebrecht creó esta caja alterna a finales del año 2010 con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas” para disi-mular toda la telaraña de moches. Saco este tema a colación porque hace unos días el expresidente de Perú, Alan García acaparó las primeras planas no solo por ser uno de los expresidentes investigados y ordenado arrestar, sino porque prefirió el suicidio a pasar varios años en prisión pagando por sus actos de corrupción, y así de varios altos funcionarios en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá, Brasil, Perú, República Dominicana, Venezuela ha sido evidenciada su implicación y conectes a esta compleja red de corrupción, por lo que casi en todos los países involucrados hay ya personas encarceladas por estos hechos por corrupción.

Sin embargo, las persecuciones y castigos producto de las investigaciones a dicha empresa brasileña no han llegado a México. Me explico, la investigación en nuestro país inició con el conocimiento de 10.5 millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios, aunque la indagación se centró en 17 empleados de Pemex, cuyos nombres no fueron revelados; sí hubo una investigación donde se expuso a Emilio Lozoya –exdirector de la empresa petrolera del Gobierno– como uno de los principales implicados.

Más allá de algunas multas y sanciones económicas impuestas por la Secretaría de la Función Pública a dos filiales de Odebrecht en México, así como a dos representantes legales de la constructora brasileña, ninguna persona ha pisado la cárcel en México por este caso. Por ejemplo, un amparo fue concedido por un juez en la Ciudad de México a Emilio Lozoya y la PGR quedó impedida para determinar, y en su caso consignar, la carpeta de investigación por las supuestas irregularidades en los contratos de Pemex con Odebrecht hasta que el funcionario y su equipo de defensa puedan tener acceso a la carpeta. Finalmente, Pemex informó que se reservará la información de las negociaciones y contratos hasta 2021.

¿Qué pasa con México que nunca, por algún caso de corrupción alguien es perseguido y encarcelado? Este caso es un gran ejemplo, que si bien, en otros países hay presidentes que tampoco han sido formalmente castigados, sí al menos les costó el cargo y tuvieron que renunciar, pero pareciera que nuestro país es el “paraíso de la impunidad”, donde el sistema te permite pasar del reflector a la sombra de manera desapercibida, hecho lamentable, ya que la empresa brasileña es solo una de las muchas que ejercen bajo este modus operandi de los moches, lo que se ha convertido a lo largo del tiempo en un deporte popular en nuestro país.

Mientras nuestro México siga igual y no haya castigos ejemplares, no podremos salir adelante del todo, mientras el combate a la corrupción siga siendo simulación y el sistema proteja “a los suyos” podremos hablar que nuestro país seguirá siendo víctima de este terrible mal.

Al tiempo.
13 Abril 2019 03:30:00
Miedo ¿a qué?
Humberto Moreira, Jorge Torres, Javier Villarreal y hasta Rubén Moreira son personajes que siempre serán recordados por encabezar la era más oscura en el Estado de Coahuila, el fraude financiero más grande de la historia “La Megadeuda”, que a la fecha sigue ocasionando dificultades financieras en la entidad, poca inversión pública productiva, insuficientes recursos destinados a la educación y salud y por supuesto, un enorme problema de liquidez que obliga al Ejecutivo estatal a solicitar créditos a corto plazo y reestructurar la deuda para tener margen de maniobra.

Es por ello que, el grave problema de este fraude no solo es la contratación ilegal de créditos, ni que fuera por la exorbitante cantidad de 36 mil millones de pesos y ni que lo lavaran en España y Texas, sino las consecuencias a larguísimo plazo que todos los coahuilenses pagarán. Sumergiendo al estado en una parálisis de crecimiento.

A pesar de todo lo mencionado, en nuestro país no hay una sola investigación en curso para que estos personajes paguen por sus actos de corrupción, sin embargo en España y Texas sí. En las investigaciones en aquellos países tenemos a dos exgobernadores y a Javier Villarreal involucrados, este último, en su momento a toda costa trató de negar la existencia de la megadeuda durante su gestión como secretario Ejecutivo del Satec.

Pero meses después de ser destapado todo lo referente a la deuda, Javier Villarreal siguió solicitando créditos, y nadie en Coahuila hizo nada para detenerlo; ni el entonces Gobernador (que dijo que ni enterado estaba), ni el secretario de Finanzas, ni el mismísimo Congreso del Estado.

Como Diputados tenemos la obligación y compromiso moral de aportar tiempo y dedicación a solicitar información acerca de las investigaciones en curso. Sabemos que el fiscal Anticorrupción no lo va a hacer, por eso lo pusieron ahí, para cuidar las espaldas de los involucrados. Con razones de sobra entonces, solicité en el Congreso del Estado la creación de una comisión especial que dé seguimiento a todas las investigaciones que involucran a estas personas aunque se estén dando en el extranjero, por supuesto que tenemos facultades para solicitar información directamente en la Corte texana o española o bien a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de esta manera colaborar, ya sea con información o mínimo enterar a los coahuilenses del tema.

Pero para no dejar la costumbre, mi solicitud no pudo ser ni discutida ni votada y fue enviada directo a la Comisión de Gobernación, como si no fuera urgente resolver este tema. Por el contrario, prefieren darle tratamiento de “tema tabú” o como si fuera algo ya superado. Nada más alejado de la realidad, este tema de la megadeuda coahuilense sigue vivo y confío plenamente que los que la hicieron, la van a pagar; el problema es que todavía hay quienes prefieren no abordar el tema y no dejar de cuidar y honrar a personajes que tanto daño le hicieron a nuestro estado. Por eso digo: Miedo ¿A qué?

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

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