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[Estados]

Considera BC antidemocrático ampliar mandato

Más de la mitad de la población rechaza la reforma del Congreso local

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Considera BC antidemocrático ampliar mandato
Foto y gráfico: Zócalo | Agencia Reforma
Ciudad de México.- Tras la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el periodo de Gobierno de 2 a 5 años del morenista y gobernador electo, Jaime Bonilla, al menos 54% de los baja californianos rechaza esta medida y abre el debate ante la controversia política desatada a nivel nacional por esta propuesta.

Así lo revela una encuesta telefónica a 400 adultos en la entidad elaborada del 12 al 14 de julio. Por el contrario, 41% de los entrevistados está a favor de la ampliación del mandato para evitar que se realicen elecciones cada dos años.

Al preguntarles si esta medida impulsada como una reforma es democrática o no, 57% la considera antidemocrática. Igualmente, 55% opina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe revertir la decisión del Congreso local.

Uno de los argumentos que han esbozado representantes de Morena para justificar la votación del Congreso local ya habiendo pasado los comicios es que se ahorrarán recursos ya que no se llevarían a cabo nuevas elecciones en 2021.

No obstante, 67% de la población encuestada privilegia respetar la ley por encima del supuesto ahorro de recursos.

Jaime Bonilla cuenta con una imagen positiva entre los baja californianos y 41% piensa que será un buen Gobernador. Por el contrario, el gobernador saliente, Francisco Vega, es desaprobado por el 70% de los ciudadanos.



Caso para TEPJF y Suprema Corte

Por otro lado, los partidos inconformes y especialistas en Derecho señalan que las acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son la opción más viable para contrarrestar la reforma de Baja California, coincidieron fuentes electorales.

Los especialistas consideraron que dicha reforma va en contra de criterios de la Corte que establecen que las reformas para acortar o alargar mandatos de funcionarios estatales tienen que realizarse antes de las elecciones en donde hubieran resultado ganadores.

La Carta Magna y las leyes electorales, además de garantizar la certeza de los procesos de renovación de poderes, de los ciudadanos y de sus resultados, ordenan que las reformas que afecten las reglas del juego electoral se realicen al menos 90 días antes del inicio de los procesos.

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, señala el Artículo 105 de la Constitución.

Los partidos políticos tienen 30 días para presentar sus acciones de inconstitucionalidad, una vez que se publique la reforma electoral de BC y en ese mismo el artículo se especifica que la única vía para plantear esa inconformidad está detallada en esa disposición.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes... De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución”, se añade.

Para declarar la invalidez de las normas impugnadas, además, se necesitará la aprobación de al menos ocho de los 11 ministros de la Corte.

Por su parte, el TEPJF tiene precisadas sus atribuciones y alcances en el Artículo 99 de la Constitución, y ahí se especifica que con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del Artículo 105 (que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad), esa instancia será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral.

En el caso de la reforma electoral de Baja California, la intervención del TEPJF puso fin con una sentencia, a la controversia con el tribunal electoral local sobre la duración de la gubernatura que se elegiría el 2 de junio.

Por ello algunas fuentes indican que los actores inconformes –partidos con registro nacional o local– podrían interponer un recurso por incumplimiento de sentencia. Asimismo, aseguran que existe la posibilidad de que las dirigencias de los partidos inconformes –distanciadas de los legisladores locales que aprobaron esa reforma, a tal grado que tramitan su expulsión– exploren las dos vías de impugnación: ante la Corte y el TEPJF.




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